Separata medios diciembre 2014

ANEXO

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DICIEMBRE 2014

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

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SEPARATA ESPECIAL

Coyunturas del Proceso de Paz • Al Secretariado de las Farc le perdonarían 16 siglos de cárcel • Pase lo que pase, el proceso de La Habana ya no será el mismo • Las Farc no tienen superioridad militar ni moral, pero aún pueden golpear • La ‘retención’ del General • ¿Un ejército de rodillas?

• Vergüenza patriótica • Leyendo el Acuerdo General…

• Perdonar las desapariciones forzadas • Ni muerto lo respetan • Las guerrillas, mito y realidad • ¿Para qué serviría una Corte Penal de Unasur?

• General Álzate: ¡Salve usted la Patria!

• El delito político y el proceso de paz • Soldados y policías merecen respeto • Secuestro de Alzate y toma de Gorgona • El absurdo domina en Colombia • Ley de orden público • Presidente Santos: la lealtad es recíproca, solo la puede exigir quien la da • ¿Paz o tregua?

• ¡Mucha calma! Presidente • Un injusto ataque a la institucionalidad militar

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Anexo Diciembre 2014

Investigación*/conflicto armado/elcolombiano.com/9 de diciembre de 2014

Al Secretariado de las Farc le perdonarían 16 siglos de cárcel A los integrantes del Secretariado de las Farc no les alcanzaría ni esta vida ni más de tres reencarnaciones para cumplir las 56 sentencias en las que los jueces de la República los han condenado a 1.629 años de cárcel.

El más encartado es alias ‘Iván Márquez’. A sus 59 años, suma

en 23 fallos de la justicia un total de 760 años de prisión. Le sigue ‘Timochenko’, que a los 55 años está sentenciado a 452 años de cárcel. Por su parte, ‘Joaquín Gómez’, de 59 años, suma en penas privativas de la libertad 333 años y ‘Pablo Catatumbo’, de 61, acumula 84 años de cárcel. Los únicos que hasta el momento no registran condenas que los pongan detrás de las rejas son ‘Pastor Alape’, ‘el Médico’ y Carlos Antonio Lozada’, quienes sí tienen Circular Azul de la Interpol y contra los cuales se adelantan procesos judiciales en la Fiscalía.

Esas sentencias (al menos las de público conocimiento) incluyen, en conjunto, 184 asesinatos, 129 heridos, 198 secuestros, más de $827.000 millones en multas para reparar a las víctimas e incontables daños a la infraestructura durante las tomas a poblaciones. Y las cifras tienden a elevarse, porque no todo ha sido juzgado.

Los jefes que negocian en La Habana no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel y en Colombia las opiniones están divididas sobre cómo debe proceder el Estado para equilibrar justicia y paz.

El fiscal General, Eduardo Montealegre, propone enfocarse en los máximos responsables, pero también dice que “es indispensable abrirles a las Farc canales democráticos”. Señala que el único impedimento sería que estuvieran sentenciados por crímenes de lesa humanidad, lo que, según sus cuentas, no ha ocurrido. “Hay investigaciones en curso, pero no condenas”.

Para el procurador, Alejandro Ordóñez, sí existen esas sanciones. Su base es el informe Situación en Colombia, de la Corte Penal Internacional (CPI) que en noviembre de 2012 afirmó que “se han dictado condenas contra 218 miembros de las Farc y 28 del Eln por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, entre ellos asesinato, desplazamiento, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños”.

Tales sentencias incluyen a dos miembros del Secretariado: ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’.

En 44 sentencias dictadas en su contra, ambos totalizan 1.212 años de cárcel, o sea más de 12 siglos. La sacarían barata, por las gabelas del Estado para castigarlos. El Código Penal fija una pena máxima de 60 años; en la desmovilización de las Auc se otorgaron 8 años de sentencia alternativa; y, de cara a las Farc, el Procurador ya habla de, al menos, cinco años detrás de las rejas.

El caso es que ni la pena mínima satisface a la cúpula de la insurgencia. ¿Cuántos siglos de justicia habrá que sacrificar en aras del fin del conflicto?

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El dosier Desde 1997, el Departamento de Estado de Estados Unidos considera a las Farc como una organización terrorista y en 2002 le abrieron cargos, por primera vez, por narcotráfico.

Para la DEA, las Farc generan el 60% de la cocaína que circula en el mundo.

Todo el Secretariado de las Farc, el Estado Mayor y la Comisión Internacional está en la Lista Clinton y acusados por narcotráfico, narcoterrorismo y lavado de activos en Estados Unidos, desde 2006. Otros miembros del grupo tienen procesos por secuestro, terrorismo y tráfico de armas en esa nación.

Cien integrantes del Secretariado, Estado Mayor y cabecillas de frentes están pedidos en extradición.

US37.5 millones ofrece el gobierno estadounidense por 13 guerrilleros de las Farc, incluyendo a miembros del Secretariado.

Un integrante del Secretariado está en poder de Estados Unidos: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, condenado a 60 años por el homicidio de un estadounidense en Colombia y el secuestro de otros tres (2003).

Según el FBI, cien estadounidenses fueron secuestrados por las Farc y 13 asesinados, entre 1980 y 2002.

De acuerdo con la Policía Nacional, hay más de 2.000 personas inscritas como víctimas de la guerrilla y se calcula que hay al menos 5.000 desaparecidos por las Farc.

503 desmovilizados de las Farc están inscritos en la Ley de Justicia y Paz. Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2013 y mayo de 2104, las Farc mataron a 301 integrantes de la Fuerza Pública, hicieron 82 hostigamientos, 19 ataques a instalaciones, 17 retenes ilegales, 10 emboscadas y 5

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ataques a aeronaves.

La Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía adelanta 37 procesos con 3.392 víctimas relacionadas de las Farc, por reclutamiento ilícito, violencia sexual, secuestro y desplazamiento de indígenas.

Los jefes, uno por uno Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’ Nació el primero de enero de 1959 en Calarcá, Quindío. En 2011 tomó el lugar del abatido alias ‘Alfonso Cano’ como el número uno de las Farc. Cerebro del manejo de la coca de las Farc y jefe de operaciones militares.

Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗˗ Según la CPI, tiene 16 condenas por asesinato, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias de entre 10 y 40 años. ˗˗ Tiene en su contra 182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio. En juzgados están 29 procesos y el resto se encuentra en la Fiscalía. ˗˗ En 13 condenas, monitoreadas por El Colombiano, las penas de prisión suman 448 años. También son públicas cinco resoluciones de acusación de la Fiscalía. ˗˗ La Fiscalía ha expedido 141 órdenes de captura en su contra. ˗˗ Tiene 57 medidas de aseguramiento. ˗˗ Autoridades colombianas registran 13 condenas, que suman, 448 años de prisión, y cinco resoluciones de acusación. ˗˗ La Fiscalía ha expedido 101 órdenes de captura en su contra. ˗˗ El 24 de junio de 2013 fue condenado a cuarenta años de prisión por el atentado contra una embarcación que viajaba por el río Ariari, a la altura del municipio de Puerto Rico, meta. Murieron dos soldados y un civil y su hijo. ˗˗ El 11 de septiembre de 2013 fue condenado a 31 años por el atentado en el hotel Acapulco, de Puerto Rico, Meta, en el que murieron una vendedora de frutas, dos menores de edad, un teniente y dos soldados; y quedaron 23 personas heridas, de ellas 10 uniformados. ˗˗ El 9 de octubre de 2013 fue condenado a 40 años de cárcel por un atentado con una bicicleta bomba contra una estación de Policía, en Bogotá, en el que murieron cuatro policías, una niña y su mamá. ˗˗ El 12 de enero de 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del obispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino. La sentencia incluye el pago de una multa de $1.000 millones a favor de la familia del prelado. ˗˗ El 10 de febrero de 2012 es acusado por la Fiscalía por la explosión de un carro bomba cerca de un puesto militar en Vistahermosa, Meta, en el que hubo un muerto y un herido. ˗˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, Huila, en la que hubo tres muertos, un herido y un secuestrado. ˗˗ El 27 de marzo de 2012 fue acusado por la Fiscalía de reclutamiento ilícito de 2 jóvenes. ˗˗ El 16 de julio de 2012 fue condenado a cuarenta años por el ataque al municipio de Miraflores, Guaviare.

Destruyeron la base del Ejército, la sede de la Policía, el hospital y hasta la iglesia. Murieron 19 personas, de las cuales 16 eran militares. Además, secuestraron a 129 militares y policías. ˗˗ El 10 de agosto de 2011 fue condenado a cuarenta años de prisión por la toma del municipio de Mitú, en la que más de mil guerrilleros dejaron un saldo de 43 muertos y 61 policías secuestrados. ˗˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congresista Consuelo González. ˗˗ El 6 de enero de 2010 la Fiscalía acusó a cinco cabecillas de las Farc por el ataque al municipio de Colombia, Huila, en julio de 2000. Hubo cinco muertos, durante un ataque en el que utilizaron cilindro bomba. ˗˗ El 18 de febrero de 2010 fue condenado a diez años y once meses, por tentativa de terrorismo y rebelión. Obligaron a una persona a llevar una volqueta cargada con explosivos hasta el frente de la Alcaldía de Vistahermosa, Meta.

Una persona murió y otra fue herida.

El 10 de marzo de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por el asesinato de cinco militares en un campo minado en zona rural de la Uribe, Meta. ˗˗ El 16 de abril de 2010 fue emitida una resolución de acusación por el secuestro extorsivo del periodista ‘La Chiva’ Cortés. ˗˗ El 27 de mayo de 2010 se emitió resolución de acusación por el secuestro de una joven universitaria en Bogotá. ˗˗ El 3 de agosto de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por homicidio agravado y lesiones personales durante hostigamientos en la vía Bogotá-Choachí y retenes en el municipio de Silvania. Murieron cinco policías y un civil. Hubo 3 heridos. ˗˗ El 14 de julio de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Tierralta, Córdoba, cuando 200 guerrilleros entraron a tres veredas y mataron a 22 personas por ser presuntos auxiliadores de grupos de autodefensas. ˗˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 135 muertos y 29 heridos (endilgados en proceso penal).

Secuestros: 194 (endilgados en proceso penal).

Recompensas: - US$5 millones ($10.000 millones) ofrece por el gobierno de Estados Unidos. ˗˗ $5.000 millones ofrece por el Gobierno de Colombia. ˗˗

Luciano Marín Arango ‘Iván Márquez’ Nació en 1955 en Florencia, Caquetá. Terminó Derecho en la Unión Soviética. Fue miembro de la Juventud Comunista y entró a la guerrilla en 1977. Cabecilla del Bloque Caribe Martín Caballero. Ha sido ideólogo, instructor político y negociador en tres intentos de proceso de paz. Fue representante a la Cámara, en los 80. En el Secretariado reemplazó a ‘Jacobo Arenas’. Estados Unidos lo vincula con el negocio de la droga.

Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗˗ La CPI reporta 16 condenas por asesinato, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 13 y 40 años. ˗˗ Las autoridades colombianas reportan que tiene 200 procesos judiciales por diversos delitos, 112 órdenes de captura, 59 medidas de aseguramiento y 23 sentencias con 760 años de prisión. ˗˗ Tiene Circular Roja de Interpol. ˗˗ El 24 de junio de 2013 fue condenado a cuarenta años de prisión por el atentado contra una embarcación que viajaba por el río Ariari, a la altura del municipio de Puerto Rico, meta. Murieron dos soldados y un civil y su hijo. ˗˗ El 11 de septiembre de 2013 fue condenado a 31 años por el atentado en el hotel Acapulco, de Puerto Rico, Meta, en el que murieron una vendedora de frutas, dos menores de edad, un oficial y dos soldados. Resultaron 23 personas heridas. ˗˗ El 9 de octubre de 2013 fue condenado a cuarenta años de cárcel por un atentado con una bicicleta bomba contra una estación de Policía, en Bogotá, en el que murieron una niña, su mamá y cuatro policías. ˗˗ El 12 de enero de 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del obispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino. La sentencia incluye el pago de una multa de $1.000 millones a favor de la familia del jerarca. ˗˗ El 10 de febrero 2012 es acusado por la Fiscalía por la explosión de un carro bomba cerca de un puesto militar en Vistahermosa, Meta, en el que hubo un muerto y un herido. ˗˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, en la que hubo tres muertos, un herido y un secuestrado. ˗˗ El 27 de marzo de 2012 fue acusado por la Fiscalía de reclutamiento ilícito de dos jóvenes. ˗˗ El 16 de julio de 2012 fue condenado a cuarenta años por el ataque al municipio de Miraflores, Guaviare.

Destruyeron la base del Ejército, la sede de la Policía, el hospital y hasta la iglesia. Murieron 19 personas, de las cuales 16 eran militares. Secuestraron a 129 militares y policías. ˗˗ El 10 de agosto de 2011 fue condenado a cuarenta años

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de prisión por la toma del municipio de Mitú, en la que más de mil guerrilleros dejaron un saldo de 43 muertos y 61 policías secuestrados. ˗˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congresista Consuelo González. ˗˗ El 6 de enero de 2010 la Fiscalía acusó a cinco cabecillas de las Farc, por el ataque al municipio de Colombia, Huila, en julio de 2000. Hubo cinco muertos, durante un ataque en el que utilizaron cilindro bomba. ˗˗ El 18 de febrero de 2010 fue condenado a diez años por tentativa de terrorismo y rebelión. Obligaron a una persona a llevar una volqueta cargada con explosivos hasta el frente de la Alcaldía de Vistahermosa, Meta. Una persona murió y otra quedó herida. ˗˗ El 10 de marzo de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por el asesinato de cinco militares en zona rural de La Uribe, Meta. Los emboscaron y al buscar la salida cayeron en un campo minado. ˗˗ El 16 de abril de 2010 fue emitida una resolución de acusación por el secuestro extorsivo del periodista ‘La Chiva’ Cortés. ˗˗ El 27 de mayo de 2010 se emitió resolución de acusación por el secuestro de una joven universitaria en Bogotá. ˗˗ El 3 de agosto de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión por homicidio agravado y lesiones personales durante hostigamientos en la vía Bogotá-Choachí y retenes en el municipio de Silvania. Murieron cinco policías y un civil). ˗˗ El 14 de julio de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Tierralta, Córdoba, cuando doscientos guerrilleros entraron a tres veredas y mataron a 22 personas por ser presuntos auxiliadores de grupos de autodefensas. ˗˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 135 muertos y 29 heridos (endilgados en proceso penal).

