Revista edición 126 noviembre 2015 by ACORE

2015

Justicia transicional en Colombia. Las Fuerzas Militares en el postconflicto.

Futuro Incierto...Editorial.

EDICIĂ&#x201C;N

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Iguana de Barú Fotografía: TC Rosa María Llovera

EDICIÓN No. 126

PATRIA - UNIÓN - PROGRESO

ACORE 55 años

PRESIDENTE DE ACORE Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Primer Vicepresidente Brigadier General (RA) Rodrigo Quiñones Cárdenas Segundo Vicepresidente Coronel (RA) Pastor Duarte Hernandez Vocales Ejército Coronel (RA) Alfonso Borrero Mansilla Coronel (RA) Ricardo Mora González Coronel (RA) Héctor Samaca Rodríguez Coronel (RA) Manuel José Santos Pico Coronel (RA) Jesús María Vivas Mosquera Coronel (RA) Enrique Luis Cotes Prado Vocales Armada Capitán de Navío (RA) Luis Jaime Correa Pérez Capitán de Navío (RA) Ricardo Torres Tono Vocales Fuerza Aérea Coronel (RA) Harold Certuche Caicedo Coronel (RA) Gustavo Plazas Jiménez Vocales Asociadas Activas Señora Rosita Aguilar de Quiñonez Señora Hilda Chávez de Alvarado SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordoñez CONSEJO EDITORIAL Teniente Coronel (RA) Rosa María Llovera Terradas Coronel (RA) José Obdulio Espejo Muñoz Periodista Ángela Romero Chinchilla

COLABORADORES Mayor General del Aire Juan Guillermo García Serna General (RA) Manuel José Bonett Locarno Geraldine Méndez Hernández Óscar Montes Subteniente Francisco Alejandro Chíquiza Gómez Ecopetrol

Juan Guillermo Londoño Ruby Marcela Pérez J. Jairo Delgado Comunicaciones Dirección General de Sanidad Mayor (RA) Hernando Sáenz Bermúdez General Javier Alberto Florez Aristizabal Comandante Comando Estratégico de Transición DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CARÁTULA Sandra Ximena Gallego Torres COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Leydi Liliana Romero FOTOGRAFÍA Departamento Comunicaciones IMPRESIÓN: LEGIS Mingobierno Resolución No. 0286 (Febrero 1982) ISSN 0124-0226

Contenido Editorial Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera

Justicia transicional en Colombia Mayor General del Aire Juan Guillermo García Serna

Las Fuerzas Militares en el postconflicto General (RA) Manuel José Bonett Locarno

¿Cómo va el proceso de paz con las Farc? Geraldine Méndez Hernández

El papel de la prensa en tiempos de negociación de paz Óscar Montes

Visibilizar a los soldados y policías víctimas del conflicto armado Subteniente Francisco Alejandro Chíquiza Gómez.

Así se libró la batalla contra la mancha que indignó a Colombia Juan Guillermo Londoño

Cuando el Mira se volvió negro Ruby Marcela Pérez J.

La resilencia de los manglares de Nariño Ruby Marcela Pérez J.

Seguridad pública y posconflicto: nuevos paradigmas Jairo Delgado

La inclusión, asunto de todos Comunicaciones Dirección General de Sanidad

Ingeniería aeronáutica y fuerzas militares Mayor (RA) Hernando Sáenz Bermúdez

Centinela del honor y la integridad de las Fuerzas Armadas en el posconflicto General Javier Alberto Florez Aristizabal

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EDITORIAL

Preocupantes reparos tanto de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, como del sector empresarial colombiano, al cuestionado proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana.

