Lazos 9 by FUNDACION UNIR BOLIVIA

Revista de la Fundación UNIR Bolivia para promover el diálogo, la gestión de conflictos, la comunicación y el desarrollo de ciudadanía intercultural, con las transversales de interculturalidad y bien común. Año 6, Nº 9, enero a julio de 2011

Antonio Aramayo Tejada Director Ejecutivo María Soledad Quiroga Trigo Gerenta de Información, Investigación y Análisis de Conflictos Guillermo Roca Roca Gerente de Transformación de Conflictos y Desarrollo de Capacidades Apolinar Escóbar Fernández Gerente Financiero Administrativo Gabriela Ugarte Borja Jefa de la Unidad de Prensa y Promoción Iván Barba Sanjinez Edición general Ilustraciones Juan José Serrano y María Isabel Blacutt gordamedia@yahoo.com Ilustración de tapa Jorge Dávalos jorge.davalos.art@gmail.com Diseño SalinaSánchez

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www.unirbolivia.org Las actividades que realiza la Fundación UNIR Bolivia cuentan con el respaldo de una canasta de fondos conformada con el apoyo financiero de las cooperaciones de Holanda, Suecia y Suiza, así como de Christian Aid y Trócaire.

Contenido Presentación

Reflexiones sobre violencia directa Violencia y Género: de la mano y separados

Dr. José Toro-Alfonso

Violencia contra las mujeres y feminicidio, un reto del Estado Plurinacional de Bolivia

Gloria Tapia

Violencia directa contra niños, niñas y adolescentes, espirales que se repiten

Carlos Mamani Jiménez

La inseguridad con ojos de ciudad

Roberto Navia Gabriel

Reflexiones sobre violencia cultural La Paz: cotidiano, resistencia, y violencia simbólica

Lucia Aramayo Canedo

De discriminación, colonialidad y racismo: resabios de la colonia en nuestro tiempo

Cleverth Carlos Cárdenas Plaza

Los medios y la cobertura de la violencia ciudadana / Xavier Giró Martí 32 El caso de Santa Cruz y su relación con el país

Fernando Prado Salmon

Reflexiones sobre violencia estructural Las políticas de ajuste macro económico como formas de violencia estructural

Javier Campos Navarro

Respuestas y propuestas femeninas a las violencias directa, estructural y cultural

María Julia Moreyra

Desempleo y precariedad del trabajo: la violencia estructural del capitalismo

Silvia Escóbar

Biblioteca / Librero UNIR 66 www destacados 68

Presentación

a división teórica de los tipos de violencia –tema de este número de Lazos– resulta fundamental para plantear una contraposición activa de paz, que envuelva igualmente sus múltiples dimensiones: directa, estructural y cultural. Esta categorización corresponde al aporte de varios autores, en especial Johan Galtung, quien sostiene que si se puede reconocer en la situación violenta a un emisor o agresor se está ante un caso de violencia directa, sea física o psicológica, que impide el desarrollo pleno del ser humano. Si no es posible identificarlo, lo que existe es violencia estructural, como la pobreza que produce sufrimiento y muerte prematura y es fruto de un determinado modo de organizar la sociedad y de distribuir recursos y oportunidades, o el recorte de libertades políticas, que no es una fatalidad sino una injusticia. Por ello la violencia estructural puede convertirse en caldo de cultivo –no necesariamente en causa– de la violencia directa. La violencia cultural es una forma de daño que se expresa en las creencias, valores, modos de pensar y de dirigir las acciones, que suelen convertirse en “sentidos comunes” e invitan a la violencia directa y/o intentan legitimar la violencia estructural; es el caso del racismo, del machismo, del etnocentrismo, del odio religioso, etc., que pueden ocasionar la destrucción del tejido social. Esos tres tipos de violencia se encuentran interrelacionados, de modo que la violencia puede iniciarse en cualquiera y transitar de uno a otro. La construcción de paz implica la ausencia o disminución de todo tipo de violencia, directa, estructural y cultural; es, por tanto, la suma de la paz directa entendida como la regulación no violenta de los conflictos, de la paz estructural o armonía del ser humano consigo mismo y con la naturaleza, sin desigualdades al interior de las sociedades y satisfaciendo las necesidades humanas materiales y espirituales, y de la paz cultural o existencia de valores mínimos compartidos. Desde esta perspectiva, comprender la temática de los tipos de violencia resulta primordial para analizar las condiciones en las que las y los bolivianos resultamos afectados por la violencia, en sus múltiples manifestaciones, en el cotidiano. La Fundación UNIR Bolivia encara el trabajo conceptual sobre los tipos de violencia y la propuesta de paz activa ya desde el 2010, con la publicación

de la separata Construir paz: una necesidad en Bolivia, la organización de eventos de movilización ciudadana en diferentes capitales de departamento en los que la cultura (a través de la música, la pintura, el teatro o la poesía) se constituye en el medio para amplificar las voces respecto a la paz; en la misma línea está la difusión sostenida –por radioemisoras nacionales y locales– de cuarenta cuñas en español, quechua, guaraní y aymara, las mismas que con ejemplos cotidianos muestran que violencia y paz son parte de nuestra realidad; la elaboración de una colección de afiches sobre los tres tipos de violencia y su contrapropuesta de paz; y, recientemente, la firma de un convenio con el subsistema de Fe y Alegría que está desarrollando una currícula con el enfoque de Educación para la Paz. El presente número de Lazos entra a formar parte, así, del trabajo emprendido por la Fundación en el marco de su línea institucional: la construcción de una cultura de paz. Son tres los autores que nos hablan de violencia directa: el psicólogo José Toro-Alfonso detalla las especificidades de la violencia de género; Gloria Tapia define el concepto de feminicidio y enumera los alarmantes casos de este crimen en Bolivia; Carlos Mamani Jiménez alerta sobre la cruda realidad de violencia directa contra niños, niñas y adolescentes en el país, y Roberto Navia plantea una interrogante acerca de la creciente inseguridad en las urbes, en especial en Santa Cruz de la Sierra. Los complejos temas de violencia cultural son abordados por Lucia Aramayo Canedo, quien menciona las formas de resistencia cultural y cotidiana establecidas en el mismo centro de la ciudad de La Paz; Cleverth Cárdenas Plaza habla de colonialidad, colonialismo y racismo, categorías de discriminación que perviven desde la época colonial, ya superada pero presente en estos resabios negativos; Xavier Giró se propone discutir cómo operan los medios de comunicación respecto a la cobertura de la violencia y de los conflictos que la generan, y Fernando Prado Salmón nos recuerda lúcidamente que la relación

El presente número de Lazos entra a formar parte, así, del trabajo emprendido por la Fundación en el marco de su línea institucional: la construcción de una cultura de paz.

del departamento de Santa Cruz con el occidente del país se torna conflictiva cuando se utilizan los sentimientos regionales y la identidad como instrumentos político-ideológicos. En cuanto a la violencia estructural, Javier Campos menciona las políticas de ajuste macro económico como formas de violencia estructural, refiriéndose en concreto a la fallida implementación del D.S. 478 de liberación de los precios de los combustibles; María Julia Moreyra subraya el papel de las organizaciones de mujeres para enfrentar la violencia en su artículo “Las respuestas y propuestas femeninas a las violencias directa, estructural y cultural”, y finalmente Silvia Escóbar habla del desempleo y la precariedad del trabajo en el país durante los últimos años basándose en datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agropecuario (CEDLA). Como siempre al finalizar los artículos ofrecemos una selección de bibliografía y sitios web relacionados con la temática, para ampliar la mirada orientándola hacia otras latitudes y ámbitos; asimismo, en esta novena edición de Lazos incluimos la entrega de la serie de afiches “Paso a paso construimos Paz” y un DVD con las cuñas de la campaña de Cultura de Paz y reportajes elaborados bajo el mismo enfoque por nuestro programa radiofónico “Hilo y aguja”, emitido por 66 radioemisoras de todo el país. Con este número esperamos contribuir a comprender los alcances y dimensiones de las violencias, no para resignarse ante ellas, sino para contraponerlas con la cultura de paz, como una forma de hacer que se deriva de una forma de ser, que integra un talante y una actitud equilibrada, de encuentro con pares y con la naturaleza, con la opción moral por la paz como categoría ética que permita la construcción individual y colectiva, y que reposa en sentimientos fuertes y se enmarca en el compromiso. Así, la paz se hade tornar en combate – pacífico–, en actitud de rebeldía y denuncia frente a la injusticia y frente a los injustos.

Bolivia, agosto de 2011

¿Qué camino eliges?

Paz directa

Comprende la transformaci贸n constructiva del conflicto, el di谩logo, la convivencia con respeto por el otro.

Reflexiones sobre violencia directa Violencia directa

Puede ser f铆sica o psicol贸gica; impide el desarrollo pleno del ser humano.

Violencia y Género: de la mano y separados El poder se manifiesta en las relaciones entre géneros y al interior de ellos. Hombres y mujeres son agresivos con otros que perciben como menos poderosos: los débiles, o que tienen impedimentos físicos, homosexuales, de clase social inferior y los de etnias que consideran inferiores, afirma el autor. Dr. José

a violencia pareciera ser acompañante histórico de la humanidad y contexto para los eventos de agresión que ocurren al interior de las relaciones interpersonales. La violencia de los hombres contra las mujeres es una constante en la vida de las mujeres, desde la infancia hasta la vejez (Koss et al., 2003). Hay quienes plantean que la violencia íntima es la menos doméstica de todas las violencias. Desde la década de los 60 en Estados Unidos, las mujeres de movimientos feministas comenzaron a hacer público el impacto de la violencia de parejas en las relaciones heterosexuales. Lo que por décadas se limitaba a eventos en el interior y en la privacidad, se denuncia como eventos resultados del patriarcado y del privilegio social a la masculinidad. A partir de estos eventos y con grandes esfuerzos se han desarrollado políticas sociales y legislación para proteger a los sectores vulnerables ante la violencia llamada “de género”. Muchos países, incluyendo a latinoamericanos, han legislado para tipificar como delito la agresión, principalmente, de hombres contra mujeres en sus relaciones de intimidad (Sanmartín, 2005). A nivel social, la violencia del hombre contra la mujer es una manifestación de género y un mecanismo de subordinación y control de las mujeres que sirve para reproducir y mantener el estado de dominación masculina y la subordinación femenina. Sin embargo, esta situación no da cuenta de los eventos de agresión por parte de mujeres hacia los hombres y la violencia de pareja que ocurre con la misma prevalencia en las parejas de hombres homosexuales y mujeres lesbianas. Tampoco da espacio para explicarnos otros tipos de violencia doméstica que ocurren en el interior de la familia, como la violencia contra los menores y contra los envejecidos (Alméras et al., 2002). La literatura actual nos convida a examinar todos los factores que están involucrados en la diversidad de manifestaciones de la violencia íntima. Investigaciones más recientes han demostrado que la violencia no corresponde

Toro-Alfonso

única y exclusivamente a la diferencia de género. Los hombres no abusan de Psicólogo y las mujeres únicamente porque son Catedrático de la mujeres sino porque vivimos en una de Universidad sociedad que tolera la violencia y perde Puerto Rico, mite la agresión hacia los más débiles. Presidente de La persona agresora es abusiva la Sociedad porque puede. Porque se inserta en Interamericana un contexto social que acepta como de Psicología. excusa el poder de unos sobre otros y la violencia como alternativa para la solución de conflictos interpersonales. La mayoría de las personas agresoras poseen pocas o ningunas destrezas para la solución de conflictos. Ante la imposibilidad de hallar otras alternativas, recurren a la violencia para imponer su criterio (Toro-Alfonso y Rodríguez, 2005). Cuando examinamos estudios recientes sobre la violencia íntima, encontramos que la mayoría de las personas agresivas han vivido en un ambiente familiar violento, han presenciado la violencia en su familia de origen y han aprendido que la violencia es una alternativa viable y aceptable para solucionar los conflictos. La investigación nos señala claramente que en algunas familias existe una transmisión intergeneracional de la conducta violenta. Examinado el historial familiar de las personas abusadoras, nos encontramos con que a través de muchas de las generaciones familiares la violencia ha estado presente y se trasmite de generación en generación cual infección indetenible. Se destaca en las relaciones de violencia que el poder representa la variable principal en el desarrollo e instauración de la violencia como mecanismo principal de tensión y angustia en las relaciones interpersonales. El poder, como dispositivo de control, se manifiesta en las relaciones entre los géneros y en las relaciones intragénero. La sociedad ha establecido que lo masculino es lo privilegiado y el poder se instaura en el género como una de las

formas de manifestación que resultan en violencia. Sin embargo, más allá del género, el poder se ubica en una diversidad de formas que incluyen la raza, la etnicidad, la clase social, la educación formal y la edad, entre otras. Los hombres son agresivos con otros hombres que perciben como menos poderosos, de menos valor y dignos de rechazo y marginación: los hombres débiles, los que tienen impedimentos físicos, los homosexuales, los de clase social inferior y los de etnias que consideran inferiores. Esta dinámica también puede observarse entre las mujeres. Es el poder lo que permite la violencia entre parejas. Desde luego que el género es una manifestación del poder –masculino–, pero también el poder se manifiesta en las relaciones de múltiples formas que generalmente no consideramos en el análisis de la violencia íntima e interpersonal. La violencia entre parejas es el resultado del aprendizaje, de un contexto social que propicia la conducta agresiva, y de la falta de destrezas. Estas variables están seriamente mediadas por la manifestación del poder de unos sobre otros. No podemos dejar de reconocer que la violencia entre parejas es una manifestación más de la violencia estructural e ideológica que caracteriza nuestra sociedad. Para todos, y

Encontramos que la mayoría de las personas agresivas han vivido en un ambiente familiar violento y han aprendido que la violencia es una alternativa viable y aceptable para solucionar los conflictos. 9

en muchas ocasiones para las mujeres, esta constante amenaza de violencia afecta su libertad de movimiento, su derecho a trabajar en condiciones seguras y su derecho al más alto nivel de salud física y mental (Auyón, 2009). La violencia en las parejas se ha visto como un asunto familiar y privado, pero la realidad es que esta situación es un problema de salud pública. Entre los efectos a corto y largo plazo, destacan las lesiones físicas, las enfermedades, problemas psicológicos y en muchos casos, la muerte. Par enfrentar la epidemia de la violencia y las agresiones al interior de la pareja, debemos ampliar la educación en la perspectiva de género, resaltar y denunciar el privilegio social de la masculinidad, pero también debemos reconocer el impacto de las manifestaciones del poder en la violencia (Lemus, 2007). Confrontar la violencia social es trabajar en favor de la eliminación de la violencia de pareja. El parámetro debe ser la cero tolerancia al abuso de poder y a la imposición de la fuerza para la solución de conflictos fuera y dentro del hogar. De esta forma atenderemos toda la diversidad de manifestaciones del poder en las relaciones. Nos corresponde a todos y todas eliminar la violencia como alternativa a la solución de los conflictos que surgen en relaciones que una vez estuvieron sostenidas por el amor.

Bibliografía Alméras, D., R. Bravo, V. Milosavljevic, S. Montaño y M.N. Rico (2002). Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud y evolución. Santiago de Chile: Unidad Mujer y Desarrollo. Auyon, M.A. (2009). “Violencia de género y VIH/SIDA” en J. Toro-Alfonso (Ed.), Perspectivas sobre género y sexualidad en Guatemala (pp.67-82). Guatemala: GTZ y Universidad del Valle de Guatemala. Koss, M. P., J. A. Bailey, N. P. Yuan, V. M. Herrera y E. L. Lichter (2003). “Depression and PTSD in survivors of male violence: Research and training initiatives to facilitate recovery”. Psychology of Women Quarterly, 27, 130–142. Lemus, K.R. (2007). “De la violencia social a la violencia sexual: ¿existe una relación?” en En J. Toro-Alfonso (Ed.), Reflexiones en torno a la sexualidad y el género (pp.89-106). Guatemala: F & G Editores. Sanmartín, J. (2005). III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja: Estadísticas y legislación. Madrid: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Toro-Alfonso, J. y S. Rodríguez (eds.) (2005). Al margen del género: La violencia doméstica en parejas del mismo sexo. San Juan, PR: Ediciones Huracán.

Violencia contra las mujeres y feminicidio, un reto del Estado Plurinacional de Bolivia Se habla de genocidio contra las mujeres cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten continuos atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Gloria Tapia

s difícil, en el contexto actual, que alguien pueda negar la existencia de la violencia contra las mujeres como una problemática grave que no discrimina entre señoras pobres o acomodadas, niñas, jóvenes o viejas, mujeres analfabetas o profesionales, mujeres rurales o urbanas, mujeres que profesan una fe o no tienen creencia. De ser un hecho oculto y mayormente silenciado hace unas décadas, hoy emerge al debate público como un fenómeno de dramáticas dimensiones que desafía a todos los sectores sociales, en especial a los gobiernos, en la búsqueda de respuestas urgentes, tanto en la aprobación de leyes que sancionen las distintas expresiones a través de las cuales la violencia se manifiesta como en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas relacionadas con la gravedad del problema. No obstante, a pesar de esta aparente apertura al tema, persiste lo que se ha llamado "la naturalización" de la violencia contra las mujeres, es decir, la normalidad con que muchas personas aún miran los hechos de violencia, como si en la vida de las mujeres estuviese escrito que pueden y “merecen” ser castigadas de acuerdo con una normativa propia a través de la cual se ejerce sobre las mujeres un control sobre su cuerpo, traducido en su sexualidad y reproducción, su maternidad, su acceso al trabajo y sus condiciones de vida en general. Es así que cualquier desobediencia a los mandatos históricos impuestos puede significar un castigo para la mujer “rebelde”, e incluso sin existir dicha “trasgresión” la sanción y la violencia surgen igual. Como dice Marcela Lagarde, la violencia contra las mujeres, por ende, es una expresión clara del control de los cuerpos femeninos. Según las ideas de Lagarde, el hombre que golpea a su pareja, que viola a su hija, que acosa a la compañera de trabajo, que persigue y mata a su ex esposa, está ejerciendo un poder patriarcal que le permite afianzar la autoridad masculina y sancionar el incumplimiento de

mandatos de género, justificados culturalmente. Social. Centro Desde esa óptica estereotipada de de Información y papeles masculinos y femeninos, que Desarrollo de la la mujer no planche una camisa o no Mujer (CIDEM) tenga la comida a tiempo son motivos suficientes para merecer un castigo. Por otro lado, el que una mujer quiera terminar la relación de pareja es una “ofensa” que puede castigarse con la muerte, como ocurre en el mundo y en nuestro país: un alto número de feminicidios sucede, justamente, cuando la mujer manifiesta su decisión de alejarse o cuando ya se ha ido de su casa. Un monitoreo realizado por el Observatorio “Manuela”, Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), sobre los feminicidios a partir del registro de los casos que aparecen en los medios de comunicación deja ver que 52 mujeres fueron asesinadas en el primer cuatrimestre de 2011. Del total de las historias contadas, 34 son reportadas como feminicidios y el 50% de estas muertes/asesinatos/feminicidios han sido provocadas por sus parejas. Los 18 casos restantes corresponden a fallecimientos de mujeres que fueron víctimas de inseguridad ciudadana y asesinatos sin determinarse, porque están en proceso de investigación para encontrar los móviles de los crímenes. Sin embargo, no son sólo las parejas, los esposos, los amigos o los extraños quienes ejercen violencia contra las mujeres. También la violencia surge de los Estados y sus instituciones, de las ideologías, de las tradiciones, de la cultura, de las leyes, del sistema educativo, del sistema médico, del lenguaje cotidiano, de los medios de comunicación, en fin, de un sistema social que domina, subordina y discrimina a las mujeres a través de distintos mecanismos. En Bolivia, por ejemplo, los fundamentalismos religiosos, ideológicos y políticos son acciones que van dirigidas a Comunicadora

resguardar dogmas y a fomentar modelos únicos de conducta, sin respetar los derechos humanos de las mujeres. Conforme pasan los años, cada vez son mayores las denuncias sobre abusos, maltratos y violencia. Datos de los registros diarios de casos que se denuncian en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) revelan que nueve de diez denuncias son realizadas por mujeres en situación de violencia (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades). Aunque las cifras conocidas hasta ahora no reflejan la realidad, pues muchas mujeres son amenazadas y, por temor de sufrir represalias, no se atreven a denunciar sus dramas.

Feminicidio, un crimen de Estado que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz Para Marcela Lagarde,1 el feminicidio es un crimen de Estado que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz. Ella habla de genocidio contra las mujeres cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten continuos atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres en manos de conocidos y de desconocidos, de violentos y violadores, de asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales. La violencia contra las mujeres por razones de género no es privativa de determinados países, pero puede tener matices diferentes dependiendo de cada cultura o las culturas en cada sociedad y del significado que tiene el ser mujer y todo lo femenino en las sociedades. Según la Convención de Belém do Pará, debe “entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género que cause daño físico, sexual o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Por la definición queda totalmente claro que toda forma de violencia contra las mujeres ha dejado de ser percibida como un problema de carácter privado,

Toda forma de violencia contra las mujeres, por su trascendencia o de incumbencia sólo familiar, sino que, por su trascendencia hacia la sociedad en tanto que infringe los derechos humanos de las mujeres, ahora es asumida como un problema social y, como tal, su abordaje es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Nuestro país ratificó la Convención de Belém do Pará el 5 de diciembre de 1994 por Ley Nº 1599 y, como parte de las obligaciones adquiridas, promulgó la Ley 1674 sobre Violencia en la Familia y Doméstica en 1995. La ley 1674 fue el primer instrumento jurídico elaborado con el objetivo de luchar frontalmente contra la violencia familiar o doméstica; en ella se plantea determinar los sujetos de protección y bienes protegidos como la integridad física, psicológica, moral y sexual, así como fijar los órganos encargados de su aplicación. Asimismo, la ley determina las medidas cautelares de prevención y de protección a favor de las víctimas, y define las sanciones y medidas. Sin embargo, se ha propuesto modificar la Ley 1674 de Violencia en la Familia y Doméstica, pues se considera que la actual norma no cumplió con los objetivos para los cuales fue creada, tomando en cuenta que la violencia crece cada año en Bolivia y esta Ley sólo establece sanciones leves contra los agresores, dando paso a la tolerancia y la conciliación. Ante esta situación, es de vital importancia que las mujeres demanden el cumplimiento de la Convención. Además, deben exigir la aplicación del artículo 15 inciso II de la

hacia la sociedad en tanto que infringe los derechos humanos de las mujeres, ahora es asumida como un problema social. nueva Constitución Política del Estado que señala: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.” Es obligación del Estado desarrollar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, esa responsabilidad estatal se consigna en modificaciones a leyes como el Código Penal. De ahí, la necesidad de incorporar el feminicidio como un delito en el Código Penal, elevar las sanciones por lesiones leves, graves y gravísimas, y derogar el homicidio por emoción violenta. Finalmente, es importante destacar que la violencia contra las mujeres es un problema de grandes dimensiones y, particularmente, que el feminicidio no trata de casos aislados. Es imprescindible dejar de postergar y enfrentar con firmeza y responsabilidad este fenómeno, que en el año 2010 ha registrado 145 casos, 89 de los cuales fueron feminicidios, según el monitoreo de prensa realizado por el Observatorio “Manuela” del CIDEM.

Feminicidios / asesinatos de mujer según departamento Estado Plurinacional de Bolivia Enero - abril 2011 Departamento

Femicidio sexual

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Femicidio infantil

Femicidio íntimo o conyugal

Femicidio familiar

Femicidio por acupación estigmatizada

Total Femicidio

Total asesinatos por inseguridad ciuadadana y otros

1 2 4

Oruro

Total %

1,92

15,38

46,15

3,85

1,92

28,85

Tarija

Potosí Santa Cruz

Totales

1,92

1 2

1 18

100,0

19,24

7,69

32,69

3,85

1,92

65,39

34,61

100,00

Fuente: Cuadro publicado en el Boletín La Escoba Nº 12. Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), 28 de mayo 2011.

Violencia directa contra niños, niñas y adolescentes, espirales que se repiten Las consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes varían en función de su naturaleza y severidad, pero sus repercusiones a corto y largo plazo pueden ser devastadoras, indica el autor. Carlos Mamani

asos como el de un niño de dos años que por pedir comida fue golpeado por su padre hasta perforarle los intestinos, provocando su muerte; o el drama de dos niñas de tres y cinco años, cuyo padre las golpeó con un combo en la cabeza hasta dejarlas en estado de coma, son situaciones de violencia que sufren muchos niños, niñas y adolescentes bolivianos. “La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño o niña, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad”, según el Informe sobre “Acabar con la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes” de la Organización de las Naciones Unidas, producido por Paulo Pinheiro (2006). En el país, mas de dos millones de niños, niñas y adolescentes han sido maltratados física y psicológicamente, alguna vez, ya sea en el entorno familiar, la calle, la escuela, instituciones de protección o de internamiento por conflictos con la ley penal; lo que significa que la mitad del total de la población infantil que tiene Bolivia (4,6 millones) son víctimas de violencia, según el estudio Violencia contra la Niñez en Bolivia, realizado por el Fondo de las Naciones para la Infancia (Unicef ) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2006. La investigación señala que la violencia, física, psicológica y de otra naturaleza, contra la niñez y adolescencia se producen con mayor frecuencia (83%) en los hogares y los principales agresores son, en primer lugar, la madre, seguida del padre, los abuelos, padrastros, hermanos y otros. Las razones argumentadas son diversas; por ejemplo, las madres justifican el castigo a sus hijos e hijas, sobre todo, en caso de desobediencia (32,9%), entendida como el hecho de no hacer lo que a uno le ordenan, e incumplimiento de las obligaciones familiares (26,6%).

