Expresión Estado de México by Vinculacion Con Sociedad Civil

año 2/no.4/enero - marzo 2010

Ensayo Central El Estado Eficaz Lic. Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México

Editorial Lic. Enrique Martínez y Martínez Delegado General del CEN del PRI en el Estado de México

2010 ¿Cuál es la prioridad nacional en el año del Bicentenario? Lic. Ricardo Aguilar Castillo Presidente del CDE del PRI en el Estado de México

Compromisos y retos en la agenda legislativa del PRI Lic. Francisco Rojas Gutiérrez Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Federalismo hacendario y reforma fiscal Dr. Luis Videgaray Caso Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso del la Unión

Agenda Bicentenario: Legislar para Cumplir

Expresión. Órgano Teórico del PRI Estado de México Publicación electrónica, Año 2, Número 4, enero - marzo 2010. Toluca, Estado de México. Comité Estatal Editorial y de Divulgación. Tel. 01 722 236 09 00 / Ext. 105. www.priedomex.org.mx ISBN electrónico e Index en trámite.

Partido Revolucionario Institucional. Estado de México.

Se permite la reproducción de cualquier material, con cita de la fuente y observancia de las disposiciones vigentes en materia electoral, en todo caso debiendo solicitar autorización al Comité Estatal Editorial y de Divulgación sobre su publicación en otros medios de comunicación. Los autores de los artículos son responsables del contenido, respetándose así la libertad de expresión. Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 38, inciso H.

Editorial Lic. Enrique Martínez y Martínez Delegado General del CEN del PRI en el Estado de México Ensayo Central El Estado Eficaz Lic. Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México Posiciones 2010 ¿Cuál es la prioridad nacional en el año del Bicentenario? Lic. Ricardo Aguilar Castillo Presidente del CDE del PRI en el Estado de México Compromisos y retos en la agenda legislativa del PRI Lic. Francisco Rojas Gutiérrez Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Confianza ciudadana, construcción de acuerdos y transformación social Lic. Ernesto Nemer Álvarez Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México Federalismo hacendario y reforma fiscal Dr. Luis Videgaray Caso Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso del la Unión Ideas Política y responsabilidad legislativa Lic. Enrique Martínez Orta Flores Secretario de Acción Electoral del CDE del PRI en el Estado de México Democracia con desarrollo social, el desafío nacional Mtro. Oscar Juárez Domínguez Académico de la UNAM La reforma del Congreso: avances y retrocesos Mtro. Khemvirg Puente Martínez Académico de la UNAM

Compromisos Una agenda pendiente de la reforma del Estado Lic. Jesús Murillo Karam Senador de la República en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Democracia y medios de comunicación Lic. Alejandro Moreno Cárdenas Senador de la República en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Justicia para todos Dr. Víctor Humberto Benítez Treviño Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso del la Unión Compromiso con los derechos humanos Mtro. Alfonso Navarrete Prida Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Gobernabilidad y compromisos cumplidos Lic. José Manzur Quiroga Diputado Local en la LVII Legislatura del Estado de México Desarrollo social y género Lic. Pablo Bedolla López Diputado Local en la LVII Legislatura del Estado de México Igualdad. Compromiso con las mujeres mexiquenses Lic. Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza Diputada Local en la LVII Legislatura del Estado de México Gaveta Cultural

l Congreso de la Unión así como la Legislatura del Estado, hoy son profundamente deliberativos, constituyen la expresión de una sociedad que avanza en democracia, son el reflejo de la pluralidad de los mexicanos y de los mexiquenses, la casa de los debates y el espacio de la construcción de acuerdos necesarios para el desarrollo nacional. Un Poder Legislativo representativo y eficiente es garantía de un “Estado Eficaz” como lo propone el Gobernador Enrique Peña Nieto en el Estado de México. En el año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana; a 150 años de la promulgación de las Leyes de Reforma, la Nación hace una profunda reflexión de sí misma para pensar sus posibilidades futuras desde el horizonte de su tradición política liberal y constitucional. El PRI en el Estado de México asiste a ese debate con su representación legislativa para defender el proyecto de igualdad expresado en los Sentimientos de la Nación y salvaguardar las libertades y garantías sociales de nuestra Constitución de 1917. Fortalecer al Congreso no significa restarle atribuciones para tener un legislativo a modo, dócil y complaciente. El PRI aspira a un Poder Legislativo plural, transparente y deliberativo, que cuente con incentivos de acuerdo y cooperación institucional con el Poder Ejecutivo para resolver los problemas estructurales de la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la inequidad social agravada por la caída histórica de 6,5 por ciento del PIB. La Agenda mexicana del Bicentenario pasa por el Estado de México. Los mexiquenses luchan por el fortalecimiento del federalismo hacendario, la defensa de la economía popular, la fiscalización del gasto público federal entre otros temas, en los que deben prevalecer los principios ideológicos del PRI, con la justicia social, en primerísimo lugar. Temas prioritarios que son analizados por nuestros cuadros políticos y legisladores priístas en esta entrega de Expresión Contamos con las valiosas participaciones de Ricardo Aguilar Castillo, Francisco Rojas Gutiérrez, Ernesto Nemer Álvares, Luis Videgaray Caso, Jesús Murillo Karam, Alejandro Moreno Cárdenas, Isabel J. V. Rojas de Icaza, José Manzur Quiroga, Enrique Martínez Orta, Humberto Benítez Treviño, Pablo Bedolla López, Alfonso Navarrete Prida, Oscar Juárez Domínguez y Khemvirg Puente Martínez. Nuestro agradecimiento a cada uno de ellos por compartir sus puntos de vista, análisis y reflexiones con la militancia priísta. Enrique Martínez y Martínez Delegado General del CEN del PRI en el Estado de México

El Estado Eficaz Ensayo Central Enrique Peña Nieto*

El objetivo de las discusiones [en Davos] de este año es tan claro como ambicioso: "Mejorar la situación mundial: repensar, rediseñar y reconstruir". Para el caso de América Latina la pregunta a responder será si es posible compaginar la democracia con el desarrollo. Estoy convencido de que la respuesta es afirmativa. No sólo la democracia y el desarrollo son perfectamente compatibles, sino que ambos conceptos son indivisibles si se quiere traspasar la barrera de las democracias meramente electorales y alcanzar democracias que, además de respetar el sufragio, garanticen un conjunto amplio de derechos -individuales y sociales- a todos sus habitantes. Jenik Cook, sin título IV (2008)

La pregunta en Davos es relevante. La alternancia política en la región no ha revertido la pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia y falta de competitividad, por mencionar algunos de nuestros problemas más apremiantes. En México, vivimos la paradoja de tener una competencia electoral intensa, que refleja la pluralidad del país, pero un estado ineficaz, que no tiene la capacidad de cumplir con algunas de sus obligaciones básicas. Por ello, considero que nuestra nación requiere sumar voluntades sociales y políticas para acordar las bases de un "Estado Eficaz" para la democracia. El año en que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución es un momento inmejorable para presentar

propuestas, alcanzar acuerdos y realizar acciones. Es un año de definiciones. Un Estado Eficaz en nuestro país debe tener un objetivo central: garantizar todos los derechos reconocidos por la Constitución a toda la población. En México vivimos una contradicción inaceptable: se reconoce legalmente una serie de derechos civiles, políticos y sociales como la seguridad, el acceso a la justicia pronta y expedita, no ser privados de nuestras libertades, propiedades y posesiones sino mediante juicio, acceso universal a la salud y la cultura, educación de calidad, trabajo, vivienda, un medio ambiente sano y alimentación de los niños y las niñas. Sin embargo, en la práctica, un gran número de mexicanos no disfruta de estos derechos básicos. Esta brecha entre el derecho y la realidad no únicamente nos presenta un Estado rezagado en sus obligaciones, sino a una población que no puede ejercer con plenitud las garantías que le son connaturales al hecho de ser mexicano. Eliminar esta brecha en menos de dos décadas es un gran compromiso que debemos asumir en el año de los centenarios. Un compromiso que únicamente podremos lograr si construimos un Estado Eficaz.

*Gobernador del Estado de México. Disertación ante el Foro Económico Mundial (WEF), Panel América Latína, Davos, Suiza, 2010.

El primer paso en la construcción de ese Estado Eficaz es la aprobación de dos reformas que ya son parte del debate público: nuevas reglas para el régimen político y un nuevo esquema fiscal. La reforma política debe tener el objetivo de contar con un diseño institucional que permita tomar decisiones públicas de manera democrática y a la vez eficiente para poder crear los marcos legales y políticas públicas que, con celeridad, nos permitan cerrar la brecha entre los derechos en "papel" y los derechos en la práctica. Los tres principios que deben guiar esta reforma son: un sistema electoral que fomente la formación de mayorías legislativas; facultades al Ejecutivo que le permitan avanzar con claridad su programa de gobierno; y mecanismos para mejorar la colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo. En cuanto a la reforma fiscal, difícilmente podrá transitar si antes no se define para qué queremos los recursos. Mi propuesta es que tanto los montos como la orientación del gasto público estén determinados por el objetivo de tener recursos suficientes para poder financiar los derechos que tenemos todos los mexicanos y construir la infraestructura que necesitamos para crecer sostenidamente. La discusión sobre cómo obtener esos recursos debe tener como base cuatro principios: que todos, sin excepción, paguen de acuerdo con sus posibilidades; que todos, sin excepción, reciban los beneficios del gasto público de acuerdo con sus necesidades; establecer una nueva definición

Carlos Mérida, Tres motivos inspirados en el Príncipe de Maquiavelo (1936

de obligaciones tributarias entre los municipios, estados y federación, acorde con las responsabilidades de cada orden de gobierno; y que todos los organismos del Estado, sin excepción, rindan cuentas de cómo gastan los recursos de los ciudadanos. Una buena noticia es que hay coincidencias. Los principios aquí plasmados coinciden, en términos generales, con propuestas de legisladores del PRI y otros partidos. De igual forma, hay algunas coincidencias con el Ejecutivo federal. Por ello, tenemos una oportunidad real para construir dos de los pilares del Estado Eficaz, que nos dé al mismo tiempo democracia y desarrollo. En este año de definiciones, alcanzar un consenso para mirar al futuro es el mejor regalo que le podemos hacer a México en su aniversario.

Posiciones

2010 ¿Cuál es la prioridad nacional en el año del Bicentenario? Ricardo Aguilar Castillo*

Preámbulo El Bicentenario de nuestra Independencia Nacional y el Centenario de nuestra Revolución Mexicana, aunado al Centenario y medio de la Reforma juarista son los tres pilares históricos sobre los que se funda el modo de ser mexicano. Nuestra mexicanidad carga con más virtudes que defectos: En lo social, nuestro nacionalismo es, ha sido y seguirá siendo, la forma de insertarnos en el concierto de la globalización; aportando al mundo nuestra identidad cultural y nuestros valores como la solidaridad, la hospitalidad y el respeto por las demás naciones.

En lo político, somos un país con carácter liberal; que a lo largo de estos 200 años, desterramos la sumisión, superamos el dogma, el conservadurismo y el autoritarismo; actualmente, estamos consolidando una democracia fundada en la competencia electoral, donde la decisión soberana reside totalmente en los ciudadanos. Generar empleos y abatir la desigualdad social: Prioridades de la agenda mexicana del Bicentenario. Somos lo que somos por nuestra historia. Ella no sólo explica nuestro pasado, sino que nos da identidad en el presente para buscar un futuro mejor como país. Hoy los mexicanos, y en particular, los políticos debemos entender este importantísimo momento histórico, que representa el año 2010, para replantear ¿cuál es la auténtica prioridad para nuestro país?

Jenik Cook, Timefield (2002)

En lo económico, son abundantes las hazañas del siglo veinte como la construcción de la infraestructura nacional, el milagro mexicano, cuyo desarrollo estabilizador permitió la industrialización del país y el crecimiento de la clase media; el motor impulsor de esta hazaña fue la industria petrolera.

¿Los mexicanos debemos canalizar nuestra energía nacional a la reforma del régimen político o a atender de manera principalísima las graves necesidades económicas de la población? ¿La generación de empleos es una variable dependiente de la representación legislativa, es un problema de diseño institucional o es un problema estructural? ¿La pobreza en México se resuelve modificando el tamaño del Congreso o su solución exige decisiones de Estado y consensos más amplios

*Presidente del CDE del PRI en el Estado de México. Disertación ante la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Ciudad de México, D.F.; el 25 de febrero de 2010.

apoyados en instrumentos de política pública de mayor trascendencia? Nuestro Gobernador, Enrique Peña Nieto, ha comprendido en la tesis del Estado Eficaz, el desafío nacional para alcanzar una democracia con desarrollo social: “En México, vivimos la paradoja de tener una competencia electoral intensa, que refleja la pluralidad del país, pero un estado ineficaz, que no tiene la capacidad de cumplir con algunas de sus obligaciones básicas. Por ello, considero que nuestra nación requiere sumar voluntades sociales y políticas para acordar las bases de un Estado Eficaz”.1 Como dirigente político y a nombre de los priístas mexiquenses queremos, desde la patria chica, contribuir al engrandecimiento de México; por eso, hemos insistido, y lo volveremos a hacer, en que el tema prioritario para México es el económico. El tema es cómo crecer y abatir las enormes desigualdades sociales que confrontan al país, atacando de manera frontal la pobreza en que vive la mitad de la población y el Estado cumpla con sus obligaciones básicas y logre consolidar a la democracia en un sentido amplio, no meramente procedimental, sino sustantivo: construyendo una sociedad igualitaria y justa como base del Estado de Derecho. Cuando hablamos de prioridad, no se trata de ignorar otros

Pablo Picasso, Nu au Bras leve de face (1967)

temas relevantes como el de la reforma política o el de la seguridad pública; se trata de darle la superioridad que merece un tema estratégico como es el de la generación de riqueza y su equitativa distribución. Se trata de leer cuidadosamente los sentimientos de la nación que, día con día, nos vienen señalando los riesgos que conlleva un tejido social cada vez más desgarrado y lacerado. No podemos postergar el problema económico, cuando vemos cómo más y más familias mexicanas están siendo golpeadas por la crisis y sus diferentes efectos negativos en el nivel de ingreso, en el aumento de los precios de la canasta básica, el decrecimiento de la economía, la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza. El PRI sostiene la tesis política de que el Estado social es eminentemente democrático. Sin lo social, nuestros procedimientos políticos se vuelven ineficientes para mantener la estabilidad y la concordia; sin lo social no hay esquema de gobierno viable y representación democrática estable;2 sin lo social tenemos un sistema político complejo carente de una diferenciación funcional,

Peña Nieto Enrique, El Estado Eficaz, Gobierno del Estado de México, México, 2010. Tocqueville, Alexis de, De la Démocratie en Amérique, Les Éditions Gallimard, Collection: Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1992, Tome I. Sobre la relación entre desarrollo social, democracia y estabilidad política consultar a Lipset, Martín S., El hombre político. Las bases sociales de la política, Editorial Tecnos, Colección de Ciencias Sociales, Serie de Ciencia Política, Madrid, 1997. 1 2

inflexible, incoherente y subordinado a intereses ajenos al interés público. De tal modo, que desplazar la cuestión de la pobreza del debate nacional es atentar contra la eficacia real de las instituciones políticas para administrar el conflicto y promover el bienestar. El déficit de gobierno efectivo es causa de la pobreza que agrava el conflicto y vacía de legitimidad al orden político. La polarización del ingreso implica la polarización social, provocando exclusión y aumento en la violencia criminal. Cuando se pierde de vista lo social, se cae en la estrategia de endurecimiento del aparato estatal, en los esquemas de control de la población empobrecida, en el diseño de políticas restrictivas de las libertades civiles. Ante este panorama de ataque a lo social, sería tan ilógico como insensato, poner por encima del tema económico el tema de una “reforma política”; que, por cierto, en las últimas semanas se ha convertido en una especie de concurso de quién presenta el mejor catecismo reformista. Mientras esto ocurre, el mayor problema para las familias mexicanas es el de la falta de recursos económicos para enfrentar el día a día de la alimentación, del transporte, de la salud y de la educación. Tan solo en los primeros dos años de la administración del presidente Felipe Calderón, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 a 18.2 por ciento, y en ese mismo periodo, el porcentaje de personas en condición de pobreza de patrimonio se incrementó de 42.6 a 47.4 por ciento. Peligrosamente, los más pobres son los que más ingreso han perdido en este sexenio. Las familias rurales que partían de una situación desfavorable, sufrieron una dramática reducción del 16.3 por ciento de su ingreso. En materia de empleo, hay más de 2.7 millones de mexicanos buscando un espacio de trabajo y hay casi 4 millones de personas sub-ocupadas.

Estas cifras expresan que la economía mexicana es más pequeña, que menos personas trabajan y que el crecimiento de la pobreza se incrementa de manera preocupante. Ningún otro problema tiene tanta capacidad de desintegración y polarización en lo social como la desigualdad. En contraste, ¿qué tenemos en el régimen político? Tenemos un régimen multipartidista y competitivo; un presidencialismo sujeto a los límites constitucionales; los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son independientes entre sí; los diferentes órdenes de gobierno también multiplican su grado de autonomía; las elecciones son altamente competidas; las leyes electorales se han abierto y la decisión de quién gobierna la tienen única y exclusivamente los ciudadanos. Más aún, como generación política moderna, encabezada por el gobernador Enrique Peña Nieto, valoramos esta etapa de alternancia política que llegó para quedarse; no tenemos la menor nostalgia por el pasado autoritario o por un México monocromático. Nuestra generación aprecia que los mexicanos nos hayamos dado una transición política legal, pacífica y ordenada. Como dato significativo, el 4 de julio del 2000, dos días después de la elección de la alternancia, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 6.12 por ciento. Luego entonces, México vive una razonable normalidad democrática que aunque resulta insuficiente, no pone en riesgo la estabilidad social del país; como sí ocurriría si aplazamos la atención a los problemas de desigualdad social y de insuficiencia económica. Consideraciones políticas para el debate legislativo de la agenda del Bicentenario. El tema de mayor relevancia en la agenda mexicana del Bicentenario debe ser el económico y el consecuente combate a la pobreza.

En el 2009, el Producto Interno Bruto de México tuvo el peor desplome de su historia.

Es en las difíciles condiciones de subsistencia donde se encuentra el fundamento del descrédito ciudadano a todo lo que tenga que ver con la política y no en el tamaño del Congreso.

Como dato adicional 275 mil hogares dejaron de recibir remesas del exterior entre 2006 y 2008.

Justificadamente, la gente escucha con recelo cuando se habla de reelección o de segunda

vuelta, cuando en su realidad no hay ingresos por falta de trabajo o, cuando, habiendo trabajo, el salario es francamente insuficiente.

protagonista de un diálogo de sordos, cuyo espectáculo afecta a todos los políticos por igual, y, sin pretenderlo, nos retrata ajenos e insensibles a las duras realidades de la gente, cuyo debate diario es decidir entre desayunar o comer; nunca entre primera y segunda vuelta electoral.

Ante esta realidad, el Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de México, sostiene la siguiente Agenda mexicana del Bicentenario:

Por eso, en este año especial del Bicentenario nuestro mensaje político consiste en un llamado a la sensatez y a la sobriedad; a volver los ojos a la auténtica prioridad para los mexicanos, que no es otra que resolver los problemas de la economía popular que están afectando gravemente a las familias mexicanas.

Primero. Que resulta condenable que desde el ejecutivo federal, dolosamente, se aliente y canalice el malestar ciudadano producto de la adversidad económica, en contra de los partidos políticos y del Congreso de la Unión, como pretexto para evadir la responsabilidad que tiene el presidente Felipe Calderón.

Lo deseable sería que desde el Congreso de la Unión, desde la presidencia de la República; desde los partidos políticos; con la concurrencia de los factores de la producción, tomemos decisiones en este primer semestre del 2010 para fortalecer a la economía mexicana y, así también, los resortes de la paz social.

Segundo. Que resulta deplorable que la reforma del régimen político se haya convertido en una debatitis permanente y distractora, en medio de una creciente desesperanza ciudadana, que ya ha expresado chispazos de ira social, como recientemente lo sufrió en carne propia el Presidente de la República, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando una madre desolada lo increpó frontalmente por la muerte de sus hijos. Tercero. Que resulta lamentable que a diario surjan propuestas y contrapropuestas sobre el mismo tema, sin ninguna pista de operación política real o del más mínimo consenso, aún dentro del propio partido que la postula; sino que muchas veces se presentan con un tufo de protagonismo mediático, y los proyectos legislativos sólo quedan en el “concurso” de lo que pudo ser y no fue. Todas estas actitudes hacen ver a la clase política nacional como

Dan Chistencen, Kanagano (1980)

Compromisos y retos en la agenda legislativa del PRI Francisco Rojas Gutiérrez* pues los ciudadanos que nos eligieron están en muchos casos al borde de la desesperación. Coincidimos en que hoy, en México, la apatía, la indiferencia o la complacencia, son complicidad y, más allá de cualquier formalismo, reconocimos la necesidad de intensificar los esfuerzos, acelerar el paso, establecer y cumplir plazos y fechas. La retórica y la publicidad oficiales pretenden demostrar que estamos equivocados al decir que la economía sigue estancada, el desempleo alcanza cifras astronómicas, la inseguridad se ha convertido en un modo de ser, de vivir o sobrevivir. Pero ni las cifras parciales o distorsionadas, ni las acciones mediáticas y publicitarias modifican la realidad: somos un pueblo con más pobreza, más desigualdad, más violencia y más desamparo. Conscientes de que Poder Legislativo es un contrapeso legítimo del Ejecutivo, rechazamos el propósito de disminuir las atribuciones del Congreso de la Unión, debilitar el equilibrio de Poderes y la soberanía de las entidades federativas.

