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1. INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el crecimiento poblacional en tiempo y espacio, ha tenido un importante
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aumento; se calcula que la población mundial para el año 2021, bordea los 7,700 millones
de personas aproximadamente (Banco Mundial, 2021), y grandes zonas que estaban en proceso de urbanización, ya se habrán consolidado y concentrado a una gran densidad
poblacional.
Muchos factores han incidido en este aumento demográfico exponencial, tales como el
progreso en el avance de la medicina, la revolución en la producción de alimentos, las
concentraciones urbanas, así como las migraciones (FAO, 2002); lo que ha generado a la
vez, una degradación en el medio ambiente que se refleja en el agotamiento de los recursos
naturales, en la contaminación y acumulación de basura; de igual manera estos factores
han incidido en el aumento en el costo de la vida, aumento del desempleo, la concentración
de personas en entornos urbanos y por ende el abandono de las zonas rurales.
Estos cambios rápidos en la demografía, han llevado a que se presenten en todo el mundo,
nuevos desafíos y retos para los planificadores, que, con el apoyo de políticas,
metodologías, procesos y herramientas, pretenden desarrollar entornos urbanos
sostenibles y ambientalmente equilibrados, asegurando eso sí, un acceso universal a los
servicios básicos a costos accesibles (Ledezma y Dominguez, 2006).
El Ecuador no es ajeno a esta realidad; según la proyección poblacional del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), para el año 2021 el Ecuador tendrá una
población de 17’576.213 habitantes (INEC, 2021); crecimiento que ha ocasionado un
aumento de la demanda de recursos naturales, de alimento, combustibles, tierra (suelo
urbanizable), servicios básicos, infraestructuras, entre otros.
De igual manera, este crecimiento, ha originado la necesidad de crear instrumentos
estratégicos de planificación y de ordenamiento territorial tanto nacionales como locales,
que propicien la equidad social y territorial. Estos instrumentos contemplan y determinan
la corresponsabilidad que tiene tanto el gobierno central, como el local o municipal, de
dotar de servicios básicos públicos e infraestructura a los ciudadanos, para de esta manera