Jiménez

Muchos progenitores justifican el castigo a sus hijos e hijas indicando Es comunicador que ellos mismos, cuando eran niños social aymara. o niñas, también recibieron castigos Trabaja en de sus padres. Lo cierto es que esa concomunicación ducta no les parece cuestionable, pues con enfoque de la consideran normal, dentro de sus derechos con costumbres culturales. niñas, niños, Existen situaciones en la vida de adolescentes y las mujeres madres que las hacen más jóvenes en El proclives a reproducir violencia contra Alto. Es Director sus hijos e hijas; por ejemplo: cuando Ejecutivo de ECO sufren agresión física y psicológica de JOVENES Bolivia. parte del esposo o pareja, tienen un bajo nivel de instrucción, son demasiado jóvenes, son trabajadoras manuales, tienen numerosos hijos/as.

Violencia en las aulas La investigación de Pinheiro, que toma muy en cuenta los testimonios de niños y niñas escolares, evidencia que “el castigo corporal, la sanción psicológica y el acoso sexual en las escuelas y colegios son instrumentos cotidianos que se manifiestan en prácticas culturales de abuso hacia los niños, niñas y adolescentes al interior de las instituciones educativas". Lamentablemente, la escuela es el segundo lugar, en Bolivia, donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia. El 58% de los escolares han sido agredidos por sus profesores, según el INE y Unicef. Tanto profesores como profesoras son los que más maltratan a los alumnos/as. El 58% de los niños, niñas y adolescentes declara haber sido agredidos por ellos/as. El maltrato físico de parte de los maestros/as hacia las niñas es más alto (59%) que contra los varones (56%). El estudio

muestra también que los niños castigados por el regente del colegio constituyen el 13%, y los que afirman haber sufrido agresiones físicas de manos de sus propios compañeros y compañeras suman el 11%. Las formas más frecuentes de violencia son los golpes con palo y con la mano, sopapos, bofetadas o palmadas, jalón de orejas, chicotazos y puñetazos. En menor proporción está el obligar a ponerse de rodillas. Las niñas y mujeres adolescentes son castigadas mayormente con golpes de mano de parte de sus profesores/as, mientras que los varones reciben golpes con palo. Esos datos son corroborados por la investigación: Maltrato en las escuelas: Análisis de Reglamentos de Faltas y Sanciones en Unidades Educativas, de la Defensoría del Pueblo (2010), que señala que las formas de castigo más usuales en las unidades educativas por parte de las y los profesores y el personal administrativo es el castigo corporal, como los palazos en los glúteos a los varones, reglazos en la palma de las manos de las mujeres, jalón de orejas y cabellos, coscorrones, golpes de cabeza contra el pupitre, entre otros. Además, a esa violencia se suman las sanciones, plasmadas en los Reglamentos de Faltas y Sanciones en Unidades Educativas, que no son concordantes con las leyes nacionales e internacionales que protegen a la niñez y adolescencia de Bolivia porque vulneran con mayor fuerza el derecho a ser respetados en su dignidad e integridad personal al legitimar los castigos físicos y psicológicos. Son altamente sancionadores y punitivos porque no dan lugar a que el estudiante tenga la oportunidad de ser escuchado y los profesores se convierten en juez y parte al decidir unilateralmente, sin tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes, lo que desemboca en actitudes de parcialidad y encubrimiento de los hechos de violencia que se comenten contra los escolares. Esas normas disciplinarias destruyen la convivencia democrática y fraterna de

Globalmente, menos de 20 de los 190 Estados del planeta han la escuela y no incentivan a desarrollar y vivir valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto y la hospitalidad, entre otros.

La reacciones frente a la violencia Cuando los niños, niñas y adolescentes son golpeados por sus maestros/as ya no quieren regresar a la escuela por miedo a que les vuelvan a pegar, pierden confianza en el profesor/a, faltan a clases e inclusive abandonan el colegio, según la investigación de la Defensoría del Pueblo. Los efectos inmediatos de la violencia se perciben en el aula, cuando disminuye la atención, tienen miedo, pierden el interés por estudiar, pierden la confianza en sí mismos y se sienten inseguros de poder aprender sus lecciones. Otros señalan que, cuando les gritan e insultan sus profesores/as, quieren huir de la clase. Los estudiantes entrevistados manifiestan que los profesores/as tienen una relación distante que restringe el diálogo. Consideran que no hay interés por su crecimiento personal y afectivo, puesto que sancionan con castigo cualquier incumplimiento de deberes escolares o actitudes de indisciplina.

Legalidad del castigo corporal El castigo corporal contra niños, niñas y adolescentes es legal en el ámbito familiar en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Islas Malvinas, Guayana Francesa y Puerto Rico, de acuerdo con el Informe para la Consulta Regional de América Latina: Acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas, elaborado por la ONG Save the Children Suecia y la Iniciativa Global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas, realizado el 2005. En tanto que el castigo corporal en el ámbito educativo es permitido en países del continente como Ecuador, Honduras, República Dominicana, Islas Malvinas y Puerto Rico. En el caso de Bolivia las leyes no prohíben explícitamente el castigo corporal en la escuela. El Código Niño, Niña y Adolescente (Art. 109) establece que “el niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando… la disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad”. Globalmente, menos de 20 de los 190 Estados del planeta han prohibido, hasta el momento, todo castigo corporal contra los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el aplicado en la familia. En unos 85 Estados a nivel mundial, el castigo corporal está autorizado todavía en las escuelas y otras instituciones; en 15 Estados de América Latina y el Caribe no está

prohibido, hasta el momento, todo castigo corporal contra los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el aplicado en la familia. prohibido explícitamente en las escuelas. Además, en casi 100 Estados, azotar con látigos o varas sigue siendo permitido como sentencia de los tribunales o como castigo en las instituciones penales para niños, niñas o adolescentes infractores de la Ley. Los avances más acelerados para erradicar la violencia física se han pracicado en Europa. El país abanderado en esta lucha es Suecia, donde esta práctica se prohibió de manera explícita en 1979. A éste le siguieron Finlandia, en 1983, y Noruega, en 1987. Los más recientes han sido Grecia, en 2006, y Holanda, en 2007. Todavía no se prohíbe de manera total en 17 estados miembro del Consejo de Europa. Como se ve, en cuanto al castigo corporal, pocos países tienen leyes sobre esta cuestión. Algunos Estados han tratado de distinguir entre la corrección de los niños y la violencia excesiva. La línea divisoria entre las dos es artificial. Es muy fácil pasar de la una a la otra. Es también una cuestión de principio: si no está permitido golpear a una persona adulta, ¿por qué está permitido golpear a un niño o niña?

Los daños que provoca la violencia Las consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes varían en función de su naturaleza y severidad, pero sus repercusiones a corto y largo plazo pueden ser devastadoras, según el Informe mundial La violencia contra los niños y niñas de Paulo Pinheiro, (2006). La exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, puede provocar mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas durante toda la vida, a la obesidad y a adoptar comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de sustancias adictivas, tener relaciones sexuales precoces y el consumo de tabaco, señala el investigador. A medida que el niño o niña crece, el padre o madre debe castigarlo más severamente y con mayor frecuencia para corregirlo o evitar un “mal comportamiento”, lo que crea un círculo vicioso de fuerza que puede convertirse en rutina. El castigo severo no sólo daña físicamente al niño o niña, sino que lo pone en estado de confusión emocional fuerte, le enseña a tener miedo y a ser sumiso, a tal punto de disminuir su capacidad para crecer como persona autónoma y responsable.

En tanto que el castigo psicológico severo destruye los sentimientos del niño o niña y le resta posibilidades de ser una persona con valor al bajarle la autoestima, lo que limita su deseo de intentar comportarse bien, según el estudio de Pinheiro. En resumidas cuentas, lo único que consiguen los castigos físicos y psicológicos es que el niño o niña internalice que la violencia es un recurso aceptado y tolerado para solucionar los problemas, y esa será la base de su compor-

tamiento en la vida adulta; de esta forma se reproduce el círculo vicioso de la violencia de una generación a otra. Es fundamental y urgente sumar acciones para prevenir y transformar esta cultura de la violencia en una Cultura de Paz y del Buen Trato a fin de que se erradiquen estas formas degradantes de tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes porque los golpes, insultos y gritos no enseñan ni educan; representan una amenaza para la integridad y el desarrollo pleno de ellos y ellas.

¿No usar el chicote es no amar al hijo o hija?

¿Qué dicen las leyes bolivianas sobre la violencia contra la niñez?

En todas las regiones del mundo hay grupos de cristianos que definen el castigo corporal hacia los niños y niñas como su deber parental. Frecuentemente se citan textos del libro de Proverbios para respaldar esta forma de castigo, denominado a menudo “disciplina bíblica”. Quienes aplican la versión corta del libro de Proverbios 9:10, “No usar el chicote es no amar al hijo”, están sugiriendo que niños y niñas pequeñas y frágiles merecen tal castigo, y que imponer a propósito miedo y dolor es parte necesaria de la experiencia de la niñez. Esa actitud es totalmente contraria a la de Jesús, quien siempre trató con los más indefensos y vulnerables, con amor. Todos los encuentros registrados entre los niños y Jesús fueron amables, tiernos y respetuosos. En una ocasión, según el Nuevo Testamento, Jesús puso a un niño en medio de sus discípulos y dijo,“El Reino de Dios pertenece a los que son como estos” (Marcos 10:14). En Inglaterra, donde algunos grupos de cristianos defienden el castigo físico contra los niños, hay una fuerte campaña apoyada por más de 400 organizaciones para dar a los niños igual protección ante la ley. Entre ellas figuran las Iglesias Metodista y Unida Reformada, los católicos romanos, los cuáqueros y muchos obispos anglicanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo 19 la obligación de los Estados partes de adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación […]”. La Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica define que la violencia doméstica ocurre “cuando los progenitores, tutores o encargados de la custodia pongan en peligro la integridad física o psicológica de los ‘menores’, por abuso de medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo excesivo e inadecuado para la edad o condición física del ‘menor’”. El Código Niño, Niña y Adolescente (Art.7 Prioridad Social) establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos. Asimismo, dicho instrumento en su artículo 108 define el maltrato como “todo acto de violencia ejercida por padres, responsables, terceros y/o instituciones mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual o ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por el Código y otras leyes; violencia que les ocasionare daños o perjuicios en su salud física mental o emocional”.

Fuente: Churches Network for Non-Violence (CNNV)

La inseguridad con ojos de ciudad La agudización del desempleo, el crecimiento desordenado de la ciudad, la migración masiva y la desigual distribución de ingresos son mencionados para acercarnos al creciente fenómeno de la inseguridad en la capital cruceña. Roberto

as estadísticas se mueven como una gelatina encima de una fuente de agua. En este mismo momento, la televisión dispara un dato que asusta: han acribillado a un abogado con cinco tiros de bala. El hecho ha ocurrido en las mismas puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz. A este ritmo, se hace difícil el trabajo para tener las estadísticas a la mano, la prensa voraz que intenta informar al fragor de una de las coyunturas más violentas del nuevo siglo. Los números son el hueso entre la carne. Es decir, sólo una parte de esta realidad que no da tregua. Por cada cifra hay seis, siete personas que lloran y cientos, o acaso miles de personas, a las que la inseguridad las hace caminar con miedo y meterse en sus casas ni bien sale la luna. La Policía desempolvó algunos datos. Puso en evidencia que entre enero y noviembre del 2010, en Santa Cruz los uniformados atendieron 12.853 delitos. Esto, a la tierra oriental la ubica en segundo lugar del ranking nada envidiable de violencia nacional, por debajo de La Paz, donde en ese mismo periodo se denunciaron 15.914 casos. La violencia no sólo se pone en evidencia en la sangre que queda marcada en los lugares donde se consumen los hechos, que todos los días son reflejados en la crónica roja, sino también en los noticieros más respetados del país. “Santa Cruz es una ciudad que llama a la violencia”, coinciden vecinos del Plan 3.000, una de las zonas más populosas de la ciudad. Javier Condori es uno de ellos. Está parado en la vereda de su casa y desde ahí mira el marco de su puerta y dice “En esta ciudad hay barrios sin nombres y viviendas sin número”. La de él tampoco tiene un número que la identifique. A través de su voz de hombre asustado revela que los delincuentes aprovechan el anonimato de las casas y de los barrios para ocultarse, para camuflar actividades ilícitas y para refugiarse cuando las papas queman, cuando la Policía los busca por todos los rincones de la ciudad y sus provincias. A las calles sin nombres y a las casas sin número se suma la plaga del desempleo que ataca más a la población

Navia Gabriel

joven. Santa Cruz es la segunda ciudad en desempleo más bajo del eje cenPeriodista de tral, y presenta el porcentaje menor de reportajes personas con un ingreso inferior a una especiales de El canasta normativa alimentaria de las Deber; obtuvo cuatro ciudades principales del país, el premio de pero también es la que tiene más desperiodismo igualdad en los ingresos laborales. Ortega y Gasset Estos datos, reflejados en el último 2007, otorgado informe del Cedla, destacan otro detapor el diario lle: el desempleo afecta más a la poblaespañol El País. ción joven, lo cual, a decir de dicha institución, tiene una estrecha relación con problemas de marginalidad en las ciudades. Ante la falta de un empleo, las pandillas pueden ser una opción para esa juventud que no consigue incorporarse al mercado laboral. Por ello, el diputado de Convergencia Nacional Tomás Monasterio presentó, por segunda vez, a la Asamblea Legislativa Plurinacional su proyecto de Ley para la rehabilitación y reinserción social de personas integrantes de pandillas. En ella plantea la creación del Programa de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, y propone involucrar a padres o tutores de los presuntos pandilleros e, incluso, al sistema educativo para la sensibilización y prevención sobre el tema. Monasterio asegura que la Asamblea rechazó el proyecto el año pasado, pero dijo que insistirá en su propósito. Al problema de desempleo se suma otro elemento que sirve de carnada para la delincuencia: Santa Cruz es una urbe dispersa que deja sombras en los terrenos vacíos donde no existen construcciones civiles, y un crecimiento caótico de barrios y urbanizaciones que se amurallan para darle la espalda a una ciudad que sabe que la delincuencia hace de las suyas en cualquier rincón de la sociedad. Un canal de televisión incluso llegó a titular en su pantalla: “Arriba las manos, esto es Santa Cruz”. En el libro rojo de la Policía de la ciudad de Santa Cruz está registrados que durante el 2010 hubo 6.460 delitos. Pero, ojo, se trata solamente de hechos criminales que llegaron a

ser denunciados; no aquellos que nunca llegaron a ser conocidos y quedaron en el anonimato de las víctimas. En todo caso, dentro de ese grupo de hechos delictivos anotados, son los robos y los hurtos los más consumados, seguidos por daños físicos contra las personas y perjuicios económicos y financieros. Una ciudad que sobrevive en un mundo caótico y cargado de balas y armas blancas paga gruesas facturas porque la violencia es implacable. La ciudad está creciendo de una manera desordenada, se esparce como aceite derramado sobre una mesa plana, dispersa y con muy baja densidad, dejando espacios vacíos y lotes que “engordan” en meses. Todo esto, a decir de analistas y vecinos, genera las condiciones para que los delincuentes tomen las calles, de día o de noche, se oculten en la sombra de las esquinas o en el rellano de las puertas, para esperar a que sus víctimas bajen de los taxis, de los micros y caminen varias cuadras rumbo a sus casas, donde los aguardan sus seres queridos. “Una ciudad con calles sin nombre se presta para que las bandas delincuenciales se alojen en casas alejadas, dificultando así las investigaciones de la Policía”, dijo a El Deber el urbanista Alfredo Prado, quien además lamentó que las ansias por la especulación inmobiliaria hayan generado este tipo de ciudad en la que viven los cruceños y quienes llegan de otros lugares del país con la maleta al hombro y la esperanza de encontrar días mejores. El urbanista recuerda que el año 2005 la mancha urbana de Santa Cruz era de 24.000 hectáreas y que en este momento supera las 30.000, suficiente como para albergar a cinco millones de habitantes, muy por encima de los más de 1,5 millones de personas que moran en ella actualmente. Muchos de los inmigrantes que llegan en busca de un mejor futuro se encuentran con que la situación es difícil y tienen, en algunos casos, facilidades para optar por la delincuencia como un camino fácil para empezar a recorrerlo. Las heridas de la emigración desangran también a los lugares de donde la

Alfredo Colque desconoce las estadísticas policiales, pero se gente se va. Tipuani, por ejemplo (en La Paz), cumple con el principal requisito para ser un pueblo fantasma. Por cada 1.000 habitantes, 40 hacen valijas cada año para alejarse de la miseria en busca de un mejor horizonte que sueñan con encontrar al otro lado de las montañas. Muchos de ellos vienen a Santa Cruz, en busca de un futuro que no encontraron en el lugar donde nacieron. Pero los datos del INE ponen en evidencia que Santa Cruz no es el único departamento donde los emigrantes quieren darle un vuelco a su suerte. Pando es otro de los lugares más apetecibles por quienes ya no se sienten a gusto en el lugar donde nacieron. Prueba de ello es que 14 de sus 15 municipios son receptores de inmigrantes. De acuerdo con el censo de 2001, más de 1,2 millones de personas en todo el país se encontraban viviendo en un departamento diferente al de su nacimiento, de los cuales, el 40% radicaba en Santa Cruz, vale decir, casi 500.000 habitantes; de ésos, 120.000 habían llegado a la capital oriental. Los datos del INE reflejan que hasta el 2001 el 25% de la población que vive en Santa Cruz es migrante, una cifra superior al censo de 1992 donde el 21,81% de la gente había llegado de otros lugares de Bolivia. Remontándonos a 1976, es posible incluso darse cuenta de que en aquella época Santa Cruz sólo tenía el 14% de gente venida de otras regiones. Pero estigmatizar a los emigrantes podría tener un efecto perverso en la sociedad. Por eso quienes han llegado de otros destinos, como es el caso de Alfredo Colque, un hombre de 47 años que vivía en Potosí y ahora mora en la Villa Primero de Mayo con su esposa Cecilia y sus seis hijos, cree que en Santa Cruz la delincuencia ha prosperado porque los gobiernos nacional, departamental y municipal no tienen presencia real ante el ciudadano, y porque las normas para garantizar la buena conducta no se aplican y quedan sólo en teoría. Alfredo Colque desconoce las estadísticas policiales, pero se cree capaz de advertir que sólo un 30% de los delitos consumados quedan registrados en esa dicha institución, puesto que muchos hechos de violencia no son reportados porque la gente ha perdido la confianza en las autoridades o tiene temor de hacerlo. “Solamente en mi cuadra yo he visto 14 robos y tres apuñalamiento en el mes pasado, y le aseguro que la Policía no vino a investigar ni un solo hecho. Ellos solamente llegan cuando se registra una muerte”, lamenta este hombre moreno que de lunes a sábado trabaja como albañil y los domingos vende películas “piratas”. “Vivimos en un mundo desigual”, dice con una voz que encierra una bronca contenida. Pero claro, advierte, en ningún momento utilizaría esta rabia para cometer algún delito. “Mis necesidades las cubro con el trabajo de sol a sol que realizo”, asegura.

cree capaz de advertir que sólo un 30% de los delitos consumados quedan registrados en esa dicha institución. Pero Colque también conoce a otra gente que ante la inequidad de la distribución de recursos, la falta de empleos y un crecimiento desigual de la sociedad, ha optado por hurtar lo ajeno, y que con un padre de familia en la cárcel se origina una desintegración familiar que ocasiona que muchos hijos, al no tener una figura paterna, vayan en busca de las pandillas para sentirse protegidos. Juan es un reo que paga su culpa en la cárcel de Palmasola. Su culpa consiste en haber matado a un hombre que no quiso darle la billetera. “Me condenaron por asesinato”, afirma con voz cavernosa. Después de aquel episodio de sangre, la esposa de Juan se fue a España y sus tres hijos quizá estén formando parte del regimiento de alguna pandilla. “No sé dónde están”, dice. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) confirma que Santa Cruz es una ciudad desigual en la distribución de ingresos. En su último estudio, llegó a la conclusión de que en la locomotora económica del país –al igual que en La Paz, El Alto y Cochabamba– el 20% más pobre de los trabajadores apenas recibía el 4% de la masa total de ingresos laborales, mientras que el 20% más rico pasó a concentrar el 48% (12 veces más, en comparación). Esas diferencias están visibles todos los días y todas las noches. A metros de donde una mujer vende refrescos de mocochinchi, transita un vehículo último modelo que ha le ha costado a su propietario 50 mil dólares, dinero que la vendedora ambulante quizá nunca podrá ganar en toda su vida. “Esa vagoneta es una casa rodante”, dice ella, al ver la silueta del motorizado. “Con ese dinero yo podría comprarme una casota”, remata, pero sin rabia; eso sí, con un suspiro de anhelo. Los datos analizados por la investigación evidencian que la desigualdad salarial es igual de pronunciada, “de manera que el 20% de los trabajadores asalariados peor remunerados solo retienen un ínfimo 2,5% de la masa salarial, 17 veces menos en comparación con la masa salarial que queda en manos del 20% mejor remunerado”. Esto deriva en cuadros de pobreza: En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 25 hogares de cada 100 eran pobres según la medición de necesidades básicas insatisfechas (NBI) realizada sobre la base del Censo del 2001, y según datos del estudio realizado por la Fundación PAP en el año 2006 la pobreza se incrementó, abarcando a 29 de cada 100.

Como es de suponer, la primera necesidad que tienen las familias pobres es llevarse el pan a la boca y, para ello, apelarán a buscar fuentes formales de empleos, pero si no las encuentran tratarán de conseguirlas por la vía informal. Entonces, unos se convertirán en vendedores de chucherías y se instalarán las aceras de las calles o en las veredas de los mercados y los peatones tendrán que caminar en zigzag para no pisarlos porque los espacios públicos cada vez resultan más estrechos. Alain Núñez, vocal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, dijo a El Deber que la respuesta a la violencia generada por diversos factores es aplicar una política sobre el crimen que actualmente no existe. Estima que la solución no pasa por ejecutar acciones coyunturales, sino por propuestas estructurales y porque la falta de acceso a los beneficios del modelo económico y político ponen su grano de arena para que se desarrollen los hechos delictivos. “Entre los primeros delitos que se persiguen están el narcotráfico y el que tiene que ver con la violación a la propiedad de bienes; ambos son de corte económico. Una de las soluciones sería dar condiciones de igualdad de oportunidades a la población”, recomienda. Esas condiciones de las que habla Núñez están siendo aguardadas por un ejército de desempleados que cada día sale de sus casas en busca de un espacio laboral que no encuentran. Estos niveles de inequidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se constatan en dos escenarios: en las calles y en el estudio denominado La pobreza en cifras en la ciudad de Santa Cruz, desarrollado por la fundación PAP el año 2006.

Empecemos por este segundo caso: El informe de la fundación PAP revela que los hogares en situación de pobreza de los distritos de la periferia oscilan entre el 24 y el 51%, mientras que los distritos de la parte central cobijan a más del 90% de hogares no pobres. Juan y Alberto viven en los extremos de ambas realidades. El primero tiene una casa alquilada en la populosa zona Pampa de la Isla y dice que las diferencias no sólo se las ve ya entre el centro de la ciudad y una periferia: “Aquí hay casuchas que se están cayendo de viejas, mendigos en las calles, pero también oficinas bancarias y restaurantes donde se venden hamburguesas que cuestan lo que un albañil gana en una jornada”. Alberto vive en la zona exclusiva de Equipetrol y, aunque no conoce a Juan, coincide en que la pobreza y la riqueza conviven a sólo metros, pero que el lujo y el hambre son como el agua y el aceite. En todo caso, a la hora de la verdad, dice José, la delincuencia no discrimina porque hoy un delincuente mata a un pobre para robarle sus zapatos y mañana a un rico para llevarse su camioneta doble cabina. La inseguridad ha tocado las fibras más íntimas del poder. El gobernador Rubén Costas quedó indignado al ver cómo unos delincuentes asaltaban a una ciudadana y por pretender ayudarle recibió un disparo y la bala le rozó la cabeza. La noticia fue sonada en los medios de comunicación. Pero el hecho pasó, como pasan tantos otros, y en el mismo momento en que escribo este artículo, el abogado que recibió cinco tiros en las puertas del Palacio se convierte en una estadística más de la delincuencia.

