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Vicentin

Es una empresa familiar con 90 años de antigüedad localizada en Avellaneda provincia de Santa Fe, cercana a la ciudad de Reconquista, con grandes inversiones en infraestructura realizadas en los últimos años, con apoyo crediticio bancario en un significativo porcentaje. Administrada al límite de sus posibilidades reales de manejo económico eficiente, la crisis argentina del 2018-2019 le generó un impacto negativo muy importante debido a su deuda.

Trató de generar un Concurso privado con los acreedores por una deuda total de $99.345.263.086,50, equivalente a cerca de US$ 1.400 millones pero, al no lograrlo, se presentó en Concurso Judicial el 10 de febrero de 2020.

En forma sorpresiva, el gobierno nacional intenta una “Intervención” de la empresa con el fin de EXPROPIAR, con el apoyo

del gobierno Provincial, que además presenta también un proyecto alternativo similar, pero con otros protagonistas incluyendo autoridades provinciales.

Una charla de periodistas con el intendente de Avellaneda

https://www.facebook.com/graciela. correa.52/posts/3638421832841390

Las verdaderas preguntas en todo este embrollo son:

¿Por qué se llegó a ello?, ¿Para qué quiere el gobierno intervenir?

La primera ya fue contestada anteriormente: Una administración empresarial que generó un proceso de inversiones poco eficientes, basado en un esquema de préstamos que por las regulaciones del gobierno y por la misma volatilidad del mercado argentino les complicó su repago.

La segunda tiene varias presunciones en su realidad y varias mentiras en sus fundamentos oficiales. O sea es un absurdo

por donde se lo mire.

Conceptos núcleo En todo esto hay un núcleo conceptual absolutamente fundamental para nosotros. Lo que hayan hecho o no los propietarios, no influye en fondo de la cuestión que es:

NO debe haber dinero del contribuyente yendo discrecionalmente hacia una empresa privada, ya que existen los mecanismos de mercados o la ley de concursos y quiebras para generar soluciones. Además, si analizamos lo sucedido, vemos que los mayores acreedores bancarios son bancos oficiales que, tal vez, como tales, sean "vulnerables" a presiones para otorgar créditos "políticos" sin la correspondiente “base sólida empresarial”. Por la tanto, la mejor conclusión de todo esto es que tampoco deben existir bancos estatales.

Por Miguel A. Morra