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El trabajo de Eurocadres en la Directiva Whistleblowers y su importancia en el marco europeo Nayla Glaise Presidenta de EUROCADRES El 1 de septiembre de 2016, los miembros de Eurocadres adoptaron por primera vez una posición sobre la protección de los denunciantes en toda la Unión Europea, en la que pedían medidas legislativas para garantizar que aquellos lo suficientemente valientes como para denunciar las malas prácticas no sufrieran repercusiones por sus acciones. Fuimos recompensados con la Directiva de Protección de Denunciantes de 2019 —también conocida como Directiva Whistleblowers—, que aportó peso legislativo a la protección de las personas que denuncian infracciones de la ley de la Unión Europea, y fue el resultado de una campaña incansable de ciudadanos y organizaciones en todo el bloque. La inspiración detrás de este esfuerzo siguen siendo las valientes personas que, con demasiada frecuencia, se ven obligadas a arriesgar su sustento y su privacidad para corregir los errores que ven cometerse. Esta directiva fue un hito para la Unión Europea, enviando una señal clara de que los hombres y mujeres que evidencian las desigualdades en nuestra sociedad merecen ser protegidos. Sin embargo, al avanzar en el tiempo nos encontramos que veinte Estados miembros no han comenzado o han retrasado sus esfuerzos de transposición, incumpliendo la fecha límite del 17 de diciembre de 2021. Sorprendentemente, de los siete que tienen leyes adoptadas, ningún Estado miembro ha transpuesto la directiva por completo. Afortunadamente, la Comisión Europea ha iniciado recientemente procedimientos de infracción a veinticuatro Estados miembros con ánimo sancionador en el caso de que no se avance rápidamente en su transposición. Trabajo colectivo La justificación de la norma que protege a los denunciantes es bastante obvia y queda tristemente representada en la serie de escándalos a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. Desde LuxLeaks, los documentos de Panamá y Pandora, hasta las recientes revelaciones de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, los denunciantes han llamado la atención sobre algunos de los puntos ciegos legislativos más grandes que tenemos, llevando a las personas ante la justicia y creando una sociedad más justa. Sus actos desinteresados han obligado a los organismos internacionales a actuar y han proporcionado al público en general información que nunca habría visto la luz del día, a menudo sin ninguna garantía de que ellos o sus familias estarían a salvo. Pocos argumentarían que estas personas no merecen la protección más completa posible, y muchos insistirían en que son recompensados por sus esfuerzos. Estas razones hacen que sea difícil entender por qué los Estados miembros están dando largas a la transposición. 36 g Profesiones
En el transcurso del viaje de la directiva, la consulta con una variedad de partes interesadas ha sido parte integral del proceso. Para que la legislación encaje en el molde del texto proporcionado —dinámico y holístico, necesario para funcionar en todos los escenarios—, las instituciones europeas se han comprometido con personas y organizaciones de todo el espectro político. Como socio reconocido, Eurocadres ha estado a la vanguardia a través del proceso de campaña, redacción y transposición, mediado por nuestra secretaría en Bruselas, nuestros miembros y nuestro papel en la plataforma de protección de denunciantes. Somos conscientes de que el trabajo no estará terminado hasta que se garantice la protección de los denunciantes en todo el bloque, y continuaremos presionando a los gobiernos nacionales para que tomen medidas. Causa justa En Bruselas, la marea se está volviendo contra las grandes empresas. La Comisión Europea se erige como un fuerte actor global contra las prácticas anticompetitivas y de evasión fiscal de las empresas tecnológicas, mientras que las plataformas en línea serán objeto de regulación por su trato despreciable a los empleados. Los denunciantes siempre han desempeñado un papel importante en descubrir algunas de las peores acciones de estas empresas, mantener a los reguladores bajo control y garantizar que los políticos actúen en interés de sus electores. Con una gran cantidad de acciones positivas que se están tomando actualmente para defender nuestros derechos laborales, nuestros datos y nuestro derecho a la libre expresión, ¿por qué no podemos garantizar que quienes arriesgan su sustento con el objeto de ayudar a mejorar la sociedad estén protegidos? Hemos recorrido un largo camino desde 2016 y estamos a punto de cumplir con esas valientes personas. Con un último empujón, finalmente podremos brindar la protección que los denunciantes merecen.
nº 195 g enero-febrero 2022