Roberto Matta, Perser invisible (1995)

En días pasados, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados definió los elementos fundamentales de la agenda legislativa que impulsaremos durante el segundo período de sesiones de la actual legislatura. La discusión sustentada y la presentación de propuestas acerca de los diversos temas relevantes para el desarrollo del País, fueron la base para lograr los consensos al interior del grupo parlamentario a fin de construir dicha agenda. Nuestro partido tiene identidad ideológica, programa, visión de largo plazo, conciencia de lo inaplazable y rumbo político. Con este marco de referencia, definimos acciones de nuestra competencia para hacer frente a problemas nacionales que se han recrudecido en unos cuantos meses. Las alarmas se han activado,

Esa pretensión socavaría las bases de nuestra república representativa, democrática y federal –y laica– y reeditaría atrasos que superamos con el circuito de reformas políticas de 1963 a 1996. Laicismo Los diputados priistas propugnaremos que el carácter laico del Estado mexicano, establecido en el artículo tercero, se integre a los atributos expresos de la República definidos en el artículo 40 constitucional. Con el mismo criterio impulsaremos la revisión del artículo 108 relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, y las disposiciones del artículo 130 en lo referente a los ministros de culto. Pensamos que el laicismo no interfiere en la vida interna de las asociaciones religiosas ni niega o acota la libertad de creencias, derecho fundamental de toda persona humana, y establece la preeminencia del Estado sobre cualquier poder parcial. Estado, entendido como la síntesis de

*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión

población, territorio, leyes e instituciones que nos incluye a todos sin privilegios ni exclusiones. La separación de las iglesias y el Estado garantiza el derecho igual de las personas a creer o no, a participar en un culto religioso, en otro o en ninguno y a discutir en plena libertad los temas de la sociedad contemporánea. Reforma política Desde los últimos días de 2009, cuando el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, una iniciativa en materia política, el debate público puso de manifiesto sus inconsistencias, y en el seminario que organizó el Senado a principios de esta semana, se abundó y profundizó en las razones que se ventilan en la sociedad. Los aspectos de la propuesta presidencial son heterogéneos, su índole y alcance son muy diversos y no constituyen una propuesta de reforma política digna de tal nombre y menos una reforma del Estado. Ajena a los debates y consensos que han tenido lugar en distintos espacios, en especial en el Senado de la República, la iniciativa presidencial aparece como distractor de lo que realmente preocupa y lastima a la población: el erróneo manejo de la economía, los magros resultados de la política social, la estrategia fallida de seguridad pública y combate al crimen organizado. La diputación del PRI acordó constituir un grupo de trabajo que examine con profundidad estos temas y otros que son relevantes para una reforma política integral, en estrecha coordinación con el grupo parlamentario en el Senado y con el partido. Las propuestas que impulsaremos incluyen una reforma del desempeño de la Cámara de Diputados para agilizar los procesos de dictamen de las iniciativas, clarificar y dar certeza a nuestros acuerdos. Propondremos restituir la obligación del Ejecutivo de presentar su informe anual en la apertura del Congreso General, en un clima de mutuo respeto entre los Poderes del Estado. Estamos convencidos de que el informe presidencial es un medio para la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, depositario de la soberanía de la nación, antes que en cualquier otra instancia.

Por otra parte, dictaminaremos las cuentas públicas pendientes y tomaremos medidas para cumplir cabalmente con nuestra obligación Constitucional, pues la información puntual de cómo y en qué se gastó el dinero, es fundamental para discutir y aprobar el paquete fiscal. Reforma hacendaria También acordamos promover el cumplimiento eficaz y oportuno del programa que obliga al Ejecutivo Federal a disminuir su gasto corriente y liberar recursos para la inversión. La idea de suprimir tres secretarías como medida de austeridad fue un recurso mediático que desvió la atención de lo importante: los excesos del gasto corriente del gobierno federal y las cuantiosas transferencias de recursos públicos a entidades privadas sin previa autorización del Congreso. Los subejercicios presupuestales son de los actos más viciados del manejo de los recursos públicos. Por una parte, retiene recursos que el Congreso asigna a los programas; en segundo lugar, disminuye la masa de gasto público y, con las llamadas disponibilidades, la Secretaría de Hacienda desvía el gasto a su arbitrio y sin autorización expresa y específica del Poder Legislativo. Para eliminar esta práctica, acordamos revisar el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos que incurren en subejercicios, así como las normas para la reasignación de recursos. Las políticas de gasto público no pueden estar atadas al objetivo del equilibrio presupuestal, sino que deben adecuarse a las variaciones de los ciclos económicos, como lo demuestra la torpe gestión de la crisis y el carácter recesivo del paquete económico propuesto para el actual ejercicio fiscal. Este es el sentido de la propuesta que haremos para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las reformas están dirigidas, también, a acotar la discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, prohibir los cambios espurios en el destino del gasto e impedir que los recursos se destinen a programas no aprobados por la Cámara de Diputados. También promoveremos que el Congreso determine el destino de las disponibilidades y que se prohíba expresamente la existencia de varias cuentas en la Tesorería de la Federación.

Propondremos cambios legislativos para hacer transparente cada subsidio implícito en la legislación tributaria, que son factores relevantes de inequidad fiscal. Se trata de superar la práctica de parches que ha hecho un enredo del régimen fiscal y construir un modelo que haga efectivos los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad y abra fuentes sanas de ingresos propios del Gobierno Federal. En un tema fundamental para el desarrollo del País, el federalismo fiscal es un clamor generalizado frente al centralismo y el manejo patrimonialista del Ejecutivo Federal. Impulsaremos reformas al artículo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal para descentralizar el Ramo 33, transparentar el gasto social, y garantizar la auténtica soberanía de los estados para ejercer esos recursos, pues el regateo es desgastante y opresivo: somete a los gobiernos estatales y municipales a caprichos y voluntades burocráticas. Como el proceso general de planeación no puede ser ajeno a la determinación de los ingresos y gastos del Sector Público y al cumplimiento de nuestra facultad de controlar, fiscalizar y evaluar los resultados, el Congreso de la Unión debe participar más activamente en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Promoveremos una iniciativa para dar autonomía constitucional al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fomento económico Es evidente la carencia de una política de fomento económico y desarrollo industrial, que ha frenado y distorsionado el desarrollo general y ahogado a la pequeña y mediana industria con la drástica reducción del financiamiento privado y del que otorga la disminuida banca de desarrollo. Propondremos una ley para adoptar una política industrial moderna que aproveche las ventajas

comparativas del país, impulse a sectores estratégicos a la luz del nuevo perfil de los mercados internacionales, integre las cadenas productivas y desarrolle y proteja el mercado interno. En beneficio de la banca privada –mayoritariamente extranjera– y de los grandes consorcios, se ha confinado a la banca de desarrollo a la actividad de segundo piso, tal vez con el afán de cortar un brazo poderoso y eficaz al estado como rector y actor de la economía. Uno de los acuerdos más relevantes a que llegamos en Veracruz fue impulsar cambios para reconstruir y modernizar la banca de desarrollo, habilitarla para operaciones de primer piso y promover su acceso a los mercados financieros. Por ello modificaremos la legislación que rige la banca de desarrollo para el fomento al empleo y a la inversión productiva; que atienda eficazmente a las PYMES, que promueva el desarrollo de las regiones y fomente nuestras ventajas comparativas en el comercio exterior; que impulse la inversión en infraestructura; fortalezca la

Carlos Mérida, Tres motivos inspirados en el Príncipe de Maquiavelo (1936

La Comisión de Gastos Fiscales que propuso el PRI en la Cámara de Diputados ha examinado a detalle los diversos regímenes especiales y está elaborando propuestas legislativas para reordenar este capítulo y contribuir a la revisión integral de la política fiscal.

soberanía alimentaria, promueva la agroindustria y consolide el sistema financiero rural, entre otros aspectos. Política social A pesar de que se han autorizado volúmenes cuantiosos de recursos públicos para el desarrollo social, los resultados son deplorables por el uso electorero de los programas sociales, que es injusto, ilegal y discriminatorio. Por eso impulsaremos una iniciativa de ley que dé autonomía al CONEVAL para que éste rinda cuentas de la política social al Congreso de la Unión. Tal como ya ocurre con el órgano de fiscalización superior, sus informes serían analizados por las comisiones pertinentes, y el Pleno de la Cámara emitiría dictámenes sobre la eficacia de los programas sociales. Legislaremos para eliminar la discrecionalidad en las delegaciones federales en los estados, que propicia el abuso de los programas asistenciales y el uso inadecuado de los padrones de beneficiarios, con fines electorales. Congruentes con la naturaleza revolucionaria de nuestro partido, los diputados del PRI promoveremos, por la vía legal, soluciones a los problemas rurales que sean consecuentes con el valor estratégico del campo para la seguridad alimentaria y el suministro de insumos para la producción. Por ello propondremos la revisión de la Ley de Desarrollo Social con vistas a evitar que las reglas de operación de los programas federales sean para distribuir privilegios indebidos. También impediremos el desmantelamiento del movimiento obrero del país que se pretende justificar con el pretexto de la productividad y el desarrollo tecnológico. Sí, vivimos en un mundo nuevo, pero los cambios a la legislación laboral y social deben ser consultados previamente con nuestras organizaciones obreras y campesinas. Revisaremos la legislación para fortalecer el combate a cualquier forma de discriminación, y promoveremos un trato igual y equitativo para los grupos de personas vulnerables con el objetivo de que puedan acceder a toda garantía para su desarrollo personal y familiar. No podemos avalar

lagunas legales que han provocado prácticas que marginan a estos grupos, que requieren de una atención especial o diferente, de la integración social. Entre otros aspectos, debemos avanzar en garantías por el interés de los niños, fortalecer el combate a su secuestro y tráfico, así como a su explotación sexual y laboral. La Seguridad Social es una responsabilidad que el Estado no puede transferir a los particulares. Así, el régimen de subrogación es necesario, a condición de que no se utilice para solapar la improvisación, la irresponsabilidad o la corrupción que, como se ha visto, pueden tener consecuencias fatales. Promoveremos, de inmediato, una reforma legal para garantizar que entes independientes de reconocida probidad certifiquen cualquier acto de subrogación. La parte privada debe satisfacer los requisitos establecidos y los servidores públicos asumir las responsabilidades legales de toda autorización. Impulsaremos los cambios legales necesarios para que la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos sean fuentes de recursos para programas institucionales de asistencia pública y no para la filantropía discrecional de funcionarios ni menos aún como cajas chicas para sufragar sobornos con fines políticos. Seguridad pública La seguridad pública tiene primordial relevancia social; los saldos de la estrategia gubernamental para el combate al crimen organizado son negativos, no obstante las asignaciones presupuestarias sin precedentes, la aprobación de todas las iniciativas de ley del Ejecutivo y la solidaridad social, en una guerra no declarada que ya ha segado más de quince mil vidas humanas. Los grandes decomisos y capturas que se publicitan no han detenido el aumento exponencial del narcomenudeo, la drogadicción y la violencia, que presagian la ruptura de la cohesión social y la desintegración de la célula familiar. Por eso propondremos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda cuentas trimestralmente ante la Cámara de Diputados, pues las reuniones palaciegas sirven más a la imagen que a la información. Las drogas no son sólo un problema de seguridad sino también de salud pública.

Por eso propondremos la conformación de un grupo interinstitucional de alto nivel que elabore un Plan Nacional de Emergencia para combatir las adicciones y presente informes trimestrales de desempeño a la Cámara de Diputados con la participación de la Auditoría Superior de la Federación. Por las aduanas ingresan al país grandes cargamentos de armas, drogas, precursores químicos, dinero de origen ilegal. Propondremos, en consecuencia, una reforma legal para que el Sistema de Aduanas no se conciba sólo con criterios recaudatorios sino como parte de un Sistema Nacional de Seguridad.

Reconocemos el valor universal de los Derechos Humanos, pero con igual énfasis señalamos que el Estado tiene el deber de apoyar sin reservas a las víctimas de la delincuencia y de las acciones que para combatirla. Por ello hemos concluido la propuesta de dictamen de la iniciativa de Ley de Asistencia a Víctimas de Delitos que presentó nuestro grupo parlamentario el pasado Período Ordinario de Sesiones. Por último, acordamos instalar un grupo de trabajo que elaborará, en un plazo perentorio, un proyecto de dictamen sobre la iniciativa de la Ley de Prevención Social de la Delincuencia, para que los tres órdenes de gobierno participen, por mandato legal y en forma coordinada, en el diseño y operación de la estrategia. Esos son los elementos principales del proyecto que impulsaremos. Refrendamos nuestro compromiso con la población y actuaremos en consecuencia con nuestros documentos básicos y la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional.

Jaquiline Debluter, 75 percent (1985)

Confianza ciudadana, construcción de acuerdos y transformación social Introducción Lograr que las instituciones funcionen, conseguir que el gobierno rinda los resultados que la gente espera y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas en un clima de democracia y legalidad es, sin duda, el desafío de la política de nuestros días. En esta primera década del siglo XXI, esa inquietud inspira los esfuerzos de centros de investigación en los que científicos sociales buscan alternativas; y es causa de

Ernesto Nemer Álvarez* la desconfianza ciudadana en ciertas instancias pareciera agrandarse, ensanchando la distancia entre sociedad y gobierno; separando dos lienzos que deberían mantenerse siempre unidos, desgarrando el tejido social. Y lógicamente, si esos dos pilares del Estado: sociedad y gobierno, se distancian, disminuye su resistencia, y se agota la capacidad de construir sobre ellos un país vigoroso y pujante. Parece imperativo pues, restablecer el tejido social, agregar la energía ciudadana a las capacidades institucionales de su gobierno y así, sumando la acción social a la acción gubernamental, crear una acción pública vital y transformadora.

Pablo Picasso, Jover de Flute et Gazelle (1946)

preocupación en los centros de poder político alrededor del mundo, en los que gobernantes, parlamentarios y servidores públicos en general, se esfuerzan por cumplir sus obligaciones y convencer a sus mandantes de que hacen lo mejor posible. Lo cierto es que no siempre se logran los resultados deseados; al contrario, en ciertas latitudes la gente ha expresado su desencanto con la democracia como sistema de gobierno y su insatisfacción con los resultados de las instituciones públicas. Desafortunadamente, México no es ajeno a este fenómeno en el que

En el Estado de México, no pocos pensamos que un elemento que permitiría restañar las fisuras que distancian a ambos elementos fundamentales, puede ser el valor de la confianza. Creemos también, que corresponde a las autoridades dar el primer paso, hacerlo dando buenos resultados, cumpliendo su deber. Nos invita el ejemplo de Enrique Peña Nieto, gobernador que cumple sus compromisos y, al hacerlo, acredita su hombría de bien; y que, al dar respuesta a la esperanza que en él depositó la gente, muestra sentido de responsabilidad y capacidad de acción ante la retadora prueba de la eficacia. Con esa guía, en la Legislatura del Estado buscamos transitar del compromiso cumplido, a la confianza ciudadana, a partir de resultados positivos y abundantes.

*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México

1. El valor de la confianza ciudadana Las distinciones políticas que durante el siglo XX dividieron al mundo, han desaparecido. Casi todos los países han adoptado o están en camino de adoptar formas institucionales del tipo democrático, acompañadas de sus principios e ideales como la libertad, la legalidad y la igualdad universal de las personas. Este tipo de instituciones políticas requiere un componente fundamental: una sociedad que garantice vitalidad, entendiendo por sociedad a las organizaciones que median entre los individuos y las instituciones gubernamentales, como empresas, asociaciones civiles, instituciones educativas, clubes, sindicatos y partidos políticos, por citar algunas. Se trata de comunidades que se forman en torno a reglas y normas explícitas y que funcionan, esencialmente, por características distintivas simbólicas y obligaciones morales entre sus integrantes, fundadas en el sentido de reciprocidad, de obligación moral, deber hacia la comunidad y confianza mutua. La confianza es la expectativa de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes y compartidas, que surge dentro de una comunidad. Del predominio de la confianza surge la habituación a normas, la adquisición de virtudes como la lealtad y la honestidad. Así se crean valores éticos compartidos, el espíritu de cuerpo, el nacionalismo y el orgullo de pertenecer al lugar en que se vive o el grupo al que se pertenece. Las sociedades con un alto nivel de confianza son capaces de acometer grandes propósitos; son terreno fértil para la participación política y la actividad económica, por lo que en ellas emergen organizaciones y empresas importantes, pues se favorece la asociación para la atención de asuntos de interés general, y los individuos están

dispuestos a someterse a las leyes que han fijado. La confianza ciudadana es, a todas luces, un valor fundamental de la democracia contemporánea; requisito para la construcción de acuerdos y precondición para la transformación social. Aquellas cosas que se tienen en alta estima, pueden ser depositadas en manos de quienes de antemano se sabe que cumplen su deber, en quienes, al empeñar su palabra se comprometen a honrarla. En síntesis, se confía en quienes cumplen su compromiso. Esta perspectiva en la atención de los asuntos públicos ha cobrado importancia ahora que la sociedad es mucho más compleja y exige de los gobernantes transparencia, rendición de cuentas y, en general, una relación horizontal “de igual a igual” entre representados y representantes populares. En un contexto de esta naturaleza parece difícil reconocer en dónde radica la capacidad transformadora de la sociedad. 1.1 La capacidad transformadora de la sociedad Tr a d i c i o n a l m e n t e s e p e n s a b a q u e correspondía exclusivamente al gobierno resolver los asuntos de interés general. Pero dada la envergadura de los nuevos desafíos, cada día queda más claro que el gobierno no puede resolverlo todo por sí sólo, demandando una creciente participación social. Sin rehuir su responsabilidad, el poder público reconoce sus limitantes y espera de la ciudadanía una mayor participación; particularmente, en la detección de las problemáticas y en la determinación de las soluciones. Ambas, actividades relacionadas con el establecimiento de acuerdos políticos. Por eso es cada día más relevante la comunicación que se pueda establecer entre los representantes populares y los ciudadanos representados, vinculados preferentemente

por la confianza mutua, pues ambos comparten la capacidad de transformación de su entorno, además de que el legislador o el político es, finalmente, un ciudadano más. La visión de un estado jerárquicamente organizado, en cuya cima se encontraban quienes gobiernan y en la base los gobernados, está siendo sustituida por un cuadrángulo en el que sus integrantes se relacionan de manera horizontal y tienen igualdad de derechos, si bien, distintas obligaciones. De esa manera, el ejercicio de gobierno, como la representación popular ya no es sinónimo de mando, sino de interlocución. En la Legislatura del Estado de México, los diputados del PRI nos hemos comprometido a mantenernos cerca de los electores, a ocuparnos de aquello que a la gente preocupa, a cumplir nuestro deber y hacer un esfuerzo adicional.

Jequeline de Bluter, Oed de Chat (1986)

Actuando de esa misma manera frente a nuestros compañeros diputados de otros partidos políticos, a pesar de que somos

mayoría, nos hemos empeñado, más que en vencerlos en las votaciones, en convencerlos en los debates, ya que de esa forma, favoreceremos los acuerdos que el Estado de México necesita. Vemos en esta Legislatura una oportunidad irrepetible para dignificar el papel del diputado y reivindicar la importancia de la política. Estamos genuinamente comprometidos con la transformación social del Estado de México, y para ello buscamos la construcción de acuerdos. 1.2 La construcción de acuerdos La materia prima de la política son los acuerdos; y para que éstos no pierdan fuerza ni disminuyan sus efectos, está el Derecho. Una decisión asumida colectivamente, en un ambiente de confianza, requiere, para mantener en torno a ella la voluntad de las partes que la acordaron, establecerse por escrito y así, convertirse en Ley. Ley y justicia son términos que, en teoría, debían ser complementarios y sincrónicos. Sin embargo, la rapidez con la que evoluciona la sociedad contemporánea provoca, con frecuencia, que el contenido de la norma jurídica ceda ante el ímpetu de la cotidianeidad. Ello impone al Estado deberes perentorios: la constante actualización del marco legal para adaptarlo a las necesidades de la ciudadanía y la búsqueda de un equilibrio armónico de ese proceso. En un entorno político plural, la ecuación se complica. No basta entonces, con detectar y atender las carencias de las franjas más amplias de la población. Tampoco parece ser bastante emprender ambiciosas reformas y adecuaciones a las normas de carácter general. El mantenimiento de la paz social exige tutelar, con efectividad y fino pulso, los intereses concretos de las minorías, pues no debe olvidarse que son éstas, al cabo, las que legitiman el ejercicio de gobierno. Construir acuerdos es, por tanto, tarea fundamental del estadista y obligación primaria de un legislador democrático.

Bajo la anterior premisa, las palabras “construcción” y “acuerdo”, son conceptos que apuntan al futuro. Asocian, de raíz, ideas afortunadas: erigir algo nuevo… concertar. Por definición, un constructor de acuerdos es, también, un constructor de puentes, un creador de sinergia. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México hemos andado ya, la primera parte del camino bajo ese compromiso. Enterados de que, en el hondo siglo XXI, la ciudadanía exige respuestas, hemos dejado a un lado la retórica y el encono partidario, y propiciamos un consenso que busca soluciones. Actuando en consecuencia, orientamos la agenda legislativa a la puesta en ejecución de respuestas efectivas y eficientes a los problemas reales de nuestros representados y hemos sumado voluntades de otras diputadas y diputados sin distingo de color ni filiación partidaria. Ése fue nuestro primer compromiso y a cumplirlo dedicamos todos los esfuerzos. Comprendemos la opinión de Sartori, quien ha escrito: El pluralismo político es un sistema de “concordia discors”, una dialéctica del disentir, la interacción ininterrumpida entre el consenso sobre las grandes cuestiones de la convivencia (entre otras, las reglas del juego) y el desacuerdo de las partes en torno a los demás temas…1 Para el Partido Revolucionario Institucional, construir acuerdos ha significado llevar a la vida cotidiana la dialéctica del disenso respetuoso y abierto. Ése ha sido el ejemplo del Gobierno del Estado de México. Por eso podemos afirmar que, al cierre del primer período ordinario de sesiones, y del primer período extraordinario, con hechos se demuestra que, en la casa de la confianza mexiquense, el diálogo ha prevalecido.

Tenemos claro que el esfuerzo apenas comienza y que la siguiente etapa demandará aún más de nosotros. Como ha escrito nuestro Gobernador, el Lic. Enrique Peña Nieto: “…es preciso señalar una meta general que nos unifique, a la que todos podamos contribuir con nuestro trabajo diario, conforme a una estrategia con la que todos nos comprometamos…”2 En una postura acorde al pensamiento del Titular del Ejecutivo Estatal, estamos convencidos de que “en el México de nuestra generación, ya no es posible gobernar unilateralmente. La distribución y el ejercicio del poder exigen ahora de una mayor corresponsabilidad de la sociedad y sus actores políticos… contar con un gran objetivo compartido, con una visión de país que nos convoque a todos y evite la polarización social y la parálisis institucional…”3 El Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México predica con el ejemplo y, dejando de lado la tentación de rendir al adversario con el imperio de la mayoría, ha hecho del diálogo y la concertación una práctica diaria, razonada y prudente. Sabemos que en los estados democráticos se coincide o se disiente; que eso “forma parte de la calidad democrática de la vida institucional”4 y que la democracia no ha de entenderse como unificación de opiniones, sino capacidad para escuchar y acordar; no unanimidad inerte, sino unidad activa. Cohesión que se cimiente a partir del diálogo franco, la actitud tolerante y abierta. Desde la academia, así lo sostiene el destacado jurista Lorenzo Córdova Vianello: Negociar, llegar a compromisos, generar acuerdos, que es la esencia de la democracia, es también la clave que puede servirnos para

Sartori, Giovanni, “La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros”, Ed. Taurus. Madrid, 2001, p. 32. Lic. Enrique Peña Nieto, “2010: año de definición”, en Reforma 10 de diciembre de 2009. 3 Ibídem 4 Dip. Beatriz Paredes Rangel, en su discurso de toma de protesta como Presidenta del Partido Revolucionario Institucional, 4 de marzo de 2007, http://beatriz paredes.org/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=1, fecha de consulta: 28 de enero de 2010.

determinar la idea de “democracia gobernable” (...) La gobernabilidad de una democracia no depende tanto de la rapidez y de la capacidad de imponer eficazmente las decisiones desde el gobierno, sino de lograr los consensos suficientes (…)5

unanimidad, donde los acuerdos derivarán de la libertad y las concesiones de la coordinación, nunca de la subordinación política. (…) En el PRI, entendemos al pluralismo como la diversidad de pensamiento, creencia e ideología y a la tolerancia como el reconocimiento positivo de la pluralidad. Estamos convencidos de que la tolerancia es un valor esencial, y uno de los más grandes retos del ejercicio democrático…”6 La compleja dinámica enunciada presenta grandes retos, pero también enormes posibilidades. Si demostramos a la ciudadanía que el PRI sabe propiciar un clima de concordia elemental y construir acuerdos; que nuestro partido es el que entiende cómo consolidar políticas públicas con profundo contenido social; que esas políticas habrán de traducirse en beneficios concretos; y que somos una institución política con verdadera vocación democrática, el proyecto que rescatará a México del caos, nacerá aquí… en el Estado que lleva su nombre. 2. La LVII Legislatura del Estado de México: la Legislatura de la Confianza

Chryssa, Birch (1970)

Tras muchos años de servicio público, entendemos la bondad de lograr consensos y, al asumir la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, expresamos en esencia, el mismo planteamiento: “Sabedores de que en una democracia deliberativa tan importante como los votos resultan los argumentos. No vamos a vencer a nadie, procuraremos convencer a todos. Seremos pues, mayoría de un Poder Legislativo, en el que unidad no significará

La certeza y la confianza pueden darse de inicio, pero se ganan o pierden con los hechos. Por eso, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México y nuestros compañeros de otros institutos políticos, podemos dar buenas cuentas al cabo del primer periodo ordinario y el primer período extraordinario, cuando más de un 80% de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad. Siendo capaces de ponernos de acuerdo, damos a los mexiquenses prueba de que sus preocupaciones son nuestra prioridad y que los diputados del Estado de México hemos honrado el compromiso que hicimos al protestar el cargo.