Secuestros: 194 secuestrados (endilgados en proceso penal).

Recompensas: - US$5 millones ($10.000 millones) ofrece el gobierno de Estados Unidos. ˗˗ $5.000 millones ofrece por él el Gobierno de Colombia

Milton de Jesús Toncel Redondo ‘Joaquín Gómez’ Nació el 18 de marzo de 1947 en Barrancas, La Guajira. Es ingeniero agrícola, con estudios en la Unión Soviética. Es ideólogo político, estratega militar y al parecer maneja las relaciones con los grupos narcotraficantes. Tomó el lugar del abatido alias ‘Raúl Reyes’. Con ‘Fabián Ramírez’ creó el Bloque Sur. Ha participado en duros golpes como la toma de Las Delicias, en Putumayo y del Cerro Patascoy. Fue negociador durante el proceso de paz en el gobierno de Andrés Pastrana Arango.

Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗˗ Según la CPI, tiene nueve condenas por asesinato, secuestro, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 13 y 40 años. ˗˗ Autoridades colombianas dan cuenta de noventa procesos judiciales en su contra, 55 órdenes de captura, 22 medidas de aseguramiento y nueve sentencias con 333 años de cárcel. ˗˗ El 31 de diciembre de 2013 se le dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, por el homicidio del concejal de San Vicente del Caguán, Miller Polanco Macías. ˗˗ El 23 de febrero de 2012 fue condenado a 34 años por la toma del municipio de Gigante, en la que hubo tres muertos, un herido y un secuestrado. ˗˗ El 6 de diciembre de 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro, en 2001, de la congresista Consuelo González. ˗˗ El 15 de julio de 2010 se profirió resolución de acusación por el plagio del geólogo Gerardo Alberto Aranda Valentín. ˗˗ El 27 de octubre de 2009 fue condenado a cuarenta años de prisión por la masacre de Puerto Rico, Caquetá, en la que murieron siete personas. ˗˗ El 30 de noviembre de 2010, la Fiscalía lo acusa del secuestro de tres estadounidenses que trabajaban para el Plan Colombia, hechos en los que murió el sargento Luis Alcidez Cruz.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 12 muertos (endilgados en proceso penal).

Secuestros: seis secuestrados (endilgados en proceso penal).

Recompensas: US$2,5 millones ($5.000 millones) ofrece por él el gobierno de Estados Unidos. ˗˗ $5.000 millones ofrece por él el Gobierno de Colombia Luis Antonio Lozada Gallo ‘Carlos Antonio Lozada’

Nació en 1961. Fue pupilo del ‘Mono Jojoy’ en acciones terroristas urbanas y rurales. Realizó estudios en la Unión Soviética y militó en la Juventud Comunista (Juco). Es el segundo jefe del Bloque Oriental de las Farc y dirige los comandos urbanos insurgentes reunidos en la columna Antonio Nariño. Participó en las negociaciones de paz del Caguán.

Promovió la creación del Partido Comunista Clandestino Colombiano, brazo político de las Farc en las zonas urbanas.

Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗˗ Las autoridades reportan dos procesos judiciales en su contra y dos órdenes de captura. ˗˗ La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía le expidió una orden de captura por homicidio agravado con fines terroristas, secuestro extorsivo y rebelión, por hechos del 17 de marzo de 2000. ˗˗ La Fiscalía 13 de la Unidad Seccional de Fiscalías de Caquetá le expidió orden de captura por desplazamiento forzado, desaparición, homicidio agravado y concierto para delinquir, por hechos del 13 de marzo de 2001. ˗˗ Para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), es responsable de la producción y tráfico de cocaína de las Farc. ˗˗ Masacres y tomas a poblaciones: ˗˗ Se le atribuye el atentado al Palacio de Nariño, el 7 de agosto de 2002, durante la posesión de Álvaro Uribe Vélez, que dejó 23 muertos y 56 heridos en diferentes ataques. ˗˗ Se le sindica como responsable de un carro bomba que le pusieron a la Escuela Superior de Guerra en 2006, que dejó 23 heridos. De atentados en Putumayo, Caquetá y Arauca, con más de veinte miembros de la Fuerza Pública muertos. ˗˗ Dos atentados contra Germán Vargas Lleras, actual Vicepresidente de la República, que dejaron siete heridos. ˗˗ La activación de una bicicleta-bomba en una sede policial del barrio Fátima, en Bogotá, en 2002, que dejó cinco muertos y 14 lesionados.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 48 muertos y cien heridos.

Recompensas: US$2,5 millones ($5.000 millones) ofrece por él el gobierno de Estados Unidos. ˗˗ $5.000 millones ofrece por él el gobierno de Colombia.

Jorge Torres Victoria ‘Pablo Catatumbo’ Oriunto de Cali, tiene 64 años y es cabecilla del Comando Conjunto de Occidente. Al parecer se inició en la subversión en las filas del M-19, tras formarse en el Partido Comunista.

Ya con las Farc, participó en los fallidos diálogos de paz de México. Ahora también funge como negociador en La Habana.

Sentencias y procesos judiciales (coautor): ˗˗ Según las autoridades, hay en su contra 70 procesos judiciales, 51 órdenes de captura, 16 medidas de aseguramiento y 3 sentencias con 84 años de prisión. En otras fuentes aparece con 4 sentencias y un castigo de 130 años. ˗˗ Sentencia de 34 años y 6 meses de cárcel por la toma de Gigante, Huila (03/12/99). ˗˗ Sentencia de 25 años por homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, en Cali, (16/3/02), en el que quedó herido el sacerdote Joaquín Cortés. ˗˗ Sentenciado a cuarenta años por la masacre de siete personas en Puerto Rico, Caquetá (29/12/2000). ˗˗ Sentenciado a 31 años por ataque explosivo en Puerto Rico, Caquetá (20/2/05), que dejó seis muertos y 25 heridos. ˗˗ La Fiscalía ha expedido 52 órdenes de captura a través de diferentes despachos, por concierto para delinquir, rebelión, tráfico de armas, homicidio, secuestro, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, terrorismo, daño en bien ajeno, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, violación de inmunidad diplomática, apoderamiento de medios de transporte colectivo y destrucción de bienes protegidos. ˗˗ Según la Corte Penal Internacional (informe de noviembre de 2012), “condenado a 40 y 57 años por asesinatos, secuestros y homicidios cometidos en febrero de 2003 y febrero y diciembre de 2005”. ˗˗ Deudas con víctimas: $1.000 millones a la familia de monseñor Isaías Duarte Cancino por daños morales; y 2.151,3 salarios mínimos por ataque explosivo a Puerto Rico (Caquetá). ˗˗ Acusado de narcotráfico en Estados Unidos. ˗˗ Incluido en la Lista Clinton.

Masacres y tomas a poblaciones: ˗˗ Toma de Gigante (Huila): tres civiles muertos (un camarógrafo), ocho heridos, un comerciante de café secuestrado. Destrucción de edificios con cilindros bomba. ˗˗ Masacre de Puerto Rico (Caquetá): asesinados a bala, cuando viajaban en vehículos, el congresista Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, los escoltas Edwin Angarita Alarcón y Mail Bejarano Martínez, el civil Dagoberto Samboní Uni y el conductor Rafael Ocasiones Llanos.

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Ataque explosivo en Puerto Rico (Caquetá): una carga explosiva estalló en el hotel Acapulco al paso del Ejército.

Murieron dos menores, un civil y tres soldados. Quedaron heridos once soldados y 14 civiles. Hubo destrozos en el centro de salud y diez casas vecinas.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): al menos 17 muertos y 34 heridos (comprobados en proceso penal).

Secuestros: uno. (Comprobado en proceso penal).

Recompensas: ˗˗ Figura en el cartel de los 20 terroristas más buscados, con $5.000 millones. ˗˗ El DAS llegó a ofrecer por él $1.700 millones. ˗˗ El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece US2.5 millones.

Félix Antonio Muñoz Lascarro ‘Pastor Alape’ o ‘José Lisandro Lascarro’ Natural de Puerto Berrío (Antioquia), tiene 55 años y es cabecilla del bloque Magdalena Medio. Es uno de los integrantes más nuevos del Secretariado, al cual llegó tras la muerte del ‘Mono Jojoy’ en 2010. Dentro de ese grupo ha sido cabecilla de frente, jefe de seguridad e instructor de escuelas de formación subversiva.

Sentencias y procesos judiciales: ˗˗ En registros policiales aparece con once procesos judiciales en marcha y tres medidas de aseguramiento. ˗˗ Diferentes despachos de la Fiscalía han expedido siete órdenes de captura por hechos perpetrados entre 1991 y 2003. Los delitos imputados son: rebelión, homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, terrorismo y concierto para delinquir. ˗˗ En su contra hay dos medidas de aseguramiento por reclutamiento ilícito y desaparición forzada (2010) y por homicidio y secuestro extorsivo (2006). ˗˗ Investigado por reclutamiento ilícito de menores y mujeres en Antioquia, Santander y sur de Bolívar (según la Policía). ˗˗ Acusado de narcotráfico en Estados Unidos (marzo de 2006). La acusación señala que no solo promueve el tráfico de drogas, sino que ordenó el asesinato de campesinos que vendían pasta de coca a las Auc y de “cientos de personas que interferían o violaban las políticas de narcotráfico de las Farc”. ˗˗ Incluido en Lista Clinton (septiembre de 2006).

Recompensas: ˗˗ Figura en el cartel de los 20 terroristas más buscados, con $5.000 millones. ˗˗ El DAS llegó a ofrecer por él $1.700 millones. ˗˗ Deudas con víctimas: ˗˗ El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece US2.5 millones.

Jaime Alberto Parra Rodríguez ‘El Médico’, ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘Wilson Valderrama Cano’ Oriundo de Líbano, Tolima, es el máximo cabecilla del bloque Oriental, graduado de Medicina en la Universidad Nacional, fue médico personal de ‘Tirofijo’. Se convirtió en miembro del Secretariado en marzo de 2008, en sustitución del abatido alias ‘Iván Ríos’. Según un informe de la Policía “es reconocido en las Farc por liderar los hospitales móviles en medio de las selvas, donde se realizaba formación médica y el saneamiento para guerrilleros”.

Sentencias y procesos judiciales: ˗˗ En su contra hay dos órdenes de captura vigentes. ˗˗ Acusado de homicidio, secuestro, terrorismo y rebelión por la toma a Miraflores, Guaviare (03/8/98). ˗˗ Investigado por ataques a Mitú (Vaupés) en 1998 y tomas de Puerto Rico y Puerto Lleras en Meta (1999). ˗˗ La Unidad Nacional de la Fiscalía contra el Terrorismo ordenó su captura por rebelión. ˗˗ La Dirección de Fiscalías de Derechos Humanos ordenó su captura en 2012 por homicidio agravado, secuestro extorsivo, rebelión y concierto para delinquir, por hechos del 27 de abril de 2006. ˗˗ Según la Corte Penal Internacional tiene una “actuación en curso por presuntos secuestros cometidos en febrero de 2013”. ˗˗ Tiene una Circular Azul de Interpol.

Masacres y tomas a poblaciones: ˗˗ Masacre de Miraflores (Guaviare): durante tres días, 1.500 guerrilleros arrasaron el pueblo, hubo 19 muertos (16 militares y 3 civiles) y el secuestro de 129 uniformados (75 militares y 54 policías). Destruidas la base militar, la estación de Policía, la iglesia y el hospital.

Homicidios y heridos (en los casos reseñados): 19 (endilgados en proceso penal).

Secuestros: 129 (endilgados en proceso penal).

Recompensas: ˗˗ Figuraba en cartel de DAS con $190 millones de recompensa. * Fuentes: El Colombiano, Fiscalía, Policía, Mindefensa, CPI, departamento de Estado, del Tesoro y Justicia de Estados Unidos, DEA y organismos de inteligencia.

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Anexo Diciembre 2014

Juanita León, Juan Esteban Lewin (coautor)/lasillavacia.com/ 18 de noviembre de 2014

Pase lo que pase, el proceso de La Habana ya no será el mismo La decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos de paz hasta que las Farc liberen al general Alzate y las demás personas secuestradas con él rompe uno de los principios que había dominado el proceso de paz hasta ahora.

Al hacerlo, la dinámica de las negociaciones puede cambiar drásticamente y no necesariamente para bien.

En el Acuerdo Marco negociado entre el Alto Comisionado Sergio Jaramillo y el jefe guerrillero ‘El Médico’ quedó estipulado que, dado que negociarían en medio del conflicto, nada de lo que sucediera en el campo de batalla afectaría la negociación en La Habana. De esta manera aspiraban a evitar que los hechos de la guerra alteraran el curso de la negociación de paz.

