Periódico edición 563 septiembre 2016

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Edi ci ón

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PATRIA - UNIÓN - PROGRESO

ACORE

SEPTIEMBRE 2016

55 años

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Reportaje gráfico de un viaje inolvidable

Vigésimo primer encuentro en el Eje Cafetero He aquí la foto donde fue posible cuadrarlos a toditos para que quedaran bien boniticos…

No se pierda este espectacular reportaje gráfico del último encuentro nacional de ACORE, captado con la lente aguda y el relato sabrosón de nuestra cronista, la señora Coronel Rosa María LLovera Terradas y con el apoyo en reportería gráfica de Ángela Romero Pasa página10

EDITORIAL

¿Todo está cerrado?

Serias reservas y preocupaciones por un acuerdo que puede ser definitivo. ¿Por qué este anuncio genera tanta apatía, duda y temor en importantes sectores de la sociedad? ¿Tendrán elegibilidad política en cuerpos colegiados responsables penalmente de delitos atroces y de lesa humanidad? ¿Cedió más el gobierno que las Farc en esta negociación? ¿La Jurisdicción Especial para la Paz constituye plena garantía para los miembros de la fuerza pública? En el momento de escribir este artículo, las Farc anuncian la realización de la llamada X conferencia con el propósito de consultar a sus bases la posibilidad de refrendar los acuerdos pactados en La Habana, con los cuales pasarían a la legalidad, y que el gobierno sorpresivamente dio como un hecho, haciendo entrega inmediata de estos textos al Congreso de la República para dar trámite a la ley que determine la convocatoria del plebiscito refrendatorio, ya avalado por la Corte Constitucional. Pasa página 3

El plebiscito en prospectiva Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph.D.

Utilizando la prospectiva –técnica que permite prever escenarios a futuro luego de efectuar una adecuada lectura de la coyuntura–, el articulista plantea cuál será el re-

sultado final de la votación del próximo 2 de octubre, cuando los colombianos voten sí o no a la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Pasa página 9

Retos de la Fuerza Pública en el posconflicto

Por: Coronel (RA) Jorge Iván Calderón Quintero.

Los acuerdos alcanzados con las Farc en La Habana, Cuba, tienen como objetivo fundamental el de propiciar condiciones para una paz estable y duradera, la que se logrará úni-

camente si se llega a esa tan anhelada meta de la seguridad humana, condición indispensable del Estado que le permite a la persona satisfacer las necesidades básicas de alimentos, salud, educación, trabajo, vivienda, desarrollo y convivencia. Pasa página 18

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Proceso de paz Sobre el acuerdo final Por: Juan David Ramírez

Es claro que este acuerdo es un gran paso para acabar con la violencia del grupo guerrillero más antiguo del planeta, pero tenemos que ser realistas y partir que esta es una negociación para terminar el conflicto armado con tan sólo uno de los varios actores violentos e ilegales que delinquen en el territorio nacional (aún se mantienen como amenazas frente a la seguridad nacional y de la población civil el ELN, el EPL y las Bacrim, sin dejar de lado las disidencias de Farc). La paz va más allá de un acuerdo. Es más, es un derecho y es un principio constitucional que no debe trasladarse a una campaña política, como lo señaló la Corte Constitucional recientemente.

El gobierno y la comunidad internacional celebran el acuerdo final con este grupo ilegal, pero es doloroso hacerlo mientras el asesinato, la violación, la desaparición y la mutilación de nuestros soldados y policías, al igual que el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, sean considerados conexos al delito político y tratados con amnistía e indulto. Según los acuerdos, las víctimas son eje fundamental de las estas negociaciones de La Habana, por lo que dejar de lado y no reconocer a nuestros mártires militares, policiales y sus familias, sería incoherente con la historia de país y con el mismo acuerdo.

En todo proceso de desarme y reintegración de grupos armados ilegales, es claro que el Estado debe implementar programas de reintegración a la vida civil con beneficios socioeconómicos dirigidos a quienes se desmovilicen. Nuestro país tiene amplia experiencia en este ámbito con la Agencia Colombina de Reintegración, la cual ha acogido alrededor de 50.000 desmovilizados de los distintos grupos ilegales en los últimos 10 años. Este acuerdo plantes un programa de "normalización para una reincorporación económica y social sostenible", el cual comprende, además de beneficios contenidos en planes y programas sociales, una asignación única de dos millones de pesos con la posibilidad de recibir un apoyo de ocho millones de pesos para emprender proyectos productivos, más una mensualidad por 24 meses equivalentes al 90% del salarió mínimo.

Aunque las comparaciones son odiosas, es lamentable equiparar estos beneficios acordados para quienes vivieron bajo la ilegalidad, con la limitada bonificación de 94 mil pesos que reciben nuestros soldados regulares durante su servicio o el escaso apoyo en programas productivos para los soldados profesionales que pasan a la reserva después de haber ofrecido 20 años o más a una labor tan dura y sacrificada. Personalmente celebraré el día que se aprueben proyectos o leyes que dignifiquen y exalten con bienestar social a nuestros héroes y a su entorno familiar, así como a todos los colombianos honestos y trabajadores con deseos de progresar. Según lo acordado, las Farc ya no volverán a causar graves violaciones a los Derechos Humanos, ni graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; además, estos delitos ya no serán conexos a los político después del denominado día D (día de la firma del acuerdo final). Gran reto para el posconflicto frente a todas estas organizaciones criminales y narcotraficantes que aún persisten en el territorio nacional, además que confusión causaría en el imaginario colectivo y a futuras generaciones, demostrar benevolencias con cierta clase de criminales y con otros aplicar todo el peso de la ley.

Aunque para resolver un conflicto se debe bajar la cabeza, demostrar arrepentimiento y reconocer responsabilidades, hemos visto a lo largo de las negociaciones a los cabecillas de Farc más erguidos que siempre, con declaraciones en medios internacionales donde demuestran orgullo de su actuar en lo que autodenominan su justa lucha armada y eso honestamente tampoco es de celebrar. Por sólo dar un ejemplo, hace casi cuatro años iniciaron estas negociaciones y las Farc tenía en su poder más de 400 secuestrados, según el director de voces del secuestro Herbin Hoyos; si desde esa fecha hasta hoy no se dio ninguna liberación como gesto de buena voluntad, ¿estos desaparecidos podrán estar en paz? y ¿sus familias podrán sentirse reparadas con esta soberbia? Es posible que con este acuerdo se llegue al fin de las Farc armadas y terroristas, lo cual constituye un gran avance, no cabe duda; pero seguirán las Farc cínicas y prepotentes insistiendo en la lucha por seguir justificando y ocultando su aterradora, impune y sangrienta historia, en aras de imponer el socialismo que tanto adoran.

Esta organización ilegal, según lo acordado en La Habana, tendrá representación política en las altas esferas del poder, pisoteando de esta manera la ley y nuestra Constitución que establece claramente que el ciudadano a postularse en política debe tener un pasado judicial limpio para ejercer cualquier cargo público. Es posible, según la Corte Penal Internacional, que responsables de algunos delitos no paguen cárcel por comparecer ante el Tribunal de Paz (justicia transicional) y se supla la condena privativa de la libertad con penas alternativas; es decir, internacionalmente se cumpliría con el ejercicio de investigar, juzgar y condenar, ¿pero que se les beneficie con cargos de poder y no pierdan sus derechos políticos los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad? Otro elemento que no podemos olvidar es la magna fortuna de esta organización (hoy negada por todos sus cabecillas), fruto de operaciones financieras ilegales que han afectado incluso otras naciones y causado dolor a miles de ciudadanos trabajadores y honestos, causando incluso deterioro a la flora y a la fauna de nuestro país con el ejercicio de la minería ilegal y la voladura de oleoductos. La reparación de las víctimas, los proyectos de reintegración de las Farc y en general la implementación de lo acordado, son aspectos que necesitan un amplio presupuesto donde esta fortuna podría ser empleada para estos propósitos.

La campaña por el sí o el no establecida por el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo, debe analizarse desde la perspectiva de un instrumento que fue construido bajo intereses y principios de una élite del liberalismo oficial y otra élite socialista; aunque existió representación de la Fuerza Pública y del sector empresarial del país en estas negociaciones, el margen de maniobra giró alrededor de presupuestos de una agenda ya establecida.

Es irónico refrendar un acuerdo en el que según el presidente Santos “todo está acordado, el texto definitivo es inmodificable”, ya que si gana el no, se demostraría el rechazo por parte de la población frente a lo pactado. Entonces, si se diera este escenario del no, debería establecerse un espacio para que el pueblo representado en el Congreso optimice las expectativas y la percepción frente a lo acordado; claramente no se puede deshacer, ni desechar el trabajo adelan-

tado en La Habana.

Tras la derrota militar de las Farc frente a unas Fuerzas Militares capacitadas, profesionales y dedicadas a su misión constitucional, esta organización ilegal, claramente debilitada y con un prestigio internacional en el piso, decidió sentarse a negociar su futuro e incorporar al establecimiento a través del acuerdo conceptos relativos a su visión política, social y económica del país. Sin duda alguna, este instruto se convertirá para las Farc en un arma de manipulación, que si en dado caso no pueda cumplirse, sería un pretexto o una justificación para volver a la violencia armada afectando las garantías de no repetición.

Este acuerdo señala a las víctimas como el eje central de las negociaciones y dispone de ciertos elementos de verdad y memoria histórica que deben esclarecerse por medio de algunos mandatos, como los son: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad; es en el desarrollo de estos espacios donde debe reivindicarse el sacrificio de las instituciones democráticas que no claudicaron frente a los violentos e igualmente constituirse en escenarios donde las Farc esclarezcan todos su accionar terrorista frente a la población civil, los funcionarios públicos y bienes de todos los colombianos. Como un mecanismo para garantizar la no repetición se estableció un protocolo de verificación y monitoreo que se encargará de observar el proceso de dejación de las armas

(proceso acordado con una duración de 180 días) y así mismo almacenar este armamento de las Farc. Este mecanismo tendrá influyente participación internacional por medio de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente la Celac, por medio de representantes civiles y militares de los estados miembros. Tenemos que ser conscientes como nación que las guerrillas en el continente, en especial las colombianas a lo largo de estos 50 años de confrontación armada, han tenido apoyo internacional de potencias como Rusia (Unión Soviética en su momento), gobiernos socialistas de la región e incluso fronterizos a Colombia. Por lo tanto, la presencia de militares cubanos y bolivianos afines a la doctrina militar y política de las Farc, podría mal interpretarse en cuanto a la objetividad y neutralidad de este mecanismo de monitoreo y verificación de cese al fuego y dejación de las armas de las Farc.

Las Farc nunca han negado su intención de tomarse el poder para imponer el socialismo; será que las Farc están conscientes de su nefasta imagen en el país a la hora de continuar con esta idea, esta vez a través de los votos y la democracia; entonces nos podríamos preguntar si este acuerdo final como estrategia bajo el concepto de “todas las formas de lucha” ¿facilitará a las Farc cumplir su objetivo? Objetivo que las Farc plasmo en una prolongada y dolorosa confrontación armada contra el Estado, que hasta hoy se impidió debido al sacrificio y la valentía de nuestra Fuerza Pública.


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Editorial ¿TODO ESTA CERRADO? Serias reservas y preocupaciones por un acuerdo que puede ser definitivo.

¿Por qué este anuncio genera tanta apatía, duda y temor en importantes sectores de la sociedad? ¿Este complejo documento, difícil de entender para el común de los ciudadanos, será leído y análizado suficientemente para tomar una decisión respecto al próximo plebiscito refrendatorio? ¿Tendrán elegibilidad política en cuerpos colegiados responsables penalmente de delitos atroces y de lesa humanidad? ¿Cedió más el gobierno que las Farc en esta negociación? ¿La Jurisdicción Especial para la Paz constituye plena garantía para los miembros de la fuerza pública? En el momento de escribir este artículo, las Farc anuncian la realización de la llamada X conferencia con el propósito de consultar a sus bases la posibilidad de refrendar los acuerdos pactados en La Habana, con los cuales pasarían a la legalidad, y que el gobierno sorpresivamente dio como un hecho, haciendo entrega inmediata de estos textos al Congreso de la República para dar trámite a la ley que determinó la convocatoria del plebiscito refrendatorio, ya avalado por la Corte Constitucional. El documento hecho público, consta de 297 páginas, y en términos generales, incluye todos los preacuerdos negociados en materia agraria, política, drogas ilícitas, victimas y fin del conflicto.

Por tratarse de un “acuerdo especial”, tal como lo enuncia en su encabezamiento, de ser aprobado en el próximo plebiscito, adquiere categoría de inmodificable, y entraría a formar parte del bloque de constitucionalidad que rige en el país. Es decir, obtiene valor supraconstitucional y ni siquiera una asamblea constituyente tendría la facultad de alterar su contenido. Si gana el sí en el plebiscito, su implementación sería de carácter inmediata dentro de las condiciones pactadas. Si gana el no, existiría la posibilidad de renegociar entre las partes todo aquello que mayoritariamente ha venido siendo motivo de objeción. También es factible que la mayoría de lo pactado pueda tramitarse nuevamente ante el Congreso para revisarlo a través de un proceso que de origen a los actos legislativos, leyes estatutarias y ordinarias que sean requeridas. No todo lo acordado es objetable. El inconformismo mayoritario a este respecto, tiene que ver principalmente con: - Impunidad por crímenes atroces y de lesa humanidad con ausencia de penas privativas de libertad para determinadores y máximos responsables, consti-

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tuye un irrespeto a millares de víctimas causadas por las Farc.

- Procedimientos laxos para la erradicación de cultivos ilícitos, acudiendo sólo a la participación voluntaria de las comunidades inmersas en el negocio, para proceder en un tiempo determinado, a una eventual y no muy confiable sustitución de tales cultivos, mediante un lento proceso de erradicación manual. ¿Qué ocurrirá con laboratorios y rutas utilizadas para la comercialización del producto terminado? - La calificación como delitos conexos al delito político de conductas relacionadas, entre otras, con el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y despojo de tierras, bajo el concepto de ser amnistiables por considerarse que los recursos obtenidos por estos ilícitos, eran requeridos para financiar la lucha armada en favor de “una causa política” justificada por la rebelión.

- La indemnización por parte del Estado en materia de reparación a familiares de víctimas causadas por múltiples actos criminales cometidos por las Farc en más de cincuenta años de violencia.

- La tenencia de armas por parte de las diferentes cuadrillas de las Farc dentro del proceso de votaciones, antes y durante la realización del plebiscito refrendatorio, que hace suponer una evidente acción intimidatoria en distintas zonas rurales del país para apoyarlo afirmativamente. - La no entrega de los cuantiosos bienes y recursos obtenidos a través de su actividad criminal, especialmente en lo relacionado con narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y despojo de bienes. - La entrega de tan solo armas de carácter individual que porten los integrantes de la organización que se encuentren en el momento concentrados en los campamentos establecidos. Esta entrega

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera. Directora: TC Rosa María Llovera Terradas. Editor General: CO Jose Obdulio Espejo Muñoz. Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso. CO Ricardo Mora González. CO Carlos Acosta Arévalo. Periodista Angela Romero Chinchilla.

parcial no constituye garantía de no repetición por cuanto el armamento que realmente poseen, debe corresponder al de 20.000 o 26.000 hombres que tuvieron en armas en la década de los ochenta. Además en los contenedores previstos para su almacenamiento, sus armas serán cuidadas por ellos mismos durante 180 días. ¿Que pasara con las armas de acompañamiento?

