participacion ciudadana y calidad democrática un reto de las ciudades by Uimp Pirineos

Participación ciudadana y calidad democrática, un reto de las ciudades

Fernando Pindado Septiembre 2011 UIMP-Pirineos

PONGAMOS QUE HABLO DE… DEMOCRACIA Es la democracia, estúpidos!!!1

RESUMEN I.

PARTICIPACIÓN

DEMOCRACIA,

DEMOCRACIA

PARTICIPACIÓN 1. Participación es “sentirse parte de” 1.1.

Sentirse parte de una comunidad

1.2.

Tomar parte en los hechos colectivos

1.3.

Tomar parte en la comunidad política

2. La democracia siempre está “en construcción” 3. El principio democrático 4. ¿Apatía ciudadana o insuficiencia de canales para ejercer la democracia? 5. La capacidad ciudadana

II.

5.1.

El conocimiento técnico

5.2.

El conocimiento político

5.3.

El conocimiento ciudadano

5.4.

¿Tunicados o ciudadanos?

EL MARCO INSTITUCIONAL, VENTAJAS Y RIESGOS

1. La trinidad democrática 1.1.

El hecho representativo

1.2.

La acción directa

1.3.

Debate público, aportaciones ciudadanas

2. La trinidad ciudadana 1

Bill Clinton en la campaña electoral de 1992 contra George Bush (padre) popularizó la frase “la economía, ¡estúpido!” que se ha utilizado desde entonces, para llamar la atención sobre los aspectos esenciales de una situación. En este caso la utilizo para insistir en la importancia de la democracia como sistema político y de valores.

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2.1.

La persona como usuaria del servicio público

2.2.

La persona como miembro de una comunidad

2.3.

La persona como ciudadana, titular de derechos políticos

III. LA VIDA DE LAS CIUDADES 1. “El aire de la ciudad nos hace libres” 2. El gobierno de la ciudad no está solo en el ayuntamiento 3. Más competencias municipales no suponen más democracia ni

mejor política

4. Virtudes y perversiones de la proximidad 5.1.

“Ahora que te veo, qué hay de lo mío”

5.2.

Los de siempre en el balcón del ayuntamiento

5.3.

Democracia electorera

5.4.

Los “lobbys” de siempre se amplían

IV.

POR

PUNA

POLÍTICA

PÚBLICA

PARA

CALIDAD

DEMOCRÁTICA 1. ¿Se necesita una nueva política? 2. Cambio de época o cómo gestionar la complejidad 3. Huyamos de la banalización. No vale cualquier cosa 4. Rechazo contundente al populismo 5. Hipótesis de contenido de una política para la calidad democrática 5.1.

El marco institucional

5.2.

La acción ciudadana

5.3.

Formación, Investigación+Desarrollo+Innovación

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I. Participación es democracia. Democracia es participación En un chiste uno le dice a otro, “… con lo que me ha costado aprender a decir ‘fragoneta’ y ahora le llaman ‘manovolumen’.” Pues bien, con lo que nos

costado

decir

“democracia”

ahora

parece

que

dice

“participación”. Porque estamos hablando de lo mismo: participación es democracia y democracia es participación. No puede darse la una sin la otra. El sistema político conocido como democracia que, en la clásica expresión de W. Churchill, es el menos malo de los conocidos, se basa en la participación ciudadana, en el ejercicio de la acción directa y pacífica del titular de la soberanía: el pueblo, que se puede expresar, entre otras maneras, en las urnas. Por otra parte, no puede haber participación efectiva sin un régimen de libertad, de democracia que garantice el ejercicio de los derechos políticos básicos: reunión, asociación, libre expresión… Un voto puede cambiar las líneas de actuación de las políticas de un país. Un voto, muchos votos pueden cambiar gobiernos, ayuntamientos y, en general,

todas

las

instituciones

democráticas.

Una

opinión,

muchas

opiniones más o menos organizadas, con proyectos más o menos claros, colaboran en promover el debate ciudadano que puede llevar a la agenda política determinadas actuaciones. Una movilización social puede cambiar el curso de la política y hacer caer regímenes y gobiernos. La participación es, pues, la esencia del sistema democràtico.

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1. Participación es “sentirse parte de” Hablemos en primer lugar de la participación como sentimiento. Se trata de un elemento emocional, en este caso, placentero, de algo que produce una sensación positiva. Y que se construye en las relaciones con los otros, cuando se tiene suficiente inteligencia emocional para aprender de la interacción con nuestros semejantes. Puede parecer un invento de filósofos aburridos pero si pensamos con un poco de interés podremos imaginar que la vida en sociedad sólo es posible, pacíficamente, si se va construyendo colectivamente a partir de las aportaciones de cada uno y si cada uno se siente implicado en esa construcción. 1.1. Sentirse parte de una comunidad En nuestra relación con el entorno, los seres humanos hemos ido identificando diferentes tipos de sentimientos: de placer, de temor, de peligro… Uno de los que da seguridad es el sentimiento de pertenencia, de sentirse parte de una colectividad, de una familia, de un grupo de amigos. “Los seres humanos, conscientemente, desean vivir en sociedad porque en ella descubren más posibilidades vitales. Nadie se une para ser desdichado, decían los filósofos de la Ilustración y los revolucionarios de 1789, lo afirmaron alegremente en su Constitución cuando indicaban que la meta de la sociedad es la felicidad común” (Marina, 2004: 144). Cortina recoge un párrafo de la “Política” de Aristóteles: “La razón por la que el hombre es, más que la abeja o cualquier animal gregario, un animal social (politikon zoón) es evidente: la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene palabra (lógos). La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener la sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros; pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo

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del hombre frente a los demás animales, el tener, el sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad” (Cortina,1997: 45) El ser humano deviene animal político, cuando establece el contrato con otros seres humanos para construir la artificialidad del Estado, el Leviatán que llamaba Hobbes. La esencia de las instituciones políticas creadas por el hombre se halla en el temor de los seres humanos que necesitan someterse al imperio de la ley por su propio interés ya que “el hombre es un lobo para el hombre” (Hobbes). Por eso el contrato social nace de ese miedo y de ese autointerés. “Las claves, entonces, de la vida política son el individualismo egoísta, la razón calculadora, el contrato autointeresado, la mercantilización de la vida compartida, el conflicto latente y la coacción” (Cortina, 2001: 19) En cualquier caso para sentirse parte de la comunidad social o de la comunidad política es necesario alimentar los canales que nos conectan con esos hechos colectivos. 1.2. Tomar parte en los hechos colectivos El mismo origen de la palabra “participación” nos remite a ese significado. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, se trata de “tomar parte” del latín “pars” y “capio”. Participar, tomar parte, se puede hacer, respecto de cualquier hecho colectivo. Es necesario que haya más de un individuo para que se pueda hablar de participación. Se participa en la familia, en el grupo de amigos, en la clase, en la asociación, en la comunidad de propietarios, en el sindicato, en el partido político, en la iglesia o confesión religiosa que se practique. En todos estos casos “se siente uno parte de”, “se es parte de” un colectivo o comunidad que está formado justamente por diferentes partes, una de las cuales es uno mismo. No todas las relaciones grupales o de comunidad producen el mismo sentimiento de pertenencia. Hay muchísimas asociaciones, cuyos socios no se sienten parte de la asociación. En su día manifestaron interés en

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“asociarse” pero después no han “tomado parte” en la vida activa de esa organización. Lo mismo ocurre en los sindicatos, partidos, familias, comunidades y otras formas grupales. En realidad, para tomar parte en la vida de cualquier grupo, para colaborar activamente en la definición y concreción de los objetivos que pretende, se necesitan

medios,

canales

que

permitan

mantener

ese

vínculo

pertenencia. Algunos de esos canales son más rituales, por ejemplo las personas vinculadas por una religión, otros, son más ordinarios, pero en cualquier caso ni surgen (ni se mantienen) siempre de manera espontánea, ni tienen por qué ser invariablemente los mismos. Se necesita una actitud proactiva por parte de aquéllos que quieran mantener el sentimiento y el objetivo que les da sentido como grupo. De no producirse esta identificación con lo colectivo, se puede producir el llamado “yo desvinculado” o la “patología de la despertenencia” según la cual se daría “el individuo puro que no debe nada a la sociedad pero que exige todo de ella” (citado por Innerarity, 2006: 23) 1.3. Tomar parte en la comunidad política Cuando nos referimos al ámbito de la política, entendida como gestión de la cosa pública, como gobierno de los intereses colectivos, como medio de resolver los conflictos sociales, adjetivamos la participación y la llamamos “participación ciudadana”. En este caso, el “sentirse parte de” significa el ejercicio del derecho a ser miembro de la comunidad política: ciudad, país… en la que se organiza la sociedad. A pesar de la manifestación formal de ese derecho a “ser parte”, si no se produce el efecto de “sentirse parte”, difícilmente se podrá ejercer la ciudadanía activa.

