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El Derecho a la Ciudad y el Leviatán dormido En 1967, el filósofo y sociólogo marxista, Henry Lefevre, originó el concepto del “Derecho a la Ciudad”, como un término que refería e instaba a la clase trabajadora a retomar su derecho de una vida digna en las ciudades sobre los valores especulativos del mercado del suelo y el estado capitalista que disminuía su poder e influencia ante corporaciones y privados. Actualmente, con la cuarta revolución urbana, donde el 75% de la población mundial pasará a vivir en las ciudades para 2025, este concepto ha retomado fuerza y ha renovado su significado a través de diversos autores. Por ejemplo, en 2007, David Harvey, teórico social marxista, “reivindica que el derecho a la ciudad no es el derecho a (mejorar) la urbe que tenemos, sino el derecho a cambiarla y a construir una ciudad mejor: una ciudad socialmente justa.” (Delgadillo, 2012, p 120). Otros, como Jordi Borja, han replanteado este derecho como un vehículo legal y oficial en donde se proponen “un conjunto de “nuevos derechos urbanos” que contribuyan a la “justicia de la ciudad” como: el derecho al lugar, al espacio público, la monumentalidad, la belleza, la identidad colectiva, la movilidad, la accesibilidad, la conversión de la marginalidad urbana en ciudadanía…” (Delgadillo, 2012, p121). Y un último contraste del derecho a la ciudad nos los da la filósofa Sharon Meagher, quien en 2010 señalaba que “es más la construcción colectiva de una moral, que un reclamo por un reconocimiento legal, se trata más de una acción colectiva estratégica que pugna por verdaderos y profundos cambios, que de una lucha táctica por institucionalizar ese derecho” (Delgadillo, 2012, p122) Analizando estas tres posturas, encontramos una parte que entiende el derecho a la ciudad como una ley más que debe añadirse en las cartas magnas de las naciones, pues al volverlo una norma oficial, se piensa que será aplicada. Sin embargo, como ha ocurrido en el ámbito de la educación, seguridad, los servicios públicos, la salud e incluso la vivienda, las leyes, aunque existen, no son aplicadas o son tergiversadas y traducidas en largos procesos burocráticos que buscan más la recaudación de impuestos y multas a la ciudadanía que la beneficencia social. La otra postura, dada por Meagher, se traduce más bien en una acción colectiva que no busca institucionalizarse, pues se plantea que éste no habita fuera de la sociedad, sino que busca permear en la moral de los individuos que conforman una comunidad. Ya bien lo decía Lefevre en los años 60 que este derecho era “una condición básica de un humanismo y de una democracia renovada.” (Delgadillo, 2012, p119). Es decir, se contempla como un
Oscar M. Cardoso Santos A01224491 ideal en donde la participación ciudadana y el poder del pueblo son factores decisivos en su consolidación y ejecución. Retrocediendo en el tiempo, en 1651, Thomas Hobbes, filosofo naturalista y contractualista, publicó su obra, Leviatán, en donde hacía una analogía sobre cómo el estado es un ente, producto de un pacto o contrato social, el cual busca la armonía y el instinto de conservación entre seres ante la naturaleza egoísta del humano. El “estado de naturaleza” de Hobbes nos refiere a un estado de guerra de “todos contra todos” donde “el hombre es el lobo del hombre” y es a través de la renuncia a este estado que el ser humano puede vivir rodeado de otros, manteniendo su individualidad y apoyando a la comunidad. En su momento histórico, Hobbes señalaba al monarca como el ente regulador, aquel que gobernaba condicionado por la voluntad colectiva, sin embargo, la sociedad actual se enfrenta a una nueva especie de Leviatán. El estado, opacado por el mercado del suelo, ya no alcanza para asegurar una vida digna dentro de las ciudades, las desarrolladoras inmobiliarias, no obedecen a una visión global de ciudad que atiendan ejes como el espacio público, uso mixto de suelo, movilidad sustentable o desarrollo sostenible y el individuo, especialmente el más vulnerable por su condición socioeconómica o sociocultural, se encuentra aislado y sin una voz identitaria que pueda hacer valer ante las autoridades. De esta manera, las ciudades han crecido desiguales, con zonas extremadamente ricas construidas al lado de zonas marginales; excluyentes, con guetos de ricos y pobres rodeados por bardas perimetrales y centros comerciales para determinadas clases sociales; sin identidad, con prototipos de vivienda que se repiten kilométricamente formando patrones distópicos; y por último fragmentadas, formando, dentro de un mismo territorio, pequeñas comunidades que tienen poca o ninguna relación con sus colonias vecinas. En resumen, a pesar de la existencia de un estado, la mecánica ha funcionado más como una guerra de “todos contra todos”, donde el contrato social solamente se aplica a aquél que tiene los recursos económicos, que, en el caso de México, donde la clase media y baja predominan y el poder se concentra en una pequeña fracción, la mayor parte de la población se ve desprotegida de los derechos fundamentales básicos Sin embargo, en medio de este caos socio económico y cultural, existen organizaciones civiles, grupos vecinales y asociaciones que se encargan de mejorar todas aquellas situaciones que ni el estado ni el sector privado han resuelto. Estas asociaciones, comúnmente, nacen de las raíces de las comunidades, pues son las que conviven