- Los territorios de paz o zonas de reserva campesina con autonomía especial, y su coincidencia con viejas áreas de influencia donde aspiran a establecerse como territorios bajo su control, con las mismas cuadrillas y sus respectivos cabecillas, subvencionados además generosamente por el Estado, con salarios fijos mensuales y otros múltiples beneficios que no se otorgan al común de los ciudadanos. - La creación de 16 circunscripciones especiales en distintas regiones del país para la elección exclusiva de candidatos de las Farc ante la Cámara de Representantes, le otorga un gran poder en la rama legislativa, a lo cual hay que agregar, cinco curules en el Senado y otras cinco en la Cámara, que también les han sido concedidas. En estas condiciones, contaran con un total de 26 escaños, número mayor al de muchos movimientos o partidos políticos que los han obtenido a través de la normatividad institucional y el ejercicio democrático que hasta ahora viene rigiendo en el país. - La presencia de las Farc en el Congreso de la República con tres voceros en la Cámara y tres en el Senado, participando en las deliberaciones para el trámite de leyes y reformas de los acuerdos pactados en La Habana, es considerado como irrespetuosa e improcedente.

- La conformación de la futura Comisión de la Verdad, primer paso para aplicar los mecanismos de la Justicia Transicional, por la forma tan sesgada como se ha pactado, lo cual no constituye ninguna garantía para los intereses del país, de sus Fuerzas Armadas y su Estado de Derecho. - Los mecanismos para la designación de los magistrados del Tribunal especial para la paz a través de personalidades u organismos muy representativos, pero que en la mayoría de los casos, por antecedentes muy conocidos, no ofrecen mayor garantía de imparcialidad para los miembros de la fuerza pública. Sobre este particular, es conveniente aclarar: 1. El Vaticano, aunque no ha expresado con claridad su determinación de no participar en compromisos que surgan de este acuerdo, en caso de hacerlo, podría delegar en el CINEP, organismo perteneciente a la comunidad jesuita, tal responsabilidad electiva. Algunos de sus líderes, desde hace mucho tiempo, han ejercido una constante presión nacional e internacional, formulando todo tipo de

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acusaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

2. Las Naciones Unidas (ONU), dadas sus posiciones sesgadas en favor de las Farc dentro de este proceso de negociaciones en lo relativo al punto cinco de la agenda, donde conjuntamente con el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional que participó en la selección de víctimas, hizo factible la presencia mayoritaria en la mesa de La Habana de las causadas por el Estado, minimizando a las Farc como principal responsable de estos aberrantes hechos. Por otra parte, y en forma reciente, un alto comisionado de derechos humanos de este organismo, en declaraciones públicas a los medios de comunicación, manifestó que las operaciones militares realizadas en Colombia del 2010 hacia atrás “sólo fueron falsos positivos”. 3. La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, otro organismo designado para escoger las personas que conformaran el mecanismo de selección para integrar el Tribunal Especial de Paz, participó por espacio de varios meses como asesora de la Fiscalía General de la Nación (Unidad de Contexto) en la preparación de miles de expedientes por violación de derechos humanos donde se hacen responsables a miembros de la Fuerza Pública. 4. La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, de la cual forma parte el ya mencionado Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, que fue designado por las Farc en el proceso de negociación de víctimas y cuya intervención fue determinante en contra de la Fuerza Pública. - La creación de una Fiscalía especial e independiente, por exigencia de las Farc, con plena autonomía para investigar y "desmantelar" organizaciones que a su juicio constituyan cualquier tipo de amenaza contra miembros de la organización, cuando no existe actualmente una entidad u organismo similar que proceda en iguales condiciones contra multiples amenazas en contra de la seguridad de importantes sectores gremiales y sociales existentes en el país.

Por todo lo anterior, se pone en duda que el proceso de selección de estos magistrados sea verdaderamente autónomo, independiente y transparente, tal como ha sido anunciado para militares y policías. De hacerse realidad estos temores, no habrá garantía procesal suficiente dentro de esta jurisdicción especial que ha sido acordada con las Farc. En otros términos, en los próximos años podríamos ser juzgados por el enemigo. Estas por ahora, podrían ser algunas de las más inquietantes reservas y preocuEditorial / Sigue página 4

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.


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Proceso de paz

El (des) Acuerdo

ACORE MAGDALENA

económica ni la discriminación social que hace más de medio siglo generaron la subversión campesina que después tomaría el nombre de Farc, pero que hace décadas se entregaron al secuestro, las vacunas, el terrorismo y cada vez más al narcotráfico.

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Por: Benjamín Barney Caldas.

Los que no lo lean completo, que lean a Mauricio Vargas que ya lo leyó (El Tiempo 28/08/2016) y advierte que mientras que “algunos de los peores criminales” van a librarse de la cárcel y terminen en el Congreso o en cargos de elección, las equivocaciones de un funcionario -o de un médico- son vistas como delitos y condenados a muchos años de cárcel. “Si es verdad que un castigo ejemplar disuade el delito, el perdón ejemplar lo estimula”, concluye. Y está la ambivalencia con los militares y policías. Como dice Marta Lucía Ramírez “esas 297 páginas que cambian la Constitución con la colaboración de las Farc merecen mucho análisis” (Semana 28/08/2016). Tanta retórica, tantas páginas, tanto articulado, tantos incisos, tantas siglas, como ha señalado Carlos Jiménez (El País 25/08/2016), en lo que coincide Mauricio Pombo (El Tiempo 30/08/2016) enredarán aún más la justicia y propiciarán más corrupción, la que señala con razón Demetrio Arabia como el principal mal de este país (El País 29/08/2016). Culpables, precisamente, de que no se supere la desigualdad

¡Punto final a la guerra con las Farc! titula El País (26/08/2016) y lo dice casi todo: que los dejarán en paz para que sigan con el narcotráfico y la minería ilegal, que defenderán con las armas que no entreguen (hace un tiempo uno de sus frentes ya lo anunció) y con cuyas ‘ganancias’ comprarán votos para hacer política. Populista por supuesto, cuyos resultados son peores que los del neoliberalismo. Asuntos que apenas se podrán comprobar, o no, más adelante, y por tanto es ingenuo no considerarlos y votar en el plebiscito con sólo el deseo. O será que como afirma Chris Stone, presidente de Open Society “la cárcel no es la única alternativa a la impunidad” (El Espectador 27/08/2016).

Y Antonio Caballero recuerda que “ahí siguen ellos [el ELN] en su camino sin salida: sin otro propósito que el de seguir ahí. Encerrados en su convicción fanática, ajena a toda razón histórica, de que la paz es una derrota [pues] están

convencidos de que la guerra es buena en si misma, independientemente de sus resultados” (Semana 28/08/2016). Pero también cabría preguntar si la paz es buena independientemente de sus resultados. De la Paz de Aquisgrán de 1748, que tanto le costó a Francia, les quedó el dicho “Bête comme la paix” y aquí, en esta mal llamada guerra, “bête” puede ser más que “tonto”.

“Este acuerdo nos da la oportunidad de construir un país mejor” afirma el Presidente. Mas nada de las ciudades, donde vive el 75% de los que van a votar, o no, pero donde todos tendrán que financiar con sus impuestos, directos o indirectos, lo acordado. Se entiende de las Farc, tan alejadas de las ciudades, no del Gobierno, que no sale de ellas, pero permite que lo privado prime sobre lo público. Sin embargo, como titula Semana: “El fin de la guerra con las Farc no es la paz total, pero es un paso enorme hacia ella”. Ojalá, pues, como acierta Jiménez, aquí se cree que “los problemas […] se resuelven exclusivamente legislando [y] la ley se obedece pero no se cumple”. Es el turno de la gente, llama Luis Guillermo Restrepo (El País 27/08/2016) pero como dice Héctor Abad “una de las cosas más difíciles […] es aprender a confiar” (El Espectador 27/08/2016).

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Editorial / Viene página 3

paciones que surgen frente a un acuerdo que puede ser definitivo.

No tenemos claridad si el gobierno cedió más que las Farc, en esta negociación. El exceso aparente de concesiones pudo constituir una muestra de debilidad del Estado, que hábilmente aprovecho en su beneficio esta organización terrorista. Inexplicablemente, este “acuerdo de paz definitivo” tal como

textualmente lo anuncio el Jefe de Estado, ha debido ser motivo de júbilo nacional, más sin embargo, importantes y numerosos sectores de la sociedad aún expresan serias dudas, temores y apatía respecto a esta negociación y lo acuerdos logrados como su resultante. En estas circunstancias, es indispensable reafirmar que todo lo pactado debe estar dentro de la Constitución y no por fuera de

sus preceptos. La prevalencia del Estado del Derecho es inobjetable. Coletilla

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Preacuerdos pactados:

1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral (RRI).

Acordado el 26 de mayo de 2013. 2.Participación Política. Apertura democrática para construir la paz. Acordado el 6 de noviembre de 2013.

3. Fin del Conflicto. Acordado el 24 de agosto de 2016. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

Acordado el 16 de mayo de 2014.

5. Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Acordado el 15 de diciembre de 2015.

6. Implementación, Verificación y Refrendación. Acordado el 24 de agosto de 2016. Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional ACORE


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Proceso de paz

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¿Garantía de seguridad jurídica para quienes se sometan a su competencia?

Apremia instalar la Jurisdicción Especial para la Paz Por: Subteniente Francisco Alejandro Chíquiza Gómez.

La realidad política actual y los últimos comunicados conjuntos publicados desde La Habana (Cuba) sugieren el interés porque se instale y active el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, máxime tras el acuerdo definitivo al que llegaron las partes y que el país ya conoce. Esta jurisdicción será el órgano judicial de cierre y sus decisiones harán tránsito a cosa juzgada, destacando que sólo el mismo Tribunal para la Paz tendrá competencia para revisar alguna de las decisiones adoptadas por las salas o del mismo tribunal que componen la estructura de este órgano judicial.

En relación con la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el comunicado conjunto N° 64 en el punto 70, establece que “El Estado deberá poner en marcha el componente de justicia del SIVJRNR a la mayor brevedad desde la firma del Acuerdo Final. Las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán entrar en funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Final, salvo que en este se determine una fecha anterior. No podrá transcurrir más de un mes entre la entrada en funcionamiento de las salas y la entrada en funcionamiento de las secciones”, imponiendo unos términos y plazos precisos en los cuales dicha judicatura de carácter especial empezaría a despachar y definir la situación jurídica de aquellos quienes están procesados o condenados por conductas realizas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Sin embargo, este mandato no pasa de ser un contenido programático que da operatividad al componente de justicia, pues tal como éste está diseñado, necesariamente implica realizar unas reformas estructurales al Estado colombiano que introduzca de manera transitoria esta jurisdicción que tendrá el mandato de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves y representativos cometidos en el marco del conflicto armado interno y otorgar un tratamiento penal especial a aquellas conductas identificadas como delitos políticos y sus conexos, así como delitos de menor entidad, tratándose de agentes del Estado o terceros civiles.

Esas adecuaciones estructurales, pese a que lo acordado en La Habana entre Gobierno y las Farc ostente el carácter de un acuerdo especial en los términos del DIH y se introduzca de manera directa al bloque de constitucionalidad, ya sea en sentido lato o en sentido estricto, requieren indiscutiblemente de modificaciones constitucionales, con dos objetivos esencia-les: primero, por necesidades de administración pública, es decir, entrega de recursos, garantía de independencia y función administrativa en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad y; segundo, por cuestiones de legitimidad social, ya que, en virtud del principio democrático, en sede del legislativo, se deliberará sobre la introducción de dicho órgano a la estructura del Estado, al menos de manera transitoria. Lo que se ha expresado en los párrafos precedentes no es nuevo; evidentemente la mesa de negociación advirtió dichas talanqueras institucionales para activar el componente de justicia, por lo que se acordó tramitar ante el congreso el que hoy se conoce como acto legislativo 01 de 2016, mediante el cual se modifica, transitoriamente, el trámite legislativo y se otorgan facultades extraordinarias al presidente para expedir todos los decretos con fuerza de ley necesarios para introducir al ordenamiento jurídico interno los acuerdos a los que se llegó en La Habana; sin embargo, pese a que dicha modificación constitucional facilita la adopción de normas que incorporen lo allí pactado, esto no logra satisfacer los términos y plazos establecidos por la mesa, pues la vigencia del acto legislativo se supeditó a la refrendación popular de lo acordado, es decir, hasta que se surta el procedimiento de participación ciudadana regulado por el plebiscito con sus adecuaciones normativas y sus alcances, tal como lo señaló la Corte Constitucional. Así las cosas, en el ordenamiento jurídico colombiano aún es menester adelantar algunos procedimientos legislativos y administrativos los cuales, inevitablemente, prolongarán un poco la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como lo prescribe el numeral 70 del acuerdo del 15 de diciembre de 2015; sin embargo, ello no tendría mayor dificultad si todos aquellos que cometieron conductas objeto de reproche en el marco del conflicto armado están dispuestos a someterse a la JEP hasta que

se active de manera definitiva y si el Gobierno Nacional no tuviera la imperiosa y perentoria necesidad de otorgar beneficios anticipados como garantía de los compromisos adquiridos en La Habana (Cuba).

En este escenario es donde surge el contrariedad, pues el ordenamiento jurídico colombiano no establece mecanismo para otorgar beneficios penales anticipados a todos aquellos que se encuentran procesados o condenados por la comisión de delitos por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado, precisamente al referirse a los Agentes del Estado y a los terceros civiles. Para el caso de los integrantes de las Farc-EP, la Constitución Política en su artículo 150, numeral 17, contempla que dentro de las funciones del Congreso está la de “Conceder, por mayoría de los tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos (…)”, y los artículos 19 de la ley 782 de 2002 y 25 de la ley 975 de 2005, establecen, por imperativo legal, la posibilidad de otorgar amnistías, indultos o penal alternativas a los integrantes de grupos organizados al margen de la ley, organizaciones que se subsumen perfectamente a las características que revisten y ostentan las Farc. En ese orden de ideas, actualmente el Estado colombiano ostenta herramientas necesarias para ofrecer beneficios anticipados para los integrantes de las Farc-EP, pero carece de medios necesarios para ofrecer el mismo tratamiento para los agentes del Estado y para los terceros civiles, los cuales son necesarios en virtud de los principios de simetría, simultaneidad, equilibrio y equidad señalados en los acuerdos de La Habana, Cuba.

Pese a lo anterior, se considera que dichos instrumentos no ofrecen la seguridad jurídica que se buscó con el acuerdo del componente de Justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pues de ser aplicados estos beneficios antes de la firma del acuerdo final o a la firma de éste, se realizarán al margen de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, que las decisiones de amnistía, indulto u otorgamiento de penas alternativas no gozarán de la competencia de la JEP y por ende las mismas podrán ser revisa-

das por cualquier otro órgano jurisdiccional, eventualmente, negando el espíritu mismo del órgano jurisdiccional especial constituido para resolver las relaciones sustanciales surgidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

En consecuencia, tanto para los integrantes de las FarcEP, como para los agentes del Estado y los terceros civiles que son procesados o condenados por conductas cometidas en el marco del conflicto armado resulta apremiante la puesta en funcionamiento e iniciación de actividades de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues sin lugar a dudas, para ellos, este es el órgano que logrará zanjar y resolver de manera definitiva la situación jurídica de estas personas, ofreciendo garantías sustanciales de cosa juzgada de dichos asuntos y con aplicación del marco jurídico aplicable a los conflicto armados, es decir, el Derecho Internacional Humanitario y los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto implica que se debe aprovechar las instituciones existentes para que, de manera transitoria, ejerza funciones del componente de justicia del SIVJRNR, con el fin de adelantar la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y que aquellos que se sometan a su competencia por haber cometido delitos por causa, con ocasión o en relación

directa o indirecta con el conflicto armado tengan la plena seguridad y tranquilidad que su situación jurídica se resolverá de manera definitiva.