Futuro incierto… D

Brigadier General (RA) Jaime RuÍz Barrera Presidente Nacional de ACORE

esde la reserva activa de las Fuerzas Militares —dada nuestra experiencia en materia de seguridad y defensa nacional y también en lo relacionado con nuestra participación directa en estos últimos años de conflicto armado que ha experimentado el país— hemos insistido en aportar juiciosas y constructivas recomendaciones, a fin de evitar la comisión de gravísimos errores del pasado y poder facilitar de alguna manera un cierre definitivo y apropiado de este proceso, dentro de las muchas expectativas que tiene la gran mayoría de los colombianos. Estas juiciosas y constructivas recomendaciones se han dado a conocer permanentemente en forma pública y privada, señalando de manera pormenorizada las principales dudas y preocupaciones frente al actual proceso de negociación del conflicto armado con las Farc.

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En reciente pronunciamiento del Consejo Gremial Nacional al jefe del Estado, se anuncia su respaldo a este proceso, pero se fijan también serios reparos por la forma como se están negociando algunos temas de gran valor estratégico sobre la institucionalidad democrática del país.

Cabe destacar que estas asociaciones de la reserva activa, bajo ninguna circunstancia son enemigas de la paz, ni tampoco conforman grupos políticos de oposición, como se les ha querido señalar mal intencionalmente. Sus comentarios y opiniones a este respecto, siempre han sido de carácter eminentemente institucional y solo constituyen un aporte más de quienes han sido testigos de excepción de pretendidos acuerdos de paz que terminaron en rotundos fracasos, particularmente con este grupo armado ilegal. Todos estos planteamientos, han sido enmarcados dentro de la libertad de opinión que otorga el ordenamiento constitucional, jurídico y democrático que rige en el país, y están basados principalmente en el gran respeto y admiración que se prodiga siempre a las propias instituciones y, particularmente, a quienes en el momento actual portan el mismo uniforme, que también lucimos en defensa y seguridad de la patria. Esta sana y verdadera intención, tal como ya se dijo, es la de evitar la comisión de los mismos errores del pasado. El país no puede equivocarse tan-

tas veces en este tipo de negociaciones. No se trata de información tendenciosa, ni mucho menos manipulación o alarmismo injustificado para atemorizar o confundir a la gente respecto a esta cuestionada negociación para buscar su eventual rechazo. La ambigüedad de lo que se dice y cómo se dice y los frecuentes mensajes con contenidos muy cuestionables, son los que generan esta preocupante situación. Es importante destacar, que todo esto que tienen relación con el espinoso proceso de negociaciones que se adelanta, ha sido y siguen siendo, amplia y permanentemente debatido en la Mesa de Trabajo de carácter permanente que representa al Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todas estas asociaciones coinciden plenamente con las mismas dudas y preocupaciones que han surgido hasta el momento. Estas serían las principales: 1. El exceso de concesiones en este proceso, sin duda alguna, sigue constituyendo una muestra de debilidad que desfavorece al Es-

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tado, y proporciona grandes ventajas a esta organización terrorista. 2. Es preocupante no poder conocer claramente en este momento que tanto se ha venido entregando a cambio de las muchas pretensiones que, públicamente y en forma constante, viene exigiendo este grupo armado ilegal. 3. También son preocupantes las dudas que se generan respecto a la falta de credibilidad y compromiso de esta organización, sobre la cual no existe, ni puede existir ningún tipo de garantía en relación con el cumplimiento de lo que ya se haya pactado en esta negociación. Entre otras dudas y preocupaciones, distintas a las que ya se han formulado a raíz de la publicación de los preacuerdos ya realizados sobre el tema agrario, político, drogas ilícitas y salvedades por resolver, estas serían otras igualmente preocupantes: 1. La dejación y no entrega de las armas. En esto hay que insistir. Si no hay entrega formal de la totalidad de las armas con que cuentan, no habrá garantía alguna para asegurar la no repetición, tal como lo establece el marco jurídico para la paz en nuestra Constitución Nacional. Si en un momento dado llegaron a tener cerca de 20.000 o 26.000 hombres en armas, ese es el armamento equivalente o correspondiente que deben entregar al acordarse su desmovilización. 2. La creación de zonas de reserva campesina (ZRC) con autonomía especial y su eventual coincidencia con sus viejas áreas de influencia, donde tradicionalmente han ejercido su acción delictiva, especialmente en lo relacionado con cultivos de coca, marihuana o amapola, laboratorios de procesamiento y otras actividades de explotación minera ilegal (oro, tusteno yotros). La actual ZRC del Catatumbo es un ejemplo diciente y preocupante. 3. La sostenibilidad de un cese al fuego no pactado, sin previa desmovilización, entrega de armas, firma de acuerdos y refrendación popular, bajo el concepto de “desescalamiento” del conflicto, no constituye ninguna