Córdova “La democracia ideal en el pensamiento de Norberto Bobbio y las democracias reales en América Latina” en Norberto Bobbio: Cuatro Interpretaciones, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Ensayos Jurídicos No. 24, México, 2006, p. 78. 6 Véase la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de México, No. 2, del 9 de septiembre de 2009, pp. 51-53

La numeralia de asuntos resueltos durante el periodo ordinario y el reciente periodo extraordinario de sesiones es ejemplo de lo que decimos: Durante el primer periodo ordinario se presentaron 227 iniciativas. Se resolvieron 177, el 86% por unanimidad. En el primer periodo extraordinario que tuvo verificativo entre el 12 y el 21 de enero- aprobamos un total de 25 iniciativas, de las que el 84% fueron por unanimidad. Y los números están bien sustentados, pues, además del consenso, hemos analizado asuntos trascendentes dando soluciones legislativas creativas y hasta pioneras, gracias a la colaboración y a los acuerdos alcanzados por todos los grupos parlamentarios que están representados en la Legislatura del Estado de México. Como botón de muestra, baste señalar que -durante el primer periodo ordinario de sesiones- aprobamos reformas a la Constitución Particular, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para favorecer la operatividad y funcionamiento del Sistema Penal Procesal Acusatorio, Adversarial y Oral, en armonía con el mandato emanado de la Constitución Federal, en la reforma del 18 de junio de 2008. Así, en el Estado de México, el proceso penal estará regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, dando certeza y garantía jurídica a los ciudadanos de nuestra entidad. Una evidencia de la eficacia que logramos en el primer periodo extraordinario fue la aprobación de una nueva Ley de Defensoría Pública que, en la práctica, asegurará al ciudadano el derecho a una defensa calificada y gratuita, en materias como la familiar, civil y 7

mercantil, adicionales a la penal y en términos de ley. También durante el primer periodo extraordinario aprobamos once iniciativas sobre financiamientos o reestructuración de créditos para los municipios de Valle de Chalco Solidaridad, Teoloyucan, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Toluca, Huixquilucan, Coacalco de Berriozábal, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec de Morelos, permitiendo a dichos municipios la obtención de mejores condiciones de plazos y tasas de interés, tendentes a sanear sus finanzas públicas y lograr liquidez, para invertir en obras y acciones para la atención de las necesidades de la población. 3. Agenda Legislativa del Bicentenario Desde la perspectiva de una formación ortodoxa y acostumbrados a la índole rígida que se asocia a la norma jurídica, la imagen de un “derecho dúctil” puede sonar contradictoria. No obstante, en la dinámica de la política actual, es evidente que el derecho se transforma todos los días, al influjo de las demandas sociales, de las necesidades cotidianas y que sólo se tendrá la labor por cumplida si estamos en aptitud de propiciar la evolución del Derecho como una materia viva, que se va permeando de los afanes de nuestros representados. En virtud de lo anterior, las experiencias que acumulamos al interior de la LVII Legislatura del Estado de México, se compendian en realizaciones incluyentes y democráticas, resultando en un derecho maleable que atiende, en su creación, interpretación y reforma, a principios y valores. Como indicara con precisión Zagrebelsky, las normas jurídicas ya no pueden ser ni expresión de intereses de parte, ni formulación de concepciones universales e inmutables que alguien pueda imponer para que los demás las acaten7. Los principios de libertad y justicia, bajo la influencia de necesidades

Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, “El derecho dúctil” Ley, derechos, justicia, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 14.

concretas deben guiar la creación y reforma del marco normativo. La agenda de un estado democrático ha de volverse, por lo tanto, en una propuesta de soluciones y coexistencias posibles. Es decir, debemos realizar un “compromiso de las posibilidades” y no un proyecto rígidamente ordenado que pueda asumirse como un mandato vertical, que fluye de arriba hacia abajo. Sólo así pueden lograrse leyes “abiertas” que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social, como la competición para asumir la dirección política; condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad pluralista y democrática8. La coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente un marco normativo de avanzada, debe permanecer firme y apegado a principios de unidad e integración, conservando una base material pluralista. En virtud de lo anterior, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI en la LVII Legislatura del Estado de México, nos hemos comprometido con la siguiente agenda: La Agenda Legislativa del Bicentenario, nutrida de las demandas ciudadanas, que esperamos aprobar por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexiquense. Esta Agenda del Bicentenario se articula en tres ejes rectores: Seguridad Pública, Seguridad Económica, y Seguridad Social. El primer eje, relativo a la Seguridad Pública, no puede concebirse de manera aislada, pues forma parte de un todo, que es la justicia penal en sí misma. Propiciaremos la armonización del marco jurídico local con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en materia de seguridad pública y justicia penal. Con esto, generaremos un marco normativo

Jenik Cook, sin título VI (2008)

sólido que permita aprovechar las herramientas jurídicas para combatir de mejor manera la delincuencia, respetar los derechos de quienes intervienen en un proceso penal y contar con juicios ágiles, sencillos y transparentes, privilegiando la reparación pronta del daño a las víctimas. Hay avances significativos, pues desde 2002 se cuenta con ocho Centros de Mediación y Conciliación9. En 2006 iniciaron los juicios orales para delitos no graves, y desde ese año también contamos con 12 jueces de ejecución de sentencias, para 21 Centros Penitenciarios 10. Asimismo, fue aprobada la reforma constitucional local, y en febrero del año pasado, se publicó un nuevo Código de Procedimientos Penales, para implementar el sistema acusatorio y oral. No obstante, aún hay tareas legislativas pendientes, que hemos emprendido ya. Es el caso de las reformas ya aprobadas, a iniciativa del PRI, al Decreto por el que se crea el Centro de Control de Confianza, a fin de ampliar sus atribuciones para que certifique a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública; esto es, peritos, agentes del ministerio público y en general a todo el personal que labore en tales instituciones, y no sólo a los policías, como sucedía antes de la reforma. Asimismo, nuestro propósito es impulsar reformas para modernizar el marco jurídico que rige la justicia penal, por lo que ya estamos trabajando en algunas iniciativas para lograrlo, como la que plantearemos para modificar la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, para cambiar el

Ibídem, p. 24 Véase el portal electrónico del Poder Judicial del Estado de México: http://www.pjedomex.gob.mx/, fecha de consulta: 8 de febrero de 2010. 10 Ibíd. 9

sistema de readaptación social por el de reinserción social, fomentando así, por ley, la reincorporación a la sociedad de quienes han delinquido y cumplido su condena, pues merecen una segunda oportunidad. Para lograrlo, será necesario adicionar, entre otros, el deporte y el trabajo productivo como medios propicios a esa finalidad. Otra iniciativa importante en la que ya trabajamos pretende reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el objeto de rediseñar la estructura organizacional de la institución, para hacerla más funcional y ad hoc al sistema acusatorio, al tiempo que se establezcan nuevos mecanismos para hacer más eficiente su actividad, acercando así los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía, mediante la adopción de reglas claras para transparentar su gestión y generar mayor confianza en los mexiquenses. Ahora bien, el segundo eje, Seguridad Económica, se refiere a reformas legales encaminadas a generar un escenario más competitivo, mediante mecanismos para impulsar la atracción de inversión a través de procedimientos más sencillos para el sector empresarial e incentivos que les representen una situación más favorable para venir a nuestro Estado, al tiempo que obtengan la seguridad jurídica que necesitan para traer su industria aquí, lo cual entre otras cosas, generará más fuentes de empleo y mayores ingresos económicos para la entidad, que podrán traducirse en beneficios directos para la ciudadanía. Lo anterior, proponemos se lleve a cabo atendiendo al principio de sostenibilidad, cuya adopción se planteará en una reforma constitucional que estamos elaborando, a fin de que la planeación y orientación de la actividad productiva del Estado, procure la integridad de los ecosistemas, un justo equilibrio en la utilización de los recursos naturales y la protección integral del medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Finalmente, el tercer eje relacionado con la Seguridad Social, aborda aspectos

fundamentales con el fin de “cerrar la brecha” de desigualdad entre algunos sectores de la población, vulnerables por sus características peculiares: los niños, los jóvenes, los discapacitados y las mujeres, entre otros. Algunas iniciativas han sido ya presentadas, otras están en proceso de elaboración, pero quisiera destacar una de ellas, que esperemos se apruebe pronto, y es la relativa a una reforma integral en materia de equidad de género, que busca dar plena vigencia a la garantía constitucional de igualdad, así como armonizar el marco jurídico local con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita por México. En dicha iniciativa, proponemos someter al agresor de violencia familiar a tratamiento psicológico, además de la pena que corresponda por el delito cometido. Relativo al rapto, hoy está considerado como una privación ilegal de la libertad, pero con fines sexuales. En términos de la legislación vigente, “no constituye un delito grave” y si la víctima es menor de 16 años, pero su victimario se casa con ella… no hay delito. Ello da pie a otra forma de violencia: el matrimonio forzado. Por tal razón, se despenaliza la figura del rapto, pues el bien jurídico tutelado es la libertad sexual, y se orienta la protección a las personas mediante el reforzamiento de otros tipos penales, más rigurosos, como son la violación y la trata de personas. Un aspecto trascendental de esta iniciativa es que se reconocen las tareas de administración, dirección y atención del hogar, así como el cuidado de la familia, como equivalente a la aportación económica de uno de los cónyuges, y en consecuencia le da derecho a un porcentaje del patrimonio que haya generado la pareja, en caso de separación. El propósito es proteger a nuestras mujeres amas de casa y a los hijos, y reconocer su importantísima labor, tutelando

sus derechos en caso de que se separen, pues frecuentemente vemos casos en que el hombre las deja totalmente desprotegidas. Es nuestro deber, por ley, protegerlas y velar por los menores. En este orden de ideas, también velamos por las mujeres que viven en concubinato, y los hijos que se procrean, reconociéndoles los mismos derechos que para las mujeres casadas y los hijos nacidos en un matrimonio. En materia laboral, se amplía para las mujeres embarazadas el actual período de lactancia de seis meses, a nueve, y se equipara la adopción a la maternidad natural, otorgándose una licencia por cuarenta y cinco días naturales a las mujeres. La iniciativa también reconoce la necesidad de los servidores públicos hombres de gozar de una licencia de paternidad, por lo que se les otorgan cinco días para tales efectos, ya sea natural o por adopción. De igual manera, se establece para los servidores públicos una licencia con goce de sueldo íntegro por causa de enfermedad o accidente graves de alguno de sus hijos, cónyuge, concubina o concubinario. Asimismo, se garantiza la protección de los servidores públicos contra la violencia laboral, que incluye la discriminación, el hostigamiento y el acoso sexual; y como una acción afirmativa, se establece el mandato de preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres mexiquenses para ocupar cargos o puestos. Estos ejes son la base sobre la cual parte la construcción de las propuestas de nuestro Grupo Parlamentario. 4. Conclusiones Durante la campaña, los candidatos del PRI (entonces aspirantes a integrar la LVII Legislatura) asumimos el compromiso de escuchar y dar salida a las exigencias de la ciudadanía; atender sus carencias específicas 11

y, siguiendo el espíritu fundacional del Estado Mexicano: hacer mejores leyes. Leyes que respondan a las necesidades ciudadanas y favorezcan su calidad de vida. Vinculados por nuestra palabra, hemos presentado y seguiremos apoyando reformas ambiciosas. Leyes que protejan a los grupos vulnerables; que impulsen y fomenten a los emprendedores; que incrementen la seguridad a los mexiquenses y que favorezcan un marco normativo más justo. Olvidándonos de la fuerza del número y teniendo en mente sólo el beneficio de la ciudadanía, en el Grupo Parlamentario del PRI, hemos privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos. En el PRI, favorecemos el consenso y la unanimidad, sobre la división y la contienda. Podemos sostener que el saldo de la primera etapa es favorable. Los altos índices de unanimidad (superiores al 80%, durante los primeros períodos ordinario y extraordinario) son prueba tangible de que un Congreso plural no significa, necesariamente, un congreso antagónico. Hemos creado sinergia. Sin embargo, somos conscientes de que el reto que aguarda es más complejo. Como legisladores, queremos dejar atrás el discurso del llamado “Estado de derecho”11 (asociado por muchos con la culminación de las aspiraciones democráticas) pues estamos conscientes de que, en la teoría constitucional, el concepto “Estado de Derecho” alude solamente a un valor -la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal- y a una dirección de desarrollo de la organización del Estado -invertir la relación entre poder y derecho- pero no es suficiente. Sabemos que la utilidad social de una ley es cuestionable si queda desprovista de nexos morales, valores, principios y directrices. En la Legislatura del Estado de México –la Legislatura de la Confianza- aspiramos a construir un Estado Constitucional de Derecho. Es decir, queremos construir un estado de legalidad, con contenidos… A eso, también nos comprometemos.

Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, Óp. cit., p. 21.

Federalismo hacendario y reforma fiscal Luis Videgaray Caso* requieren, es necesario hacernos una pregunta previa: ¿para qué queremos los recursos? Sólo así tendremos claros tanto los parámetros de la recaudación deseable, como los mecanismos necesarios para ejercer un gasto público eficaz. En pocas palabras, definir una reforma fiscal implica, también, definir qué tipo de Estado queremos. Existen, al menos, cuatro grandes enfoques sobre la naturaleza y funcionalidad de los sistemas fiscales que, a su vez, reflejan cuatro formas de concebir el papel del Estado en la sociedad. El primero, que podríamos llamar “menos es más”, pone énfasis en el efecto distorsionador que tienen los impuestos en la actividad económica. La preocupación central de este enfoque se puede ejemplificar de la siguiente manera. Por un lado, si la carga fiscal a las ganancias es muy alta, los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir son muy bajos porque se “trabaja” para el Estado, por lo tanto, el crecimiento económico se estanca. Por otro lado, si la carga fiscal es muy baja, existen muchos incentivos para trabajar, ahorrar e invertir, lo que genera condiciones favorables para el crecimiento. Para este enfoque, menos impuestos es más crecimiento económico. Para el segundo enfoque, que llamaremos “estabilización económica”, los impuestos deben ser utilizados para manejar la macroeconomía en el corto plazo. Bajo esta óptica, la política fiscal debe ser contra-cíclica. El presupuesto gubernamental debe utilizarse para controlar la inflación y el desempleo. Para este enfoque, la principal función del sistema fiscal es estabilizar los ciclos económicos.

Cahit Dogancay, Walls 13 (1970)

El sistema fiscal mexicano tiene cuatro características indeseables: recauda poco, es altamente dependiente de los ingresos petroleros, está muy centralizado, y es complejo y costoso para el contribuyente. Estos elementos se han convertido en un obstáculo para crear una hacienda pública moderna y eficiente. Por lo tanto, una condición indispensable para una reforma fiscal integral es transformar estos elementos. Sin embargo, antes de definir qué tipo de cambios se

Para el tercer enfoque, que hemos titulado “desarrollista”, los beneficios socioeconómicos del gasto público también cuentan, ya que pueden aumentar el nivel de vida de la población al otorgar bienes y servicios que no puede ofrecer el marcado de manera eficiente. Para esta visión el gasto público tiene un efecto positivo en sí mismo. El cuarto enfoque, que hemos titulado como “contractualista”, considera que a través de los sistemas fiscales se articulan las principales relaciones entre el Estado y la población, por lo que en realidad, los sistemas fiscales son “arenas” de negociación política en las que se determinan los beneficios, directos e indirectos, que reciben los

*Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión

distintos grupos de la sociedad a cambio de los impuestos que pagan. Por ello, los acuerdos fiscales, son vistos como “contratos sociales de facto”. Existen “contratos sociales eficaces” que se traducen en impuestos progresivos y con pocas exenciones, complementados por un gasto eficiente que se refleja en servicios públicos de calidad y con la capacidad de atender a prácticamente toda la población, ayudando a revertir ciclos de exclusión y a eliminar grandes inequidades socioeconómicas. Por el contrario, también existen “contratos sociales ineficaces”, que se reflejan en impuestos regresivos y con muchas exenciones, así como un gasto ineficiente que se refleja en servicios públicos de mala calidad e insuficientes para atender a la mayoría de la población y, por ello, refuerzan ciclos de exclusión y agudizan inequidades socioeconómicas. El gobernador Enrique Peña, en un artículo publicado el pasado 24 de enero en el diario Reforma, explicó la importancia de construir un Estado eficaz que pueda cerrar la brecha entre los derechos reconocidos por la Constitución y su ejercicio real. Esta concepción de un Estado moderno, que comparto plenamente, plantea el reto de alcanzar un “contrato social eficaz” que se refleje en servicios públicos de calidad que permitan el ejercicio pleno de los derechos de toda la población, revirtiendo ciclos de exclusión y eliminando inequidades sociales. Bajo esta concepción de un estado eficaz, el principal objetivo de la reforma fiscal debe ser obtener los recursos necesarios para poder financiar los derechos que tenemos todos los mexicanos. Una forma de aproximarnos a la definición de cuántos recursos necesitamos para este fin, es observando el gasto y la recaudación de los Estados que más derechos garantizan a sus habitantes en la práctica. La gran mayoría de los Estados de la OCDE, particularmente los de Europa occidental, cumplen con este criterio. Tomando como ejemplo tres rubros fundamentales del gasto: educación, salud y gasto social total, es claro, como lo muestra la Tabla I, que la brecha entre estos Estados y nuestro país es significativa.

Esta distancia en el gasto tiene como contraparte un rezago en la recaudación. Mientras nuestro país recolecta el 18% del PIB, el promedio de los Estado de la OCDE se sitúa en 36%.

Tabla II: Ingresos Fiscales como % del PIB 2007 País

País

Dinamarca

48.7

Reino Unido

36.1

Suecia

48.3

Promedio OCDE

35.8

Bélgica

43.9

Nueva Zelanda

35.7

Noruega

43.6

Polonia

34.9

Francia

43.5

Canadá

33.3

Italia

43.5

Grecia

32.0

Finlandia

43.0

Australia

30.8

Austria

42.3

Irlanda

30.8

Islandia

40.9

República Eslovaca

29.4

Hungría

39.5

Suiza

28.9

Holanda

37.5

Japón

28.3

República Checa

37.4

Estados Unidos

28.3

España

37.2

Corea

26.5

Luxemburgo

36.5

Turquía

23.7

Portugal

36.4

México

18.0

Alemania

36.2

Fuente: Revenue Statics. OCDE

Si la comparación se hace con países de América Latina, las cifras se emparejan un poco más. México está ligeramente por encima del promedio de la región. Sin embargo, una vez más, si el contraste es con Brasil y Argentina, dos países con desarrollo económico similar al de México, las distancias se vuelven a ensanchar, particularmente frente a Brasil. Además de esta baja recaudación, las finanzas públicas son altamente dependientes del petróleo. Durante el periodo 2000-2008, los ingresos petroleros representaron, en promedio, 37% de los ingresos del sector público presupuestario, valor similar a los recursos que recauda la federación por concepto de impuestos. Gráfica I

Tabla I: Gasto Comparado Rubro

Promedio OCDE

Gasto Social Total (% PIB)

20.5

México 7

Educación per cápita, primaria y secundaria. USD (año 2000)

11,000

3,000

Salud Pública (% PIB)

6.5

Fuentes: OCDE, Factbook , 2009; OCDE, Development Centre (2007); UNESCO, Institute for Statistics Database.

Gráfica III

La mala noticia es que el petróleo, como fuente de ingresos públicos, se está agotando. Durante el periodo 2003-2009, la producción de petróleo crudo ha disminuido 23%, mientras que el crudo de exportación ha sido inferior en 34%. Gráfica II

Gráfica IV

Si a la baja recaudación sumamos el desplome de la producción petrolera, no hay duda que la reforma fiscal que necesitamos para financiar los derechos de todos los mexicanos es de dimensiones mayores. Aunque no podremos cerrar totalmente la brecha recaudatoria entre nuestro país y el promedio de la OCDE hasta que alcancemos niveles de ingreso per cápita similares al promedio de estas naciones, sí es posible mejorar sustancialmente nuestra recaudación. Una de las reformas indispensables para alcanzar este objetivo es la redefinición de facultades tributarias entre la federación, las entidades federativas y los municipios. El centralismo de nuestro sistema fiscal es desproporcionado. Durante el periodo 2004-2007, casi el 90% de los ingresos de las entidades federativas provinieron de transferencias federales. En el caso de los gobiernos municipales, el 70% de sus ingresos provinieron de la federación. En contraste, durante el periodo 2000-2006, los gobiernos locales de los países de la OCDE recaudaron, en promedio, 14% del PIB y los gobiernos locales de América Latina alcanzaron 7% del PIB. Si únicamente tomamos en cuenta la recaudación de los gobiernos locales de los países federales, la brecha se ensancha aún más: 16% del PIB en promedio para los países de la OCDE y 11% para el caso de América Latina.1 Claramente, la distribución de facultades fiscales en nuestro país impide tanto el ejercicio de un federalismo vigoroso como incrementar la recaudación global de la República y nos pone en franca desventaja tanto con países desarrollados como con naciones latinoamericanas.