Por eso, ni siquiera la muerte de ‘Alfonso Cano’ -máximo líder de esa guerrilla- dado de baja en un bombardeo en el Cauca, cuando las negociaciones aún no se habían hecho públicas, truncó las conversaciones. Tampoco cuando las Farc mataron a nueve militares en Paraguachón (La Guajira) en febrero de 2013, ni cuando el Ejército dio de baja a alias ‘Caliche’ en mayo de 2013. ¿Qué cambió ahora para que el secuestro del general y sus acompañantes sí provocara la suspensión?

La delegación de las Farc en La Habana habló dos veces. Primero dijo que no sabía si tenían al General y luego, después de que el Bloque Iván Ríos confirmó que sí, salió a explicar que esperan resolver la situación pronto, sin comprometerse a entregarlo.

Juan Manuel Santos se reunió con el equipo negociador

del Gobierno, cuando ya había anunciado la suspensión de los diálogos.

Según lo que pudo averiguar La Silla, dos factores grandes pesaron en la decisión de acabar con ese principio.

El primero es que llevaban semanas discutiendo en la mesa de La Habana con los guerrilleros de las Farc medidas concretas para destrabar el conflicto.

Ya estaban muy de cerca de llegar a un acuerdo para que las Farc se comprometieran a suspender todos los ataques a la infraestructura como un primer paso en ese destrabamiento.

El Presidente consideró que el que este secuestro sucediera justo en medio de esa discusión ponía en duda la seriedad de lo que estaban discutiendo, según dijo a La Silla una fuente del alto gobierno.

Sobre todo porque una de las condiciones que existió para entrar a negociar es que las Farc se comprometieran públicamente a suspender el secuestro.

De hecho, en febrero de 2012 la guerrilla anunció que proscribía como práctica de la guerrilla el secuestro extorsivo justo cuando también anunció su interés de dialogar con el Gobierno.

Lo sucedido este fin de semana técnicamente no clasificaría dentro de este delito pues no han pedido ningún rescate a cambio, pero políticamente da igual porque para la opinión pública un secuestro es un secuestro.

“La opinión pública no ha visto nada de ellos, ningún gesto. El único compromiso es que no secuestraban”, dijo la misma fuente.

La desconfianza que esto genera en la opinión pública (y que no se ha compensado

de forma sustancial por las dos treguas navideñas de las Farc) fue uno de los factores que al parecer tomó en cuenta Santos para pedirle a los negociadores que no viajaran a La Habana hasta que los liberaran.

“Hay que ser claros: aunque estamos negociando en medio del conflicto, las Farc tienen que entender que a la paz no se llega recrudeciendo las acciones violentas y minando la confianza.

La muerte de los indígenas en Toribío, Cauca, es solo un ejemplo. El secuestro ayer en Chocó del general Alzate, de un suboficial y una abogada, que se une al de dos de nuestros soldados en Arauca, son actos que en nada ayudan a avanzar hacia la paz”, puntualizó.

Hay otra razón, quizás más inmediata y poderosa, que seguramente ayudó a apuntalar la decisión y es el impacto que produjo la noticia de la retención entre los militares.

Según le dijo a La Silla alguien que conoce muy bien a los militares, aunque no hubo una amenaza de renuncia masiva ni ruido de sables –como se ha rumorado en ciertos círculossi hubo un “conato fuerte de oposición”.

“El grupo más anti-proceso de los militares estaba moviendo a otra gente para decir que el proceso se tenía que acabar”, dijo la fuente y contó que recibió varias cadenas de chat en ese sentido. “Entre más se demore la devolución del general, más fuerza ganarán los militares anti-proceso”.

La Silla no pudo verificar esta información con otra fuente pero no deja de ser diciente que el presidente Santos haya anunciado la decisión de suspender el proceso el domingo por la noche, tras su reunión con los

militares y desde el Ministerio de Defensa, e incluso antes de reunirse con su equipo negociador de paz el lunes festivo.

Como ha contado La Silla, dentro de un sector grande del Ejército existe un fuerte malestar con el proceso de paz y el secuestro de un general es otro detonante más para convencerlos de que las Farc no son sinceras en su propósito de negociar.

El temor a que esto pusiera a los militares más en contra de Santos y del proceso, y seguramente que el expresidente Álvaro Uribe lo capitalizara políticamente, podría explicar por qué Santos -en vez de manejarlo discretamente como ha manejado otros incidentes que han ocurrido en la mesa- haya optado por el emplazamiento público suspendiendo también el principio de separación entre la mesa y el campo de batalla.

A futuro El problema de haber roto esta separación entre la mesa de diálogo y el campo de batalla es que puede suceder lo que ocurrió en el proceso de El Caguán y es que los negociadores gastan más tiempo en el micrófono denunciando los abusos de la guerrilla (que son muchos y permanentes) que encontrando las fórmulas para ponerle fin a la guerra.

Esto genera rating porque los “machos” siempre son bienvenidos, pero termina desgastando la negociación y en muchos casos acabando con ella como sucedió en las negociaciones de Caracas y Tlaxcala durante el gobierno Gaviria, y en el mismo Caguán.

Después de esta suspensión no será fácil para el Gobierno no reaccionar con la misma contundencia cuando las Farc realicen otras acciones, porque que-

da en el aire la sensación de que hay una desigualdad, como ya se ha notado con críticas sobre por qué no se suspendió el proceso cuando las Farc asesinaron a dos indígenas en el Cauca.

Además, la suspensión abre la puerta para las Farc tomen decisiones similares, que obstruyan el proceso, si son golpeadas por el Ejército.

También es problemático que haya decidido suspenderlo cuando retienen a un general, algo que podría ser legítimo según el Derecho Internacional Humanitario como parte de las reglas de la guerra (sin menoscabar su crueldad) porque se trata de un combatiente, y que no lo haya hecho cuando mataron a dos indígenas o cuando secuestraron a dos soldados en Arauca la semana pasada, por solo citar dos casos.

“Al darle tanta relevancia la gente está pensando en las Farc no como los que atentan contra civiles como en Tumaco, sino como los que hacen acciones militares contra un General”, dice un exconsejero presidencial de Derechos Humanos.

“Además, deja lo del cese de hostilidades, algo que quieren las Farc, sobre el tapete”.

Desde un principio de la negociación, la guerrilla ha insistido en un cese bilateral de fuego y el gobierno ha dicho que no precisamente porque cree que eso le podría representar ventajas militares a la guerrilla.

Al suspender el proceso por un acto propio que podría ser propio de la guerra, como es capturar a un enemigo (el caso de la abogada sí es una clara violación al DIH pero no es sobre ella que Santos ha hecho énfasis para la suspensión), el Presidente sitúa el debate en el terreno donde las Farc han querido tenerlo siempre.

Es posible que, con la presión nacional y la internacional, las Farc liberen al General y a sus acompañantes pronto (hoy talvez estén ya libres). Pero aun así, la negociación ya no volverá a ser la misma.

John Marulanda/elcolombiano/25 de noviembre de 2014

Las Farc no tienen superioridad militar ni moral, pero aún pueden golpear Lo más dramático de todo esto es el desánimo, que conduce al desinterés, de las Fuerzas Militares, que facilitan estas acciones de las Farc. Este desánimo se deriva por el desconcierto que generan los comportamientos del jefe supremo, y por el silencio de los mandos de las fuerzas.

En el campo táctico hay que examinar los posibles fallos de inteligencia, pues se sabe la fortaleza de las Farc en esa región del Pacífico. Mirar si hubo fallos de dispositivo y coordinación, o falta de liderazgo del mando.

Lo que se demuestra es que

las Farc, con su capacidad militar corrompida y desmembrada, aún pueden realizar acciones inéditas como el asalto a Gorgona y el secuestro de un general del Ejército. Las Farc no tienen superioridad militar ni en el campo material ni mucho menos en

el moral. Pero la superioridad moral de la institucionalidad colombiana, con estos hechos, se está viendo mermada.

La que se puede formar entre la opinión pública puede resultar altamente adverso para lo que está sucediendo

en La Habana. Las Farc aprovechan todas las gabelas que se les den. Aparte de los hechos del Pacífico y del Chocó (el secuestro del general Alzate) están reforzando su presencia en Huila y Tolima, resurgen en el que fue su santuario.

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Rafael Nieto Loaiza/elcolombiano/23 de noviembre de 2014

La ‘retención’ del General Conozco al general Alzate. No solo es un oficial serio sino tiene especial sensibilidad por los factores sociales que alimentan el conflicto y sobre los cuales medra la guerrilla para conseguir apoyo. En las zonas de guerrilla no basta con la presencia armada. Para triunfar hay que ganarse el corazón de la gente.

Supongo que fueron esas las razones por las que fue designado como comandante de la fuerza de tarea que opera en el Chocó.

Ahora bien, el daño institucional que provoca su secuestro es enorme. No cabe duda de que este episodio destruye su carrera.

No hay manera de que siga adelante. Su acción de ir de civil y sin escolta a la boca del lobo es inexplicable. Excepto que haya una razón muy poderosa que no conocemos y que tras su liberación la cuente abiertamente. Ojalá.

Pero el episodio muestra otras

realidades. La obvia: a pesar de su compromiso expreso de no secuestrar, las Farc siguen haciéndolo cada vez que pueden. Y no distinguen militares de civiles.

Van 59 secuestros reportados desde hace dos años. La palabra de las Farc no vale un pimiento.

Hay quien ha dicho que el secuestro no es culpa de la organización, sino solo del frente. El argumento es falso, entre otras razones porque las Farc se precian de ser un grupo unificado y con mando centralizado y férreo y porque el jefe de esa cuadrilla hace parte del centenar de cabecillas que se encuentra en Cuba.

En cualquier caso, la argumentación de que hay frentes que operan libres, sin control de la cúpula guerrillera, es peor. En ese caso ¿a quién representan los de La Habana?

Si la palabra de las Farc no vale nada, la de Santos da pena

ajena. El trino que hizo después de conocido el secuestro es de pagar escondedero. Por mucho que haya sido imprudente el general Alzate, quienes deben dar explicaciones son las Farc y no el Ministro de Defensa ni el Comandante de las FF.MM., a quienes Santos culpó y a quienes en todo caso habría que reprender en privado, si fuere el caso, y no en las redes sociales.

Santos refleja su fuero íntimo: las culpables son las Fuerzas Armadas y la víctima, no los victimarios, sobre quienes no dijo ni una sola palabra hasta que, es posible imaginarlo, fue encarado por los militares en la cumbre tras el episodio. Cuando corrigió ya el daño estaba hecho.

Y si el trino es color castaño, la cosa se pone muy oscura cuando la Casa de Nariño solo reacciona frente al secuestro de un general, pero se queda impávida

ante los secuestros anteriores, los dos soldados incluidos. En verdad, ya lo había dicho Santos antes: solo un acto violento contra alguien “importante” podría afectar el proceso. La vida y la libertad de los civiles y de los soldaditos y policías no valen ni la esquela de sus obituarios.

Por último, y de nuevo, desconcierta la Fiscalía. Abre investigación por “retenciones indebidas”, no por secuestro. Pero no cabe duda de que fue un secuestro. Sigue siéndolo cuando escribo, tarde del viernes. El eufemismo de la “retención”, que después copió el Presidente, es inaceptable. Quizás en la Fiscalía aleguen que el DIH no prohíbe la captura de combatientes enemigos. Es verdad.

Sin embargo, para empezar, la señora Urrego, a quien también se llevaron, es civil. Y en todo caso el Derecho Internacional

Plinio Apuleyo Mendoza/eltiempo.com-opinión/ 23 de octubre de 2014

¿Un ejército de rodillas?

El pasado domingo se cumplieron los dos primeros años de los diálogos en La Habana entre las Farc y el Gobierno. La prensa reconoce que en esta larga búsqueda de una paz sostenible hace falta generar confianza en la ciudadanía. Supongo que para ello se ha lanzado a los cuatros vientos el máximo emblema de ‘Soy capaz’. ¿Capaz de qué?, nos preguntamos muchos. ¿De aceptar lo inaceptable? De pronto.

No, no se trata, como lo asegura la propaganda oficial, de elegir entre la paz y la guerra, sino de ver las atrevidas implicaciones que supone cada acuerdo. El otro día, escuchando a Fernando Londoño en La hora de la verdad, me sorprendió

su análisis de las once nuevas instituciones convenidas con las Farc y dadas a conocer recientemente. Los rótulos que llevan parecen inofensivos: un consejo para la reconciliación y la convivencia, veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, consejos territoriales, un sistema especial de alertas tempranas y otras más de similar perfil. Londoño nos muestra cómo terminan dibujando un nuevo orden institucional que va a darles a las Farc un real poder a lo largo y ancho del país.

A estas conquistas se suma la más grande que han logrado.

Tiene que ver con la guerra jurídica encaminada a poner de rodillas a nuestras Fuerzas

Armadas. Pero el primer gran golpe dado contra ellas no lo dieron las Farc sino –quién iba a pensarlo– el acuerdo suscrito por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal Mario Iguarán, acuerdo que puso fin al fuero militar. Se buscaba con ello dar en el exterior una imagen de transparencia, teniendo en cuenta la mala reputación difundida por conocidas ONG sobre la justicia militar en nuestros países.

Nunca nadie llegó a imaginar que los duros golpes dados a la guerrilla bajo el gobierno de Uribe iban a provocar que las Farc pusieran en marcha con inquietante éxito su guerra jurídica.

Dentro de este nuevo esce-

nario, la Ley de Justicia y Paz, que concedía beneficios y penas alternativas a guerrilleros y ‘paras’ a condición de que confesaran sus delitos y denunciaran a sus cómplices, iba a convertirse en la mejor arma para criminalizar al Ejército. En efecto, por causa de los falsos testigos buscados y pagados por agentes de la subversión, los mejores y más exitosos militares en la lucha contra la guerrilla fueron objeto de amañados procesos y abrumadoras condenas.