garantía. Por el contrario, tal determinación le ha otorgado grandes ventajas, permitiendo su reorganización y reestructuración de todo su aparato delictivo en lo concerniente a sus distintas fuentes de ingreso de carácter ilegal, en todo el territorio nacional. 4. Los excesivos beneficios políticos y jurídicos que se han venido anunciando en esta última etapa del proceso de negociación y que podrían ser otorgados fácilmente sin refrendación popular, a través de una aparente constituyente, mediante acto legislativo especial y ley habilitante temporal al ejecutivo. Esta excesiva generosidad, como resultante de una inexplicable capitulación, genera, a futuro, grandes riesgos y amenazas contra la institucionalidad democrática del país. 5. La acción política intimidatoria que han venido desarrollando en algunas zonas del país, portando las armas con que cuentan, en alianza con sus distintas organizaciones urbanas y rurales de las llamadas milicias bolivarianas, partido comunista clandestino (PC3) y otros grupos políticos de izquierda radical que les son afines. 6. La reestructuración tanto de las FF.MM. como de la Policía Nacional, bajo el concepto, ya anunciado por el Gobierno, de una necesaria actualización, modernización y tecnificación, lo cual supone, como es obvio, grandes cambios en cuanto a funciones, doctrina, organización y pie de fuerza. Por otra parte, la suspensión o modificación del servicio militar obligatorio, la no exigencia de la libreta militar como requisito para consecución de empleo, junto con la suspensión de cuotas para incorporación de soldados profesionales, en remplazo de los que han sido licenciados por derecho a pensión, afecta necesariamente el pie de fuerza requerido en forma significativa. Todo lo anterior podría agravarse aún más, en caso que se persista en la creación del llamado Ministerio de Seguridad Ciudadana, el cual ya ha sido objeto de rechazo por parte de la misma Policía Nacional, como también de muchos sectores ciudadanos. La Policía Nacional debe mantenerse en el Ministerio de Defensa, trabajando

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en equipo con las FF.MM. en misiones de seguridad y defensa nacional. 7. La reinserción de los desmovilizados, en cuanto a la eventual creación de organizaciones o entidades oficiales de cualquier tipo, que los mantenga en forma concentrada y con la participación o presencia de quienes hayan sido sus respectivos cuadros de mando o cabecillas. De ser así, constituiría un gran riesgo, por cuanto técnicamente no se realizaría ningún tipo de desmovilización. Sería un simple cambio de etiqueta. 8. La conformación acordada en la mesa de negociaciones, en relación con la futura Comisión de la Verdad, primer paso para aplicar los mecanismos de justicia transicional que sean pactados de manera definitiva, por su carácter sesgado, tal como ya hay sido denunciado, no constituye plena garantía para los intereses del país, de sus Fuerzas Armadas y su Estado de Derecho.

Para terminar, y por ser coincidentes con lo que aquí se expresa, vale la pena destacar el reciente pronunciamiento hecho por el Consejo Gremial Nacional al jefe del Estado, en el cual anuncia su respaldo a este proceso, pero fija claramente su posición frente a las serias dudas y preocupaciones que están surgiendo dentro de las negociaciones. De este importante comunicado, extractamos los siguientes apartes: • La paz, según la Constitución Nacional, debe entenderse como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. •

Esta negociación debe transcurrir dentro de la Constitución y no por fuera de sus preceptos.