Tabla III: Ingresos por Impuestos como % del PIB Orden de Gobierno

2005

2006

2007

2008

Gobierno Federal

8.8

8.6

8.9

8.2

Entidades Federativas

0.3

Municipios

0.2

Total

9.2

9.0

9.4

8.7

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP e INEG.

En el Estado de México, durante la administración del gobernador Enrique Peña, a pesar de la centralización del sistema fiscal, se han incrementado en más de 100% los ingresos propios. Este aumento ha colocado a nuestra entidad como la segunda que más recauda del país en términos del PIB. Este esfuerzo recaudatorio ha permitido destinar muchos más recursos tanto al gasto social como al de infraestructura, logrando que una gran cantidad de mexiquenses puedan disfrutar de manera más amplia de los derechos que otorga la Constitución. Si contáramos con mayores facultades, los resultados podrían ser aún más eficaces.

Ver, Latin American Economic Outlook 2009, Development Centre-OECD, (OECD: Paris, 2008), p. 65.

La actual distribución de potestades tributarias es resultado de un proceso de centralización iniciado después de la Revolución, en el que los gobiernos locales han cedido facultades recaudatorias a la federación a cambio de recibir un porcentaje de los ingresos recolectados por ésta. En los últimos años, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), se han otorgando a las entidades federativas mayores facultades para administrar, mediante convenios de colaboración administrativa, algunos impuestos federales, como es el caso del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ISR del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedio, e Impuesto a las Gasolinas, otorgando también facultades de fiscalización en impuestos federales. Sin embargo, prácticamente no se han reconocido nuevas – o regresado viejas – facultades recaudatorias, además de que para

Jequeline Debluter, Horinzont (1991)

efectos prácticos la federación monopoliza los impuestos de mayor base gravable: el ISR y el IVA, que aunque son impuestos constitucionalmente estatales fueron cedidos a la federación en 1980. Por lo tanto, como es evidente, aunque se ha descentralizado parte de la labor de administración fiscal, la recaudación ha permanecido altamente centralizada. Otro aspecto fundamental del SNCF radica en la definición y distribución de los diversos fondos de participaciones y aportaciones federales. En la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal aprobada en 2007, se modificaron algunas de las fórmulas de distribución de

dichos fondos, para hacer más equitativa la asignación de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios. Sin embargo, a pesar de estos avances, es necesario crear mecanismos de descentralización del gasto más eficientes. Actualmente, la federación transfiere, a través de los Fondos de Aportaciones, recursos a las entidades federativas y municipios para que ejecuten una proporción muy significativa del gasto en materia de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública e infraestructura, entre otros. Sin embargo, no existe una clara delimitación de responsabilidades en materia de planeación, evaluación y programación. De hecho, en muchos de los casos, los estados se ven obligados a utilizar los recursos exclusivamente para el pago de nómina en cada uno de los sectores. Sin duda, un paso fundamental en la construcción de un sistema fiscal moderno que permita la construcción de un Estado eficaz que pueda financiar todos los derechos de todos los mexicanos, como lo propone el gobernador Enrique Peña, es otorgar más facultades recaudatorias a los gobiernos locales, así como construir reglas más eficientes en la descentralización del gasto que permita a los gobiernos estatales y municipales ejercer recursos que, debido a su cercanía con las necesidades específicas de su área de influencia, solucionen problemas y necesidades concretas de los mexicanos. La creación de un federalismo hacendario más robusto y eficaz es una condición necesaria para una reforma fiscal integral.

Ideas

Políticas y responsabilidad legislativa Enrique Martínez Orta Flores*

La Política y la Responsabilidad Legislativa han tenido vigencia en México a partir de la evolución político-social, que originó al Estado-Nación, desde luego, tomando en cuenta a la política como la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad; o vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social. En tanto que la Responsabilidad Legislativa se considera como la función para ejercer la facultad de hacer leyes. De lo anterior, se induce que la Política y la función parlamentaria es el binomio que representa la construcción de proyectos legales y convenientes con los objetivos constitucionales de México, previendo las consecuencias del funcionamiento y operatividad que ocurrirán en el futuro; por lo que es pertinente analizar las posibles contradicciones, falta de sistematización y congruencia. Esto implica someter los criterios a una valoración política. En tal sentido, para que la acción de gobernar en un marco legal permitiera la armonía entre la sociedad y la autoridad, desde la época prehispánica con los tlatoanis, los emperadores de la Triple Alianza y los consejeros de éstos, se atribuyeron todos los poderes, inclusive el relativo a la función legislativa. Durante la Etapa Colonial, la actividad Legislativa recaía en el Consejo de Indias, a través de las Audiencias que lo representaban en la Nueva España y los conquistadores,

quienes promulgaron ordenanzas y leyes para el territorio. Dentro de las divisiones provinciales hubo gobiernos locales denominados cabildos que tuvieron la facultad de legislar sobre el buen gobierno de ciudades, villas y poblaciones. En la Guerra de Independencia, el primer antecedente de lo que ahora es la división de poderes se encuentra en el quinto punto del documento “Los Sentimientos de la Nación” donde se señalaba: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Más tarde, el Constituyente de 1857, aprobó que el Supremo Poder de la Federación se dividiera para su ejercicio en los tres poderes citados, destacando la actuación del Poder Legislativo.

Leroy Nieman, Bar (1968)

La Constitución de 1917, sustenta la actuación del Poder Legislativo, conformado por las cámaras de Diputados y Senadores, que integran el Congreso de la Unión. Durante la etapa de 1963 a 1996 se atendió la necesidad de una ciudadanía con mayor apertura política, crecientemente plural y compleja. En respuesta, comenzó la introducción de los diputados de partido y prosiguió con la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Procesos Electorales de 1977, además se introdujo el Principio de Representación Proporcional para las legislaturas locales. Posteriormente se creó el Instituto Federal Electoral en 1990. Actualmente se impulsa la Reforma del Estado, en el comienzo del siglo XXI, para responder a la necesidad de ajustar el funcionamiento de las instituciones a las nuevas condiciones de pluralidad democrática.

*Secretario de Acción Electoral del CDE del PRI en el Estado de México

En la política nacional, a través de la funcionalidad legislativa, el PRI ha sido y es punto de referencia indispensable. Desde su fundación, en 1929, este Partido asumió las demandas de justicia social de alianzas y sectores que aglutinan obreros, campesinos, la clase media y popular, principalmente, en un régimen de instituciones. A partir de entonces, la dinámica política en marcha ha inducido a los parlamentarios priístas a reconocerse con pleno respeto a la pluralidad y en ese sentido, las presiones entre los partidos se han convertido para el PRI en incentivos para nuevas fórmulas constructivas. Desde los conceptos ideológicos sustentados en la Declaración de Principios y el Programa de Acción del PRI, la función legislativa ha sido primordialmente la de cumplir los compromisos contraídos con la ciudadanía en sus ámbitos nacional, estatal y municipal, plasmados en las plataformas electorales correspondientes. La actuación legislativa contemporánea ha inducido la profunda transformación política en el país; sin embargo, amerita una revisión el procedimiento parlamentario, en aras de contar con una legislación acorde a los requerimientos del presente. Hoy día, suele discutirse y analizarse desde varios puntos de vista, con el fin de aludir las características de agentes directos como los legisladores, así como los indirectos, tal es el caso de los votantes y/o grupos de presión. Por tal motivo, el proceso legislativo tiene como

Yaacov Agam Union III (1976)

función materializar las relaciones políticas, las preferencias electorales o los contenidos de las normas constitucionales. Es responsabilidad sustantiva de quienes detentan la facultad para iniciar leyes o decretos, proponer iniciativas con proyecto de decreto, mismas que son discutidas en términos del Reglamento de Debates, para su posterior aprobación en el Pleno de las Cámaras, consecuentemente, el titular del Ejecutivo deberá sancionar la citada ley o decreto y procederá a la promulgación respectiva, en la que se establece la fecha de iniciación de su vigencia. Desde 1999, en que se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se ha reconocido la nueva pluralidad política y la prioridad de construir las bases de un Congreso sólido y profesional. A una década de ese esfuerzo, el Poder Legislativo continúa siendo una institución vital para el régimen mexicano. No obstante, falta claridad en la actuación de los legisladores y dinámica de los partidos políticos dentro de las cámaras. Respecto a esto último que se señala en el párrafo anterior, la maestra Luisa Béjar Algazi, en la coordinación del trabajo, titulado “Qué hacen los legisladores en México”, refiere los mecanismos de evaluación de

los grupos parlamentarios y de los legisladores en las células del trabajo legislativo, explicando la estrecha relación entre la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y las Comisiones Permanentes, estableciendo en la primera el programa legislativo, así como el impulso y evaluación del desempeño parlamentario. El Congreso cumple además funciones de representación, control, evaluación y fiscalización, no sólo de legislación. De la relación: productividad legislativa – eficiencia parlamentaria, en el sistema de comisiones, se explora la actuación de los legisladores a través de las funciones que desempeñan en cinco esferas: legitimación, legislación, profesionalización, supervisión y opinión. Adicionalmente, en dicho trabajo se afirma que, pese a la prohibición inmediata de legisladores y la centralidad que la ley otorga a los partidos; existe una élite parlamentaria mexicana; la identidad de ésta depende de la estructura de cada partido político. En ella están los coordinadores parlamentarios y su cuerpo directivo, luego siguen los presidentes y secretarios de las comisiones. Con relación al trabajo en comisiones, se ha demostrado que presidir una de ellas no implica ventaja para las iniciativas impulsadas por el partido que tiene la presidencia de una comisión. También se ha observado que los dictámenes que se aprueban en el Pleno, salen adelante con modificaciones o artículos reservados, lo que significa que el éxito de las mayorías que se construye en comisiones es relativo. La participación de los parlamentarios priístas en el Congreso de la Unión, se ha distinguido por configurarse como una combinación entre experiencia y pragmatismo político. En las comisiones presididas por este partido, se ha nombrado a legisladores acreditados en su especialidad. El Revolucionario Institucional se ha adaptado a la nueva realidad política y su actuación ha sido la de un legislador responsable y fundamental para la gobernabilidad democrática. Por otro lado, se asevera que la Comisión Especial para la Reforma del Estado en México, ésta se dará a través del modelo de la “teoría de juegos”, es decir, que saldrán adelante acuerdos limitados.

Asimismo, se sostiene que las tres principales fuerzas políticas, condicionarán su apoyo a las reformas, siempre y cuando se construyan garantías constitucionales que les den viabilidad y certeza a sus aspiraciones políticas. Respecto a las comisiones de los congresos estatales, se ha observado cómo los partidos delegan el poder dentro de la legislatura, haciendo uso del sistema electoral. También se ha detectado que el pluralismo y la existencia de gobiernos divididos no han modificado el control partidista sobre la conformación de las comisiones. El cambio originado es que las negociaciones para presidir una comisión son entre los partidos políticos. En los ayuntamientos del país, los cuerpos edilicios, históricamente también han realizado tarea legislativa, creando sus bandos de gobierno, reglamentos y otros ordenamientos que las municipalidades requieren para su desarrollo. La función de los integrantes del Congreso, tiene como eje principal de su desempeño la Agenda Legislativa. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura Federal, realizó recientemente, previo al segundo periodo ordinario de sesiones, una reunión donde se definió su relación de compromisos para articular su Agenda, en torno a cinco ejes temáticos: 1.- Reactivar la economía, fortalecer la hacienda pública y eficientar el gasto público de la federación; 2.- Reencauzar la política social para el desarrollo incluyente; 3.- Fortalecer el estado de derecho con una reforma integral al sistema de seguridad pública e impartición de justicia; 4.Modernizar el régimen interno del Congreso para elevar su productividad; y 5.- Consolidar el régimen democrático y renovar el equilibrio del pacto federal, proponiendo la ratificación de los integrantes del gabinete por el Senado. Simultáneamente a sus aciertos existen obstáculos en el desempeño de la responsabilidad legislativa que enfrenta aún retos importantes para contar con un marco legal justo, democrático y actualizado, lo que implica contrarrestar el inmovilismo en el proceso legislativo. Otros obstáculos son la aparición de élites parlamentarias más cercanas a su partido político que a la ciudadanía; la hegemonía del Ejecutivo

sobre la actuación de algún grupo parlamentario; frecuentemente el Congreso es capturado por los poderes fácticos; las reglas de control unipartidaria influyen en la integración y asignación de los órganos directivos, de gobierno y de las comisiones; legislación para lo inmediato sin prestar atención a lo trascendente; la presentación de iniciativas que lejos de fortalecer, debilitan la esencia del poder legislativo; entre otros. Respecto a la cultura legislativa, dicen los politólogos que aunque hay avances, dista mucho de lo deseable. Esta carencia sesga o limita la responsabilidad de legislar. Por ello, es aconsejable fortalecer el Servició Civil de Carrera como se establece en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, a fin de impulsar la agilización y calidad de los trabajos. Se advierte además que ha surgido una condición ciudadana que vota, que está presente en la opinión pública, que comienza a organizarse en múltiples redes o en organizaciones sociales y es cada vez más demandante de que se cumpla con la responsabilidad legislativa. El Legislador cuya representación popular se sustenta en la voluntad ciudadana, reflejada en las urnas, no puede dejar de lado en el ejercicio de su encargo, su compromiso con la sociedad que lo eligió y el partido que lo postuló, por ende, al ejercer su representación, además de legislar, debe privilegiar, después de los intereses de la nación, las necesidades del entorno social que representa y los principios ideológicos de su partido. Finalmente, cabe decir que se aspira a que la Responsabilidad Legislativa sea fortalecida con la Reforma Política que se analiza, enriquecida con las propuestas de partidos políticos, legisladores, académicos, politólogos, medios de comunicación y la sociedad en general, siempre y cuando ésta incida positivamente en un efectivo régimen de funciones, con visión de largo alcance y que defina reglas básicas donde se regule con mayor eficacia la convivencia política en la que impere una visión de Estado.

Bibliografía BÉJAR ALGAZI, Luisa. Qué hacen los legisladores en México: El Trabajo en Comisiones/Coord. México: Cámara de Diputados, LX Legislatura, UNAM, Porrúa, 2009. MURO RUÍZ, Eliseo. Algunos elementos de Técnica Legislativa. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. AZIZ NASSIF, Alberto. (Coord). México al Inicio del siglo XXI. Democracia, Ciudadanía, Desarrollo. México. CIESAS- Miguel Ángel Porrúa, 2003. 302 pp. BALKIN, Roberto. El Poder Legislativo Estatal en México. Análisis y Diagnóstico (Coord). México: ITAM, 2004. Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Nuestra Constitución: Historia de la libertad y soberanía del Pueblo Mexicano. Diario Oficial de la Federación. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1999. Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores. Referencias Hemerográficas EL UNIVERSAL, EL GRAN DIARIO DE MÉXICO. SECCIÓN NACIÓN, A4. El PAN pide no condicionar acuerdos a la agenda electoral, PRI y PRD descalificaron la reforma de Calderón. Martes 26 de enero de 2010.

Democracia con desarrollo social, el desafío nacional Oscar Juárez Domínguez* La democracia tiene como principal soporte social la igualdad. La premisa anterior es de MacPherson,1 quien a su vez la encuentra en La Democracia en América de Tocqueville. Reflexión clave para entender el futuro de nuestro país en el año del Bicentenario de la idea de América y respondernos con claridad las siguientes preguntas: ¿Por qué no crecemos? ¿Qué causas provocan que el pluralismo político competitivo no se refleje en un mercado de libre empresa? ¿México está destinado a ser una nación pobre, envejecida, fiscalmente inviable, excluida de la economía del conocimiento y sin alternativas ambientales? ¿La democracia es posible con la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza patrimonial?

adoptado, al contrario, no hay gobierno eficaz sin las bases mínimas de desarrollo en sus dimensiones de empleo, ingreso, urbanización, mercado, salud y bienestar. Solo desde un suelo social enriquecido por la prosperidad pueden florecer las virtudes civiles del gobierno democrático.2

El pensamiento político contemporáneo comprende claramente que una sociedad polarizada, es una democracia frágil; que la pobreza debilita las instituciones, escala el conflicto, bloquea la participación y destroza las formas cívicas del diálogo, la tolerancia y el respeto. En estos apuntes buscamos desarrollar la tesis política de que es improbable un modelo estable de gobernabilidad democrática sin desarrollo social. El actual debate nacional sobre los posibles alcances de una reforma política dirigida a modificar la dinámica entre los poderes constitucionales, ya sea acentuando las atribuciones del poder ejecutivo o agregando más fuerza al Congreso en detrimento del poder presidencial no representan en sí mismas alternativas razonables para el fortalecimiento de nuestra democracia. Aquí, afirmamos, que la consolidación de un régimen democrático eficaz no depende directamente del diseño institucional

Irving Amen, Abstract (1973)

*El autor ha sido académico en la FCPyS-UNAM y el ITESM campus Toluca. MacPherson, C.B., La democracia liberal y su época, Alianza Editorial, Madrid, 1991. 2 Sobre la relación sociológica del Estado democrático y los procesos de modernización ver Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 1987. Del mismo modo, consultar un trabajo clásico sobre el tema en Huntington, Samuel P., El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, Barcelona, 1997. 1

Las aguas agitadas de Behemoth. El Estado mexicano es atravesado por flujos financieros que neutralizan sus instrumentos de política pública; estructuralmente hablando, ha perdido capacidad para reinventar lo social, construir una representación nacional del futuro e instituir una vida pública donde converjan la grandes mayorías, esas que están siendo empobrecidas, empujadas a vivir en las franjas de los riesgos globales, que habitan los nuevos paramos del desierto postindustrial en ciudades sin viabilidad urbana y ambiental. El balance integral de los dos últimos gobiernos federales del PAN es desastroso. México es una economía que ha dejado de crecer. Los diversos indicadores del INEGI anuncian el desastre: 3 millones de desempleados; una economía informal de 13 millones de personas; baja recaudación y evasión fiscal que alcanza hasta 3 por ciento del Roberto Matta, Feu sur Moi (1977)

PIB, caída del 50 por ciento en la captación de inversión extranjera directa [IED], una economía formal sin incentivos para la competitividad; una profunda desigualdad social que mantiene en la pobreza a 1 de cada 2 mexicanos; concentración del ingreso; migración; violencia criminal; mal uso de recursos naturales; un sistema educativo colapsado y precarios niveles de desarrollo humano. El país va a la deriva, encapsulado en su propia sombra, aislándose dramáticamente del debate y cambio de paradigma mundial. El liderazgo nacional de Felipe Calderón es día a día menos asertivo; la clase política panista deja mucho que desear en su desempeño y visión de gobierno. Un ejemplo ilustra la anemia política; en el Programa Especial del Cambio Climático [PECC], el gobierno federal establece una expectativa de crecimiento económico de 3,5 por ciento del PIB que comprende el periodo de 2008 a 2050. Falta liderazgo, sobran ambiciones. Los signos de malestar social son evidentes. La salida a la pobreza de millones de familias mexicanas esta en la informalidad económica. 1 de cada 3 personas en edad productiva obtiene sus ingresos en actividades no reglamentadas. La actividad informal deja de ser una conducta antisocial, para convertirse una respuesta a la crisis de oportunidades. Criminalizar a los pobres -perseguirlos, encarcelarlos, difundir el discurso vindicativo de la cero tolerancia en los medios masivos de comunicación y violar la ley para hacerla cumplir- contribuye a erosionar nuestra democracia y quiebra la coherencia del sistema penal con la instalación del Estado policiaco y represor de la derecha. El discurso de la lucha contra el crimen lleva ocultas prácticas de endurecimiento de control social, de la restricción de libertades civiles garantizadas por nuestra Constitución y de violación a los derechos humanos. La demagogia de la inseguridad pública es el populismo de la derecha.3

La protección del ciudadano de los abusos del poder es otra condición de la democracia moderna estudiada por MacPherson. La llamada lucha contra el narcotráfico abre la posibilidad de sustituir el Estado de Derecho por el control social: dejar sin protección a los ciudadanos. Una interesante reflexión sobre la vulnerabilidad constitucional de la democracia por la demagogia populista de la derecha en Zaffaroni, Raúl, "La función reductora del derecho penal ante un Estado de Derecho amenazado”, Revista de Ciencias Jurídicas, Nº 3, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 2003.

México desde hace una década está atrapado por la ineficiencia gubernamental, la crisis económica, la falta de liderazgo político y la pobreza. No debe sorprender que 7 de cada 10 mexicanos perciban que la situación general del país es mala;4 percepción que provoca a su vez desconfianza en las instituciones, una calificación negativa del desempeño de la democracia y una imagen poco alentadora de la política, los partidos, el gobierno y los políticos profesionales. Behemoth agita las aguas del caos. Apuntes para una agenda nacional y un liderazgo renovado. La democracia sin igualdad de oportunidades y desarrollo incluyente está condenada al fracaso. La prioridad debe ser abatir las desigualdades sociales, promover el empleo, superar la pobreza. El año del Bicentenario debe ser un año de reflexión y debate por la Nación, pensar en una nueva sociedad mexicana, en los medios para lograrla, en el tipo de liderazgo requerido y en la voluntad política necesaria para comprometerse con México. La Nación necesita un liderazgo comprometido a cumplir una visión de Estado de largo plazo apoyada en una agenda pública ambiciosa,5 que busque incidir en las condiciones estructurales de la pobreza más que en la dinámica institucional, que a nuestro parecer es funcional: permite la renovación temporal y pacífica del poder, la competencia democrática y el pluralismo. Los datos negativos, como hemos visto, están en la dimensión socio-económica, en la desigualdad que erosiona las bases sociales del Estado mexicano e inhibe el potencial del mercado. Es ahí, en lo social, donde debemos de enfocar nuestro pensamiento y práctica política. ¿Qué hacer para conjurar la amenaza de Behemoth? Cuatro acuerdos básicos pueden ayudarnos a superar el actual desastre panista. Una agenda puntual de cuatro políticas de Estado urgentes, inaplazables, graduales y del largo plazo: política educativa, política fiscal, política laboral y federalismo.

Sin educación de calidad, vinculada a la nueva economía del conocimiento, no hay futuro; debemos entonces pensar un modelo educativo federal que forme el capital humano de las vocaciones económicas regionales que queremos d e s a r r o l l a r, p e r m i t a l a i n n o v a c i ó n , l a sustentabilidad ambiental y la competitividad global. Con niños que no saben escribir y no saben matemáticas es imposible tener sujetos responsables de su propia biografía: solo podemos aspirar a contar con clientelas, no con consumidores; a tener mano de obra barata, no innovadores; a tener pobres, no emprendedores; a tener servidumbre, no ciudadanía; a tener autoritarismo, no libertades. Para que florezca esta nueva economía de emprendedores se requiere ampliar y abrir el mercado a nuevos jugadores, formalizar las pymes, diseñar un sistema hacendario federalista y eficiente que devuelva competencias tributarias a los estados y municipios con impuestos bajos para desestimular la evasión fiscal, desaparecer tramitologías fiscales improductivas y modernizar las empresas públicas. Sin dinero público suficiente es imposible financiar nuestra democracia. Unas finanzas públicas sin control efectivo sobre el ejercicio del gasto y sin capacidad de recaudación solo sirven para ofrecer malos servicios públicos, programas sociales asistenciales, corrupción, rescate de empresas públicas y privadas improductivas, es decir, para conservar la pobreza y la desigualdad. La economía del conocimiento requiere de un nuevo pacto laboral entre empresarios y trabajadores así como la compatibilidad de los derechos laborales con la productividad; es decir, pasar del corporativismo al libre mercado, del clientelismo a la democracia sindical. Sin una ampliación efectiva de las libertades y derechos es imposible romper la cáscara patrimonialista, autoritaria y conservadora que permite tener acotado el mercado con tramitologías, impuestos y monopolios. Conocer es emprender, innovar, crear, asumir la modernidad plenamente, abatir la marginación social que la mentalidad conservadora asume como destino natural de los pobres.