Como bien lo escribe el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, la imposición desproporcionada de prisión con penas de 40 o 60 años por operaciones militares, ignorando las pruebas y la doctrina de guerra, sumada al abandono institucional para su defensa, han minado definitivamente el espíritu y la moral de las tropas.

Hoy día, muchos colombianos desconocen una pavorosa

Humanitario (DIH) aplicable dice expresamente que sus normas no pueden usarse para menoscabar el deber que les corresponde a los Estados de establecer orden en su territorio y aplicar sus leyes.

En términos sencillos, el DIH acepta la muerte en combate y la captura del enemigo, pero también que tales hechos sean un homicidio y un secuestro a la luz del derecho interno. ¿Será que la Fiscalía en adelante dirá que los asesinatos de soldados y militares por las Farc son actos legítimos de guerra y por tanto no pueden penarse? ¿Les dará tratamiento de “bajas en combate”? Los mismos actos, posibles a la luz del DIH, son legítimos y lícitos para el Estado y un delito para la guerrilla. No, no estamos frente a una “retención”. ¡Lo de Alzate y sus acompañantes es un secuestro! realidad: más de 15.000 militares permanecen detenidos en centros de reclusión por obra de una Fiscalía parcializada que anula para ellos la presunción de inocencia y termina convirtiendo operaciones de guerra, que en cualquier parte del mundo son del resorte exclusivo de la justicia penal militar, en conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario.

Por cierto, las altas penas que se han impuesto a oficiales como Uscátegui, Del Río, Arias Cabrales, Plazas Vega, Mejía Gutiérrez y muchos otros más tienen como propósito ponerlas en pie de igualdad con las que se han dictado contra los comandantes guerrilleros, a fin de que en un proceso de justicia transicional militares y terroristas sean vistos como responsables de las mismas culpas y obtengan iguales beneficios. ¿De qué puede servirnos tener un Ejército de rodillas cuando concluyan estos azarosos y secretos diálogos de La Habana, cuyo real desenlace desconocemos?

Eucario Bermúdez/caracol1260.com/2 de diciembre de 2014

Vergüenza patriótica Ahora el General secuestrado es el que debe rendir cuentas y no sus secuestradores. ¡Qué vergüenza!

Produce dolor de patria pensar que ahora un secuestrado de la calidad moral y dignidad de un general de la república como Rubén Darío Alzate, es quien debe rendir cuentas por el cautiverio al que fue sometido por las Farc. Es decir, que ahora los

culpables de semejante delito son los secuestrados y no los secuestradores. ¡Qué vergüenza! Y que eso lo diga el propio Presidente de la República es más vergonzoso aún. El general Alzate se arriesgó de civil para alcanzar una meta de paz, de orden social, de progreso, de tranquilidad para una convulsionada región del Choco co-

lombiano y cayó en las garras de los asesinos de la guerrilla narco terrorista que hoy tiene las riendas en La Habana de un proceso de paz que huele a muerte porque sus protagonistas siguen imponiendo la ley del monte, secuestrando en las peores condiciones a nuestros compatriotas, asesinando soldados, policías y civiles, destruyendo la riqueza na-

cional y enriqueciéndose con el sucio negocio del narcotráfico.

El general Alzate fue vejado, esposado, amarrado a un árbol, sometido a abrazar y sonreír a un asesino como el tenebroso guerrillero de apellido ‘Alape’, quien como Pedro por su casa salió de La Habana en vuelo expreso y fue a las montañas a montar el escenario al que también tuvo que someterse el respetable general, autor de mil batallas en defensa de la dignidad de las Fuerzas

Militares, de sus soldados y de la patria.

Y ahora el valeroso militar tiene que rendir cuentas de su secuestro, mientras los guerrilleros siguen disfrutando de las bondades de sus jefes, los Castro, en La Habana y de las debilidades de un gobierno que cava su tumba con semejantes desatinos. No hay derecho que se permita semejante ofensa a las gloriosas Fuerzas Militares de Colombia. Causa dolor de patria y vergüenza.

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Anexo Diciembre 2014

Fernando Cepeda Ulloa/elpais.com.co/ 29 de noviembre de 2014

Leyendo el Acuerdo General…

Como estamos en vísperas, según lo ha anunciado el Comandante de las Farc de unas nuevas consideraciones con respecto a las conversaciones en La Habana, conviene hacer algunos comentarios sobre la naturaleza del Acuerdo General que ha llevado a este proceso de paz, que tiene, aparte de las conversaciones secretas y de la exploratoria, dos grandes etapas: la de la firma de un Acuerdo General para la terminación del conflicto, es lo que se conversa en La Habana; y, luego, la construcción de una paz estable y duradera, que puede tomar entre diez y quince años, según los propios voceros del Gobierno.

En primer lugar no se pactó fecha límite para esas conver-

saciones. Con claridad, se dice que su duración –no su terminación- estará sujeta a evaluaciones periódicas. Mayor o menor progreso en los avances irá indicando cuál sería la mayor o menor duración de las conversaciones y en el mismo punto III, con insistencia, se habla de un pronto acuerdo (en ninguna parte se habla de negociaciones). Y se dice también en forma contundente, que éstas serán “directas e ininterrumpidas”. Por eso el Gobierno no las interrumpió, tan solo las suspendió. La semántica está jugando un papel muy importante en este proceso.

No sobra mostrar cómo la dinámica de estos dos años ha ido ajustando el texto del

Acuerdo. Ya la fecha acordada en el punto II, para instalar las conversaciones, sufrió un cambio.

En el punto IV se dice que los gobiernos de Venezuela y Chile son “acompañantes”. Se buscaba un equilibrio: Venezuela un gobierno de izquierda, Chile un gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. El régimen político de Chile cambió; la izquierda retornó al poder y el equilibrio buscado desapareció.

Con todo, el proceso ganó la experiencia y el conocimiento de un auténtico dirigente político en Chile, que es Luis Mayra.

Se fijó un cupo para cada delegación, hasta de 30 representantes. Las Farc parecen haber copado esta opción.

Se había pactado el principio de confidencialidad, aunque no el secreto total que caracterizó los primeros dos años. Ese principio no excluía la presentación de informes periódicos conjuntos ni una estrategia eficaz de difusión, pero hace varias semanas se acordó publicar los borradores existentes, que no implican un acuerdo porque solamente cuando todo esté acordado, se podrá hablar en esos términos.

Realmente, la enorme exposición mediática de que han gozado las Farc ya ponía en tela de juicio la validez del principio de confidencialidad. La opinión pública no sabía a qué atenerse, si a los escuetos comunicados o informes periódicos o a los

Héctor Riveros/lasillavacia.com/29 de noviembre de 2014

Perdonar las desapariciones forzadas La semana que viene habrá un gran debate sobre las responsabilidades relacionadas con los delitos ocurridos en el Palacio de Justicia hace ya casi treinta años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció (según dicen algunos medios, el comunicado no lo encontré en la página oficial) que ya ha tomado una decisión sobre el caso pendiente de 11 desaparecidos y habrá réplicas a la declaración del Presidente Juan Manuel Santos, dada ante los ganaderos en Santa Marta en la tarde de ayer, en la que dijo que no permitirá que se repita la que considera una situación inaceptable que: “quien se tomó el Palacio terminó de Alcalde y quien lo defendió en la cárcel por 40 años”.

La sentencia condenará al Estado por las desapariciones.

Es la condena que faltaba. En su propia defensa ante la Corte, el Estado –con la oposición de los militares- asumió parte de la responsabilidad. Las pruebas son contundentes y la Corte Suprema de Justicia lo ratificó al confirmar la condena contra el general Arias Cabrales.

Las condenas al Estado han sido múltiples, una de ellas incluso fue interpuesta por el hoy Ministro de Justicia en su condición de víctima. Que los militares cometieron delitos en la “retoma” del Palacio no hay duda. Eso es lo que han dicho todos los tribunales donde el hecho se ha ventilado a lo largo de estas casi tres décadas.

La discusión no es entonces ésa. El debate es cuál es el tratamiento jurídico que se le debe dar a quienes cometieron deli-

tos mientras formaban parte de la fuerzas militares en una perspectiva de postconflicto.

La declaración presidencial provocará un acalorado debate.

Supongo que el Presidente se refería a que los militares no deberían estar presos, no a que Petro no debería estar de Alcalde porque en muchos escenarios ha defendido la posibilidad de la participación política de los guerrilleros.

Para poner la discusión en su verdadera dimensión a la pregunta de si a los militares les vamos a dar el mismo tratamiento que a los guerrilleros, la respuesta es NO. Los militares están cumpliendo con su deber y esta sociedad les debe el reconocimiento de haber enfrentado un cruel conflicto durante más de 60 años. Ahora, a los delincuentes sí resultaría conveniente darles tratamientos similares. Los guerrilleros todos cometieron delitos y algunos miembros de la fuerza pública también lo hicieron.

Los de los primeros han sido crímenes horrendos, que han traspasado todas las líneas del derecho internacional humanitario, sobre eso no hay mucho que insistir. Desgraciadamente miembros de las fuerzas estatales también han cometido crímenes sin nombre.

En el Palacio de Justicia desaparecieron personas y seguramente después las ejecutaron.

Más de 3.500 jóvenes fueron asesinados por miembros de la fuerza pública en lo que se ha llamado “falsos positivos”. La pregunta correcta es entonces qué tratamiento damos a estos delincuentes que deshonraron a

las fuerzas militares y abusaron de la confianza que la sociedad depositó en ellos. La respuesta es compleja.

En estricto sentido jurídico no es lo mismo haber desaparecido una persona que se encontraba en el Palacio de Justicia en el momento de la toma y después asesinarla que retener ilegalmente a un joven con algún grado de incapacidad, llevarlo forzadamente o mediante engaños, a algún lugar lejano donde después es asesinado y presentado como guerrillero.

Los hechos se parecen pero no son iguales, pero éste no es el espacio para entrar en detalles.

El Presidente Santos cree que a los primeros hay que perdonarlos porque a los miembros del M 19 que se tomaron el Palacio de Justicia la sociedad les concedió indulto. De los responsables de los otros delitos no ha dicho nada todavía.

El Coronel González del Río, quien ha aceptado haber participado en la comisión de “falsos positivos”, anunció que espera las reglas de justicia transicional que se convengan en La Habana para acogerse a ellas y por eso rechazo el acuerdo que le propuso la Fiscalía en el que le ofrecía rebajar hasta el 50 por ciento de la pena de 60 años que propone imponerle. ¿Los “falsos positivos” tendrán justicia transicional? ¿Serían una especie de “delitos conexos” de los del conflicto?

La diferencia entre González del Rio y Plazas Vega es que el primero ha reconocido haber cometido delitos. Plazas insiste en presentarse como un héroe que defendía “la democracia

maestro”, teoría que parece haber aceptado el Presidente, quien insiste que “defendía” –no la democracia- pero al menos el Palacio.

No digo que González pueda ser objeto de normas de justicia transicional, ni que los falsos positivos deban estar incluidos dentro de los delitos sobre los que se deban otorgar beneficios; digo que cualquier persona que haya cometido un delito mientras formaba parte de la fuerza pública, en el marco del conflicto armado, tendrá que decir la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

Plazas Vega ha aceptado que pudo haber delitos, aunque niega haberlos cometido él. Si quisiera beneficios jurídicos tendría que aceptar que participó en la comisión de delitos.

El Estado tendría que reparar, pero el Presidente se negó a hacerlo cuando un Tribunal ordenó que se hiciera. Santos dijo que no pediría perdón sino que más bien ofrecía perdón al ex presidente Belisario Betancur y a los condenados mientras “defendían” el Palacio. La Corte Interamericana obligará a nuevas reparaciones; ya veremos cómo reacciona el Presidente.

El tema es muy difícil desde el punto de vista jurídico, pero esa no era la perspectiva desde la que quería referirme en esta columna, sino la perspectiva política de la posición de los militares con el actual proceso y con el Presidente Santos. La situación parece agudizarse, pero ya esta columna no alcanza para preguntar si hay o no ruido de sables, en otra oportunidad será.

planteamientos, en ocasiones radicales, de los voceros de las Farc. Ni todos los partidos políticos juntos, ni todos los congresistas, ni las universidades, ni los gremios, ni todos ellos en conjunto, han gozado durante estos dos años de la exposición mediática privilegiada que han recibido los voceros de esa guerrilla. Siempre he creído que esa dualidad, confidencialidad y exposición mediática exagerada, le hacía un daño al proceso ante la opinión pública.

Sea como fuere, está bien que se reexamine el funcionamiento de la Mesa después de dos años y se hagan los ajustes que la realidad, de hecho, ha venido haciendo. Sin duda, algunos correctivos son indispensables.

Estaremos atentos. Lo importante es que esta esperanza de paz no se debilite.

Amigo ACORADO El periódico de ACORE es un medio de comunicación de los Asociados y retirados de las Fuerzas Militares, donde se dan a conocer las opiniones y pensamientos de la Reserva Activa, sobre hechos de interés nacional que nos afectan directamente.

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En ese contexto, para nosotros es muy importante que los Asociados conozcan su opinión sobre diversos tópicos del acontecer nacional, lo invitamos a que escriba para nuestro periódico, es una forma de integración y de comunicación.

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Salud Hernández Mora/eltiempo.com/1 de diciembre de 2014

Ni muerto lo respetan El calvario de los papás del teniente coronel Elkin Hernández sigue intacto. En parte, por el desprecio del Estado.

Si se llamaran Galán, Cepeda, Pizarro o Lara, sería distinto.

Tendrían apoyos económicos, puestos, privilegios. Pero se apellidan Hernández y no son políticos. Tan solo padres de un policía que pasó secuestrado 13 de sus 35 años de vida.