•

Los acuerdos que sean alcanzados, según compromiso adquirido, deben contar obligatoriamente con la refrendación ciudadana.

•

Se requiere una mayor precisión sobre puntos no conocidos en relación con la anunciada jurisdicción especial para la paz.

•

Lo pactado en materia de Desarrollo Rural Integral debe ser consistente y consecuente con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado.

•

El acuerdo sobre la reparación de víctimas debe asegurar que las Farc asuman su cuota de responsabilidad, tanto moral como económicamente.

•

La comisión de la verdad que sea creada como resultante de este proceso, debe enmarcarse dentro del estado de derecho y las instituciones democráticas y republicana, propias de nuestra nacionalidad.

•

De acuerdo con los postulados del estado de derecho, las responsabilidades por crímenes relacionados con el conflicto armado serán de tipo personal o individual y no de grupo.

•

Al cierre de este proceso, debe garantizarse que la dejación de armas, constituya una entrega total y verificable. Igualmente, el cese real y efectivo de toda actividad criminal, como también la entrega de bienes y recursos asociados con hechos delictivos.

En representación del sector empresarial del país firmaron un total de veinte importantes asociaciones de carácter gremial.

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Justicia transicional en Colombia Resumen

l propósito de este artículo es reflexionar sobre las posibilidades de generar procesos de justicia transicional en medio del conflicto, un poco en contravía con las premisas lógicas que la justicia transicional tiene implícitas. Para tal fin, es conveniente iniciar con una breve explicación de qué es la justicia transicional; posteriormente tipificarla según sus clases y pilares y así establecer unas conclusiones que permitan reflexionar sobre su aplicabilidad en Colombia en el actual contexto de negociación (Rincón, 2010).

Mayor General del Aire Juan Guillermo García Serna1

1. Mayor General del Aire, Fuerza Aérea Colombiana. Subjefe de Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento Jurídico Institucional. Correo : jgarciacofa@gmail.com candidato a doctor en derecho, Universidad Alfonso X el Sabio.

Para tal fin, se recurre a una estrategia metodológica y expositiva basada en la construcción de tipologías, estructuradas bajo el cruce de dos variables: el acceso a la verdad –como derecho que permite la reparación– y la aplicación efectiva de mecanismos de justicia. Estas tipologías permitirán discutir, al final del artículo, sobre las posibilidades reales

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de ofrecer garantías de no repetición en el contexto colombiano. En el marco de la concepción del Estado Social de Derecho, la Constitución Política de 1991 insta al Estado a realizar todos los esfuerzos que garanticen la paz y el orden social, con el propósito de materializar las condiciones de dignidad efectiva en las personas y de manera especial a las víctimas del conflicto armado, quienes sufren las secuelas y efectos negativos del conflicto. Para tal fin, se ha avanzado progresivamente en la conformación de un modelo de justicia transicional, que permita generar procesos de verdad, justicia y reparación, en el marco del conflicto armado colombiano. La justicia transicional como elemento que permite lograr la paz exige la más profunda y juiciosa reflexión teórica, jurídica y sociológica, determinando las posibilidades reales de aplicación en el contexto colombiano, y estableciendo la pertinencia de los marcos normativos empleados para tal fin. Este proceso legislativo tuvo como primera expe-

riencia la formulación de las leyes 35 de 1982 y 77 de 1989, las cuales fueron diseñadas para abrir el marco jurídico para adelantar negociaciones con las guerrillas de las Farc y el M-19, bajo la premisa del perdón, el indulto y la amnistía de delitos asociados como políticos (rebelión, sedición, entre otros). Dichos mecanismos fueron replanteados internacionalmente, en la medida en que no garantizaban procesos efectivos de justicia, no implicaron necesariamente el reconocimiento de las acciones que condujera a la verdad ni a la reparación de las víctimas. Un segundo momento inicia con la promulgación de la Ley 975 de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios (República de Colombia, 2005). Las disposiciones anteriores se fortalecieron mediante la Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a

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Dentro de este robusto marco jurídico, encontramos también la Ley 1424 de 2010, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones (República de Colombia, 2010).