Parámetro Consultores, Imagen pública y satisfacción con la situación del país 2007-2010. Serie temporal de siete encuestas telefónicas nacionales, México, Febrero 2010. 5 La agenda es fundamental para el debate y el acuerdo democrático. Bauman sostiene que la neutralidad política que requieren los flujos financieros para operar en el menudo provoca que la agenda no sea diseñada de manera soberana, que el debate sea acotado por agencias ajenas al interés público y el poder sea separado de la política. Recuperar la agenda es el primer paso para devolver poder a la sociedad, reactivar la economía, generar empleos y consolidar nuestra democracia. Ver Bauman, Zygmunt, En busca de la política, FCE, México, Buenos Aires, 2001.

La sociedad del conocimiento es incompatible con la opacidad tradicional, pues la libertad es incompatible con el autoritarismo y la reflexividad ciudadana lo es del mismo modo con políticas irresponsables. El conocimiento, que en su forma política es el entendimiento y el acuerdo, pide cuentas, participa y juzga públicamente, reconoce logros y decide lo que es posible para una vida buena en común. Adecuar las instituciones políticas a las condiciones liberales de la sociedad educada y emprendedora, requiere de liderazgos que estén comprometidos con una agenda de modernización política: repensar nuestro federalismo para fortalecer lo local en lo global y tener gobiernos más cercanos, eficientes y representativos. No es imposible. Hay muchas experiencias de modernización social exitosas: España e Irlanda, en una sola generación pasaron de la pobreza, los mercados controlados y el autoritarismo; al desarrollo, la libre empresa y la democracia. Podemos ser optimistas a 200 años del nacimiento de México.

35 Louisa Chase, Yellow Square (1990)

La reforma del Congreso: avances y retrocesos Khemvirg Puente Martínez* Los avances en la institucionalización del Congreso mexicano La institucionalización legislativa se refiere al proceso mediante el cual, una legislatura adquiere valor y capacidades profesionales, y como efecto del mismo proceso se convierte en una institución con personal profesional, autonomía política y técnica, estabilidad e influencia pública.1 Es decir, según el supuesto básico de este fenómeno, a mayor institucionalización legislativa, mayor será la capacidad del Congreso para influir con efectividad y pertinencia en las decisiones del régimen y en las políticas públicas.

Stanley Boxer, Sin título I (1990)

Introducción El proceso de institucionalización del Poder Legislativo en México ha tenido momentos de intenso avance y otros de aparente aletargamiento. El que vive hacia finales de la primera década del siglo XXI parece ser uno paradójico donde, por un lado, el Congreso se vigoriza por el papel que desempeña en el sistema político nacional y, por otro lado, se paraliza frente a los asuntos relacionados con los procesos internos y la política parlamentaria misma. Este artículo describe algunos de los principales avances en el proceso de institucionalización legislativa del Congreso mexicano, el papel que en este proceso han jugado los partidos políticos e identifica algunos de los principales retrocesos por el inmovilismo de los partidos para modificar el status quo congresional en las legislaturas más recientes.

El proceso referido suele tomar años e incluso décadas, siempre y cuando los cambios en el marco jurídico y la normatividad interna sean adecuados y tengan como objetivos: a) la estabilidad y autonomía institucional; b) la profesionalización de los trabajos internos mediante la reorganización de su complejidad estructural interna y d e l p e r s o n a l y, c ) l a universalidad de los procesos internos. Cada una de esas tres variables cuenta con indicadores cualitativos que deben avanzar con el mismo ritmo ya que, como se verá más adelante, una legislatura con plena autonomía pero sin capacidad técnica no puede influir en las decisiones, o de la misma forma, una legislatura

*Académico de la UNAM 1 Ver Puente, Khemvirg (2006) “La institucionalización del bicameralismo en México” en Mario A. Téllez, coord. El Poder Legislativo en México. Temas y casos de institucionalización, historia y derecho, Ed. LV Legislatura del Estado de México, UAM-C, ITESM, pp. 85-122.

con capacidades legales pero nula universalidad de procesos internos puede causar el efecto contrario, es decir, provocar su propia parálisis institucional, no necesariamente legislativa, ya que los partidos que la integran no lograrán alcanzar acuerdos en virtud de la ausencia de reglas que normen la actividad interna. a) Estabilidad y autonomía institucional La variable estabilidad y autonomía institucional se refiere al establecimiento de fronteras claras entre las responsabilidades y facultades de la legislatura frente al resto de las instituciones políticas. Hasta hace poco más de una década, para la sociedad mexicana no existía claridad de las fronteras entre el gobierno, el Congreso y el partido mayoritario. El PRI no sólo mantenía el control del gobierno federal sino también de ambas cámaras del Congreso y ello le permitía, en consecuencia, tomar decisiones legislativas sin la necesidad de fortalecer institucionalmente al Congreso. La cohesión de sus grupos parlamentarios en torno al liderazgo presidencial permitía que el Ejecutivo pudiera impulsar su agenda de gobierno sin la resistencia pública del Poder Legislativo. Esa fusión de poderes se desvaneció en 1997 a partir de la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados. Este acontecimiento permitió que el Congreso, entonces con una escasa mayoría de una coalición de partidos opositores, impulsara una serie de cambios en su régimen interno con el objetivo de fortalecer al Congreso. Uno de los cambios más significativos fue establecer, desde la instalación misma de la legislatura, una frontera (y en algunos casos una barrera) frente al Ejecutivo y limitar su capacidad para influir en las decisiones que se tomarían al interior del órgano legislativo. No fue necesario reformar la constitución en ese momento ya que el diseño de las disposiciones constitucionales propicia la división de poderes mediante la fórmula de frenos y contrapesos. En realidad, el control del Ejecutivo sobre el Congreso estaba condicionado por otros factores propios del régimen político y de la escasa competitividad de la oposición.2 En este esfuerzo de definición de fronteras, el papel que jugó el PRI fue determinante ya que en lugar de ser un factor de resistencia, apoyó el fortalecimiento

institucional del Poder Legislativo y de sus órganos internos, así como la actualización de varios instrumentos normativos que, hoy en día, permiten el funcionamiento del Congreso sin mayorías absolutas de partido político alguno. La definición de autonomía frente a otros poderes es una acción política y sólo en algunos casos es jurídica. Es la posibilidad de asegurar que las decisiones del Congreso se tomen al interior del mismo y que sean los propios legisladores quienes definan la agenda legislativa. Eso no significa ruptura o confrontación con otros órganos, simplemente se busca que los otros no interfieran en las decisiones internas del Parlamento o incluso dominen al mismo. Este ha sido el principal avance y no hubiera sido posible mientras una misma fuerza política controlara los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque ello tenga como consecuencia una menor popularidad o apoyo en la opinión pública. Así lo ha demostrado Mezey, quien en un largo ejercicio comparativo ha señalado que “las legislaturas que están subordinadas a un Ejecutivo dominante o a un partido político, tienden a gozar de más altos niveles de apoyo público que una legislatura más activa, ya que es más difícil culparla por el fracaso de las políticas del gobierno”,3 comparado con aquellas legislaturas que son colaborativas y que no desafían o critican la acción gubernamental. Eso fue lo que le sucedió al Congreso mexicano que ha sufrido campañas mediáticas que lo acusan de inmovilismo u obstruccionismo de la actuación del gobierno federal porque sus propuestas legislativas no le son aprobadas en los términos que fueron enviados. Las campañas en medios en contra del Congreso suelen tener éxito en la población ya que, en el ejercicio de sus facultades de control y debido a su composición mayoritariamente opositora, el Poder Legislativo tiene la capacidad de corregir y rechazar propuestas legislativas del gobierno. Complejidad interna Para seguir con el argumento de Mezey, “a medida que una legislatura se vuelve más activa, y atrae más legisladores que desean intervenir activamente en el proceso de elaboración de políticas públicas, sus estructuras se vuelven más

2 Ver Weldon, Jeffrey (1997) “The political sources of Presidencialismo in Mexico” en Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart, comps. Presidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge University Press, NY, pp. 225-258. 3 Mezey, Michael L. (1995) “Parliament in the New Europe” en Jack Hayward y Edward C. Page, comps. Governing the New Europe, Polity Press, London, pp. 196-223.

complejas, comúnmente a través de su sistema de comisiones y otros servicios de apoyo técnico”.4 En ese sentido, el Congreso mexicano ha evolucionado organizacional y estructuralmente para ejercer con mayor eficacia sus funciones en materia legislativa, de control, presupuestal, de representación, administrativa y jurisdiccional, además de la propia profesionalización de los legisladores. El diseño de ambas cámaras del Congreso ya no responde a una lógica de un partido político con amplias mayorías, sino que reconoce la pluralidad del sistema político mexicano y permite la rotación de partidos en los órganos de dirección y la integración plural de todas las comisiones del Congreso, además de la creación de órganos de apoyo técnico con capacidad profesional que respondan a los intereses de la legislatura y no del partido político mayoritario. Los tres factores que nos permiten describir la transformación de la complejidad interna de una legislatura son la estructura organizacional y los servicios de apoyo, los recursos disponibles, y la profesionalización del trabajo parlamentario. En 1999 se creó la Unidad de Finanzas Públicas,5 ante la necesidad de influir en las decisiones de política económica que antes simplemente sancionaba o ratificaba. Este hecho tiene particular relevancia porque evidenció que si bien la Cámara de Diputados contaba ya con la capacidad legal y la voluntad política para tomar decisiones en materia presupuestal, fiscal, y en general de política económica, su capacidad técnica para influir estaba seriamente limitada y requería del apoyo de los especialistas del gobierno para hacerlo. Por tal motivo se creó un área especializada que, aún con las serias deficiencias de operación y controles ajenos a la investigación y la autonomía técnica, representa un avance en el lento proceso de institucionalización del trabajo parlamentario. A diferencia del Senado, donde a pesar de contar con facultades exclusivas en diversas materias, sólo cuentan con un Instituto de Investigaciones Legislativas no especializado que responde más a intereses de carácter político que de investigación o apoyo técnico

Hsaio Chin, June (1969)

especializado ya que cada grupo parlamentario cuenta con sus propios órganos de asesoría. Si bien los recursos económicos destinados al Congreso aumentaron en la LVII Legislatura, y desde entonces se han estabilizado (con ligeros incrementos en los años recientes) eso no ha garantizado que su destino final esté relacionado con la eficiencia del trabajo parlamentarios, ya que una gran cantidad del gasto se dirige a las obesas estructuras burocráticas y al pago de servicios personales en ambas cámaras del Congreso. Así se ha mencionado antes “por elevados que sean los recursos económicos, no representarán ningún apoyo para consolidar la estructura y complejidad del Congreso porque no basta el dinero, lo que exige la profesionalización es su aplicación efectiva en las áreas que tengan impacto en las actividades ordinarias del órgano legislativo y del trabajo de los legisladores”.6 En una legislatura como la mexicana, donde se prohíbe la reelección inmediata, la profesionalización de los legisladores y del personal de apoyo busca minimizar el impacto de la inestabilidad en la integración de la legislatura y evitar que la renovación de legisladores implique desechar la totalidad del trabajo que los anteriores diputados y senadores realizaron en su período legislativo. Como atinadamente lo afirma Mezey, en la medida que una legislatura se vuelve más activa e influyente, atrae a

Mezey, Michael L. Ibid. p. 214. Posteriormente Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Durante la LVIII Legislatura (2000-2003) se crearon otros centros especializados en materia legislativa, de opinión pública, de estudios de género y sobre el campo. 6 Puente, Khemvirg (2006) Op. Cit. p. 93. 5

más políticos profesionales que ven en el Poder Legislativo una opción para continuar su actividad política. La limitante, sin duda, es la imposibilidad mexicana de reelección inmediata que les impide continuar en los trabajos iniciados en la misma Cámara. Universalidad de procesos internos La universalidad de los procesos del Poder Legislativo es característica de legislaturas estables y que, independientemente del partido político que tenga mayoría o control de la legislatura, respeta los reglamentos y procedimientos, así como los mecanismos institucionales, legales e incluso tradicionales, mediante los cuales se procesan las decisiones. En México, la reorganización de los órganos de dirección de ambas cámaras buscó garantizar el respeto a los procedimientos internos y que, independientemente del partido al que pertenezca quien presida la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política, la conducción de las sesiones y de las actividades de la legislatura estará apegada al reglamento y los acuerdos establecidos previamente, con el fin de garantizar la legalidad e imparcialidad en la dirección de los trabajos legislativos. El modelo de dirección de los trabajos legislativos del Pleno adoptado en México es similar al europeo, donde el Speaker o Presidente de la legislatura juega un rol imparcial y goza de la confianza de la totalidad de los legisladores y no sólo del partido por el que fue electo. De hecho, en el ejercicio de su encargo legislativo, el legislador que conduce las sesiones se aparta de su militancia partidista como garantía de la aplicación imparcial de los procedimientos internos. Sin embargo, en México la conducción de las sesiones del Pleno, y aún más de las comisiones, siguen sujetas a cierto nivel de discrecionalidad debido a la ausencia de reglas actualizadas y acordes a la actualidad parlamentaria. No existe un reglamento de comisiones y debido al anacronismo de las reglas internas, los procedimientos se rigen por acuerdos parlamentarios improvisados en lugar de una normatividad actualizada y aplicable. Un avance más en el proceso de institucionalización del trabajo legislativo en México ha sido la creación de la gaceta

parlamentaria como instrumento para brindar certidumbre a los legisladores, y a los ciudadanos y grupos organizados, para conocer el contenido de los asuntos que se discutirán o presentarán en el Pleno. Su creación ha servido para garantizar que la sociedad civil tenga la oportunidad de conocer oportunamente los asuntos que se discutirán en el Pleno y la agenda de reuniones programada por todos los órganos internos del Congreso, en particular las comisiones y los foros de consulta. En ese sentido, la codificación de los procedimientos es un factor necesario, aunque no suficiente en la institucionalización de la actividad legislativa, ya que deben existir mecanismos de sanción a quienes conducen los trabajos de todos los órganos, cuando no se apeguen a la reglamentación, por obsoleta que sea, pero vigente al fin y al cabo.7 Los retrocesos en la institucionalización del Congreso mexicano Es importante reconocer que los partidos políticos no sólo articulan los intereses de la sociedad en la definición de prioridades de la agenda legislativa sino también, son responsables de la organización y administración de todos los recursos disponibles y procedimientos para el Poder Legislativo, así como de la distribución del poder parlamentario. Los recursos de los partidos al interior del Congreso incluyen un sistema de incentivos, premios y sanciones que es administrado por el coordinador parlamentario con relativa independencia de sus compañeros legisladores de partido, pero vinculada y en muchos casos dependiente de manera indirecta de los factores reales de poder de cada partido que inciden de manera directa en la definición de la agenda legislativa. Cuando este sistema de incentivos es dirigido desde fuera del Congreso por actores políticos que dictan la línea de partido, se abona a la deinstitucionalización en virtud de que se deteriora la autonomía de los legisladores y, en consecuencia, del Poder Legislativo. Ello no impide que los coordinadores parlamentarios prescindan de instrumentos que abonen a la cohesión parlamentaria, ya que el voto independiente de los legisladores nos conduciría a un estado de naturaleza parlamentario,8 es decir, lejana a una institución con plena distribución de actividades, división de tareas de individuos integrada mediante

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos está vigente desde el 20 de marzo de 1934, cuyos capítulos inaplicables han sido sustituidos por acuerdos parlamentarios temporales, que deben ser ratificados por el Pleno. 8 Cox, Gary (2006) “The organization of Democratic Legislatures” en Barry R. Weingast y Donald A. Wittman, eds., The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford: Oxford University Press, pp. 141-161.

mecanismos formales e informales de supervisión y control.9 Sin los grupos parlamentarios, sin sus estructuras internas, sin sus reglas de operación y sin sus mecanismos de premios y sanciones, se tendría a un elevado número de legisladores representando la voluntad o el “mandato” de sus electores, pero con una escasa capacidad para alcanzar acuerdos y una elevada inhabilidad para legislar y tomar decisiones.

Leon Golub, Dancing Men (1970)

Si bien es esperado que en el proceso de institucionalización legislativa, los diputados y senadores busquen fortalecer la institución mediante la profesionalización del trabajo interno, la especialización de sus áreas de investigación y estableciendo mecanismos de interlocución permanentes con la sociedad, lo cierto es que la evidencia histórica de los años recientes demuestra que la prioridad legislativa ha estado orientada hacia la fiscalización de agencias del Ejecutivo y el fortalecimiento de la función de control parlamentario, muchas veces en detrimento de otras funciones igualmente importantes para las legislaturas modernas,10 mientras que el proceso de institucionalización se ha estancado y las reformas al Poder Legislativo han sido mínimas y, en algunos casos, representan serios retrocesos en materia de profesionalización, universalidad de procedimientos, transparencia y rendición de cuentas de los legisladores. Los principales retrocesos estuvieron relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y profesionalización del trabajo parlamentario, mientras que los principales avances fueron para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Poder Legislativo. Tan sólo en la LX Legislatura, de las 57 iniciativas presentadas en el Senado por todos los partidos en materia de reformas al régimen interno del Congreso, solamente dos de ellas fueron aprobadas, ambas de menor importancia,11 mientras que en la Cámara de Diputados aunque aparentemente el número de iniciativas dictaminadas favorablemente fue mucho mayor, lo cierto es que se consideraron dictaminadas todas las que tenían relación con el tema de acceso a la información aunque no fuesen aprobadas en sus términos y, en la mayoría de los casos, no se hubiera incluido párrafo alguno de sus propuestas. Así, en la Cámara de Diputados se presentaron 91 iniciativas y solamente se aprobaron 7 disposiciones en materia de reformas al

Shepsle, Kenneth A. y Boncheck, Mark S. (2005) Las fórmulas de la política. Instituciones, racionalidad y comportamiento, Ed. Taurus-CIDE, México, pp. 290-299. 10 Puente, Khemvirg (2009) “De la productividad legislativa a la eficiencia parlamentaria en el sistema de comisiones del Senado mexicano” en Béjar Algazi, Luisa, coord. ¿Qué hacen los legisladores en México? El trabajo en comisiones, Ed. UNAMM.A.Porrúa, pp. 99-127. 11 La primera de ellas presentada por el PVEM para permitir que sus legisladores puedan ocupar cargos tanto en comisiones ordinarias como en la Mesa Directiva formaran parte de las comisiones ordinarias del Senado; y la segunda presentada por el PRI para ampliar las facultades de sanción a servidores públicos, no legisladores, de la Contraloría Interna del Senado. El resto de propuestas sobre el régimen interno del Congreso, quedó “congelado” en los tres años de la LX Legislatura.

Congreso, 12 ninguna de ellas abonó a la institucionalización de esa Cámara, excepto por la aprobación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública que finalmente no fue implementado y a pesar de haber sido aprobado desde el 6 de abril de 2009, hasta febrero de 2010 sigue sin aplicarse y los grupos parlamentarios no han logrado respetar sus propias disposiciones internas, ni el Reglamento Interior del Congreso, ni el Reglamento de Transparencia citado anteriormente. Asimismo, uno de los más importantes retrocesos en materia de transparencia es la aprobación de la facultad para que ya no sea el Pleno de la Cámara de Diputados el órgano que apruebe el proyecto de presupuesto de la Cámara sino que sea la Junta de Coordinación Política, órgano que sesiona en privado y cuyo acceso a versiones estenográficas está reservado, y en el que participan exclusivamente los coordinadores de los grupos parlamentarios. El reto de la LXI Legislatura es avanzar en el proceso de fortalecimiento de la capacidad institucional del Poder Legislativo. Sin embargo, los indicios de las acciones que han emprendido en sus primeros meses de gestión no dan espacio para el optimismo. La incesante creación de comisiones en lugar de su reorganización, la definición de la agenda legislativa por actores externos, la sistemática violación a los reglamentos internos de Transparencia y del Congreso, la asignación de muy limitados recursos para los centros de estudios y órganos especializados, así como la asignación de inagotables recursos para los grupos parlamentarios que no permiten el acceso a la Auditoría Superior de la Federación para que se les audite, según lo ha reportado en su informes el propio órgano auditor. De una simple lectura de las propuestas de los grupos parlamentarios en ambas cámaras, se podría concluir que el régimen constitucional y legal del Poder Legislativo se vería transformado sustantivamente, en virtud del largo alcance de varias propuestas, empero los productos legislativos fueron escasos y de calidad ínfima, reproducen viejos vicios, fortalecen las estructuras de poder internas, propician mayor opacidad y

generan estructuras burocráticas internas que no abonan a la eficacia del trabajo parlamentario. Los retos En la última década, y con el objetivo de hacer efectivo el modelo de frenos y contrapesos entre poderes, se fortaleció políticamente el Poder Legislativo. Las reformas que se realizaron fueron aquellas que dotaran al Congreso de mejores instrumentos para la realización de su tarea parlamentaria, sin embargo, se han dejado de lado reformas importantes y, en algunos casos se ha retrocedido en el proceso de institucionalización legislativa. Al fortalecimiento del congreso, debe acompañarle un conjunto de reformas orientadas a la profesionalización del trabajo parlamentario, la estabilidad en sus procedimientos, la complejidad organizacional de sus estructuras y sistemas de comisiones, y lo más importante, a la transparencia y la rendición de cuentas. El Poder Legislativo no es solamente un órgano fiscalizador de la acción gubernamental, sino también un órgano de representación política de la sociedad y a la cuál deben volver sus integrantes para informar, explicar y justificar sus acciones y decisiones, a nombre del pueblo. México requiere de instituciones sólidas, con capacidad de transformación e influencia pública. En ese sentido han ido varias de las reformas de la década más reciente. Sin embargo, también se corre el peligro de dar pasos hacia atrás en el largo camino de la institucionalización de la tarea parlamentaria si no se avanza en las tareas de profesionalizar los órganos de apoyo, se garantizan procedimientos universales y procesos estables, reglas actualizadas, respetadas y aplicadas, además de la urgente construcción de un sistema eficaz de rendición de cuentas al que estén sujetos todos los legisladores y esté en manos de los ciudadanos. Sólo así se podrá fortalecer, ya no al Poder Legislativo, sino la confianza en las instituciones y la concepción de la representación política.