Oscar M. Cardoso Santos A01224491 diariamente con las problemáticas locales y son los que mejor identifican las causas de los conflictos que experimentan. Estos nuevos grupos son los nuevos Leviatanes, que, a diferencia del postulado de Hobbes, son múltiples y no sólo un solo señor el que regula a la sociedad. En la décima edición de la revista Territorio, edición “Modelo”, se escribe sobre la transformación de Madrid gracias a la acción ciudadana que decide tomar la batuta frente a los problemas locales y es a través de intervenciones urbanísticas puntuales que logran cambiar las dinámicas sociales. Aún más interesantes, son otros dos artículos de la misma edición titulados “Vecinos que deciden, vecinos que luchan” y “Chapalita, vecinos por el patrimonio”. Estos dos artículos difieren del caso madrileño, primeramente, porque ambos hablan sobre la realidad tapatía y segundo, porque no son intervenciones de micro urbanismo lo que destaca, sino la resistencia férrea de la sociedad civil organizada en contra de la falta de acción del gobierno ante los atropellos cometidos por grandes empresas constructoras. En el primer artículo, se habla de las responsabilidades que adquieren las asociaciones vecinales del centro de Guadalajara en lo que respecta a servicios que el propio gobierno debería brindar, pero no lo hace. Además, se mencionan las luchas constantes que las asociaciones enfrentan contra los desarrollos verticales que afectan las dinámicas sociales actuales ya muy arraigadas en los barrios del centro de la ciudad. En el segundo artículo se menciona el conflicto sucedido en 2015 en la Colonia Chapalita, donde el desarrollo inmobiliario y un hotel dieron como resultado la demolición de la Casa Aguilar, patrimonio arquitectónico que data de 1965, y ponía en peligro la auto sustentabilidad de la zona. En aquella situación, la asociación de vecinos actuó de forma muy contundente para evitar la construcción de dicho proyecto, sin embargo, fueron testigos de la falta de respuesta del gobierno ante la defensa del patrimonio arquitectónico de la zona. El punto central de los casos anteriores recae en la organización civil, que pudo dar voz y defensa ante hechos que ponían el peligro el bienestar de una comunidad entera. Se puede especular que, de no haber existido una asociación de vecinos, habrían sucedido desarrollos inmobiliarios cuyo único fin era el lucro y no el mejoramiento de la zona ni de los actores involucrados. Es por ello por lo que más allá de políticas y conceptos, lo que debe buscarse, tanto en el papel de diseñador (arquitecto o urbano) como en el papel de civil ciudadano, es la conformación de organizaciones que velen por el mejoramiento de sus comunidades. Son
Oscar M. Cardoso Santos A01224491 los nuevos Leviatanes los que podrán encargarse de regenerar sus comunidades puesto que ellos conocen los orígenes y alcances de sus carencias y conflictos. De frente a los nuevos retos urbanos que presentan las ciudades latinoamericanas, arquitectos y urbanistas pueden presentarse en un nuevo papel ante la sociedad, uno en donde su labor no se limite a la elaboración y ejecución técnica de planos y construcciones, sino que pueden presentarse como catalizadores y aglomerantes sociales que acerquen a comunidades divididas, reúnan a personajes claves de las localidades y sean impulsores de un nuevo Leviatán que proteja, mejore y de una voz de identidad a los grupos urbanos.
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Referencias Delgadillo, P. V. (2012). El derecho a la ciudad en la Ciudad de México ¿Una retórica progresista para una gestión urbana neoliberal? Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 9, núm. 18, pp. 117139.Recupperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632012000100006 Atilano, R. (enero de 2016). Vecinos que deciden, vecinos que luchan. Territorio. Modelo, (10). Atilano, R. (enero de 2016). Chapalita, vecinos por el patrimonio. Territorio. Modelo, (10). Hobbes, T. (1980). Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Madrid: Nacional