FOTO: .abc.es

la Ley 975 de 2005 y se dictan otras disposiciones (República de Colombia, 2012).

En el año 2011 se expide la Ley 1448, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Con miras a generar un marco que permitiera la realización de los diálogos para la búsqueda de una solución pacífica al conflicto, se expide el Acto Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones (República de Colombia, 2011).

Esta ruta jurídica es la evidencia de un proceso de maduración del entramado jurídico colombiano para asumir los procesos de transición a la paz, pero también es la consecuencia de las transformaciones sociales y políticas que experimento el país en las últimas tres décadas. La justicia transicional La justicia transicional es un precepto jurídico utilizado para identificar a los distintos mecanismos y herramientas extraordinarias que se utilizan para la superación de conflictos armados y con los que se pretende generar transformaciones significativas de dinámicas de violencia, hacia un escenario de consolidación de paz con la instauración de un Estado legítimo, estructurado en torno a los principios del derecho; como tal, genera alternativas legales y jurisprudenciales para enfrentar judicial y políticamente los diversos crímenes cometidos por las partes en conflicto. La historia reciente muestra que estas transiciones tienden a dirigirse a la consolidación de estructuras democráticas, que afiancen los procesos de

Un grupo de periodistas corre a la audiencia para escuchar el anuncio de las condenas a los 12 líderes nazis en el juicio de Nuremberg (1946).

reconocimiento e integración del otro, superando las formas dictatoriales y unanimistas, condiciones que se presentaron en varios de los conflictos de la región. Las transiciones se pueden o de un proceso de superación de reacciones a la violencia ocasionada y patrocinada por un Estado (Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, 2013). Una muy buena definición de la justicia transicional se encuentra en la obra de Tatiana Rincón Covelli, quien señala que la “(…) concepción de justicia vinculada a los momentos de transición política de dictadura hacia la democracia o de una situación

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de conflicto armado o de guerra civil hacia la paz, que busca lidiar con un pasado de graves violaciones a derechos humanos y/o al Derecho Internacional Humanitario, enfrentando los crímenes cometidos bajo regímenes represores durante conflictos armados o la guerra civil” (Rincón, 2010, p. 26).

ii implementar beneficios de orden procesal a quienes se comprometan a dejar la colectividad violenta, contribuyan de forma efectiva a la paz y se comprometan a la convivencia pacífica” (Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, 2013).

Las experiencias de algunos países que han hecho transición de la dictadura a la democracia y del conflicto al pos conflicto, no sólo sirven para mostrar los beneficios y peligros propios de la justicia transicional, sino que han generado un gran material de estudio y reflexión que ha ido, con el paso de los años, desarrollando y consolidando un marco teórico y una normatividad y jurisprudencia internacional y nacional con unos estándares que permiten garantizar el cumplimiento de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición; derechos que a su vez constituyen deberes para el Estado. En este sentido, la justicia transicional es un concepto dinámico que se ha ido perfeccionando con las experiencias y dificultades propias que enfrentan las sociedades en transición y con fundamento en los principios de la normatividad internacional en materia de derechos humanos (De Gamboa y Castellanos, 2010).

Sin embargo, es prioritario señalar, que según los contextos políticos y sociales que explican y determinan al conflicto, la justicia transicional asume objetivos específicos y particulares; ya que cada estructura de transición es distinta y depende de los objetivos particulares que se quieren lograr y los conflictos que se deben superar.