Datos violentos – En Santa Cruz, por los datos recogidos por SEPA, existen 170 pandillas distribuidas en los 12 distritos municipales. Se estableció también que son 6.663 adolescentes y jóvenes, con un promedio de entre 10 y 24 años, los que están involucrados en estas agrupaciones delictivas. – “Territorios”. Las avenidas Alemania, Beni, Busch, Radial 26 sector del zoológico, San Aurelio, Tres Pasos al Frente, Che Guevara, Mutualista y 2 de Agosto; además de barrios como La Cuchilla, Alto San Pedro, Villa Deportiva y La Colorada son considerados áreas de alto riesgo delincuencial. Asimismo, están en esa categoría los alrededores de las universidades UTEPSA, UDABOL Y UAGRM. – Conforme a la División de Sistemas y Estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Los sectores de Lotes y la Villa Primero de Mayo son las zonas de la ciudad más castigadas por la presencia de pandilleros.

– El proyecto de Ley para la rehabilitación y reinserción social de personas integrantes de pandillas tiene como finalidad prevenir las causas que inducen a la personas a pertenecer y conformar pandillas, así como rehabilitar e reinsertar en la vida social a quienes pertenecen a las mismas, a fin de que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas que actúen en su vida privada y pública con autoestima, responsabilidad social y respeto a las leyes del Estado. – En los distritos marginales, más del 95% de las familias tienen baja capacidad económica; mientras que, en los distritos del centro, los hogares con alta capacidad financiera oscilan entre el 20 y el 43%. – La Alcaldía tiene a nuestra disposición cinco camiones, doce camionetas chicas y cinco camionetas Kia para movilizar a los guardias municipales; aunque también debe compartir esos vehículos con otras actividades, como los controles de calidad en los mercados. (Fuente: El Deber)

¿Qué camino eliges?

Paz cultural

Es aquella actitud individual que involucra tolerancia, comprensión, respeto a la diferencia, solidaridad y la construcción de un proceso intercultural.

Reflexiones sobre violencia cultural Violencia cultural

Es ejercida a través de la imposición de una visión del mundo, de papeles sociales, de categorías cognitivas y de estructuras mentales. Es una violencia invisible que incita a la violencia directa o legitima la violencia estructural.

La Paz: cotidiano, resistencia, y violencia simbólica El ensayo evidencia las formas de resistencia cultural y cotidiana establecidas en el centro de la ciudad de La Paz. Se analizan las relaciones entre las formas de actuar en el espacio urbano y la concepción del espacio por parte del GAMLP. Lucia Aramayo

“No hay prácticas sin uso”

Canedo

(Certau, 1996: XLIV)

n la configuración de las ciudades de Bolivia, y en especial en la ciudad de La Paz, por ser la sede de gobierno, la construcción del espacio público ha estado sellada por prácticas coloniales monoculturales y por un tipo de violencia encubierta en las raíces del diseño urbano, que se sintetizan en estructuras de marginación y exclusión social. Históricamente estas estructuras, coloniales y de violencia simbólica, han sido resistidas por los habitantes de esta ciudad, en la que predomina el universo aymara, caracterizado por una organización compleja y sofisticada de la cotidiana ocupación del espacio. En la última década han tenido lugar cambios importantes en la concepción respecto al papel del centro urbano de La Paz, siendo el Casco Urbano Central (CUC) el núcleo del Proyecto de Revitalización Urbana (PRU) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Los cambios arquitectónicos en de este espacio urbano han evidenciado prácticas de resistencia vigentes durante décadas frente a las lógicas coloniales de ocupación del espacio, lo que lleva a preguntarse en qué medida las políticas municipales son un vehículo de reproducción de patrones colonizadores, que se encubren por una violencia simbólica. Las prácticas de resistencia de los usuarios del casco urbano, y en especial en el área circundante a las avenidas Pérez Velasco y Mariscal Santa Cruz, están marcadas por una memoria histórica en la que se imprimen lógicas culturales plurales de uso del espacio, distintas de las que se reproducen en los patrones hegemónicos occidentales. Para realizar una aproximación a las relaciones entre las formas de actuar sobre el espacio urbano por parte de los usuarios y la concepción del espacio por parte del Estado, en este caso reflejado en el GAMLP, se analizarán algunas prácticas de lo sus usuarios estantes y circundantes de esta parte del CUC. Se presentará una perspectiva partiendo de las formas posibles de resistencias, por parte de las culturas oprimidas, frente a una cultura hegemónica que reproduce una violencia simbólica solventándose en un conjunto de

Politóloga, investigadora en el área de Imaginarios urbanos y descolonización. Aspirante a

creencias, valores, discursos y prácticas que la legitiman y naturalizan. Para este análisis se indagará en la propuesta teórica de Michel de Certau.

Memoria y formas de resistencia

La colonización está marcada por el ejercicio de violencia directa y estrucen Estudios tural, a partir de la cual una cultura Latinoamericanos hegemónica impone una estructura de la Universidad social, negando y oprimiendo a otras de Texas en culturas, hasta normalizar la violenAustin. cia de manera que pasa a formar parte de creencias, valores y discursos de los oprimidos. Hay una memoria larga y una corta de colonización en Bolivia, la primera corresponde la colonización española y la más reciente a lógicas modernizadoras implantadas desde la fundación de la República. El gobierno de Evo Morales se ha propuesto luchar contra estas capas de colonización, que se pusieron en cuestión desde el fracaso del modelo neoliberal, que en Bolivia se empezó a aplicar en 1985. Este sistema priorizó la protección del individuo y no así a los colectivos sociales, étnicos y culturales; por tanto, sus manifestaciones, en muchos casos quedaron desprotegidas. El sentimiento que esto provocó en diversas colectividades fue el de estar “excluidos de la cultura compartida pese a poseer los derechos comunes propios de la ciudadanía […] excluidos no sólo a causa de su situación socioeconómica sino también como consecuencia de su identidad sociocultural: su diferencia” (Kymlica, 1996: 19). Este factor, sumado al creciente descrédito y pérdida de representación de los partidos políticos desde la década de los 90, fueron algunos de los detonantes de una crisis estatal que se desató el año 2000, que llevó al reconocimiento de las distintas civilizaciones –y, por tanto, diversos modos de producir, de estructuras sociales, de autoridad y de gobierno– sinla Maestría

En tanto no hay prácticas sin uso, son los practicantes del espacio tetizadas en una diversidad de concepciones del mundo. Desde las elecciones de 2005, en las que Evo Morales fue elegido Presidente de la República, el Gobierno enfrenta el desafío de construir “el Estado Plurinacional” y ha promovido el discurso sobre descolonización como parte integral de la política estatal. Es en este marco en el que el Gobierno Municipal elaboró el PRU, teniendo como epicentro el Casco Urbano. Si bien el GAMLP y el Gobierno Estatal no están a cargo del mismo partido político, puesto que el GAMLP está liderado por el Movimiento Sin Miedo (MSN), son partidos que estuvieron estrechamente ligados y se apoyaron en las campañas políticas hasta el año 2010. El planteamiento central del Proyecto de Revitalización Urbana parte de la concepción del centro urbano de La Paz como un espacio estratégico para la transformación de la dinámica urbana. La lucha contra la pobreza y la recuperación del liderazgo paceño son parte de esta concepción. Este proyecto se instaura en el marco del segundo Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en el cual uno de los siete lineamientos es “La Paz metropolitana y moderna”. Desde este enfoque se busca el desarrollo de una visión metropolitana para enfrentar, de manera concurrente, grandes problemas como el transporte interurbano, el tratamiento de residuos sólidos y la relación con los municipios vecinos, entre otros. El área del CUC tiene un déficit de espacio público y áreas verdes, desorden y proliferación del comercio informal, saturación del uso del espacio público, deterioro del patrimonio, excesiva concentración de oferta de servicios por vías informales, precariedad de la vivienda, saturación en el tráfico vehicular. En este espacio se concentra la mayor densidad de actividades político-administrativas. Esta área es donde se concentran una infinidad de comercios y comerciantes informales, servicios callejeros de cambio de divisas, arreglo de teléfonos móviles, lectura y venta callejera de libros, ungüentos para diferentes usos, oficinas estatales, bancos, escuelas y museos que generan la mayor parte del empleo formal e informal de la ciudad y, al mismo tiempo, es el espacio privilegiado de la ciudad donde se dan cita y se ejercen múltiples expresiones políticas colectivas de protesta o de júbilo, generando movimientos masivos de población de distintas edades, estratos socioeconómicos, orígenes y nacionalidades que transitan en una relación casi cuerpo a cuerpo con los vehículos. En este entorno, la Plaza de San Francisco sintetiza múltiples dimensiones del centro urbano tradicional de la ciudad: el comercio de puertas adentro y afuera, sin puertas y por horarios, además de ser el epicentro histórico de grandes concentraciones políticas. El GAMLP ha priorizado esta área, en la que se ha venido implementando el PRU desde el año 2007, siendo San Francisco el punto medular para la transformación de la dinámica urbana.

los que establecen límite al ejercicio de poder a partir de sus resistencias, lo que implicaría una dominación limitada. San Francisco no se construyó como Catedral paceña y como portal fundamental de la ciudad por casualidad, sino debido a ser “el zócalo natural que amalgama el espacio urbano y social” (Bedregal, 2009: 102). Está ubicada en la frontera entre los barrios indios de las laderas de la ciudad y los barrios de cultura occidental y europea de la urbe, y es un templo colonial representativo del barroco mestizo. La corona española, mediada por la iglesia católica, colonizó esta región, remplazando los lugares sagrados de los pueblos originarios –o Huacas– por iglesias. Este espacio urbano ha albergado importantes acontecimientos sociales históricos, como las marchas en contra de las dictaduras, el triunfo de la democracia en 1982 y el triunfo electoral de Evo Morales. San Francisco es desde antes de la Colonia el punto de confluencia, el espacio de convergencia social de la ciudad. El proceso de renovación del centro paceño implica una relación con el pasado, con la violencia cultural y con la administración de ambas; pero sus parámetros se definen desde la dinámica y el cálculo económicos, así como desde una noción de orden urbano. Como parte de un proyecto para la modernización del centro urbano, en los últimos cinco años, se han construido un gran edificio, para un mercado, y una pasarela peatonal, que se anteponen a la fachada tallada en piedra de la iglesia, y se ha reconstruido todo el atrio de la iglesia, ampliándolo y cambiando su estructura. Estas construcciones han incidido en el aspecto físico y en las dinámicas culturales de este importante espacio urbano.

La producción del espacio y la generación de resistencia La invención de lo cotidiano, publicada en 1979 por Certau, centra su atención en los usuarios del espacio urbano y plantea que las formas de dominio, impresas en la estructura de la planificación urbana, se modifican en función a las resistencias que se activan en el uso del espacio. Este autor introduce el tema de la resistencia, desarrollando las nociones de estrategias y tácticas. Plantea que las formas de dominio se modifican en función a las resistencias activadas mediante las tácticas. En tanto no hay prácticas sin uso, son los practicantes del espacio los que establecen límite al ejercicio de poder a partir de sus resistencias, lo que implicaría una dominación limitada.

Las estrategias son las acciones producidas por las instituciones para organizar el espacio y el tiempo cotidiano mediante leyes y normas, apoyadas en discursos y textos enmarcados en la historia. Se sedimentan en el tiempo acumulado, para producir el espacio, marcándolo por la violencia simbólica de una estructura hegemónica de poder (Certeau, 1996:42). Las tácticas son las prácticas de los consumidores, que deben actuar en los escenarios establecidos por las estrategias. Son prácticas fugaces que aprovechan el tiempo y las fallas del sistema para marcar con su cultura los productos del espacio. Por tanto, “La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña” (Certeau, 1996:43). La ciudad está concebida en tanto estrategia de los urbanistas, que la estructuran desde normas y mapas. Simultáneamente, existe una ciudad vivida, un espacio hecho por los sujetos. Así la estrategia se ve marcada por las tácticas, los mapas se van distorsionando con los trayectos plurales y heterogéneos de sujetos concretos. Los territorios, estratégicamente diseñados, son utilizados y modificados por prácticas que, si bien poseen un grado de indeterminación relativa, modifican las representaciones autorizadas a partir de prácticas relativas a la cultura, debido a que las fallas en los dispositivos del poder y la cultura, de los que producen el espacio, se modifican mediante estrategias. Es posible advertir estrategias, como las concibe Certau, en el planteamiento del GMLP, que organizan el espacio y el tiempo cotidiano mediante leyes y normas, apoyadas en discursos y textos que supuestamente van a resultar beneficiosos a la población en su conjunto. Esta organización es una imposición que, mediante normativas y edificaciones, pretende hacer de este espacio un lugar de tránsito, contraviniendo a los imaginarios de sus usuarios. El GAMLP pretende sacar de este espacio a usuarios para los que el mismo no ha sido con-

En los imaginarios de los usuarios, a diferencia de lo que interpreta el GAMLP, el sector de vendedores callejeros no tiene un conflicto constante con los diversos sectores que utilizan este espacio. cebido, lógica marcada por una violencia simbólica. Estos usuarios a su vez ocupan indiscriminadamente la vía pública para la venta de sus productos, que es la forma de apropiarse de este espacio; son los cuidados con los que los usuarios embrujan el lugar, como plantea Bachelard.

Descolonización y espacio urbano El GAMLP establece el uso apropiado de este espacio, en relación a su diseño, mediante normativas, las cuales son incumplidas por los comerciantes en vía pública. Estas normativas reflejan un espacio concebido en términos espaciales antes que sociales, como signo identitario, a la vez, de imagen vendible a un mercado turístico. Como sucede en los discursos de los gobiernos municipales en Lima o Quito, en La Paz hay un discurso que enfatiza en devolver al público los espacios cooptados por el comercio informal o las manifestaciones y protestas, que a su vez encierra el interés de incrementar la rentabilidad de las zonas céntricas con el turismo. Si bien en el tipo de políticas de revitalización urbana que se han realizado en la última década en América Latina, que es la misma lógica sobre la que se ha realizado el proyecto en La Paz, hay “una relación entre patrimonio y seguridad, patrimonio y biopolítica, las acciones culturales son concebidas como acciones públicas orientadas a racionalizar los usos culturales de la gente, a ordenarlos y potenciarlos. Buena parte de esos programas están dirigidos a desarrollar lo que se ha dado en llamar una cultura y unos comportamientos ciudadanos” (Kingman, 2004). El conflicto con esto es a quiénes se definen y priorizan como ciudadanos y desde que lógica. Tras este concepto se encuentra una lógica de modernidad en la que prima la idea de alta cultura a partir de un núcleo central organizado, espacio controlado, civilizado y civilizatorio. Así se desplaza a los que siempre fueron usuarios del espacio, bajo el planteamiento que éste es concebido para otros fines. Este discurso ha permeado en los imaginarios, por lo que ahora se valoriza la limpieza del espacio, en la cual se encierra una lógica de segregación social. Sobre el caso de los vendedores callejeros, el GALPM pretende defender el derecho del uso irrestricto de la vía pública por toda la comunidad, sin favorecer a un sector

particular; pero en los imaginarios de los usuarios, a diferencia de lo que interpreta el GALMP y por lo que pretende cambiar este mal uso, el sector de vendedores callejeros no tiene un conflicto constante con los diversos sectores que utilizan este espacio; por el contrario, son el móvil de su presencia en el espacio. Revisando datos estadísticos citados por Morató, es posible observar que sólo 15% de los conflictos de los vendedores callejeros se dan con otros usuarios del espacio, 33% con otros comerciantes y el 48% de los conflictos se generan con el GAMLP por el uso del espacio. Estos datos nos llevan a concluir que dos concepciones sobre el uso de este espacio están en pugna: la de los usuarios y la del GAMLP. Si bien es necesaria una exploración con mayor profundidad para hacer cualquier afirmación sobre el PRU, es posible ver que en la concepción del espacio, por parte del GAMLP, prevalecen ambas lógicas a veces dialogando y a veces confrontadas con la consiguiente violencia simbólica. Si bien el PRU toma en cuenta al sector de los vendedores callejeros, por ejemplo, y propone situarlos en espacios que los favorezcan y vayan de acuerdo con la planeación urbana, es importante observar que la percepción de los usuarios del CUC se diferencia de la del GAMLP, que sigue marcada por patrones colonizadores. La descolonización social y la lucha contra la violencia simbólica pasan por encarar lo multisocietal en el cotidiano y probablemente son las estructuras de resistencia en donde se pueden encontrar referentes para la puesta en práctica de la descolonización social, tomando en cuenta que es en estos espacios, simbólicos y materiales, donde las actividades sociales emergen y donde los discursos toman formas.

Bibliografía Bedregal, Juan Francisco (2009). Arqueología de los imaginarios urbanos de la modernidad en la ciudad de La Paz. La Paz: EDOBOL. De Certeau, Michel (1979). La invención de lo cotidiano. El arte de hacer. Tomo I. México: Universidad Iberoamericana. Kingman, Eduardo (2004). Patrimonio, renovación urbana e institucionalización de la cultura. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia 03/a. Kymlicka, Will (1996). El retorne del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. University of Ottawa. Morató, René (2008) “Para escuchar las voces de la calle: Las contradicciones entre el derecho al empleo y el derecho a la ciudad” en Tinkazos, disponible en línea (consultado en julio de 2011): http://www. scielo.org.bo/pdf/rbcst/v11n25/v11n25a03.pdf

De discriminación, colonialidad y racismo: resabios de la colonia en nuestro tiempo El artículo hace una distinción entre colonia, colonialismo y colonialidad. Siendo la colonialidad, la lógica que hizo a la colonia, la que sobrevivió a la misma y constituye las nuevas formas de expresión del colonialismo. Cleverth Carlos

lo largo de nuestra historia se dieron muchos procesos que no lograron desembocar en la construcción de un proyecto nacional y una nación igualitaria. De hecho, podemos asegurar que en el caso boliviano hubo un proyecto imposible, el proyecto nacional que se vio truncado porque, fundamentalmente, no incluía a la mayoría de su población y, por el contario, la marginaba. Las razones para que ello ocurra tenían que ver con el modo cómo el sistema colonial se construyó y cómo articuló el proceso al que llamamos colonialidad, al que identificamos como constitutivo de su lógica de origen y que sobrevivió para prolongarse más allá del proyecto y del espacio colonial. Valdría la pena tomar en cuenta algunas consideraciones previas para tener un lenguaje categorial equilibrado; por lo menos para los fines del presente artículo, será necesario establecer precisiones entre los significados de colonia, colonialismo y colonialidad. En principio, no sin restarle muchos contenidos, podríamos estar de acuerdo en que colonia es un territorio dominado y administrado por una potencia extrajera; en nuestro contexto además es un periodo histórico, en el que se articula un aparato de producción y dominación que más o menos concluyó, en el caso boliviano, en 1825. No es nada más que eso y al mismo tiempo es mucho más, porque en ella se instala el proceso llamado colonialismo, que implica la tendencia y la pulsión por preservar el territorio colonizado. En cambio, colonialidad, concepto acuñado por Aníbal Quijano, involucra la estrategia de dominación colonial que se necesita instaurar para hacer que el proceso de dominación de la colonia sobreviva en el tiempo. Detrás del principal contendido de la colonialidad está asentada la dominación. La articulación de la colonialidad del poder se arraiga en la invención de la idea de raza, en la adecuación de todos los medios de producción para el capital y en la clasificación, desclasificación y reclasificación social; como partes estructurantes del mundo y de

Cárdenas

las relaciones sociales, constituyéndose en la estrategia de dominación más elaborada en la historia de la huDr. (c) en Estudios manidad (Quijano, 2000). No es casual Culturales que, precisamente, sea esta lógica la Latinoamericanos. que perviva a la colonia, que pasó a Docente de ser un referente histórico, cuando se la Carrera de trataba de una ocupación territorial. Literatura Siguiendo el argumento de Dussel y de de la UMSA. Quijano podríamos estar de acuerdo Investigador del con una de sus principales reflexiones: Museo Nacional el concepto de raza se transformó por de Etnografía y primera vez en un patrón de organizaFolklore. ción mundial con la colonización de las Américas; eso quiere decir que antes la idea de raza no era el argumento más importante para la dominación entre grupos humanos. Si la idea de raza tiene que ver con el colonialismo, su eficacia tiene que ver con la legitimación de quienes luchan por conservar el poder, el control social, los privilegios que estos suponen. Ninguna otra razón justificaría el militante fervor de quienes apoyan, fomentan y estimulan el desarrollo de ideas racistas en los diferentes espacios de relacionamiento social conflictivo. El proyecto colonial no fue un proyecto coherente consigo mismo, se trató más bien de un proceso mediante el cual los distintos actores de la dominación se relacionaron de modos diferentes, incluso contradictorios con los dominados; quienes tampoco tuvieron una actitud pasiva, incluso frente a las condiciones de dominación más explícitas siempre negociaron, resistieron y lucharon por salvar lo esencial de sus prácticas culturales. Los dispositivos de control colonial y la vigencia de la colonialidad tuvieron modos diferentes de activarse y relacionarse mutuamente en los diferentes momentos y contextos geográficos de estas tierras. A partir de los cambios políticos y sociales operados en esta parte del continente, parece pertinente y necesaria una labor inPlaza

vestigativa para entender el modo particular cómo, en cada contexto, se da la colonialidad y cómo se encaran nuevas formas de resistencia cultural (Castro-Gómez, 2010). Además, corresponde pensar en la existencia y manifestación de contenidos culturales que podrían constituirse en paradigmas para la viabilidad de un mundo diferente, mejor y más equitativo. Desde esta perspectiva, quisiera detenerme en algunos ejemplos de estos resabios del colonialismo que continúan dándose en nuestro contexto y que, por supuesto, atestiguan su vigencia nacional y mundial. En un sondeo de opinión que hice en las instituciones públicas sobre discriminación, el público entrevistado manifestaba que no consideraba, de ningún modo, que la atención del funcionario público hubiera dejado de ser discriminadora; incluso cuando el funcionario es de origen indígena, las opiniones del maltrato fundado en la discriminación por motivos de raza o cultura están permanentemente presentes. Lo curioso, en este caso, es que el discurso oficial se presenta muy halagüeño respecto al ascenso de los procesos descolonizadores en contra la lógica colonial que por tanto tiempo dominó y sigue dominando nuestra forma de pensar, aunque las acciones concretas son muy escasas. Quizá, lo verdaderamente relevante hecho por el gobierno y digno de elogio, a pesar de las controversias, corresponda al marco legal: la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Ambas en lo sustantivo y adjetivo, por primera vez, sancionan penalmente y censuran oficialmente toda forma de discriminación, un tipo de crimen que siempre había gozado de impunidad. Paradójicamente, algunas de las primeras denuncias amparadas en ese cuerpo legal fueron usadas políticamente y no precisamente por los sectores que más discriminación racial sufrieron desde la colonia. Como se puede ver, a pesar del discurso oficial, la misma administración pública mantiene la lógica colonial, más allá de ciertos eslóganes no se hizo mucho por propiciar una verdadera transformación social. La discriminación por pertenencia étnica y cultural no es un problema superado ni mucho menos. Este resabio de la colonia es parte de la lógica de la colonialidad más difícil de superar, especialmente en países como el nuestro en los que la diversidad étnica, tan abundante, fue siempre invisibilizada y acallada por el sector de la sociedad más privilegiado, es decir, por esa porción denominada blanca-criolla; en realidad, esto no es fácil de superar sea quien fuere el protagonista. La pregunta es ¿dónde quedan los entusiastas discursos de las autoridades cuando sus mismos funcionarios siguen maltratando al público asistente con conductas que pueden considerarse racistas y discriminadoras? El objetivo de esta reflexión no es limitarme a cuestionar los resultados de un proceso político que requiere un tiempo de maduración

para ver sus resultados, considerando que los problemas que eran parte de su punto de partida son estructurales y sí se logró, por lo menos, tematizar el problema. Los actos de racismo, posiblemente, sean más cotidianos y, por lo mismo, más solapados en el ámbito de lo privado. Hace tres días vi un anuncio –en inmediaciones del mercado Yungas de La Paz; quienes conocen este sector saben que es una zona de clase media– donde solicitan, explícitamente, una empleada doméstica de vestido, mostrado un tipo de conducta que hasta en Argentina mereció una dura crítica y fue causa de debate; acá, en cambio, ello pasa desapercibido. Más aún, en los hospitales públicos algunos médicos de especialidad suelen hacer bromas sobre el modo cómo no atendieron a sus pacientes durante toda la tarde y aprovecharon el tiempo para tomar un café con sus demás colegas; en cambio, cuando les corresponde atender en sus consultas o en clínicas privadas son implacables con la puntualidad y es imposible pensar su ausencia. ¿Acaso esa no es otra forma de discriminación?

