LEY DE PLAZOS JUSTOS, CLAMOR DE LA MIPYME

Representación Gremial

Diferentes gremios se comprometieron a impulsar la iniciativa en favor de las mipymes.

El Proyecto de Ley de Plazos Justos busca que se establezcan medidas en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes empresas, ya que se ven sometidas a condiciones injustas a la hora del pago de sus bienes y/o servicios.

La iniciativa legislativa, impulsada por el representante a la Cámara Mauricio Toro, culminó su trámite en dicha corporación y ahora tendrá que ser discutida y votada en la Comisión III y posteriormente en la plenaria del Senado de la República. Al ser esta iniciativa beneficiosa para el segmento mipyme, se espera que los diferentes partidos políticos.

En el debate de esta propuesta, los puntos principales a discutir serán los siguientes:

• Artículo 2°: Se incluye en las excepciones al sector salud, al considerar que este cuenta con sus propias dinámicas, y a la contratación estatal pues consideramos que no es por medio de este proyecto de ley que se puede resolver esta falla pues en este caso el pago tardío por parte del Estado no obedece a los plazos establecidos en los contratos.

• Artículo 3°, se proponen 4 cambios:

1) Se ajusta el plazo de pago a 30 días con el fin de que, tanto en el periodo de transición como en los años siguientes, el plazo corresponda con la contabilidad mensual de las empresas.

2) Se elimina el segundo parágrafo, ya que podría crear una distorsión de mercado que afectaría las

medianas y pequeñas empresas, lo cual iría en contravía el espíritu del presente proyecto de ley.

3) Se eliminan las referencias a la contratación estatal teniendo en cuenta los ajustes hechos en el artículo 2, por las razones ya expuestas.

4) Se reduce el periodo de transición a un (1) año, pues se considera que es tiempo suficiente para que las empresas ajusten su contabilidad.

• Artículo 4°: Se precisa el número del artículo que establece los plazos mencionados en la presente ley.

• Se propone artículo nuevo con el fin de evaluar la efectividad de las medidas contenidas en este proyecto sobre el sector privado y, en particular, sobre las pequeñas y medianas empresas. Esto con el fin de tomar los correctivos pertinentes, en caso de ser necesario.

Según el estudio “Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para Pymes” elaborado por Acopi en 2017, el 40% de empresarios afirmó que el periodo en el que sus servicios o bienes son facturas es de entre 60 y 90 días, mientras que el 60% dice que los periodos pasan los 120 días, lo que genera problemas de liquidez en la empresa.

Cuando estos pagos tardíos se relacionan con la declaración del IVA, se encuentra que las pymes son quienes terminan por financiar el cumplimiento de sus impuestos a través de créditos comerciales y preferenciales, los que representan un sobrecosto que varía entre 1% y 1,31% del margen de utilidad, haciendo que los empresarios atiendan asuntos cotidianos y de corto plazo, dejando a un lado la destinación de recursos a la innovación, inversión y fortalecimiento de las competencias de recursos humanos. Así mismo, las empresas se ven afectadas al incurrir en costos administrativos del personal que interviene en la labor de cobro de la cartera, lo que se estima en $2.496.950 mensuales y anualmente en $29.963.400, lo que representa el 4,4% del costo laboral administrativo de una empresa mediana del sector industrial.

La posición dominante que se presenta hacía los proveedores es reprochable, por lo que Acopi acudió al Artículo 333 de la Constitución Política, que expresa que “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.

Esta ley protegería un segmento empresarial y económico importante, pues las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 96% del sector productivo nacional, su aporte al PIB es del 40% y generan cerca del 80% del empleo formal. Sin embargo, este sector padece de un flujo de caja reducido, falta de acceso al financiamiento y altos costos laborales y no salariales que oscilan entre 52,8% y 58,9%. Debido a las situaciones presentadas anteriormente, el 70% de las empresas nuevas desaparecen antes de los primeros 5 años, según datos de Confecámaras.

Uno de los puntos álgidos del debate es sobre si excluir o no a las empresas medianas de la medida, ante lo que Acopi solicita no condicionar el beneficio de estas a acuerdos privados, puesto que esta es la que tiene el mayor relacionamiento con la gran empresa (80%). De acuerdo con Confecámaras, existen 94.965 medianas empresas, las cuales aportan el 7,37% al PIB Nacional, y generan cerca de 993.316 puestos de trabajo. La mediana empresa es un eslabón intermedio entre las empresas pequeñas y las grandes.

Así las cosas, Acopi insiste en la expedición de esta iniciativa que busca beneficiar a los proveedores y mejorar el marco económico del país para el segmento mipyme, mayor generador de empleo en Colombia. El gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas espera que los Senadores de la República debatan la iniciativa, la nutra y la voten positivamente.