Las reformas aprobadas, además de la que faculta a la Junta de Coordinación para aprobar el Presupuesto y el ignorado Reglamento de Transparencia, fueron para normar el procedimiento de designación de consejeros electorales, la formalización de que los tres partidos mayoritarios presidan la Junta de Coordinación Política, incrementar el número de legisladores miembros de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, con el fin de integrar a los miembros de los partidos minoritarios, facultar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Parlamentarios para aprobar el Plan de Auditorías de la Contraloría Interna (es decir, los órganos auditados aprobarán el Plan de Auditorías) y la creación de un Comité de Decanos, sin facultades de ningún tipo, excepto de “consulta y opinión”.

Compromisos

Una agenda pendiente de la reforma del Estado Jesús Murillo Karam*

La edificación y mantenimiento de un régimen democrático en México no ha sido tarea fácil. Ha significado un esfuerzo constante por debatir ideas, convencer voluntades y, finalmente, construir acuerdos. El Congreso de la Unión, conciente del papel importante que juega en el campo de la deliberación política y la construcción de acuerdos, en los últimos, años ha pretendido formular un planteamiento cuidadoso y responsable sobre cuál debe ser el destino de nuestro país. La Ley para la Reforma del Estado (LRE) fue precisamente una primera señal enviada desde el Senado hacia la sociedad del interés existente en atender esa agenda pendiente, pues si bien han existido en otras legislaturas del Congreso de la Unión intentos y propuestas por llevar a cabo un replanteamiento o rediseño de las instituciones del Estado, nunca como en el año 2007, se lograron definir y trazar puntualmente los ejes temáticos que constituirían la esencia de la discusión e involucrar y convocar a actores políticos, a la propia sociedad civil, a la clase empresarial y a la academia. Estas circunstancias hacen de la LRE un referente sin duda indispensable. En efecto, del contenido de la Ley antes referida podemos desprender que la discusión se sustentaría sobre cinco grandes rubros: I. Régimen de Estado y Gobierno, II. Democracia y Sistema Electoral, III. Federalismo, IV. Reforma del Poder Judicial y V. Garantías Sociales.

Dentro de los diversos foros convocados por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), se pudo observar la plena disposición y amplia participación que generó el análisis y deliberación de todos los temas antes relatados. El objetivo que unía a los actores involucrados era adecuar la arquitectura del Estado a los tiempos y necesidades actuales. Resulta claro que el rubro que despertó mayor interés, en ese entonces, fue el relativo a la reforma electoral. Como todos sabemos, los resultados de la elección presidencial de 2006 pusieron en vilo nuestro sistema electoral. La democracia mexicana contuvo los embates que un día sí y otro también se lanzaban, desde distintos frentes los participantes en el juego electoral en ese año, generando un clima de crispación y con ello, un desgaste indebido de nuestras instituciones que tanto trabajo ha costado edificar. Había entonces que recomponer el camino y transitar en una ruta reconciliadora de todas las fuerzas políticas del país. Se tenía la obligación de hacer un planteamiento profundo acerca de cuáles deberían ser las reglas e instrumentos adoptados por todos, necesarios para garantizar la equidad y certeza en los procesos de elección de nuestros representantes. Se trataba en consecuencia, de construir un nuevo pacto sobre el futuro de nuestro sistema electoral.

Popo Colo, Charmer (1986)

*Senador de la República en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión

El resultado alcanzado fue exitoso. La reforma constitucional aprobada por el Poder Reformador de la Constitución obtuvo el consenso de todos los partidos políticos nacionales. La contribución más importante que se desprende de ella fue precisamente el mensaje que se envía desde el propio Estado y sus instituciones en el sentido de que son éstas y no poderes ajenos a él, quienes deciden cuáles deben ser las nuevas reglas del juego y cuál es el rumbo que debe tomar nuestra democracia. Otro tema que logró captar la participación de los actores en la arena legislativa y de la opinión pública fue el concerniente a la reforma constitucional en materia de justicia penal. Esta reforma estuvo encaminada a coadyuvar en la consolidación de un Estado constitucional y democrático de Derecho. Sin duda, existieron divergencias en el proceso que culminó con su aprobación. Sin embargo, se lograron definir nuevas atribuciones a favor de las autoridades para combatir el fenómeno de la delincuencia que aqueja a la sociedad mexicana, buscando al mismo tiempo no conculcar derechos fundamentales de las personas. No pretendo sugerir que la reforma aprobada haya sido la mejor o la deseable, pero es innegable ―sobretodo si tomamos en cuenta el contexto en que se aprobó la reforma― que se ha avanzado en el rediseño de nuestra justicia penal, al haber incorporado en nuestra Carta Fundamental las bases que servirán para la construcción de un nuevo sistema de justicia, conocido como sistema acusatorio, y el pleno reconocimiento al derecho del “debido proceso legal”. Asimismo, en fechas recientes, el Senado aprobó la reforma constitucional al principal instrumento para la protección de los derechos fundamentales: el juicio de amparo. Con ello se persiguieron dos finalidades esenciales: 1) la revitalización y modernización del instrumento de control constitucional y de protección de derechos fundamentales más importante en el orden jurídico nacional y 2) la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.

Jenik Cook, sin título (2008)

Si bien los temas antes señalados constituyen piezas fundamentales cuyos ajustes se hacen imprescindibles en cualquier reforma que pretenda plantearse a nuestro Estado y a sus instituciones, considero que aún existe una agenda pendiente que abordar. Dichos rubros son de la mayor importancia y pasan, cuando menos, por una revisión al catálogo de derechos de las personas que nuestra Constitución debe tutelar, proteger y garantizar; así como por repensar nuestro régimen de Estado y de gobierno, la forma en que deben interactuar los poderes que conforman aquél, cuáles deben ser sus atribuciones y facultades y cuáles sus obligaciones y los mecanismos de rendición de cuentas y por último, como se armoniza tal conjunto de normas con nuestro sistema federal en el México de hoy. Es del conocimiento de todos que, a finales de 2009, el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa cuyos temas han abierto la discusión hacia la necesidad de llevar a cabo una reforma política a las instituciones de nuestro Estado. En ella se plantea la necesidad de modificar aspectos torales de nuestro sistema de gobierno.

Si bien en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estamos comprometidos en forma incondicional con la idea de avanzar incesantemente en el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, consideramos que comete un grave error quien o quienes pretenden que el Congreso actué en forma automática o por consigna, dejando a un lado la deliberación y el debate, esencia del quehacer legislativo. Me parece que los tiempos actuales reclaman responsabilidad y compromiso y no superficialidad en el análisis en temas tan trascendentales para nuestra Nación. El PRI está convencido que bajo las circunstancias que prevalecen en nuestra propia dinámica política, plural y competida, se hace necesario rediseñar el sistema presidencial vigente, mismo que se encuentra agotado y no responde a las necesidades de nuestros tiempos. Las condiciones descritas con anterioridad vuelven indispensable la creación de mecanismos de entendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Es necesario pensar en V. Mauricio González Morales, Danza de la Luna (2009)

una arquitectura constitucional que facilite la colaboración entre poderes y aparte el obstruccionismo sin sentido. Resulta impostergable crear figuras que favorezcan la eficacia y eficiencia del gobierno, la rendición de cuentas y que den resultados palpables a la sociedad. El Legislativo está llamado a desempeñar una figura toral en el nuevo esquema de distribución del poder. No se trata de suprimir facultades a un poder para otorgárselas a otro, como se plantea en la iniciativa del Ejecutivo Federal. Eso sólo llevaría a una crisis institucional. Por el contrario, se pretende vigorizar nuestro régimen político para garantizar la gobernabilidad y darle flexibilidad en la toma de decisiones. La reforma a nuestro régimen debe ser sistemática, armónica e integral. Debe considerar el todo y sus partes, de lo contrario se corre el riesgo de aprobar una reforma carente de estructura, lógica y sentido. Por ello, la propuesta del Revolucionario Institucional concibe a las diversas instituciones como una g r a n m a q u i n a r i a interdependiente, en la cual el desajuste de una pieza puede resultar catastrófico para la vida democrática. Así, el compromiso hecho y refrendado es inscribir a nuestro régimen político en la senda de la modernidad. Sostenemos que resulta imprescindible lograr canalizar las disputas políticas por la vía institucional. Si eso es lo que queremos, debemos adecuar nuestro marco constitucional y legal con el propósito firme de generar las condiciones adecuadas para el diálogo, el entendimiento y la creación de acuerdos. México lo reclama.

Democracia y medios de comunicación Alejandro Moreno Cárdenas* Los medios de comunicación forman parte fundamental de las relaciones Estado-sociedad. Durante los últimos diez años la tendencia internacional a la liberalización y desregulación de los mercados –

lleguen a un inmenso número de ciudadanos y acrecienten su poder económico e influencia social. En la actualidad, cumplen un papel indispensable como transmisores de información, en ocasiones instantánea, que resulta vital para orientar a la población, como en el caso de epidemias o desastres –en el reciente terremoto de Haití, por ejemplo, para concitar la solidaridad internacional-, difundir masivamente mensajes de salud o advertir de riesgos, ofrecer noticias, proveer entretenimiento y acceso a la cultura, entre otras muchas razones por las que la industria de la comunicación es un espacio de actividad privada capaz de incidir en la política, en la gestión pública y en la propia vida de los ciudadanos. De ahí que su poderosa presencia planteé dilemas en el contexto de la relación Estado - medios – sociedad, que toca aspectos económicos y políticos de primer orden para una sociedad que se desea democrática. Así como los medios de comunicación cumplen una importante función en las sociedades modernas, también juegan un papel de poderosos grupos de presión en favor de intereses que no coinciden necesariamente con los del interés público. En palabras del doctor Miguel Carbonell, los medios "han tratado de influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio del bien común y de la libertad de expresión como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés y conforme a procedimientos bien lejanos de la libertad de información de los usuarios: "muchos medios de comunicación sostiene Gregorio Peces-Barba- sirven a los intereses de sus propietarios, promueven las campañas que política, económica y culturalmente interesan a quienes pagan."1

Rose Marie Ganto, The Production (1960)

aunado a los avances tecnológicos, a las pautas de consumo y a los patrones culturales de las sociedades modernas- ha propiciado que los medios masivos de comunicación se expandan,

No podemos desconocer que la estructura de los medios se encuentra basada en el modelo de mercado, en el que prevalece el criterio de ganancias económicas y se rige por la ley de la oferta y la demanda. Por otra parte, si antes el ejercicio del periodismo se ejercía bajo la mirada vigilante del poder Estatal, ahora se mueve bajo presiones diversas y responde a las políticas comerciales e institucionales que exigen las empresas de medios. Aún existen amenazas a la libertad de expresión que no provienen necesariamente del poder estatal, sino de otros centros de poder, como los llamados poderes fácticos, como lo hemos visto recientemente en nuestro país, con los casos de periodistas que han sido víctimas del crimen organizado. Desde principios del siglo XX estudiosos de la ciencia política han identificado a la libertad de expresión como una institución fundamental de todo sistema democrático. Robert Dahl la consideró así, al lado de otro pilar de la vida democrática que es el derecho de los ciudadanos a contar con información de fuentes diversas. Con la Libertad de expresión se hace uso de la

*Senador de la República en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión Ver Miguel Carbonell. Constitución, Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México. Tercera edición. Editorial Porrúa. Universidad Autónoma de México. México, 2000. p. 45 1

posibilidad irrestricta de decir sin cortapisas lo que el ciudadano piensa, sin el peligro de sufrir represalias, por opiniones políticas, ni por criticar a sus gobernantes. Con acceso a una Variedad de fuentes de información los miembros de una sociedad tienen la posibilidad de elegir, igualmente de manera libre, los elementos informativos de que se pueden allegar, mismos que además de ser accesibles, están protegidos por la ley. Ambos elementos son básicos para el funcionamiento de los medios de comunicación en las democracias modernas, pero igualmente implican una gran responsabilidad de eso medios con el fortalecimiento de la vida democrática. Eso tiene especial relevancia si consideramos que la información es la base de todo proceso democrático. Como lo ha afirmado de manera certera el doctor Diego Valdez: "todo proceso democrático es un proceso comunicativo". En México lo hemos podido constatar en los años recientes, ya que en poco tiempo hemos vivido una profunda y acelerada transformación de nuestra realidad, que ha implicado un proceso de reforma política en la que los medios de comunicación ocupan un lugar preponderante. Conviene recordar que ante el agotamiento del régimen político que prevaleció en nuestro país por más de 70 años, en poco más de una década se han procesado sucesivas reformas para responder a las exigencias de una sociedad cada vez más plural y diversa, activa y exigente que ha encontrado en el ejercicio del voto su ruta de acceso al cambio y a la transformación del país. La velocidad de la propia transformación social, ha exigido la permanente revisión del marco legal de la competencia electoral y en ella también se ha puesto en escrutinio el papel de los medios de comunicación, para generar competencias equitativas. La experiencia del conflictivo proceso electoral del 2006 - que propició una peligrosa polarización en dos extremos del espectro político que llegó a poner en riesgo la gobernabilidad del país - llevó a plantear a las fuerzas políticas la necesidad de una Reforma del Estado, que pusiera al día nuestras instituciones y nuestro régimen político, de acuerdo con nuestra pluralidad política y el fin de las mayorías hegemónicas. En ese contexto se efectuó la reforma electoral que otorgó al IFE mayores facultades en materia de regulación de los medios de comunicación electrónica, misma que subsana las lagunas legales respecto a la intervención de terceros en el proceso electoral que

en aquel proceso condujo a una aguda e interminable controversia. Con al reforma constitucional de septiembre de 2007 se estableció un nuevo modelo de comunicación entre los partidos y la sociedad, que ya fue probado en las elecciones intermedias del 2009 y propició la reducción de las controversias postelectorales en más de un 70 por ciento. Ahora ya no son los partidos políticos quienes adquieren los tiempos en radio y televisión, sino la autoridad electoral, misma que asigna del tiempo de radio y televisión al IFE para que los administre, sólo durante la duración de las precampañas y campañas electorales. También se prohíbe que cualquier persona, física o moral, contrate propaganda en radio y TV dirigida a influir en las preferencias electorales. Se establece en la Constitución, el derecho de réplica y no se limita la libertad de expresión, ya que cualquier persona y en cualquier medio, puede externar si ningún límite sus opiniones sin ser reconvenido por autoridad alguna. Lo que se limita es la participación del dinero rija las campañas políticas y no la propuestas y los programas de gobierno. También se regula la propaganda gubernamental; para evitar sea usada a favor o en contra de algún partido o candidato. Con el mismo sentido de mantener la equidad en las contiendas electorales, se prohíbe la propaganda personalizada de servidores públicos, financiada con recursos públicos; en todos los niveles de gobierno y poderes públicos, así como la propaganda negativa de los partidos, que denigre a las instituciones, a personas, o a los propios partidos políticos. Sin duda, estas disposiciones requerirán ajustes, pero el modelo establecido apunta ha dado muestras de ser el correcto para desterrar la inequidad en las competencias electorales, asegurando la libertad de expresión y las garantías ciudadanas. El otro campo de acción normativo en el que se trabaja también con un propósito de reforma, es el de la Ley federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. No se pierde de vista que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la información; ello implica la obligación de no entorpecer el uso de los medios de difusión y establecer con claridad la imposibilidad de que el Estado se erija en guardián tutelar de la cantidad o calidad de los medios de difusión. El derecho a la información constituye un complemento a la libertad de expresión, y por tanto es necesario que las personas se encuentren bien informadas para

poder expresarse y opinar sobre los asuntos de su interés. La libertad de expresión, el otro pilar de la vida democrática sólo debe tener limitante de que su opinión no provoque situaciones anti-jurídicas como el ataque a la moral, a los derechos de terceros, cometa un delito o perturbe el orden público. La centralidad de la televisión en la formación de la opinión pública, por su poder persuasivo, no puede dejarse al libre juego de las fuerzas del mercado. Ese es otro criterio básico. A través de los medios de comunicación electrónica, la sociedad se mantiene informada y delibera los asuntos centrales de la vida pública y democrática. Por ello la optimización del uso del espectro radioeléctrico debe abrir opciones democratizadoras mediante el uso de nuevas tecnologías. El avance tecnológico debe ser considerado como una ventana de oportunidad para los planes de desarrollo del Estado. En ese sentido, el derecho a la información puede ser vulnerado por la concentración. El Estado debe asegurar que los servicios de radiodifusión respeten la función pública encomendada como medios de gran influencia social, garantizando el acceso a diversas corrientes de opinión, es decir debe haber pluralismo informativo, la imparcialidad, y veracidad de la información.

quedado plasmados en la Constitución, sujetándola a los límites que el interés general demanda, al respeto al honor de las personas y de las instituciones. Eso es indispensable porque nuestra democracia en permanente desarrollo requiere de una cultura cívica sólida, para que los ciudadanos participen y se interesen por los asuntos públicos. Hasta el momento, debemos reconocerlo, la realidad de los medios de comunicación, con toda su fuerza y su poder, no ha empatado con esa necesidad, y este es un fenómeno que afecta no sólo a México sino al mundo entero. Los grandes medios han alcanzado una autonomía que llega a desafiar el poder del Estado, en detrimento del interés general. Esta contradicción sólo puede resolverse por medio de la política y las normas jurídicas, que seguramente tenderán a fortalecer la democracia. En ello juega un rol fundamental la sociedad organizada, que es el camino que se esta ensayando en México con el impulso de la reforma de nuestro régimen político, en que mi partido y sus grupos parlamentarios, estamos comprometidos.

Cahit Dogancay, Walls 7 (1970)

Otro aspecto de singular importancia es el que tiene que ver con la modernización de los medios de comunicación, a la cual deben tener acceso no sólo los grandes consorcios, sino también las televisoras y radiodifusoras locales, al igual que las radios comunitarias y los medios de las organizaciones de la sociedad civil, de universidades y centros de enseñanza, que no tiene un propósito de lucro. Para ello se prevé la actualización de la legislación para adecuarla a los desarrollos tecnológicos y a los estándares internacionales Una regulación que promueva el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento; y la reducción de la brecha digital que divide a la sociedad, y actualmente representa un atraso con respecto a otras naciones. En síntesis se trata de alcanzar una regulación y supervisión que logre el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de la población que por conducto de estos medios se realiza, y la vigilancia que el Estado debe ejercer para que se cumplan los valores que desea fomentar y que han

Justicia para todos Víctor Humberto Benítez Treviño*

I. CONCEPTO DE LA JUSTICIA El significado del término justicia ha evolucionado junto a la conciencia que busca la armonía entre el “yo” y el “otro”, para una vez logrando el respeto y reconocimiento de la dignidad entre ambos, se acondicione la nostridad, como una identificación de interés colectivo en el que la individualidad se reconoce al participar de las aspiraciones y valores comunes; así, lo que es para uno, es para los otros; si para unos hay justicia, debe haber justicia para todos, lo que sólo acontecerá en la vida democrática.

Para alcanzar la realización de ese objetivo, es necesario fortalecer un tipo de identidad en torno a los problemas del mismo interés, que un problema individual se refleje en lo colectivo con lo que evitaríamos el crecimiento de un tipo de sociedad que “…adolece claramente de un déficit de adhesión por parte de los ciudadanos al conjunto de la comunidad, y sin este tipo de adhesión resulta imposible responder conjuntamente a los retos que todos se plantean”1. Por su parte, John Rawls estima que podemos desarrollar una cultura de justicia si fortalecemos

V. Mauricio González Morales, Canto del Sol (2009)

El concepto de justicia en su conformación gramatical es distinto en todos los tiempos y pueblos del mundo; sin embargo, su esencia o naturaleza en la búsqueda de la armonía y la convivencia es permanente, es una aspiración que tiende a que se reconozca lo que le es propio al hombre, por ello en Grecia se consideraba a la justicia como la virtud denominada areté, así la concibieron Platón y Aristóteles, como ideal y necesidad de zoon politikon de vivir en sociedad, habitar en la polis, o ser ciudadano en la civitas, en el pueblo. II. JUSTICIA ACORDE CON LA CIUDADANIZACIÓN Lograr una justicia para todos requiere formar una conciencia ciudadana a través de la generación una identidad; en la que los integrantes de la sociedad

las instituciones sociales y políticas razonables, ya que los ciudadanos alcanzarán mayor justicia si evolucionan de acuerdo con políticas liberales de equidad fundamentada en la democracia.2

Compartan el interés por vivir en armonía, ello no depende únicamente de la responsabilidad de las autoridades, porque sin la colaboración ciudadana no hay avances.

De lo anterior podemos deducir que cuando se ha perdido la confianza ciudadana en la autoridad, es necesario recuperarla, superando el

*Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión 1

CORTINA, Adela, Ciudadanos del mundo, hacia una teoría de la ciudadanía, 4a, Reimpresión, Editorial Alianza, Madrid, España, 2005, p. 22. 2 Cfr. RAWLS, John, El derecho de gentes. Una revisión de la idea de razón pública, Paidós Estado y Sociedad, Barcelona, España, 2001.

individualismo e inclinarnos hacia la responsabilidad ciudadana. La injusticia es un problema que inquieta a todos, para resolverlo es necesario fomentar la participación ciudadana activa en la vida colectiva, estimulando a gobierno y sociedad en la apertura de espacios públicos; para que el combate a la inseguridad y a la delincuencia se realice mediante programas legitimados por la colectividad, solo así se logrará justicia para todos. La ciudadanización consiste en generar la participación de todos en la vida comunitaria, en interesarse en los problemas que son comunes, comprometerse en la cosa pública, superando el individualismo hedonista que sólo busca placer y tiene poco interés por la cosa pública, para ello es necesario cultivar la identidad formativa a través de la cultura de la legalidad mediante el fortalecimiento del “…hogar público. La religión civil puede ser una fuerza motivadora, en la medida en que los ciudadanos se sientan atraídos por los símbolos que a todos unen –bandera, himno, acontecimientos históricos relevantes- aunque pueden existir entre ellos diferencias económicas abismales: los social y económicamente desiguales se sentirían miembros de una comunidad política gracias a los símbolos comunes y estarían dispuestos en consecuencia a sacrificarse por ella”3.

Carlos Mérida, Puerta Estrecha (1936)

El pueblo tiene su concepción sobre la justicia, siempre debe tener fe en su aplicación y sus gobernantes deben procurar que el principio de “dar a cada quien lo suyo” como lo decían los antiguos romanos, o como lo postula Federico Nietzsche “tratar igual a sus iguales y desigual a los desiguales”, debe hacerse realidad, ello es actuar con equidad.

III. JUSTICIA Y EQUIDAD La justicia sólo se comprende cuando se predica con resultados concretos que se sustenten en informes a la comunidad que reflejen resultados positivos, de persecución de delincuentes y sometimiento de infractores por parte de los órganos competentes; porque las estadísticas por si solas nada nos dicen, ni a nadie convencen. El pueblo sólo cree cuando se le forma un sentimiento colectivo de que algo se hace en el cometido que justifica la existencia del Estado, la procuración y administración de justicia que garanticen orden, paz, seguridad y que forme “…una concepción de la equidad, que dé a las personas sensación de justicia y de integración en la sociedad, en caso contrario, falta la conciencia de que exista una voluntad común…”4.