La misma administración pública mantiene la lógica colonial, más allá de ciertos eslóganes no se hizo mucho por propiciar una verdadera transformación social. Fueron muchos los experimentos sociales que se hicieron en diferentes momentos y en diferentes espacios, los resultados siguieron siendo los mismos. El primero que recuerdo fue hecho por el Colectivo Mujeres Creando: hace unos años, una mujer de pollera ingresó en un restaurante elegante en la calle Camacho de la ciudad de La Paz y se instaló en una mesa, inmediatamente acudió el mozo y le impidió quedarse. El argumento: las mujeres de pollera están prohibidas como parte de la clientela; ellas armaron un escándalo, pero fueron expulsadas. Un activista argentino hizo lo propio en un café de la avenida Monseñor Rivero, en Santa Cruz de la Sierra, con resultado similar: la mujer de aspecto indígena no fue atendida y la expulsaron al poco tiempo. No es casual que en la universidad pública de Cochabamba los mismos compañeros de clases hayan impedido que una estudiante vistiera su atuendo cotidiano (polleras) para asistir a su colación de grado. Evidentemente, la racialización en nuestro país pasa, muchas veces, por la vestimenta, que es una forma de adscripción étnica y cultural. En diferentes espacios (discotecas, restaurantes, saunas, etc.) podemos encontrar el famoso letrero “nos reservamos

el derecho de admisión”; por supuesto que este derecho está pensado para impedir el ingreso de las personas consideradas racial y económicamente inadecuadas. De modo sutil, esbozan argumentos como que el local está lleno, que ya no hay atención, a veces simplemente niegan el ingreso. Pero lo peor sucede cuando se trata de contratar mujeres para prestar el servicio doméstico: “de preferencia cholita” se anota. ¿No es acaso un modo sutil de decir “paga mínima”? El código se entiende inmediatamente. Definitivamente, existen códigos que encubren realidades abrumadoras. La colonia llegó a su fin hace casi doscientos años; sin embargo, persiste la discriminación por motivos raciales y culturales, la extracción del excedente para la ganancia capitalista y las diferencias basadas en la clasificación social. Estos son algunos ejemplos de los modos cómo cotidianamente se hacen visibles prácticas coloniales; nuevamente, no se trata de una época, sino de una institucionalidad que está firmemente afianzada en lo más profundo de nuestra sociedad. Zavaleta lo decía de un modo mucho más claro cuando señalaba que el único negocio nacional estable para la casta dominante era el de los indios. De hecho la única creencia ingénita e irrenunciable de ésta era pensarse superior respecto a los indios, y esto sería algo persistente tanto con el liberalismo o sin él, con el marxismo o sin él (Zavaleta M., 2008). Por supuesto, el punto de partida constitutivo de todo esto tiene que ver con el aborrecimiento al indio y de lo indio y ello no tiene fin. Posiblemente, muchas cosas hayan cambiado en el país, pero hay cosas que parecen inalterables: a pesar de la Ley contra el Racismo, aún se pueden evidenciar actitudes francamente racistas y discriminadoras. Para concluir, quisiera esbozar un último aspecto que se vincula con este proceso de dominación y sin el cual todo este debate parece absurdo: la modernidad occidental tiene como fundamento un paradigma sociopolítico fundado en la regulación/emancipación. Contraria-

Como dijo alguna vez Ángel Rama, los blancos latinoamericanos mente a este paradigma, existe un tratamiento diferente que se aplica a los territorios coloniales, la apropiación/ violencia, un tipo de práctica que es la base de la existencia del anterior paradigma (Santos, 2009). Santos, en El pensamiento abismal, demuestra todas estas afirmaciones y, además, señala que el pensamiento moderno es preponderantemente dicotómico, incluso cuando de excluir se trata. Esto quiere decir que logra la justificación de los privilegios existentes sólo para los sujetos moderno-occidentales; para ello, se hizo necesario dividir, dicotómicamente, entre un tipo de humanos y un tipo de no humanos. Ese es el punto que intentó legitimar la dominación y toda forma de discriminación. Santos no es el único que tematiza este problema, Eze demostró que el pensamiento de Kant construyó una distinción entre los humanos y los no humanos, asumiendo que los primeros tenían la capacidad ética-moral, además autorreflexiva, y los otros carecían de esas virtudes, y en consecuencia no podían ser considerados humanos (Eze, 2008). Aclarando que uno de los ejes del pensamiento filosófico moderno occidental –de modo muy similar a Hegel, quien indica que los latinoamericanos son pueblos sin historia, es decir, sin conciencia– se construyó desde los mismos principios constitutivos de la colonialidad. Por supuesto, Kant y Hegel miran a Latinoamérica como el punto central de comparación e inmediatamente constituyen su edificio teórico con esos criterios. Así, en el espacio colonial encuentran sujetos que están fuera del ámbito del ser (en el “estado natural” de Rousseau) y, por supuesto, ello legitima cualquier atrocidad que se haga con ellos, en nuestro caso, los indios americanos. Eso explicaría por qué los sujetos colonizados, cualquiera sea su color de piel, reproducen los estereotipos discriminatorios moderno-occidentales y aspiran a contar con la legitimidad para maltratar a las poblaciones indígenas de su mismo territorio y para, en cierto sentido, justificar el colonialismo interno. Todo esto explicaría por qué un joven vital y fuerte no tuvo reparos en dar una patada a una mujer

son indios para los europeos; sin embargo, eso no fue óbice para que los primeros siguieran discriminando. indígena anciana, porque desde su perspectiva racista ella no es humana, esa es la única explicación posible. Como dijo alguna vez Ángel Rama, los blancos latinoamericanos son indios para los europeos; sin embargo, eso no fue óbice para que los primeros siguieran discriminando. En síntesis, la discriminación está inscrita en la cartografía del poder global, la nueva forma de manifestación de la colonialidad, dentro de una espiral que hace del discriminador local un potencial discriminado.

Bibliografía Castro-Gómez, S. (2010). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Eze, E. C. (2008). “El color de la Razón. La idea de ‘raza’ en la antropología de Kant” en W. Mignolo (Ed.), El color de la razón (pp. 21-82). Buenos Aires: Del Signo. Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y ciencias sociales” en E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Argentina, Buenos Aires: CLACSO, UNESCO. Santos, B. d. S. (2009). “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes” en VVAA (Ed.), Pluralismo epistemológico (pp. 31-84). La Paz: Muela del Diablo/ Comuna/ CLACSO. Zavaleta M., R. (2008). Lo nacional-popular en Bolivia. La Paz: Plural.

Los medios y la cobertura de la violencia ciudadana Este artículo se propone discutir cómo operan los medios de comunicación con respecto a la cobertura de la violencia y de los conflictos que la generan. Xavier Giró

Introducción

a violencia asociada a los crímenes u otras figuras delictivas –como los atracos, los hurtos, la extorsión, etc.– en ciudades y pueblos es un problema que merece la atención de las autoridades, las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones cívicas y la simple ciudadanía. Las políticas que los gobiernos adoptan con el objetivo declarado de erradicarla o reducirla están influidas por la percepción social de los delitos y de la personas que los cometen y esa percepción está condicionada, cada día que pasa con más fuerza, por el discurso de los medios de comunicación, de ahí el interés por su estudio. Por lo tanto, este artículo se propone discutir cómo operan los medios de comunicación con respecto a la cobertura de la violencia y de los conflictos que la generan. Trataremos de los criterios de noticiabilidad, de las dificultades para desplegar una cobertura de la complejidad de la situación de conflicto y daremos pautas para analizar dicha cobertura. Acabaremos con algunas recomendaciones para el ejercicio de un periodismo orientado hacia la transformación de conflictos. Todo ello prestando atención al caso de El Salvador, un país donde, según las estadísticas manejadas por distintas fuentes, el número de personas muertas oscila entre 9 y 12 diarias; cosa que para una población que no llega a los siete millones de habitantes arroja uno de los índices más altos del planeta, al menos entre los conocidos.

La violencia como factor noticioso Hay un extenso repertorio de criterios para decidir que un hecho o unos datos merecen la categoría de noticia, es decir, que a partir de ellos se puede elaborar una información y publicarla. Los periodistas manejan generalmente criterios comunes en todas las redacciones. Vamos a ver a continuación un conjunto de valores noticiosos que, al menos teóricamente, son independientes de la temática de que se ocupen. El primero responde a la pregunta clásica con que todo reportero se enfrenta al volver a la redacción cuando el jefe de sección le inquiere: ¿Qué hay de nuevo?

Martí

El término noticia está ligado siempre a novedad, pero de hecho hay mucha Doctor en Ciencias formas de dar respuesta a la demanda de la Información de novedad. por la Universidad Por una parte, si algo acaba de ocuAutónoma de rrir, es decir, es reciente, tiene muchas Barcelona (UAB) posibilidades de aparecer como nuevo y profesor titular para el lector, el oyente o el espectade Periodismo dor. La aparición en escena de la vioPolítico en la lencia –independientemente de a que UAB. Director esté ligada– siempre es una novedad del Observatorio para los medios, particularmente para de la Cobertura aquellos que compiten por ser los priInformativa de meros en dar lo último que acaba de Conflictos (OCC), ocurrir. Era el caso, hace cierto tiempo España. de la radio –y lo sigue siendo–, pero ya lo es también de la televisión y, de forma creciente, de los periódicos con versión en internet. Todos cuentan entre sus méritos haber sido los primeros en dar una noticia. Un segundo criterio es el de proximidad. Cuanto más cercano a la audiencia sea un acontecimiento –emplearemos en adelante los términos ‘audiencia’ o ‘público’ como sinónimos de lector, oyente o espectador– , más alta será su probabilidad de ser reflejado en el medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque cuanto más cercano, más despierta el interés del público porque los personajes también serán más cercanos y, en algunos casos, es incluso probable que el acontecimiento tenga consecuencias que le afecten. A su vez, el grado en que el público se puede sentir afectado será mayor cuanto mayor sea la violencia involucrada en el hecho referido. El tercer criterio se basa en la sorpresa, en lo repentino que pueda ser un hecho. Si algo es repentino, como suelen serlo los hechos acompañados de violencia, entonces sorprenden, despiertan la curiosidad y el temor, y son indudablemente novedosos para la audiencia. Incluso cuando no resultan sorprendentes porque son percibidos como usuales, dentro de periodos en que se dan continuos episodios de violencia, si éstos tienen lugar en un entorno cercano, no se perciben como una repeti-

ción del anterior –además, nunca lo son ya que siempre se trata de nuevas personas afectadas, aunque sólo sea por las víctimas–. Si fuesen concebidos como una repetición, perderían el valor noticioso, sin embargo se toman como un acto que se suma al anterior y incrementa el número de víctimas –una nueva cifra acumulada–, un acontecimiento con circunstancias particulares –con rostros y nuevos nombres particulares– y que el ciudadano fácilmente interioriza como cada vez menos alejado de si mismo, porque a menudo puede pensar que un día le puede tocar a él o alguna persona allegada. Por el contrario, si la violencia es lejana –o es presentada como lejana–, el anonimato en que se ven sumidas las víctimas y la falta de relación directa que la audiencia sienta con ellas, puede favorecer una percepción de acontecimiento violento como un hecho rutinario más, carente de novedad. De todas formas, no es en absoluto descartable que la información continua sobre hechos violentos de entornos cercanos también pueda desembocar en una ‘naturalización’ y desensibilización con respecto a la violencia por parte del público, en una especie de resignación ante una plaga que se interpreta como inevitable. Sin embargo esto no suele comportar un cambio de consideración de su carácter noticioso y por tanto no suele interrumpir el flujo de información un día tras otro. A veces, en un sentido totalmente inverso, algo no repentino, sino muy previsible, como la salida a luz pública de los datos mensuales sobre delincuencia y homicidios –tanto si son estimados positivos como negativos para las autoridades o para la población– encuentran espacio en los medios. Sobre todo, si la continua reseña de actos violentos ha contribuido a crear un estado de alarma social. En particular, la muerte o las muertes derivadas de actos violentos es considerada relevante porque aunque afecte a una sola persona es un vulneración de su derecho a la vida. Si además atañe a un número considerable de individuos, entonces entra en la categoría de importante y automáticamente se hace merecedora de atención informativa. En definitiva, la violencia o los acontecimientos cargados de violencia –nos estamos refiriendo a la violencia visible– reúnen suficientes requisitos para convertirse prácticamente siempre en noticia, es decir, los medios construyen a su alrededor un relato, un acontecimiento discursivo y, tomados globalmente, un discurso sobre la violencia Hay dos criterios adicionales que son habitualmente muy socorridos para determinar si un hecho tiene valor noticioso. Primero, si su divulgación hiere a alguien, tiene altas probabilidades de publicarse. Por ejemplo, como se ha apuntado antes, las estadísticas sobre violencia, si perjudican la imagen del gobierno, es muy probable que lleguen a ver la luz. Segundo, también es noticia, por encima de

todos los criterios anteriores, aquello que el director del medio decide –por decreto– que tiene ese valor. Así, como ejemplo, una buena noticia sobre rehabilitación de presos, que podría no despertar ninguna inquietud en algunos redactores, puede salir adelante si encuentra una actitud favorable del director. Por supuesto, también en sentido negativo el director o el editor pueden ejercer su poder sobre el discurso del medio impidiendo la aparición de informaciones que algún redactor haya considerado que sí merecen ser publicadas.

En definitiva, la violencia o los acontecimientos cargados de violencia –nos estamos refiriendo a la violencia visible– reúnen suficientes requisitos para convertirse prácticamente siempre en noticia. Ahora bien, una vez discutidos los criterios, y visto que los hechos violentos, o el discurso a sobre ellos, tienen las puertas abiertas de los medios, hay que resolver otra cuestión. ¿Qué decimos sobre ellos? ¿Qué contamos? La información periodística sigue de forma habitual la pauta marcada por seis preguntas clásicas: ¿Qué ha pasado?¿Quién lo ha hecho?¿Cuándo ha sido? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Por qué ha pasado? Las cinco primeras requieren un cierto trabajo, pero son relativamente accesibles para un reportero. Sin embargo, resolver la sexta –¿Por qué?– ya es más complicado, requiere averiguar las causas de lo acontecido. Saber porque ha ocurrido un hecho que ha comportado violencia comporta probablemente más trabajo, más formación, más tiempo. Apuntemos ya aquí que trabajo, formación y tiempo son elementos costosos para los medios y que por tanto suelen ser siempre escasos, lo cual compromete seriamente la investigación sobre el porqué. Adicionalmente el porqué es, a fin de cuentas, la parte más importante de la información, siempre y cuando el objetivo que perseguimos sea suministrar elementos para que un acontecimiento doloroso no vuelva a ocurrir, como es presumible lo que deseemos en el caso de la violencia. Contar las causas no es sencillo. Hay diversos niveles de explicación. Veamos un ejemplo. Si respondemos que la

Si pensamos en un ‘caso cualquiera’, podemos concebir la causa –el porqué– de que haya habido un muerto está en el –supongamos– atraco o robo que lo ha precipitado y ahí se detiene la pesquisa, estamos perdiendo la oportunidad de preguntar ¿Qué ha empujado a los protagonistas a realizar el atraco? Y quien dice atraco, puede mencionar de igual forma cualquier acto que haya comportado violencia. Si vamos más allá del caso del atraco y pensamos en un ‘caso cualquiera’, podemos concebir la violencia como si fuese la manifestación de la fiebre de una enfermedad, o mejor dicho, dados sus distintos orígenes, de distintas enfermedades –léase, conflictos–. Y decimos distintas porque hay diferencias constatables entre, por ejemplo, la delincuencia ligada al narcotráfico y la de delitos de bagatela o entre cualquiera de ésas y el maltrato a la mujeres. En una perspectiva de resolución o transformación de conflictos, lo que acabamos de afirmar tiene repercusiones relevantes. Por un lado, puede estar indicado atajar la fiebre para evitar un colapso en el funcionamiento del cuerpo, es decir, para los casos que nos ocupan, puede estar indicado tomar ciertas medidas represivas. Pero por otro lado, si no aplicamos un tratamiento para la enfermedad de la cual procede en última instancia la fiebre, ésta seguirá reapareciendo. Además, previsiblemente las medidas a tomar deberían ser distintas para cada enfermedad, como lo serán las vacunas –medidas preventivas– que se vayan a proponer.

Crítica a la cobertura de los conflictos que la generan La cobertura de la violencia se puede analizar desde múltiples perspectivas. Adoptamos aquí sólo tres de ellas que son las que responden a nuestras inquietudes en este momento y contexto y que formulamos en forma de preguntas: 1) ¿Ofrecen los medios de comunicación una visión completa de los conflictos de los que emana la violencia? 2) ¿Respetan los periodistas y los medios las recomendaciones deontológicas de la profesión? 3) ¿Contribuyen con su cobertura a la transformación y eventualmente a la resolución de los conflictos en cuestión? ¿Contribuyen a la reducción del sufrimiento humano? Para discutir las tres preguntas planteadas, dada la diversidad de los fenómenos asociados a la violencia en El Salvador, restringiremos el abanico a tres tipos amplios de violencia: a) la violencia ligada a la delincuencia en general; b) la violencia ligada a ciertas actividades de las maras –también denominadas comúnmente pandillas–, y c) la violencia de género. Son los tres tipos más destacados en los registros de homicidios de las distintas instituciones que hacen un se-

violencia como la manifestación de la fiebre de una enfermedad, o mejor dicho, dados sus distintos orígenes, de distintas enfermedades –léase, conflictos. guimiento, aun cuando, por una parte, no son los únicos tipos. Por otra parte, el que tiene adjudicada la cuota más alta sobre el total es la ligada a las maras, un 35%, una cifra considerada hinchada por algunas fuentes, pero que en cualquier caso aunque sería una magnitud considerable, deja el 65% restante bajo otras responsabilidades. Los tres tipos de violencia no son mutuamente excluyentes, sino que se solapan. Por delincuencia en un sentido general entendemos actos de distintos tipos –hurtos, robos, robos de carros, atracos, narcotráfico, secuestro, sicariato, violaciones, etc.–. Por otro lado, al referirnos a ciertas actividades violentas protagonizadas por las maras incluimos eventualmente algunos de los tipos delictivos que acabamos de enunciar y también a luchas entre ellas por el control del territorio, palizas, venganzas, extorsión a cambio de protección, etc. Por último, con el término violencia de género indicamos aquella ejercida contra las mujeres por su condición de mujer (violaciones, violencia intrafamiliar, maltrato –dentro y fuera de la familia–, maltrato psicológico, etc.). El solapamiento entre lo que hemos denominado ‘delincuencia en general’ y ‘ciertas actividades’ de maras –no necesariamente todas las maras las ejercen, ni todas las maras las ejercen todas– es claro, pero se trata de un solapamiento, no una identidad de tal forma que podemos afirmar que:1 i) No todos los delincuentes son miembros de maras. ii) No todos los delincuentes son violentos. Ni los que lo son, lo son en el mismo grado. iii) No todos las miembros de maras son delincuentes. No todas las maras practican la delincuencia. No todas las que la practican, lo hacen en la misma medida, ni con la misma violencia. Además la observación empírica también nos permite afirmar que iv) Las maras son un fenómeno de asociación juvenil. Antes de responder a la primera de las preguntas –¿Ofrecen los medios de comunicación una visión completa de los conflictos de los que emana la violencia?– debemos hacer un diagnóstico de la situación. Pues bien, el solapamiento o

la coincidencia parcial que hemos señalado entre la violencia delincuencial y la ejercida por algunas maras, nos permite elaborar un esquema de análisis en tres niveles de conflicto. En el primer nivel, identificamos como problema la violencia registrada y, en particular, los homicidios. Alrededor de este problema hay un buen número de actores: gobierno, ayuntamientos, policía, jueces, partidos políticos, los delincuentes –narcotraficantes, ladrones de coches, etc.– , y los miembros de las maras la ejercen, los empresarios, la iglesia y las víctimas –y sus allegados–. La violencia visibilizada es síntoma de un cierto nivel de caos social que especialmente el gobierno y otros actores proponen remediar con medidas de control y represión. Proponen leyes o reformas de leyes, penas de cárcel más duras, refuerzo de la policía y en el caso de algunos actores, intervención del ejército, etc. En fin, un conjunto de medidas que son, a su vez, el problema alrededor del cual gira un segundo nivel de conflicto en el que accionan todos los actores antes indicados y también organizaciones de derechos humanos y ONG, así como familiares de presos que, por ejemplo, tienen algo que decir sobre las propuestas de incremento de penas o el endurecimiento de las condiciones carcelarias de sus parientes. Si hurgamos un poco más en las causas que impulsan a un buen número de personas –no a todas ciertamente, pero al menos a un número muy significativo– a delinquir, nos daremos cuenta de que la brecha que hay entre los que tienen y los que no tienen, es decir, no sólo la pobreza, sino la percepción de la desigualdad, de la exclusión social, pone a muchos en la pendiente de la delincuencia. Si a ésta sumamos una cultura de valores individualista y también el hecho de que quien se siente excluido o discriminado o desposeído –a veces con una familia detrás, pero también sin ella– tiene una jerarquía de valores distinta de la habitualmente considerada como correcta, entenderemos un poco más la situación y, por ende,

su conducta. En este contexto, ‘robar’ es un verbo de significado discutido. Si además tenemos en cuenta la relativamente fácil posesión de armas de fuego, se empiezan a comprender los altos índices de mortalidad. En el gráfico siguiente se esquematiza la situación de conflicto.

Ahora podemos volver a preguntarnos, ¿Cuentan los medios en su representación de la violencia este contexto? ¿Cuentan para cada uno de los actores a) cómo ve los problemas; b) cómo los vive; c) que causas entiende que tienen los problemas; d) qué soluciones propone y qué objetivos tiene? Por supuesto, no es fácil recoger en el discurso de los medios, en las informaciones y columnas de opinión o análisis, la complejidad de los conflictos, pero la dificultad no debe impedir constatar las deficiencias y sí debe animar a superarlas. De todas formas, antes de responder a las preguntas planteadas veamos a rasgos generales la situación de conflicto relacionada con la violencia de género. El conjunto de creencias que sustentan y reproducen el patriarcado, las creencias comúnmente denominadas machistas, son el marco general dentro del que piensan aquellos hombres que se creen superiores a las mujeres, que creen que las pueden someter y maltratar. Muchos esposos y novios se creen con derecho de propiedad sobre ellas y que tienen derecho a imponerles una conducta o a impedir que los dejen llegado el caso. Algunos incluso sienten herida su identidad de macho si sus prerrogativas se ven cuestionadas. Tal es la fuerza del patriarcado que muchas mujeres comparten esas creencias. Tanto como para que al ser maltratadas, su primera reacción sea preguntarse ¿qué hago mal? O incluso, en algunos casos, para que lleguen a pensar que el agresor les pega porque las quiere. Es tal el dominio del patriarcado que muchas mujeres incluso aceptan una

relación más que desigual, dolorosa, como algo normal. Se trata obviamente de una situación de conflicto cualitativamente diferente de la apuntada para el supuesto de la delincuencia. En el caso de la violencia contra las mujeres también hemos de preguntar: ¿Explican los medios esta situación de conflicto? La respuesta es sencilla, no. Y es esa porque como no hay cobertura informativa, no explican nada. La violencia de género y en particular la intrafamiliar prácticamente sólo aparece para engrosar las estadísticas. Su ausencia no permite que las mujeres que sufren esa violencia se den cuenta de que como ellas hay muchas otras, de que no se trata de un caso particular sino de un problema social, de una vulneración de los derechos humanos, de que pueden hacer algo, denunciar, escapar y recibir protección. Probablemente, si existiese una cobertura, no bastaría como garantía de todo lo que se acaba de apuntar, pero se habría avanzado considerablemente. Tampoco, si hubiese una cobertura se garantizaría que fuera cabal, que respetara el dolor de las víctimas, su intimidad, su dignidad, su imagen. Es toda otra problemática que hay que prever, como también el respeto a la presunción de inocencia de los acusados de agresión.2 Además, cuando la cobertura se realice, también habrá que asegurarse de que existe un seguimiento, de que no todo se acaba en el relato de la agresión sino que continua con la solución del caso y especialmente con la eventual recuperación de la víctima. Ello es relevante para que las mujeres agredidas vean que tiene sentido rebelarse contra su sufrimiento y contra el victimario, que existe una salida, una vía para resolver el conflicto en que están inmersas. Con estas notas aunque breves, respondemos a las preguntas relativas a la brevísima cobertura de la violencia de género. Para responder a las mismas con respecto a la cobertura de la violencia ligada a la delincuencia y a la maras vamos a hacerlo a través de unas estimaciones resultantes de un seminario- taller mantenido con periodistas en ejercicio y estudiantes de periodismo en diciembre de 2005 bajo los auspicios del PNUD en El Salvador. En primer lugar, es constatable que la cobertura no es completa ni compleja. Lo medios no suministran o no lo hacen de forma equiparable información sobre cómo los distintos actores ven las distintas facetas del conflicto, en el sentido apuntado más arriba. En segundo lugar, si pensamos en la transformación del conflicto, nos atrevemos a apuntar que “el discurso predominante sobre la violencia refuerza la exclusión de los integrantes de las maras y también de los que cometen actos delictivos”. Esta afirmación se basa en las siguientes estimaciones: – A menudo se identifican a los delincuentes como miembros de maras sin pruebas de que lo sean.