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2. La democracia siempre está “en construcción” La democracia, al menos la formal, se ha ido imponiendo como sistema político, desde finales del siglo XVIII. Los revolucionarios franceses o norteamericanos de esa época querían liberar a las sociedades de su tiempo de la opresión del absolutismo y pretendían un sistema político en el que el pueblo, el “demos” fuera el verdadero titular de la soberanía. Claro que, igual que ocurriera en la Grecia clásica, el “demos” no era la totalidad de personas que

vivían en una determinada comunidad. Por ejemplo en

Estados Unidos, la democracia convivió perfectamente con la esclavitud, la población negra, no era “demos”. También en Europa, los únicos que inicialmente tenían derecho a voto eran los que percibían rentas “sufragio censitario”. En España hasta la Segunda República las mujeres carecieron de derecho de voto. Hoy se habla de sufragio universal, dando a entender que “todas” las personas que forman parte de la sociedad son el “demos”, las titulares de la soberanía. Pero aún no es universal, faltan, por ejemplo, emigrantes extranjeros que, a pesar de vivir y trabajar en nuestro país no tienen derechos políticos. Y también siguen faltando otros medios más allá del voto en las elecciones. Podemos decir que

el sistema democrático ha ido avanzando en la

ampliación del “demos” para parecer universal y también ha avanzado en la búsqueda de otros medios para facilitar la participación ciudadana, apareciendo

así

conceptos

como

gobernanza

gobierno

relacional,

democracia deliberativa, o participativa y similares. En los últimos 30 años,

centenares de instituciones públicas, sobre todo

ayuntamientos, han tratado de incorporar el debate y las aportaciones ciudadanas a las políticas públicas como una manera de mejorar la calidad de los servicios y de las políticas así como la calidad de la propia democracia. Pero aún queda camino por recorrer. Me atrevería a afirmar que nos encontramos en un punto de inflexión en el que es necesario revisar completamente el marco político e institucional en el que se asienta y mantiene la democracia y del que nacen las políticas públicas.

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3. El principio democrático Debe recordarse, pues, el principio democrático. La esencia del sistema, no consiste solamente o principalmente en la elección de representantes. El principio democrático tiene su principal fuerza en la soberanía popular. Quien tiene todo el poder es el pueblo que lo delega en unas personas para que les representen en las instituciones democráticas. Esa delegación no debe estar exenta de mecanismos de control y seguimiento de la acción de los representantes. Hay quien cuestiona la representación política porque tiende al aprovechamiento personal o a la corrupción, pero si eso ocurre es por la insuficiencia de control popular no por la maldad intrínseca de la representación. En nuestras sociedades delegamos permanentemente en personas para que actúen en nuestro nombre: en la familia, en los amigos, en el trabajo, en las transacciones comerciales. No me imagino la organización de una actividad festiva sin personas responsables de diferentes partes de esa actividad que, luego, deben rendir cuenta de sus resultados. El principio democrático, de la soberanía popular viene recogido en

artículo 1.2 de la Constitución española: “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado” Existen a veces algunas dudas sobre el alcance de esta declaración, como si desde las instituciones se mirara a la ciudadanía con una desconfianza en su capacidad para ser sujeto activo y motor de la acción pública. Y es al revés, es la ciudadanía la que debe cultivar la desconfianza respecto de las actuaciones públicas, como un valor democrático (Rosanvallon, 2007:26). Al poder siempre se le debe controlar para evitar que se desvíe de su función social y de sus compromisos y este control es un elemento clave de la democracia. Por otra parte, parece como si la falta de ejercicio de ese derecho a la participación hubiera anquilosado el músculo democrático de la sociedad. Se necesita una mirada crítica a nuestra realidad social e institucional para

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recuperar los valores democráticos, no sólo en las instituciones públicas, sino en el conjunto de la sociedad.

4. ¿Apatía ciudadana o insuficiencia de canales para ejercer la democracia? ¿Vivimos en una sociedad de personas apáticas e indiferentes? ¿El individualismo ha crecido tanto que no se piensa en lo colectivo? Lo colectivo, lo público ¿se produce sólo desde las esferas institucionales y desde el juego de los partidos políticos, los medios de comunicación y los mercados? El movimiento surgido a partir del 15 de mayo y su enorme impacto popular, deben hacernos pensar si esas imputaciones de apatía e indiferencia no son más que el reflejo o la consecuencia de un sistema político incapaz de generar canales adecuados y suficientes para recoger las diferentes sensibilidades y opiniones y dar respuesta adecuada a los problemas sociales. Es difícil saber cuál es la causa originaria, el motor de arranque de los movimientos sociales. En el caso de la primera revuelta popular en África, la iniciada en Túnez, parece ser que el detonante fue el suicidio, a lo bonzo, de una persona a la que se le arrebató el precario medio que tenía para su subsistencia, prendiendo una llama que continua extendiéndose. Pero ese fue el detonante, había causas mucho más profundas y estructurales. La aparente tranquilidad o resignación con la que se aceptaban políticas injustas no suponían apoyo o sumisión, sino incapacidad para gestar alternativas. Salvando las distancias, algo parecido pasa en nuestro país, no debe verse la aparente apatía o pasividad de algunos sectores de la población como indiferencia o desinterés, solamente. Es posible que haya muchas personas que se sientan frustradas o decepcionadas, desilusionadas, sin futuro con muchas incertidumbres y al borde de la depresión, pero el movimiento iniciado el 15-M tiene la virtud de interpelar, no sólo a las instituciones, sino también

sociedad

las

organizaciones

sociales

sobre

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funcionamiento inhumano y deshumanizado de este sistema económico y político que no es capaz de hacer frente a los problemas de la mayoría y parece que se escora peligrosamente para favorecer el mantenimiento de privilegios de una pequeña minoría de poderosos. Es tiempo ahora de provocar los cambios que permitan una mayor presencia ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas. De exigir una mayor transparencia en el ejercicio de la acción pública, en saber qué intereses está protegiendo el poder político

5. La capacidad ciudadana Recordemos el citado artículo 1.2 de la Constitución para afirmar el reconocimiento de la capacidad ciudadana para ejercer la soberanía y permitir la “emanación” de todos los poderes del Estado. Algunos pueden discutir esta capacidad ciudadana para gestionar los intereses públicos o colectivos y considerar que estas afirmaciones no tienen ningún contenido, son brindis al sol, o un ejercicio de demagogia populista. Pero estamos firmemente convencidos de esta competencia ciudadana; parafraseando a Pericles 2 podríamos decir que, que aunque no todas las personas estamos capacitadas para dirigir los asuntos públicos, todas somos capaces de opinar y hacer aportaciones sobre lo que consideramos justo o injusto, útil o inútil; todas somos capaces de intervenir en determinadas parcelas de la vida individual y colectiva. 5.1. El conocimiento técnico La destreza técnica es la que se basa en un conocimiento especializado, adquirido en base a diferentes niveles de estudio y/o de experiencia. Quien tiene ese conocimiento tiene capacidad de intervenir en situaciones para las que se exija una habilidad especial. Así, por ejemplo, quizás no sería 2

Oración fúnebre de Pericles reconstruida por Tucídides “Era de Pericles”:Atenas, Grecia, 461 a 431 ac

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necesaria una persona con conocimientos mecánicos para cambiar una rueda pinchada, pero sí para corregir determinada disfunción del motor del vehículo. Pero, este tipo de conocimiento, ni agota, ni sustituye absolutamente la capacidad de cualquier persona dotada de raciocinio para entender y opinar sobre los resultados o consecuencias de determinadas actuaciones técnicas. 5.2. El conocimiento político Una de las funciones más importantes relacionadas con la política (tanto que ha ensombrecido otras posibilidades) es la elección de representantes. La gestión de los intereses colectivos la realizan personas elegidas para ello, legitimadas por el pueblo, titular de la soberanía, quien otorga esa confianza y ese mandato. Pero, ¿cómo pueden realizar mejor su función estos representantes? ¿Deben estudiar ciencia política, derecho, sociología, medicina? ¿Cuál es la carrera académica adecuada para dirigir un país, una ciudad, para ser miembro de un parlamento? El conocimiento político sería, en mi opinión, la capacidad de actuar en y para la colectividad, defendiendo los intereses de esa colectividad. Cuáles sean esos intereses es una cuestión relacionada con la visión y valores de cada

individuo.

Las

personas

que

quieren

acceder

esa

función

representativa y directiva lo hacen en base a unos planteamientos ideológicos y culturales (políticos) que se manifiestan en el programa y proyectos con los que pretenden realizar su tarea política. Mucha basura se ha echado sobre la función política y no está falta de fundamento

indignación

muchas

personas

sobre

anómalo

funcionamiento de nuestro sistema. Pero se está produciendo un fenómeno de contaminación de todos aquellos que ejercen esas responsabilidades por

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el mal uso o el uso delictivo que en, quizás demasiadas ocasiones, han hecho algunas personas. También es cierto que el sistema no es suficientemente beligerante con la falta de transparencia y con la corrupción, pero eso no supone, ni de lejos que haya de abandonarse la política. Lo que hay que hacer es cambiar la manera de hacer política y expulsar a las personas que sólo la utilizan en beneficio propio. Atención, pues a las cargas generalizadas contra los “políticos” que no deriven en un ataque a la política y consiguientemente a la democracia que es la forma en la que se hace la política actualmente. Franco decía “haga como yo, no se meta en política” 3 pues bien, si hacemos como él y no nos metemos en política la gestión de los intereses complejos y diversos que hay en una sociedad no tendrán forma de ser gestionados y canalizados de manera pacífica y eficaz. Otra cosa es el alcance de los actuales sistemas democráticos de los Estados

para

hacer

frente

poderes

supraestatales

que

controlan

férreamente los vaivenes económicos. Los llamados “mercados” no son controlados ni controlables, todavía, por ningún poder democrático. Este es uno de los retos del presente que hay que afrontar con valentía, pero desde la política, desde nuevas maneras de hacer política y desde la democracia. Debe evitarse la aparición (o mantenimiento) de la Corte en el sentido medieval del término. Es decir, el séquito que acompañaba al monarca en su actividad y en sus desplazamientos, a la espera de obtener favores y prebendas. Esa Corte es, quizás, más extensa en el régimen democrático, entre otras razones, aparte de las morales y éticas, porque, en este régimen, las prebendas han de ser un poco más repartidas, no pueden ser demasiado evidentes y no deben acercarse a la prevaricación, al cohecho, al tráfico de influencias, o a la malversación de caudales, acciones éstas tipificadas como delito en los artículos 404, 419, 428 y 432 de nuestro Código Penal. 3

