Comisión Especial Investigadora Nᵒ 22.479 oficina que monitoree el comportamiento judicial -administrativo frente al crimen organizado. Sin embargo, es importante revisar la mala costumbre de impulsar medidas que luego no reciben el soporte financiero, como es el caso de la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, que requiere considerar los recursos disponibles. También se debe revisar el uso de herramientas como los informes UIF, que fueron señalados como un instrumento que puede ser de utilidad, pero no como punto de partida, como se estarían utilizando en la actualidad. En cuanto a la cooperación entre cuerpos de seguridad, representantes de varios cuerpos de seguridad alertaron de la existencia de prácticas en las que la información en los cuerpos de seguridad no se comparte. Aunque esto puede tener razones de evitar filtraciones y fugas de información, hay que analizar las formas de que estos entes puedan colaborar entre ellos y evitar que se comporten como islas, que tienen que combatir organizaciones criminales que trabajan con mucho más recursos de manera muy limitada. Una gran inquietud de los diputados que también fue recogida por al ex vicepresidenta Ana Helena Chacón, en el sentido de que los jerarcas no reciben ningún tipo de alertas sobre las personas que solicitan audiencias. Es un riesgo inherente a los funcionarios que quieran mantener relaciones abiertas con sus representados, que puedan ser contactados también por personas que procuran establecer sus tentáculos sobre funcionarios públicos. En ese sentido, tiene relevancia pensar en la posibilidad de que los jerarcas puedan recibir alertas, especialmente al consultar sobre la situación de quienes han solicitado audiencias. No implica realizar estudios a todos los que vayan a visitar las respectivas oficinas, algo evidentemente imposible, sino de generar algún sistema que permita identificar alguna serie de alertas sobre personas con antecedentes o situaciones que los jerarcas deberían conocer, para valorar si reciben o no a estas personas. También se debe considerar la conveniencia de impulsar el proyecto impulsado por el PAC para normar la actividad del “lobby” en Costa Rica, una iniciativa que contribuiría a tener mejores elementos al valorar las reuniones que se desarrollan, y fortalecer la transparencia en la materia. El legado de esta comisión Sobre el accionar de la Comisión Especial Investigadora, la primera sesión se realizó el 18 de mayo de 2021, y el 28 de septiembre, sin haber realizado la cobertura mínima del trabajo ordenado por el Plenario Legislativo, una mayoría de 121
Informe de comisión narco firmado pr Luis Ramón Carranza
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