Las medidas legislativas que se adopten deben atender criterios de seguridad jurídica, la cual debe entenderse como aquella en que los actores del conflicto, las víctimas y en gene-ral la sociedad perciban un alto grado de satisfacción y tranquilidad en el tratamiento judicial especial que reciban los victimarios y las adecuadas medidas de reparación integral que se otorguen a las víctimas. No obstante lo anterior, las decisiones adoptadas para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como aquellas adoptadas por este órgano para resolver la situación jurídica de quienes se sometan a su competencia, deberá atender las prescripciones constitucionales y convencionales, precisamente en lo relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, precisando que la extensión objetiva y subjetiva de las medidas se ajusten a los derechos de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Peluqueria ACORE


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septiembre 2016

Proceso de paz Acuerdo de paz de La Habana y las Farc en la política

El esfuerzo opositor debe centrarse en la unión de las fuerzas democráticas de Colombia Por: Brigadier General (RA) César Barrios Ramírez.

Nuestra historia, historia de Colombia como República, es una de las más violentas del mundo. No ha existido una generación que haya podido decir que ha vivido en una Nación en paz. Desde sus albores como país libre, su historia registró enfrentamientos entre facciones de patriotas divididos por concepto diferentes en la aplicación del poder político, registrándose rebeliones e insubordinaciones que llegaron a acabar con la vida de héroes de esa misma guerra emancipadora, como el caso del joven General Córdova. Más adelante, la violencia provino de los enfrentamientos partidistas del siglo 19 y mediados del 20 entre liberales y conservadores, para llegar al siglo 21 en medio de un conflicto armado, no ya generados por diferencia de ideas políticas domésticas si por la aparición de la acción de grupos de armados contra el sistema, buscando implantar ideas políticas y económicas provenientes de tierras extranjeras, agregándose a ellas la aparición de fuerzas mal llamadas paramilitares que buscaron suplantar o al menos apoyar ilegítimamente al gobierno contra las guerrillas y si ello fuera poco se unió al desorden social el veneno del narcotráfico. Esfuerzos fallidos

gubernamentales

Las circunstancias históricas enunciadas permitieron que el violento y sangriento conflicto armado se extendiera a lo largo y ancho del país, situación que llevó a los últimos seis gobiernos (Betancourt, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe) a buscar un acercamiento con los insurgentes alzados en armas contra el orden institucional, en busca de lograr el cese del enfrentamiento y la integración de los bandidos a la sociedad.

Algunos de estos esfuerzos registraron estruendosos fracasos, como el caso del Caguán de Pastrana; otros alcanzaron su objetivo de manera limitada, pero ninguno cercano a un éxito y menos frente al grupo guerrillero de mayor capacidad, mayores efectivos y de mayor anti-

güedad en el mundo, las Farc, como hoy se está registrando. El proceso de hoy

Estimado lector, usted, como todos los colombianos, hoy está siendo testigo de cómo, después de 60 años de sangriento conflicto armado, por fin nuestro país Colombia está a punto de coronar exitosamente el único esfuerzo de gobierno que ha avanzado hacia el logro perseguido por los anteriores seis mandatarios de sentar a las Farc (lastimosamente a no todos los grupos insurgentes) en una mesa de conversaciones y adelantar, ante la faz del mundo, unas complejas conversaciones para transformar a este grupo criminal en un partido político desarmado, sometido al libre juego de la democracia, avanzando hasta llegar hoy a la firma de un acuerdo de cese bilateral del fuego y cese de hostilidades, haciendo así de este mayúsculo y aún no totalmente comprendido esfuerzo un irreversible paso hacia el inicio del camino hacia una paz estable y permanente.

Es sabido y aceptado que un proceso político de la complejidad del que estamos viviendo nunca pueda ser el ideal al que cada uno de nosotros ha aspirado y hubiera querido; para la gran mayoría, lo ideal hubiera sido que el conflicto llegara a su fin mediante la derrota militar completa de los grupos de criminales alzados en armas y que esposados y custodiados estuvieran compareciendo ante tribunales de justicia para pagar sus crímenes en una cárcel especialmente creada para ellos, pero ello hoy no pasa de ser una quimera, muy distante de la realidad que nos ha correspondido vivir. Hoy es aceptado hasta por quienes en un comienzo, hace cuatro años, se oponían de manera radical al desarrollo de

las conversaciones con los subversivos, que el único camino hacia la paz es el diálogo, proceso que , como toda negociación, no puede estar excepto de dudas, desconfianza y de alto grado de escepticismo y siempre acompañado del sinsabor que toda concesión conlleva, concesiones que son connaturales a todo proceso de negociación, ya que sin concesiones de parte y parte, el dialogo sería un imposible y estaría condenado al fracaso. Cada cual puede calificar hasta qué punto lo hasta hoy acordado constituye una extremada generosidad y si ella vale la pena frete a la dimensión altruista del objetivo final: cambiar el accionar violento de un grupo insurgente armado y sanguinario, por el accionar legal de un partido político (sin armas), en la arena de la democracia, aceptándose de antemano que en un exitoso acuerdo de paz, ninguna de las partes puede quedar al ciento por ciento satisfecha de lo alcanzado. Amplio apoyo internacional

Al proceso, no carente de vacíos, con fallas y no totales aciertos, incluyendo inoportunas, equivocadas y hasta confusas manifestaciones públicas de la dirigencia del mismo, ha sido reconocido internacionalmente como único en el mundo por su esquema, por los amplios aspectos abarcados y facetas en él incluidos, por su recta conducción en medio de una activa e irreflexiva oposición con total observancia de las normas que la democracia imponen en un Estado de Derecho y de la normatividad internacional a la que estamos sujetos por acuerdos y compromisos adquiridos ante el concierto de naciones. Ello se ha concretado en un total apoyo de los Estados y organizaciones más calificadas del mundo, desde el Vaticano hasta

la Organización de las Naciones Unidas, pasando por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, las grandes potencias mundiales con Estados Unidos y Rusia a la cabeza. ¿Será que todos ellos están equivocados y/o engañados? ¿O será que tienen interés en que Colombia llegue a ser una opción para el comunismo del siglo 21? Disenso nacional

¿Por qué en Colombia –como mundial e histórica excepción– el esfuerzo por terminar un sangriento y desastroso conflicto de más de cincuenta años en busca del camino de la paz, no ha sido un definitivo factor aglutinador de la voluntad popular?

La paz es universalmente reconocida como un bien supremo y el esfuerzo que en su momento histórico cada pueblo ha adelantado en su búsqueda se ha constituido en un objetivo nacional, centro de unión, polo de aglutinamiento de voluntades, pero en Colombia, a pesar de décadas de confrontación , con más de 220.000 víctimas, millones de desplazados, violaciones y destrucción , el esfuerzo por llegar a la cesación de tal desastre, después de cuatro años de arduas y complejas conversaciones, no ha logrado tal aglutinamiento. Por el contrario, increíblemente, la lucha por poner fin a una confrontación se ha convertido en un factor de profunda división de la sociedad originado en posiciones políticas extremas que lindan con el fanatismo; esta dolorosa situación debe hacernos recordar los tiempos de la Patria Boba de la cual aún hoy en día estamos sufriendo sus efectos. ¿Repetiremos la historia? Al inicio del proceso, hace cuatro años, era lógico, entendible y hasta necesario el prevalente escepticismo y las dudas sobre

lo acertado de lo planteado. Después de cincuenta meses de extenuantes esfuerzos y de ser testigos de los avances logrados en todos los campos, hasta hacer del tema del posconflicto el eje de planeamiento y desarrollo de nuevas e intrépidas apreciaciones hoy presentes en todas las actividades nacionales e internacionales como nunca antes, hace más que incomprensible el encontrar adversas posiciones de fanatismo extremo cuyo única finalidad es lograr y acrecentar la división de la sociedad atacando y condenando lo hecho y por hacer.

Basan su discurso en temas pasados de moda como la enumeración de los crímenes cometidos por los bandidos por todos conocidos, la no cárcel para los mismos, la posibilidad de que ellos, los insurgentes criminales, lleguen a tomar parte activo en la política como partido reconocido (desarmado indudablemente). Repiten argumentos tan atrevidos como sostener que se ha trasladado el poder legislativo a La Habana, que es allá donde se legisla, cuando la oposición al proceso toma parte o se margina voluntariamente de los debates que sobre los temas de la paz y de los acuerdos se adelantan en el Congreso de la República, máximo recinto del sistema democrático que nos rige, de donde después de profundos y democráticos debates han sido aprobados temas tan fundamentales como el Acto Legislativo para la Paz y la aprobación de las normas de la aplicación de la Justicia Transicional y sin que sea válidamente suficiente con que la Corte Constitucional en su soberanía, haya dado la aprobación legal a la realización del atacado plebiscito, que no es otra cosa que la participación directa de la voluntad del pueblo en lo que, en buena hora, se llegue a pactar con la insurgencia ya sometida a reconocer la vigencia de las instituciones patrias. ¿Cuáles son las causas de tan cerrada oposición al camino de la paz?

Aceptando, como de antemano se escribió, que ningún proceso de diálogo por exitoso que sea puede dejar a las partes una plena satisfacción por que ese proceso conlleva de por sí el ceder y conceder, se debe concluir que la ciega oposición al proceso y sus avances solo puede obedecer a dos razones:

Acuerdo de paz / Sigue página 7


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Proceso de paz Acuerdo de paz / Viene página 6

1. Un profundo y personal resentimiento contra la cabeza política que lo lidera, considerado en lo personal como perseguidor de familia y en lo político perseguidor de anteriores y queridos colaboradores, el que además, está logrando lo que en su momento fue su propio objetivo de paz no alcanzado. 2. Temor al posconflicto, real o solo como bandera de oposición, a que los nuevos actores en la arena política, nacidos de la firma del acuerdo del cese de la confrontación armada, unidos a otros partidos de izquierda que nunca han alcanzado una seria figuración en las contiendas electorales, con la simpatía” del gobierno del país vecino, ganen la confrontación con los partidos y organizaciones políticas democráticas tradicionales y como abanderados del socialismo del siglo 21 se tomen el país. Ante la primera causa, el país y las instancias internacionales son testigos de que el poder Ejecutivo no ha tomado parte ni influido, como ocurre en el país

vecino, en el accionar del poder Judicial, así se diga en mentideros que sí ha existido una influencia por debajo de la mesa, este tipo de decires son propio de nuestra naturaleza apoyado en la fama, bien ganada, de nuestros jueces de estar alejados de la conducta profesional y honesta que se supone deben ser sus virtudes calificadoras. Ante la segunda causa de esa férrea oposición, temor al posconflicto, se debe considerar que si es cierto que la corrupción y usufructo del poder de la clase política tradicional es una clara debilidad en la temida confrontación con el nuevo o nuevos partidos políticos, el país como tal y en especial su población ha sido y es un amante eterno de la libertad, es un ferviente seguidor de la libre competencia, de la libertad de palabra y movimiento, es un ciudadano apegado al libre manejo de sus propias necesidades. El pueblo colombiano como excepción del continente latino, nunca ha sufrido de oprobiosas dictaduras ni padecido los males propios de ellas; sabemos

que el caso del General Rojas, nunca lo fue. Pensar en la posibilidad de la implantación en Colombia del llamado socialismo del siglo 21 es un exabrupto, más hoy ante el ejemplo desalentador de Venezuela cuyo desbarajuste de toda índole es seguido por el pueblo colombiano y para los más pensantes el declive rápido e irreversibles que hoy se está registrando de los gobiernos que hace una década enarbolaron la bandera de nueva revolución socialista. Real riesgo futuro

El futuro ineludible, ante lo irreversible del proceso de finalización de la confrontación armada con las Farc, es el enfrentamiento entre los partidos políticos tradicionales con el nuevo partido político nacido del acuerdo. Esta sí real y peligrosa amenaza, hace hoy más que nunca no entendible y menos aceptable el desgaste del esfuerzo opositor en la equivocada aplicación del nunca desconocido poder político de su dirigente en la búsqueda de ahondar la di-

visión perniciosa de la sociedad. Es la hora de emplear la capacidad de convocatoria del ilustre exmandatario, en unir y organizar al poder político tradicional, a fin de lograr salir airoso del enfrentamiento a darse ante la furiosa arremetida política que los recién llegados librarán con el utópico objetivo de alcanzar en las tribunas democráticas lo que les fue negado mediante el empleo, durante más de cincuenta años, de las armas y la violencia que de ellas emanan, eficazmente neutralizada por las Fuerzas Militares y de Policía y los héroes que ofrendaron sus vidas en defensa de la institucionalidad . Ahora más que nunca, el unirnos y organizarnos para enfrentar exitosamente esa amenaza y salir avante de la lucha política del posconflicto en el próximo futuro en busca del mantenimiento y mejoramiento de nuestro sistema democrático, es un hecho de apremiante comprensión y ejecución. ¿Es posible replantear lo pactado?

Pensar en un replanteamiento

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de los términos ya acordados y firmados en La Habana es un argumento de distracción, ello es un imposible físico. Basta repasar las horas y horas de negociación que hicieron posible la firma del alto al fuego, que hicieron posible la aceptación por parte de los insurgentes de las determinaciones tomadas dentro de la institucionalidad por ellos atacada durante cincuenta años, para que ahora por una campaña de desconocimiento de esos acuerdos avalados por las instancias internacionales ellos, los insurgentes, vayas a aceptar lo que no aceptaron o cambiar el cómo ya pactado, es totalmente salido de la realidad.

Si nunca se sintió temor a la confrontación armada ni al manejo de conflicto violento, menos debemos temer a la conducción de una lucha de ideas y conceptos a librar en las arenas que la democracia pone a disposición, pero se debe entender que la unión es y será la esencia de la victoria, desunida la clase política tradicional y democrática enfrenta un muy serio riesgo contra su supervivencia y las libertades democráticas.

El posconflicto y los medios de comunicación Por: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional ACORE

Para muchos sectores de la ciudadanía, existe en el momento actual una “sobre dimensión mediática de los acuerdos de paz que se han venido anunciando”. La visión de un proceso exitoso y positivo no concuerda con la realidad que actualmente se advierte dentro de la opinión pública nacional. La negociación con las Farc constituye tan sólo un primer paso hacia la paz. Corresponde a un proceso gradual y muy complejo que tardara varios años para convertirse en realidad.

Hay que entender que el posconflicto es tan sólo una hipótesis que no significa ausencia de otros graves conflictos en materia de orden público. Los periodistas deben llamar las cosas por su nombre para no generar falsas expectativas. Como generadores de opinión, asumen una gran responsabilidad en tal sentido.

El país se polariza cada vez más por causa de esta gestión mediática. Se juzga como malo a quien piensa diferente. Muchos medios de comunicación repiten insistentemente este mensaje.