El tormento del teniente coronel Elkin acabó de forma violenta el 26 de noviembre del 2011: los secuestradores lo acribillaron a balazos junto a sus tres compañeros de cautiverio cuando el Ejército intentó rescatarlos. Pero el calvario de sus papás sigue intacto. En parte, por el desprecio del Estado.

Aunque al lector le parezca una clamorosa injusticia, les denegaron la pensión. La burocracia estatal ha determinado que son demasiado ricos para recibir el

dinero que les corresponde como únicos herederos de su hijo fallecido, que no tuvo mujer ni retoños.

Poseen una casa en el sur de Bogotá en la que habilitaron dos pequeños apartamentos.

Si les va bien, los arriendan por 350.000 pesos cada uno.

Además, el matrimonio reúne un millón de pensión por los aportes que ambos realizaron en sus décadas de trabajo.

Doña Magdalena y su esposo tenían un taller de calzado con el que levantaron a sus tres hijos. Fue una mujer animosa, emprendedora, alegre, feliz. Hasta que las Farc secuestraron al único hijo varón, muy apegado a sus progenitores, en especial a ella. Se trasladaba de Paujil a Florencia, en moto, iba a una reunión con sus mandos por una

carretera infestada de guerrilla pese a ser el comandante de la estación de Policía de dicho pueblo caqueteño.

No lo hacía por imprudente, sino por obligación. En aquel entonces –1998–, la seguridad de un policía joven, recién salido de la Academia, no valía cinco pesos.

El secuestro de su niño consentido deslizó a doña Magdalena por una pendiente.

Lo primero que cayó al abismo fue la alegría de su hogar. Le siguió su salud. Aferrarse durante meses a una foto Polaroid, donde veía a su hijo amarrado a una cadena, como única prueba de vida, le trituró el corazón.

Empezó con episodios depresivos, insomnio, problemas de colon, diabetes.

Después fue la empresa la

que se despeñó. El matrimonio solo tenía cabeza para tocar puertas, enviar mensajes radiales, suplicar por la libertad de Elkin y tejer una inagotable hilera de rezos.

Comenzaron más tarde los plantones de los martes en la plaza de Bolívar para gritar por la libertad de policías y soldados con otras madres, acompañados de la hiriente indiferencia colectiva. Doña Magdalena los intercalaba con viajes a cualquier sitio donde divisara una luz, para regresar con las manos vacías, agobiada por la desesperanza.

Empezó a padecer artritis degenerativa, Epoc –enfermedad crónica de los pulmones–, le operaron una rodilla.

Recibir a su hijo en un cajón, tras miles de ruegos a las Farc,

y la exigencia a los gobiernos Uribe y Santos de no intentar un rescate, solo complicó su estado de salud.

Si hiciéramos cuentas de lo que gastaron buscando la liberación de Elkin y sumáramos el lucro cesante de su empresa, además de medicamentos, que no incluye el POS, la cifra tendría muchos ceros.

A los políticos y magistrados de altas cortes les reviven las vergonzosas pensiones multimillonarias y no les regatean un centavo. La memoria del teniente coronel Elkin Hernández, sus pavorosos 13 años en cautividad con seis únicas pruebas de supervivencia, y su posterior asesinato solo merecen una nueva bofetada a su familia. No dan para que sus papás reciban su pensión.

Eduardo Mackenzie/periodicodebate.com/4 de diciembre de 2013

Las guerrillas, mito y realidad José Alvear Sanín, en su más reciente columna de El Mundo (3 de diciembre de 2014), aborda el tema del papel que han jugado las guerrillas en ciertos conflictos importantes del escenario internacional.

Afirma que la guerrilla como método “ha derrotado los mejores ejércitos”. Sanín da algunos ejemplos: “Tito doblegando la Wehrmacht; Mao, primero contra el invasor japonés y luego contra el Kuomintang, hasta conquistar la China; el Viet Cong, inicialmente contra el colonizador, y luego contra los Estados Unidos, en Viet Nam; el FLN argelino contra Francia, y guardando las proporciones, Castro contra Batista”.

Yo podría estar de acuerdo con ese planteamiento tras hacer, claro, tres salvedades: la guerrilla del FLN de Argelia no derrotó al ejército francés.

Ocurrió lo contrario: esa guerrilla, aunque recibía apoyo militar y diplomático de la URSS y de otros poderes anti Francia, fue vencida.

No se puede olvidar que la cruenta batalla de Argel la ganó Francia, pues el terrorismo indiscriminado del FLN, que crecía de manera dramática, fue finalmente derrotado aunque con métodos cuestionables. La dirección del movimiento nacionalista huyó al extranjero en 1957. Las tropas francesas aplastaron al FLN pero el general Charles de Gaulle y el gobierno francés, en 1962, firmaron la independencia de ese país.

Francia perdió la guerra y salió

de Argelia por razones políticas y diplomáticas, no por razones militares.

Otro mito existe en torno de la acción del comunismo chino.

Mao Tse Tung no ganó la guerra contra el invasor japonés: la ganó la coalición entre los nacionalistas de Chang Kai Chek y los comunistas. Después, sobrevino la derrota del ejército nacionalista en 1949 a favor de Mao. Pero éste no disponía de una guerrilla. Disponía de un ejército completo, el Ejército Rojo de Mao, de Lin Piao y Chu Teh. Ellos dirigieron cientos de miles de combatientes con armamento pesado y sofisticado.

Esa guerra civil costó 50 millones de muertos más otro millón (oficialmente 830 000) liquidados tras la victoria de Mao. La leyenda de que guerrillas móviles “siempre” han derrotado ejércitos regulares y probados ha sido diseminada por las formaciones marxistas para empujar a la juventud radicalizada hacia aventuras sangrientas de utópicas toma de poder donde lo central es el empleo de la “lucha armada” y de las peores atrocidades.

Los comunistas se basan en el hecho cierto de que varios movimientos de “liberación nacional” de la postguerra comenzaron como guerrillas campesinas que utilizaron el combate guerrillero y varias formas de terrorismo. Muchas guerrillas comunistas, hoy olvidadas, fueron derrotadas pues no alcanzaron la fase de conformación de uno o varios

ejércitos. Fue lo que ocurrió en América latina, pero también en Filipinas, en Malasia y, sobre todo en Grecia, donde las fuerzas comunistas del Eam llegaron a tomarse Atenas, pero fueron derrotadas, en 1944, por los nacionalistas ayudados por los británicos. El Eam huyó de esa capital luego de fusilar a 3 000 personas y de llevarse 5 000 rehenes.

En Vietnam tampoco una guerrilla derrotó al ejército francés. En Dien Bien Phu, en 1952, Giap dirigía un ejército.

Los Estados Unidos salieron de Vietnam en 1974 tras firmar los Acuerdos de Paris. El esfuerzo del Vietnam del Norte para apoderarse del Vietnam del sur fue una conflagración entre ejércitos enormes. Los comunistas empujaron a la guerra y encuadraron a millones de civiles y militares. Y contaron con la masiva ayuda soviética y china. Esas potencias les suministraron personal militar calificado y gran cantidad de equipos y de armamento pesado y liviano.

La tesis central del artículo de José Alvear Sanín es indiscutible: las guerrillas son vencibles, pero ello depende de la determinación y de la fuerza militar y moral de sus adversarios. En Colombia, las Farc y el Eln, han sido vencidas en varias ocasiones. Pero la incapacidad de los gobiernos que pensaban el fenómeno comunista como una cuestión política-intelectual y no como un violento aparato expansionista mundial, no pudieron consolidar sus victorias

y toleraron que varias veces esos aparatos de muerte fueron reconstruidos. Los creadores e impulsores de esas guerrillas, la URSS y Cuba, necesitaban esos aparatos para avanzar en su juego de poder mundial. Si la Guerra Fría se acabó en todo el mundo, en Colombia sigue y se recrudece.

La cuestión más candente es por qué Francia ganó la guerra contra los nacionalistas argelinos y la perdió en una mesa de negociación. Ese tema puede servir de alerta a Colombia. El libro de Matthew Connelly,L’arme secrète du FLN, comment de Gaulle a perdu la guerre d’Algérie (Editions Payot, Paris, 2014), explica que tras su derrota, el FLN, con ayuda del bloque soviético, logró voltear hacia él la escena internacional. Sus armas más exitosas fueron diplomáticas, mediáticas y psicológicas, en el marco de la Guerra Fría. “Apoyados por países tan diversos como Arabia Saudita y la China comunista, dice Connelly, alertando a la opinión mundial e invocando las leyes internacionales, el FLN y Moscú lograron alinear una mayoría contra Francia en Naciones Unidas. Desde ese momento, los franceses se obsesionaron por el impacto de la guerra sobre su reputación en el extranjero”. El 8 de abril de 1962, el referendo organizado por de Gaulle confirma los acuerdos de Evian y ello pone fin a 132 años de existencia de la Argelia francesa. Y ello permitió a Francia deshacerse de su far-

do colonial.

Connelly agrega que ese método fue utilizado ulteriormente por la OLP de Arafat y por la ANC de Mandela. Lo que está ocurriendo en Colombia es la aplicación, con variantes importantes, de ese enfoque.

Aunque no es colonia de nadie, Colombia corre el riesgo ahora de caer bajo la férula colonial de un poder regional inferior y carcomido, Cuba, que ha logrado, sin embargo, poner a su servicio otros gobiernos del continente.

José Alvear Sanín va al centro de esa idea cuando dice que el ejército colombiano es “uno de los pocos en el mundo que ha tenido éxito en asuntos de contrainsurgencia”, pero que, desgraciadamente, “viene siendo debilitado sistemáticamente por un aparato judicial sesgado, neutralizado por un ministro ambivalente y ambiguo, socavado por su comandante supremo, hasta el punto de que, próximo a completar su triunfo sobre la subversión, ha sido obligado a replegarse y tragar sapos, para que acepte que una narcoguerrilla prácticamente derrotada sea equiparada como ‘alta parte’ para convenir con el gobierno la entrega de las instituciones del país y la apertura, de par en par, de las puertas que conducen al poder”. Su análisis de la situación actual es impecable.

Las negociaciones en Cuba, entre las Farc y el gobierno, se enrumban hacia el abandono del sistema de libertades que ha caracterizado a Colombia y ha>> SIGUE GUERRILLAS pág. 7

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Anexo Diciembre 2014

eltiempo.com/27 de octubre de 2014

¿Para qué serviría una Corte Penal de Unasur?

El fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, explica en qué consiste esta propuesta.

Ecuador, en cabeza de su fiscal General, Galo Chiriboga, trabaja desde hace tres años en la creación de una Corte Penal de Unasur. El funcionario explicó en la W Radio los alcances que podría tener esta institución que, para existir, necesita de la firma de un tratado entre los países de la región.

El Fiscal ecuatoriano destacó que la Corte de Unasur sería un organismo creado por los Estados, pero que estos “no se someterían a ella”.

Para Chiriboga, la razón de ser de esta institución sería la lucha contra delitos trasnacionales como la trata de personas, lavado de activos, ataques ciber-

néticos o las redes de sicariato.

“El objeto fundamental (de la Corte) es que seamos mucho más eficaces, creando situaciones de seguridad para todos los ciudadanos de la región.

Los delitos del crimen organizado son los que más afectan a nuestros países”, dijo el Fiscal.

Chiriboga aseguró que el tribu-

nal no sería universal, no sustituiría a las cortes de cada país, sino que se encargaría de delitos previamente acordados entre las naciones de Unasur. “Últimamente hemos detectado que medicinas son alteradas en un solo país y que estas se expenden en toda la región”, mencionó el funcionario ecuatoriano al destacar uno de los delitos que según considera, deberían ser investigados por esa nueva institución.

El Fiscal también sostuvo que la corte de la Unasur no ‘compite’ con ninguna corte internacional, pues está relacionada con delitos específicos que no están contemplados en la CPI. “No modificará tratados anteriores que ya tenemos. Los derechos humanos seguirán siendo de conocimiento de cada uno de sus países”, agregó.

Chiriboga descartó, resaltando la naturaleza del tratado, que no cree que delitos cometidos

por guerrilleros de las Farc lleguen a la Corte de Unasur.

El 4 y 5 de diciembre, según comentó el funcionario, tendrá lugar un espacio de discusión del borrador de la Corte de Unasur con el fiscal Eduardo Montealegre.

A la pregunta de si en algún momento un Presidente podría ser condenado por esa instancia, Chiriboga dijo que sería una posibilidad muy remota que algo así ocurriera. “El caso hipotético sería que un Presidente esté vinculado a una banda criminal y que ese grupo haya cometido los delitos que estén prescritos en el tratado. (…) Es casi imposible”.

El funcionario aseguró que se espera que el próximo año el borrador sea conocido en los países de la Unasur y que a partir de ahí este sea presentado a los gobiernos para que consideren su posible adopción como un tratado internacional.

Uriel Ortiz Soto/semana.com/4 de diciembre de 2014 Detrás de su secuestro se esconden muchas dudas, todo indica que usted no actúo en forma independiente, fue en cumplimiento de órdenes superiores. Revélelas por favor. ¿Qué misión estaba cumpliendo usted señor general, al desplazarse a una zona del Chocó de influencia guerrillera vestido de civil, en compañía de dos de sus subalternos, sin ningún anillo de seguridad que es de obligatorio cumplimiento para militares de su rango?

Según los habitantes del corregimiento las Mercedes a donde usted llegó, no hubo ningún anuncio previo, se comenta que llegaron como simples particulares a cumplir una cita como si fuese de carácter personal, fue cuando dos personas los abordaron y después del saludo salieron conversando como amigos, sin que inicialmente se evidenciara amagos de un secuestro.