Ver artículo de Antón Losada en El Periódico. Barcelona, 24 de febrero de 2004. http://www.almendron.com/politica/pdf/2004/spain/spain_0472.pdf

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Antes sólo formaban parte de la Corte los nobles, familiares y algunos artistas y oficiales importantes. Hoy, junto a los miembros de las clases pudientes podemos encontrar personas que, desde el punto de vista de la estratificación social, se encontrarían en los escalones bajos del sistema, algunas

procedentes de organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas y

similares. Pero, para mí, todo esto no sería política. Dicho de otra manera, esa forma de entender la política confunde y aleja a la ciudadanía que la ve como una actividad de oscuros laboratorios o de espectáculo teatral donde los diferentes actores representan un guión, cuyo texto, no sabemos quien escribe y reescribe. A esta manera de entender la política yo la llamaría “politiqueo” o política de baja estopa. Y contra ella y su influencia en nuestra sociedad hay que levantar la voz y el alma. Afortunadamente, existen centenares, miles de personas que actúan en política de otra manera y ennoblecen ese arte de organizar y mejorar la cosa

colectiva.

Los

podemos

ver

ayuntamientos,

parlamentos,

organizaciones sociales y políticas y no les podemos dejar solos a fin de evitar que sean atraídos por “el lado oscuro de la fuerza”. 5.3. El conocimiento ciudadano Cada tiempo, cada momento histórico, cada sociedad produce unos conocimientos que se van transmitiendo colectivamente, antes de padres a hijos, ahora además, con el concurso de los medios de comunicación y la educación, porque los cambios son mucho más rápidos. En cualquier caso, siempre hay un conocimiento ciudadano que produce una cierta experticia. Seguramente los habitantes de un municipio no podrán diseñar el planeamiento urbanístico pero podrán opinar sobre cual creen que ha de ser el futuro desarrollo de su pueblo o ciudad. “Los miembros de cualquier comunidad, los afectados por cualquier situación o preocupados por

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cualquier problema, sin ser técnicos, que no lo son, sí que son, en cambio, expertos. Experto, quiere decir experiencia, y todos tenemos experiencia de vivir en nuestra comunidad o de sufrir una determinada situación o problema, y desde la condición de expertos que da la experiencia, seguro que tenemos ideas y propuesta para aportar” (Marti y Rebollo, 2007: 24). El conocimiento ciudadano sería homologable al conocimiento popular, lo que nuestro Código Civil, con lenguaje rancio (su redacción original es de 1889), llama “diligencia de un buen padre de familia”. Se refiere a aquellas normas de cuidado que deben tenerse en cuenta para no producir perjuicios. Y esas normas de cuidado exigibles son las que cualquier padre de familia (las madres, también, por supuesto) adoptarían de manera natural,

sin

necesidad

conocimientos

especiales,

ante

cualquier

situación . Pues bien, esas normas de cuidado parten del reconocimiento de ese conocimiento ciudadano (valga la redundancia), nacido de la experiencia de vivir

sociedad,

casi

forma

espontánea

(la

educación

los

instrumentos de socialización hacen también su papel). Esa experiencia se puede referir a niveles muy concretos: el barrio, la ciudad, la comunidad autónoma, el país, seguramente en algunos aspectos el conocimiento será más pobre que en otros, pero en cualquier caso siempre puede permitir fundar una opinión propia. Es necesario hacer referencia en este momento al papel adoctrinante de los medios

comunicación

determinados

discursos

los

telepredicadores de turno, que pueden producir un conocimiento basado en realidades virtuales, o falsas. En cualquier caso, eso no invalida la existencia de ese conocimiento ciudadano, aunque se debe ser consciente de esa “distorsión” y provocar otras fuentes de información que permitan construir opiniones en base a más discursos y a su contraste. Recordemos 4

Dice el artículo 1.104 del Código Civil español: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.”

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nuevamente a Pericles hace 2.500 años “todos somos capaces de juzgar los acontecimientos aunque no todos seamos capaces de dirigirlos” 5.4. ¿Tunicados o ciudadanos? Existen unos animales marinos (urocordados), llamados tunicados porque su cuerpo está envuelto por una especie de túnica gelatinosa. Cuando son larvas navegan por el proceloso mar océano buscando un lugar en el que pasar el resto de su vida. Utilizan su rudimentario sistema nervioso para llegar a una roca o un coral donde asentarse y pasar el resto de su vida. Cuando lo consiguen ya no necesitan su cerebro, así que se lo comen. Hay quien establece una analogía perversa con los empleados públicos cuando conseguimos la plaza en propiedad, o con los representantes políticos cuando ganan las elecciones. Una vez alcanzado el objetivo ya no se necesita el cerebro. Cabría preguntarse si en nuestra sociedad actual los ciudadanos y ciudadanas ejercen de tunicados conformándose con votar cada cuatro años y comiéndose el cerebro el resto del tiempo, sin interesarse por lo que hacen las personas a las que han elegido.

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II. EL MARCO INSTITUCIONAL, VENTAJAS Y RIESGOS 1. La trinidad democrática La democracia es un sistema político que funciona de tres maneras diferentes: 1) Escogiendo representantes, 2) Decidiendo directamente y 3) Promoviendo iniciativas o debatiendo y aportando propuestas. Tres formas distintas y un único sistema. Las tres son necesarias y son compatibles y combinables y para mejorar el sistema hay que abordarlas de manera global. 1.1. El hecho representativo Consistente en elegir a las personas que han de dirigir las políticas públicas mediante el voto libre, directo y secreto del conjunto de ciudadanos mayores de edad. Los últimos treinta años hemos desplegado un aparato logístico para poder realizar el rito electoral, pero no se han abordado algunos de los retos del sistema: proporcionalidad, equidad, falta de control de los representantes, rendición de cuentas, transparencia en la gestión, desafección... Existe una creciente desconfianza hacia la llamada clase política. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de julio de 2011 considera que el tercer problema de España (después del paro y la economía) para casi un 24% de la población es la clase política y los partidos políticos5.

http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2900_2919/2909/Es2909.pdf

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Podríamos afirmar, pues,

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que hay una crisis de la representación.

Pero

esta crisis no se da solo en el ámbito público o institucional. La representación se da en las instituciones pero también se da en la sociedad, el ejemplo más próximo serían las asociaciones donde el "pueblo" (el conjunto de personas asociadas) escoge su órgano de gobierno (la Junta Directiva). Con demasiada frecuencia se aceptan como válidas conductas caciquiles o antidemocráticas de los “representantes” en las organizaciones sociales. Es necesario, poner en valor el hecho representativo en la sociedad y exigirle calidad a su ejercicio, con el fin de facilitar la exigencia de calidad a la representación en las instituciones. 1.1.1.Las ficciones de la democracia electoral representativa Rosanvallon (Rosanvallon, 2010:173) ilustra magistralmente estas ficciones del sistema que hemos mantenido como si fuesen realidades y sobre las que se han ido construyendo las diferentes modificaciones del sistema democrático. Aclaremos primero el uso del término “ficción” que, en Derecho, se utiliza mucho. La ficción es actuar “como si” tal cosa fuera real. Por ejemplo una persona jurídica (una asociación, una sociedad mercantil, un partido político) tiene derechos y obligaciones porque actúa “como si” fuera una persona, como si existiera en realidad, cuando la física no nos da ninguna evidencia de su existencia. No podemos ir a comer con una sociedad anónima ni pasear de la mano de una asociación cultural, porque son ficciones creadas por el derecho, por eso se llaman personas “jurídicas” (“iuris”, derecho) para distinguirlas de las personas “físicas”. Es el Derecho quien hace nacer sujetos que puedan intervenir en el tráfico jurídico ordinario. Por eso pueden hacer facturas, contraer obligaciones, cobrar deudas… comprar, vender, alquilar…

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En política ocurre lo mismo se utiliza, por ejemplo, el concepto de voluntad general “como si” esa fuera la consecuencia de la mayoría aritmética obtenida en una votación. Señalamos a continuación las ficciones que sugiere Rosanvallon. La primera ficción es considerar que la opción electoral es la expresión de la voluntad general. No existe una voluntad general. Ese concepto fue discutido desde su elaboración en los Estados Unidos de América y la Francia de finales del XVIII. Se ha considerado que la expresión popular manifestada en las urnas equivale a la voluntad general del pueblo como si solo fuera posible una única voluntad general, como si esa generalidad no fuera un conjunto de muchas particularidades. Lo que se da en el Parlamento cuando se producen las elecciones es una suma aritmética de votos que permite unas mayorías para poder ejercer las funciones de gobierno, pero eso no puede considerarse como sinónimo de voluntad general. La segunda ficción es considerar que el titular de la soberanía, el pueblo, sólo existe como pueblo-electoral, es decir como aquel que se manifiesta en el momento de depositar la papeleta en la urna. No todo el pueblo vota y no se puede considerar pueblo soberano aquél que únicamente ejerce el derecho de voto. Existe un pueblo-social mucho más amplio formado por muchas particularidades. Rosanvallon utiliza para definir “pueblo” la expresión “plural de minorías” (Rosanvallon, 2010:25) que me parece especialmente acertada. Por tanto no se debe deducir de estas dos ficciones que el hecho de obtener una mayoría aritmética signifique que se representa la voluntad general y al conjunto del pueblo. Dependerá después del tipo de políticas y de la manera como se desarrollen esas políticas que se acerque más o menos ese gobierno a los diferentes intereses del pueblo. La tercera ficción es considerar el programa político que se desarrolla después del momento electoral es la continuación de aquello que se sometió a las urnas. Aquí mas que de ficción, debería hablarse de fantasía, si se me permite el tono irónico. Los programas políticos no coinciden exactamente