En un eventual posconflicto el rol de los medios de comunicación es determinante. Ya no se trata de informar sobre el conflicto y el proceso de negociaciones. En esta nueva etapa, habrá que orientar a la opinión pública hacia los cambios que el país requiere para construir la paz, visibilizando al máximo todos los esfuerzos que se realicen para superar los conflictos existentes.

La labor noticiosa debe ser mucho más objetiva que subjetiva y orientarse exclusivamente a la narración de los hechos, sin interpretar ni juzgar para no tergiversar la realidad de lo que ocurre.

Los articulistas y columnistas hacen periodismo de opinión y en su mayoría son independientes. Estos son los que deben ejercer un rol fiscalizador y no asumir, como usualmente ocurre, un papel complaciente con todo lo que atañe a la acción gubernamental. En los periódicos y revistas de mayor circulación, hay voceros oficiales y otros que fungen como detractores permanentes de la fuerza pública. En la mayoría de los casos, cumplen su tarea escribiendo por encargo. Recomponer el puente que se ha obstruido por causa de la polarización existente frente a un eventual posconflicto, constituye factor determinante para el ejercicio profesional del perio-

dismo, ante un futuro incierto que el país tendrá que enfrentar en los años venideros.

Al interior de las FF.AA. existe sin lugar a dudas un gran sentimiento de preocupación e incertidumbre frente al proceso de negociaciones que se realiza en La Habana, sus acuerdos finales, el posconflicto y sus efectos posteriores en materia de seguridad y defensa nacional.

No hay suficiente claridad sobre las múltiples concesiones otorgadas a las Farc a través de preacuerdos ya anunciados, cese al fuego, desarme, reinserción y mecanismos de verificación y monitoreo en 31 zonas de concentración que han sido convenidas.

Para terminar, y por ser de mucha actualidad, es conveniente hacer referencia al anuncio que se hizo a finales de 2012, respecto a la negociación del punto 3 de la agenda pactada como posible inicio de un eventual posconflicto, en el cual ACORE hizo público un pronunciamiento donde vale la pena extractar los siguientes apartes, que de una u otra manera, tienen relación con el tema que nos ocupa: 1. Dentro de este proceso, bajo ninguna circunstancia se pueden sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones. 2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a de-

mandas exageradas, constituiría un daño irreparable al futuro del país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República y de sus instituciones.

3. La excesiva generosidad del Estado en este proceso, puede constituir una gran muestra de debilidad que será hábilmente explotada por los terroristas.

4. El gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas otorgan al común de nuestros conciudadanos. 5. Queremos una paz estable y duradera y una Fuerzas Armadas altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla.

6. No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y miembros de la fuerza pública que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país. 7. Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Armadas y con los principios fundamentales que rigen la seguridad y defensa de este país, debe ser innegociable. De todo es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar y policivo, para lo cual trataran de imponer algunas condiciones tales como la eliminación definitiva del fuero y de la Justicia Penal Militar y de Policía, revisión de la situación laboral de la fuerza pública en

su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de tipo presupuestal. También podrían exigir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados. 8. El cese al fuego deberá ser de carácter unilateral. Quienes tienen que silenciar las armas, son los terroristas y no las fuerzas armadas de la República. El cese al fuego y de hostilidades deberá iniciarse en el momento mismo en que se firme el acuerdo final para la terminación del conflicto.

9. Por elementales principios de equidad, los miembros de la fuerza pública que se vean incursos en investigaciones penales por causa o razón del conflicto, deberán ser objeto de un tratamiento diferenciado, pero similar a quienes resulten favorecidos con los beneficios que otorga el llamado marco jurídico para la paz y justicia transicional. 10. Por razón de estos mismos principios de equidad, los miembros de la fuerza pública que se han visto afectados por causa del conflicto armado, deberán recibir los mismos beneficios que sean otorgados a quienes se consideren víctimas de este mismo conflicto. El marco de tiempo para reconocer estos beneficios, no puede ser inferior al tiempo en que hizo su aparición esta organización terrorista.


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Proceso de paz Piénselo bien, muy bien, para votar en el plebiscito Por: Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo.

Vote por el sí Si usted está plenamente convencido de que el presidente, el Gobierno y las Farc están obrando sincera y honestamente.

Si usted está seguro de que los acuerdos firmados en La Habana son el producto de profundas investigaciones, de minuciosos estudios, de detallados planeamientos que benefician exclusivamente los intereses nacionales y no los intereses y las ambiciones de las Farc. Si su voto es el resultado de su propio y exhaustivo análisis sobre la conveniencia de los acuerdos para el país, para su familia y para usted mismo más adelante.

Si usted no se va arrepentir después de haber votado sin

pensar ni evaluar las consecuencias políticas, sociales y territoriales que pueden suscitar los acuerdos que se están firmando. Si usted sólo vota para proteger sus compromisos políticos o sus intereses familiares y/o personales, dejando de lado su criterio, su personalidad y sus sentimientos nacionales.

Si a usted, más tarde, no le va a dar remordimiento de que a las Farc se les haya otorgado impunidad absoluta a pesar de sus horrendos antecedentes criminales y que, para acomodar este privilegio, se haya tergiversado el orden judicial existente. Si usted está de acuerdo con que el accionar delictivo de las organizaciones al margen de la ley, en este caso las Farc, se considere como una carrera profesional que capacita y habilita dirigentes para que manejen los órdenes gubernamental y legislativo de la nación, como ya ocurrió en años anteriores con organizaciones delictivas.

Si usted cree que en pocos meses no va a tener que rezar permanentemente para que Colombia no se consolide como un nuevo miembro de los países del Foro de São Paulo que se rigen por la normatividad del llamado Socialismo del Siglo 21.

ambiguos y prácticamente indeterminados y con un posconflicto imprevisible por su complejidad y su falta de planeación en los distintos campos de la vida nacional.

Vote por el no

Que para verificar el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos de las partes se haya admitido la participación de la Celac y de militares cubanos, organización e individuos que por sus antecedentes e ideología no inspiran ninguna confianza a los colombianos.

Si usted es de los ingenuos que le dan absoluto crédito a la publicidad oficialista sobre la paz sin indagar lo que eso trae por dentro.

Si a usted no lo convence ninguna de las consideraciones anteriores o lo ponen a vacilar sobre su conveniencia real para el país, ni tampoco acepta lo siguiente: Que se involucren a la Constitución elementos de los acuerdos de La Habana, lo que constituye una reforma amañada e improcedente. Que predomine la incertidumbre sobre el futuro que le espera a Colombia con unos acuerdos

Preguntas sin respuestas Por: Santiago Valencia G. Representante a la Cámara

Muy preocupado quedé tras el debate de control político en el que le pregunté al Gobierno, en nombre de la ciudadanía, varias inquietudes justificadas sobre los acuerdos con las Farc.

Usando la retórica propia de la negociación con la guerrilla, en la que el Gobierno aprendió el lenguaje de la confusión, el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, evadieron la mayoría de las preguntas realizadas. Las respuestas dadas me hacen recordar las burlas de los cabecillas de las Farc a las peticio-

nes de las víctimas y la frase de Jesús Santrich cantando “quizás, quizás, quizás”.

Aunque pregunté por la desmovilización de las milicias, el rearme de una parte de ese grupo y las implicaciones de las zonas de concentración, no hubo una sola respuesta satisfactoria.

A pesar que cerca de 10 mil de los 17 mil integrantes de las Farc pertenecen a las milicias, tanto el Alto Comisionado de Paz, como el Viceministro, no dieron una respuesta clara.

No obstante, lo único que se puede concluir de las omisiones del Ejecutivo es que acepta que facciones de la guerrilla se van a rearmar. Así lo dijo Rivera, al afirmar que un grupo de desmovilizados de las Farc usarán las armas del Estado para proteger a sus comandantes cuando es-

Que se le haya restringido el acceso a la Fuerza Pública a unas extensas zonas del territorio nacional para facilitarles a las Farc un accionar dudoso y hasta riesgoso para la soberanía nacional y su estructura política.

Que se consideren como delitos conexos con el delito político el narcotráfico, el asesinato de soldados y otros crímenes injustificables. Que se haya suspendido la refrendación de los acuerdos y se

haya implementado un plebiscito sesgado en su estructura y además se haya fijado un umbral doloso para asegurar el triunfo del sí. Que el Gobierno esté aceptando que las Farc son ilíquidas y que por lo tanto no pueden pagar reposiciones a sus víctimas cuando en realidad son dueñas de un inmenso capital producto de sus innumerables delitos. Que por donde se mire la paz está muy mal diseñada y no conduce ni a acabar con la violencia ni a proporcionar la convivencia que el Gobierno promulga.

Que la oposición a los acuerdos de La Habana no es asunto exclusivo del Uribismo sino de todos los colombianos que analizan el proceso y deducen sus resultados, que, desde todo punto de vista, son contraproducentes para el país.

Que el Gobierno se haya dedicado a publicitar la paz olvidándose de los otros grandes problemas que afligen a los colombianos.

tos sean dirigentes políticos.

Serían 900 o más guerrilleros rearmados a los que ni siquiera se les realizarán una revisión de antecedentes y pruebas de aptitud.

A esto se suma la evasiva para explicar por qué la mayoría de las 23 zonas veredales transitorias y los ocho campamentos donde se van a concentrar las Farc, incumplen con los requisitos con los que se comprometieron para salvaguardar la seguridad nacional.

Es así como cinco Zonas Veredales Transitorias y dos campamentos, están en zonas fronterizas; en 16 Zonas Veredales Transitorias y en cuatro campamentos, hay presencia de cultivos ilícitos; y en seis Zonas Veredales y un campamento, hay activos estratégicos para la Nación.

Sin contar en las zonas que hay explotación ilegal de minerales, presencia guerrillera, parques naturales y comunidades indígenas.

Pero además, quedó en el aire la coincidencia que hay entre 10 Zonas Veredales Transitorias con Zonas de Reserva Campesina, y la posibilidad que por decreto el Presidente determine que estas últimas abarquen entre el 60 y el 70 por ciento de las zonas de concentración.

A pesar de su silencio, el Gobierno no tiene ninguna excusa para seguir evadiendo su obligación de responderle, no solo al Procurador, sino al Congreso y a la ciudadanía.

Seguiremos insistiendo en las preguntas e invito a toda la ciudadanía a que estos cuestionamientos y todos los que tengan sobre el proceso de paz, se los envíen al Presidente de la República a través de derechos de petición.


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Proceso de paz

Resultados del plebiscito Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph.D.

Es octubre de 2016. La Registraduría Nacional del Estado Civil acaba de confirmar los resultados del plebiscito citado por el ejecutivo para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Los resultados son contundentes: Colombia no le perdonó al grupo narcoterrorista todo el daño que hizo durante más de 50 años y votó ¡no! Hay gran preocupación en el gobierno y no se conocen aún las decisiones del presidente de la República ni tampoco si hay un plan B, como en las pasadas negociaciones del Caguán.

Era de esperarse, los votantes entendieron que estaban definiendo, por primera vez en la historia, el futuro de quienes les habían maltratado durante décadas y no perdonaron tanto dolor y sufrimiento. Líderes de varios grupos sociales han expresado que el acuerdo se quedó corto con relación a las penas para los violadores de derechos humanos y culpables de crímenes de lesa humanidad y no vieron viable permitir que personas con las manos manchadas de sangre llegaran a cargos de poder y a legislar en nombre del pueblo, el mismo al que habían sometido por tantos años. También expresaron que requerían del Congreso Nacional implementar los puntos que la ley permita en cuanto a mejoramiento de las condiciones de los más necesitados, en lo social, la inversión en el campo, la salud, pero sobretodo la educación y las oportunidades. Ellos no quieren nada regalado, pero si piden oportunidades para poder surgir y darles la posibilidad a sus hijos de un futuro mejor. Consideran que es algo que se puede hacer sin necesidad de claudicar ante las Farc. En La Habana, el grupo negociador de la guerrilla está culpando a la burguesía representada por el Centro Democrático y también a los grupos interesados en perpetuarse en el poder. También a los medios de comunicación por “prestarse a los fines de la oligarquía”. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos claman porque no se recrudezca la guerra y no regrese la violencia. El frente primero de las Farc se ha pronunciado y está aprovechando para justificarse, expresando que por eso nunca se acogió a lo pactado. Aún no aceptan que fueron los beneficios del narcotráfico los que los llevaron a declarase en disidencia.

Las Fuerzas Militares, en cabeza de su comandante, han expresado estar listas para defender a los colombianos contra la amenaza narcoterrorista en cumplimento de la Constitución; que sólo requieren del presupuesto necesario para acometer su mandato legal. El pueblo está confiado y sabe que ha habido épocas peores, sobretodo que ahora más que nunca las Farc han quedado en evidencia y saben que no representan a nadie, pues así se lo han expresado por primera vez en las urnas. ¡Colombia no los quiere! Como medida disuasiva hay acuartelamiento de primer grado, se ha alertado a las reservas de primera clase y los patrullajes terrestres, fluviales y aéreos se han intensificado.

En lo político, no era de esperarse menos, la campaña por el plebiscito fue tan sucia y poco ética como la campaña por la reelección presidencial de 2014. Los entes de control fueron incapaces de frenar los excesos, las manipulaciones y las malas prácticas. La opinión pública se saturó de las mentiras y se hastió de la presión; todos quieren la paz, pero no de esa manera. Se cansaron de que los pusieran contra la pared y de que los hicieran sentir culpables de “querer la guerra”, simplemente por preguntar, argumentar o sugerir alguna alternativa. Tampoco gustó el poco tiempo para poderse informar y reflexionar sobre los acuerdos, pareciera que se pretendía aprovechar la emoción colectiva para obtener el sí. Las redes sociales, más que nunca, desempeñaron un papel decisivo. La información fluyó a gran velocidad y sin muchos recursos se logró hacer entender a la comunidad, mediante el análisis, sobre los alcances de lo que podría venir con la impunidad y el acceso al poder, sin elección popular, de los guerrilleros. Adicionalmente la sociedad entendió que se ponía demasiado en riesgo al mantenerse, a pesar de la dejación de las armas, una organización intacta en sus jerarquías, con mucho dinero mal habido y además con alcances en lo político. Las palabras de Iván Márquez en la ceremonia de firma de los acuerdos en La Habana fueron contundentes en que quieren el poder para imponer la Colombia que ellos visualizan, cambiando el sistema. La posibilidad de caer en el llamado Socialismo del Siglo 21 creó demasiada preocupación. Por otra parte, también influyó la experiencia de los países de Centro América, que ante la miel de la paz redujeron su aparato de seguridad estatal. Esos ejemplos tan cercanos ali-

mentaron los temores de que en poco tiempo se pudiera perder el control de Colombia y la inseguridad se disparara, como en esas naciones, por la falsa creencia de que con la firma de los acuerdos se iba a acabar con la violencia. En un país plagado de delincuentes, mafias organizadas y grupos narcotraficantes ansiosos de dinero y poder, además con altos índices de corrupción, no se puede descuidar la seguridad nacional por ningún motivo y bajo ninguna promesa de paz. También influyó el bajo nivel de aceptación del gobierno en las encuestas, la poca credibilidad en los negociadores de las Farc, además del mal momento, pero inminente, de la reforma tributaria que afectará económicamente a todos y que la mayoría ve como consecuencia, no solamente de la caída de los precios del petróleo, sino como fruto de la corrupción, la mermelada y los gastos incontrolados de los últimos años. Finalmente la campaña por el plebiscito dejó la pésima sensación de que todo era válido para lograr los fines propuestos. Pareciera que la ciudadanía ya no aceptó más la consabida frase de que “el fin justifica los medios”. Tres meses después