Se deben buscar fórmulas políticas para lograr este valor, tan necesario en la vida social, esa debe ser la tarea de la procuración de justicia, quien la procure debe ser fiel a su fin, combatir el delito para proteger los bienes jurídicos de los integrantes de la sociedad. IV. JUSTICIA PARA TODOS La justicia para todos, sólo se logrará contribuyendo los ciudadanos en los espacios públicos donde coincidan mayorías y minorías, para ello es necesario establecer los mecanismos legales que aperturen la contribución ciudadana, la opinión pública y la difusión de los resultados en los medios de comunicación masiva, para que el pueblo pondere que hay justicia.

CORTINA, Adela Ciudadanos del mundo, hacia la teoría de la ciudadanía, Editorial Alianza, Madrid, España, 2005, p. 23 CORTINA, Adela, Ética sin moral, Octava Edición, Editorial Tecnos (Grupo Anaya S.A) Madrid, España 2008 p.141 Siempre he sostenido que la justicia en lo académico es un concepto, y en la vida comunitaria es un sentimiento que se transmite y forma la idea de hacer lo adecuado al aplicarla. 4

La justicia es un ideal convertido en principio por el hombre trascendente, es un constante anhelo, y cuando se habla de igualdad y desigualdad, estas constituyen referencias de equilibrio para ponderar las condiciones humanas y saber cuál es el papel de cada persona en la sociedad y su forma específica de actuar. Ihering nos dice que la justicia es el fin, y el derecho es un medio para lograrlo a través de la norma legislada, y que lo importante de ser justo es llegar al punto de la equidad, con esta base teórica comprendemos que lo más importante es respetar la esfera de los derechos de las personas en lo individual y en la vida colectiva, armonizando función del Estado y derechos sociales. En estos tiempos se ha superado la idea Aristotélica de zoo politikon mediante el nuevo concepto del zoon social; ello significa que para que haya justicia para todos es necesario primero lograr la socialización del ser humano. La justicia social se ha contemplado como una serie de vínculos de contenido comunitario en donde lo más importante son las relaciones de coordinación y subordinación entre la comunidad y sus miembros: “…existe un principio supremo, un valor de integración de la vida social humana, que intuimos a través de la naturaleza sociable del hombre, en todas las manifestaciones de la vida colectiva y con entera independencia de la organización estatal… la actividad social espontánea mediante el imperio de la ley, reparta las cargas públicas según la resistencia de cada súbdito y los bienes públicos según la dignidad y méritos”5.

Jeremías Bentham encuentra en el significado de la justicia la tendencia de buscar la felicidad posible para el mayor número de individuos. Para Kelsen la justicia es el camino hacia la libertad, el encuentro de la paz, la vida en democracia y el ejercicio de la tolerancia6. Los dos juristas tienen en sus concepciones la idea de justicia para todos. De acuerdo con la seguidora de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, Adela Cortina, entendemos que aspirando a una justicia para todos es el deseo de pertenecer a una comunidad justa para sentirse ciudadanos implicados en ella y que para proteger los derechos sociales se debe vivir en un Estado de justicia, cuando se logre este propósito la justicia será la justificación plena del Estado y la vida se desarrollará de acuerdo con una identidad en la que cada gobernado se refleje en sí mismo como un integrante que busca la justicia para sí y para todos, logrando así un sentimiento a compartir en la defensa de los bienes que sustentan a la calidad de vida a través de un derecho que humaniza y dignifica lo individual y lo colectivo. Concluyo estas líneas manifestando que la procuración y administración de justicia para todos “no se define, se practica”7.

Seena Donneson, Abstract (1960)

LEGAZ, y Lacambra Luis, Filosofía del Derecho, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1979. Pp.357-358 KELSEN Hanss, Qué es la justicia, Editorial Fontamara, México, 1991, p.63. 7 BENÍTEZ Treviño, Humberto filosofía y praxis en la procuración de justicia, Quinta edición, Editorial Porrúa, México, 2009, p.6. 6

Compromisos con los derechos humanos Alfonso Navarrete Prida* Parecería ocioso hablar sobre el compromiso que un legislador, un representante popular, asume con los derechos humanos, no obstante, el tema es más que vigente cuando decisiones fundamentales del gobierno federal parecen empeñadas en limitar, incluso desconocer esos derechos que son consustanciales al individuo.

y por ende una positivación, es decir, de si son anteriores e independientes de la positivación jurídica, lo verdaderamente importante es su cumplimiento. Desde la antigüedad la inquietud por definir esos derechos ha sido una constante en el pensamiento de los filósofos, estadistas, humanistas y de las sociedades en general; los iusnaturalistas (antiguos y modernos) los plantearon; el tema es abordado por Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, en este continente por Fray Bartolomé de las Casas, Fray Alonso de la Vera Cruz. Inglaterra, Estados Unidos (Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia 1776) y Francia (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789) contribuyeron significativamente a la evolución del concepto y la realidad de los derechos humanos así a lo largo de la historia humana, los derechos inherentes al hombre han ocupado un lugar importante en el pensamiento filosófico y se han incorporado al ejercicio de la política.

Leopoldo Flores, La Tumba (2000)

Hablar de derechos humanos es hablar de los derechos que todo ser humano, por el hecho de serlo posee como parte de su esencia, de su naturaleza. Al margen de la discusión teórica de si los derechos humanos requieren o no una fundamentación jurídica,

El derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad de las personas fueron seriamente conculcados durante la segunda guerra mundial, de ahí que la conciencia internacional, personificada en la Organización de las Naciones Unidas, horrorizada ante las atrocidades del holocausto y dispuesta a evitar la reedición del genocidio, determinó definir en un documento básico cuáles eran los derechos fundamentales del individuo, mismos que quedaron plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, que constituye uno de los más importantes antecedentes inmediatos de los llamados derechos humanos. La labor de Jackes Maritain en este documento es sobresaliente; “Es importante insistir sobre el hecho de que, ya en el mismo orden natural, la persona humana trasciende al Estado, por cuanto el hombre tiene un destino superior al tiempo y pone en juego lo que en él interesa ese destino” (Citado por Maurice Beuchot. Filosofía y Derechos Humanos. Edit. Siglo XXI).

*Diputado Federal en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión

Uno de los rasgos fundamentales de las modernas sociedades democráticas es la continua lucha por plena vigencia de los derechos humanos, que han evolucionado desde los derechos civiles y políticos, hasta los sociales, económicos y culturales de las minorías. En nuestro país, a partir de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 1990, se establece el sistema de defensa no jurisdiccional de los derechos fundamentales y el concepto se hace vigente, se empieza a generalizar y se convierte en una expresión de uso cotidiano y mas que una expresión, en una connotación clara para los mexicanos de cuáles son los derechos que les corresponden como seres humanos y que pueden oponer al poder público; qué es lo que la autoridad tiene vetado. La creación de este Organismo originalmente ubicado en el seno del Poder Ejecutivo Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación y que alcanza autonomía constitucional años después, ha significado en el país un importante mecanismo de control de actividad de las autoridades administrativas, aunque aún no sea suficiente. No obstante el reconocimiento y la convincente necesidad de su pleno disfrute, los derechos humanos no son todavía, en diversos países del orbe, incluyendo el nuestro, una realidad plena. Los derechos humanos expresan una idea moderna de justicia, representan una esfera real y aspiracional que debe concretarse para lograr la armonía social. Por ello, la defensa de los Derechos Humanos y su pleno respeto, forman parte fundamental de la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional. Así, las propuestas formuladas en la materia, que nos permitieron llegar a ser la mayoría con el Congreso y que se convierten en líneas programáticas en la labor legislativa son, las siguientes: Impulsar la modernización de la legislación en materia de derechos humanos con objeto de combatir su constante violación, mediante el reforzamiento de la capacidad de las instancias de derechos humanos para que puedan ejercer su autoridad y que sus recomendaciones se cumplan a cabalidad y con plena satisfacción para la población agraviada.

Propiciar que cada acto de ejercicio del poder se realice con base en el cumplimiento del orden jurídico establecido como expresión de la voluntad general y sustento de la legitimidad del propio poder público para lo cual seguirá combatiendo la impunidad y la corrupción, así como la arbitrariedad, indolencia, o falta de responsabilidad de los servidores públicos como causas frecuentes de las violaciones a los derechos humanos. Elaborar una propuesta de reformas a la Constitución que contenga el enunciado correcto y apropiado de cada uno de los derechos y libertades que los mexicanos queremos que sean reconocidos y respetados, es decir, que contenga el catálogo completo, reconociendo aquellos derechos o aquellas libertades que no se encuentren en el texto constitucional. Precisar el compromiso que asume la autoridad de respetar, en unos casos, dicho derecho; y dar una respuesta inmediata y de plena satisfacción en otros, tales como la libertad, el domicilio e integridad física, que exigen respeto. En cambio nuestra demandas de salud, educación, o de simple trámite ante la autoridad requieren respuesta inmediata de plena satisfacción. Proponer el medio o los medios que podrá usar de inmediato el interesado para hacer valer plenamente dicho derecho ante los supuestos de incumplimiento del compromiso contraído por la autoridad y demandar la responsabilidad a que se hace acreedora por las violaciones al derecho de que se trate, o por no haber cumplido el compromiso impuesto en cada caso por el mismo texto constitucional. Impulsar en los planes de desarrollo y en los programas sectoriales la inclusión de la materia de derechos humanos para encauzar, no sólo el trabajo que realizan las instituciones, sino el de la sociedad civil dedicada a la noble tarea, estableciendo las acciones de las dependencias para la atención de los derechos humanos. Impulsar el diseño de políticas públicas que fortalezcan los derechos del niño, la mujer, los indígenas, los discapacitados, de la población de la tercera edad y los grupos vulnerables. Defender el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en el extranjero y buscar

Para lograr concretar estas propuestas, es responsabilidad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, impulsar al Congreso a trabajar cordialmente con los otros poderes y en particular con la sociedad, en la construcción de una sólida cultura de respeto a la dignidad de las personas, de respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad, a los derechos de los individuos, con lo que los derechos humanos se verán fortalecidos. Es preciso sume y sumarse a las organizaciones no gubernamentales que cuentan con programas muy estructurados de defensa de derechos humanos, esta debe ser una de las estrategias a seguir en el desarrollo de una agenda legislativa que tenga como punto fundamental la atención de estos derechos. Debemos dotar al Estado de mejores y más eficaces herramientas para la promoción y respeto de los derechos fundamentales y hacer de este respeto la norma general en la que se mueva la actuación pública. Debemos esforzarnos por armonizar la legislación federal con los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país y promover las modificaciones necesarias en las legislaturas locales. Por ello es que estamos comprometidos con una designación verdaderamente autónoma del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una designación transparente que esté sustentada en el conocimiento de los temas que involucran a los derechos fundamentales de las personas, la independencia en sus investigaciones y en la libre emisión de sus recomendaciones; una designación que atienda el reconocimiento que la sociedad tiene de la persona que habrá de encabezar la Comisión y no una designación que obedezca a cuotas partidarias y negociaciones de esta naturaleza. Estamos comprometidos con la lucha contra la delincuencia, pero no a costa del sacrificio de los derechos de la sociedad y de los individuos. La seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia son perfectamente compatibles con el respeto a los derechos

DNA, Lluvia Morada (2010)

la aplicación de todos los mecanismos internacionales protectores de estos derechos y exigir el justo castigo para aquellos que los violan.

humanos. Más seguridad, pero también mayores garantías de respeto a los derechos fundamentales. Estamos comprometidos con la igualdad de los hombres y las mujeres, con la defensa de las mujeres que viven bajo violencia para que esta cese, para que el Estado genere las condiciones que lo permitan; estamos comprometidos con la no discriminación y la equidad; Estamos comprometidos con la tutela y el respeto de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, con el interés superior de la infancia; con el ejercicio pleno de los derechos de los jóvenes y las personas adultas mayores; con la prevención y eliminación de toda forma de discriminación; con la plena inclusión de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la vida. Estamos comprometidos con la prevención y la sanción de la tortura y la trata de personas, con la protección, atención y asistencia a las víctimas de esta conducta. Estamos comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas, con la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como con la promoción del uso y desarrollo de esas lenguas. Nuestro compromiso con los derechos humanos es por México y por los mexicanos.

Gobernabilidad y compromisos cumplidos José Manzur Quiroga* El término de Gobernabilidad, ha venido adquiriendo en los últimos años, peso en la discusión relacionada con las Ciencias Sociales, su significado supera los asuntos de dirección de Gobierno e incorpora el tema de la participación ciudadana ordenada, es decir, de la llamada sociedad civil. En este sentido, resulta ilustrativo partir, para efectos del presente ensayo, de la claridad que proporcionan distintos académicos en torno al tema, quienes generan así, un marco conceptual que forma parte de la moderna doctrina administrativa. José R. Castelazo, en su libro Administración Pública, una Visión de Estado, conceptúa a la Gobernabilidad de la siguiente manera: “La capacidad que muestren en los hechos gobierno y sociedad para actuar juntos, lo cual no es un aspecto insignificante, sino una cualidad del desarrollo político en cualquier sistema. De esta manera, juntos podrán diagnosticar y prevenir problemas comunes, evaluar caminos alternativos, decidir las opciones más rentables desde el punto de vista socioeconómico y político, compartir los costos y, en su caso, repartirse la tarea para llegar a los objetivos propuestos. El método es escucharse, respetarse, argumentar, persuadir y realizar lo que a cada quien le corresponda y este previamente acordado, enfrentando las responsabilidades a que haya lugar en el marco del Derecho.” 1

Leopoldo Flores, De la Ira (2000)

De la anterior definición, se infiere de manera clara la estrecha vinculación que existe entre la gobernabilidad y los compromisos de Gobierno, que van más allá de un ejercicio unilateral, ya que implica la participación determinante de la ciudadanía, que se expresa en primera instancia, en la formulación de legitimas demandas sociales y se consolida en una siguiente, con el planteamiento claro de cómo se van a atender las mismas, construyendo en consecuencia políticas públicas.

*Diputado Local en la LVII Legislatura del Estado de México 1 Castelazo R. José: Administración Pública una Visión de Estado, , Instituto Nacional de Administración Pública, México, 2007, p. 47

Yaacov Agam, Sin título 4 (1979)

Por su parte, Xavier Arbós y Salvador Giner, en su libro La Gobernabilidad. Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial, definen el concepto de gobernabilidad como: “La cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo”. 2 En este orden de ideas, el establecimiento de ejes rectores que guiarán el ejercicio de Gobierno, constituye un paso necesario para delinear los principios que regularán el actuar del mismo, siempre en un esquema de transparencia y rendición de cuentas, que posibilite así, honrar la palabra empeñada y traducirla en compromiso cumplido. Por su parte, Rina Marissa Aguilera, en su libro La Trascendencia del Estado y la Administración Pública en la Esfera Social y Pública, afirma en relación a la gobernabilidad que: “La cobertura de la gobernabilidad democrática no tiene límites finalistas ni visibles, pero si compromisos ineludibles que se relacionan con lo que es la sociedad y hacia dónde se dirige. Para efectos de la vida estatal, la gobernabilidad democrática es asunto clave para la conservación eficaz del poder. Este es la suma de

relaciones sociales, políticas y económicas que dan sustento a la convivencia de la autoridad y a los grupos de la sociedad”.3 Sobre el particular, se puede afirmar, que en virtud de la evolución política las sociedades, éstas son cada vez más demandantes de que actividades a cargo del Gobierno y de la Administración Pública, se realicen sin sesgos políticos, en un marco de eficacia, que la ciudadanía puede evaluar y calificar libremente. No se debe perder de vista que en suma, la Gobernabilidad es una cuestión de responsabilidad y resultados; si se cumple, la sociedad lo reconoce y refrenda la confianza, si por el contrario, se incumple con lo prometido o acordado, la sociedad en un ejercicio de justicia, necesariamente castiga y, en casos extremos, exhibe y reclama públicamente. Ahora bien, la legitimidad que proporciona a los gobiernos los compromisos cumplidos, no es un ejercicio que implique solo la realización de los mismos, sino que deriva en un proceso continuo de contacto con las causas ciudadanas y la renovación de objetivos, así se sientan las bases de un desarrollo que redunda en la consolidación de la democracia y justicia social. Para lograr la eficacia política, se requiere la sumatoria de diversos factores, entre los que se encuentran: una participación social corresponsable, Instituciones Políticas que funcionen y servidores públicos con probada vocación de servicio, así como una Administración Pública que obtenga resultados objetivos, lo que redundará en estabilidad política y socioeconómica, paz social, bienestar general y desarrollo sustentable. Por lo anterior vale la pena insistir, en que dentro de las divisas de la cultura política, se encuentran las de respetar al que opina diferente a nosotros; observar el Estado de derecho; asumir los costos necesarios y ejercer la política con responsabilidad social. Por lo expuesto, se puede afirmar que la gobernabilidad, en un contexto democrático, se logra cuando el Gobierno y la sociedad, reconocen como aspiración común, el privilegiar el diálogo y el consenso sobre el conflicto, en aras de un mayor bienestar social.

Arbós, X. Y Giner, F.: La Gobernabilidad. Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial, Siglo XXI, Madrid, 1993, p. 13 Aguilera Hintelholher, Rina Marisa: “La Trascendencia del Estado y la Administración Pública en la Esfera Social y Pública”, Instituto de Administración Pública, Puebla México, 2006, p. 96 3

El esquema descrito no es solo u n a a s p i r a c i ó n , afortunadamente en el País se han presentado casos de éxito, dignos de ser tomados como ejemplo; tal es el caso del Estado de México, donde el Gobernador Enrique Peña Nieto, desde su campaña política, estableció un vínculo con la sociedad mexiquense, asumiendo compromisos ante la fe de diversos Notarios Públicos, los cuales, una vez rubricados, se colocaron en lugares públicos, como una muestra de su voluntad por cumplir, con una visión joven de lo que implica dejar la palabra en prenda, de regresar y solucionar las demandas ciudadanas. El entender que la ciudadanía estaba cansada y desilusionada, por el incumplimiento de promesas de campaña de parte de representantes de otro orden de Gobierno, dio como resultado, un impecable ejercicio de lectura de escenarios políticos, los resultados no se hicieron esperar, los ciudadanos mexiquenses, como nunca antes se había visto, se volcaron a depositar su voto en las urnas, ante la esperanza que representó tan innovadora manera de enfrentar un ejercicio democrático. Ahora y tras al paso de los primeros cuatro años de Gobierno, el cumplimiento público y evidente de los compromisos adquiridos, demostró que la confianza depositada en el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, rindió los frutos esperados, rebasando en muchos de los casos las expectativas generadas, lo que incluso ha trascendido las fronteras del Estado de México. Con beneplácito, los mexiquenses hemos constatado que la forma de asumir compromisos y cumplirlos, ha propiciado que esa experiencia sea caso de estudio en diversos foros políticos y sociales de talla nacional e incluso internacional, con la finalidad de emular sus resultados. No es del interés de este documento, hacer un recuento de los logros del Gobernador Peña Nieto, para ello, afortunadamente hay muchos espacios públicos, electrónicos y escritos, pero si se persigue provocar la reflexión en todos aquellos que ocupan un cargo de elección popular o aspiran al mismo, se debe tener claro que el comprometerse y cumplir, es la única vía para conservar la simpatía ciudadana. Son muchas las necesidades y escasos los recursos, se debe priorizar, pero si se empeña la palabra, se deben dar resultados sin descanso y sin excusas, es ese

Yaacov Agam, The Color of Love (1974)

el perfil de político que merecen y reclaman los mexicanos. Diversos estudiosos en materia de Gobierno y Administración Pública, consideran que la evolución de la gobernabilidad, debe dar lugar a una nueva figura denominada “gobernanza”, en este sentido de manera prospectiva, el reto en los tiempos por venir, será ya no solo consolidar la gobernabilidad, sino avanzar hacia la gobernanza, que no es otra cosa que incrementar la legitimidad a través de la generación de políticas ciudadanas, con la participación mínima del Gobierno, el cual intervendría sólo cuando existiera una presumible mala fe en prejuicio de los ciudadanos. Un ejemplo de esta nueva figura de gobernanza, es el funcionamiento de las organizaciones de colonos o condóminos, los cuales están regulados genérica y reglamentariamente, pero también posibilitados para el establecimiento de un orden interior, en el que los propios ciudadanos fijan márgenes y mecanismos de control y convivencia, organizaciones que para su existencia no requieren de recursos presupuestales públicos y esperan que el Gobierno intervenga sólo cuando han sido rebasados en su autoridad o en su operatividad. De manera evidente, aquel representante popular que haya entendido a cabalidad las implicaciones de la gobernabilidad, estará en mejores condiciones de guiar a sus gobernados hacia el perfeccionamiento de esta nueva figura de “gobernanza”, la cual requiere de una cultura política de participación ampliamente desarrollada y probada en la práctica. No habrá que perder de vista que en todo caso, la transparencia y la rendición de cuentas deben jugar un papel preponderante, ya que permiten a los ciudadanos observadores, estar atentos de las actividades de los representantes populares y más allá de considerarlas una obligación, deben ser un principio institucional de superación constante en el plano democrático.

Desarrollo social y género Pablo Bedolla López* Introducción El propósito del presente artículo es abordar desde la propuesta del desarrollo social, el tema de la perspectiva de género, buscando plantear un esbozo de lo que implica esta propuesta de manera muy concreta, destacando los que se pueden considerar sus elementos más relevantes. De igual forma, presentar también de manera precisa algunos de los avances en este tema desde la perspectiva internacional hasta lo local.

Leopoldo Flores, Ángel Inerme (2000)

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca en

1995, se sostiene una visión del desarrollo social ligada a la política, a la economía, a la ética y a lo espiritual, que toma como base la dignidad y los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz, la democracia y la cooperación; aunado al pleno respeto de la diversidad de valores éticos y religiosos, así como los orígenes culturales de la gente, donde se considera al ser humano como el centro del desarrollo.