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con los programas electorales porque éstos últimos son declaraciones de voluntad de principios, de objetivos que se pretenden alcanzar, pero la práctica demuestra que después la realidad no es tan exacta. 1.2. La acción directa Se da cuando la ciudadanía actúa, en materia política, sin intermediarios. Esta

acción

puede

ser

decisoria,

decir,

vinculando

órgano

representativo afectado, o no decisoria con un carácter meramente consultivo o de agenda. En España encontramos, en el primer caso, los referéndums que aprueban Estatutos de autonomía y sus reformas o determinadas modificaciones de la Constitución, ya que son vinculantes para el órgano convocante. En el segundo caso, la iniciativa legislativa popular o la iniciativa ciudadana en el ámbito local, la función principal de las cuales, es excitar al órgano afectado para que incorpore en la agenda política determinado tema, pero no existe ningún control sobre la decisión final. Otro ejemplo, el referéndum consultivo sobre "asuntos de especial trascendencia" (artículo 92 de la Constitución) que, desde 1978, sólo se ha utilizado dos veces: una vez para consultar sobre la entrada a la OTAN y otra para consultar sobre la Constitución Europea. Ahora, en septiembre de 2011, no se ha considerado “de especial trascendencia” la reforma constitucional pactada entre los dos grandes partidos, vulnerando el principio de pluralidad política

que el

artículo 1 de la Constitución considera un valor superior de nuestro ordenamiento. El Tribunal del Jurado también se ha considerado dentro de este ámbito. La Exposición de Motivos de la ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado 6 dice que es una institución de democracia directa, aunque no sería 6

"En efecto, nos encontramos, de una parte ante una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos públicos, perteneciente a la esfera del estatus activae civitatis, cuyo ejercicio no se lleva a cabo a través de representantes, sino que se ejercita directamente en el acceder el ciudadano personalmente en la condición de jurado. De ahí que deba descartarse el carácter representativo de la Institución y deba reconocerse exclusivamente su carácter participativo y directo"

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exactamente eso, ya que la acción ciudadana en estos Tribunales se refieren más al servicio público "justicia" que a la política pública "justicia". En el ámbito local, la ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local permite el referéndum (le dice consulta popular) sobre asuntos "de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos salvo los relativos a la hacienda Local"7. La Constitución española abordó con mucho miedo su regulación, apostando principal y contundentemente por la representación. Han sido las leyes de régimen local y las prácticas municipales las que han abierto un poco el diafragma. Aun así, hay posibilitados para desarrollar esta línea, sobre todo en los espacios próximos como los barrios, pueblos y ciudades. El Tribunal Constitucional en su sentencia 103/2008 de 11 de septiembre 8 señaló la diferencia entre consulta popular y referéndum, entendiendo la primera como el género y el segundo, como la especie. El referéndum es una vía de consulta popular que utiliza el censo electoral y las garantías el sistema electoral. En cambio la consulta popular es cualquier otro tipo e consulta que convoque a otras personas (por ejemplo mayores de 16 años) mediante un sistema de garantías propio. A pesar de la relativa facilidad para convocar consultas populares, se conocen pocos casos en los que se hayan promovido y las que se han hecho han sido en ciudades: San Sebastian, Barcelona, Sant Adrià de Besòs (Barcelona), por citar algunas. 7

Artículo 71 de la ley 7/1985 de bases de régimen local

“El referéndum es, por tanto, una especie del género "consulta popular" con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio). Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica "por vía de referéndum" (art. 149.1.32 CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria”.

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Debe señalarse, no obstante, la existencia de una importante corriente doctrinal para la que los términos “democracia directa” sólo deberían utilizarse en el momento de definir espacios de decisión política. O, como es el caso de David Altman, cuando la forma de participar de la ciudadanía es mediante el voto directo, universal y secreto aunque el resultado de la convocatoria sea meramente consultivo 9. Para este autor, los mecanismos de

democracia

directa

tienen

cuatro

características

singulares,

tres

positivas: es un voto, es universal y es decisorio; y una de negativa: no se utiliza para escoger representantes. Así, no formarían parte de esta definición, la iniciativa legislativa popular, las asambleas o los presupuestos participativos,

por

mencionar

algunos

ejemplos

conocidos.

Tampoco,

obviamente la elección de representantes. Hay que constatar, no obstante, la falta de desarrollo de esta concepción de democracia directa en Europa con la clara y rotunda excepción de Suiza y algún estado norteamericano como California. 1.2.1.La democracia directa, ni mitificar ni temer Esta dimensión de la democracia tiene ventajas importantes en el sentido que permite tomar parte directa al pueblo en temas que puedan ser de interés y en los que exista una divergencia de opiniones evidente. Pero también tiene algunos riesgos (no hay que olvidar, de todas maneras que la democracia representativa y la participativa también tienen riesgos). a) Resistencia al cambio La sociedad española y la de otros países europeos tienen un ritmo lento para digerir las transformaciones. Siempre hay iniciativas y grupos innovadores con propuestas que pueden tener dificultades de comprensión o de aceptación.

Altman, D. (2010)

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En un seminario organizado en 2008 para conocer el funcionamiento del sistema institucional suizo, Martin Bühler, Secretario General de Initiative & Referendum Institut (IRI) fue interpelado sobre la relación entre la democracia directa y el carácter conservador de la sociedad suiza. Bühler contestó que la causa del conservadurismo no era la democracia directa, sino los valores de la sociedad. La democracia directa hace transparentes las

sociedades

enseña

sus

interioridades

aunque,

ocasiones,

preferiríamos no conocerlas. En el mismo sentido David Altman en una conferencia pronunciada en Barcelona 10 comparaba, en tono jocoso, la democracia directa con el matrimonio, hay que estar en las duras y en las maduras. Por cierto, hablando de matrimonios, no sé si el año 1981 la ley del divorcio o, más recientemente la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo habría sido aprobada por referéndum. El antídoto

es definir los condicionantes y las limitaciones de los

referéndums, por ejemplo, el umbral de los derechos humanos no se debería poder rebajar fácilmente. Mientras que para mejorarlo podría ser suficiente una mayoría simple, para reducir o limitar derechos se tendrían que exigir mayorías muy específicas y cualificadas. Eso tiene que hacer pensar, por ejemplo, si es prudente instituir el referéndum abrogativo (para derogar leyes aprobadas por el Parlamento). b) Coste económico Tiene un coste, evidentemente, pero como las otras maneras de ejercer la democracia: urnas, colegios electorales, Mesas, Junta electoral... o como otros sistemas de control: jueces, intervención general de las cuentas públicas, tribunal de cuentas, defensor del pueblo, subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos... Una de las maneras de aliviar este coste es experimentar medios de votación más sencillos y baratos, voto electrónico, por correo...

Jornadas “Innovación democrática” 2009. Generalitat de Catalunya.

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c) Peso emocional por encima del racional Se puede querer utilizar la forma refrendaria en materias sensibles cuando se producen hechos lamentables que provocan una gran indignación, por ejemplo un atentado o un crimen con mucha repercusión. En estos casos hay una tendencia vengativa que hay que enfriar para evitar decisiones "en caliente". El antídoto es dar un "tiempo de cocción" lenta a la tramitación de los referéndums desde que se presenta la iniciativa. d) Simplicidad de las alternativas No siempre las respuestas a una pregunta son binarias, sí o no, blanco o negro. Puede haber matices que se escapan si sólo se responde en sentido positivo o negativo. El antídoto es un proceso previo de debate y argumentación, contrastando opiniones diversas.

e) Tentación plebiscitaria Puede ser utilizado como medio para obtener la adhesión popular a determinados responsables políticos para darles fuerza en situaciones complejas de entre las que no hay que descartar imputaciones judiciales por delitos económicos o de otro tipo. El antídoto sería una regulación clara que delimite el objeto del referéndum centrándolo en políticas (acciones) y no en políticos (personas).

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1.3. Debate público, aportaciones ciudadanas Finalmente, la puesta en marcha de espacios y canales que permitan incorporar visiones y aportaciones ciudadanas al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas No es representación (no ha habido un proceso democrático de elección) y tampoco es decisión directa (porque no es convocado el 100% de la población con derecho de voto), es la tercera vía, el "tertium genus", la democracia participativa que indica el Tribunal Constitucional a su sentencia 119/1995)11 Aquí podemos situar los llamados procesos participativos o de debate público, mediante los cuales se establecen momentos de información suficiente, clara, plural y diversa, momentos de debate y contraste de opiniones y momentos donde se

hacen aportaciones en forma de

propuestas o sugerencias. También se crean espacios y órganos de participación,

carácter

más

estable

con

funciones

consultivas

deliberativas. Hay que insistir en la importancia de buscar diversidad y pluralidad y no confundir el proceso de debate público con la asamblea del barrio o de la asociación, porque el resultado del proceso no es tomar decisiones sino dar los elementos a quien las tiene que tomar para que lo haga con la máxima eficacia. ¿Quien tiene que decidir? O el gobierno elegido democráticamente, o el pueblo convocado a referéndum. Desde el punto de vista democrático no se puede admitir la decisión a ningún otro actor.

