Byron Andino Veloz
28-01-2013
La esclavitud moderna es invisible ante los ojos indígenas “…Debido a estas determinaciones todos los países cuyas poblaciones son en su mayoría víctimas de relaciones ‘racista/etnicistas’ de poder, no han logrado salir de la “periferia colonial” en la disputa por el ‘desarrollo’ ”(QUIJANO, 2000, p.375 Un problema que va más allá de la explotación. Categorizado como el segundo delito que mueve más dinero en el mundo, la trata de personas se ha expandido en territorios de Ecuador. Este delito se mantiene al conocer que los humanos pueden ser intercambiados una y otra vez. Es peor que otros negocios ilícitos de venta de drogas y armas que acaban con una sola transacción. La situación se hace compleja al saber que uno de los grupos más afectados de este fenómeno es el indígena. Los cambios culturales que se originan a partir de este negocio ilícito son sorprendentes al provocar que hasta se perjudique conscientemente a un mismo “hermano de comunidad” haciéndolo que forme parte de esta red para aprovecharlo y así conseguir dinero. Una modernidad periférica se produce en esta situación, al entrometerse el sentido de ganar grandes cantidades de dinero para consumo de los delincuentes. La cultura propia de la comunidad se distorsiona, los grandes lujos tecnológicos y materiales los seducen sin importar que otros sean explotados. En el mundo, las estadísticas son alarmantes: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa que “existe cerca de 2.4 millones de víctimas de trata de personas a nivel mundial, de entre las cuales, 43% serían víctimas de trata con fines de explotación sexual, 32% serían víctimas de trata con fines de explotación laboral y 25% se pueden incluir en ambas categorías ” (OMM, 2006) La trata de personas es concebida en el artículo 190.2 del Código Penal vigente: “Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. Para efectos de esta infracción se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados, o reclutamiento para fines delictuosos.” La trata de personas tiene tres etapas: la captación, el traslado y la explotación de la víctima. Carlos Martínez, presidente de la Fundación Amauta, menciona un posible origen de esta situación en Chimborazo, una de las provincias más afectadas por este delito: “Desde hacer treinta años
atrás, la trata se ha venido haciendo como una especie de cultura en nuestros pueblos indígenas y aún sigue vigente, se siguen yendo”. Las condiciones históricas de Ecuador reflejan su realidad en cifras: Siete de cada diez niños trabajadores residen en el área rural. (INEC, 2006). El grupo periférico en este caso es la población rural de Chimborazo, que es el 58% del total de personas de la provincia (Censo 2010). Los captores se aprovechan de esto en la Sierra- centro, donde se lleva gente para explotación laboral y la mendicidad. Colta y Guamote son dos cantones de Chimborazo considerados como ‘foco’ de este delito, pues presentan mayores cantidades de casos de trata. Las condiciones económicas, culturales, educativas no son buenas en estos lugares: Colta presenta un porcentaje de analfabetismo del 26,71% y de 77,40% en pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas; mientras que Guamote tiene un 20,14% de analfabetismo con 93,3% de necesidades básicas insatisfechas (CANDO, 2012). El director de Fundación Amauta también indica que la deserción de escuelas y colegios se incrementa. Esto provoca que aún más la población quede alejada del capital social y económico que se establece en las sociedades dependientes de un sistema económico capitalista. También la geopolítica hegemónica tradicional permitió el descuido de estas poblaciones, y su posterior perjuicio por su desatención y el incumplimiento de sus derechos. El problema en este caso es que mucha gente reside lejos de los centros de las grandes poblaciones, concentrándose en medio de los páramos, en el campo lejos de juzgados, de la policía y las autoridades que son quienes debieron atender las necesidades de sus pobladores en un fácil alcance. Así el status quo se conserva y las poblaciones indígenas se mantienen relegadas por las élites sociales, con herencia de esto desde hace mucho tiempo: “También es el elemento clave de un modelo hegemónico y global del poder instaurado desde la conquista que articula raza y labor, espacio y gente, de acuerdo con las necesidades del capital y para el beneficio de los blancos” (WALSH, p. 187). El producto de estas medidas perjudiciales dieron como resultado que cualquier ingreso de dinero que se obtenga para las familias indígenas representa mucho para su subsistencia, ya que la mayoría de familias viven en miseria o marginación: “Que no solo se reconoce que las víctimas han caído en manos de tratantes, sino que las inscribe en un orden económico global específico y contextos sociales prevalecientes, considerando además la existencia de una demanda y oferta de personas que propicia el delito” (FLACSO, 2012). “Ellos vinieron a ofrecer trabajo…”. “Los nuevos dueños nos encontraban allá…”. “Yo me levantaba a las cuatro de la madrugada, me acostaba diez u once de la noche”. Son los testimonios que se recogieron en el reportaje que realizó Tomás Nieto hace algunos años, cuando niños, niñas y adolescentes de las poblaciones de Chimborazo eran captados para ser explotados en Colombia y Venezuela.
