Congreso aprueba decreto a favor de Bomberos Municipales

Giovanni Pérez Redacción

El Pleno del Legislativo autorizó la exoneración de tributo para la compra de dos motobombas para uso de cuerpos de socorro. Ello, por medio de la aprobación del Decreto 4-2023, Ley para la Exención de Impuestos para las Asociaciones de Bomberos Municipales.

La normativa, avalada con el voto de 124 diputados, reforma el Decreto 1-2020 del Congreso de la República, que permitía a la citada entidad no pagar el gravamen, pero por error en el número de serie en el chasis de uno de los vehículos no se pudo completar la adquisición.

El Decreto exonera del impuesto al valor agregado (IVA) y derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que efectúe el Cuerpo de Bomberos Municipales y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd).

La ley se originó con la iniciativa presentada en enero por la Junta Directiva del Legislativo. Esta proponía que los vehículos modelo 2013 serán adquiridos por los bomberos para atender a la población en la ciudad de Guatemala.

La medida puede ser aplicada por un plazo de cinco años a partir de la vigencia de la norma. Asimismo, se faculta a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la fiscalización respectiva.

De acuerdo con información del Legislativo, próximamente presentarán un proyecto de ley, el cual establece que los beneficios para la mencionada población infantil, que actualmente es de 0 a 7 años, se amplíe hasta los 14.

Carlos Franco, subgerente del Departamento de Planificación, y Edwin García, encar- gado de Estadística, ambos del IGSS, explicaron que para hacer posible el mencionado objetivo será necesario contratar a más pediatras, así como adquirir medicamentos adicionales y aumentar los espacios físicos. Según los informes presentados en el Legislativo, más de 1.6 millones de niños de 0 a 7 años están inscritos en las diferentes clínicas del Seguro Social, por lo que, de aumentar la cobertura hasta los 14 años, el número podría llegar a 3 millones. De acuerdo con los parlamentarios, la propuesta inicial es elevar el rango de edad a los 14 años, pero existe la posibilidad de que sea hasta los 12, que son los de la etapa escolar.

Gobierno y consejos ejecutaron 104 obras en Santa Rosa

Redacción

El progreso de miles de familias de Santa Rosa se ve reflejado con más de 104 proyectos. Estas iniciativas fueron impulsadas el año pasado en coordinación con el Gobierno y los diferentes consejos de desarrollo.

Encabezados por el Presidente de la República, los ministros y secretarios visitaron cada departamento del país en 2022, entre ellos el aludido para conocer de primera mano las necesidades imperantes.

Durante las giras, las autoridades comunitarias y municipales, así como los consejos de desarrollo analizaron la situación socioeconómica de sus localidades, en este caso, Santa Rosa. Luego de los estudios y discusiones, el mandatario giró instrucciones para implementar programas y proyectos, en respuesta a las necesidades identificadas.

De esa cuenta, el mencionado departamento recibió planes en materia de educación, infraestructura, agua y saneamiento, salud y seguridad, entre otros. Estas acciones fueron consensuadas con los diferentes sectores locales, para garantizar la eficiencia y calidad de las obras.

La atención también llegó a los sectores vulnerables de la población, como las personas de la tercera edad y la niñez con desnutrición, a quienes se les proporcionó programas de apoyo, entre los que se mencionan aporte económico, alimentación y jornadas integrales de salud y nutrición.

También se tomó en cuenta a las familias campesinas que carecían de tierras, a las que se les concedió subsidios y créditos, a fin de que emprendieran actividades productivas en los terrenos, sin riesgo de caer en ilegalidades.

Coyuntura

y disCapaCidad

Estrategia de seguridad suma apoyos y resultados l respaldo ofrecido por la comisión de Gobernación del Congreso de la República a las estrategias de seguridad ciudadana que impulsa el Organismo Ejecutivo puede tener varias interpretaciones, aunque todas positivas.El apoyo de los congresistas surge luego de que las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) les presentaran los planes de seguridad 2023, así como los resultados que estos han generado en beneficio de la población guatemalteca.

La reacción de los diputados evidencia su convencimiento de que el trabajo va bien encaminado, como lo muestran los avances que se han alcanzado, en especial, en la Transformación Policial, un proyecto que lideran el jefe de Estado y el encargado del Interior.

El 25 de febrero se estableció como el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, a través del Programa Nacional de Resarcimiento, como recomendación del Informe Guatemala: Memoria del Silencio, documento que contiene violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno que culminó con la firma de la paz.

En ese contexto, se promovía a través de una iniciativa de ley visibilizar a los excombatientes que adquirieron alguna discapacidad producto del conflicto armado y reincorporarlos a la sociedad. En el proceso se desarrollaron algunos de los primeros diálogos entre el ejército y la guerrilla, donde se discutió la conformación del subsector de personas con discapacidad por causa del conflicto armado que ahora son parte del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi). El movimiento asociativo de personas con discapacidad, al percatarse de este esfuerzo, se sumó a las acciones de incidencia. La creación del Conadi, es reconocida como una de las acciones reivindicativas más importantes a favor del sector, a lo que se suma la conformación de 22 Comisiones Departamentales de Discapacidad y 115 Oficinas Municipales de Discapacidad. Además, se cuenta con una ley marco sobre discapacidad, una Política Nacional de Discapacidad y se ha adoptado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), Asimismo, el Estado guatemalteco fue evaluado en 2016 respecto al cumplimiento de la CDPD y recibió observaciones y recomendaciones. Hoy en día se ha avanzado al respecto, al ratificar el Tratado de Marrakech y la Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala y se trabaja con la Comisión Presidencia de la Paz y Derechos Humanos (Copadeh) en la conformación del informe de país previo a su segunda evaluación.

Este sector ha luchado intensamente, mucho antes y mucho después del conflicto.

La promoción de los derechos de las personas con discapacidad debe ser valorada como producto de la firma de la paz. Este sector ha luchado intensamente, mucho antes y mucho después del conflicto armado y de la suscripción de acuerdos, para emerger de la exclusión en búsqueda de la igualdad y no discriminación.

Sin embargo, más allá de la confianza que los parlamentarios manifestaron a la labor del Mingob y de la Policía Nacional Civil (PNC), hay que destacar el interés de los representantes del Organismo Legislativo de aportar y contribuir en los esfuerzos de seguridad ciudadana implementados por el Ejecutivo.

A la posición de los integrantes de la sala aludida debe sumarse el apoyo irrestricto que la delegación de senadores y congresistas de los partidos Demócrata y Republicano ofrecieron al jefe de Estado, durante un encuentro realizado el miércoles recién pasado.

Los representantes norteamericanos reconocieron que el aporte del país es valioso en la seguridad regional y, en particular, en el combate al narcotráfico, lo cual quedó evidenciado con la entrega, en 2022, de 25 extraditables requeridos por los tribunales de EE. UU. por supuestamente haber participado en el tráfico de drogas, así como los 4 que se han enviado este año.

“Mejorar la gobernabilidad del país, para una convivencia en paz y armoniosa, que permita las condiciones adecuadas para la inversión”, es lo que busca el eje de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, que forma parte de la Política General de Gobierno 2020-2024, una misión que progresa ante los ojos de todos.