"... no es tanto una manifestación del ejercicio de la soberanía popular, como uno de los cauces de los que en un Estado Social deben disponer los ciudadanos (...) para que su voz pueda ser oída en laso decisiones que las afectan. (...) No estamos ante cauces articulados para conocer la voluntad de la generalidad de los ciudadanos (...) precisamente en lo que tiene de general, sino más bien para oír, en la mayor parte de los casos, la voz de intereses sectoriales de índole económica, profesional, etc. Se trata de manifestaciones que no su propiamente encuadrables ni en laso formas de democracia representativa ni en la democracia directa, incardinándose más bien en un "tertium genus" que se ha denominado democracia participativa" (Sentencia Tribunal Constitucional 119/1995. Fundamento Jurídico 6º)

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1.3.1. Las confusiones de la democracia deliberativa (o consultiva o participativa) Los medios más utilizados, hasta ahora, para promover esa participación desde las instituciones, son: •

“Procesos participativos” o procesos de debate público en los que se busca el contraste de opiniones para recoger aportaciones que mejoren la actuación pública sometida a debate.

•

Espacios y órganos, mediante los cuales se pretende mantener de manera regular el debate con la ciudadanía, especialmente con las organizaciones sociales

•

Normas y reglamentos, para regular los canales que han de favorecer esa participación

•

Consenso con asociaciones, para “pactar” actuaciones concretas,

En cada uno de ellos existen buenas prácticas y otras que no lo son, aunque se hagan con el mismo nombre. Se necesita, pues, clarificación conceptual y una concreción de los requisitos mínimos que cada uno de esos instrumentos podría tener. Una de las principales confusiones es la que se da entre representatividad y representación.

estos

canales

consultivos

error

buscar

representantes, porque las personas que “participan” en ellos no han sido elegidas

por

nadie,

responden

interés

personal

una

representatividad del discurso o de la opinión, pero eso no debe confundirse con representación. Por esta razón las opiniones o conclusiones a las que se pueda llegar no pueden tener fuerza obligatoria o vinculante para quien promueve su realización. Otro error frecuente es la búsqueda del consenso o de una conclusión, llegando incluso a provocar votaciones que se considera que deben ser vinculantes. No siempre es fácil, ni necesario, llegar a conclusiones. De hecho ni siquiera es recomendable. De lo que se trata en los canales de

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debate público es de provocar argumentos y conseguir aportaciones importantes, pero no hay que dirigirlo todo a una única o principal conclusión. Finalmente debe abordarse el papel de las organizaciones sociales. A veces, más que canales de participación o de debate público lo que se realizan son verdaderos

procesos

pseudorepresentantes

negociación

ciudadanos

incardinados

concertación en

con

determinadas

asociaciones. Eso produce un sesgo corporativista que no ayuda a la transformación del propio sector asociativo que, en demasiadas ocasiones, encuentra su legitimación en el reconocimiento institucional más que en su propio proyecto social. De

todas

maneras

importante

destacar

que

estos

canales

participación nacen y se impulsan desde las instituciones, de arriba abajo, a partir de la iniciativa, desarrollo y supervisión de la institución. No se ha avanzado en la puesta a disposición de la ciudadanía de canales

que

permitan el acceso al debate público, directamente, sin intermediaciones, de abajo a arriba, con los únicos lógicos controles de adecuación a la legalidad de dichas iniciativas.

2. La trinidad ciudadana El ciudadano, la ciudadana, cuando se relaciona con la colectividad puede tener tres tipos de funciones. Puede ser usuaria de un servicio público que, no olvidemos, es responsabilidad de las instituciones representativas que despliegan los medios económicos y humanos para su prestación. Puede ser miembro de una comunidad, de un grupo de personas con las que comparte un

espacio, unos intereses, unos deseos. Y, finalmente, es titular

indiscutible del derecho político y el conjunto de personas que llamamos pueblo son los titulares de la soberanía política.

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Como en la democracia, son tres dimensiones distintas de una única persona y es importante señalar sus diferencias para utilizar los canales adecuados a cada rol y no confundir la defensa de “lo mío”

(usuario de

servicio con derechos) con la defensa o realización de “lo nuestro” (ciudadano con derechos políticos). 2.1. La persona como usuaria del servicio público Cuando se obtiene la prestación de un servicio: una plaza escolar, un permiso de vado, el uso de un centro cultural o del transporte público, el individuo actúa como usuario de este servicio y las quejas, reclamaciones o sugerencias que pueda hacer de manera particular forman parte de su relación de usuario. Podríamos considerar aquí la "participación" en el servicio público "justicia penal" que hacen los miembros del tribunal del jurado, o la "participación" en la Mesa electoral cuando se produce la votación en unas elecciones. En este ámbito, las políticas públicas deben promover una gestión de calidad en la realización de los servicios públicos, así como un buen sistema de información y atención para poder canalizar las demandas, quejas y reclamaciones y dar respuesta eficaz. Interviene la gestión ordinaria, no la POLÍTICA, en mayúsculas.

2.2. La persona como miembro de una comunidad Hay otro tipo de relaciones en las que las personas se conectan con otras de su

entorno, en

calle,

una

asociación,

comunidad

propietarios…, por ejemplo. Se desarrollan sentimientos de identidad, de pertenencia, de solidaridad y también, hay que decirlo, de enfrentamiento, de conflicto, de exclusión. El ámbito comunitario es el más próximo y el que permite vivir experiencias significativas que muestran a la gente su capacidad de intervención colectiva. El paso siguiente es, justamente,

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formar parte de manera consciente de algún grupo estructurante que permita continuar la realización de más experiencias 12. Las políticas públicas de cohesión social, de desarrollo comunitario, de mejora del capital social... tienen que facilitar la realización de estas experiencias positivas y han de colaborar a la extensión de este tipo de relaciones.

2.3. La persona como ciudadana, titular de derechos políticos Finalmente hay otro tipo de relación cuando la persona, con interés concreto e incluso particular, conecta con la política porque la manera de hacer posible su interés pasa por una actuación pública que afecta a la colectividad, es decir, hace falta una decisión política. Es la relación del individuo con la "polis" que ha estado muy pervertida porque, de manera excesivamente frecuente, la política ha aparecido como la “solucionadora" de los problemas individuales. Eso pasa en muchas ciudades y pueblos cuando es directamente el alcalde o alcaldesa, quien da respuesta

peticiones

individuales.

normal

escuchar

muchos

responsables políticos municipales, especialmente en ciudades medias o pequeñas (que no olvidamos son mayoría en España), decir que “hacen la participación ciudadana" cuando pasan por la calle y responden a las demandas de la gente. La política en democracia es, sobre todo, debate y argumentación, pero respecto de políticas (actuaciones públicas) que, obviamente, afectan a personas

individuales,

aunque

indeterminadas.

Evidentemente

construcción de una nueva escuela afectará a personas individuales, pero no

están

determinadas,

serán

aquéllas

que

reúnan

los

requisitos

establecidos por la política.

Estas ideas sobre experiencias significativas y grupos estructurantes se las oí a Amadeu Mora, del Ayuntamiento de Girona a quién hay que reconocerle la paternidad.

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Reconociendo la importancia de los otros dos tipos de relaciones, propongo reservar "participación ciudadana" para la relación de la persona con la POLÍTICA (en mayúsculas) y es aquí donde se necesitan eficaces políticas para favorecer y promover la implicación ciudadana en los asuntos públicos, lo cual supone algo más que promover la deliberación y el debate (tercera vía), hacen falta actuaciones en el ámbito representativo y, aunque resulte complejo, en el diseño y establecimiento de canales de decisión directa de la ciudadanía.

III. La vida de las ciudades 1. “El aire de la ciudad nos hace libres” El nacimiento de las ciudades en Edad Media, provocó el nacimiento de espacios de “libertad”, entre comillas, pero libertad, porque suponía el uso de unos “privilegios” (“leyes privadas” respecto del Derecho del señor feudal que se acogía a la norma latina “princeps legibus solutus est” (El príncipe no está obligado por sus propias leyes), lo que hacía de la arbitrariedad y discrecionalidad un modo de gobernar.

Así aparece el ciudadano como

sujeto político. La independencia norteamericana primero (1776) y la revolución francesa después (1789) rompieron esa situación a finales del siglo XVIII y recuperaron el concepto “ciudadanos” como una forma de conectarse con la comunidad. Se promulgó en París, en 1789 la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, (por supuesto no se habla de la mujer, habría de pasar todavía poco más de un siglo para que se reconocieran sus derechos), cuyo Preámbulo decía (la negrita es mía): “Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en

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una

declaración

solemne,

los

derechos

Fernando Pindado Septiembre 2011 UIMP-Pirineos naturales,

inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración,

constantemente

presente

para

todos

los

miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles,

redunden

siempre

beneficio

del

mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos” El sistema democrático nacido después de la segunda guerra mundial permitió la creación del llamado Estado social y democrático de derecho cuyo principio básico es la participación ciudadana pues no se concibe una democracia sin participación. Las ciudades, como reflejo de las personas que en ella habitan están vivas. No es lo mismo el centro de una ciudad en la madrugada, a primera hora de la mañana, o en un día festivo. El espacio físico es el mismo, pero lo urbano, lo ciudadano, el alma de la ciudad cambia en cada momento. Esto es lo que Delgado llama la cultura urbana, diferente a la cultura urbanística, referida a la estructuración territorial de la ciudad. Lo urbanístico puede ser planificado, lo urbano, no (Delgado, 2007). Se pueden pensar determinados usos para una plaza, por ejemplo, y luego la realidad social, la acción humana puede modificar completamente esas previsiones. La vida de las ciudades es fruto de la interacción de los diferentes agentes que intervienen en su territorio. Pero además, en las ciudades vivas, la gente vive, habita, convive, comparte y se generan tensiones y, también, lazos de solidaridad. El modelo de vida urbano es el hegemónico en sociedades como la nuestra, la que produce una serie de relaciones y actuaciones con el entorno físico y humano.