Tras la derrota de las Farc en las urnas, el grupo narcoterrorista ha estado sin rumbo. Los guerrilleros rasos están decepcionados, sus jefes les habían hecho creer que habían triunfado al estar sentados en igualdad de condiciones con el gobierno. Los cabecillas en La Habana se han polarizado y han pasado a posiciones radicales; desde amenazas hasta propuestas de renegociar, pasando por promesas de seguir “luchando por el pueblo”. No hay una posición clara, pues nunca habían estado tan cerca de obtener tanto, como en los cuatro años de negociación. Se sienten decepcionados y preocupados de que Colombia les haya hecho saber que no los quiere. De alguna manera, por lo menos los más pensantes, han entendido que volver al monte a lo mismo y sin la posibilidad de obtener resultado alguno no tiene sentido. Saben que por las armas no lograrán nada, por lo menos mientras se conserven las capacidades de la Fuerza Pública. Por eso habían insistido tanto en modificarlas. Saben que perdieron esta oportunidad y que deben, de alguna manera, reconciliarse con el pueblo colombiano. Por su parte el ELN ha quedado sorprendido de los resultados en las urnas. Ellos que habían incrementado su accionar delictivo con la tranquilidad de que

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Haciendo uso de técnicas de prospectiva, el articulista platea un escenario futuro del tan esperado plebiscito para someter a refrendación popular el acuerdo final de La Habana. algún día negociarían y les iban a perdonar todos sus desmanes, han visto el mal momento de las Farc y la enseñanza es contundente: por las malas el pueblo no entiende, no acepta y mucho menos perdona. La comunidad internacional en general, la ONU y la OEA en particular, han invitado a que las Farc entren en razón y se abs-tengan de volver al narcoterrorismo. Han recordado que en Europa y en los Estados Unidos mantiene el estatus de grupo terrorista y han sido reiterativos en que no cuentan con apoyo alguno para su causa, más ahora que los colombianos han sido contundentes en quitarles todo reconocimiento o aceptación. Están en una encrucijada sin salida; atemorizar con actos terroristas no es un camino válido pues ya no se trata de un gobierno dispuesto a negociar, sino de todo un pueblo que les dice que no los avala ni los acepta. Su causa perdió cualquier rezago de apoyo.

El gobierno ha expresado que ante la campaña presidencial para las elecciones de 2018, es conveniente que no se politice el tema y que no se convierta en bandera electoral; sin embargo, es algo inevitable. Los partidos políticos están viendo la luz al final del túnel, pues ya no se trata de una única posibilidad, como en La Habana, sino que cada partido puede hacer propuestas sobre la búsqueda de la paz, no sola-

mente con las Farc sino con los otros grupos de su misma naturaleza. Al final el mismo pueblo, que ya mostró carácter y madurez con el tema, será el que decida sobre el futuro de la narcoguerrilla en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras tanto los programas de desmovilización y reinserción de guerrilleros del Ministerio de Defensa se han retomado e intensificado y sorprende la cantidad de guerrilleros que están accediendo a la reintegración a la sociedad; saben que no hay otro camino, pues sus jefes fracasaron en la negociación por pretender imponer tantas condiciones y también saben que mientras estén las Fuerzas Militares y de Policía fortalecidas y apoyadas por la comunidad nunca lograrán nada por la fuerza. Mientras todo se define, es claro que hay que atacar con contundencia las finanzas de los bandidos, pues es la gasolina que alimenta todas las formas de violencia. Por otra parte y ante la inminente necesidad de respuestas, el gobierno nacional analiza la posibilidad legal de renegociar el acuerdo y en un procedimiento exprés aprobar lo que por competencia legal del Ejecutivo esté a su alcance, lo que a nivel de popularidad sería bastante desatinado si se insiste en imponer lo que llevó a que ganara el no, sería una salida terca y que la historia cobraría muy cara. Aquí el “fin no justificaría los medios”, sería preferible cargar con la derrota del proceso.

EDGAR A. VILLAMIL ABOGADOS ASOCIADOS

Derecho Civil y de Familia Derecho Comercial y de Seguros Derecho Laboral Derecho Administrativo Responsabilidad del Estado Responsabilidad Civil Casos de Derecho Administrativo Laboral de la Fuerza Pública: Reliquidación IPC, Prima de Actividad, Nivelación Salarial y Pensional, etc. Teléfono: 2838917 - 4660111 - 3118500865 villajota@yahoo.com Calle 19 No. 6 - 68 Edificio Ángel Oficina 601 - Bogotá


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septiembre 2016

Encuentro

XXI encuentro en el Eje Cafetero

Entre el 4 y el 8 de agosto pasados, un grupo de Acorados participó en nuestro tradicional encuentro anual, que en su versión 2016 tuvo como escenario el ensoñador paisaje del Eje Cafetero.

La obligada visita a Panaca fue la primera actividad en esta apretada agenda de cinco días. Allí, los Acorados observaron de manera especial caballos de diferentes razas: árabes, españoles, percherones y aquellos tiernos y simpáticos como los pony.

Acorados, testigos de un asno resucitado.

En la tarde y en la noche del 4 de agosto, los Acorados disfru de un vistoso show con estos animales de granja. En el espec se hizo presente otra especie de la familia de los équidos: los burros o asnos.

Los Acorados llegaron por Pereira, Risaralda, y de ahí tomaron rumbo a Quimbaya, Quindío, municipio donde se alojarían en el hotel La Heliconias. El recorrido se caracterizó por la calidez de las personas que los recibieron y atendieron durante el desplazamiento.

Las poblaciones cafeteras son muy agradables. Ambientes auténticamente típicos y caracterizados por la armonía y colorido de sus casas, cuyos propietarios cuidan con esmero y engalanan de manera vistosa. En Filandia, la plaza sirvió de marco ideal para saborear un exquisito café, el mejor de los mejores. Luego, visitar y apreciar la belleza de su Parroquia María Inmaculada, que para muchos visitantes frecuentes pasa desapercibida. Ahí fue la primera foto del kínder de Acorados con su presidente: más fácil organizar 10 micos…

En el Parque del Café, montar en teleférico para llegar a la plaza típica, que emula la de cualquier pueblo cafeter una pequeña capilla, la estación de bomberos, la galería de comercio y restaurantes y la réplica de la estación del t Medellín. En este lugar, los Acorados abordaron los vagones que los llevaron a recorrer el lugar. De regreso, muchos pr ron caminar entre jardines y árboles, escuchando el canto de infinidad de aves. Todos posaron para muchas fotos y después almorzaron frugalmente, antes de pasar a presenciar el show del café, el cual quedó en el recuerdo y la memoria porque no se permiten fotos ni videos. Al término del espectáculo, caminata obligada por el ‘bambusario’, lugar paradisiaco donde un barranquillo, ave de hermosos colores azules y verdes, deleitó con su canto a los desprevenidos caminantes.

Seccional Quindío, con sede propia…

Encuentro que se respete tiene su ¡fiestaaaaa!

No podía faltar la visita a Armenia, en cabeza del presidente de la seccional, general Tovar, quien recibió a los Acorados del país en su sede propia. Bien bonita que la tienen y cuenta con todos los juguetes: cocina, comedor, sala de juegos y salón para ver fútbol, realizar conversatorios o festejar algún cumpleaños.

El salón, decorado con elementos típicos cafeteros, incluida la tienda y los vestidos, fue el marco ideal para la fiesta. Al principio tocó rogar para que bailaran, pero cuando se animaron quién dijo miedo: se rumbearon hasta los comerciales como se dice popularmente.

A grandes rasgos y con estas fotos, el periódico ACORE registra con mucho gusto el XXI encuentro de la asociación, organizado por Teresa Romero, quien contó con el apoyo de la sede nacional y la seccional. ¡Gracias a todos por su muy grata participación!

Muchas parejas de Acorados demostraron sus destrezas en el baile, dando a entender que llevan años de perfecto compás. Y los que no tenían pareja, pues a bailar solas y solos y a divertirse en grande, que pa’ eso son las fiestas; eso sí, primero unas cuantas copitas como para calentar los ánimos.

Para los Acorados que necesiten ir a Armenia, la sede cuenta con dos habitaciones a precios módicos. Está ubicada en un lugar excelente de Armenia.

Los Acorados querían seguirla hasta el amanecer, sólo que en el hotel son muy respetuosos de sus huéspedes y la rumba no se puede alargar más allá de las 2 am…

CO Gabriel Morales y Marcela Fayon de Morale


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Acorados, “cafeteriando”

utaron ctáculo s

Al día siguiente, caminata por el Valle de Cocora, hogar principal del árbol nacional de Colombia, la palma de cera del Quindío, y también de una gran diversidad de flora y fauna que está en peligro de extinción. Pese a ser un paraje despoblado, la caminada bien vale la pena; de paso, más de uno recordó que hace como 40 años en la zona estaba situada una base militar con la gran responsabilidad de prestar seguridad en la región.

Mayor Urquijo buen modelo de bolsos femeninos

Los Acorados caminaron, hicieron ejercicio, contemplaron el hermoso paisaje y recordaron viejas épocas e historias… refrescarse en la quebrada no estaba de más.

ro, con tren de refirie-

es

En este municipio, un agradable almuerzo renovó energías de los caminantes, quienes reanudaron las compras de recuerdos para llevar… Luego entraron a la iglesia y elevaron una oración al Todopoderoso, señal de gratitud por la oportunidad de disfrutar de tan buen encuentro.

Salento y su calle peatonal, perfecta para el comercio de hermosas artesanías, escenario además de la pausada y amorosa caminata de por lo menos tres parejas de Acorados: los García, los Urquijo y los Rodríguez.

Allí, antes de ingresar, Teresa Romero nuestra guía, dijo: posen pa’ la foto con el sombrero y pañuelo típicos, ambos bien paisas, para llevar un un grato recuerdo. Tocó dividir el grupo en dos: mucha gente pal pequeño escenario…


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Memoria histórica

¡Paz en sus tumbas y justicia en el cielo! Por: Coronel (RA) Manuel José Santos Pico.

En mayo de este año, el Consejo de Estado emitió un fallo que resarce la honra del coronel Diógenes Castellanos. Este artículo cuenta los hechos que se pudieron establecer en relación con la muerte del periodista Henry Rojas en Arauca y otras víctimas.

El sábado 28 de diciembre de 1991 fue asesinado el periodista Henry Rojas, corresponsal del diario El Tiempo en la capital araucana. La inseguridad en la región era propiciada por el ELN y las Farc, por lo que el Ejército Nacional contribuía con la Policía Nacional a controlar el orden público. Ese día, patrullas de las dos instituciones actuaron en forma conjunta para dar con el paradero del asesino. Para la época, Arauca era una región productora de petróleo que recibía grandes regalías, motivo por el cual algunos políticos, motivados por intereses económicos, se disputaban los puestos públicos, señalados de corruptos, escondiendo su delito tras los cobros extorsivos que se daban por parte del ELN y las Farc. Plata había y, sin embargo, la capital de Arauca no tenía alcantarillado y otros servicios públicos como el agua y la luz eran insuficientes y mal organizados. ¿A dónde iba a parar el dinero producto de las regalías? Para esa fecha, fungía como comandante del Comando Operativo 2 el coronel Diógenes Castellanos Guerrero. La unidad militar tenía como jurisdicción militar el departamento de Arauca y algunas provincias del Norte de Santander y Boyacá; dependía orgánicamente de la Segunda División del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga. Como alcalde de Arauca se desempeñaba José Gregorio Gonzáles Cisneros. El lunes siguiente al asesinato, el comandante del Departamento de Policía de Arauca informó que en el aeropuerto de la ciudad habían sido capturados por miembros del DAS los soldados voluntarios Wilson Daza y José Alberto Cristiano Riaño como presuntos responsables de la muerte violenta del comunicador. Los uniformados eran orgánicos del Grupo de Caballería Rebéiz Pizarro, unidad con sede principal en la ciudad de Saravena. El soldado Daza era un reinsertado del ELN; había sido reclutado por el Ejército dada la gran cantidad de información que poseía y por el conocimiento de la zona. Como era un soldado voluntario, el coronel Castellanos fue a visitarlo al lugar de su detención en compañía del director del DAS y lo enfrentó sobre la verdad de la sindicación, esperando que

Por esos días, en fuentes del juzgado de orden público se conoció que sería llamado a rendir indagatoria un “alto oficial” del Ejército contra quien existían indicios de que habría facilitado la presencia de los homicidas en Arauca, pese a pertenecer a otra guarnición militar. Esta información se publicó en el diario El Tiempo. Así se empezó a tejer una historia para desviar la investigación judicial y acusar a un militar inocente. no estuviera involucrado en el crimen.

Al verlo, Castellanos recordó que la tarde del sábado el soldado se cruzó en su camino a la oficina de comando; también recordó que Daza le pidió autorización para entrar a la sala de comunicaciones del Comando Operativo para informar a su unidad que no podía cumplir con la hora de presentación al término de un permiso, por cuanto su vuelo había sido cancelado. Ese había sido el único contacto del coronel Castellanos con el soldado Daza, sindicado y más tarde confeso del crimen.

Surgía una pregunta: ¿Por qué un soldado disparaba contra un periodista? Wilson Daza fue capturado con el revolver que utilizó para el crimen, estando de civil y en uso de un permiso; era soldado voluntario pero actuó como sicario; un revolver tampoco es el arma de un soldado. Estaba destacado en Saravena pero tenía familia en Arauca, donde cometió el crimen. Durante la investigación confesó haber sido contactado por el administrador de una discoteca identificado como Hebert Mackmahon, también reincorporado del ELN a la sociedad. Se conocieron cuando los dos eran miembros activos de este grupo terrorista, motivo por el cual le dijo que alguien quería matar a Henry Rojas y ofrecía 50 millones de pesos.

En el curso de la investigación también se conoció el nombre del autor intelectual, el cual fue suministrado por Daza. Sin embargo, sólo trascendió a la opinión pública que era una persona de Arauca que poseía mucho dinero. Poco tiempo después, Hebert Mackmahon fue asesinado. Empezaba así

una serie de homicidios para callar la boca de quienes tenían información de primera mano sobre los verdaderos autores intelectuales.

La madre del periodista asesinado, Amira Monje de Rojas, denunció públicamente durante el sepelio de su hijo que el crimen lo había ordenado Marcos Ataya, candidato a la gobernación de Arauca, en venganza por las denuncias que había hecho su hijo en el periódico El Tiempo. La nota refería un acuerdo del candidato con el décimo frente de las Farc para obtener los votos requeridos para ser gobernador. Trascendió que poco después de la publicación del artículo, el cual fue firmado por un periodista de Bogotá, Marcos Ataya, montado en un caballo, amenazó al periodista en presencia de su madre acusándolo de “sapo”. Para las autoridades militares en Bucaramanga, el crimen podría ser atribuido a las Farc, pero para el alcalde de Arauca, amigo del periodista, el modus operandi no era propio de este grupo y el crimen podía tener otro origen. Desde el día del asesinato, algunos sectores de la opinión pública de Arauca sindicaban del crimen al alcalde Gregorio González, hecho que nadie creía ya que los dos eran amigos. Tras la violenta muerte de Rojas, un comité para la protección de periodistas con sede en Nueva York exigió al gobierno de Colombia que llevara a la justicia a los instigadores del asesinato, al tiempo que expresó su gratitud por la detención de los soldados que dispararon contra el comunicador.

