Opuesto Pierluisi a la nueva medida sobre el aborto

El gobernador expresó que no favorece el proyecto radicado por tres representantes del PNP

Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com @Yaritzaclemente

Aunque se desconoce si el próximo martes, durante los trabajos de la sesión de la Cámara de Representantes, se solicitará el retiro de la medida que propone castigar con 25 años de cárcel a las mujeres que aborten, ya el gobernador Pedro Pierluisi rechazó la legislación que ha levantado un mar de críticas.

“No tiene futuro el proyecto en la Asamblea Legislativa y me agrada que sea así porque me parece que está totalmente fuera de proporción el estar hablando de encarcelar mujeres por terminar embarazos”, expresó el gobernador a preguntas de EL VOCERO en una conferencia de prensa donde se informó sobre el préstamo millonario que el gobierno le otorgó a la Industria Lechera de Puerto Rico Inc., para renovar y modernizar su planta procesadora de leche.

El Proyecto de la Cámara 1644 fue radicado el 28 de febrero, por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Er Yazzer Morales Díaz, con el propósito de enmendar la Ley 146-2012 del Código Penal, para “brindar la mayor protección a la vida del ‘nasciturus’ y de su madre gestante”.

A juicio del gobernador, el aborto es un asunto que se puede atender con reglamentación o “prohibiciones en ciertos momentos de los embarazos”, aunque no especificó cuáles.

“Pero estar hablando de encarcelar mujeres, o sea, no cuenta con mi apoyo en lo más mínimo”, recalcó Pierluisi, quien espera que la medida sea retirada.

Cuando se le preguntó si coincidía con las expresiones hechas por legisladores de que la medida se radicó porque el PNP intenta “pescar” votos del sector conservador, el mandatario respondió que no estaba al tanto “de este tipo de motivación”.

“Mi percepción es que no hay apoyo para estar hablando de encarcelar mujeres”, insistió.

Ayer, Román López no respondió las llamadas de este medio, pero el jueves adelantó en NotiUno 630 que la medida sería retirada y que presentarían una nueva versión porque hubo un error cuando se radicó.

Sostuvo que se “traspapeló” y se presentó la pieza con 25 años de cárcel, en vez de la legislación que estipulaba 5 años de reclusión.

Llegará al Supremo

Ayer fue la primera aparición pública de Pierluisi tras su viaje oficial a México y anticipó que el pleito legal para anular la Ley 412022 —que enmendaba la reforma laboral— seguirá con una solicitud de revisión ante el Tribunal

Supremo de Estados Unidos.

Hace una semana, la jueza federal Laura Taylor Swain declaró nula la ley y señaló que el gobierno no entregó información sobre el impacto fiscal de la medida.

“La jueza entiende que no se cumplió con todos los requisitos de (la Ley) Promesa, pero déjenme ser claro. Primero que nada, aquí se sometió la certificación exigida en Promesa”, aseguró Pierluisi al referirse al documento que establece que el proyecto de enmiendas a la reforma laboral “no era significativamente inconsistente con el plan fiscal”.

Añadió que tanto el Departamento de Hacienda como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) certificaron que la ley no tenía un impacto fiscal significativo y que sometieron un estudio sobre el impacto macroeconómico del estatuto.

Indicó que su administración está en “pie de lucha” para cuestionar y litigar varias cosas, comenzando con que la ley “no tiene absolutamente nada que ver con los gastos o ingresos del gobierno”.

“Es una medida dirigida ex-

Pedro Pierluisi

clusivamente al sector privado de nuestra economía”, defendió.

Pierluisi apuntó a que la junta fiscal no hizo el esfuerzo de justificar la decisión en este caso.

“Nunca (la junta) ha dicho que tiene un impacto negativo en la economía y demás”, planteó Pierluisi.

Indicó que desde que firmó la ley, el empleo, los recaudos y la economía del País han crecido sostenidamente.

“Los hechos comprueban que teníamos y todavía tenemos la razón. ¿Dónde va a acabar esto? Va a acabar en una solicitud de revisión al Tribunal Supremo de Estados Unidos”, adelantó.

Afirmó que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) somete ante la junta los informes de impacto fiscal que tienen las medidas aprobadas en la Legislatura.

“La junta hay veces que recibe informes, no es de su agrado y pide otro informe”, puntualizó.

“Se pasan pidiendo informes y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir con sus requerimientos, pero llega el momento en que uno dice ya, y entonces uno toma una decisión... Yo puedo respetar las decisiones de la junta, incluyendo las que difiero de ellas, pues también reclamo un respeto a la gestión de nuestra agencia fiscal que ha hecho una labor encomiable”, señaló.

Pierluisi catalogó de “insensibilidad total” que haya patronos que quieran recobrar el pago del bono de Navidad a los empleados que lo recibieron como parte de la implementación de la Ley 41.

“La Ley estaba en pleno vigor y ahora vamos a la apelación. Ese es la situación desde el punto de vista legal”, concluyó.