Pescador virtual Año 2 número 3
Abril-julio de 2007
Hola estudiosas y estudiosos de la realidad boliviana y de los conflictos sociales:
Varios conflictos de trascendencia sucedieron desde la última publicación de El Pescador a fines de marzo: Una disputa por límites entre las provincias tarijeñas Gran Chaco y O´Connor causó durante casi dos semanas momentos de tensión e inestabilidad institucional y dejó como saldo una víctima fatal y una decena de heridos. La discordia regional por el cantón Chimeo, que pertenece al rico campo petrolífero Margarita, ha dejado en los analistas una preocupación por el incremento de los conflictos por el aprovechamiento de la renta petrolera: “El descubrimiento y comercialización de los recursos gasíferos llevó a Tarija una ola de conflictos sociales sin salida aparente”. Especialistas ven ahora la necesidad de readecuar el diseño institucional en materia fiscal (por ejemplo “Bolivia: Hacia un Nuevo Contrato Social”). Algunos observadores incluso temen que la “maldición de los recursos primarios” haya alcanzado el país, con los característicos estragos de ineficiencia y “pataleo por el pastel” que este mal suele dejar en otros lares. Entre estas voces de advertencia figura ciertamente Roberto Laserna, quien ofrece un gran menú de ideas y artículos en su página personal y en la plataforma de la Fundación Milenio.
La Fundación UNIR Bolivia contribuye a la construcción de una cultura democrática, inclusiva y deliberativa, a fin de trasformar los espacios de conflicto en otros de concertación entre la sociedad y el Estado, y al interior de sí misma.
Aún más preocupante ha sido el conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. A propósito de un fallo sobre la constitucionalidad del nombramiento de cuatro magistrados interinos de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, instancia última para controlar y salvaguardar la primacía de la Carta Magna, se encontró repentinamente en el banquillo de los acusados, por “racista”, “corrupto” y “colonialistas. El Ejecutivo inició un juicio contra los magistrados que emitieron el fallo, entre otros por incumplimiento de deberes. Este conflicto entre poderes, que afortunadamente parece procesarse a través de un trámite legalmente establecido, ha suscitado opiniones de diverso índole: Para unos, se trataría de un reajuste necesario y urgente de un sistema judicial con problemas estructurales, mientras otros temen la erosión del estado de derecho y de la división de poderes. Las continuas erupciones y los vaivenes de micro- y macroconflictos manifiestos, como el de Tarija, evidentemente se hacen sentir. Muchos temas están en juego, entre ellos el modelo económico, autonomías (indígena y departamentales), inclusión y tierra, como comenta Marcelo Arandia del CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesi-
nado) en La Prensa: “Los polémicos debates sobre todos estos problemas dejan poco espacio para la mediación y reconciliación. Si no se deponen ciertas posturas radicales que están bordeando algunos fundamentalismos ideológicos —por parte de algunos dirigentes cívicos-regionales de la “media luna” y personeros del Gobierno—, avanzaremos hacia un escenario de alta conflictividad socioregional, perdiendo la dimensión de la unidad en la diversidad.” Pero más allá de esta conflictividad visible y casi cotidiana, que de todas formas en este momento todavía parece ubicarse en los umbrales acostumbrados en cuanto su frecuencia, intensidad y expansión geográfica, la opinión pública ha comenzado a discutir cuestiones más de fondo. Esto sobre todo porque desde el seno de las comisiones de la Asamblea Constituyente trascendieron las diferentes propuestas y discusiones: ¿Quiénes somos los bolivianos?, ¿cómo nos caracterizamos?, ¿qué nos separa y qué nos une?. Hay toda una serie de comentarios, publicaciones y documentos que han ido alimentando una discusión relacionada con la identidad nacional y su reflejo en el entramado institucional y el ordenamiento territorial:
¿Cuántos somos, cómo nos definimos? Diferentes ensayos y comentarios giran alrededor del dato censal sobre la población indígena y sus implicaciones en la reestructuración del Estado: El censo poblacional de 2001 registró un 62 por ciento de población mayor de 15 años que se auto-identifica con algún pueblo indígena. “El 34 por ciento de los bolivianos vive en ayllus”, sostiene un equipo del Taller de Historia Oral en un artículo de La Época. “Bolivia no es indígena, es mayoritariamente mestiza”, responde Carlos Toranzo: “Censos y encuestas dan un promedio superior al 60 por ciento de mestizos, frente a no más de 20 por ciento de indígenas”. Algún comentarista cuestiona incluso la existencia de 36 pueblos indígenas. Una encuesta de la Fundación UNIR Bolivia realizada en 10 ciudades arrojó igualmente datos novedosos sobre la compleja realidad nacional y las dobles identidades: El 68,9 por ciento de los bolivianos se considera mestizos y, paralelamente, el 65,5 por ciento siente pertenecer a un grupo indígena. Ya el año pasado Xavier Albó y Ramiro Molina habían explicado las múltiples facetas identitarias en su investigación “Gama étnica y lingüística de la población boliviana”.