Se inició así el proceso contra los militares, representados en estos soldados capturados

como presuntos asesinos del periodista, mas no contra los sicarios y mucho menos contra los verdaderos autores intelectuales. La muerte de periodistas era una lamentable práctica en la Colombia del conflicto armado interno. En 2011, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció ocho casos de asesinatos de periodistas que habían prescrito judicialmente al cumplir 20 años sin encontrar a los responsables, entre ellos el de Rojas. ¿Por qué no fue sindicado Marcos Ataya como autor intelectual si existían múltiples voces que lo acusaban de este crimen, incluida la madre del periodista? ¿Cómo fue desviada la investigación que terminó acusando a un mando militar?

El 29 de abril de 1992 fueron asesinados en la finca La Pastora, situada a media hora del municipio de Arauca, la señora María Emilia de Cuenza y su hijo Pedro Antonio de 21 años, madre y hermano de Juan Cuenza, informante del Ejército, amigo de Daza, principal testigo a la fecha sobre los autores materiales del crimen del periodista. Este doble asesinato buscaba acallar al testigo clave de la investigación.

Al día siguiente de la muerte de sus familiares, Cuenza contó en una carta enviada al Ministro de Defensa, al comandante del Ejército, al gobernador y alcalde de Arauca y a los jefes seccionales de la Policía y el DAS, que los soldados Wilson Eduardo Daza Rozo y José Alberto Cristiano Riaño le propusieron participar en el asesinato de Henry Rojas, ofreciéndole una tercera parte de los cincuenta millones que les pagarían, incluyendo los nombres de reconocidos dirigentes políticos regionales que habrían ordenado la muerte del periodista.

Cinco meses después del crimen, el soldado Daza le envió una carta al coronel Castellanos donde lo amenazaba y le exigía sacarlo del problema; en la misiva lo sindicaba de haberle dado la orden para asesinar al periodista. Confiado en su inocencia, el oficial acudió a la Dirección Regional de Fiscalías en Cúcuta y entregó la carta para contribuir con la investigación; no tenía nada que temer frente a las amenazas de Daza. En junio de 1992, Castellanos fue trasladado al Comando de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, donde recibió una notificación de la Fiscalía Regional de Cúcuta, que lo vinculaba al proceso como presunto determinador del asesinato, junto con José Gregorio González Cisneros, alcalde de Arauca para la fecha del crimen. La presentación en Cúcuta del coronel Castellanos marcó el inicio de años de una detención injusta cuando todas las pruebas mostraban que era inocente. En agosto de 1992 se ordena la detención del coronel Diógenes Castellanos en Cúcuta durante un mes; tiempo después regresa a Bucaramanga, pero continua detenido hasta marzo de 1994. Castellanos logró desvirtuar los débiles argumentos. El entonces Fiscal General de la Nació, Gustavo de Greiff, revocó la medida de aseguramiento, en tanto que la Fiscalía Regional de Cúcuta precluye la investigación. Sin embargo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en fase de consulta, determinó que las pruebas a favor de Castellanos no eran suficientes y exigió profundizar reabriendo el caso. El proceso se estancó durante un año, tiempo que Castellanos continuó detenido. Durante una de las audiencias, Daza se retractó Paz en sus tumbas/ Sigue página 13


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Proceso de paz Paz en sus tumbas / Viene página 12

de sus acusaciones, declarando que el coronel Castellanos era inocente.

El abogado del alcalde de Arauca, Elias Jaimes, le comunica por teléfono a un allegado de la familia de Castellanos que tenía pruebas de que el defensor de Daza estaba siendo financiado por Marcos Ataya. ¿Por qué lo financiaba? ¿Cuál era su interés? La semana siguiente a esta llamada y un día antes de que presentara las pruebas ante la Fiscalía, como lo había asegurado, Jaimes fue asesinado en Cúcuta. ¿Por qué Marcos Ataya, candidato a la gobernación de Arauca, conocía todos los detalles de la investigación? La Fiscalía Regional precluyó otra vez la investigación a favor del coronel Castellanos. Libre de toda culpa y restituido, es nombrado agregado militar en Ecuador durante 1994. En 1995 pide la baja del servicio activo.

El 12 de diciembre de 1998, el coronel Castellanos es detenido nuevamente, esta vez en el aeropuerto El Dorado. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional había dictado resolución de acusación el 18 de mayo de 1998, ordenando la captura de Castellanos; tumba por segunda vez la decisión de la Fiscalía Regional de Cúcuta, instancia que no informa de esta decisión a Castellanos. Su detención se prolonga hasta mayo de 2000 en el Batallón de Policía Militar 15 en Bogotá. El proceso se estanca por la pérdida del expediente y por cambio en la modalidad de la justicia sin rostro. El 18 de mayo de ese año, el Juzgado Único Penal de Cúcuta absuelve a Castellanos de todos los cargos de manera definitiva. ¿Cuántos asesinatos se cometieron relacionados con este proceso? Se dice que fueron 15, de los cuales cuatro se detallan en este artículo ¿Por qué? ¿Quién los ordenaba? ¿Se investigaron? ¿También quedaron impunes?

El 24 de marzo de 2009 se dio a conocer un fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación a pagar una indemnización de 613 millones de pesos a la familia del periodista Henry Rojas. La responsabilidad de la Nación se debe a que el crimen fue cometido por soldados del Ejército Nacional, a pesar de que nunca se determinó quiénes fueron los autores intelectuales, existiendo denuncias de nombres de poderosos políticos regionales, como Marcos Ataya, sindicaciones de algunos testigos que no fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía. El Ministerio de Defensa alegó que no podía responder por un cri-

men cometido por alguno de sus miembros, mientras el Consejo de Estado afirmó que los militares deberían responder porque los asesinos no actuaron por motivos personales.

En el fallo del Consejo de Estado se lee: “Cuando las autoridades constituidas constitucionalmente para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, concertan (sic) una acción delictual para asesinar un personaje público influyente, como en verdad lo era el periodista Rojas Monje, es evidente que se aparta diametralmente de sus deberes para pisar los terrenos de lo punitivo y con ello comprometen claramente a la institución que representan, en este caso al ejército nacional y al municipio de Arauca”. Fallo contrario a la verdad y que mantiene a cubierto a los verdaderos criminales, autores intelectuales del asesinato. ¡Qué vergüenza para Colombia! A costa de una sindicación contra un militar inocente. Aquí no defendemos a los soldados que dispararon, que fueron los asesinos, sino al coronel Castellanos, quien fue acusado durante el proceso como determinador por los verdaderos autores intelectuales del crimen, hoy declarado inocente por el mismo Tribunal Regional de Cúcuta.

El soldado que disparo había sido un reinsertado del ELN que se incorporó como soldado voluntario, que actuó, no por una “acción delictual concertada por autoridades constitucionales”, sino por dinero como lo hace un sicario, lo cual no compromete a la institución militar, porque el solo hecho de portar el uniforme, no representa al Ejército Nacional. En derecho siempre se ha aceptado que la comisión de un delito es de responsabilidad individual, no institucional.

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Escuela Militar de Cadetes, un paso adelante en ciencia y tecnología En el marco del séptimo coloquio de semilleros ‘Cadetes por la ciencia’ realizado recientemente en la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’, la asistencia masiva y continua a las diferentes ponencias fue referente de éxito del desarrolló de este evento de nivel académico.

El certamen contó con la participación de 19 universidades de diferentes partes del país, que a través de sus semilleros de investigación demostraron el auge que ha tomado esta clase de convocatorias entre los jóvenes y docentes para mejorar día a día en sus investigaciones y dejar su huella en el tiempo. Temas relacionados con economía, desarrollo tecnológico e innovación, administración de empresas, cultura ciudadana, arquitectura y medio ambiente, geopolítica y derecho, cultura de la paz y equidad y cultura física y salud, fueron expuestos por los estudiantes, quienes con detalle de su trabajo y calidad de argumentos, abrieron las puertas para que en su octava versión el coloquio supere el número de propuestas recibidas, que en esta ocasión fueron 50. El brigadier general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, director de la Escuela Militar, agradeció de forma especial las

intervenciones de los doctores Jorge Reynolds, con su disertación intitulada ‘Ejército del futuro, escenarios de paz, ciencia y tecnología’, y Philippe Dufort, con su ponencia ‘Entender los cambios históricos en la epistemología de la guerra para construir la paz’.

El cierre del coloquio contó con la presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, integrada por jóvenes intérpretes entre 18 y 26 años, oriundos de diversas partes de Colombia, quienes bajo la batuta del maestro Federico Hoyos hicieron las delicias de los asistentes. Interpretaciones como el Concierto de Grosso No. 9 y No.10 de Arcangelo Corelli y Hora de primavera, obra típica del folclore rumano, dejarán en la memoria de los participantes un grato e inolvidable recuerdo. Reconocimiento a la Escuela

El grupo de investigación de la Escuela Militar obtuvo de Colciencias la Categoría B en la medición de grupos de investigación, reconocimiento que lo ubica con la calificación más alta entre sus similares de las diferentes unidades del Ejército Nacional. La categoría obtenida ubica a los investigadores de la escuela

a la misma altura de grupos de investigación de universidades acreditadas en alta calidad. El grupo de investigación cuenta con más de 15 integrantes activos, 41 proyectos de investigación, 30 productos de nuevo conocimiento de investigación –entre artículos y capítulos de libro–, 74 productos de investigación en los últimos siete años con un indicador de cohesión (0.48). Estos guarismos denotan el trabajo en equipo que hay al interior de la Facultad de Ciencias Militares, liderado por investigadores que fueron reconocidos como investigador asociado e investigador junior, con un indicador de formación de capital humano (516.56) que muestra que los integrantes del grupo motivan la investigación en los estudiantes de la Escuela Militar. El grupo de investigación en ciencias militares que recibió este reconocimiento está conformado, entre otros, por los siguientes integrantes: doctora Martha Arana Ercila, PHD en educación; doctor Luis Eduardo Sandoval Garrido, coordinador de investigaciones; coronel (RA) Carlos Acosta Arévalo, asesor académico, y el mayor (RA) Vicente Hernán Ibarra Argothy, asesor del área de formación profesional.

Colciencias distinguió al Coronel (RA) Carlos Acosta Arévalo

Con fecha 12 de mayo de 2016, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, falló un proceso por perjuicios morales a favor del coronel Diógenes Castellanos Guerrero, 25 años después de una infamia montada por un cerebro criminal que dejó el crimen del periodista Henry Rojas en la impunidad y el silencio cómplice de varias muertes más para callar y ocultar la verdad.

¡Paz en sus tumbas! ¡Justicia en el cielo, porque en Colombia no existe! El dolor que se causa cuando se señala injustamente de un delito a alguien no tiene perdón en esta tierra, porque la infamia no se mide en pesos y la lucha por la verdad nunca será reconocida como verdad, quedando la duda en el corazón de muchos, desconociendo el principio universal del “in dubio pro reo”.

El Coronel (RA) Carlos Acosta Arévalo (primero en la mesa de izquierda a derecha), quien integra el consejo de redacción de nuestro periódico, fue uno de los cuatro funcionarios que Colciencias distinguió como parte del grupo de investigación en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes. Justo reconocimiento a un oficial egregio que, desde la academia, continúa sirviéndole al Ejército Nacional.


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Objeto social

Celebremos

Amor y Amistad Almuerzo de compaĂąeros

Sede nacional ACORE Calle 70 No. 4 - 24


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Sabia usted...

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¿Qué buscan los movimientos de izquierda en la Comisión de la Verdad? Por: Juan David Ramírez.

Como viene siendo costumbre, ACORE se ha dado a la tarea de copar escenarios donde se discuten aspectos de la coyuntura nacional y que tienen un inusitado interés institucional. Por este motivo, el pasado 11 de agosto, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, delegados de la asociación participaron en el evento denominado Mesa por la verdad: diálogo sobre comisión de la vedad con movimientos sociales y populares, movimiento de víctimas y organizaciones de derechos humanos. La jornada fue organizada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Organismo escogido por la Mesa de la Habana para postular y seleccionar a los Magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, e igualmente con el apoyo de la Embajada de Suecia. El objetivo de esta jornada fue debatir sobre los alcances y las expectativas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como parte de las medidas de

satisfacción para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado, según lo acordado por el gobierno y las Farc en las negociones de La Habana.

Este evento se caracterizó por un primer panel con representación de movimientos políticos como el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Unión Patriótica y el Partido Comunista y un segundo panel de movimientos sociales representados en la Cumbre de Mujeres por la Paz (Compaz), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y algunos representantes de las víctimas como José Antequera, hijo del líder de la UP que fue asesinado. Durante esta jornada los panelistas analizaron el mandato establecido en los acuerdos de La Habana sobre la conformación de una Comisión de la Verdad como una herramienta para las víctimas del conflicto armado con las Farc. Los movimientos políticos y sociales de izquierda reflejaron varios inquietudes sobre esta comisión, pero en su mayoría todos definieron este mandato “como un espacio de tensión y lucha por encontrar la verdad”, definición irónica de un espacio que debería generar reconciliación y convivencia.

Muchos de estos movimientos sociales han venido trabajando con víctimas de la violencia en Colombia y han logrado hacer de ellas un medio para difundir posiciones políticas en distintos escenarios del país. Por ejemplo, el Movice y la UP, con apoyo del Partido Comunista, buscan que la Comisión de la Verdad se encargue de esclarecer “el genocidio de la Unión Patriótica”, según afirmó Omar Calderón, representante del movimiento político en este evento.

Así mismo, el Movice, a través de su representante Diana Gómez, estableció que este movimiento aportará con un documento intitulado Colombia nunca más como insumo para los comisionados que se escogerán para implementar este mandato. Cabe recordar que esta publicación no sólo iguala a nuestros soldados y policías con los grupos al margen de la ley si no que también establece que la institución militar es responsable de la violencia que se ha desarrollado en el país. Alfonso Castillo del Partido Comunista junto y Cristian Delgado de Marcha Patriótica se refirieron a la persecución que sufren los miembros de estos partidos y movimientos políticos de izquierda por parte del

Estado y grupos paramilitares, e hicieron un llamado en este escenario para invitar a que todas las fuerzas sociales y de victimas exijan la desclasificación de los archivos de inteligencia como un método para “purificar el Estado”. Una de las exigencias de Farc desde el inicio de las negociaciones en La Habana ha sido precisamente que se desclasifiquen los archivos de inteligencia de nuestra Fuerza Pública.

Otra bandera con la que estas organizaciones piensan llegar a esta comisión de la verdad es el tema relacionado con un hecho victimizante como lo es la desaparición. Según estas organizaciones se tienen más de 500 casos registrados como insumo para los comisionados. Es importante no solo anali-

zar los acuerdos pactados en La Habana si no también estar alertas a futuros escenarios que se desprenderán de estos acuerdos como lo es la Comisión de la Verdad. Es claro que la izquierda tiene una estrategia articulada y preparada desde hace años para que este mandato se convierta en una extensión de su lucha política y social.

La legitimidad del Estado y sus instituciones deben reivindicarse en la historia, en la memoria y en el imaginario colectivo de todos los colombianos, por lo que debemos estar vigilantes en el desarrollo de esta Comisión de la Verdad, desde la elección de los comisionados hasta la publicación del informe, para así evitar que se manipulé y tergiversé el accionar de nuestras fuerzas durante el largo recorrido de violencia en nuestro país.