El país asiste incrédulo a la peor farsa que se haya presentado en torno al proceso de paz, solamente usted general puede decir a sus conciudadanos qué fue lo que sucedió, esto es asunto tan delicado, que la poca credibilidad que tenía el proceso de paz, va a quedar totalmente en entredicho, si es que de su parte no existe voluntad para hacerlo.

El abrazo de paz con el comandante de las Farc, Pastor Alape es lo de menos, eso no debe asustarnos, pero que se

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cia la adopción de una forma de economía bajo control colectivista y de Estado controlado por una minoría excluyente y totalitaria. Todo ello enmascarado, claro está, tras una promesa de fin de conflicto la cual será violada inmediatamente como lo fueron todos los pactos de paz en los países citados, China,

General Álzate: ¡Salve usted la Patria!

haga fuera de contexto y sin que medie una razón que se justifique, especialmente cuando se es general de la República, es otro escenario que hay que mirar y evaluar, tal cual lo afirma el procurador Alejandro Ordoñez: antes de “masacrarlo” hay que escucharlo, puesto que sí existen muchas dudas en la forma en que ocurrieron los hechos: antes del secuestro, en el secuestro y después del secuestro.

Por encima de todo, dígale la verdad al país, señor general, el comunicado que usted leyó ante los medios de comunicación, deja un tufillo de incredulidad y desconfianza, son miles los cometarios que se escuchan en los mentideros políticos y sociales en torno a su secuestro y su posterior renuncia como General dela República; los medios de comunicación tanto naVietnam, Argelia.

José Alvear Sanín recomienda en su interesante artículo la lectura de dos libros muy bien documentados que el New York Times acaba de elogiar. Los autores, dos altos militares estadounidenses en retiro, estudian los aciertos y los errores que el Ejército norteamericano pudo haber cometido en Irak y Afganistán. El teniente coronel

cionales como internacionales, están esperando que se diga la verdad y solo la verdad.

Su secuestro no puede ser un show mediático con verdades a medias, ni mucho menos permitir que se utilice a un alto oficial del ejército, para levantar toda una polvareda en torno a un proceso de paz, que para ser sinceros, aunque todos los colombianos la añoramos y la queremos, no podemos permitir que se burlen de la buena fe y sus bondades, así mismo lo están exigiendo las diferentes asociaciones y organizaciones de militares en uso de buen retiro.

Haga honor a su arma de caballería, lema con el cual Usted libró arduas batallas y que lo colocaron en la cumbre de su carrera militar como general de la República; el mismo presidente Santos, que es el jefe supremo (r), John Nagle, escribió Knife fights: A memoir of modern war in theory and practice, y el general (r) Daniel Bolger es el autor de Why We Lost in Iraq and Afghanistan. Ojalá lleguen pronto a Colombia esas obras pues su lectura es más que pertinente en este extraño periodo de “negociación de paz en medio de la guerra” que prolongará durablemente este conflicto.

de las Fuerzas Militares y de Policía, es consciente que Usted es militar brillante, que si bien se encontraba en el departamento del Chocó, al frente de la Fuerza Tarea Titán, era porque tenía la misión de contrarrestar las acciones terroristas y violentas que se mueven en esa zona al margen de la Ley. No trague solo semejante gazapo General, que lo seguirá atormentando toda su vida y su distinguida familia en adelante será el blanco de todo tipo de comentarios; los televidentes seguimos expectantes todos los acontecimientos que rodearon los hechos hasta el final de su secuestro.

Cuando, usted aparece de gancho con el comandante de las Farc, Pastor Alape, que según se tiene entendido se encontraba en la Habana, recibió la orden de sus superiores guerrilleros de trasladarse a las selvas Chocoanas a liderar su libertad; hay muchos comentarios que se ciernen en torno a este viaje, puesto que, teniendo varias órdenes de captura vigentes, pero suspendidas solamente como negociador de la Farc, no tenía el salvo conducto para hacerlo intemporalmente.

Treinta y tres años de vida militar no se pueden tirar por la

borda General Álzate, su honor y su dignidad deben quedar muy en lo alto, más no apabullados por el engaño y la mentira; fue lo primero que debieron enseñarle en la Escuela Militar José María Córdoba, donde existen claras evidencias que Usted, se graduó de Subteniente con todos los honores, donde le enseñaron que la verdad debe brillar aún a costa de nuestra propia vida.

“Salve Usted la Patria”, general, con su lema del arma de caballería a la cual perteneció por más de 33 años, que según sus superiores fue un ejemplo de pulcritud y de grandeza, en el desempeño de sus deberes. Un sol conquistado con honestidad y sacrificio, no puede apagarse por las sendas del ocaso, debe seguir brillando y alumbrando el camino de las presentes y futuras generaciones que aspiran abrazar la carrera militar y de las armas.

La mayoría de los colombianos sospechamos que usted general, fue presionado desde arriba para hacer lo que hizo: algo se estaba tramando con su venia que finalmente le salió mal, máxime si era un convenio con los grupos subversivos de las Farc, de quienes se dice que son tan falsos, que cuando caminan arrastran las cadenas del engaño y la mentira.

Esperamos que este episodio tan desafortunado se aclare, para que el tan maltrecho proceso de paz, continúe sin mayores obstáculos, sin embargo, se prevé que vendrán grandes sorpresas, puesto que la confianza entre las partes negociadoras se encuentra obnubilada por episodios desagradables de parte y parte, que de no ser aclarados, de un momento a otro la paloma de la paz, abandonará las barbas de Fidel castro para seguir revoleteando por las selvas de Colombia, sembrando el terror, el hambre y la miseria de humildes compatriotas.

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Francisco Barbosa/eltiempo.com/ 28 de noviembre de 2014

El delito político y el proceso de paz El proceso de paz está en vilo.

No por el secuestro del general Rubén Darío Álzate y sus compañeros de cautiverio o por los asesinatos de los indígenas nasa en Toribío (Cauca), sino por la propuesta de ampliación del delito político del negociador en La Habana, Humberto de la Calle, y del presidente Juan Manuel Santos.

En Colombia, el delito político se ha referido a las acciones que pretenden derrocar al Gobierno Nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional. Estas acciones se han incorporado al Código Penal bajo la figura de la rebelión, la sedición o la asonada. La existencia de estas normas justificaría al Estado para indultar o amnistiar a las Farc, lo cual es pertinente frente a un proceso de paz.

Sin embargo, el asunto se complica cuando el negociador Humberto de la Calle y el presidente Juan Manuel Santos pretenden utilizar el ambiguo y etéreo Marco Jurídico para la Paz para ampliar el delito político, planteando conexidades con otros delitos. Esta postura busca que los miembros de las Farc no vayan a ser sancionados con penas de prisión. Los límites que tiene la ampliación del delito político son evidentes a nivel internacional por los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Colombia y a nivel constitucional. En ese sentido, delitos que afecten los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario no podrían ser vinculados a los delitos políticos porque el compromiso internacional que asumió

el Estado va más allá de sus acuerdos internos. Sobre esto, la jurisprudencia internacional ha sido reiterativa; ni hablar del derecho comparado.

En este sentido, los delitos de lesa humanidad y guerra que se hayan cometido en el proceso tienen que implicar algún castigo.

No puede utilizarse un artilugio jurídico para no sancionar a los responsables. Es cierto, como dijo el presidente Santos, que nuestro proceso será el primero, al amparo del Estatuto de Roma, que pretende resolverse por la vía del diálogo; pero no es cierto que, por ello, podamos pactar lo indecible.

En segundo término, los delitos comunes, como desaparición forzada de personas, narcotráfico, homicidio, torturas, extorsión, secuestros, desplazamientos forzados de población,

entre otros, y delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, como la esclavitud sexual, los tratos inhumanos, crueles y degradantes en persona protegida, el reclutamiento de menores, por citar algunos, no pueden entrar dentro del paquete del ‘todo vale’ y constituirse en un pilar principal del acuerdo para ponerle punto final al conflicto. Esta postura traería un derrumbe institucional, en la medida en que el Código Penal entraría a jugar un rol esencial en la negociación en La Habana.

Enviar un mensaje a la ciudadanía en torno a la idea de que los delitos comunes, que no tengan que ver directamente con la guerra, puedan ser vinculados a los delitos políticos reviviría lo acaecido con algunos nar-

cotraficantes que quisieron ser vinculados a la desmovilización de los paramilitares en la década pasada, utilizando la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno tiene que decir la verdad en el debate si quiere una ley de punto final, de caducidad de la acción punitiva del Estado o una amnistía general por los crímenes que se han cometido en el conflicto. Es necesario que el Gobierno manifieste claramente su posición para que los ciudadanos no sigamos con eufemismos.

La invitación a departir las mieles de este posible logro del actual gobierno puede resultar amarga y muy costosa para todos los colombianos.

Las cosas en este proceso de paz deben ser dichas por su nombre, reconociendo sus límites. Un acto de honestidad del Gobierno nos permitirá conocer si el proceso va por buen camino o, mejor, por cuál camino, antes de apresurarnos, a ciegas, al abismo.

Rafael Nieto Navia/elnuevosiglo.com.co/ 25 de noviembre de 2014

Soldados y policías merecen respeto Aún recuerdo cómo en uno de mis viajes a los Estados Unidos, hace ya mucho tiempo, me sorprendió la llamada a abordar un avión: “Abordarán en primer lugar los pasajeros de clase ejecutiva, mujeres embarazadas, familias con niños menores de cuatro años y militares con uniforme”. Después he tenido varias veces la oportunidad de cenar con familias americanas el 4 de julio: la bandera, que ondea permanentemente en todos los grandes edificios del país, luce orgullosamente ese día a la entrada de las casas que, adentro, están decoradas por todas

partes con banderitas, incluso la mesa de la cena y las servilletas.

En Estados Unidos se celebran como festivos obligatorios el Día de los Caídos en Combate (Memorial Day) el último lunes de mayo, y el Día de los Veteranos en honor de los hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas, el 11 de noviembre. Uno de los monumentos más impresionantes del ‘mall’ en Washington es el que exhibe, en una placa de mármol, los nombres de los caídos en Vietnam. La manera patriótica de honrar a sus soldados se ve también en Francia y yo diría

que en todos los países donde hayan tenido que ir a combate.

En contraste, en Colombia un ministro de Educación (?) suprimió la enseñanza de la historia y de la cívica y así murió el patriotismo. Por eso en Bogotá el pedestal del Libertador en la Plaza de Bolívar tiene grafitis de los que les gustan a Clara López y los amigos de Petro cocinan a su sombra.

Desde que el ministro de Defensa Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán firmaron un acuerdo violatorio del Artículo 221 de la Constitución que ordena que los miembros de la fuerza pública sean juzgados en

tribunales militares, la justicia ordinaria politizada persigue a nuestros soldados y policías como criminales. Las alimañas de izquierda están ahora ganando la batalla y una de ellas propuso en el Senado que haya “degradación” para los militares, probablemente con la idea de reducirles su pensión. No dicen lo mismo de los criminales que se cobijan bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias o Ejército de Liberación Nacional, olvidando que, ojalá no llegue el caso, los comunistas, desde Lenin, Stalin y Mao hasta Castro y Chávez, im-

Juan Lozano/eltiempo.com/ 24 de noviembre de 2014

Secuestro de Alzate y toma de Gorgona Que las Farc sembraran minas en la escuelita de Inzá, poniendo en peligro la vida de los niños, no ameritó la suspensión de los diálogos. Ni que remataran con tiros de gracia a policías heridos.

Tampoco, que abrieran fuego contra una ambulancia de la Cruz Roja. El asesinato cobarde de cerca de 20 uniformados un 20 de julio no ameritó, siquiera, una frase presidencial en la instalación del Congreso. Ni el reiterado reclutamiento de niños.

Gran error: Santos permitió equiparar el diálogo en medio del conflicto con una franquicia para cometer nuevos crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué, entonces, el extraño secuestro del general Alzate desembocó en suspensión de diálogos?

Una explicación se ha remiti-

do a aquella desafortunada frase de Santos según la cual solo magnicidios o acciones contra gente muy importante podrían tener efecto en la mesa, como si al señor Presidente le fuera dable establecer, para efectos del derecho a la vida, diferencias entre colombianos de primera y de segunda.

También se ha dicho que el secuestro de un general activo, independientemente de que estuviera en pantaloneta, guayabera o camuflado, no tiene antecedentes en la historia. Y se ha dicho que la indignación ciudadana puso a Santos contra la pared, sobre todo después de su imprudente trino que se interpretó como un baldado de agua sucia contra la maltratada Fuerza Pública.

Salud Hernández y Ramiro Bejarano, desde orillas muy distintas, en sus columnas aportan buenas luces: “Solo la presión de los militares, que no estaban dispuestos a tragarse tres sapos tamaño catedral, lo forzó a dar el paso”, dice Salud, al tiempo que Bejarano señala: “En esta crisis los primeros pasos que (Santos) dio lo mostraron preso del estamento militar... todo indica que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada... en conciliábulo con la cúpula militar....”.

Lo cierto es que el secuestro del general disparó un clamor por su liberación asociado, más que con terminar el proceso, con reclamar de Santos y las Farc ajustes inmediatos en la mesa, desescalar el conflicto y concluir rápido con un acuerdo

justo y con una paz sostenible.

Lo que han señalado Mauricio Vargas y Álvaro Leyva es verdad: el país lleva 32 años de diálogos con las Farc.

Hay hastío con la perseverancia terrorista y los excesos verbales. Hay fatiga con la eterna retórica del proceso referida a cuartillas pulidas y páginas acordadas, como si en Cuba estuvieran sin afán dedicados a escribir un libro y no a firmar la paz, o como si fuera una larga tertulia literaria y jurídica en sede Caribe del Caro y Cuervo y no una mesa plenipotenciaria para llegar a un acuerdo.