El marco cognitivo

– En las descripciones de los miembros de las maras / de los delincuentes/ – Hay elementos peyorativos gratuitos, incluidos la exageración y los detalles escabrosos. – Los relatos están mayormente basados sólo en fuentes policiales, lo cual, a parte de ser información no contrastada, deja fuera otras percepciones de los hechos. – Se utilizan términos como ‘clanes’ o ‘bandas’ para referirse a delincuentes tanto si se trata de grupos compuestos por 3 personas como si son 30. Lo cual incrementa su imagen negativa. – La violencia se considera a menudo consubstancial a los delincuentes o a los mareros. Expresiones como ‘sólo piensan en matar’ se encuentran con frecuencia en los relatos informativos. – Cualidades como la rapidez, la movilidad, o la buena organización que serían de alabar para la mayoría de las grupos humanos, en el caso de los delincuentes o de los pandilleros se consideran negativas. – Casi nunca hay declaraciones de los mareros o de los delincuentes que han sido arrestados por un motivo u otro. Su voz es ausente. – Además, cuando son detenidos se suele apuntar su condición de ‘presunto’ junto a su nombre e imagen (en video o fotográfica), pero el efecto negativo sobre su honor es casi el mismo que tendría si no se apuntara. Además, con excepción de los atrapados in fraganti, el adjetivo ‘presunto’ resulta evidente que implica la ‘presunción de culpabilidad’, algo chocante en un estado de derecho donde debe reinar la presunción de inocencia. – Casi nunca aparecen posiciones exculpatorias. Algo a lo que en los juicios tienen derecho los acusados, a exponer su posición tanto si es exculpatoria como no, es de facto un derecho inexistente en los medios. Es más, si son ‘presuntos’ habría que darles una oportunidad para explicarse. – Quienes discuten las medidas para acabar con la violencia casi siempre tienen una posición de poder (gobierno, partidos, empresarios, iglesia, profesores, etc.).

– Hay relativamente pocas discusiones sobre las causas socio económicas de la exclusión si comparamos su presencia con las que versan sobre otras causas como por ejemplo la disponibilidad de las armas de fuego. No obstante, las hay. – De la discusión entre políticos sobre las causas y las soluciones, la prensa suele recoger descalificaciones, pero no discusiones de fondo. – Pero, en algunos medios de la prensa escrita sí que hay discusión de cierta profundidad. Y también en algunos programas TV y radio –no noticiarios– hay discusiones de cierto calado. – Hay escasas explicaciones sobre el mantenimiento de los niveles de violencia. Las explicaciones predominantes –aunque no las únicas– son las dadas por la policía y el gobierno que giran sobre todo alrededor de las dificultades para aplicar la ley y para evitar la reincidencia – Menudean explicaciones simplistas. Ahora por la ‘pistolización’, ahora porque ‘los jueces los sueltan’, etc. – Existe ‘marificación’ del delito, es decir, cualquier fechoría tiende a ser adjudicada a las maras o a sus integrantes, sin que en muchos casos haya indicios de ello. – Las propuestas de solución se concentran en la aplicación del lema “Ley y orden” que es muy distinto de un enfoque basado en el binomio “Injusticia (privación) y desafio” bajo el que actúan una parte considerable de los que delinquen con violencia.

Si todas o la mayoría de estas hipótesis son ciertas, entonces también es cierto, como decíamos en su encabezamiento que “el discurso predominante sobre la violencia refuerza la exclusión de los integrantes de las maras y también de los que cometen actos delictivos”. Ahora bien, a juzgar por las estimaciones de los participantes en el seminario-taller, el discurso de los medios sobre la violencia no es lineal, ni monocolor, de tal forma que también podríamos afirmar que “El marco cognitivo predominante construido por los medios en algunos casos cuestiona la exclusión social y en otros no la cuestiona”. Esta conclusión se deriva de las siguientes constataciones (siempre provisionales):

Si estas hipótesis también son ciertas, entonces podemos afirmar, tal como hemos apuntado, que “El marco cognitivo predominante construido por los medios en algunos casos cuestiona la exclusión social y en otros no la cuestiona”. Si el conjunto de las hipótesis planteadas no yerran, entonces es claro que podemos responder que a) los medios no ofrecen una visión completa y compleja de la situación de conflicto, en concreto, al menos, en no dar presencia mediática a varios de los actores, en no darles voz y en no mostrar sus puntos de vista ; b) vulneran algunos de los principios deontológico, en concreto, al exagerar la imagen negativa de varios actores y al no contrastar las fuentes ofi-

predominante construido por los medios en algunos casos cuestiona la exclusión social y en otros no la cuestiona.

ciales; y c) como corolario de los dos puntos anteriores no se puede decir que hagan una gran contribución a rebajar tensiones, a reducir el sufrimiento y a buscar vías de transformación del conflicto hacia estadios menos violentos, aunque hay ejemplos que muestran lo contrario. Esta última conclusión muestra que el discurso de los medios no es homogéneo y que, aunque en gran medida tiene muchas deficiencias tanto en lo concerniente a dar una imagen compleja de la sociedad, como al respecto de la deontologia periodística, puede hacer contribuciones nada desdeñables para una transformación positiva (aunque también negativa) de los conflictos que en ella se desarrollan. Veamos en el siguiente apartado este asunto en más detalle.

4. Periodismo centrado en la violencia o en construir la convivencia El tercer criterio para analizar la cobertura de los medios – su contribución a la transformación de conflictos– se basa en lo que Johan Galtung3 llama periodismo orientado hacia la paz que consiste en desarrollar la potencialidad de los medios como factores que en lugar de exacerbar la confrontación, trabajen partiendo de la base que lo malo no son los conflictos, sino los caminos violentos que algunos toman. Galtung y sus discípulos despliegan un conjunto de contraposiciones entre un periodismo regido por el binomio conflicto-paz y un periodismo regido por el binomio guerra-violencia. A continuación se expone una adaptación de su esquema aplicada a la cobertura de la violencia que aquí nos ocupa. Si comprendiésemos la naturaleza conflictiva que subyace a la violencia, estaríamos más interesados en explorar el conflicto mismo, sus actores, su diversidad, sus distintos objetivos, intereses, sus vivencias. Por el contrario, si practicamos un periodismo basado en la violencia y su represión, nos interesará más ofrecer datos de la confrontación (muertos, heridos, detenidos, presos, penas, castigos, etcétera). Si buscáramos salidas que puedan ser aceptadas por las distintas partes enfrentadas, exploraríamos medidas para que todos ganen algo con la solución propuesta. Por el contrario, si tomamos partido por sólo una parte, presentaremos la solución como el resultado de la victoria del uno sobre el otro, lo que uno gane lo habrá de perder el otro. Si nos importase el diálogo y el entendimiento entre las partes, les daríamos la voz a todas, para así promover la empatía y la comprensión. Sin embargo, si contraponemos un ‘nosotros’ y nuestros intereses a un ‘ellos’ y sus intereses, daremos la palabra sólo a los nuestros y nos parecerá bien recurrir a la propaganda contra ‘ellos’. Si vemos que el problema está en la falta de convivencia e inseguridad derivada del conflicto, intentaríamos partir de las causas para promover medidas creativas que vayan

reduciendo la inseguridad, que construyan confianza y convivencia. No obstante, si pensamos que el problema son ‘los otros’ –delincuentes o mareros–, pondremos el énfasis en el número de ellos que están en la cárcel o han desaparecido. En la misma lógica de promover la comprensión mutua, podríamos ver la humanidad que hay en ambos lados. Pero si pensamos a los otros como problema, sólo veremos ‘nuestro’ lado humano. Un periodismo preocupado por evitar el dolor intentaría actuar antes de que la violencia estallase, actuaría de forma preventiva. Por el contrario, un periodismo dominado por la confrontación espera a que estalle la violencia para reaccionar. El primero, enfatizaría los efectos invisibles (el dolor, el trauma, los valores reinantes, los cambios sociales y culturales), sin dejar de hablar de los efectos también visibles. Sin embargo, el segundo se centrará en éstos, en los muertos, los heridos y los daños materiales. El periodismo basado en la preocupación por construir la convivencia, expondría las falsedades de todas las partes, destaparía todos los engaños. El preocupado por ganar la batalla contra la delincuencia y las maras, expondrá sólo las falsedades de ‘los otros’ y colaborará en los engaños y mentiras de los que considera ‘los nuestros’. El uno enfatizaría el sufrimiento de todas las partes. El otro, sólo ‘nuestro’ sufrimiento. El uno prestaría atención a los grupos sociales que trabajan por la paz social y por la reducción de la tensión. El otro, presta atención sólo a las propuestas que proceden de las elites. Un tipo de periodismo vería la convivencia como la reducción y eliminación de la violencia y el aprovechamiento del potencial creativo que nace en el conflicto entre partes con intereses y visiones contrapuestos. Otro tipo de periodismo ve la paz como el alto al fuego y la victoria de una parte sobre la otra. Se podrían divulgar las iniciativas encaminadas a establecer acercamientos, diálogos, confianza, convivencia entre las partes enfrentadas, por sí mismas y para evitar un recrudecimiento de la violencia y eventualmente reducirla, para evitar una escalada en el conflicto. Claro que también se pueden atacar o esconder esas iniciativas. Se podrían enfatizar los ejemplos de convivencia, los elementos culturales y tradicionales de no violencia que hay en las sociedades. Por el contrario, se pueden enfatizar sólo las leyes, las instituciones, la sociedad controlada y las medidas represivas. Un periodismo orientado hacia la convivencia seguiría reporteando cuando la violencia directa hubiese cesado y se preocuparía por la resolución del conflicto, la reconstrucción de la sociedad y la reconciliación de los ciudadanos. Existe otro periodismo que en seguida se marcha a otro lugar donde estalle la violencia. El cuadro siguiente resume lo que acabamos de exponer.

El periodismo basado en el binomio conflicto / construcción de la convivencia

El periodismo basado en el binomio represión / violencia

5. Coda

Explora la formación del conflicto, x partes, y objetivos, z cuestiones.

Enfatiza el terreno de la confrontación.

Todos deben ganar.

Hay un objetivo (ganar). Supone que la suma general final de la guerra es cero.

Da la voz a todas las partes; promueve empatía y comprensión.

Contrapone "nosotros-ellos"; recurre a la propaganda; da la palabra a los 'nuestros'.

Ve el falta de convivencia e inseguridad/ conflicto / como un problema, enfatiza la creatividad que comporta.

Ve a 'ellos' como el problema. Pone énfasis en cuantos ya no cuentan o están encerrados.

Humaniza a todos los bandos.

Deshumaniza a ‘ellos’

Es preactivo: preventivo antes del estallido de la violencia o la guerra.

Es reactivo: espera al estallido de la violencia para informar.

Enfatiza los efectos invisibles de la violencia (trauma y gloria; daños a la estructura /cultura).

Enfatiza sólo los efectos visibles de la violencia (muertos, heridos y daños materiales).

Expone las falsedades de todas las partes. Destapa los engaños.

Expone las falsedades de los ‘otros’. Colabora en los engaños y las mentiras de los 'nuestros'.

Enfatiza el sufrimiento de todos.

Enfatiza ‘nuestro’ sufrimiento.

Trabajar en periodismo tal como proponemos no es sencillo, es más, suele ser como nadar contra corriente. Si tenemos en cuenta, como ha estudiado Gadi Wolfsfeld (2004)4, que el periodismo tradicional pide la inmediatez de la noticia, el drama y la emotividad en sus relatos, la simplicidad en sus explicaciones y éstas están constreñidas a moverse dentro de valores que la mayoría de la sociedad estima aceptables, no es difícil darse cuenta de lo lejos que esta lógica se sitúa de la lógica de resolución o transformación de conflictos. Un proceso de negociación, por el contrario, es lento, es ‘un proceso’, no da noticias a cada minuto o cada día; en su desarrollo intenta desdramatizar, rebajar la tensión, distender, encontrar cierta calma; explorar la complejidad de la situación y de los actores; y tener en cuenta, no sólo los valores de una parte, sino los de todas las partes –para nuestro caso, los de grupos marginales o marginalizados–. Un conjunto de prioridades opuesto al del periodismo tradicional. En definitiva, debemos ser conscientes de la dimensión de actor político de los medios, de que la presión de su naturaleza les impulsa a no favorecer procesos de distensión y resolución de conflictos, pero también de que esa dinámica no es la única y de que el discurso de los medios está lleno de grietas, de espacios, en los que sí se trabaja para construir convivencia y seguridad ciudadana atendiendo a las causas profundas de la violencia y explorando soluciones. Es tarea de los periodistas y de los medios ensanchar esas grietas, pero si deseamos que lo logren, es también tarea de todas las instituciones, grupos e individuos apoyar esos esfuerzos por una cobertura compleja, por el respeto de la ética periodística y por la construcción de la convivencia y la seguridad para todos.

Señala a los grupos que trabajan para la paz.

Señala a los miembros de las elites que trabajan por la paz

Notas

Ve la Paz/ convivencia = no violencia + creatividad.

Ve la Paz = victoria + alto el fuego.

Subraya las iniciativas de acercamiento, diálogo, confianza, convivencia para evitar más violencia.

Esconde o ataca las iniciativas de acercamiento, diálogo, confianza, convivencia para evitar más violencia.

Enfatiza la estructura, la cultura, la sociedad pacífica.

Enfatiza las leyes, las instituciones, la sociedad controlada.

Se preocupa por los efectos: la resolución, la reconstrucción, la reconciliación.

Se marcha a preocuparse por otra violencia; vuelve si vuelven las llamas.

1 Múltiples informaciones publicades en la prensa salvadoreña entre mayo y octubre de 2005 aportan datos generales y ejemplos ilustrativos de lo aquí afirmado. 2 Existe un conjunto de 12 recomendaciones para el tratamiento de la violencia de género que se puede encontrar en: http:// www.bcn.es/dones/root/violenciadegenere/recomanacions. pdf. Y también hay links interesantes en http://www.mujereshoy. com/secciones/672.shtml; http://www.foroperiodistas.com/ documentos/documentosmedios/compostela.htm ; http:// www.e-leusis.net/noticia.asp?id_noticia=1484 y http://www. rionegro.com.ar/arch200311/27/o27p02.php. 3 The Peace Journalism Option en: [http://www.transcend.org/ PJOPTION.HTM]. 4 Wolfsfeld, Gadi (2004). Media and the Path to Peace. Cambridge University Press.

El caso de Santa Cruz y su relación con el país Al utilizarse los sentimientos regionales cruceños como herramienta político-ideológica, se están sentando las bases para el enfrentamiento violento de los ciudadanos de la región con el Estado, advierte el autor. Fernando Prado

Nuestra hipótesis

ste artículo pretende mostrar un caso concreto en el cual los sentimientos regionales, fuertes y justificados por la historia, y en un contexto de gran heterogeneidad interregional, pueden ser utilizados como herramienta político-ideológica por parte del bloque dominante de una región, en este caso Santa cruz, construyendo un “regionalismo” y una “identidad” para oponerse a la implantación de un modelo diferente, que se considera pone en peligro el desarrollo de la región pero sobre todo sus posibilidades como clase dirigente. En ese marco, es obvio que al plantearse esta contradicción como estructural, y si no se poseen estrategias de negociación, se están sentando las bases para el enfrentamiento violento de los ciudadanos de la región con el Estado.

Previo sobre sentimiento regional, identidad y regionalismo Comencemos aclarando un error muy común en el país: Sostenemos que se utiliza mal el término regionalismo: por definición regionalismo vendría a ser un “ismo”, es decir, algo por definición tendencioso, poco objetivo y por tanto negativo. Por ello el término se debe usar cuando se quiere señalar, en algún caso, su esencia negativa; pero eso es algo muy distinto a lo que denominamos “sentimiento regional”, es decir, el apego natural y sano a un determinado territorio en el que uno ha vivido y desarrollado sus actividades. Ese sentimiento regional es algo natural e implícito en todos y no requiere ser ni racionalizado ni explicado y menos instrumentalizado. Forma parte de la subjetividad de la persona. Para que ese sentimiento regional se convierta en un movimiento regionalista es necesaria una operación previa: transformar ese sentimiento regional en identidad, la cual, como sostiene Castells (1998) es siempre una construcción social. La identidad implica un nosotros y un ellos

Salmon

e implica un por qué y un para qué. Es pues una construcción política para la acción.

Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano

La construcción de la identidad

Regional. Ha

Para entender cómo y porqué se ha dado el proceso de construcción de decena de libros identidad en el caso cruceño, es necesobre la sociedad sario que apelemos a los conceptos de urbana cruceña. Castells, quien sostiene: Desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, las instituciones, la memoria colectiva y las fantasías personales... Pero los individuos y los grupos sociales procesan esos materiales y los reordenan en su sentido según los proyectos implantados en su estructura social [...] (1998: 29) El carácter político que puede asumir la construcción de identidad y, sobre la base de ello, los tipos de identidad, son planteados también por Castells de esta manera: publicado una

Puesto que la construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder, propongo la distinción entre tres formas de construcción de identidad: legitimadora, introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación [...] de resistencia, generada por los sectores en posición estigmatizada [...] e identidad de proyecto cuando los actores sociales construyen una identidad buscan la transformación de toda la estructura social [...]” (ibíd.: 30)

El caso de la identidad y el regionalismo cruceño Como ya dijimos, hay motivos históricos, sociales, económicos, geográficos culturales y políticos para que la ciudad

Es un hecho que el problema regional se enciende cuando cruceña haya llegado a sentirse “diferente” a la sociedad andina y centro del poder político por más de 400 años. Sin embargo, ese ser diferente ha tenido distintas expresiones en el tempo, según como se iban plasmando las relaciones entre la región y sus grupos dirigentes y el país. Sostiene José Luis Roca: “El liderazgo de los movimientos regionales es ejercido por las clases dominantes que persuaden a las dominadas de la necesidad de enfrentar a un enemigo común” (1983: 53) Siempre en la búsqueda de quienes son los actores de la creación y el uso de la identidad, Gramsci (1975) sostenía: “Los bloques sociales regionales organizan la hegemonía interna y por otro lado se interrelacionan con el poder central armónica o conflictivamente” (la cursiva es nuestra). Esta relación armónica o conflictiva con el poder central es fundamental para entender las relaciones de Santa Cruz con el poder central en sus 400 años de historia: hubo conflicto entre el fundador Ñuflo Chávez y el poder virreinal de Lima, hubo conflicto cuando los ferrocarriles se construyeron hacia los puertos, aislando a Santa Cruz del país (ferrocarril o nada), hubo conflicto cuando no se cumplía con el pago de las regalías, y hay conflicto cuando desde la zona andina se formula un proyecto nacional considerado por la dirigencia cruceña “estatista, comunitarista, indigenista y comunista” y, por tanto, situado en las antípodas del “modelo cruceño”. También bajo esa óptica de armonía/conflicto debemos recordar que durante los gobiernos liberales de Banzer, Paz Zamora y Sánchez de Lozada, el conflicto regional se mantenía en sordina y, si bien había conflictos de intereses, éstos se arreglaban ante la evidencia de lo que se consideraba el bien común, que era el control compartido del poder político. En ese contexto, en la región no se incitaba a la violencia contra los collas, el centralismo ni el poder “andinocentrico”; por lo menos no se lo hacía desde los círculos de poder local. Es un hecho que el problema regional se enciende cuando se percibe que las políticas nacionales pueden frenar o destruir las bases económicas y sociales del dominio regional: “En el caso de Santa Cruz se ha asistido a un interesante proceso de uso político de la cultura y la identidad local, que ha sido cuidadosamente construida desde hace mas de 20 años, con la que se hace política apelando a lo subjetivo, mientras que en la zona andina tradicionalmente la politización se ha dado en la lucha política con sello de clase, mediante sindicatos, partidos políticos y construcción de ideología.” (Prado, 2009: 178) Como puede verse en el proceso histórico, la identidad cruceña y sus expresiones de regionalismo abarcan los tres tipos de identidad que plantea Castells: ha habido y hay una identidad legitimadora (el cruceñismo de las élites),

se percibe que las políticas nacionales pueden frenar o destruir las bases económicas y sociales del dominio regional. junto a una identidad de resistencia, frente al poder político del gobierno central y una identidad de proyecto, en defensa del llamado “modelo cruceño” autonomista y liberal.

Regionalismo, conflicto político e identidad En la medida que el conflicto político ideológico entre occidente y oriente no se canalice hacia la negociación política, están dadas las bases para la cultura de la violencia, justificada amplificando las diferencias entre culturas. A esta situación se ha llegado por el desconocimiento total de los miembros del partido gobernante de lo que es la sociedad cruceña, caricaturizada como “manejada por cuatro familias oligárquicas” y por la escasa cultura política de la dirigencia cruceña, para gran parte de la cual “negociación política” es sinónimo de traición. El gobernador ha manifestado claramente que el “no se sentará jamás a negociar con el gobierno”, entendiéndose que negociar es el equivalente de traición, venta o acto doloso. Una vez abierto el conflicto y la negación a negociar, todo sirve, y es ahí que comienzan a entrar en juego los elementos de la identidad y la cultura local como combustible del enfrenamiento: Los collas son comunistas, centralistas, sucios y quieren imponer su cultura aymara; los cruceños debemos defendernos, pues nunca seremos como ellos. Por otra parte, en el gobierno se sostiene que los cambas son reaccionarios, racistas, individualistas, separatistas y excluyentes, que se oponen al cambio que pide el país. La cultura de la violencia está así servida; pero reiteramos, el escenario y el libreto está siempre originado en el conflicto de dos distintas formaciones sociales, que han generado dos proyectos de país, fuertes ambos, que deberían conversar y no lo hacen.

Regionalismo, identidad y clase Este enfrentamiento entre culturas, siempre alimentado por la lucha política, tiene también un fuerte sello de clase, inseparable de la política pero también inseparable de las expresiones étnico-culturales. Por ello no nos debe extrañar que en períodos “de baja”, es decir no conflictivos, al no existir la presión para una percepción negativa, las diferencias étnico-culturales en los niveles populares se perciben, pero son casi “anecdóticas”: para el camba, el colla no gasta, no

sabe vivir bien aunque tenga plata, pero por otra parte se le reconoce que es trabajador y además hay la percepción de que el colla “es leído”, por lo menos mas que el cruceño. Esta percepción de periodos tranquilos se convierte rápidamente cuando se produce la polarización y el colla que ya hemos descrito pasa a ser violento, invasor y comunista. Por otra parte el colla percibe al cruceño como gastador, un poco farsante, pero en el fondo bueno y solidario. En períodos de conflicto atizado, para el colla el camba se convierte en el “unionista racista y separatista”. Así el conflicto queda convertido en una situación de violencia estructural, muy difícil de desarmar para retornar a la paz. El tema de clase está presente cuando nuestro análisis se abre a todas las clases sociales. Para las clases altas, colla es sinónimo de pobre, ignorante y desaliñado, y son tratados como clase inferior. Sin embargo hay collas inmigrantes empresarios, inversionistas y profesionales de éxito que obviamente no entran en esa categoría; entonces ahí entra en juego la solidaridad y el reconocimiento de clase: “sí, son collas, pero son gente bien... aportan a Santa Cruz y se integran a su proyecto y sus valores”.

La postergación de las contradicciones internas es generadora de violencia estructural Pero quizá el efecto más negativo de la polarización política que apela a los regionalismos es que, a título de presentar un frente interno unido, instruye a todos el postergar los conflictos locales, considerándolos subalternos al enfrentamiento con el gobierno central. Esa lógica aparentemente razonable es la que posterga indefinidamente el desarrollo social y político de la región, manteniendo las situaciones de injusticia, exclusión y atropello de los sectores más débiles, cuyas justas reivindicaciones no son atendidas jamás; por lo que esa estrategia global de las clases dominantes, al no enfrentar los

problemas sociales, en realidad está prolongando peligrosamente las causas que generan violencia estructural.

La interculturalidad Con todos estos escollos, es muy difícil poder hablar de una coexistencia entre pueblos en la interculturalidad. Mientras los sentimientos regionales sean utilizados en la pugna política, se aleja la posibilidad de reconocer que el otro, siendo diferente, no sólo puede sostener ideas políticas distintas, sino también ideas políticas no necesariamente ligadas con su lugar de origen.

¿Y el Estado centralista colla? Pero la percepción cruceña de lo colla, y de lo colla hacia Santa Cruz, que se ha venido construyendo históricamente, no se limita sólo a las diferencias en los rasgos socioculturales, la distinta formación social histórica ni a las distintas coyunturas políticas: hay algo que es una constante en la relación histórica de Santa Cruz con la zona andina, y son las relaciones con el poder, siempre centralizado e impositivo, pero sobre todo lejano. El conflicto de Santa Cruz con el poder, lejano y centralista, viene desde el nacimiento de Santa Cruz y las dificultades de su fundador Ñuflo Chávez con el Virreinato de Lima, pasando por el eterno nombramiento de autoridades foráneas y concluyendo con el aislamiento decretado por los gobiernos minero-feudales, que dentro de la política del librecambismo orientan la infraestructura comercial y de transporte hacia afuera, para la exportación de minerales e importación de productos agrícolas, desconectando al oriente de la vida económica y productiva del país. El país de entonces era el país minero feudal; Santa Cruz no tenía minas, era agropecuario, por lo que no tenía cabida, no existía para el poder minero central. Cuando se construyen ferrocarriles hacia Chile y Perú, y no hacia Santa Cruz, el grito “ferrocarril o nada” movilizó revoluciones contra ese Estado ausente, que le daba las espaldas, pero no tuvo la fuerza de cambiar el rumbo de la historia, hasta la segunda mitad del siglo XX, en la que el desarrollo de sus fuerzas productivas inserta a Santa Cruz en la actividad nacional. El pedido aún vigente de descentralización y/o autonomía en Santa Cruz tiene pues raíces históricas y por tanto un fuerte poder de movilización que el gobierno de Morales no conocía ni pudo detectar a tiempo, error que ha tenido un alto costo político y ha generado un profundo, áspero y violento conflicto entre la mayoría de los cruceños y el gobierno de Evo Morales; conflicto que si bien ha amainado, no ha sido adecuadamente cerrado, habiendo dejado heridas muy profundas.