Carlos Martínez, presidente Fundación Amauta, indicó que para conseguir a las víctimas existía un acuerdo previo; o en algunos casos las víctimas eran raptadas directamente. De esta forma se establece el modus operandi de las redes organizadas quienes actuarán en las tres etapas mencionadas anteriormente. La primera es la fundamental para los delincuentes ya que deben conseguir a la víctima, hasta ahora se han detectado tres formas de captación en estos lugares. La primera es mediante el rapto o secuestro de la víctima. Varios niños, niñas y adolescentes han sido raptados en la calle o en lugares de concentración masiva de personas, por ejemplo en los mercados donde generalmente las víctimas salen a vender los productos que traen a la ciudad desde las zonas rurales. En el reportaje de Tomás Nieto se recoge un testimonio del padre de una chica que fue secuestrada mientras vendía hortalizas en el mercado, luego la llevaron a Colombia para ser explotada laboralmente: “Algunos me dicen que por falta de plata he de haber mandado. No es eso, aunque soy pobre, pero siempre he cuidado a mis hijos”. Esta declaración sustenta lo que Max Webber (1991) denomina “tradicionalismo por naturaleza, es decir, la aspiración del individuo no es ganar más y más dinero, sino continuar su existencia pura y llanamente como siempre lo hizo, obteniendo sólo lo necesario para pagar sus gastos” (p.31). Este delito trae una afectación psicológica y cultural hacia la familia de la víctima, todo sucede mientras esta población vulnerable trabaja para ayudar en el sustento económico de la familia por los bajos recursos que poseen. La segunda forma es mediante la captación directa de la víctima. Esto implica el convencimiento o engaño, se le ofrece un salario por ir a trabajar, vivienda, y otras cosas que ilusionan al perjudicado. Aquí se acude al convencimiento e ilusión de la persona, se rompe aquel “tradicionalismo por naturaleza” mediante el hiperindividualismo, que le asegurará su bienestar material mediante la obtención del salario. Como reflejamos anteriormente, las víctimas mencionaban a “su dueño”, asumiendo por sí mismos su rol de objeto, o sobjeto al atribuirle características de una cosa que puede ser manipulada a libre discreción, en este caso por sus captores (Verdú, 2007). La tercera forma de captación se realiza mediante la autorización o consentimiento de los padres de los menores de edad. En esta situación se producen los “padrinazgos” (falsa amistad de los delincuentes con los padres de la víctima), diciendo que van a ayudar a los menores llevándolos al médico, dándoles la comida y vivienda necesaria para que ellos estén bien, todo aquello mientras los niños, niñas y adolescentes les ayuden en supuestos trabajos. El nivel socio-económico de los afectados era “medio–bajo”. La fiscal Paola Gallardo indicó que generalmente “son familias con seis, siete hijos que no tienen cómo mantenerlos, educarlos”.