Aunque, como dice Juan Carlos Pastrana, “nadie está liberado hasta que todos estén liberados”, la mediación exitosa de países garantes se interpretó como una

ponen sus dictaduras por medio de fuerzas armadas que oprimen, no liberan.

Nuestros soldados y policías ponen el pecho a las balas de los terroristas para defender la República y merecen más respeto. Mejor dicho, merecen todo el respeto de los hombres de bien.

El presidente Santos anunció una ley de veteranos (acceso a universidades, descuentos en supermercados) para el posconflicto, es decir, después de los acuerdos de La Habana, pero dijo que las Fuerzas Armadas serían reorientadas, probablemente para adaptarlas al nuevo poder de las Farc. Y como, según lo anunció Roy Barreras, no habrá referendo, el Congreso enmermelado tomará las decisiones por nosotros. oportunidad para introducir correctivos al proceso, para que Santos se amarrara los pantalones y pisara el acelerador.

Por eso, más allá de comunicados en los que advirtieron que operativos militares ponen en peligro las liberaciones, resultaron inexplicables la toma de Gorgona y el asesinato del teniente Suárez. Es como si desde ese tesoro ambiental al que nunca antes habían podido llegar, quisieran borrar muchas ilusiones de paz. Es como si quisieran gritar que los principales enemigos del proceso de paz son ellos mismos, y que seguirán matando, narcotraficando y delinquiendo.

Es, en fin, como si quisieran que un buen día, Santos, debilitado y presionado por la opinión pública, los militares y la oposición, se levantara definitivamente de la mesa, los mandara al carajo, quemara los párrafos que tanto pulen en La Habana y los persiguiera en serio, radicalizando la guerra que ellos dicen querer parar.

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Anexo Diciembre 2014

Alberto López Nuñez/Exclusivo para la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC)/Centro Democratico/ 6 de diciembre de 2014 general Alzate se me ocurre lar a los militares y policías con los criminales y terroristas de lesa humanidad de las Farc, los denigra al someterlos a comportamientos serviles, como el ir a dialogar con las Farc sin éstas haber aceptado los requerimientos mínimos para que se logre un acuerdo.

El Presidente Santos había señalado que ante un acto lesivo a una personalidad por parte de las Farc, levantaría la mesa de La Habana. Pues bien, si bien la muerte y secuestro de soldados y policías, además de ataques terroristas a poblaciones civiles, deberían ser motivo para esto, el hecho de él haber aceptado que solamente ante un hecho contra una personalidad terminaría los diálogos, la lógica dice que el secuestro de un General daría pie a ello. Pues no, no solamente Santos continua con los diálogos, sino que avanza hacia un ‘desescalamiento’ del conflicto.

Aquí entra la teoría de conspiración en juego. El hecho de que un General haga labor social, es tan incoherente como que el Departamento de Prosperidad Social, haga contrainsurgencia. El sainete del secuestro del

un show mediático para darle la puntillada final a la posibilidad de paz: se secuestra a un General, para que las Farc lo entreguen, y a continua-ción se señala la entrega del secuestrado como un gesto de paz. ¡Por favor! Consecuencia de esto será el ‘desescalamiento’, que en realidad significará el cese unilateral del fuego, pero por parte de las Fuerzas Militares, pues las Farc seguirán con sus ataques terroristas, bajo la cubierta de las bacrim y otros grupos, con quienes ya se ha demostrado sus asociaciones.

Estamos pues en el reino del absurdo, las Farc cogobernando, los militares y policías humillados, el Congreso legislando a merced de los dictados de Santos, la Fiscalía empeñada en una staliniana persecución de opositores, las Altas Cortes y en general toda la justicia actuando bajo los mandos del soborno o de los infiltrados de la izquierda dentro del sistema judicial, es decir, no hay separación de poderes, pues el legislativo y judicial están arrodillados ante el ego de JMS. La cúspide del absurdo se ve en área económica, en donde el gobierno pretende una reforma tributaria, que acabará con el aparato productivo y la clase media y los empresarios, dirigidos por un áulico de Santos, insisten en “ser capaz” de tragarse ese sapo.

la realidad no lo es. En la Ley de Orden Público se contempla que quienes, autorizados por el gobierno nacional, participen en un proceso de paz o suscripción de acuerdos no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser procesados judicialmente por dicha intervención. Ese precepto está incluido en la norma desde 1997 cuando se redactó y aprobó la primera versión de la misma.

Y digo que parece obvio, porque en la historia de Colombia ningún Alto Comisionado para la Paz había sido judicializado por el cumplimiento de sus deberes misionales que, valga decirlo, están fijados por la ley. Nadie se imaginaba que Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez, quienes en el ejercicio de su cargo se reunieron con delincuentes, fueran a terminar presos.

Pero con Luis Carlos Restrepo, víctima de una persecución implacable trazada desde la Fiscalía en tiempos oscuros y corruptos, el comportamiento ha sido diferente. El exalto Comisionado del gobierno Uribe, que hoy se encuentra legítimamente protegido por otra nación que ha sido cons-

ciente de la monstruosidad jurídica que se ha montado en su contra, se limitó a cumplir su deber y fue engañado por unos delincuentes. Eso convierte a Restrepo en víctima y no en el criminal que pretendió mostrarle al país la fiscal general de la época.

El debate entonces no es sobre el contenido de una norma sino sobre la aplicación y el respeto de la misma por parte del operador judicial. Es francamente incomprensible que una ley que “blinda” a los comisionados para la paz sea desconocida temerariamente por la justicia colombiana para perseguir, -con un claro interés político- a un funcionario en particular.

Nuevamente no estamos frente a un tema normativo sino de acatamiento reverencial de la justicia de los postulados legales aprobados soberanamente por el Congreso de la República.

Crecimos escuchando que a las leyes hay que respetarlas.

Bueno sería que quienes han sido investidos por la República para impartir justicia en nombre de ella fueran los primeros en hacerlo.

El absurdo domina en Colombia

Estamos viviendo una situación excepcional, en la política y la economía colombiana está el mundo al revés. Unos criminales de lesa humanidad y narcoterroristas imponen condiciones al gobierno, que si bien tiene legitimidad de origen (o al menos así lo conceden las fuerzas políticas, pues bien es sabido que triunfó por un gigantesco fraude, que incluye la compra de votos, el soborno y la biometría, entre otros elementos), cada día se deslegitima más, al obcecadamente pretender promover la instauración del Socialismo del Siglo XXI en Colombia.

Juan Manuel Santos ya no es un simple Kerensky, que por omisión permite la caída del régimen, es un actor fundamental en el derribamiento de la

democracia colombiana. Con el señuelo de lograr la paz, que por la vía que él está usando jamás se logrará, está conduciendo un proceso de capitulación del Estado ante los narcoterroristas.

Los diálogos de la paz en La Habana, se han convertido en una constituyente de facto, en donde se pretende hacer una revolución en el ordenamiento jurídico y político en nuestro país. Darles impunidad y elegibilidad a criminales de lesa humanidad, es apenas la punta del iceberg de la capitulación ante las Farc. Lo acordado en cuestión agraria, participación política y narcotráfico (y eso que falta lo no acordado por exageradas pretensiones de los narcoterroristas) significan un revolcón a la instituciona-

lidad, amén de que de llegarse a firmar el acuerdo, los narcoterroristas no entregarán las armas, lo que constituye darles permiso para ejercer la política bajo la coacción armada, se les entrega inmensurables territorios estratégicos para seguir en el narcotráfico, pues el colmo de la desfachatez es que las Farc no se reconocen como narcotraficantes, siendo el mayor cartel del mundo, y la insolencia llega al extremo de no reconocer las ingentes ganancias que les ha reportado este negocio ilegal, lo que ha dado pie a que el Procurador Ordoñez diga muy acertadamente de que se trata del mayor lavado de activos de la historia.

Juan Manuel Santos no se conforma con esto, además de igua-

Margarita Restrepo/Exclusivo para la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC)/6 de diciembre de 2014

Ley de orden público

Ha sido interesante el debate suscitado con ocasión de la aprobación de la ley por medio dela cual se prorroga la denominada Ley de Orden Público que en la práctica es la norma que reglamenta y legitima los procesos de paz que el Gobierno nacional lleve a cabo con grupos armados organizados al margen de la ley.

La primera versión de esa norma se aprobó a finales del gobierno de Ernesto Samper.

Sirvió de base para llevar a cabo el proceso de paz del Caguán.

Por tratarse de una ley para aspectos específicos, su vigencia es limitada. Cada cuatro años debe prorrogarse para un periodo similar.

La ley de Orden Público fue

la plataforma sobre la que se edificó el fallido proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno de Andrés Pastrana. Años después, sirvió para reglamentar el proceso de paz que condujo a la desmovilización y sometimiento a la ley de Justicia y Paz de los miembros de las AUC. Hay un elemento que para muchos parece obvio, pero en

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Representante Tatiana Cabello/Cámara de Representantes/4 de diciembre de 2014

Presidente Santos: la lealtad es recíproca, solo la puede exigir quien la da Constancia radicada por la representante a la Cámara, Tatiana Cabello, en sesión Plenaria.

“El Presidente Juan Manuel Santos el martes de esta semana hizo una dura advertencia a los miembros de la fuerza pública.

Señaló que el uniformado que no demuestre lealtad con la institucionalidad y el Gobierno saldrá inmediatamente de las filas oficiales.

Esta advertencia se da en momentos en que el proceso de paz entra en una fase de creciente desconfianza y de preguntas sin respuestas a raíz del reciente episodio acontecido con el ge-

neral Rubén Darío Alzate.

El Presidente Santos exige lealtad a unas Fuerzas Militares virtuosas y valerosas, olvidando que él no fue leal con el sistema democrático cuando en 2010 resultó elegido proponiéndoles a los colombianos unas tesis que nunca puso en práctica.

No es leal el Presidente Santos con los miembros de nuestra fuerza pública, cuando con el pretexto de una incompleta y precaria idea de la paz

propone darles el mismo trato jurídico que a los narcoterroristas de las Farc. Presidente Santos: fue por los éxitos de la política de seguridad democrática y por la labor de nuestras Fuerzas Militares que usted ocupa la primera magistratura de la Nación.

No es leal el Presidente Santos, cuando anuncia cambios en la doctrina militar, relegando al Ejército a la defensa de las fronteras, olvidando que en el mundo contemporáneo las

principales amenazas al Estado, su soberanía y democracia no provienen de ataques o invasiones de terceros países sino de la alteración del orden interno y del crimen organizado.

No es leal el Presidente Santos con las Fuerzas Militares ni con los colombianos, cuando propone considerar el narcotráfico como un delito político, omitiendo el dolor que por décadas ha generado este delito en miles de familias. Es claro, que el narcotráfico ha alimenta-

do todas las formas de violencia en nuestro país.

Presidente Santos, la lealtad es un valor supremo en el ser humano, es recíproco, solo la puede exigir quien la da.

Dejo entonces constancia, que somos millones de colombianos los que sentimos que se eleva al terrorismo al nivel de fuerza política legal, mientras a las fuerzas militares se les acorrala y ata de manos en su tarea de defender al país y contrarrestar al enemigo”.

Jesús Vallejo Mejía/periodismosinfronteras.org/5 de diciembre de 2014

¿Paz o tregua?

La dirigencia colombiana parece ignorar que la democracia solo puede funcionar adecuadamente si se dan ciertos supuestos, dentro de los cuales figura lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba los acuerdos sobre lo fundamental.

Las Farc constituyen una tenebrosa organización criminal animada por una no menos tenebrosa ideología política.

Sobre lo primero parece haber consenso, pues está claro que no solo son uno de los más poderosos actores del narcotráfico mundial, sino el segundo o tercer grupo terrorista más rico en todas las latitudes. Bien ganada tienen la calificación de narcoterroristas. Su prontuario es espeluznante.

Hay que admitir, sin embargo, que sus motivos y sus finalidades son políticos. Lo que buscan es destruir las estructuras de poder existentes en la sociedad colombiana e instaurar otras que obedezcan al credo marxista-leninista que las inspira. Son, en efecto, una organización revolucionaria.

Sus dirigentes así lo reiteran sin esguince alguno: el suyo es, como lo he dicho muchas veces, un proyecto totalitario y liberticida.

Esto plantea de entrada la cuestión de en qué medida es posible la convivencia pacífica entre proyectos políticos inspirados en el liberalismo que Raymond Aron consideraba como el techo común capaz de albergar a la derecha no extremista y la izquierda no totalitaria, y proyectos radicalmente antiliberales como los de las Farc y el Eln. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo occidental encontraron unas fórmulas

de convivencia civilizada entre diversos proyectos fundados en ideologías y programas de acción muchas veces divergentes, pero todos ellos fundados en la idea de que la lucha por la conquista del poder, así como el ejercicio del mismo, deben someterse a reglas de juego claras aceptadas lealmente por todos los actores políticos. Fue de ese modo como lograron instaurar la democracia pluralista que garantiza tanto la libre expresión de todas las opiniones, cuanto lo que en los albores del constitucionalismo moderno se denominaba el gobierno alternativo y responsable. Este es, evidentemente, resultado de la idea de que el poder debe ejercerse de acuerdo con las variaciones que se produzcan en el seno de la opinión pública.

En el fondo, el régimen que terminó imponiéndose puede considerarse como el de la opinión soberana. De ahí que sus reglas fundamentales giren en torno de cómo se forma esa opinión, cómo se manifiesta, cómo accede al poder y cómo debe de ejercérselo de suerte que el libre juego de opiniones lo nutra y ponga a tono con las necesidades comunitarias.