Está claro que la autonomía de una región respecto a su nación no tiene de por sí un tinte ideológico. Hay en el mundo procesos autonomistas de izquierda como los Vascos, o liberales de derecha como el cruceño. Todo depende de cuáles sean los actores en juego. Pero ya en el imaginario colectivo cruceño, el Gobierno central es siempre colla y son ya inseparables los términos “gobierno” y “colla”. Además, por definición, ese gobierno no ve a Santa Cruz con buenos ojos, y gobierna siempre para el propio interés, esto es, el interés de la burocracia paceña y no de los pobladores de los llanos. Cambiar esta visión tan arraigada requiere de mucho tiempo y sobre todo de acciones concretas, con la esperanza de que estos estereotipos, explicables por la historia, no sigan siendo utilizados para enfrentar a nuestros pueblos.

Conclusión A la luz de lo dicho hasta ahora, podemos sostener que la construcción de una verdadera interculturalidad, base sólida para la cultura de la paz, será posible sólo cuando, en el marco de una menor heterogeneidad estructural entre las regiones, sus clases dominantes y sus expresiones políticas dejen de utilizar los sentimientos regionales y la identidad como instrumento político-ideológico, y además cuando aprendan a manejar y asegurar mecanismos democráticos de resolución de los conflictos pues, como hemos visto, el subdesarrollo político y la incapacidad de negociar generan inmediatamente violencia. Lo dicho implica la necesidad de una mayor madurez de los estamentos políticos, que se deberá manifestar en partidos políticos fuertes y cuya principal misión deberá ser la búsqueda del bien común en todo el país. 1 Esta percepción se sustenta en la formación sindical que traen los inmigrantes, que los ha puesto en contacto con la lectura y la redacción, y en el hecho que hay un alto porcentaje de collas entre los profesionales, un porcentaje mucho mayor que la tasa general de inmigración.

Bibliografía Gramsci, Antonio (1975), Note su Machiavelli. Citado en F. Calderón (comp.), El poder de las regiones, Cochabamba, CERES CLACSO, 1983. Prado, Fernando (2009), Poder, cambio y reconfiguración del territorio en la Bolivia de hoy, en Poder y cambio en Bolivia, La Paz, PIEB, 2009. Castells, Manuel (1998) La era de la información, Madrid, Alianza editorial. Roca, José Luis (1980) Fisionomía del regionalismo boliviano. La Paz, Editorial Los amigos del libro.

¿Qué camino eliges?

Paz estructural

Involucra democracia, respeto por los DDHH, igualdad de oportunidades, acceso a educaci贸n, salud, justicia, empleo digno, cuidado del medio ambiente y respeto al derecho a la informaci贸n y la comunicaci贸n.

Reflexiones sobre violencia estructural Violencia estructural Es la pobreza que produce sufrimiento y muerte prematura, o el recorte de libertades pol铆ticas; es fruto de un determinado modo de organizar la sociedad y de distribuir recursos y oportunidades.

Las políticas de ajuste macro económico como formas de violencia estructural El artículo visibiliza que la política económica de libre mercado posee componentes altamente violentos, explicados a través del análisis de una política de ajuste económico como fue el DS 748, conocido como el “gasolinazo de diciembre 2010”. Javier Campos

a situación del comercio de los carburantes en Bolivia se constituye en un círculo vicioso. Es sabido que al no existir suficiente producción nacional de petróleo se recurre a la importación de diesel y gasolina,1 que a su vez es subvencionada para el consumo en el mercado interno y luego desviada por el contrabando hacia los países vecinos donde el precio es más alto. Con la promulgación del Decreto 748, llamado popularmente “gasolinazo”, se planteaba una política de ajuste macro económico para “liberar” el precio de los carburantes de consumo interno en relación al mercado internacional, lo que hacía que la gasolina especial tenga un incremento de precio del 73% y el diesel del 83%.2 Con esta medida el Gobierno del Estado Plurinacional pretendía en resumen alcanzar tres objetivos: a) Disminuir el gasto creciente derivado de la subvención a los carburantes que el Estado arrastra desde la década de los 90, en palabras de nuestro presidente “para que no haya una sangría de la economía nacional”,3 b) Frenar el contrabando de carburantes a los países vecinos,4 que en el último tiempo se ha incrementado alarmantemente pues Bolivia mantiene uno de los precios más económicos de la región,5 y c) El objetivo menos difundido por el Gobierno en los medios fue el de incentivar la inversión de las empresas petroleras en exploración y producción de petróleo.6 Dada nuestra legislación y la subvención, las empresas petroleras transnacionales han dejado de invertir en este rubro porque no quieren verse obligadas a vender un producto a precios más bajos para el mercado interno que en el mercado internacional;7 por otra parte, la nacionalizada YPFB no ha podido hacerse cargo de esta tarea con resultados positivos. Luego de la rápida respuesta movilizada de las organizaciones sociales, que hasta ese momento habían estado en una tácita alianza con el Gobierno, el Decreto fue derogado, no sin suscitarse episodios violentos por parte de uno u otro bando. A pesar del retroceso de esta política, la

Navarro Licenciado en economía, con maestría en estudios sociales y políticos latinoamericanos,

economía boliviana y la población han quedado afectadas por el incremento inflacionario. Estos sucesos han revelado algunos factores muy importantes para nuestro análisis:

– Los problemas de gestión dentro de la estatal petrolera YPFB, que no ha poen desarrollo y dido apuntalar una política energética pobreza. efectiva, la cual es el pilar fundamental de impulso al desarrollo dentro de los planes del gobierno (la industrialización y el cambio de la matriz energética). Problemas manifiestos en la reducción de la producción de los pozos de petróleo y su contraparte de importación de gasolina y diesel, bajos resultados de una escasa inversión (nacional y extranjera) en la exploración de nuevos pozos de gas y petróleo, y una insuficiente política de industrialización de hidrocarburos. – Se puso de manifiesto la crisis de la economía campesina y la insuficiencia de la industria boliviana para abastecer el consumo interno en una dinámica de libre mercado (exportación-importación), lo que implica problemas de seguridad y soberanía alimentaria. Productos de primera necesidad como el azúcar y el aceite no sólo han subido de precio, sino que han escaseado en el mercado; la producción avícola y lechera han incrementado sus precios; las importaciones de harina de trigo, papa y azúcar se han incrementado; todo esto ha provocado altos niveles de especulación y agio en el primer trimestre del presente año. – Se visibilizaron las tensiones y contradicciones entre el paradigma político manejado por el Gobierno y el paradigma económico: se habla de un Estado Plurinacional que busca el “vivir bien”, pero sin contar con un claro y diplomado

La violencia estructural y la cultural se hacen visibles a través enfoque de política económica que no entre en contradicción con su enfoque político, lo que provoca recurrir nuevamente a medidas de ajuste macro económico de corte liberal para estabilizar la economía nacional. Precisamente el diseño del D.S. 748 como política de ajuste macroeconómico se planteó de una manera ya clásica en cuanto a las reformas económicas de los años 80, a manera de shock, y son este tipo de políticas las que se constituyen en formas de violencia estructural que generan eventos visibles de violencia directa. Es necesario en este punto aclarar el enfoque de Violencia Estructural: Johan Galtung plantea desde los años 70 y 80 la diferencia entre violencia directa (física, verbal o psicológica) y violencia estructural (un tipo de violencia indirecta, no visible que es fruto de estructuras sociales injustas), añadiendo más tarde el concepto de violencia cultural (que es ejercida a través de los sistemas de creencias y valores culturales); la violencia estructural y cultural causan violencia directa, y a su vez la violencia directa refuerza la violencia estructural y la cultural. Para su comprensión, puede ser útil el triángulo propuesto por Galtung:

Fuente: Galtung, Johan, Violencia, guerra y su impacto.8

La violencia estructural y la cultural se hacen visibles a través de la violencia directa, y ésta a su vez tiene raíces culturales y estructurales. La violencia estructural desde el enfoque de Galtung, entendida como “el fruto de un determinado modo de organizar la sociedad y de distribuir los recursos y oportunidades”,9 engloba la “pobreza condicionada estructuralmente (cuando no estuviera garantizado el acceso a bienes como alimentos, agua, vestido, vivienda, medicamentos y escolaridad), a la represión política (cuando se vulneren derechos relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección jurídica, de movilización, trabajo, etc.), y a la alienación (cuando hubiera obstáculos evitables a la satisfacción de necesidades tales como la de comprender las condiciones de la propia existencia, de comunidad, de solidaridad, etc.)”.10 La violencia estructural, al ser una forma de violencia indirecta causada por ciertas condiciones estructurales del

de la violencia directa, y ésta a su vez tiene raíces culturales y estructurales. sistema, es percibida como un daño no intencional, como un proceso generalmente lento y difícil de percibir, que opera marginando, limitando o exterminando lentamente a un sector de la población, ya sea en forma de pobreza, desigualdad, hambre u otros similares. Las causas de este tipo de violencia se encuentran en las estructuras económicas y estatales principalmente. Si bien los procesos de violencia estructural se van desarrollando en plazos largos, y por ende es difícil percibir el paso de la violencia estructural a la directa, en el caso de las políticas de ajuste económico, en especial las políticas de shock para la liberación de precios internos en un contexto de crisis alimentaria mundial y regional, el ritmo de esta dinámica es mucho más acelerado. Aunque la crisis alimentaria como tal no alcanzó su punto más alto, se ha producido en Bolivia y Latinoamérica un incremento acelerado de la inflación alimentaria en el último período,11 es decir que los precios de los productos alimenticios de la canasta básica familiar se han incrementado en toda la región, lo que hace que los efectos del Decreto 748 sean directos en el detrimento de la seguridad alimentaria de la población de bajos ingresos. A diferencia del concepto de “hambre”, que resulta bastante difuso, cuando hablamos de seguridad alimentaria nos referimos fundamentalmente a cuatro aspectos: la disponibilidad y el acceso a los alimentos, la utilización de los mismos y la estabilidad en su acceso. A decir de la FAO, “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).12 En este caso, el Decreto 748 fue una política económica que incidió negativamente en la seguridad alimentaria pues limitaba el acceso y la disponibilidad de alimentos a los sectores de bajos ingresos de nuestro país, constituyéndose así en una forma de violencia estructural. Analicemos las condiciones que aportan al carácter de violencia estructural del Decreto 748 comparando sus efectos posibles sobre dos sectores diferentes: el sector agrícola empresarial y el magisterio. En el primer caso, el efecto del Decreto 748 en el sector agrícola empresarial, que utiliza el diesel como principal carburante para sus maquinarias agrícolas (producción de soya, maíz y caña de azúcar, principalmente), hubiese sido un incre-

mento en los costos de producción; sin embargo, ese costo hubiese podido ser transferido al consumidor a través del incremento inmediato de los precios de sus productos. En el segundo caso, en cambio, el incremento en el costo de los productos finales y del transporte no puede ser transferido a un producto final; lo que hubiese hecho que el efecto del Decreto sea más agudo en este segundo sector, pues además cuenta con menores ingresos, limitando así su capacidad de consumo y acceso a los bienes de la canasta familiar. Conocedor de esta situación, el Gobierno había previsto utilizar el gasto estatal destinado a la subvención de carburantes para inyectar recursos en salarios, así que propuso un incremento del 20% a los sueldos y salarios de los empleados públicos (trabajadores de salud, maestros, policías y militares), así como elevar el salario mínimo en un 20%13 (incremento destinado a los trabajadores del sector privado que cuenten con un empleo formal); sin embargo, no tomaba en cuenta las condiciones estructurales de la economía nacional: que los sectores populares de bajos ingresos –cuya mayoría se encuentra distribuida en los ámbitos de servicios, comercio, comercio informal y producción campesina– no se veían directamente beneficiados con el incremento de salarios y sí bastante afectados con el alza del costo de vida. De esta manera, la “oferta” del Gobierno sería ampliamente rechazada por los movimientos sociales. Al ser el Decreto 748 una medida que inmediatamente afectó al bolsillo de la población boliviana, las movilizaciones fueron rápidas e inclusive se emplearon medios violentos: movilizaciones con agresiones, bloqueos de caminos y hasta saqueos a comercios de abarrotes y otros acaecidos en diferentes lugares del país. Esto nos da una idea de las relaciones y vaivenes entre la violencia estructural y la violencia directa (eso es, la violencia que se hace física, la violencia surgida de la resistencia ante la política económica); por otra parte, está la respuesta estatal,

que también recurre a medios de violencia directa: el uso de la fuerza pública, la represión policial. El análisis de fondo es visibilizar que la política económica de libre mercado llamada “neoliberal” posee componentes altamente violentos desde el punto de vista estructural, que son utilizados por el Gobierno en forma de ajustes para que la economía nacional se mantenga en equilibrio con el mercado internacional. Claro ejemplo ha sido el de “liberar” los precios de los carburantes, porque se debe aclarar que el Decreto 748 fue pensado no con el objetivo de realizar un incremento único que se nivele al precio internacional y luego se congele, sino para que los precios de los carburantes fluctúen permanentemente en el mercado interno según los cambios de los precios de carburantes en el mercado internacional.14

La contradicción entre política y economía del actual Gobierno hace que los objetivos del “vivir bien” se estrellen contra un muro de política pragmática en lo económico. Por ahora el tema del gasolinazo se ha archivado, se abrió un paréntesis dejando los problemas que conlleva este tema sin solución. De manera más general, la contradicción entre política y economía del actual Gobierno hace que los objetivos del “vivir bien” se estrellen contra un muro de política pragmática en lo económico, que busca mantener los equilibrios macroeconómicos y de mercado, lo que demuestra que el Estado arrastra todavía una pesada estructura económica de corte neoliberal. No se insinúa que la economía boliviana debiera estar completamente estatalizada, sino que se deben buscar formas económicas más coherentes a nuestro contexto político y social. Es imperante repensar nuevas formas de políticas económicas que vayan más allá de las recetas económicas y políticas de shock para implementar ajustes económicos, formas más creativas de solucionar los problemas complejos que atraviesa nuestro país (como la subvención a los carburantes y el contrabando, que hacen mella en la economía boliviana).

El reto es hacer un análisis crítico y contextualizado de nuestras estructuras políticas y económicas para cambiar las medidas de ajuste macroeconómico de corte neoliberal, que están impregnadas de violencia estructural, por otras menos violentas en este sentido. 1. Según el INE, hasta mayo del 2010 las importaciones de carburantes (gasolina y diesel) subieron en un 100% en relación al 2009, importando un total de 288,56 millones de dólares en carburantes para ese período. Los Tiempos, 15/07/10. 2. Los Tiempos, 28/12/10. 3. Los Tiempos, 28/12/10. Según el Ministro de Economía el Decreto 748 permitía un ahorro de 380 millones de dólares que ahora están destinados a la subvención (Los Tiempos, 27/12/10). 4. En declaraciones a la red televisiva ATB, El Ministro de Economía Luis Arce afirmaba que la lucha contra el contrabando no tuvo los resultados esperados, justificando así el Decreto 748 (Los Tiempos, 27/12/10). 5. Según TELESUR en diciembre de 2010, los países de la región que cuentan con mayores precios de gasolina regular son Chile (1,3 $us), Colombia (1,1 $us) y Perú (1,05 $us), en una escala menor tenemos a Bolivia (0,9 $us) Argentina (0,87 $us) y México (0,66 $us) y los precios más bajos están en el Ecuador (0,3 $us) y Venezuela (0,02 $us). Disponible en la web: http://www.youtube. com/watch?v=LrUOmD_fOJs 6. Declaraciones del Ministro de Hidrocarburos Fernando Vincenti al Diario El Deber, recogidas en Los Tiempos, 28/12/10. 7. El precio del barril de petróleo en territorio nacional estaba congelado a diciembre de 2010 en 27 $us. mientras que el precio internacional estaba en 90 $us con tendencia al alza, según declaraciones de Carlos Villegas, Los Tiempos 29/12/10. 8. Disponible en línea: http://red.pucp.edu.pe/ridei/buscador/ files/081020.pdf 9. Fundación UNIR, Separata Construir una cultura de paz: una necesidad en Bolivia, 2010. 10. Bobbio, Norberto, Diccionario Político, Pág. 1.167. 11. La FAO indica para mayo del 2011 que “la inflación alimentaria anual (marzo 2010 a marzo 2011) se mantiene más alta que la inflación general: 7,7 % frente a un 6,5%”, respectivamente. Comunicado de prensa de la FAO disponible en línea: http:// www.rlc.fao.org/es/prensa. 12. FAO, Informe de Políticas, junio de 2006. Disponible en la línea: ftp://ftp.fao.org/es 13. Mensaje Presidencial difundido por los medios televisivos. Véase también Los Tiempos, 30/12/10. 14. Véase las declaraciones del Ministro de Economía Luis Arce a la Agencia de Noticias Fides (ANF) recogidas en Los Tiempos, 28/12/10.

Respuestas y propuestas femeninas a las violencias directa, estructural y cultural La autora propone un repaso a la situación de las violencias contra las mujeres y resalta la importancia de que estén organizadas; subraya cómo pueden ser agentes de cambio para revertir situaciones de indefensión críticas. María Julia

Violencia directa, estructural y cultural

a violencia física o directa es aquella que se caracteriza por ser una acción agresiva o destructiva contra las personas (tal el caso de la violencia de género y de la violencia familiar, entre otras). Lo que diferencia a esta clase de violencia de las demás es que se trata de una violencia visible en lo que respecta a sus efectos. No obstante ello, debe destacarse que existen efectos de esta clase de violencia que se presentan de un modo más o menos invisible (como traumas psicológicos, sufrimientos, etc.) y, aunque son igual de graves, no se les suele dar la misma importancia que a los efectos materiales. En relación a este tipo de violencia, observamos que se ha legislado sobre las situaciones que la configuran, estableciéndose agravantes y eximentes. Asimismo, se han previsto penas de diferente cuantía para aquellas conductas que violenten en mayor o menor medida los derechos consagrados en las leyes, valorándose de igual modo los distintos tipos de violencia. A principios de la década de 1970, Galtung y otros autores desarrollaron el concepto de violencia estructural, concepto que avanza a una visión de violencia más dinámica e invisible, definiéndosela como “aquello que provoca que las realizaciones efectivas, somáticas y mentales de los seres humanos estén por debajo de sus realizaciones potenciales”.1 El término violencia estructural es aplicable a aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es

Moreyra

resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de Coordinadora las demás, debido a los mecanismos Regional para de estratificación social. América Latina En la década de 1990 surge una nuey el Caribe de va aproximación a la violencia, desaMujeres de Paz rrollándose el concepto de violencia en el Mundo. cultural. Galtung la define como una violencia que “se expresa desde infinidad de medios (simbolismos, religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de comunicación, educación, etc.) y que cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren”.2 La violencia cultural es utilizada a fin de lograr la aprobación de posturas fanáticas, sea en lo religioso, en lo económico o en las relaciones de género.

Violencia contra las mujeres De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres son objeto de violencia por parte de integrantes de su círculo familiar de manera desproporcionada respecto de los varones.3 La violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos. Lo que preocupa sobremanera es que los autores de los actos de violencia, en la mayoría de los casos, permanezcan impunes. De igual modo, debe procurarse que aquellas mujeres víctimas de violencia puedan acceder a medios de protección y recursos eficaces. Es muy importante destacar lo manifestado por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General Nº 19: “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades

en pie de igualdad con el hombre” y que vulnera varias disposiciones de la CEDAW (Recomendación General Nº 19, Naciones Unidas, Doc. CEDAW/C/1992). A nivel regional, debe resaltarse la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.4 Este instrumento no sólo está dedicado en su integridad a la violencia contra las mujeres, estipulando que la misma es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, sino también consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La mencionada Convención, en su artículo 1, define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. En el artículo 2 se hace referencia a que la violencia física, sexual y psicológica puede tener lugar en el ámbito de la familia, la unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad; o puede ser perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes. Basándose en la violación de las normas de esta Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras (denominado “Campo Algodonero”), ha condenado al Estado mexicano en relación a crímenes de violencia sexual, ya que muchas mujeres en Ciudad Juárez fueron agredidas sexualmente y asesinadas, quedando dichos actos impunes. La Corte ha manifestado que los responsables directos de dichos crímenes son los autores concretos que los perpetran, pero que también existe responsabilidad del Estado Mexicano por omisión en tales casos (no adoptó acciones para combatir la impunidad con que estos crímenes se cometieron). Aquí nos hallamos ante la configuración de violencia directa, cometida por los autores de los crímenes, pero en un contexto político y social que se ha despreocupado de enjuiciar y condenar a los mismos, lo que constituiría ejemplos de violencia estructural y cultural por parte de las instituciones mexicanas.

Violencia sexual contra las mujeres El término violencia sexual se refiere a diversos crímenes que incluyen la violación, la mutilación sexual, la humillación sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado, entre otros. Las mujeres son las que están sometidas en mayor medida a este tipo de violencia. En tiempos de paz, las mujeres sufren todo tipo de persecuciones basadas en el género, incluyendo actos de violencia sexual y esclavitud. En los conflictos armados los horrores que las mujeres deben en-

frentar se multiplican en número, frecuencia y severidad, incrementándose asimismo el grado de impunidad con que tales atrocidades son cometidas. Más aún en situaciones de conflicto armado, no sólo es el género lo que hace que las mujeres sean el blanco de la violencia sexual; es también la intersección del género con las múltiples y variadas identidades de religión, nacionalidad y etnicidad lo que permite a los grupos de mujeres ser distinguidas entre “las nuestras” y “las de ellos” o “las propias” y “las ajenas”. De esta manera, el sometimiento, la humillación y la degradación son no sólo un ataque contra las mujeres y su cuerpo, sino también un ataque contra su estado/cultura/religión o grupo étnico y contra los hombres que pertenecen a ellos.5 Las razones por las cuales las mujeres resultan las principales víctimas de esta violencia, como asimismo, las formas en que son afectadas, difieren considerablemente de las experiencias sufridas por los hombres. Las mujeres enfrentan amenazas a su salud que derivan de sus diferencias biológicas. Para una mujer, existe el riesgo de quedar embarazada como resultado de la violación. A lo manifestado, se suma el daño permanente al sistema reproductivo, que a menudo resulta de la violencia sexual y la transmisión de enfermedades sexuales, incluido el SIDA. Asimismo, en muchas sociedades, las mujeres, luego de ser atacadas sexualmente, son evitadas, desterradas, se las considera no aptas para contraer matrimonio y también resultan discriminadas y maltratadas dentro de la familia y la comunidad debido a la subordinación y devaluación de las mujeres y niñas y de sus papeles en la sociedad. Este rechazo social refuerza en las víctimas los sentimientos de vergüenza, culpa, soledad y depresión. Muy pocas víctimas de estos delitos denuncian lo que les ha ocurrido. Viven en silencio con las horribles consecuencias de las atrocidades cometidas contra ellas. No son fáciles de obtener estadísticas reales, aquellas que se encuentran disponibles están a menudo basadas en datos referidos a víctimas que buscan ayuda médica debido a embarazos, enfermedades transmitidas sexualmente o culminación de embarazos.6

Este rechazo social refuerza en las víctimas los sentimientos de vergüenza, culpa, soledad y depresión. Muy pocas víctimas de estos delitos denuncian lo que les ha ocurrido. 51

En esta temática, debe destacarse el cambio que en el derecho interno de los Estados se produjo respecto a los crímenes de violencia sexual. Durante mucho tiempo estos crímenes eran caracterizados como ataques contra el honor o un ultraje a la dignidad personal. Ello significó un grave error y constituyó un serio obstáculo en el tratamiento de los crímenes de violencia sexual. Actualmente, los códigos penales de varios Estados ya no hablan de delitos contra el honor. El Código Penal Español, en el Título VIII, artículos 178 y siguientes, alude a “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. Por su parte, el Código Penal Argentino, a través de la ley 25087, sustituyó el título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”.

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) “Mujeres, Paz y Seguridad”: un valioso instrumento en la lucha contra la violencia La Resolución, que fue aprobada el 31 de octubre del año 2000, reconoce que las mujeres, niñas y niños resultan ser las principales víctimas en los conflictos armados. En algunas circunstancias son el blanco directo de los combatientes, incrementándose el uso de la violencia sexual para desplazar y desmoralizar a las comunidades y socavar la estabilidad y recuperación social. La Resolución 1325, al igual que las Resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009) y 1889 (2009) requieren un fuerte compromiso por parte de los actores nacionales e internacionales en lo referente a los desafíos que enfrentan las mujeres en situación de crisis. Con motivo de los diez años de la Res. 1325, se llevaron a cabo en el año 2010 reuniones de mujeres activistas con líderes de Naciones Unidas y funcionarios gubernamentales, conocidas como “The Open Days on Women, Peace and Security”, realizadas con el propósito de asegurar que las voces y los liderazgos de las mujeres guíen el trabajo de la ONU en lo que se refiere a la construcción y el mantenimiento de la paz. Estas reuniones constituyen una oportunidad única para reconocer los progresos y las dificultades que aún subsisten en esta temática. En el caso de Haití, las mujeres que participaron de dichas reuniones, presentaron un documento al Representante Especial del Secretario General, en el cual plantearon la necesidad de expandir el alcance de la Res. 1325, de modo que incluya también los desastres naturales.7 En Senegal las mujeres líderes de la sociedad civil, la academia y la esfera política han solicitado la integración de la Res. 1325 en la política doméstica. En Somalia, las mujeres enfatizaron que, pese a las condiciones que enfrentan (violencia sexual, mutilación ge-

Las organizaciones de mujeres mantienen reuniones con los principales actores que tienen a su cargo la adopción de medidas que brinden protección a las mujeres y promocionen sus derechos. nital femenina, desplazamiento), no se sienten víctimas, sino sobrevivientes con mucha fuerza, que diariamente exponen sus vidas para defender sus derechos y los de sus compañeras somalíes. Requirieron a la comunidad internacional reconocer y apoyar sus esfuerzos, incluyéndolas, en igual medida que los hombres, en los procesos de ayuda, recuperación y desarrollo.