Las redes del Bronx Por: General (RA) Luis Ernesto Gilbert Vargas.

La lucha de las autoridades frente al tema de la intervención del Bronx no ha terminado ni terminara en largo tiempo. La ciudadanía en pleno permanentemente se pronuncia de acuerdo a la forma como se ve obligada a vivir el pos operativo adelantado en la mencionada zona. Se sabía de sobra que esta actuación oficial traería duras consecuencias para la ciudad, más si vemos como la administración distrital y sus fuerzas del orden se quedaron solas para enfrentar la dura problemática. Hoy por hoy les faltan herramientas para manejar toda una nebulosa social, venida de una decisión inaplazable, por las dimensiones delincuenciales que se acomo-

daron en el mencionado sector, convertidas en vergüenza Bogotana e ignominia nacional.

Que los habitantes de la calle aglutinados en ese sector se atomizarían buscando posibilidades de subsistencia, era una verdad a gritos calculada por la administración, segura de poder direccionarla con los recurso destinados para ese fin, pero contando con apoyo de las familias que recuperarían sus miembros, de las autoridades nacionales administrativas y judiciales contribuyendo con recursos jurídicos, así fueran transitorios, que respaldaran la redención de las personas víctimas de esta situación; pero no, hoy los habitantes de la calle no pueden ser presionados a recibir ayuda, no obstante los vecinos de sectores invadidos se encuentren coaccionados o amedrantados por su presencia, falta de aseo y constantes amenazas.

El concepto ciudad, importante entre los factores que generan seguridad ciudadana, está vulnerado en alto nivel; no queremos estigmatizar estas personas, pero su presencia en sociedad no es bienvenida, concepto que no creo se pueda rebatir, por lo tanto es urgente buscar una salida a la problemática que de potenciarse daría al traste con la convivencia bogotana. Tampoco es un secreto que esas personas están manipuladas por redes delictivas dedicadas al narcotráfico, que no piensan

perder las ganancias generadas del desgreño existente en el mal recordado Bronx y agazapados a espaldas de sus víctimas que no tiene capacidad de resistirse por su condición, siguen forjando situaciones punibles que deterioran la imagen de sectores donde hacen presencia. Los jefes que por mucho tiempo manejaron a su antojo el Bronx y otros sectores, como San Bernardo y Cinco Huecos, han obligado esta población a desplazarse en diferentes sentidos concurriendo frecuentemente, a sectores de comercio

menos deteriorados pero sensibles. No olvidemos que estas organizaciones delictivas hace mucho tiempo se enquistaron en la ciudad y tienen plenamente identificados a todos los componentes de este grupo urbano, tanto en lo personal como en lo familiar, de manera que no esperemos colaboración de su parte, porque así lo quieran no pueden proceder de distinta forma a lo ordenado por sus captores morales y físicos. Si no se organiza un frente amplio, la situación se torna difícil para Daniel Mejía y el General Penilla.


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septiembre 2016

Institucional SEPTIEMBRE 2016

General Clavijo lanza dos nuevos libros

Nuevos asociados Los siguientes oficiales y beneficiarias ingresaron en abril como asociados de ACORE: GDO

FZA

Nombres y Apellidos

GN

EJC

Reinaldo Castellanos Trujillo

Bogotá

CO

EJC

Néstor Iván Duque López

Bogotá

CN

ARC Silvio Alberto Arroyabe Quintero

Bogotá

CN

ARC Cesar A. Montenegro Montenegro

Bogotá

CF

ARC Alfonso Enrique Flórez Zambrano

Bogotá

MY

EJC

Edwin Damaso Forero Pacheco

Quindío

MY

FAC

Diego Ernesto Casas Duque

Bogotá

Helena Castellanos de Vásquez

Bogotá

Sra.

Seccional

Fallecidos Presentamos un saludo de solidaridad a las familias de nuestros amigos y compañeros que partieron hacia la eternidad GDO

FZA

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Ignacio Francisco Foliaco Olascoaga

Bolívar

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Carlos Eduardo Acosta Polanco

Valle

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José Heli Sanchez Rodríguez

Bogotá

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Pedro Elías Jiménez Rojas

Bogotá

Aporte Voluntario por Defunción, Avode

Auxilios pagados Fallecidos

Beneficiarios

gociaciones de La Habana. En el segundo, utiliza la sátira para referirse a la incoherencia y la impunidad, como manifestaciones del mal manejo que le han dado al Estado sus gobernantes.

Las dos obras ya se encuentran al alcance del púEn el primero, con una visión crítica y aguda, blico en las librerías Lerner y Panamericana, en analiza las implicaciones para el país de las ne- todo el país.

miércoles 12 DE OCTUBRE 5:00 p.m.

Valor pagado

Sra. Sánchez de Miranda Martha Beatriz

Pablo Enrique Miranda Diaz

$ 24.262.996

BG. Acosta Polanco carlos Eduardo

Luz Beatriz Acosta

$ 24.423.694

MY. Jiménez Rojas edro Elías

Amparo Baquero de Jiménez

$ 24.518.494

TOTAL $ 73.205.184

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la gerencia del Avode para firmar este documento. Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago Cremil no les está haciendo el descuento correspondiente al Avode, deben cancelar por ventanilla en ACORE. Recuerde enviar sus artículos y colaboraciones al

Continuando con su prolífica obra, el Brigadier General (RA) Adolfo Clavijo puso a disposición de su público lector dos nuevos títulos: El Proceso de paz: ¿camino al cielo o atajo al infierno? y Colombia: ¿un salto al vacío?

correo:periodico@acore.org.co

Cierre de edición 13 de septiembre

SEDE NACIONAL ACORE / Calle 70 no. 4 - 24/ Bogotá / Informes: 3450511 ext 105

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La Nacional M. A. 124

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Edición 563

Seccionales Día de la Reserva Activa en Barranquilla En cumplimiento del decreto que consagra la conmemoración del Día de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el comando de la Segunda Brigada del Ejército Nacional llevó a cabo una ofrenda floral el pasado 20 de agosto ante el Monumento al Soldado de la Patria Caído en Acción.

En la conmemoración de este trigésimo primer aniversario del Día de las Reservas, el Teniente Coronel (RA) Adalberto de la Ossa Cordero, presidente de ACORE Atlántico, acompañó al

Brigadier General Luis Mauricio Ospina, comandante de la Segunda Brigada, en los actos oficiales de la ofrenda.

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Seccional Huila

En su discurso, el comandante de esta Unidad Operativa Menor del Ejército Nacional reconoció el valor de la reserva activa. “Nos antecedieron ustedes librando las batallas de la época, allanando el camino que, con su experiencia y permanente apoyo como el gran “consejo de sabios” que constituye la reserva activa, nos ha permitido enfrentar las batallas de nuestra época y proyectarnos al 2030 como Fuerzas Armadas multi-misión”, dijo.

Personal de oficiales Acorados de la seccional Huila en compañía del señor Coronel Marino Valencia Rico Comandante de la Novena Brigada, en el homenaje a los héroes caídos.

Presidente nacional en ACORE Huila

ACORE nacional en el Tolima Grande

La región del Tolima Grande, conocida en otrora con este nombre y que congrega a los departamentos de Huila y Tolima, fue visitada el pasado mes por la presidencia nacional de ACORE, la junta nacional y el cuerpo administrativo de la misma, en un trabajo que contó con el decidido concurso de los presidentes de las dos seccionales.

Más del 60 por ciento de los Acorados en estos departamentos estuvieron presentes en las reuniones que se efectuaron y, en las cuales, el Brigadier General Jaime Ruíz Barrera hizo especial énfasis en la importancia y cumplimiento detallado del objeto social de nuestra asociación, que se ve reflejado en el trabajo permanente con diferentes entidades del Estado para garantizar y preservar la seguridad jurídica y el bienestar social de los asociados.

Para el Presidente de ACORE, cada reunión es considerada una rendición de cuentas de la gestión adelantada hasta la fecha. En esta oportunidad como en otras, presentó un informe detallado del cómo se ha cumplido el Plan de Desarrollo, el cual cuenta con la aprobación de la asamblea general.

convenientes que se presentan en este aspecto en las diferentes seccionales, comprometiéndose a trabajar en aras de obtener una mejor atención para los asociados. Para los asociados opitas, encabezados por el Capitán Rafael Meléndez López y su secretario, subteniente Henry Gómez Camacho, ha sido muy importante el liderazgo del presidente de ACORE en todos los escenarios de la vida nacional. El respaldo a esta gestión fue irrestricto; cabe anotar que la seccional mantiene excelentes relaciones con el mando militar acantonado en Neiva. Indudablemente, adquirir una casa para la sede de la seccional fue una decisión acertada, ya que se encuentra ubicada en un sector de gran desarrollo y proyección de la capital huilense. A su alrededor está ubicado el centro de convenciones y varios edificios que han valorizado la propiedad de manera destacada.

Cabe destacar el llamado hecho por el general Ruíz Barrera, relacionado con la importancia que cada día adquiere la unidad de la reserva, sobre todo en esta coyuntura en que se evidencia cierta incertidumbre institucional. Entre tanto, el Concejo de Ibagué, en cabeza de su presiEl presidente nacional de la dente, Camilo E. Delgado asociación estuvo acompa- Herrera, hizo entrega de un perñado en esta oportunidad por gamino a ACORE y al Brigadier el secretario general ejecutivo, General Guillermo Bastidas, seBrigadier General Guillermo cretario general de la asociación, Bastidas Ordoñez, quien pre- como reconocimiento a labor sentó un informe sobre el tema que se viene desarrollando en de salud, además de recibir mu- el departamento del Tolima y en cha información sobre los in- beneficio de esta seccional.

En cumplimiento de su plan de trabajo, el Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de ACORE, se reunió con los acorados de la seccional Huila, con los que compartió las diferentes iniciativas de la Asociación, entre estas el trabajo que se viene adelantando a través de la Mesa de Trabajo Permanente de cara a los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc.


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Opinión

Retos de la Fuerza Pública en el posconflicto Por: Coronel (RA) Jorge Iván Calderón Quintero.

Los acuerdos alcanzados con las Farc en La Habana, Cuba, tienen como objetivo fundamental el de propiciar condiciones para una paz estable y duradera, la que se lograra únicamente si se llega a esa tan anhelada meta de la seguridad humana, condición indispensable del Estado que le permite a la persona satisfacer las necesidades básicas de alimentos, salud, educación, trabajo, vivienda, desarrollo y convivencia.

Este concepto nacido en el seno de Naciones Unidas compromete a todas las autoridades, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, en la implementación de políticas y programas con responsabilidad social. Es procedente analizar como el posconflicto obedece una compleja situación social, la que conlleva a la adopción de nuevas políticas y programas de gobierno, para reconstruir una sociedad afectada por el conflicto armado.

Es, entonces, necesario considerar que cualquier gestión que se vaya a desarrollar, debe ser concordante con el acuerdo de paz alcanzado entre las partes negociadoras. Por lo expuesto, me permito poner a su consideración algunos retos, como son: recuperación y consolidación de la seguridad en las zonas de conflicto; dinámica del ámbito de convivencia ante la implementación de los acuerdos; protocolos de apoyo en el escenario del posconflicto; reestructuración de doctrinas y políticas institucionales en este nuevo escenario y conocimiento del marco estratégico de una Colombia sin guerra. Considero que la Fuerza Pública tiene la capacidad para afrontar estos, pero debe desplegar estrategias pedagógicas y opeBogotá, 16 de Junio de 2016

Señor General Guillermo Jaramillo Berrio y familia E.S.M.

racionales con el más alto compromiso profesional, de tal forma que nos podamos preparar, para afrontar con propiedad la problemática que implica el posconflicto. Convivencia y seguridad ciudadana

El Gobierno y la Fuerza Pública se deben ocupar en realizar un muy objetivo diagnóstico y análisis de la problemática de seguridad, en aquellas apartadas regiones en donde han hecho presencia y tienen influencia las Farc. El propósito es establecer lo siguiente:

¿Cuál va a ser la estrategia del ELN, de las disidencias de las Farc, de las bandas criminales y los grupos armados organizados?: buscarán ocupar las áreas de influencia de las Farc, generar alianzas de grupos o acogerse a un proceso de paz o de sometimiento. ¿Cuál va a ser la evolución de la fenomenología criminal?: será el fortalecimiento del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, de la extorsión, de la delincuencia organizada y de otras conductas delictivas. ¿Cuál va a ser la política para la seguridad rural y ocupación de territorios de dominio e influencia de las Farc?: es pertinente tener en cuenta que se deben ocupar extensos territorios rurales donde no ha habido presencia de la Fuerza Pública (Colombia cuenta con 33 mil veredas), sobre las que es necesario establecer si estarán bajo la responsabilidad de la Policía Nacional o se va a extender la cobertura de las Fuerzas Militares. Por otra parte, ¿cuál va a ser la estrategia de seguridad ante inversionistas nacionales y extranjeros?: podría ser la coordinación y alianzas con agencias de seguridad y el fortalecimiento en procesos de inteligencia y de prevención. ¿Cuál va a ser el modelo de seguridad ciudadana en el posconflicto?: tal vez el desarrollo con implementación

inexorablemente, tendremos que cumplir con ese destino señalado, pero jamás imaginamos que su querido hijo, Guillermo Alberto se despidiera tan pronto de su familia.

Cuánto sentimos la triste partida de su querido hijo, el señor Teniente Coronel Guillermo Alberto Jaramillo Ossa, que aunque ya no estará físicamente con su querida familia, estará siempre presente en sus corazones y en sus mentes.

En este momento difícil por el que está pasando mi General, su esposa Doña Magnolia e hijos, los acompañamos de todo corazón por el vacío profundo que deja la ausencia de su querido hijo y hermano, el cual ha sido sentido por todos los familiares y los que tuvimos el honor de ser sus superiores cuando Guillermo Alberto estaba en servicio activo en nuestro glorioso Ejército Nacional.

Mi General, todos sabemos que

Su hijo, el señor Teniente Coronel

Estimado y respetado señor General Jaramillo y familia,

de protocolos de resolución de conflictos, manejo y conducción de procesos de violencia estructural ante protestas sociales.

Recordemos que el eje central del posconflicto es la convivencia; de esta surge la seguridad, sin esta no hay inversión y sin esta no podrán darse condiciones de progreso que permita una paz estable y duradera, asunto que implica una mayor responsabilidad y esfuerzo por parte de la Fuerza Pública. Dinámica de la convivencia

La aplicación y desarrollo de los acuerdos de reforma rural integral, de participación en política, de solución al problema de las drogas ilícitas, de víctimas y justicia y de fin del conflicto, representa quizás uno de los mayores retos históricos que deba asumir el Gobierno y la Fuerza Pública.