Quizás hoy ese régimen esté en dificultades en distintos países, tal como se advierte hoy en Francia, en España, en Italia, en Grecia e incluso en Estados Unidos, según lo insinúa sobre este último un libro de reciente aparición que alerta sobre los riesgos de guerra civil que se

ciernen sobre su futuro inmediato Pero es un régimen que no solo ha garantizado la paz política en países que en el siglo pasado estuvieron sometidos a gobiernos dictatoriales, sino la paz social entre las fuerzas del capital y del trabajo. Resultado de ello ha sido una época de progreso económico y bienestar humano nunca antes conocidos en toda la historia.

No fue fácil consolidarlo. Por ejemplo, la presencia en Francia y en Italia de unos partidos comunistas que al término de la guerra contaban con votos suficientes para ponerlos en vilo, exigió altísimas dosis de sabiduría política y buen manejo gubernamental para neutralizarlos. Es una historia que convendrá examinar más en detalle para extraer de ella las mejores lecciones en torno de la realidad colombiana de hoy.

El gran contendor de la democracia pluralista no fue el tradicionalismo, como ocurrió con los proyectos liberales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino el totalitarismo marxista-leninista que se impuso en Europa Oriental, en China, en Corea del Norte, en Cuba y en varios países africanos. Fue ese sistema el que suscitó las inquietudes que expuso Revel en su famoso libro.

Pero los acontecimientos de fines del siglo pasado parecieron dar al traste con él, dado que la Unión Soviética y los que antaño se llamaban países “satélites” suyos, viraron hacia el régimen

pluralista. Y países en donde se han mantenido las estructuras políticas del Estado totalitario, como es el caso de China o el de Vietnam, modificaron al menos su sistema económico para ajustarlo a los moldes del capitalismo.

A comienzos del siglo XXI el régimen totalitario marxistaleninista había quedado reducido a dos países que ofrecen muestras elocuentes de sus rotundos fracasos: Cuba y Corea del Norte.

Esto les hace pensar a no pocos ingenuos que la tentación totalitaria es cosa del pasado y que bastaría con ofrecer algo de apertura democrática para atraer pacíficamente a los guerrilleros de las Farc y el Eln al redil pluralista, del mismo modo como se logró hace ya cerca de un cuarto de siglo la inserción del M-19, el Epl y otros cuantos más al ordenamiento constitucional de 1991.

Resulta que la situación actual difiere sustancialmente de la de esa época, cuando se creía que la tentación totalitaria estaba totalmente superada y el proyecto comunista iba hacia su definitiva liquidación, tal como lo anunciaba Fukuyama con infundado optimismo en su libro El fin de la historia.

Pero la historia reserva muchas sorpresas y, como lo dijo Raymond Aron en alguna oportunidad, es trágica. Cuando se creía en la muerte del comunismo, Fidel Castro y Lula se aplicaron a reanimarlo a través

del Foro de Sao Paulo, presentándolo con otro ropaje. Bajo su inspiración, en varios países de América Latina los comunistas han llegado al poder por la vía electoral, para ejercerlo luego con aparente sujeción a las formas del Estado de Derecho, pero distorsionándolas hasta el punto de instaurar de hecho verdaderas dictaduras. Es, a no dudarlo, el caso de Venezuela.

Se habla, para referirse a esta modalidad de régimen político, de “democracias iliberales”, que han perdido la noción del pluralismo y se acercan al modelo totalitario. No hay que olvidar que la idea democrática puede dar lugar a dos vertientes antagónicas, la liberal y la totalitaria.

Los partidarios de los diálogos de La Habana creen que es posible convencer a las Farc de su renuncia a la toma del poder por la vía de las armas, a cambio del otorgamiento de garantías para que lo busquen por la vía electoral.

Pero en parte alguna los voceros de esa guerrilla narcoterrorista han dado muestras de esa renuncia. Dicen que no entregarán las armas, pues pretenden conservarlas hasta que consideren que las condiciones de los acuerdos se hayan cumplido a satisfacción suya.

Tampoco aceptan la desmovilización de sus efectivos, es decir, la desarticulación de sus estructuras armadas, pues aspiran a mantenerlas latentes, siempre y cuando las fuerzas del Estado se mantengan en lo mismo. En el fondo, pretenden que los acuerdos a que se llegue instauren lo que se llama un cese bilateral al fuego, que ate a la autoridad legítima y les deje las manos libres para continuar su labor de zapa en las comunidades rurales y, por supuesto, en los núcleos urbanos.

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Anexo Diciembre 2014

Mauricio Vargas/eltiempo.com/6 de diciembre de 2014

¡Mucha calma! Presidente Se enreda con facilidad en debates que suscitan sus propias palabras, que, luego, de manera afanosa, tiene que salir a aclarar.

Semanas antes de las presidenciales escribí en estas páginas que si Juan Manuel Santos ganaba un segundo mandato, la noche de la victoria sería para él la última feliz en mucho tiempo.

Me temo que acerté: desde entonces, muy poco le sale bien.

Como lo sabe, anda irascible e intolerante con la crítica. Y se enreda con facilidad en debates que suscitan sus propias palabras, que, luego, de manera afanosa, tiene que salir a aclarar.

Mientras el proceso de paz, la bandera de su reelección, lleva meses estancado a falta de nuevos acuerdos y por el empeño de las Farc en comportarse como los criminales de siempre, la economía, que varias noticias buenas le había dado a Santos I, amenaza con convertirse en

pesadilla. La caída del precio del petróleo y de otros productos de exportación ha agrandado el hueco fiscal, que los fallos de tutela en la salud, la deuda pensional y la descomunal capacidad del Gobierno de gastar en burocracia y favores a Musas y Ñoños habían creado ya. Y la improvisada reforma tributaria, que apenas le pondrá paños de agua tibia al enfermo, les quita a grandes y medianos empresarios recursos para invertir y generar empleo.

Sorprende que un hombre lidiado en tantas plazas, exministro de Comercio y de Hacienda en dificilísimos momentos de la economía y de Defensa en instantes definitivos de la guerra contra las Farc, esté demostrando tan poca correa

para los cuestionamientos. La andanada con que salió a responder a quienes, con cifras y argumentos, hemos ejercido el derecho a la crítica en el caso de la tributaria sería apenas una anécdota si no demostrara que el Jefe del Estado está perdiendo la templanza.

Más grave resulta que, al hablar de los temas más delicados, dé la impresión de no dominarlos. En su defensa de la tributaria, insistió en que solo la pagarían los ricos y no la clase media. “Una persona con más de 5.000 millones de pesos no es de clase media...”, dijo sin explicar que el impuesto al patrimonio será pagado por quienes tengan mucho menos, de mil millones de pesos para arriba, algo que cualquier empresario

medianito tiene con solo contabilizar la bodega donde opera y las máquinas con que genera empleo.

Pero, además, no se trata solo de quién paga, sino de si ese impuesto excesivo lo empuja a reducir la inversión y los puestos de trabajo, lo que sí les pega directo a las clases media y baja.

También ha sido desafortunado el discurso del mandatario contra los ricos. A Gustavo Petro o Nicolás Maduro tal vez les luzca, pero a Santos, alimentado como fue con cucharita de plata, le queda postizo.

Otro ejemplo de limitado dominio del mandatario de un tema saltó a la vista cuando planteó, en una entrevista radial, que el país debía abrirse a la idea de extender la definición del delito político a otras conductas como el narcotráfico cuando este hubiese sido cometido para financiar la rebelión armada. Es un tema delicado, que no podía soltar como globo al aire.

Aquí el Presidente cometió dos errores. Primero, lo planteó mal, de manera confusa y en plan de debate académico, algo que no le corresponde al presidente de una nación que no debe comportarse como analista, sino como el líder que propone sus iniciativas con convicción y certidumbre. Y el segundo error fue ‘patrasearse’ al día siguiente y decir que no había dicho lo que sí había dicho.

Por el bien del país, Santos debe dedicarle más tiempo a estudiar a fondo los temas gruesos y recuperar el buen tono y la tolerancia republicana. Las malas maneras no le quedan bien a alguien tan educado. En el proceso de paz vienen instancias definitivas para seguir o, si es el caso, porque las Farc no quieran avanzar, levantarse de la mesa, algo que ojalá no ocurra. Y en el económico, se aproxima un año muy complicado. Así que, señor Presidente, calma, mucha calma.

el narcoterrorismo utiliza todo su potencial propagandístico para tratar de demostrar que está imponiendo condiciones y temas, lo que en el mejor de los casos ha tenido como efecto una tibia reclamación del gobierno cargada de diplomacia y tacto; tampoco sirve el intento de sectores de la coalición de gobierno y de los voceros políticos del narcoterrorismo por reducir el conflicto y sus efectos a una mera cuestión semántica para justificar el exceso de beneficios que el llamado marco jurídico para la paz y la eventual ley estatutaria contemplarían para los narcoguerrilleros.

Al reanudarse el próximo 10 de diciembre la discusión en la mesa de diálogos, el punto central en el que girarán las reuniones de las delegaciones será el desescalamiento del conflicto, punto tratado en los encuentros previos que sirvió para superar la crisis en la que entró el proceso de paz, luego del secuestro del general Rubén Alzate por las Farc. A este punto se suma la negativa del Gobierno, ante la petición de las Farc, de solicitar un cese el fuego bilateral. El presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático, y esperamos que esta vez no sea un comodín el que se juega, en señalar que no habrá un cese de la ofensiva militar hasta que no se firme el acuerdo final.

Lo ideal sería silenciar los fusiles, pero la realidad fáctica del accionar de las narcoguerrillas, ahora en alianza con las bacrim, impide la concreción de tal aspiración nacional; las Farc han demostrado históricamente no tener ningún respeto por las

treguas o ceses bilaterales de operaciones porque han continuado sus conductas delictivas amparadas en ello. Para la narcoguerrilla toda concesión del Estado es una muestra de debilidad que tienen que aprovechar con ganancias políticas y armadas, esa es la filosofía de la combinación de las formas de lucha que han practicado y a la que no han renunciado; de allí que resulte un sofisma y una utopía propuestas como desescalar este conflicto armado para que recupere la identidad de conflicto y deje de ser una guerra irregular porque lo que han adelantado las Farc, desde su época de autodefensas campesinas en los 40 y 50, es precisamente el desarrollo de los principios de la guerra irregular, guerra de guerrillas o conflicto asimétrico como hoy se llama.

El proceso de paz no llegará a feliz término si se insiste en mantenerlo en los niveles del idealismo utópico adornado con un lenguaje florido para no molestar a la contraparte; la paz comenzará a hacerse realidad cuando las Farc reconozcan el verdadero origen político de la guerra que adelantan contra el pueblo colombiano, la intención de tomarse el poder por las armas para implantar el modelo comunista de estado, su mutación a organización narcoterrorista y que pase por la entrega de armas como condición para la firma de acuerdos reales que conlleven castigo efectivo para quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo demás serán castillos de naipes que se derrumbarán inevitablemente.

colombiaopina´sblog/ 5 de diciembre de 2014

Un injusto ataque a la institucionalidad militar

Los resultados de las mediciones de confianza y credibilidad en el proceso que se adelanta en La Habana con las Farc no pueden ser más dicientes, el número de colombianos que ha dejado de creer en que allí se alcanzará la paz crece y el optimismo de los primeros meses da paso a un pesimismo más que moderado.

Temas como la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra promocionados por la Fiscalía y tácitamente por el gobierno nacional y el legislativo, son la principal razón de ese cambio de actitud de los ciudadanos frente al proceso.

Aunque esas mediciones varían según la zona donde se realiza, teniéndose que en los centros urbanos puede ser un poco mayor el apoyo a medidas de justicia transicional excesivamente favorables a los terroristas, en las zonas geográficas donde se ha sufrido el rigor de la guerra injustamente declarada por el Partido Comunista a través de la combinación de las formas de lucha, el 53.1% de los habi-

tantes está en desacuerdo con esos beneficios, que en la muestra nacional reflejan el 56.3% de rechazo a los mismos. El 62.2% de los colombianos no cree en la sinceridad del arrepentimiento de los terroristas frente a las víctimas y el 65% rechaza abiertamente la posibilidad de habilitación de derechos políticos para los narcoterroristas.

Es un hecho que la reiteración de la narcoguerrilla en mantener la violencia contra el pueblo colombiano como instrumento de presión política es la que determina esos resultados; hablar de paz en La Habana y arreciar la guerra en el país es una paradoja que despierta el abierto rechazo de los ciudadanos que no sienten identidad con el optimismo que quiere transmitir el gobierno y que consideran débil la respuesta estatal a las acciones criminal de los terroristas especialmente porque esta organización armada ilegal vuelve a la comisión de delitos que ya se consideraban neutralizados como los retenes ilegales, los atentados contra la infraestructura de hidrocarburos

y energética como contra obras civiles esenciales, el secuestro y el reclutamiento de menores, el uso de armas no convencionales y el inusitado crecimiento de la extorsión, entre otros.

El ciudadano del común ha entendido que una cosa es negociar en medio del conflicto como se acordó inicialmente, pero que el conflicto hace referencia a las acciones de guerra propias en el enfrentamiento de la Fuerza Pública con las estructuras armadas de las Farc, otra cosa es la comisión de actos contrarios al DIH y al respeto a los DD.HH de la población civil y de miembros de la Fuerza Pública que no se encuentran en condiciones de combate o defensa. Pretender lo contrario es un acto de felonía que viola los fundamentos del Estado social de derecho consagrados en la Constitución Política y de cuyo ejercicio libre son garantes todas las autoridades e instituciones legítimamente constituidas.

En nada contribuye a mejorar el clima de aceptación del proceso el excesivo secretismo de la delegación oficial mientras