Durante las dos últimas décadas, con ocasión de los éxitos y fracasos de las experiencias de transición de la segunda parte del siglo XX, se han generado una serie de consensos internacionales en torno a los requerimientos básicos de la justicia en períodos de transición. Tal como lo señala el Observatorio Legislativo, podrían señalarse dos objetivos puntuales para la Justicia Transicional: “i …que sean investigados, juzgados y sancionados los delitos graves conforme al derecho internacional, observando el derecho al acceso a la justicia, independencia, imparcialidad, garantía de recursos judiciales a las víctimas, entre otras disposiciones, e

Tipologías de justicia transicional De acuerdo a lo señalado por el profesor Rodrigo Uprimny Yepes (2006), podemos resumir la siguiente clasificación de tipos o clases de justicia transicional, que no debe ser tomada a título exhaustivo sino simplemente nominativo. Para poder comprender las distintas experiencias que se han dado en el marco de los procesos de justicia transicional con el juzgamiento y asignación de responsabilidades a los combatientes y participantes directos en un conflicto armado, es necesario presentar los contextos jurídicos y políticos en que dichas acciones judiciales se produjeron. Para tal fin, se toma la metodología propuesta por Uprinmy y Lazo (2004), en la que se asume que los destinos judiciales de las partes en conflicto dependen de la concepción política que se tenga del castigo o de la reparación. Los autores consultados (Uprinmy y Teitel) muestran que de acuerdo al contexto histórico, la justicia transicional ha sido asumida de forma distinta en las sociedades en las cuales se ha aplicado este mecanismo judicial. Así, por ejemplo, en las primeras formas de aplicación (Tribunales de Núremberg y de Tokio) en la posguerra mundial, se asumieron posiciones punitivas en las que el castigo penal a

1960

1961

NOVIEMBRE 25

MAYO 17

Se constituye la Asociación.

ACORE adopta su primer escudo.

Primer boletín informativo.

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los militares responsables fue el común denominador. Sin embargo, cuando se quiso aplicar en los procesos de negociación en conflictos armados internos en África, América Latina y Europa, se le dio un valor central como epicentro para lograr la reconstrucción nacional, para generar procesos de reintegración y para devolver la confianza en las instituciones castrenses y estatales (Uprimmi, 2006, y Teitel, 2003).

lución pacífica a conflictos internos. Estas distintas experiencias de justicia transicional podrían ser tipificadas y clasificadas en función de la importancia dada al castigo de los responsables, y/o a los procesos de perdón y olvido dado a los mismos. A partir de esto se pueden construir cuatro categorías históricas (Uprinmy y Lazo, 2004, pp. 90-105):

“De ahí que la discusión se torne más centrada en lo local; esto es, en la manera en que los nuevos gobiernos democráticos restaurarán la paz nacional, someterán a los culpables de crímenes durante los regímenes anteriores, y avanzarán en la construcción de una sociedad incluyente y libre de violaciones a los Derechos Humanos” (Rodríguez, 2011, p. 54). Si bien las discusiones no se centraron exclusivamente en la organización militar y la responsabilidad de sus máximos dirigentes, si fue una piedra angular del debate, ya que las tensiones que surgieron en torno al equilibrio que debería darse entre verdad, justicia y paz, estaban directamente relacionados con el trato que recibieran los sectores militares comprometidos en violaciones de derechos humanos (Teitel, Uprinmy y Saffon, 2005). La conclusión de este debate llevó a entender que no se podían realizar tribunales similares a los de Núremberg, porque en esos casos ninguna de las partes se asumía como derrotada y responsable de los costos humanos, políticos y económicos de la guerra (como sucedió con Alemania), sino que por el contrario, entraban en un proceso de paz, libremente y por voluntad propia; esta condición complejizaba el proceso de aplicación de estos mecanismos. Así, la evolución histórica de la justicia transicional ha llevado a la consolidación de éste como mecanismo neutral e instancia de judicialización a los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra (Uprinmy y Saffon, 2005) y como mecanismo político de so-