Respuestas femeninas a la violencia directa, estructural y cultural 1) La importancia de las organizaciones de mujeres En el presente artículo se hizo referencia a la violencia doméstica, la cual es una forma de violencia directa y una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad existente entre hombres y mujeres, pues halla su basamento en el abuso de poder y la dominación que ejercen los hombres sobre las mujeres en el ámbito de sus relaciones íntimas. Fue gracias al movimiento de mujeres, en los años 60 y 70, que esta problemática se hizo visible, y en América Latina, en los años 80 y en el contexto de la transición democrática, se comenzó a discutir públicamente la violencia que tiene lugar en la esfera de las relaciones interpersonales. El movimiento de mujeres, a través de su accionar, ha bregado para que en cada país se cuente con una ley integral de violencia, que se desarrollen programas de acción nacionales sobre la igualdad de género y que tiendan a la prevención y erradicación de las diferentes formas de violencia, a fin de que se garanticen todos los derechos consagrados en instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, entre otras. Las organizaciones de mujeres mantienen reuniones con los principales actores que tienen a su cargo la adopción de medidas que brinden protección a las mujeres y promocionen sus derechos. Las organizaciones de mujeres han atendido, acompañado y asistido a las víctimas de violencia. Por ejemplo, Medica Women’s Therapy Center fue establecida en Bosnia-Herzegovina en abril de 1993, para responder a las ne-

cesidades psicológicas, ginecológicas y sociales de mujeres y niñas, producto del abuso masculino ocurrido en el conflicto armado y ahora trabaja sobre los derechos humanos de las mujeres en situación post conflicto.8 La labor desarrollada por las ONG en la Conferencia de Viena de 1993 brindó un aporte significativo para que un año después se creara el cargo de Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.9 La labor de las ONG de mujeres, particularmente del Women’s Caucus for Gender Justice, fue fundamental en la incorporación de la perspectiva de género en el Estatuto de Roma, tratado que crea la Corte Penal Internacional. Las mujeres se acercaron al Caucus y llevaron consigo experiencias y perspectivas diferentes, proporcionaron papers que contenían argumentos sólidos para sostener sus posturas y desarrollaron propuestas específicas. Gracias a ello, se logró la incorporación en el mencionado tratado de una serie de crímenes de violencia sexual, como ningún otro tratado lo había hecho con anterioridad.10 2) Otras propuestas femeninas a los distintos tipos de violencia Las organizaciones de mujeres han visibilizado la discriminación, la intolerancia, la exclusión y la violencia que afectan a las mujeres por razones de género, étnicas, sociales y culturales. Ante estas situaciones las mujeres presionan para que se adopten medidas efectivas que permitan poner término a las mismas y conducir a un proceso de paz; asimismo, para que se inviertan los recursos necesarios para alcanzar dichos resultados (apoyar a las mujeres en los procesos de recuperación). Un ejemplo a destacar es el de Asia Central, donde las mujeres informaron haber sido testigos de un incremento en asesinatos, violaciones y secuestro de mujeres y niñas, y de la denegación de los derechos de las mujeres. Las mismas utilizaron la ocasión del “Open Day meeting”, referido al tratar la Res. 1325,

para presentar una declaración de solidaridad e interés regional y llamar a la acción contra la violencia étnica en Kyrgyzstan.11 En Bosnia-Herzegovina, las mujeres fueron víctimas en gran escala de violencia sexual. Fueron excluidas de los espacios públicos y perdieron muchos de los derechos sociales y económicos que habían previamente adquirido. El trabajo que las ONG han llevado a cabo conjuntamente ayudó a que los actores internacionales fueran más responsables y ahora el género está incluido en todos los programas, como los de construcción de la sociedad civil, educación y empleo.12 En Kenia, las mujeres de base han mediado en conflictos en comunidades rurales, evitando que los mismos crecieran y se transformaran en conflictos étnicos. Dichas mujeres han demostrado ser formidables agentes de reconciliación respecto a las divisiones étnicas.13 3) Ruanda: las mujeres como factor de cambio En 1994, Ruanda fue escenario de un conflicto genocida, donde alrededor de 800.000 personas murieron y donde, como ya se mencionó, miles de mujeres fueron sometidas a violencia sexual. El país quedó con un 60% de población femenina. Las mujeres en Ruanda sufrieron violaciones en sus derechos humanos y asimismo tuvieron que hacer frente a la pobreza, al desempleo y a la inequidad. En la actualidad Ruanda cuenta con la tasa más alta de mujeres parlamentarias. La economía ha crecido año tras año, luego del genocidio de 1994. El éxito que experimenta el país se debe a la fuerza de las mujeres, las cuales lograron, a través de su participación en todos los sectores de la economía y la política, la transformación de las mismas, y han conseguido óptimos resultados en su lucha contra el círculo de pobreza. El país comprendió los enormes beneficios económicos que la igualdad de género trae aparejados, fundamentalmente en lo que se refiere al acceso a la educación de niñas y niños. Los primeros resultados del cambio se experimentaron en la agricultura, donde muchas mujeres asumieron la tarea de hacerse cargo de granjas. Posteriormente, tuvieron lugar reformas que permitieron a las mujeres heredar la propiedad, lo cual fue vital para las mujeres dedicadas a la agricultura. Al mismo tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar importantes cargos políticos. En la actualidad, Ruanda cuenta con el 55% de mujeres parlamentarias, el porcentaje más alto en el mundo. En lo que respecta al gabinete del Presidente, el 40 % de los cargos están ocupados por mujeres y en carteras como comercio, agricultura, infraestructura y relaciones exteriores. En relación a la Res. 1325 del CSNU, Ruanda es un país que se siente particularmente comprometido con la misma

no sólo porque a través de dicha resolución se protegen derechos humanos fundamentales, sino también por el desarrollo que tal instrumento implica para la sociedad.

Consideraciones finales La labor desarrollada por las organizaciones de mujeres ha sido uno de los factores que condujo a la visibilización de la problemática de la violencia contra las mujeres y a que la misma forme parte de la agenda de los Estados y de la comunidad internacional. Las mujeres analizan las formas en que las crisis las afectan, tomando en cuenta la pobreza generalizada, la falta de empleo y de oportunidades para hombres y mujeres. En lo que respecta a la violencia, la ven como un ciclo que comienza dentro de la familia y luego se extiende a la comunidad. Por ello hacen hincapié en la prevención de la misma y en la educación desde temprana edad.

Las mujeres analizan las formas en que las crisis las afectan, tomando en cuenta la pobreza generalizada, la falta de empleo y de oportunidades para hombres y mujeres. Proponen la construcción de una cultura de paz y diálogo en todos los niveles, basada en la verdad y en el respeto a la diversidad, que debe ser enseñada en las escuelas y en la comunidad. No obstante lo dicho, desafortunadamente, la violencia, en sus variadas formas, continúa configurándose. A ello debe agregarse que, en algunos países, subsiste el alto desempleo de las mujeres, junto con condiciones desfavorables, como la inexistencia de fondos para las mujeres, desigual implementación de los derechos de propiedad, falta de capacitación y persistencia de obstáculos para que las mujeres participen en las negociaciones de paz. Todos ellos representan grandes desafíos y se requiere que existan más mujeres en cargos de toma de decisiones a fin de asegurar sus voces y presencia en todas las cuestiones de la política pública. Mucho más debe hacerse; por ejemplo, asegurar a las mujeres igual acceso a la justicia y a los recursos. Pero cualquier solución que se busque debe llevarse a cabo en aso-

ciación con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, pues conocen a la perfección a sus comunidades y si se quiere lograr un resultado exitoso resulta primordial que las mismas se involucren.

Bibliografía Galtung, Johan “Violence, peace and peace research”. Journal of Peace Research Nº 3. Traducción al español en “Violencia, paz e investigación para la paz”, en Sobre la Paz. Fontamara, 1985. Galtung, J. Tras la violencia, 3 R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz/Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz, 1998. Informe sobre Género y Derechos Humanos Vigencia y respeto de los derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Editorial Biblos. Lee Koo, Katrina “Confronting a disciplinary blindness: women, war and rape in the international politics of security”. Australian Journal of Political Science, nov. 2002. V. 37 i 3. Moreyra, María Julia Conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2007. Women count for Peace. The 2010 Open Days on Women, Peace and Security. United Nations. 2010. Documentación – Recomendación General Nº 19. La violencia contra la mujer: 29/01/92 (11avo período de sesiones, 1992). CEDAW. – Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Tratados Internacionales – Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 1. Galtung, Johan. “Violence, peace and peace research”. Journal of Peace Research Nº 3. Traducción al español en “Violencia, paz e investigación para la paz”, en Sobre la Paz. Fontamara, 1985, págs. 27-72. 2. Galtung, J. Tras la violencia, 3 R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz/Gernika-Lumo: Gernika Gogoratuz, 1998. 3. Un estudio realizado por la OMS y publicado en 2005 demuestra que en el mundo una de cada seis mujeres es víctima de violencia en el hogar. La investigación se basó en entrevistas realizadas durante siete años a veinticuatro mujeres de diez países (Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República de Tanzania). Disponible en http://www.who.int/gender/violence/en. Informe sobre Género y Derechos Humanos. Vigencia y respeto de los derechos de las mujeres en Argentina (2005-2008). Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Editorial Biblos. Página 291. 4. La Convención está disponible en línea: http://www.cidh.oas. org/Basicos/Basicos8.htm 5. Lee Koo, Katrina. “Confronting a disciplinary blindness: women, war and rape in the international politics of security”. Australian Journal of Political Science, nov. 2002. V. 37 i3, p. 525 (12). 6. Moreyra, María Julia. Conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2007. Págs. 2-3. 7. Women count for Peace. The 2010 Open Days on Women, Peace and Security. United Nations. Pág. 54. 8. Moreyra, Op. cit. Pág. 181. 9. Moreyra, Op. cit. Pág. 180. 10. Dichos crímenes son violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. 11. Women count for Peace. Op. cit. Pág. 22. 12. Women count for Peace. Op. cit. Pág. 38. 13. Women count for Peace. Op. cit. Pág. 61.

Desempleo y precariedad del trabajo: la violencia estructural del capitalismo En artículo aborda los rasgos específicos de la acumulación capitalista y sus efectos sobre el acceso al trabajo y las condiciones laborales, tomando como referencia las ciudades del eje central en la década de los 2000. Silvia

“...la miseria de los trabajadores del orbe se halla en razón inversa al poder y la magnitud de lo que producen y en relación directa al poder de los capitalistas, sus expropiadores” (Karl Marx).

n las últimas cuatro décadas las crisis cíclicas del capitalismo llevaron a un intenso proceso de reestructuración productiva a nivel mundial dirigido a restablecer las condiciones para la acumulación y la recuperación de las tasas de ganancia, complejizando la explotación y el dominio del capital sobre la fuerza de trabajo. La mundialización –asentada en el neoliberalismo como doctrina económica y política– impulsó la mayor concentración y centralización de capitales en grandes consorcios internacionales, el libre comercio y flujo de capitales y la desregulación de los mercados de trabajo, creando un escenario global en el que se interrelacionan ciertas regiones del mundo o regiones dentro de los países mientras se margina a otras, limitando sus posibilidades para desarrollarse y enfrentar la acciones del capital transnacional, que en su búsqueda de alta rentabilidad y beneficios extraordinarios explota a su fuerza de trabajo y destruye sus recursos naturales. Esta compleja dialéctica de explotación y dominación, inherente a la lógica reproductiva del capital –como relación social– es un elemento generador de la violencia estructural que ha pasado a afectar dramáticamente a las relaciones laborales, a las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y a todas las actividades de la vida cotidiana en el mundo. Es decir que, en tanto elemento constitutivo de la lógica de acumulación de capital, la violencia estructural no se limita a hechos aislados, se objetiva abarcando a la base material para la producción y su sustentación ideológica (normas y valores), retroalimentándose con las políticas impulsadas por el capital internacional en el plano mundial.

Escóbar

El resultado más importante de estas tendencias globales es el aumento Socióloga. de la desigualdad de la riqueza entre Investigadora los países industrializados y el resto de del Centro de los países del mundo, así como la disEstudios para tribución desigual de la riqueza dentro el Desarrollo de cada país. En las economías capitaLaboral y Agrario listas atrasadas y desiguales como la (CEDLA). boliviana, estas tendencias llevaron a la consolidación de un patrón de inserción internacional primario exportador cuya dinámica contrasta con un proceso acelerado de desindustrialización y estancamiento de la producción orientada al mercado doméstico, con efectos sobre el aumento del desempleo estructural y las posibilidades para la mayor explotación del trabajo. En este escenario, el Estado boliviano –como representante de los intereses de las clases dominantes (capital transnacional y nacional en todas sus fracciones)– es tributario de las políticas neoliberales que han gestado una correlación de fuerzas totalmente adversa a los intereses de la clase trabajadora en el último cuarto de siglo. Eliminar o limitar las reivindicaciones laborales, fragmentar y dividir a los trabajadores, conformar una fuerza de trabajo de reemplazo o de reserva, extender e intensificar las jornadas de trabajo y deprimir los salarios, continúan siendo los principales instrumentos de control de la clase trabajadora, a favor de la reproducción ampliada del capital en el país. En este artículo, abordamos sus efectos sobre el acceso al trabajo y las condiciones laborales, como las dos caras de una misma moneda en la que se expresan los rasgos específicos de la acumulación capitalista y la ofensiva contra los trabajadores en nuestra sociedad, tomando como referencia a las ciudades del eje central1 en la década de los 2000.

El capitalismo consagra la diferencia entre el que trabaja y Desempleo estructural y excedente de fuerza de trabajo En Bolivia la herencia estructural del desempleo se profundiza en el nuevo siglo, afectando a una creciente fracción de la fuerza de trabajo urbana, en particular, a los más escolarizados y a los que pertenecen a las clases subalternas más pobres. Las tasas de desempleo urbano oscilan entre el ocho y diez por ciento –algunos puntos menos cuando se trata de las cifras oficiales– con un nivel de desempleo juvenil que duplica al promedio (20%) y un mayor desempleo femenino (9,9%). No obstante, el efecto de desaliento, que lleva a que muchos trabajadores desistan de buscar trabajo por la imposibilidad de conseguirlo, oculta la verdadera magnitud del desempleo, en particular entre las mujeres, quienes al final del decenio comenzaron a presentar un rezago en su nivel de ocupación (ECEDLA, 2010). La duración del desempleo es prolongada (cuatro meses en promedio), pero seis de cada diez desocupados transita con frecuencia entre la ocupación y la cesantía a causa del avance de las relaciones laborales con carácter temporal. Las políticas y prácticas que favorecen la reducción de los costos del despido, facilitando la contratación sin beneficios complementarios al salario y la demanda de trabajo concentrada en la mano de obra no calificada, contribuyen a perpetuar esta situación. El desempleo estructural junto con la disolución paulatina de la pequeña producción mercantil simple (campesina y artesanal) le permiten al capital contar con un volumen suficiente de trabajadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo como para imponer condiciones cada vez más duras a los asalariados, amenazando su reproducción cotidiana y generacional. Bajo esta racionalidad económica, el capitalismo consagra la diferencia entre el que trabaja y el que provee de trabajo, una forma de violencia estructural que se traduce en un proceso creciente de explotación.

Explotación y precariedad del trabajo La intensificación del proceso de explotación laboral debe entenderse como resultado de la crisis de un período en el que predominaba la estabilidad laboral –dentro de un modelo de empleo política y socialmente regulado– a otro donde se impone la exigencia neoliberal para dejar que las fuerzas del mercado –sin trabas legislativas, contractuales o sindicales– dejen actuar libremente a las empresas y al propio Estado, facilitando la contratación y el despido, la modificación de las formas de pago, la extensión e intensificación de las jornadas laborales y la fijación de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo, de manera funcional a las exigencias del proceso de acumulación de capital.

el que provee de trabajo, una forma de violencia estructural que se traduce en un proceso creciente de explotación. Esta lógica implacable a nivel mundial se reproduce con sus especificidades en el país, ahondando la precariedad de las condiciones laborales, como una de las formas en que se expresa la mayor subordinación del trabajo al capital y las posibilidades objetivadas de su mayor explotación (Lépore y Salvia, 2002). Veamos algunas de sus manifestaciones. Inestabilidad laboral Si bien las políticas de libre contratación abrieron el cauce para el uso flexible y desregulado de la fuerza de trabajo, fue durante la última década cuando estas prácticas proliferaron en el país. La difusión extendida de relaciones laborales sujetas a contratos a plazo fijo, del trabajo en régimen de subcontratación, de nuevas formas de trabajo a domicilio y subordinación al capital de trabajadores que formalmente aparecen como autónomos, gestaron un ambiente de mayor incertidumbre y restricciones para el ejercicio de los derechos del trabajo. En la actualidad, el 40% de los asalariados tiene un trabajo temporal que los transforma en prescindibles al ritmo que ordenan las variaciones de la demanda en los mercados o las decisiones políticas en materia fiscal y de gestión estatal (ECEDLA, 2010). Por lo general, no cuentan con derechos ni protección social alguna (bono de antigüedad, vacación anual, aguinaldo, beneficios de maternidad, prestaciones de salud y seguridad de largo plazo); trabajan durante la misma jornada que sus pares con cargos permanentes, pero su remuneración es inferior y no siempre pueden organizarse para defender colectivamente sus derechos. Las mujeres, los jóvenes y los niños(as) continúan siendo los grupos más afectados por esta forma de vínculo laboral, en todos los sectores del mercado de trabajo. Desvalorización extrema del trabajo La desvalorización de la fuerza de trabajo, traducida en la presión a la baja de los salarios, ha sido una constante en el último cuarto de siglo en el país. Los factores que inciden en esta tendencia son principalmente la orientación de la política salarial, el papel que juega el excedente de fuerza de trabajo y el debilitamiento de la acción sindical. La política salarial es esencialmente una política de contención aplicada sistemáticamente como mecanismo de abaratamiento de costos laborales para mejorar la rentabilidad empresarial y controlar el gasto fiscal, que ha mante-

nido los salarios muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo (costo de los bienes y servicios esenciales para la subsistencia del trabajador y su familia). Esta situación afecta a gran parte de los trabajadores, sobre todo a los obreros (industria, minería, construcción, agropecuaria), los trabajadores de los servicios no calificados (comercio, servicios personales diversos) y los trabajadores de los servicios estatales (educación y salud). A la vez, el rezago de los salarios repercute negativamente sobre la evolución de los ingresos de los trabajadores independientes, por la estrechez de la demanda por sus bienes y servicios, lo que los sitúa –junto con los obreros y los trabajadores de los servicios no calificados– entre los grupos más empobrecidos de las ciudades. A estos factores se suman la magnitud de la fuerza de trabajo excedente, la competencia de los trabajadores entre sí y la amenaza constante del despido para incidir la menor capacidad de negociación de los trabajadores, que lleva a mantener la lógica dirigida a subvalorar el trabajo. Con el tiempo, el abaratamiento de los costos salariales directos e indirectos (extensión e intensificación de las jornadas laborales sin una remuneración equivalente y pérdida de derechos conquistados) se ha convertido en la estrategia privilegiada del capital para ampliar sus niveles de rentabilidad. Algunos indicadores permiten ilustrar esta tendencia. El 2010, el salario mínimo (SM) equivalía solamente al 41% del costo de la canasta normativa alimentaria y al 18% de la canasta básica familiar. Su capacidad adquisitiva apenas había aumentado en 1,6% anual en promedio en los 2000. Asimismo, el ingreso promedio tuvo una variación real muy estrecha durante el período, situándose muy por debajo en relación al valor de la fuerza de trabajo: dos tercios de los trabajadores no alcanzaba a cubrir con su salario ni siquiera el costo de la canasta normativa alimentaria (CNA); en esta situación estaba el 56% de los asalariados y el 72% de los independientes. La subvaloración del trabajo afecta tanto a los hombres como a las mujeres; sin em-

bargo, la persistente discriminación y segregación laboral por sexos llevó a que el ingreso medio de las mujeres alcance apenas el 57% del que obtienen los hombres cuando son asalariadas y el 73% cuando son independientes. Además, se asiste a un proceso acentuado de diferenciación salarial entre los trabajadores calificados y no calificados, permanentes y temporales, de planta y subcontratados, etc., que ha llevado a una fuerte desigualdad del ingreso laboral. El 2010, el 20% de los ocupados más pobres de las ciudades recibía solamente el 4% de la masa de remuneraciones, mientras el 20% más rico concentraba el 48% (es decir, 12 veces más). El resultado de las políticas públicas que privilegian los intereses del capital y los equilibrios macroeconómicos a costa de la mayor explotación del trabajo se verifica en la mayor desigualdad en el reparto del ingreso disponible entre salarios y ganancias (excedente bruto de explotación, EBE). La proporción del ingreso que queda en manos de los trabajadores asalariados no sólo es extremadamente baja, sino que tiende a disminuir, mientras aumenta significativamente la parte de la que se apropia el capital (gráfico 1). Desprotección social Con los cambios en las relaciones laborales y la privatización del sistema de pensiones en 1997, la baja cobertura y calidad de las prestaciones sociales llevaron a mantener la extrema desprotección social del trabajo. El porcentaje de asalariados afiliados al sistema se mantuvo en torno al 34% en las ciudades, con una menor composición de mujeres. No se logró incorporar a los trabajadores independientes ni mejorar la cuantía de las jubilaciones, como se había planteado con la reforma, prolongando las privaciones de la vida activa de los trabajadores hasta la vejez. Las evaluaciones realizadas demostraron que los verdaderos objetivos de la reforma de la seguridad social tuvieron más que ver con el fortalecimiento del sector financiero y con el ahorro de los trabajadores que con su protección social. Precariedad laboral y pobreza urbana Considerando aspectos referidos a la estabilidad laboral, los ingresos laborales (por debajo o por encima del costo de una CNA) y la cobertura previsional (aportes al sistema de pensiones), se cuenta con un indicador que distingue tres categorías en la calidad del empleo: no precario, precario moderado (déficit en alguna condición) y precario extremo (déficit en todas las condiciones). El cuadro que se presenta en términos del deterioro de las condiciones laborales en la última década es devastador, expresando que la explotación del trabajo es una forma de violencia estructural que, en tiempos de crisis o de expansión del ciclo económico, acompaña irremediablemente a la lógica de acumulación de capital (gráfico 2).

Suele argumentarse que los empleos de buena calidad están en el sector formal y que los peores empleos y trabajos están en el llamado sector informal. Nada más ajeno a la situación actual, la precariedad se ha instalado en todos los sectores del mercado de trabajo, sólo basta señalar que seis de cada diez ocupados en el sector estatal y algo más de ocho de cada diez en todos los demás sectores tienen algún grado de precariedad en sus condiciones laborales. Esta tendencia da lugar a que solamente dos de cada diez hombres y una de cada diez mujeres cuenten con un empleo o trabajo adecuado al final de la primera década de este siglo. El resultado más visible del predominio de la lógica de rentabilidad fácil, a costa del sacrificio de los trabajadores, es la persistencia de altos niveles de pobreza urbana. El 2007, sin variaciones significativas en el tiempo, el 51% de la población urbana nacional se encontraba debajo de la línea de pobreza (ingresos insuficientes para cubrir el costo de la canasta familiar per cápita) y el 22% sufría los rigores de la pobreza extrema o indigencia (ingresos insuficientes para cubrir el costo de la canasta familiar) (INE, 2008). Gráfico 1/ Bolivia: Salario y excedente bruto de explotación (EBE), en valores corrientes, 1988-2008 (En miles de bolivianos)

Fuente: INE, 2009.

Gráfico 2/ Bolivia: Ciudades del eje, calidad del empleo, 2001- 2010 (en %)

Fuente: CEDLA, 2011.