En la actualidad, la imagen de niños trabajando o pidiendo caridad se ha vuelto normal para muchos, por lo que se ha desensibilizado este fenómeno en la sociedad manteniendo nuestras mentes quietas y sin actuar ante las injusticias sociales provocadas por el sistema imperante. Año a año se han venido denunciando estos casos en Chimborazo, de las cuales ya se ha podido determinar un monto promedio de cuánto se ofrece por los niños, niñas y adolescentes. El presidente Fundación Amauta en Chimborazo expresa: “Está más o menos establecido una tarifa entre 800 a 1200 dólares, que es el monto anual que se promete pagar”. En otras culturas y contextos se obtienen concepciones distintas de las cosas, según eso se valora, o juzga los acontecimientos: “Algunas culturas hacen más hincapié en la moral, los valores, la personalidad, la inteligencia, la bondad, la cohesión social, los buenos modales o competencias básicas necesarias en la vida cotidiana, como la cocina o la carpintería” (Hakim, 2012, p.43). Más aún se reproduce este fenómeno si la concepción cultural del pueblo indígena ha visto al trabajo de niños, niñas y adolescentes como algo bueno porque ayudan a la subsistencia de la familia. El trabajo es concebido como una etapa de preparación para su vida en la adultez: “Desde muy temprano las niñas y los niños indígenas adquieren responsabilidades en el ámbito familiar. Incluyendo responsabilidades en el hogar y en el terreno productivo como puede ser el cuidado de animales menores” (García Fernando en Morsolín Cristiano, 2010, p.63). Es por eso que no se denuncia a los delincuentes, afirma Carlos Martínez, presidente Fundación Amauta: “Más de mil casos de niños que no han sido resueltos, y los padres no quieren denunciar”. De esto se aprovechan los captores, quienes acuden a esta población vulnerable, incluso no se les denuncia por explotar a sus hijos, sino que hay casos en que se los ha denunciado por estafa, ya que los captores no les pagaban la cantidad que ofrecieron. Es ahí cuando estas denuncias se las trasladaban a que se siga el caso en las fiscalías especializadas contra redes organizadas. La cosmovisión indígena tiene una connotación muy distinta a la entendida en la cultura mestiza y occidental, donde es visto como una violación de derechos. Esto se refleja en los convenios y planes nacionales e internacionales contra el trabajo infantil: “Combatiendo las Peores Formas de Trabajo Infantil en Ecuador”; “Apoyo al Programa de Duración Determinada para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en Ecuador (OIT)”, entre otras. Es en este punto donde los pueblos y comunidades indígenas deben asumir el sentido de interculturalidad en el pensamiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que deberían cambiar su concepción de no denunciar aquellos tratos con los delincuentes, con una idea de que el trabajo es bueno para los niños. Así podrían dar un paso para evitar que gente dedicada a estos actos delincuenciales se aprovechen de su concepción acerca de este tema.
“Como concepto y práctica, proceso y proyecto, la interculturalidad significa –en su forma más general- el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. (WALSH, 2009, p.41) Es así que la interculturalidad debería abrir paso al mundo occidental en este sentido, para permitir un aprendizaje mutuo en cuanto a esta situación y así resolver estos problemas. Además, el mismo cambio de concepción permitiría el mejoramiento de calidad de vida de quienes podrían ser objeto de este delito, para evitarlo deberían acudir a propuestas y luchas sociales para que se les entregue mayor atención por ser un grupo vulnerable, y así no unirse ni caer en las trampas del sistema delictivo. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un con-vivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad” (WALSH, 2009, p.41) En el ámbito judicial ordinario que ha existido en Ecuador se debe tomar consideraciones al momento de la resolución del caso y de saber a quién se sancionará como culpable. Las sentencias no deberían ser siempre contra los padres, sino contra los captadores que se aprovechan de las condiciones socio-culturales antes expuestas. Esto sucedió en el caso “Chito”, que trasladaba a niños, niñas y adolescentes –vía terrestre- hacia Venezuela para su posterior explotación. “Con las primeras migraciones a Venezuela y Colombia se fueron tejiendo redes sociales que dieron paso a que se materialicen ciertas prácticas de trabajo, a través del traslado de NNA (niños, niñas y adolescentes), que provocaron una época de cambios y transformaciones para las familias y las comunidades de origen”. (Fundación Amauta, 2011) Las consecuencias culturales a las que se refiere se muestran en la población perjudicada, y en los mismos delincuentes. Este caso se lo puede mostrar con el ejemplo del reportaje de investigación de Tomás Nieto: “-Periodista: Visitamos un pequeño pueblo que no parece tan pobre, pero sí abandonado. Todas las casas lucían abandonadas, las calles vacías. Dicen que la mayoría de pobladores viven en Colombia y Venezuela, principales destinos de las víctimas de trata de personas. Las pocas personas que encontrarnos rechazaban nuestra presencia como si algo se estaba ocultando.