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Los

territorios

que

constituyen

las

ciudades

están

Fernando Pindado Septiembre 2011 UIMP-Pirineos cada

vez

más

difuminados. Es difícil determinar quiénes son los habitantes de cada ciudad. ¿Quién es ciudadano de Barcelona o Madrid, por ejemplo? ¿Lo es quien duerme, quien trabaja, quien estudia en esas ciudades? ¿A qué hora hay que hacer el censo? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? ¿Encontraríamos a las mismas personas en horas diferentes? No hay más fronteras interurbanas que las relativas a las competencias administrativas de un ayuntamiento o de otro. A pesar de todo, la ciudad es el espacio por excelencia desde el que actuar la POLÍTICA. Es el escenario de la proximidad, de la cercanía, de la gestación del conflicto y la búsqueda de su solución. No en vano política viene de “polis”.

2. El gobierno de la ciudad no está sólo en el ayuntamiento Esta afirmación puede parecer excesiva, pero sólo quiero fijar la atención en la

realidad

nuestro

país.

Hay

que

separar

órgano

definido

constitucional y legalmente para gobernar la ciudad: el ayuntamiento, de las políticas públicas que afectan a la ciudadanía en las ciudades. Igualmente hay que distinguir la ciudad institucional de la ciudad real. La primera es la referida a las fronteras geográficas, administrativas que marcan el ámbito municipal y, por ende, la competencia del ayuntamiento. La segunda, formada por las redes y relaciones que se establecen en ámbitos territoriales mayores como son las áreas metropolitanas o las regiones (Borja, 2003). Los Ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios tienen unas competencias que vienen determinadas en la ley de bases de régimen local y en la legislación autonómica de desarrollo. Pero con las competencias municipales, no se agotan las diferentes políticas que afectan a la

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ciudadanía en el término municipal. Así, por ejemplo, la enseñanza, la salud, la seguridad ciudadana, determinados espacios naturales… no forman parte del ámbito competencial de los ayuntamientos, a pesar de realizarse en las ciudades y ser beneficiarias o sufridoras las personas que en ella viven. La ciudad relacional, la ciudad que agrupa (atrae) personas que la utilizan y posiblemente no residen en ella, que especializa sus espacios y sus servicios en función de las ciudades que la rodean, tampoco tiene un ámbito de coordinación o planificación que permita la intervención de las personas que van a vivir (o padecer) las consecuencias de su gestión. Es más, nos podemos encontrar con ciudades y pueblos en los que las decisiones estratégicas adoptadas van a afectar a muchas personas que no tienen posibilidad de opinar y, mucho menos participar, en la elaboración de esas decisiones. Luego, la tarea de mejorar la calidad de la democracia, no es sólo competencia de los gobiernos locales, sino que afecta a todos los poderes públicos que intervienen en el territorio. Esto también tiene repercusiones en el ámbito de la gestión política. Se imponen formas de relación entre todas las administraciones para hacer efectivos los derechos ciudadanos. Son necesarios ámbitos de coordinación y

cooperación

que,

nuestro

actual

mediatizados, demasiado a menudo,

panorama

político,

están

por los partidos que gobiernan en

unas u otras administraciones. Se dan más casos de colaboración, cuando las diferentes administraciones están gobernadas por el mismo partido o coalición de partidos que cuando se trata de partidos enfrentados o que pueden suponer alternativas uno del otro. Además, los gobiernos locales deben tener una perspectiva amplia de los procesos de participación para poder incorporar a todas aquellas personas que tienen interés en la ciudad. Por ejemplo, ¿alguien duda del interés de un comerciante en el funcionamiento de los servicios del barrio o de la

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ciudad aunque viva a 30 kilómetros de su establecimiento? ¿O del interés del profesional de la enseñanza, que trabaja cada día con decenas de adolescentes y no puede opinar sobre la mejora urbanística del barrio en el que se encuentra la escuela? Si a las competencias delimitadas (y limitadas), añadimos la falta de autonomía financiera que provoca en los Ayuntamientos una importante dependencia económica de los gobiernos central y autonómico (y europeo), nos encontramos con una perspectiva para el ejercicio del gobierno local con condicionantes bastante evidentes.

3. Más competencias municipales no suponen más democracia, ni mejor política De lo dicho hasta ahora, pareciera deducirse la necesidad de establecer un marco competencial más extenso para que los ayuntamientos puedan desarrollar más funciones. Existe un amplio debate político y doctrinal sobre ese marco competencial y hay una importante corriente de opinión favorable a que los ayuntamientos tengan un papel mayor en la distribución del gasto público y de los servicios a prestar en los municipios. Estoy de acuerdo con las corrientes municipalistas, con el desarrollo práctico del principio de subsidiariedad. Cuanto más cercano se dé el ejercicio del poder, más posible es la participación ciudadana y más eficaz puede resultar la política. Pero no debemos caer en mitificaciones o en trampas. Por definición y, de entrada, mayores competencias municipales no presuponen que haya una mejor calidad del servicio o una mayor calidad de la política o una mayor participación ciudadana. Los ayuntamientos no son estructuras celestiales gobernadas por muy buenas personas y con una organización de calidad y buen servicio. Se habla mucho del papel de los ayuntamientos y en una buena parte de los

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programas electorales se propone un refuerzo de su función. Pero eso no debe ser sólo una declaración: son necesarios medios económicos, personal formado, organización adecuada y compromiso con la mejora de la calidad democrática, tanto en el ámbito de la participación directa como de la que se realiza mediante representantes. Debe reconocerse que el actual funcionamiento de las corporaciones locales no provoca excesivo optimismo respecto de un incremento real de la participación ciudadana, si se diera un mayor ámbito competencial a los ayuntamientos. Es decir, podría darse un incremento de las competencias de los ayuntamientos, y que la única traducción de dicha ampliación fuese un mayor número de concejales y concejalas con dedicación exclusiva así como un presupuesto mayor para gestionar y ejercer el poder. Quizás (y sólo quizás) los servicios podrían ser más eficaces y de mayor calidad, pero ello no supone que haya más o mejor participación ciudadana. Es preciso crear e institucionalizar mecanismos de iniciativa, control y seguimiento ciudadano, para garantizar un verdadero ejercicio democrático de la acción de gobierno. Así, se podría evitar, también, que continuase el ejercicio endogámico de repartir las responsabilidades de gobierno, según criterios poco relacionados ni con las capacidades reales de las personas que los ostentan, ni con las necesidades del municipio, sino basados principalmente en las correlaciones internas de los partidos.

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4. Virtudes y perversiones de la proximidad Los ayuntamientos, como se ha dicho, vienen definidos, por la ley, como el cauce inmediato para la participación ciudadana 13. Suelen hacer gala de ese aspecto más característico de su posición en la organización territorial del Estado: la proximidad. De los tres niveles en los que se organiza el Estado territorialmente

(recuérdese

artículo

137

Constitución)

Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, éstos, nadie lo discute, son los más cercanos a la ciudadanía. Pero,¿es una fortaleza o una debilidad? ¿Es una oportunidad para el sistema democrático, o una amenaza? Como se ha dicho, cuanto más cercana sea la elaboración de las políticas, la gestión de los servicios públicos y las formas de satisfacer las necesidades ciudadanas, más fácil, rentable socialmente y eficaz podrá ser dicha gestión. Por ejemplo, es necesario que las escuelas, los centros de salud, los centros culturales, se hallen cerca, sean próximos. ¿Existe garantía de que la proximidad sea una virtud o una ventaja? Si la manera de actuar de los responsables políticos se basa más en criterios “clientelares” respecto a determinados grupos de población, determinadas asociaciones o determinados territorios; si lo que se prima es la adhesión a los gobiernos locales, como medio para conseguir determinadas mejoras; si la cercanía se traduce en mecanismo de control social, entonces nos encontramos con un verdadero peligro para la democracia. Llevamos más de treinta años de democracia municipal y el territorio ha sido

objeto

especulación.

siguen

cometiendo

desaguisados

urbanísticos beneficiando a los mismos agentes económicos; todo ello a pesar de la proximidad. Es relativamente fácil, gracias a esa proximidad, anular, o cuanto menos condicionar, la labor de oposición de los partidos 13

Artículo 1.1 de la Ley 7/1985 de 25 de abril reguladora de las bases del régimen local: Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

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que no gobiernan, existen muchos trucos para ello. De la misma manera se pueden contener y contentar determinadas voces de asociaciones o grupos con una cierta presencia en la opinión pública. La “polis” griega donde se gestó la “POLÍTICA” tiene poca presencia en nuestras ciudades hoy. Es necesario un esfuerzo de regeneración política para que las ciudades vuelvan a ser el ámbito de la política y el ámbito donde se gestionan mejor los intereses ciudadanos. Y este esfuerzo compete, principalmente, a los partidos políticos, a las asociaciones ciudadanas y a los nuevos movimientos sociales. Es necesario romper la tendencia al conformismo o a la compra, más o menos sutil, de voluntades y apostar por la construcción de ciudades democráticas y de democracia en las ciudades. 4.1. Ahora que te veo… que hay de lo mío Me contaba una vez un alcalde de un pueblo de reducido número de habitantes, que él no se consideraba alcalde, sino un “ahoraqueteveo”, porque, cada vez que se encontraba con sus vecinos eso era lo primero que le decían: “ahoraqueteveo”. No empezaban la frase por alcalde, ni por el nombre, ni por el apellido, ni siquiera por el saludo de cortesía de buenas (tardes, noches o días), sino por el “ahoraqueteveo…”. La democracia ha convertido

tratamiento

reverencial

“señor

alcalde”

