Menores seguros en internet: un reto colectivo. Por Ana M. Gómez Megías

Menores seguros en internet: un reto colectivo

Ana M. Gómez Megías Responsable de contenidos Revistas de Derecho Privado. Wolters Kluwer

Si existía aún alguna duda acerca de las oportunidades que la tecnología puede ofrecer a los más pequeños, la realidad que hemos vivido en el último año y medio de pandemia la ha disipado. Las plataformas digitales que ya se emplean en el ámbito educativo han permitido a los menores mantener su actividad escolar en una situación absolutamente excepcional, poniendo de manifiesto, no solo la importancia de que dominen las herramientas que la era digital pone a su disposición, sino también la necesidad de hacerlas llegar a todos los niños y niñas que aún no las tienen a su alcance. La realidad se impone, y constata que las nuevas tecnologías son ya un medio inevitable de expresión, comunicación y aprendizaje para menores y adolescentes. Sin embargo, además de ser un entorno de oportunidades, el medio digital se presenta como un escenario plagado de riesgos y peligros que amenazan su privacidad, su correcto desarrollo y su integridad moral e incluso física. Progenitores, educadores, instituciones y poderes públicos se enfrentan al gran reto de proteger a la infancia y adolescencia de los peligros de un medio irremediablemente unido a su desarrollo personal y educativo.

Respeto a la "suficiente madurez" del menor Garantizar su seguridad en este entorno pasa necesariamente por asegurar que accedan, en cada momento de su desarrollo, a los contenidos y aplicaciones adecuadas, solución que se enfrenta a dos problemas difíciles de abordar. El primero de ellos es cómo hacer efectivos los límites de edad establecidos en los términos de uso de cada servicio o red social, y los legalmente previstos para prestar los consentimientos necesarios. Tan complicada resulta esta comprobación, que la ley únicamente exige a las empresas tecnológicas realizar esfuerzos razonables para verificar que los consentimientos han sido prestados por un menor con edad suficiente, o, en caso contrario, por los representantes legales. El segundo problema radica en que, en contra de los que se pueda pensar, no todo control por parte de los progenitores de la actividad que sus hijos desarrollan en internet es legítimo. La instalación de aplicaciones de control parental o el acceso a las cuentas particulares de los menores se perciben, por lo general, como acciones amparadas por el deber de los padres de velar por la integridad de sus hijos. Sin embargo, estas actuaciones pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los menores, y pueden ser, incluso, constitutivas de delito. La legitimidad de este control descansa, nuevamente, sobre un principio difícil de objetivar: el respeto a la "suficiente madurez" del menor. Ante estas dificultades, los profesionales insisten en que el primer y mejor paso para proteger a los menores de los riesgos de internet es educarles en este complejo entorno. En esta línea, la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia establece la obligación de las Administraciones Públicas de desarrollar campañas de educación y sensibilización dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias y educadores sobre el uso seguro y responsable de internet. También involucra en este objetivo a las empresas, promoviendo la adopción de medidas que incentiven la responsabilidad social empresarial en materia de uso seguro y responsable de internet por la infancia y la adolescencia. Éste es el camino. Vivimos ya una era digital que difícilmente podemos imaginar a 10 años vista. Sus protagonistas serán las niñas y niños de hoy. Es responsabilidad de toda la sociedad prepararlos para ese futuro, protegiéndoles de sus riesgos y educándoles en sus oportunidades.