Lo más insólito, es que quienes presuntamente están detrás de este oscuro negocio, son indígenas de la misma raza, quienes gozan de poder económico producto de industrias montadas en países en el extranjero, como Venezuela. -Dr. Napoleón Morales, Defensoría del Pueblo Imbabura: Siendo de la misma raza, que actúen en vista de que tienen dinero explotando a sus hermanos, a sus hermanas, eso nos parece muy mal. -Dra. Paola Gallardo, Fiscal de Delitos de Trata: Hay personas que ya se conocen que se dedican a esto, entonces las personas que quieren de algún modo buscar una superación en su vida muy equivocadamente, van se acercan y piden ser llevados” (Tomás Nieto, 2009). Las ganancias materiales de este caso dan como resultado la variación de valores de la comunión entre pobladores de un mismo lugar, al sentirse con placer con el dinero que obtienen de los ingresos de su aprovechamiento con sus propios “hermanos de comunidad”, indígenas explotando a indígenas: “Pero es la transformación de los estilos de vida unida a la revolución del consumo lo que ha permitido ese desarrollo de los derechos y deseos del individuo, esa mutación en el orden de los valores individualistas” (LIPOVETSKY, 2007, 8). Este individualismo que se refleja en el afán y codicia por aglutinar dinero no tiene límites, la mentalidad de solidaridad se anula y se lo convierte a una forma de empresa ilegal de explotación de niños, niñas y adolescentes, además del deseo de mostrar su “progreso” y bonanza económica por medio de estos actos: Un gran desfile automotor llena la comunidad en épocas de carnaval. Misteriosamente “el pueblo que lucía deshabitado y abandonado” hace unos meses, era en ese momento el lugar donde los más lujosos vehículos llegaban: Hummer, Toyota Prado, Nissan Fortuner, y otros autos que en Ecuador superarían los $40.000 en su valor. Las placas de los vehículos eran de Venezuela, lugar destino de las víctimas de trata de niños, niñas y adolescentes. Esto sobrepasa a aquellos delitos que se suelen decir que se cometen “por necesidad”. Ahora esto se convierte en una empresa ilegal donde se buscan el lucro y no “las ganancias para satisfacción de necesidades” (Webber, 1991, p.34). ¿Y el Estado? Si se ha manifestado que este problema viene desde hace décadas atrás, entonces no se ha dado la atención necesaria a este delito, ni a las circunstancias del contexto de la mayoría de víctimas. Los gobiernos tradicionalmente han descuidado el sector público del país, y no se ha dado mayor importancia a estos problemas. En la parte legal, recién desde el año 2005 se tipifica a la trata de personas como un delito, antes de eso se podía encontrar al culpable, tener todas las pruebas, pero no se lo podía juzgar rígidamente por no existir este tipo legal. Además ha habido falencia en el sistema de protección de víctimas, y en la falta de denuncias por parte de la ciudadanía ya que –por una parte- tienen
temor, y no conocen acerca de esta violación de derechos que lleva en sí la privación de libertad, el traslado involuntario o encierro, y la explotación laboral o sexual de la víctima. Los jueces también han descuidado los juicios, por ejemplo el caso “A. Chito”, quien fue liberado por el juez. El juez dijo que no quería inculpar al detenido porque eran personas “ingenuas, ignorantes”. Parece que el juez no investigó al acusado, pues el implicado tenía cinco bienes en Ecuador, y en su informe de avalúo y catastro, registro propiedades valoradas con cerca de $260.000. A este implicado también lo detuvieron en Venezuela por tener que ver en el proceso. ¿Una persona humilde de una comunidad de dónde saca tantos recursos y bienes? En la parte institucional del Estado se dieron avances en los últimos años para la creación de instancias que se dediquen especialmente a este fenómeno. Incluso se ha elaborado el Plan Nacional Anti trata que incluye a 19 instituciones. En Chimborazo, DINAPEN no tiene articulación con Fiscalía, es decir que no existe una sistematización de la información de este problema en la provincia. Además que las autoridades, agentes y funcionarios tienen poco conocimiento sobre trata. Además de 18 noticias de trata para Fiscalía, sin sentencias condenatorias, expresa un