“ahoraqueteveo”. Esos alcaldes parecen farmacias de guardia. Están de servicio veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año y, honestamente, con un punto de ingenuidad, creen que esa es su función: atender a la gente de su municipio cuando son requeridos para ello. Por eso, muchas veces cuando hablamos con alcaldes así,

nos dicen que eso de la participación

ciudadana es un invento de académicos o gentes de grandes ciudades o de los grandes debates de los partidos políticos, que en sus municipios lo que

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importa es la proximidad, la respuesta inmediata y la facilidad de encontrar al responsable del gobierno local, al alcalde en cualquier momento. Ahí reside una parte del error de su gestión. Primero porque no es sano ni desde el punto de vista personal, ni desde el punto de vista político mantener una atención continuada a cualquier hora del día, salvo, claro está, en situaciones de emergencia. Esta excesiva facilidad de acceso no es educativa y puede provocar el efecto contrario, que la gente se considere con el derecho de entrometerse en la vida del alcalde por su carácter de servicio público. Servicio, sí, servilismo, no. Por otra parte el abordaje al alcalde no suele ser para plantear temas del pueblo o generales del municipio, sino para preguntar “¿qué hay de lo mío?” Normalmente se trata de situaciones individuales, a veces excesivamente personales que podrían tener un tratamiento puramente administrativo sin que, en su gestión y solución, haya de intervenir el alcalde. Eso no puede considerarse “participación ciudadana” porque lo único que hay es un abordaje individual de un problema individual. No hay debate público y, posiblemente, la solución dada al caso concreto tampoco tendrá un carácter público. La democracia consiste en debatir sobre todos “los míos”, sobre todos los asuntos que puedan afectar a las personas, en tanto que miembros de una comunidad y puedan tener soluciones aplicables a todos los casos similares, no únicamente a aquéllos que primero han accedido al alcalde. 4.2. Los de siempre, en el balcón del ayuntamiento Un municipio imaginario está de fiesta patronal. Las calles engalanadas, los comercios cerrados, la gente vestida para la ocasión nos indican que, a diferencia del municipio de al lado, aquí se está de fiesta.

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Plaza mayor del municipio (acostumbra a ser la plaza del ayuntamiento), una de las actividades centrales de la fiesta. La corporación municipal y los representantes de las instituciones están ubicados en sillas instaladas en una pequeña tarima. No hace muchos años allí sólo estaban los concejales, el cura y el jefe de la Guardia Civil. Los más madrugadores o los que conocen bien el protocolo de la fiesta (normalmente las gentes de mayor edad), han ocupado ya las escasas sillas disponibles alrededor de la plaza donde se realizará esa actividad tradicional que, año tras año, se repite no se sabe ya desde cuando. El resto de vecinos y vecinas se agolpa como puede detrás de esas sillas, “dejen pasar al niño, por favor”, para seguir la evolución del acto. El pueblo está en la plaza, los representantes del pueblo, alcalde, concejales, están en la plaza, los representantes de otras instituciones, están en la plaza…. Entonces, ¿quién diablos está en el balcón del ayuntamiento? ¿Quién se asoma por las ventanas de la casa consistorial? ¿Quién les ha facilitado la entrada? ¿Qué tengo que hacer yo el próximo año para poder instalarme en el balcón? Las respuestas creo que son fáciles: en el balcón están los de siempre, aunque ahora un poco más democratizados; les han facilitado la entrada los representantes del poder, como siempre; y si quiero estar el año próximo en el balcón tengo que buscar al alcalde o al concejal del gobierno y decirle la palabra mágica “ahoraqueteveo”... En muchos pueblos y ciudades, el balcón municipal, la casa consistorial, (“casa de la vila” en catalán, “hôtel de ville”, en francés, “town hall”, “city hall” en inglés, palabras que hacen referencia a la cercanía, la proximidad casi doméstica de la institución local) ha estado abierto de manera singular y privilegiada para determinados grupos de población. En el pasado, eran los poderosos, los dueños de tierras, industrias, los adictos al régimen. Hoy son los cortesanos, los que se acercan al poder, suelen ser las mismas familias aunque se han incorporados nuevos sectores: representantes de

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asociaciones, de sindicatos, de partidos…. Pero sigue siendo injusto. O bien se establece la posibilidad de rotar en el uso del balcón municipal y cualquier ciudadano o ciudadana del municipio puede acceder a él con las lógicas prevenciones de limitar el número de “balconistas” para evitar su hundimiento, o se evita que el balcón municipal sea usado por unos pocos.

4.3. Democracia electorera14 En otro lugar hablé de las políticas de contener y contentar que forman la base de la actuación de muchos gobiernos en su relación con la ciudadanía y, sobretodo con sus organizaciones, (Pindado, 2000) Muchas de las actividades que organizan los municipios están marcadas por esa filosofía. En algunos casos, las actuaciones de los gobernantes locales se parecen demasiado a épocas pretéritas, en las que el señor feudal era dueño de vida y haciendas. A pesar de estar en una sociedad democrática, la cultura democrática aún no se ha extendido y existen todavía municipios en España en los que los alcaldes, a pesar de haber sido elegidos democráticamente,

realizan

función

con

métodos

claramente

antidemocráticos, aunque, en algo hemos avanzado, ahora no disponen de la vida de sus ciudadanos. No hay oposición que les tosa, no hay ciudadanos ni organizaciones que les planten cara y vuelven a ser elegidos por medios que, la antropología, la psicología…, o la policía y la justicia, algún día averiguarán. “Contener y contentar” comporta, normalmente un cierto clientelismo, una compra, más o menos discreta, sutil o simulada. Los medios con los que se oculta dicha compra suelen ser subvenciones, cesiones de espacios públicos, regalos culturales

que

días

señalados, fiestas

resistirían

análisis

y actividades llamadas su

contenido

cultural,

gastronomía popular en forma de paella, fideuá, patatas a lo pobre o 14

Tomo prestado el concepto de Cortina, 1997

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morcillada, dependiendo del territorio, regalos de camisetas, pañuelos, entradas, trofeos y un sinfín de medios que, en no pocas ocasiones, tienen como finalidad principal esa compra de fidelidad o lealtad, a cargo del erario público. ¿Son eficaces estas políticas? Creo sinceramente que no. Quien se vende hoy, se venderá mañana y quién considere que, comprando voluntades se garantizará el gobierno eternamente, debe tener en cuenta que el secreto del voto y que no siempre podrá mantener esa lealtad aparente. Además, desde el estallido de la crisis el 2008, este tipo de actividades estará cada vez más condicionado por la escasez de recursos. 4.4. Los “lobbys” de siempre se amplían Siempre ha habido sectores de población y organizaciones sociales que han intervenido directamente en la acción de gobierno, con y sin democracia. A pocos alcaldes, a pocos gobiernos, por ejemplo, de municipios costeros se le ocurrirá ordenar el urbanismo de su ciudad sin hablar previamente con los promotores, hoteleros, restauradores y operadores turísticos. Es más, seguramente serán éstos los que propondrán las actuaciones a realizar. En esos caso, los canales y espacios de participación son propios y específicos: despachos oficiales, mesas de restaurante, oficinas. Tienen una característica común, son opacos, no son conocidos públicamente o al menos no se pretende dar publicidad de esos encuentros. Junto a esos “lobbys” eternos, se han ido incorporando otros grupos de presión, formados por determinadas asociaciones o sindicatos que juegan un papel parecido. En no pocas ocasiones, muchas asociaciones consideran cumplido el ejercicio del derecho a la participación ciudadana cuando ellas, y sólo ellas, han sido interlocutoras del gobierno local. No han exigido que, al mismo tiempo que se les escuchaba a ellas, y sólo a ellas, se abriera el debate a otras asociaciones y personas diferentes y diversas para ampliar el debate ciudadano sobre esos temas.

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Eso no amplia la democracia, amplia únicamente el número de cortesanos alrededor del poder.

IV. POR UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA CALIDAD DEMOCRÁTICA 1. ¿Se necesita otra nueva política? Si preguntamos a responsables políticos o técnicos si consideran necesaria la participación ciudadana y la mejora del sistema democrático, podríamos encontrar cuatro grandes respuestas: a)

La “no hace falta”, la gente ya participó en las urnas y ahora se

trata de mantenerse en el poder hasta la siguiente convocatoria electoral. Por tanto “no me compliquéis la vida, ni me revolucionéis el gallinero”. b)

corporativista,

basada

únicamente

asociaciones,

especialmente vecinales y en otro tipo de organizaciones. Se diseñan canales y órganos cuyo protagonismo se permite únicamente a las asociaciones, a partir de la ilusa y falsa idea que son “representativas” de la ciudadanía. Una cosa es ser “significativo” y otra ser “representante”. Muchas asociaciones son representativas en tanto que significativas por su práctica y sus opiniones, pero no son “representantes” de nadie más que de sus propios socios. c)

La pseudoradical, basada en la sacralización de la asamblea, la

exigencia de vinculación del resultado de los procesos de debate, la creación de estructuras paralelas, supuestamente democráticas, pero que no se han sometido a ningún tipo de elección y que carecen del mínimo control

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popular exigible en democracia. El discurso aparece como profundamente democrático pero las prácticas pueden ser fácilmente manipulables. d)

La de calidad democrática, incipiente,

poco desarrollada que

pretende armonizar una arquitectura institucional útil y eficaz con el desarrollo de canales, espacios y procesos de debate e implicación ciudadana en los asuntos públicos, favoreciendo también la iniciativa ciudadana para que, directamente, sin ser llamada, pueda ejercer de motor de la agenda política y mecanismo eficaz de control, pudiendo incluso decidir directamente en algunas ocasiones (referéndum vinculante). No se plantea solamente la participación en la acción de gobierno sino respecto de todos los poderes públicos (legislativo y judicial también) y también como fomento de los valores democráticos. Todo ello en un marco normativo e institucional que necesita una mayor evolución, a pesar de que aún no se ha utilizado todo su potencial.