Aunque el planteamiento hace mención de la sociedad en general en el alcance que debe tener el desarrollo social, pone el énfasis en los grupos menos favorecidos y en particular se enfoca en los grupos vulnerables como son las mujeres, ancianos, niños, personas con capacidades diferentes e indígenas. Entre los grupos vulnerables se encuentran consideradas las mujeres. Ello explica la relevancia que se le ha dado en los países miembros de la Organización de las Naciones Unidades de manera institucional. En el caso particular de nuestro país, lo podemos encontrar en diversos programas que mantienen el enfoque de género, a través de instituciones orientadas a la promoción de las políticas públicas de la igualdad entre hombres y mujeres, a nivel nacional y estatal. Género La palabra género señala el rechazo al determinismo biológico implícito en el empleo de términos como diferencia sexual. Habla también de los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad. De igual forma se utiliza para designar las relaciones sociales entre sexos y su uso rechaza las explicaciones biológicas, cuyo denominador común es base de las diversas formas de subordinación femenina (Scott, 1996). Concretamente, el género es el sexo socialmente construido, que está compuesto por el conjunto de prácticas a través de las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana (Barbieri, 1993). Los elementos que conforman el concepto de género son las ideas, las representaciones, las prácticas y las prescripciones sociales que se producen partiendo de la diferencia anatómica entre los sexos. El género delinea lo que la sociedad cree que es adecuado de los hombres y de las mujeres. Su reproducción se lleva a cabo a través de valores y costumbres implícitos que han sido inculcados durante todo el proceso de crianza, el lenguaje y la cultura (Lamas, 2002). Género expresa las "construcciones culturales", la creación de ideas acerca de los roles apropiados para hombres y mujeres, que hace referencia a los orígenes exclusivamente sociales de las

*Diputado Local en la LVII Legislatura del Estado de México

identidades subjetivas de hombres y mujeres; es, en suma, una categoría social creada e impuesta sobre un cuerpo sexuado (Scott, 1996); o bien, ordenamientos de género que se representan en el cuerpo como una armadura que impone las actitudes y acciones corporales (Lamas, 2002). Equidad de género Uno de los aspectos que implica el enfoque de género, es la equidad. El hablar de equidad de género, refiere esencialmente a la afectación de esos mecanismos que obstaculizan la igualdad de oportunidades, que describe además la distribución de los bienes y derechos esenciales, a la relación a la participación de los sujetos sociales en la determinación de las reglas que norman la sociedad. (Guzmán, 1996:2). La igualdad en la esfera social, enfatiza una característica común compartida; es decir, describe a la base común de derechos y responsabilidades que corresponden a todos los miembros de la sociedad de acuerdo a las pautas que rigen su funcionamiento; en contraste, la equidad hace referencia a la consideración de la especificidad, de la diferencia, que implica la inclusión en el desarrollo de la sociedad. A través de la equidad en términos del enfoque de género, se garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía a las mujeres (Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, 2007) La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001), plantea a la equidad de género como el “concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Transversalidad Una estrategia que se orienta a generar la equidad en el enfoque de género lo representa la tranversalidad. Dicha estrategia constituye la más reciente de la política de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea (UE), asumido explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas llevada a cabo en Pekín en el año de 1995, conocida como mainstreaming de género -traducida como transversalidad-. La plataforma de

Pekín demanda a los gobiernos de los países miembros y otros actores, promover una política activa y visible del transversalidad de género en todas las políticas y programas, para que se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres, antes de que se tomen decisiones al respecto (Lombardo, 2003). La idea es que la transversalidad como instrumento, implica que ésta sea extendida a todo el sistema político, jurídico y socio-económico actual, de tal forma que se implemente de forma coordinada y sistemática una serie de medidas de política de género, en todas aquellas decisiones que puedan afectar a mujeres (Monereo, 2007). En cualquiera de estos planos, su implantación exige la integración sistemática de la categoría de género en todas las estructuras gubernamentales y académicas, y en todas las responsabilidades sociales (Monévar y Villaseñor, 2005). También representa la reorganización, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, donde el enfoque de igualdad de género se integre en todas las políticas, por los actores que se encuentran involucrados directamente en la adopción de medidas políticas (Lombardo, 2003) Avances en materia de género. Como se destacó, el desarrollo social implica el reconocimiento de los derechos humanos en lo general y los derechos hacia cada grupo vulnerable en particular, tanto en el ámbito internacional, como en los países. Los avances que se han presentado a través de manifestaciones como el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, que entran en vigor en 1954 basados en el principio de igualdad de los derechos de hombres y mujeres, enunciado en la carta de las Naciones Unidas. De igual forma, se originan otra serie de eventos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que entra en vigor en septiembre de 1981 y la Conferencia Mundial sobre Mujeres llevada a cabo en Pekín en el año de 1995. Forma parte de las metas del milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. En la actualidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha empezado a incluir en la medición del Desarrollo Humano, cuestiones relativas a la equidad de género. Una de estas mediciones corresponde a Índice de Desarrollo

Humano Relativo al Género (IDG); otro indicador está representado por el Índice de Potenciación de Género (IPG).

la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, así como sus documentos básicos, como la Declaración de Principios.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de su Plataforma Electoral Federal 2009-2012, se compromete a impulsar una nueva política social de Estado que se circunscriba en la erradicación de las causas de la desigualdad en materia de género; así como promover la modernización de los contenidos de enseñanza que incluyan materias transversales con el enfoque de equidad de género. De igual manera, toma la responsabilidad de Impulsar, reforzar y defender las acciones afirmativas con perspectiva de género en las políticas y en los programas sociales de los tres órdenes de gobierno, para la plena incorporación a la vida política, económica y social de las mujeres, con justicia e igualdad. Muestra de ello se puede encontrar en los Estatutos que norman

La política del gobernador Enrique Peña Nieto ha sido clara y comprometida con el enfoque de género, llevando a cabo acciones como el fomento a la cultura de equidad de género a través de eventos en los diversos municipios de la entidad, abordando temas de perspectiva y equidad de género. Bajo este rubro también se atienden a mujeres víctimas de la violencia con orientación psicológica y seguimiento institucional en casos especiales. También se llevan a cabo proyectos de bienestar social para la mujer, como prevención del embarazo adolescente, jornadas de mejora económica para las mujeres, orientación educativa y servicios diversos de salud a mujeres en situación de vulnerabilidad y marginación. En materia de educación se llevan a cabo jornadas de alfabetización, atención educativa a hijos de madres trabajadoras, así como programas de capacitación de la mujer para el trabajo y programas de apoyo económico productivo. En materia de salud, atención en el climaterio y la menopausia; hospitalización obstétrica y ginecológica y detección y tratamiento de diversos tipos de cáncer. (Cuarto Informe de Gobierno, 2009) Por su parte, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se encuentran comprometidos con el enfoque de género, ejemplo de ello, es la reciente iniciativa de ley que busca acabar con el maltrato físico y emocional y reducir el índice de homicidios en el Estado de México. Particularmente, los diputados trabajan por impulsar iniciativas y leyes a través de la Comisión de desarrollo Social y la Comisión de Equidad y Género. De acuerdo con lo presentado en este aparatado, es necesario reconocer que lo alcanzado hasta ahora en materia de género es importante, pero no suficiente ni satisfactorio, por lo que se hace indispensable sumar esfuerzos de todos los priístas para lograr relaciones con mayor equidad mediante políticas transversales, tomando conciencia que la no discriminación y la igualdad son los ejes fundamentales para construir la estructura, que permita la participación efectiva de las mujeres, para una sociedad igualitaria y justa.

59 Stanley Boxer, Sin Título (1990)

Bibliografía. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (s/f), Participación política de las mujeres en los poderes Ejecutivo y Legislativo en México, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. http://www.edomexico.gob.mx/cemybs/HTM/principal.html Coordinación de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades (2007), Equidad de género. Políticas y plan de acción, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Argentina. De Barbieri, Teresita (1993), “Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica”, Revista Debates en Sociología. Núm. 18, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, pp. 119. Guzmán, Virginia (1996), “La equidad de género en una nueva generación de políticas”, en: Narda Henríquez (Editora), Encrucijadas del saber. Los estudios de género en las Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, pp.213-230. Instituto Nacional de las Mujeres. http://www.inmujeres.gob.mx/ Ley de Instituto Nacional de las Mujeres (2001), Texto Vigente. Lombardo, Emanuela (2003), “El mainstreaming de género en la Unión Europea”, Aequalitas, Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, MayoDiciembre, Universidad Complutense de Madrid, pp. 6-11. Marta Lamas (2002), Cuerpo: diferencia sexual y género, Taurus, México. Monereo Atienza,Cristina (2007), “Reflexiones críticas sobre igualdad de género a raíz del proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aprobada el 21 de diciembre de 2006”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, ISSN 1138-9877, Núm. 15, Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Malaga, pp. 1-12. En: http://www.uv.es/CEFD/ Monévar, Dora I. y Martha L. Villaseñor (2005), “Transversalidad de género. Una estrategia para el uso político-educativo de sus saberes”, Revista La Ventana, Núm. 21, México, pp. 44-68. Organización de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.undp.org.mx/ Scott, Joan W. (1996), “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en: Marta Lamas (Comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, México, pp. 265-302.

Igualdad. Compromiso con las mujeres mexiquenses Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza* El papel de la mujer desde las civilizaciones más antiguas de la historia, en su mayoría ha sido apocado y sin la menor valía de su persona en toda la expresión de la palabra, incluso en alguna época se dudo que tuviera alma (585 de A.C). Es así que en la Edad Media, se discutía incluso si las mujeres eran seres humanos, considerándoseles seres malignos. Es hasta que los reformadores del siglo XVI, rechazan estas premisas. En este vaivén de pensamientos y posturas que restaron a una vida armónica entre géneros, seguía el transcurrir en donde el único lugar en el que la mujer podía realizarse y existir como individuo, era dentro del contexto familiar. Por eso mismo, era costumbre que la mujer se casara joven, y que, una vez desposada, se ocupara de los deberes del hogar y la educación de los hijos y viviera dedicada a la maternidad y la felicidad del marido, circunstancia que encajaba perfectamente en los cánones; menospreciando el papel tan importante que jugaba la mujer, ya que era

responsable del hogar y de la educación de los niños. Desde la antigüedad, la mujer culta y dedicada a la vida profesional estaba vista como un ser indeseable, anormal y poco femenina. Es entonces que la mujer fue instruida con la formación de los buenos modales, eximiendo en si a la educación que propiamente corrompía; el pensamiento ilustrado establecía nuevos fundamentos para la convivencia: la igualdad de los seres humanos, la figura clave de J.J. Rousseau, en esta filosofía trato de justificar la exclusión de las mujeres de las esferas de la igualdad y la política por excelencia. (Ballarin, 2001:104) Surgieron así dos destinos sociales con dos modelos de educación uno para el hombre y otro para la mujer. El insipiente interés de la construcción de la historia social es opacado a la historia oficial por el silencio

Allois, L.A. Woman (2005)

*Diputada Local en la LVII Legislatura del Estado de México

sigiloso de las mujeres, pues en uno de los ensayos de Rousseau, Discurso sobre el origen y el fundamento de las desigualdades entre los hombres, omitió también las desigualdades de las mujeres que ni siquiera visibilizaba al género femenino y frente a la fría cultura racionalista y libresca propone en uno de sus obras más destacadas: Emilio o de la educación, dos estereotipos de modelos educacionales donde el niño Emilio participara activamente en la económica y la política y la de Sofía, su participación domestica. De esta forma, las funciones sociales se constituyen como ejes fundamentales de los dos espacios de la sociedad liberal burgués: el público y el privado. Para Rousseau, “una vez que se ha demostrado que el hombre y la mujer no están ni deben estar constituidos igual, ni de carácter ni de temperamento, se sigue que no deben tener la misma educación. (Rousseau, 1997:78) Anónimo, Arte Urbano (2009)

lo que respecta a la defensa de los derechos de la mujer, siendo su mayor premisa revirar la opinión contra la de Rousseau y de la mayoría de los ilustrados. Las mujeres estaban dotadas al igual que el hombre de una capacidad racional innata e innegable destacada Mary Wollstonecraft “Esforcémonos por fortalecer nuestras mentes mediante la reflexión hasta que nuestras cabezas sean el fiel de nuestros corazones”. Paralelamente en México y en específico en nuestro Estado Sor Juana Inés de la Cruz también se sumo a la lucha por el reconocimiento al derecho a la educación de las mujeres “No sólo le es lícito sino muy provechoso que la mujer que educa a los niños acceda a la educación”, llegando a ser reconocida Internacionalmente como una de las figuras más representativas de la literatura hispana, mujer adelantada a su época, La Décima Musa. Es así que cada acontecimiento histórico, político y cultural abría la brecha sigilosa para que la igualdad entre seres humanos sea hasta hoy un derecho inalienable e intrínseco. Alcanzando su reconocimiento con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y obligaciones; haciendo hincapié en materia de derechos humanos al reconocer que éstos son de carácter universal, es decir que corresponden a toda persona.

No cabe duda de que este pensamiento ha sido de gran inspiración tanto para la Revolución Francesa, en las cuestiones políticas, pedagógicas y en la literatura, así como en el movimiento del romanticismo del cual fue un gran precursor. A finales del siglo XVI se empieza a vislumbrar el término de igualdad entre mujeres y hombres, gestándose en la historia con una gran mujer llamada Mary Wollstonecraft que en su obra denominada Vindicación de los Derechos de la Mujer, constituye para su época un clásico en la genealogía que estableció un texto fundacional por

Si bien es cierto que se logró el reconocimiento de los derechos humanos, también lo es que surgió el movimiento internacional por el sufragio femenino, llevado a cabo por las llamadas sufragistas, fue un movimiento reformista social, económico y político que promovía la extensión del sufragio a las mujeres (el derecho a votar), una vez logrado este derecho se abogo por el <sufragio igual> (el derecho a votar), una vez logrado este derecho se abogo por el <sufragio igual> (el derecho a ser votadas) y posteriormente por el <sufragio universal> (abolición de la discriminación debida principalmente a la raza), ya que este último era considerado demasiado revolucionario. Es en la segunda mitad del siglo XIX, varios países y estados reconocieron un tipo de sufragio femenino restringido empezando por Australia del Sur en 1861. Los pensamientos enraigados de la nula igualdad entre mujeres y hombres recobraba

Leopoldo Flores, La Primera Mujer (2000)

sentido con los acontecimientos mundiales tales como la segunda guerra mundial, la liberación sexual, entre otros, dando cabida a los derechos como a la ciudadanía y el derecho de votar y ser votadas. Con el avance en los Organismos Internacionales a través de sus instrumentos que establecen compromisos y recomendaciones se promueve la igualdad de género y la autonomía de la mujer. La igualdad entre mujeres y hombres se establece así como un principio universal en nuestro país apenas en el siglo reciente pasado apoyando así la proclama a los derechos humanos siendo el más digno, convocando las libertades de nacer libres, iguales y en dignidad de derechos, así como lo establece la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4. Que a la letra dice “el varón y la mujer son iguales ante la ley” El Estado de México es uno de los Estados mosaicos social y culturalmente hablando, el más poblado con un aproximado de 15,00000 000 habitantes, representado en su mayoría por mujeres con el 52%, según los resultados definitivos de INEGI publicados en el Conteo de Población y vivienda, Estado de México, 2005 y; también de acuerdo a los datos del CONAPO en sus Proyecciones de la población 2005-2030. La igualdad en nuestro Estado constituyen los principios rectores de nuestro partido, el PRI, mismo que ha impulsado la obtención de la ciudadanía a través de su reconocimiento del sufragio femenino en el año de 1953 [17 de Octubre]. Nuestro Grupo Parlamentario ha hecho lo propio con la iniciativa y aprobación de la ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de México y contribuye a una verdadera perspectiva de género e igualdad. Siguiendo el ejemplo de nuestro primer priísta del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, quien firmó la adhesión al Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, siendo esta una premisa de protección y un compromiso con las mujeres mexiquenses.

El compromiso sin duda del Grupo Parlamentario del PRI en esta LVII Legislatura del Estrado de México será defender la condición de la mujer, fortaleciendo los lazos de igualdad a través de leyes que coadyuven y sean sensibles en materia de equidad y género, en la trinchera más modesta y el espacio más vasto que permita construir una sociedad más justa e igualitaria para que a las generaciones presentes y futuras se les respete en su individualidad y en lo colectivo y así disminuir la violencia y la discriminación.

BIBLIOGRAFÍA Agacinski, Sylviane, (1998), Política de sexos, Taurus, España. Amorós, Celia, (1994), Feminismo: igualdad y diferencia, PUEG/UNAM, México. Ballarin P. (2001), La educación de las mujeres en la España contemporánea. Burin, Mabel,y Meler, Irene, (1999). Género y familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad, Paidós, Buenos Aires. Comas d´ Argemeir, Dolors, (1995). Trabajo, género, cultura: La construcción de desigualdades entre hombres y mujeres, ICARIA, Institut Catala d´ Antropología . Cárdenas, Lucila, coord., (2008) Diversidad, equidad y ciudadanía, UAEM, México. Rousseau, Jean Jacques, (1997), Emilio o de la Educación, Madrid, Alianza. IGECE con base en los resultados definitivos de INEGI. Conteo de Población y vivienda, Estado de México, 2005 CONAPO. Proyecciones de la población 20052030.

Gaveta Cultural

Lijphart: La democracia consensual y el gobierno eficiente Paola Andrade Salazar* Lucrecio ya había dado cuenta de la inmanencia del poder político, siglos después, Thomas Hobbes asume que la inmanencia entraña el conflicto de las apetencias diversas encarnadas en el hombre y que la única manera de limitarlas y darles forma política es mediante el entendimiento contractual: el pacto estatal. Hoy en México, en el Año del Bicentenario, existen diversas posiciones sobre la forma de gobierno. Un texto fundamental para abordar el debate mexicano es el escrito por el profesor de la Universidad de Yale, Arendt Lijphart,

ncontrar la fórmula ideal de gobierno, hallar un estado que resista la corrosión del tiempo, limite la hybris de la violencia de todos contra uno, ofrezca duración a los actos humanos y conjure el olvido oscuro de la muerte, ha sido la tarea civilizatoria de la filosofía política en Occidente. Al decantarse la filosofía en formas de pensamiento científico, la filosofía política queda como una incubadora de utopías; el estado ideal es improbable. El hombre tiene que hacerse de la cuestión fundamental de su destino, de su violencia y de sus acciones. Decidir es el rasgo básico de la condición humana. El diálogo y la responsabilidad son sus modalidades éticas en un mundo sin trascendencia absoluta.

*Politóloga y Coordinadora de Análisis e Información Política en la Secretaria General del CDE PRI en el Estado de México.

Modelos de Democracia. Formas de gobierno en treinta y seis países. Lijphart es contundente: “En principio, existen muchas formas de gobernar una democracia”. No hay un modelo recomendable para todos los casos, un canon democrático ideal que resuelva todos los problemas de diseño institucional y desajustes estructurales propios de cada país. En Modelos de Democracia encontramos un ambicioso ejercicio de política comparada construido a través de dos dimensiones analíticas: la dimensión ejecutivos-partidos políticos y la dimensión federal-unitaria; ambas permiten situar las características de cada gobierno estudiado. Al analizarlos y compararlos, Lijphart encuentra que los entramados institucionales complejos con mayor cohesión, flexibilidad, coherencia y adaptabilidad presentan las siguientes características: multipartidismo con coaliciones legislativas, equilibrios de poder entre ejecutivo-legislativo, pluralismo competitivo, federalismo descentralizado, procesos legislativos con votación de mayoría simple, revisión de un tribunal constitucional de las leyes aprobadas y poder legislativo bicamaral. El indicador para medir la eficacia institucional del modelo es la estabilidad política. México tiene un diseño institucional de democracia consensual funcional, permite los acuerdos, el pluralismo, la competencia electoral y la renovación periódica del poder político. La construcción del entramado llevó cerca de tres décadas, iniciando el proceso con Don Jesús Reyes Heroles. El déficit de eficacia del Estado mexicano está en otro lado, en la parte estructural, en el desempeño del gobierno federal, en la ausencia de planeación política de largo plazo, en la incapacidad para administrar la crisis económica global. El costo social de las malas decisiones es muy alto. La taza de desempleo, la caída en la inversión pública, el aumento en la pobreza; son algunos indicadores sociales del desastre. La prioridad debe ser consolidar la democracia en su parte social, en generar bienestar para todos, en pensar nuestro sistema educativo en la sociedad del conocimiento, en imaginar nuevos esquemas de producción sustentable, en innovar los mercados, en ser competitivos, en fomentar la actividad empresarial en las regiones del país, en ser simplemente mejores como personas y como Nación. Liphart, Arend Modelos de Democracia. Formas de gobierno en treinta y seis países, Ariel Ciencia Política, Barcelona 2000.

La migración: La perspectiva mexiquense Rocío González Orihuela*

l trabajo presentado en M i g r a c i ó n , Democracia y Desarrollo, La experiencia Mexiquense, tiene como característica principal, la de ser un instrumento conglomerador de esfuerzos realizados por especialistas y gente comprometida con el fenómeno migratorio.

El compendio de investigaciones recabadas en este libro, giran en torno a cuatro ejes primordiales, los cuales forman un capitulo, cada uno: a) Política y democracia: Comunidades transnacionales, derechos y democracia. Relevancia para el Estado de México; b) Programas públicos e instituciones: Migración, gobierno y prácticas institucionales; c) Economía y desarrollo: Características socioeconómicas y demográficas de las comunidades de migrantes; d) Cultura e identidad: Cultura, identidad y procesos comunitarios en la migración mexiquense. Es de resaltar la manera en como cada uno de los ejercicios académicos plasmados en la obra, enriquece el tema a nivel local, sin dejar de lado su conexión transnacional. Esto supone una descripción multidimensional de las causas, consecuencias e implicaciones de corte social, político y económico que son inherentes al tema migratorio en el Estado de México.

*Coordinadora de Atención a Migrantes del CDE PRI en el Estado de México

En cuanto a la forma, los capítulos son abordados desde una óptica académica en combinación con un enfoque de divulgación dirigido al público en general, lo cual representa una lectura asequible a lectores interesados en el tema, sin la rigurosa necesidad de ser expertos en el fenómeno migratorio o las ciencias sociales. De esta manera, nos encontramos con un texto que proporciona información pertinente, y que permite al lector dimensionar apropiadamente la importancia y las implicaciones de la migración hacia Estados Unidos por parte de los migrantes mexiquenses. Las aportaciones construidas desde los estudios de caso llevados a cabo en diversos municipios, acarrean de manera explicita una perspectiva documental y de archivo, mientras que desarrolla de manera implícita, la pertinencia de insistir en todo momento en el reposicionamiento del tema migratorio dentro de la agenda pública del Estado. En suma, los temas presentados a lo largo del libro, abordan: los aspectos organizacionales de los migrantes para defender sus derechos; el arraigo y el compromiso con sus comunidades de origen; las propuestas para invertir y dar seguimiento a sus aportaciones (remesas); los problemas de salud que afectan a los migrantes; y los procesos culturales que experimentan. Por todo ello, la finalidad didáctica del libro es la de contribuir a que los lectores puedan tener una panorámica general de la migración mexiquense a Estados Unidos, permitiendo el cruzamiento de sus propias conjeturas, criterios, preguntas y escenarios sobre el devenir del fenómeno, y su relación con el Estado y la sociedad mexiquense.

Migración, Democracia y Desarrollo, La experiencia mexiquense. Norma Baca Tavira Francisco Herrera Tapia Rocío González Orihuela COORDINADORES Coedición. Instituto Electoral del Estado de México – PRI Estado de México Primera edición, septiembre de 2009 México.

Comité Estatal Editorial y de Divulgación Órgano Teórico del PRI Estado de México