informe de la Oficina contra las drogas y el delito (ONU, 2012). Algo que realmente ha preocupado a los sectores que tienen que ver en el estudio de la trata de personas, ha sido el presupuesto que se le ha asignado a la Unidad Anti trata del Ministerio del Interior (órgano rector que investiga a nivel nacional el delito), pues solo se le han otorgado $10.000, con lo que no se ha hecho nada, manifestaron miembros del ministerio del Interior. Esto refleja que ha habido cierta atención al problema, pero no la necesaria, ni tampoco se ha logrado equiparar las condiciones de los indígenas para que este delito disminuya: “El problema es que ahora estamos juntos, pero de espaldas”, manifiesta Walsh (2009), para lo que haría fala aquella acción afirmativa –no solo en concursos o en cuestiones de participación- sino en verdaderos cambios para lograr justicia histórica y social por el perjuicio que ha tenido la gente. La Constitución de Ecuador ampara esta forma de distribución de la riqueza para ayudar en los problemas causados: Art. 85 inciso 3 “El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación, y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Todos los argumentos han indicado que aún existe un desequilibrio en las formas sociales de relación, entre mestizos, blancos, negros, indígenas, en relación a temas de desarrollo e igualdad de condiciones sociales, económicas, entre otras. En este caso, es necesario repetir una frase que se refiere a la situación de las poblaciones indígenas y su tratamiento en la sociedad, lo que Aníbal Quijano menciona:
“Debido a estas determinaciones todos los países cuyas poblaciones son en su mayoría víctimas de relaciones “racista/etnicistas” de poder, no han logrado salir de la “periferia colonial” en la disputa por el “desarrollo”. Y los países que han llegado a incorporarse al “centro” o están en camino hacia allí, son aquellos cuyas sociedades o no tienen relaciones de colonialidad (…)” (QUIJANO, 2000, p.375) La trata de personas reproduce la desigualdad social, al aprovecharse de los indígenas que habitan en zonas rurales por las malas condiciones en que aún se desarrollan y que impiden que ellos se presten para continuar con este delito. Los daños culturales también son visibles, el caso de la provincia de Chimborazo muestra el alcance de esta modernidad periférica que corren hacia su felicidad paradójica basada en el consumo y acumulación de bienes materiales a cambio de la destrucción cultural y social de la comunidad indígena.
REFERENCIAS ASAMBLEA CONSTITUYENTE (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador. Editorial Jurídica ASAMBLEA NACIONAL. (2011). Código Penal. Quito, Ecuador. Lexis CANDO, D. (2012). Diagnóstico sobre la trata de personas en los cantones Colta y Guamote, provincia de Chimborazo. Quito, Ecuador: Flacso HAKIM, C. (2012). Capital Erótico: El poder de fascinar a los demás. Barcelona, España: Debate INEC (2006). Encuesta Nacional del trabajo infantil. Ecuador: Inec LIPOVETSKY G. (2007). La era del vacío. Barcelona, España: Anagrama. MORSOLÍN, CRISTIANO (2010). En deuda con los derechos. Diferentes miradas sobre trabajo infantil, explotación, derechos y ciudadanía activa de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. Quito NIETO, T. (2009). Reportaje Trata de Personas. Quito, Ecuador: La Televisión OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2012).Estudio sobre el estado de trata de personas en Ecuador. Lima-Perú: Mix negociaciones SAC ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LAS MIGRACIONES (2006). Programa contra la trata de personas. Quito, Ecuador. QUIJANO, A. (2002). Festschrift for Immanuel Wallerstein: Colonialidad del poder y clasificación social. California, EE.UU. Global hegemonics. VERDÚ, V. (2007). Yo y tú, objetos de lujo. Barcelona, España: DeBOLSILLO
WALSH, C. (2009). Interculturalidad, Estado y Sociedad. Quito, Ecuador. Ediciones Abya-Yala WALSH, C. (2008). Estado plurinacional e interculturalidad: complementariedad y complicidad hacia el “buen vivir”. Quito, Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. WEBER, M. (1991). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tlahuapán, México. Premiá editora de libros