Informe de comisión narco firmado pr Luis Ramón Carranza

Comisión Especial Investigadora Nᵒ 22.479 Ese mismo año, en el reportaje “Costa Rica en la mira del narco”, el periodista Juan José Pérez escribía que el narcotráfico estaba intentando penetrar con fuerza en el territorio costarricense, y que lo estaba logrando. Citaba que en un foro del centro de estudios Woodrow Wilson en Washington, el fiscal especial para el narcotráfico en Costa Rica, Walter Espinoza, reveló que Costa Rica se estaba convirtiendo en base de operaciones de capos del narcotráfico. "Nos estamos llenando de miembros de organizaciones mexicanas y miembros de organizaciones colombianas", aseveró.

Pérez citó que luego de indicar que el país era preso de la geografía, la presidenta Laura Chinchilla experimentó en carne propia cuánto estaba penetrando el narcotráfico, al tener que defenderse en cadena de televisión por la acusación de utilizar, en al menos dos ocasiones, un avión propiedad de un capo de droga para realizar visitas de Estado al extranjero. “Varias cabezas rodaron por ese escándalo, entre ellas las del ministro de Comunicación, el viceministro de la Presidencia, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y la asistente personal de la presidenta”, escribió el periodista.

Al año siguiente, la Corte Suprema decidió crear una comisión especial investigadora, para determinar el supuesto nivel de penetración del narcotráfico en el sistema judicial costarricense, luego de la denuncia de que una jueza de Limón habría recibido ₡20 millones a cambio de liberar presuntos criminales. Se puede argumentar que fue en esta época que era innegable que para Costa Rica había terminado la etapa de alegar que el problema era externo y se hizo inevitable un enfoque realista, en el que se considerara el narcotráfico como un cáncer que tenía raíces internas.

1.2.1.2 Narcotráfico y política en Costa Rica Las posibles relaciones de personas vinculadas con el narcotráfico y políticos costarricenses han generado varios escándalos en los últimos años que incluso llegaron a motivar comisiones legislativas de investigación.

En la mayoría de los casos, las respuestas se orientaron a bajar los niveles de cuestionamiento ante opinión pública, y evidenciaron que personas y organizaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de capitales han realizado acciones continuas para tratar de lograr niveles de influencias en partidos políticos y en los gobiernos en Costa Rica. Un repaso de varios de ellos sirve para evidenciar que no se trata de situaciones aisladas y que las acciones impulsadas desde la institucionalidad no han sido suficientes para contenerlas.

Asimismo, sirven para recordar que muchas veces, los mismos actores políticos han tratado de minimizarlas, subestimarlas o de tratar de capear la tormenta de la opinión pública, para mantener estas situaciones que representan ingresos importantes en épocas de campañas electorales.

Caso Vesco 13