2. Cambio de época o cómo gestionar la complejidad Parece evidente que estamos en un cambio de época. Una sociedad líquida (Baumann), del riesgo (Beck), era de la desconfianza (Rosanvallon), son algunas de las definiciones que algunos sabios dan al momento actual. En cualquier caso parece evidente que se necesita la adecuación del sistema político, de la "vieja" política a la "nueva sociedad". El abordaje eficaz de los asuntos públicos no se puede hacer únicamente desde la percepción técnica de

los

profesionales

Administración

desde

legitimación

democrática de los responsables políticos. Se debe contar con otras perspectivas, se deben provocar nuevas conexiones, más transversalidad, favoreciendo la mirada poliédrica que ayude a buscar las respuestas más eficaces a los nuevos retos. Asimismo, son necesarios nuevos mecanismos de control y seguimiento de la acción pública, los actuales han demostrado su insuficiencia sobre todo en los aspectos más clamorosos de la corrupción y la utilización fraudulenta y egoísta del ejercicio del poder.

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En este cambio de época, aparecen evidentes resistencias, algunas, fruto de la inseguridad que produce cualquier tipo de cambio. A pesar de que vivamos día a día estas transformaciones, no nos atrevemos a revisar o a prescindir de aquellos elementos que parecen dar una cierta garantía de seguridad. Así, podríamos distinguir tres grandes posicionamientos al respecto: a) Aquellos que todavía no han asumido la esencia del sistema democrático como necesario para el funcionamiento de la sociedad y creen que sería mejor un modelo más autoritario de mayor contundencia. b) Los que creen que este modelo democrático ha costado mucho de conseguir y todavía necesita consolidarse, así que no lo vayamos a poner en cuestión ahora por alguna moda nueva (“Virgencita, que me quede como esté”). c) Finalmente, los que tienen interiorizada esa necesidad de cambio, que no se sienten suficientemente identificados

con este modelo, que intuyen

nuevas formas de gobierno y de relación ciudadana, pero que todavía chocan con la base cultural forjada en la vieja política y no acaban de construir propuestas alternativas suficientemente viables o no se sienten con ánimo suficiente para promoverlas. En este contexto de cambio y de búsqueda de nuevos espacios de acción política y de control y seguimiento de la actuación de los representantes, también debe enmarcarse la democracia directa. Habrá que investigar otros medios de participación o de control democrático del

poder

como

plantea

Rosanvallon

(Rosanvallon,

2010)

agencias

independientes, cortes constitucionales y democracia interactiva, formas que buscan la legitimidad democrática no sólo en la representación sino también en la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad, etc

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Hay que poner especial atención en la aparición, todavía incipiente, de corrientes de opinión que pueden llegar a cuestionar el sistema democrático y abrirse a formas diferentes de acción política.

Estas opiniones vienen

apoyadas y jaleadas desde intereses poco claros de determinados medios de

comunicación

con

mensajes

destructivos

hacia

política

consiguientemente, hacia la democracia que sólo pueden ser conjurados con más democracia, más iniciativa ciudadana, más transparencia, más acceso a la información y más capacidad de decisión sin intermediación.

3. Huyamos de la banalización. No vale cualquier cosa Se produce la banalización cuando dirigentes políticos, responsables técnicos y de asociaciones acaban descafeinando de tal manera la idea de participación ciudadana que cabe cualquier cosa. No hace mucho escuché a un alto directivo municipal de una gran ciudad decir que lo suyo sí era participación ya que contestaba cada año miles de quejas de los vecinos. Pretender que la queja personal de un ciudadano con mayor o menor razón supone implicación política es una reducción peligrosa que acaba haciendo creer que la política sólo tiene sentido si me resuelve “lo mío”. Cuando voy al centro de salud y me quejo ante el Inspector de la falta de atención de un médico, o cuando acudo a hablar con el profesor tutor de mi hija en la escuela no estoy participando ni en la salud pública ni en la educación, estoy actuando como usuario de unos servicios públicos a cuya calidad tengo derecho y por tanto puedo exigirla.

4. Rechazo contundente al populismo No es este el momento ni el espacio para pontificar sobre los orígenes del populismo ni tan solo para ponernos de acuerdo con una definición. Permítaseme una utilización propia del término para tratar de justificar mi

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rechazo a su proliferación. Entiendo por populismo aquella actuación pública, de responsables políticos que tratan de hacer creer al pueblo que ellos son lo más importante y su máxima preocupación, cuando en realidad lo que les interesa es su mantenimiento en el poder. Pretenden dar respuestas a las necesidades bien de manera individual y particular, o tratando a los ciudadanos como clientes o consumidores. Regalos en forma de

espectáculos

musicales,

comidas

“populares”,

medallitas,

libros,

excursiones y un largo etcétera que hacen creer que se piensa en el pueblo pero en el fondo sólo se intenta comprar su atención. En las últimas elecciones municipales de mayo de 2011 se ha dado un auge de estas posiciones políticas en forma de recetas simples para problemas complejos: la demonización o expulsión de inmigrantes con la excusa de preservar el sistema de servicios públicos o

la “particularización” de la

acción política por citar dos ejemplos. Otro ejemplo, en Lloret de Mar (Costa Brava) un grupo “independiente”15 tenía en su programa electoral utilizar dependencias municipales para hacer radiografías gratis a la población o entregar un cheque/bebé de 800€, todo ello sin saber si las finanzas municipales podrían asumir ese gasto. Pasó de 0 a 6 concejales (23% de votos) y como no gobierna nadie podrá exigir por el incumplimiento de las promesas. Una última reflexión, cuando se quiere abrir la actuación pública a la ciudadanía, se puede correr el riesgo de pretender actuar en nombre del pueblo cuando se da la palabra y la razón a determinados grupos sociales o asociaciones sin que el pueblo les haya elegido para actuar en su nombre.

http://www.millor.cat/pdf/Programa_MILLOR_2011_cat.pdf

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5. Hipótesis de contenido de una política para la calidad democrática Se trata de articular un marco institucional que permita mejorar la calidad de la democracia profundizando en sus evidentes virtudes y conjurando sus, también evidentes, riesgos. De la misma manera que la POLÍTICA con mayúsculas

desarrolla

políticas

concretas

para

hacer

frente

las

necesidades ciudadanas: educación, salud, transportes, infraestructuras, economía… se necesita una política pública cuyo objeto sea el mejor funcionamiento del sistema democrático. Podríamos resumir esa política en la necesidad de habilitar medios que permitan ejercer un seguimiento y un control más efectivo sobre la acción de los representantes y favorezca la implicación ciudadana en la elaboración de las actuaciones públicas: proponiendo, debatiendo, controlando su ejecución exigiendo responsabilidades por incumplimientos… A continuación dibujo un guión del posible contenido de esa nueva política, para cuyo desarrollo no tengo todavía elementos suficientes. 5.1. El marco institucional. Aquí debería tratarse todo lo relacionado con los elementos de tipo estructural que pueden facilitar una mejor acción de gobierno, un mayor conocimiento público de sus actuaciones y, consiguientemente, una eficaz intervención ciudadana. a) Mejora de la política i.

ii.

Mejora de la función representativa -

Ley electoral

Acceso a la información

Transparencia

Rendición de cuentas

Canales de consulta popular

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iii.

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Ley de consultas populares no refrendarias

Procesos de debate público

Órganos consultivos

Canales para la iniciativa ciudadana -

Iniciativa legislativa popular

Iniciativa ciudadana municipal

Derecho de petición

iv.

e-gobierno, e-parlamento

Referéndums vinculantes(¿?)

b) Mejora de la administración i.

Procesos administrativos

ii.

Sistemas de información, sugerencias, quejas, reclamaciones

iii.

Administración electrónica

c) Mejora de las políticas Proceso de elaboración y ejecución de las políticas públicas utilizando medios de debate público y consulta ciudadana. d) Guía para la intervención ciudadana Compendio

normas,

instrumentos,

canales

para

favorecer

intervención ciudadana en los asuntos públicos y colectivos

5.2. La acción ciudadana Todo lo relacionado con los actores sociales que les permita una mayor capacidad de ser sujetos activos en la acción política como promotores de iniciativas y como parte necesaria en el debate público. a) Asociaciones i. Facilitar el conocimiento de la realidad asociativa mediante un registro de asociaciones coordinado y en red ii. Plan de fomento del asociacionismo

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b) Tercer Sector i. Plan de mejora y apoyo a su estructuración ii. Revisión y utilización de les cláusulas sociales de los contratos públicos c) Colegios profesionales d) Medios de comunicación 5.3. Formación. Investigación+Desarrollo+Innovación a) Elaborar un plan de formación desde los niveles más elementales hasta los más especializados. b) Promover la investigación para favorecer la innovación...

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