Intensificación de la migración laboral A causa del desempleo, los bajos ingresos y el deterioro de las condiciones laborales se produjo la migración masiva de aproximadamente 600.000 trabajadores bolivianos entre 2002 y 2007, teniendo como principales destinos a España, Argentina, Estados Unidos y Brasil, forzados a buscar nuevos horizontes para asegurar la reproducción de su fuerza de trabajo y la de sus familias (CEDLA, 2009). Esta es otra de las manifestaciones de la violencia estructural que proviene de la regulación de los flujos migratorios en los países del norte para contar con mano de obra barata y de las políticas nacionales que agravaron los problemas de empleo en el país. La irrupción de la crisis mundial el 2008 condujo a una nueva regulación destinada a frenar los flujos migratorios hacia los países del norte; si bien esto ha sucedido, la mayor parte de los emigrantes bolivianos permaneció en esos lugares de destino –como se puede deducir del comportamiento anual de las remesas– mientras los desplazamientos se dirigieron hacia los países limítrofes (Argentina, Brasil y otros), donde se estima que cerca de 25.000 personas se trasladan anualmente en promedio desde las ciudades del eje central (ECEDLA, 2010). A pesar de las múltiples formas de discriminación y explotación laboral a las que están expuestos los migrantes, la imposibilidad de reproducir su fuerza de trabajo en su lugar de origen sigue impulsando su salida. En medio de este proceso, la pérdida de capacidad de trabajo se convierte en una amenaza para el desarrollo y el bienestar en nuestra sociedad.

Las luchas sociales de los trabajadores El debilitamiento de la organización sindical y la atomización de la acción colectiva a las que el neoliberalismo apuntaba como objetivo, la pérdida de control sobre el trabajo y el temor al despido acentuaron la subordinación de los trabajadores, afectando su capacidad de movilización y de lucha, pero sin anularlas completamente. Cada año, se registra cerca de un centenar de conflictos laborales en promedio: obreros mineros, fabriles, trabajadores en salud, del magisterio, de obras públicas y otros servicios, plantean reivindicaciones vinculadas con el rechazo a los despidos arbitrarios, los incrementos salariales, el pago de salarios devengados, la defensa del derecho a la sindicalización y el fuero sindical, etc., en medio de procesos fallidos de negociación colectiva o de conciliación de pliegos de demandas (Escóbar y Rojas, 2010).

Sin embargo, sus reivindicaciones no siempre tienen audiencia entre la clase capitalista y el Estado, quienes recurren a prácticas de control y disciplinamiento de dirigentes y bases mediante la cooptación, la amenaza del despido o el despido mismo. Dadas las condiciones adversas para la negociación, cuando se opta por la conciliación los acuerdos apenas se cumplen, dando lugar a pliegos de reclamaciones y conflictos sucesivos; cuando se recurre a la huelga, ésta suele ser declarada ilegal debido a las normas y procedimientos engorrosos que regulan el ejercicio de este derecho, acabando en sanciones (descuentos por día no trabajado) o siendo calificada como acción violentas y de oposición política, tal como ocurrió en el conflicto por el incremento salarial para la gestión 2011. Esta es apenas una muestra de los intereses que se defienden y de la violencia que se emplea al privar a los trabajadores del ejercicio pleno de sus derechos y al negar su derecho a la reivindicación en un conflicto social. Entretanto, la falta de trabajo o su mayor explotación continuarán siendo el motor de las luchas sociales en contra de la acumulación por despojo, la desigualdad y la injusticia, es decir, en contra del sistema capitalista que las reproduce. 1 Comprende a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. La información proviene de la Encuesta Urbana de Empleo (ECEDLA), realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.

Bibliografía CEDLA. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (2010). Base de datos de la encuesta de empleo urbano. CEDLA. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, nota de prensa, 28 de abril de 2011 Escóbar de Pabón, Silvia (2010). ¡No hay Derecho! Situación de los derechos laborales en Bolivia, 2009. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario-CEDLA Escóbar de Pabón, Silvia (2009). Situación del empleo en tiempos de crisis, La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario-CEDLA INE. Instituto Nacional de Estadística (2009a). Anuario Estadístico 2008, La Paz: INE (2009b). Cuentas Nacionales, La Paz: INE Lépore Silvia y Agustín Salvia (2002). Segmentación socio-ocupacional y precariedad del bienestar en los hogares, Buenos Aires: Instituto para la Integración del Saber/Departamento de Investigación Institucional-UCA

biblioteca Librero UNIR

María Lucía Zapata Cancelado

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Acción sin daño y reflexiones sobre prácticas de paz. Una aproximación desde la experiencia colombiana Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009, 54 pp.

Comprender el conflicto, sus dinámicas, las manifestaciones positivas y negativas, al igual que diferentes aproximaciones de abordaje para la construcción de la paz es indispensable para analizar el impacto de la ayuda humanitaria en su evolución y también para desarrollar criterios de gestión que estimulen un manejo pacífico y proactivo del conflicto. Por tanto, el objetivo de este texto es proporcionar marcos de referencia que, desde la construcción de paz y la teoría de la transformación del conflicto, enriquezcan el enfoque de la Acción sin Daño (Do no harm) y su aplicación en el contexto del conflicto armado. El texto se compone de cuatro partes. La primera analiza los conceptos que sirven de marco de referencia: conflicto, violencia, paz y construcción de paz, al igual que sus principales debates. En la segunda parte se exploran las diferentes aproximaciones de abordaje del conflicto, con especial énfasis en la teoría de transformación de conflicto, la cual se desarrolla y profundiza en la tercera parte. Finalmente, se analizan los principales dilemas y vacíos detectados en el ejercicio de la construcción de paz y se proponen alternativas de abordaje.

Eliana Arauco, Rosario Mamani y Jimena Rojas

Ministerio de Planificación del Desarrollo, UDAPE, UNICEF

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PAREJA: RESPUESTAS DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ALTO, BOLIVIA

BOLIVIA. LA RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL ESTADO A LA TEMÁTICA DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Estudios de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando

CEPAL, Santiago, 2007, 84 pp.

La Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL promueve un trabajo de análisis y reflexión sobre la atención y respuesta que dan los servicios de salud a las mujeres que sufren violencia. El objetivo es acercarse a la problemática para identificar los desafíos que surgen de las declaraciones políticas y normas nacionales e internacionales ante la situación real de la atención en los servicios de salud a las mujeres víctimas de violencia. En el caso boliviano, se realizó un estudio orientado a recuperar aspectos particulares en un contexto local específico (la ciudad de El Alto), concentrándose en el análisis de casos que den pautas acerca de lo que ocurre en situaciones reales. La pregunta fundamental de la investigación es ¿cuáles son las principales dificultades y limitaciones que se presentan en los servicios de atención en salud a mujeres afectadas por la violencia doméstica y cuáles son los factores que influyen en este proceso? En la primera parte se presenta un marco general; en la segunda se caracteriza a los servicios de salud para la atención de la violencia contra la mujer, y en tercer lugar se exponen los resultados del estudio de caso. Finalmente, se propone un conjunto de temas para la reflexión y el análisis.

UDAPE-UNICEF, 2008, 150 pp.

La violencia contra la niñez y la adolescencia es un problema que se encuentra presente en la sociedad boliviana y aún no ha sido visibilizado en toda su magnitud. El elevado riesgo de sufrir violencia que enfrenta este grupo de la población se origina en un contexto sociocultural en el que algunos tipos de castigos represivos y autoritarios son aceptados como métodos educativos y disciplinarios. El riesgo de sufrir violencia responde a la relación tradicional de autoridad que los padres y adultos mantienen sobre esta población. El hogar, que debería ser un espacio de protección para niños y adolescentes, se ha convertido en el lugar donde ocurren las peores vulneraciones de sus derechos. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2003), EL 74% de los padres en el país cree que el castigo físico es necesario algunas veces; por tal motivo, en un 83% de los hogares los hijos e hijas son castigados por alguna persona adulta (INEUNICEF, 2007).

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Ministerio de Planificación del Desarrollo, UDAPE, UNICEF

Instituto de Terapia e Investigación

John Paul Lederach y Marcos Chupp

BOLIVIA. DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

LA REPRESIÓN DE LA “MARCHA POR LA SOBREVIVENCIA” Estudios sobre las secuelas psicosociales de la violencia estatal

¿CONFLICTO Y VIOLENCIA? ¡Busquemos alternativas creativas!

UDAPE-UNICEF, 2008, 109 pp.

ITEI, La Paz, 2003, 200 pp.

El estudio presentado en esta publicación se constituye en una investigación novedosa que sintetiza los signos o señales que identifican la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país. Aplica técnicas econométricas que detectan los principales determinantes que provocan la violencia, analizando las consecuencias sobre la víctima, en los ámbitos familiar, económico, social e intergeneracional. El objetivo del estudio es desentrañar y hacer visibles la violencia contra la niñez y la adolescencia en el país, presentando información que contribuya a la discusión sobre las políticas públicas dirigidas a prevenir y tratar esta problemática. El texto contiene seis capítulos que abordan las temáticas desde los ámbitos y tipos de violencia o maltrato contra niños, niñas y adolescentes; sus causas (factores individuales, familiares, socioeconómicos y ambientales, los relacionados con la forma de educar a la niñez y adolescencia) y consecuencias (violencia intergeneracional y la violencia como causa y efecto del desarrollo socioeconómico); el maltrato infantil como fenómeno probabilístico y multivariante, entre otros.

Este libro muestra cómo el Estado implementa violencia a través de sus organismos, cómo la ejerce y en particular cuáles son las secuelas psico-sociales de la violenta represión ejercida durante la “Marcha por la sobrevivencia”, organizada por la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, realizada en enero de 2003, que pedía la mejora de su renta básica. En la marcha estaban los líderes del sector de rentistas y jubilados, así como los dirigentes de las organizaciones mineras más combativas del país durante los últimos cincuenta años. También acudieron, aunque de modo minoritario, fabriles, constructores y representantes del sector de salud. El primer capítulo se refiere a algunos aspectos teóricos sobre la violencia de Estado e identifica el ejercicio del poder estatal frente a los movimientos sociales; el segundo incluye información sucinta sobre la seguridad social en Bolivia y sus orígenes a nivel internacional; el tercero relata cronológicamente los hechos relacionados con el conflicto, desde 1986, cuando se realizó la “Marcha por la vida”; finalmente, el cuarto capítulo desarrolla el análisis psico-social de 50 entrevistas de las y los protagonistas marchistas.

Ed. Semilla, Colombia, 1997, 239 pp.

En nuestro contexto abundan la violencia y los conflictos destructivos que afectan a todos los países, comunidades y personas de la región; no se pueden evitar. El reto es responder a los conflictos con soluciones creativas y justas, tomando en cuenta las necesidades de todos los involucrados. Este libro es una guía para ayudar a facilitadores a realizar seminarios donde habrá una búsqueda mutua de respuestas creativas a problemas reales de la comunidad, la iglesia, el grupo o la familia. Se toma por sentado que, como todos los seres humanos han experimentado la violencia y el conflicto, existe una base sobre la cual se puede trabajar con otros para buscar soluciones. Como resultado final se esperan respuestas que surjan del contexto y respondan a las necesidades reales de cada situación. La metodología es práctica. Busca que las y los participantes en los eventos públicos (seminarios, talleres u otros) tengan una oportunidad para experimentar con los conceptos de la no violencia activa y desarrollen sus habilidades para transformar los conflictos en soluciones. A pesar de que éste es un texto publicado hace más de 14 años, es imprescindible para procesos complejos pues parte de la premisa del respeto mutuo y del valor de cada ser humano.

Mauro Cerbino, editor

VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Generación noticiosa y percepción ciudadana FLACSO sede Ecuador, Quito, 2005, 172 pp.

Esta compilación de estudios es el resultado de un seminario organizado por FLACSO, con el mismo título del libro. El evento fue pensado como un espacio de encuentro de dos perspectivas distintas, la de los estudios sociales y la del periodismo, sobre un mismo fenómeno social que afecta a la mayoría de las sociedades, especialmente en América Latina: la violencia. ¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación y de los investigadores sociales en la generación y difusión de información sobre actos de violencia? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la creación de un clima de inseguridad? ¿Cuáles son las tareas que deben asumir las autoridades frente a las demandas ciudadanas respecto a la seguridad pública? El denominador común de las investigaciones e intervenciones presentadas es el papel de los medios de comunicación en la producción y el sostenimiento de percepciones de violencia e inseguridad ciudadana, fundamentados específicamente en el modo en el que se realiza la cobertura de los hechos delictivos y criminales. Un agenda teórica surge de esta problemática: el estudio de la relación entre generación noticiosa y percepción ciudadana de la inseguridad y el temor.

Juan Carlos Velásquez y Mirna Liz Inturias

¿QUÉ NOS DIVIDE Y QUÉ NOS UNE? Actitudes sociales en la ciudad de Santa Cruz sobre el racismo cultural y la violencia sociopolítica Plataforma Interinstitucional Construyendo Paz, Santa Cruz, 2011, 109 pp.

El Comité Central Menonita, la Fundación UNIR Bolivia, Pastoral Social Caritas, la Asociación de Comités de Vigilancia de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo, Fe y Alegría cruceña, la Fundación Paz y Esperanza y la Fundación Iniciativas Ciudadanas para el Cambio Democrático conforman la Plataforma Interinstitucional Construyendo Paz, que impulsó la investigación cuantitativa (vía encuestas) presentada en el libro, organizada en cinco partes, fruto de un trabajo de reflexión colectiva en su justificación, enfoque de contenido y metodología, y de una colaboración interinstitucional en recursos y esfuerzos, con el concurso profesional de investigadores sociales comprometidos con los valores de la paz y la interculturalidad. Los resultados demuestran que si bien la mayoría de las personas encuestadas (56%) considera que su cultura es igual a otras, un 38% piensa que su cultura es superior. Los datos arrojan también una mayor predisposición de las personas de tierras altas, y no tanto de tierras bajas, a establecer relaciones con indígenas.

Charles Tilly

VIOLENCIA COLECTIVA Hacer Editorial, Barcelona, 2007, 272 pp. El autor ejerce en años recientes una suerte de decanato de los mejores estudios mundiales del conflicto social. Como experto en la investigación de huelgas, manifestaciones, rituales violentos, revoluciones, revueltas campesinas y demás fenómenos conflictivos, se interroga sobre los aspectos comunes de esas expresiones de descontento y enfrentamiento, a las que añade, entre otros, su observación de la “cólera del volante”, el fanatismo futbolístico o el ataque del 11-S contra las torres de Nueva York. Considera un amplio espectro histórico (episodios como la Semana Trágica de Barcelona, el conflicto en el País Vasco, la revuelta de Tiananmen de 1989, la rebelión británica del Capitán Swing, la invención de la manifestación en Francia, la torturada Irlanda del IRA y las explosiones de Watt y Detroit hace cuarenta años). El estudio localiza las causas comunes de esos acontecimientos en la violencia colectiva e ilumina con precisión los tipos internos que ésta presenta y que permiten entrever la diversidad de sus manifestaciones. Presenta 10 partes: modalidades de violencia; la violencia como política; tendencias, variaciones y explicaciones; los rituales violentos; la destrucción coordinada; el oportunismo; las reyertas; los ataques dispersos; las negociaciones rotas, y conclusiones.

Www destacadOs

www.idhc.org CUENTOS con CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS ADAPTADOS para NIÑOS Un concurso de relatos infantiles ha dado forma a diversos cuentos que narran otras tantas historias sobre derechos humanos. El libro se estructura en diferentes capítulos, uno por cuento. Cada uno de ellos comienza con el enunciado del derecho en cuestión, al que prosigue el relato. Así se aprende que todas las personas son iguales, que tienen los mismos derechos y libertades. La iniciativa ha partido del Institut de Drets Humans de Catalunya (IDCH). En total, 30 narraciones compiladas en "Drets humans al carrer. Cuentos infantiles sobre derechos humanos", un libro gratuito que se puede descargar en Internet. La publicación es, ante todo, "una herramienta para concienciar a los niños sobre la importancia de los derechos humanos, su conocimiento, su

respeto y su garantía", explica David Bondia, director del IDHC. No obstante, se dirige tanto a los pequeños como a los adultos, entre ellos padres y formadores, "para explicar de forma sencilla, precisa y con ejemplos cada uno de los derechos proclamados en el Declaración Universal de los Derechos Humanos". Los cuentos son fáciles de entender para los niños, a quienes ayudan a reflexionar y comprender cómo en el día a día se plantean situaciones que afectan a los derechos y a las obligaciones de la vida en comunidad, señala Bondia. Los cuentos se completan con ilustraciones cuya finalidad es aumentar el atractivo del libro y reforzar el significado del derecho al cual se refiere cada dibujo. "Su principal valor es que, sin perder rigor ni precisión, se adopta una óptica diferente y más atractiva para aproximar a los niños y niñas al conocimiento de los derechos humanos", agrega el director del IDHC.

www.hri.ca Human Rights Internet (HRI) Es una plataforma de Derechos Humanos que tiene como principios y metas de trabajo a la justicia social, el buen gobierno y la prevención de conflictos. Dedica sus esfuerzos a la transferencia de conocimientos, la promoción y entrenamiento en el diálogo y la distribución de información al respecto. HRI trabaja a nivel gubernamental, intergubernamental y con actores no gubernamentales que puedan difundir masivamente la información y empoderar a grupos marginados, así como estimular la reflexionar e iniciar políticas de cambio y perfeccionamiento institucional. El equipo de HRI incluye expertos en derechos humanos con experiencia en minorías excluidas, manejo de diversidad, derechos de las mujeres, derechos repro-

ductivos, construcción democrática, derechos humanos internacionales y leyes humanitarias, prevención y resolución de conflictos. HRI trabaja en diferentes lugares alrededor del mundo, entre ellos se incluyen varios países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y el Caribe, además de países del Medio Oriente. Una de las iniciativas más importantes de HRI tiene que ver con la prevención de conflictos a través de herramientas de la diplomacia gubernamental. Esta iniciativa se viene desarrollando a partir de 2004 y llevó a cabo los objetivos de prevención de conflictos violentos a través de mecanismos de cooperación y acuerdos diplomáticos “silenciosos” dentro de las organizaciones intergubernamentales, regionales y subregionales existentes.

www.fundacionenmovimiento.org.mx Fundación en Movimiento Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. En México el 65% de los niños y niñas en edad escolar han declarado haberlo sufrido. El bullying o acoso escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin una razón clara adoptadas por uno o más estudiantes en contra otro u otros. Es molestar a alguien sin importar lo que haga, sólo por el gusto de hacerlo. La constancia en los ataques –el número de veces que sucede– aumenta la gravedad del acoso que ya es un problema de salud mental a nivel mundial. Este fenómeno no distingue raza, religión, posición social, estructura física ni edad, este problema está afectando cada vez a más temprana edad y ningún sector de la sociedad está libre de él. La visión de la Fundación En Movimiento es ayudar a evitar el bullying o acoso en

las escuelas y los hogares mexicanos a través del desarrollo de una serie de acciones que promuevan la sana convivencia entre los niños, jóvenes y adultos por medio de campañas de detección, concientización y corrección de aquellas acciones que amenazan su integridad física y moral y que al mismo tiempo promuevan el enaltecimiento de los valores. Esta fundación se propone advertir a la sociedad en general sobre el grave daño que causa en un niño o en un joven el bullying en cualquiera de sus modalidades; establecer un programa permanente de orientación de padres y profesores sobre cómo detectar a un niño o joven acosado o acosador; promover fórmulas prácticas de trabajar con niños o jóvenes acosados o acosadores, para ayudar a corregir ese actuar; vincular a través de Internet y otros espacios de comunicación el contacto con expertos sobre las formas de ayuda ante casos de bullying o acoso en cualquiera de sus modalidades

www.educacionenvalores.org/spip.php?rubrique8 educación en valores La educación –dice Victoria Camps– ha perdido el norte, ha caído en la indefinición y ha olvidado su objetivo fundamental: la formación de la personalidad. Una formación que corresponde, sobre todo, a la familia, pero también a la escuela, a los medios de comunicación, al espacio público en todas sus manifestaciones. Urge, por tanto, volver a valores como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la equidad o la utilización razonable de la libertad. Toda esta web está dedicada de manera temática en la educación en valores, y se estima también que la reflexión y el trabajo genérico sobre Educación en Valores debe tener su propio espacio. Todo el contenido de la web está relacionado con Educación en Valores pero para facilitar la localización del material está organizado desde varias perspectivas: una

sección para cada tema específico y cada sección está dividida en tres apartados: iniciativas y buenas prácticas, herramientas didácticas y textos para la reflexión y el debate. Cada texto tiene además adjudicadas sus correspondientes palabras clave. Por otro lado, además, se también materiales diferentes en otros idiomas los que se accede a través de las banderas localizadas en la cabecera de la web. Así, en este sitio se hallan herramientas didácticas sobre acoso escolar, capacidades diferentes, coeducación e igualdad, comunicación, convivencia, desarrollo sostenible, drogas, educación en valores, educación para la ciudadanía, educación para la paz, educación intercultural, educación sexual y afectiva, ética, género, juegos en línea, medio ambiente, salud, solidaridad, objetivos del milenio, racismo, resolución de conflictos, sida, tecnología, violencia de género.

www.juanas.org/ Centro Juana Azurduy Institución de desarrollo social, nace el 10 de septiembre de 1989, bajo el impulso de un grupo de mujeres, convencidas de la necesidad de impulsar procesos de interpelación a una sociedad organizada bajo estructuras patriarcales, androcéntricas y machistas, producto de la cual las mujeres viven en situación de opresión y exclusión social. La institución toma desde su nacimiento como principales ejes de trabajo la violencia contra la mujer, el acceso de la mujer al poder político y el acceso a la formación técnica y al empleo, factores que evidencian, material y simbólicamente, la discriminación de la mujer en la sociedad. La institución operativiza su trabajo en cuatro programas: Programa Defensoría de la Mujer, que trabaja la esfera de violencia contra la mujer; Programa Acción Política de Mujeres, que aborda la esfera del acceso al poder político de las mujeres; Programa Trabajo Digno, que aborda el tema de la forma-

ción técnica y acceso al empleo, y Programa “Radio Encuentro”, que constituye nuestra estrategia comunicacional en el marco del enfoque de la comunicación participativa para el cambio social. Su misión institucional se define como contribuir desde el empoderamiento emancipatorio a la reivindicación y al ejercicio de la auto representación, redistribución de recursos y reconocimiento de derechos políticos, sociales, económicos y culturales individuales y colectivos de mujeres y jóvenes, en situación de opresión, exclusión y explotación, y de organizaciones sociales de mujeres y organizaciones mixtas del área urbana y rural, a través de las estrategias de prestación de servicios, investigaciónacción, comunicación participativa para el cambio social, incidencia política y fortalecimiento a la acción política de las demandas de los nuevos actores sociales; en las áreas temáticas de violencia, trabajo y participación política, para construir una sociedad con igualdad social y de género.

www.toledopax.org/es Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) Es una fundación sin ánimo de lucro. Su misión es contribuir a evitar y resolver conflictos internacionales e internos, y a consolidar la paz y la estabilidad democrática, en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos aunando esfuerzos oficiales y no oficiales. Realiza sus actividades apoyándose en su visión de organización como centro de pensamiento y acción que es capaz de crear valor añadido: – aportando propuestas de soluciones viables e innovadoras – difundiendo e incorporando dichas propuestas al debate público

– dialogando con gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil – poniendo en práctica acciones de transformación social y de desarrollo, y fortalecimiento institucional Registrado como fundación el 18 de junio de 2004, el CITpax nace con la vocación de contribuir a la causa de la Paz mediante el fomento del diálogo y el entendimiento entre los pueblos, tras detectar la necesidad de cubrir un vacío existente en el terreno de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a tratar temas relacionados con la paz de manera proactiva. Se constituye en Toledo, como reconocimiento al valor simbólico que tiene la ciudad que alumbró un ejemplo universal de tolerancia y fecunda convivencia entre tres culturas y religiones distintas.

Obsequio

DVD sobre

paz y violencia

Audios producidos por Hilo y aguja, una iniciativa de la Fundación UNIR Bolivia

I. Campaña radiofónica: Paso a paso construimos paz La Cultura de Paz propone una convivencia fundada en valores de solidaridad, libertad y reconocimiento de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Se caracteriza por la vigencia y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos, la democracia representativa y participativa, un orden económico justo y equitativo que posibilite la superación de la pobreza, permita el desarrollo humano integral, la relación interdependiente y de respeto con la naturaleza, y la solidaridad que vincula componentes tanto universales como nacionales.

Por esto se decidió encarar una campaña radiofónica con ejemplos cotidianos que son parte de nuestra realidad. Cada cuña está producida en tres momentos: se parte desde la perspectiva de la Cultura de Paz, luego se invita a reflexionar sobre la violencia que está presente en el día a día, y se concluye con un cierre que refuerza lo positivo. Los mensajes están organizados sobre la base de una categorización propuesta por varios autores: Paz y Violencia directa, cultural/simbólica y estructural.

II. Programa “Hilo y aguja”: reportajes sobre violencia y cultura de paz Tomar las pinzas de la democracia. hacer visible el trazo de la paz, repasar el contorno del diálogo y la negociación, medir el largo de los medios de comunicación, cortar el enfrentamiento y la violencia, dejar marcada una Bolivia intercultural. UNIR al país con Hilo y Aguja

“Hilo y aguja” es el espacio semanal radiofónico producido por UNIR Bolivia y aborda temáticas como conflictividad, derecho a la información y comunicación y cultura de paz; es así que desde 2007 elabora programas en los que difunde reportajes y crónicas periodísticas sobre paz y violencia, con la voz de las y los protagonistas, de especialistas y de la ciudadanía.