La anterior afirmación se corresponde con el eje angular del posconflicto, cual es garantizar la convivencia en las regiones afectadas por el conflicto, de suerte tal que permita el desarrollo de las políticas y programas que se adopten y reglamenten en aras a lograr el cumplimiento de los compromisos acordados por la mesa de La Habana. Asunto supremamente complejo y difícil de manejar, el cual, sin lugar a dudas, va a generar importantes cambios en la dinámica de la convivencia y la seguridad, más aún si en un futuro se llegan a presentar incumplimientos sobre los acuerdos pactados, lo que pondría en peligro la construcción de la paz que espera el pueblo colombiano. Por este motivo, me permito hacer una objetiva reflexión sobre la capacidad del Estado, con relación a la proyección y alcance de algunos aspectos específicos de los acuerdos pactados, a saber: De la reforma rural integral, la

Guillermo Alberto Jaramillo Ossa, fue un militar a carta cabal, una persona digna de admirar, siempre demostró gran sentido de responsabilidad, entrega, dedicación, solidaridad, amistad, lealtad, para con su Ejército, el legado que deja permanecerá intacto por el resto de la vida, en toda su querida familia, superiores, compañeros y amigos. Fue en su paso por este mundo un luchador incansable, a pesar de las limitaciones de su enfermedad, fue un buen hijo, padre, hermano, un militar integro en todas las instancias donde la vida le permitió incursionar y sobretodo su extraordinaria generosidad y en esencia, que fue

cual contempla la organización de un fondo de tierras con formalización de la propiedad rural gratuita, una propiedad colectiva, protección de las zonas de reserva campesina, adecuación de tierras, asistencia técnica, programas de desarrollo con enfoque territorial y protocolos de control campesino, con comités de base para fijar políticas de agricultura, industria y comercio en el campo.

De cara al posconflicto, resulta incierto y aventurado hablar de los costos reales de sostenimiento de este programa en las zonas afectadas por la guerra, toda vez que no existen cifras serias y concretas. No obstante, me permito ilustrarles sobre un estudio del Bank of América, que calcula en 187 Billones de Pesos ($18,7 billones anualmente, el equivalente al 8,7% del presupuesto nacional) los costos del posconflicto en esta materia en la próxima década.

Con relación a las medidas de reparación, el escenario del conflicto nos deja un balance estimado de 7’844.527 víctimas, distribuidas así: 280 mil homicidios, 27 mil secuestros, 25 mil desaparecidos y 1’512.527 torturados, a los que se suman casos de reclutamiento forzado, delitos sexuales, lesiones personales y al menos seis millones de desplazados.

Realicemos un análisis de las indemnizaciones establecidas por la ley 1448 de 2011, para reparar a las víctimas por vía administrativa: muertos, secuestrados y desaparecidos (40 SMMV); torturas, reclutamiento forzoso, delitos sexuales y lesiones personales (30 SMMV); desplazamiento forzoso (17 SMMV). Si se aplican objetivamente estas cifras y las víctimas exigen el cumplimiento de la ley, el costo real podría oscilar en 54 billones de pesos. En relación con el despojo de tierras, este asciende a 6’500.000 hectáreas (equivalente al 5,7% del territorio continental): hectáreas

siempre un subalterno y amigo fiel, que gozaba de amplia admiración y simpatía y sobresalía por su don de gente. Deja una huella perdurable e imborrable en los corazones de todas las personas que tuvimos el honor de conocerlo en vida, contar con su amistad, fue una cultor de la honradez, honestidad y decoro y también por su gran tenacidad para soportar su larga enfermedad y sacar adelante a su hija María Paola. Hoy la tristeza embarga a toda su familia mi General; a superiores que fuimos de Guillermo Alberto, compañeros y amigos, al saber que ya no

restituidas 150.000 (2,3% del total), hectáreas en proceso fallo restitución 350.000 (5,4% del total), hectáreas sin restituir 6’000.000 (92,3% del total).

No deja de ser menos importante lo correspondiente a la participación en política, con garantías para el ejercicio de la oposición política, un estatuto de la oposición, sistemas de seguridad en movilizaciones, reforma al régimen de organización electoral, circunscripciones especiales de paz y acceso a curules en el Congreso mediante procedimiento especial. Igualmente, el fin del conflicto, con garantías de seguridad para las zonas veredales transitorias de normalización, las zonas campamentarias, la desmovilización reincorporación y reintegración de guerrilleros, la entrega de armas y la seguridad para las comisiones internacionales de verificación. Complementariamente, merece especial atención la jurisdicción especial para la paz, la cual ha sido objeto de extensos debates por parte de analistas y estudiosos, en lo que tiene que ver con la responsabilidad jurídica de los actores involucrados en el conflicto.

El cumplimiento de estos acuerdos no es responsabilidad directa de la Fuerza Pública, motivo por el cual me surgen las preguntas siguientes: ¿Cuál es la capacidad real del Estado? ¿Cuál sería la reacción de las comunidades afectadas, si se llegan a incumplir así sea parcialmente? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre la seguridad? Con relación a este importante planteamiento, fijémonos como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tienen el compromiso de generar el entorno de convivencia, que permita sacar avantes y sostener tan importantes medidas. Tengamos confianza que están preparadas para asumir este trascendental reto. podremos volver a verlo, su ciclo se ha cumplido, pero el legado que dejó jamás podrá olvidarse

Que el Todopoderoso les dé mucha resignación, fortaleza y valor a mi General y a su querida esposa Doña Magnolia, a sus hijos, para soportar la partida de su querido hijo y hermano el señor Teniente Coronel Guillermo Alberto Jaramillo Ossa, que mi Dios, lo tenga en su Santa Gloria, por todo lo bueno que fue en esta vida, y que descanse en paz. Con especial afecto y respeto: Coronel (RA) José Suárez Bonilla y familia


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Edición 563

Entretenimiento

Cuento con ce

CRUCIGRAMA Horizontales . Antemeridiano. 3. Avarienta. 8. Nombre de consonante. 9. Cafeterías. 10. Casualidad. 12. Oficial turco. 13. Pronombre relativo. 14. Lo que ilumina. 15. Punto cardinal. 16. (- break) En tenis, medio para poner fin a un partido igualado. 17. Extremidad de los miembros inferiores del hombre. 18. Poco común. 20. Isla griega. 22. Lengua provenzal. 23. Cestas de pescadores. 24. Violonchelo siamés

Por: Periodista Carlos López. Cuento cuidadosamente construido con ce:

Carmiña camellaba como cualquiera -clarifico concepto “cualquiera”: como casquivana, como confianzuda, como callejera- caminaba calles capitalinas contoneando caderas, cazando clientes. Consumía cigarrillos (Caribe), cerveza (Costeña), cápsulas (Cebión)… con cabello castaño claro, cuerpo con curvas, cara coloreada con cuantioso carmesí, cuello como cisne, corsé con cintas colgantes, cinturón cuero culebra, calzado cuero cocodrilo, carterón corroido con colores contrastados. Ceño cansado, cadencioso caminar… ¡completamente concupiscente! Caminando cazó cliente, cliente corpulento con carro (Citroën), camisa carísima (con cocodrilito), corbata (Capezio) costosísima, calzado (Corona) con colores clásicos, calcetines (Cordani), cumbamba con candado, colonia (Cartier) cautivadora, cara coqueta. Cliente con casamiento consumido, con complicaciones caseras consuetudinariamente compraba cariño callejero. Cliente cuestiona Carmiña… “¿Cuánto?” Carmiña comienza cuenta compleja, calcula: Carro, corbata, clase, categoría, capital considerable… “cincuenta” -comenta; cliente consulta cartera cuero color café… cuenta con cuidado, con cara codiciosa, comercia: “Cuarenta”, Carmiña consistente, canta: “cincuenta”… cliente convencido con costo cede: “Cincuenta, camine”. Cliente conduce carro, ciudad capital, calles, cantinas… centro: carrera catorce con cuarta (cerca Candelaria), cuchitril currambero, Carmiña - cliente comparten coñac, conversan, cosas caseras, cosas camello, contexto colombiano, canallada cabecillas criminales, circunstancias crueles con ciudadanos comunes... -Cinco coñacs. Comentan condiciones contrato: coito corto, cero cóleras, cero cachiporrazos, cero cocaína, compensación cumpliendo complacencias. Cliente consulta constantemente cronómetro… ¿Cuándo comenzamos cuchi-cuchi? Carmiña con calma, consume colilla, comenta: “Camine”.

Cuarto con cenefas cursis, cortinas cochinas, claraboyas curiosas con claroscuros, cuadros convencionales, catre colosal. Cliente consume cápsulas catapultadoras… Cliente cauteloso colocase condón. Carmiña con certeza comienza camello cabalgando cliente, - ¡cliente contentísimo!- Carmiña cumpliendo cabalmente con camello compone Camasutra completo (camasutra con ce… colombiano, claro): Carretilla, cuna, cabalgata, columpio, cucharita, caricias… ¡cuanta cochinada conocida! -correcto: Camasutra completo-. Cliente campante… Cúspide, cumbre, cima, cresta, caudal, corriente, cascada, cataratas… cataclismo… culminación, clímax… cansancio. Cliente convulso ciertamente complacido, cancela Carmiña cien. Contrato cum-

plido, cancelación correcta. Cada cual comienza confianzudamente colocándose cucos, calzoncillos, calcetines, camisa, corbata, calzado, carteras, Cliente carro, Carmiña calle…-¡Catástrofe compañeros!. Condón construido Corea con cero calidad, con cráter contraproducente, cavidad capullo, causa concepción casual. Carmiña concibe criatura. Carmiña como condenada, comienza calvario con crianza… Carmiña colérica, crispada, contrariada cede criatura.

Consumada circunstancia carnal, Carlota culpable confiesa Calixto: “Conocí Carmiña… ¡compañeras camello!… ¡camaradas!… ¡compinches!… Cuando camello concedía comodidades, compañeras ciudades como Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta… Colombia completa”. Calixto consternado: “¿Cómo? Carmiña casquivana, callejera… Calixto confundido consulta clarividente: Cassandra (Carácas con cuarenta). Cassandra concentrada consulta canica cristal “Calixto, ¡Calamidad Celestial! -comenta- confirmado, concebido casualmente”.

Calixto con congoja, considerase cucaracha canequera: Clama confundido contemplando cielo: ¡Cómo! ¿cómo?, ¡concebido con cliente! ¿Cuál?… ¿Constructor? (corroncho) ¿Carnicero? (cuchillero) ¿Conductor? (cretino) ¿Cura? (cachondo) ¿Contador? (cicatero) ¿Canciller? (corrupto)… cualquier ciudadano… ¡Caray!, ¡Carambolas!, Cáspita, ¡Carachas!... ¡Carajo! Calixto consternadísimo, camina cabizbajo. Colapsa.

Concluye cruelmente contrato cósmico… consumiendo cianuro.

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Verticales 1. Mujer que cuida niños. 2. Edificio para las ceremonias religiosas de los mahometanos. 3. Destapa. 4. Se dirige. 5. Arbusto originario de Canadá. 6. Corriente que se hace de una cosa liquida (pl). 7. Poéticamente bastante. 11. De oro (fem., pl). 15. Movimiento de rotación de las partículas 16. detrás de.19. Ganso 21 Interjección: quiá.

Calixto criado con comadrona. Calixto con cutis claro, cabello castaño consonante con cabello Carmiña. Crece: cuatro, cinco, cuando cinco colegio, cuando colegio: cuadernos, crayones, columpios, cuentos, colombinas… colegial concentrado, caritativo, comprensivo, colega carismático, colaborador con cada compañero.

Calixto crece. Cuando Calixto catorce conoce Carlota; Carlota, cuarentona cuidadosamente conservada, circunvecina, ciclista compulsiva, cero cigarrillo, cabello con canas coloreadas, cuerpo celestial comparado con culicagadas, -cuarenta calendarios, calurosos… calientes… ¡candentes!- cuchibarbie coquetona; conoció crecimiento Calixto. Carlota continuamente codició cuerpo, cara, castidad “Calixteña”– cazadora curtida, comienza conquista Calixto. Calixto cándido come carnada. Comparten cópula.

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Salud

Amor después de los 60 “Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario.” Arthur Schopenhauer Por: Psicóloga Tatiana Contreras.

El amor, l'amour, the love… podemos enunciar estas palabras en diferentes idiomas, y tal vez a diario las digamos a nuestros hijos, nietos y cónyuges; sin embargo, es un sentimiento que con los años va asumiendo diferentes significados, especialmente si logramos consolidar una familia que nos permita experimentar las diferentes fases de esta metamorfosis del sentimiento que llamamos amor. Entonces, lo asociamos a un sentimiento filial, a un valor que poseen las familias, el cual no se entrega a cualquiera y además se debe cuidar y cultivar cuando se obtiene. Por esta y otras razones el llegar a una etapa en el camino en donde quizás ya no

se cuenta con esa compañera o ese compañero con quien esperábamos recorrerlo, surge en algunos casos la idea, necesidad, intención de ¿por qué no, conocer a alguien?, sacudir la cerradura y volver a abrir el corazón permitiéndose vivir de nuevo la experiencia de compartir un helado, un café o un sencillo paseo al parque. El amor después de los 60… Para algunos adultos mayores es descabellado imaginarse coqueteando o cortejando a una señora, invitándola a un café, acompañándola a una cita médica o pagar un recibo, igualmente sucede con algunas señoras que pueden pensar que es ridículo aceptar cumplidos o invitaciones a salir a estas alturas de la vida. Y ni hablar de sus familiares, ya sean los hijos o los nietos, quienes emitan juicios de valor, de reproche y hasta comentarios ofensivos por el nuevo aspirante (si se me

permite llamarlo así) que corteja a su abuela, pues aunque no lo hacen con dicha intención si pueden herir susceptibilidades.

¿Qué pasa entonces si queremos empezar una relación, aceptar invitaciones, llamadas, mensajes y hasta obsequios? ¿A partir de qué construcciones personales, sociales, éticas o morales, se toma la decisión de conformar una relación de pareja? Permítanme contarles que diferentes estudios realizados a población adulta mayor en países de habla hispana, han demostrado que las relaciones de pareja entre estas personas, cuentan con un ingrediente que muchas parejas jóvenes envidiarían, y está relacionado con el valor del tiempo, según Fingerman* señala que las personas mayores cuidan y valoran más cada momento. Esto se debe al hecho de que son conscientes del poco tiempo que puede quedarles a sus relaciones.

La concepción de la vida se transforma, quizá disfrutamos más y nos preocupamos menos, pero debemos darnos la oportunidad de sentir, de pensar y de saber que ésta etapa es maravillosa, pues tenemos vida para compartir, experiencias que contar y sentimientos maduros que pueden ser valorados por alguien más. Así pues que como dice la canción: “El amor no tiene horario, ni fecha en el calendario”; todos los seres humanos estamos en la capacidad de dar y recibir amor, pues afortunadamente el espíritu y la personalidad no envejecen y hoy, en pleno siglo 21, la ciencia y la medicina, más los hábitos para una vida sana y saludable, han hecho que la antes llamada "tercera edad" sea hoy una etapa más de la vida con menos presiones y más placeres para los que sepan y quieran disfrutarlos.

La comprensión de la situación y su asimilación, son aspectos clave en el desarrollo de una relación, por supuesto insistimos en la importancia de la comunicación clara y la necesidad de contar con el apoyo de la familia. En la siguiente entrega abordaremos el tema de cómo “afrontar” a la familia, cómo lidiar con los prejuicios sociales que pueden contaminar la relación y, sobre todo, cómo sobrellevar tranquilamente al interior de la relación las diferencias que puedan surgir con la pareja.

* La Doctora Karen Fingerman es profesora de Ciencias del Desarrollo Humano y Familia en la Universidad de Texas. Ella estudia el desarrollo del adulto y el envejecimiento. Ha publicado numerosos artículos académicos sobre las emociones positivas y negativas y el apoyo social entre las familias y amigos en la vejez.


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