1961 Se fundan las seccionales Magdalena y Valle del Cauca.

1963 Creación del Fondo de Ayuda Mutua, hoy Avode.

a. Procesos que podrían denominarse amnésicos (amnistías generales sin estrategias de perdón y reconciliación), en donde los responsables de las acciones irregulares son exonerados políticamente de las responsabilidades penales a lugar. Este modelo ha sido valorado por distintos autores como deficiente, en la medida en que dejan vacíos históricos y daños sociales sin resolver ni reparar. b. Los segundos se denominan perdones compensadores y están caracterizados por tratar de buscar un equilibrio entre los derechos de las víctimas y las necesidades de negociación, las cuales se compensan a través de comisiones de la verdad y algunas medidas reparadoras para las víctimas, en el marco de un proceso de amnistía. Ejemplo de este modelo es el caso chileno de la pos dictadura y El Salvador en la finalización del conflicto, en donde se exoneró de castigos penales a los responsables (de ambos bandos) de la comisión de crímenes, pero exigiéndosele procesos públicos de reparación y de verdad. c. El tercer modelo, llamado perdones responsabilizantes, es propio de los procesos de paz que buscan “garantizar los derechos de las víctimas y los deberes del Estado para el establecimiento de la verdad, el castigo de los victimarios y la reparación de los afectados. La concesión de perdones, (sic) es excepcional e individualizada, y se regula por los principios de proporcionalidad” (p. 92).

1965 Se crea la medalla Rafael Reyes.

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Estos principios son los siguientes: “i A mayor gravedad del crimen, menor posibilidad de perdón. ii A mayor responsabilidad militar (nivel de mando) o social del victimario, menor posibilidad de perdón. iii. A mayor contribución a la paz, a la verdad y a la reparación, mayores posibilidades de perdón” (Uprimmy, 2006). Es decir, se excluye cualquier posibilidad de indulto total a los responsables, abriendo posibilidades de negociación (disminución de penas, casas por cárcel, etcétera).

a. Finalmente, está el modelo de transición punitiva, en el que la premisa central es que sólo el castigo ejemplar a los responsables permite la transición hacia la democracia y el Estado de Derecho. Usualmente, estos procesos se realizan mediante la instauración de tribunales y suponen la inexistencia de procesos de negociación. La siguiente tabla señala los elementos centrales de cada uno de estos tipos, centrándose en los procesos de perdón y aplicación de justicia que cada uno tiene implícito:

Tabla N° 1. Tipología de justicia transicional. Perdones amnésicos Amnistías generales. Buscan facilitar la negociación de la paz. No se garantiza la verdad, justicia ni reparación.

Perdones compensadores

Perdones responsabilizantes

Transiciones punitivas

Amnistías generales Comisiones de verdad.

Comisión de verdad con exigencia de confesión total.

Reparación Se busca compensar el perdón otorgado con verdad y reparación.

Reparaciones.

Castigo a los responsables. Se parte de la idea que sólo con el castigo es posible erigir un orden democrático nuevo, fundado en el respeto a los derechos humanos.

Perdones individuales. Equilibrio entre perdón y reconciliación.

Fuente: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, 2013.

1966 Fundación de la seccional Bolívar.

1968 ACORE adopta su segundo escudo.

1969 Se funda la seccional Antioquia.

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Y en esta otra se tipifica a los mecanismos de justicia según la forma en la que se concibe el proce-

so de transición y los procesos de reparación que cada uno trae implícito (Uprinmy, 2004).

Tabla N° 2. Mecanismos de justicia transicional. Tribunales ad hoc de justicia impuesta

Amnistías e indultos plenos. Auto amnistías y perdones recíprocos

Se busca trabajar sobre el pasado para no repetirlo.

No existe contraprestación alguna. Impunidad total.

Los castigos son ejemplarizantes y selectivos (jefes).

No hay garantía de la verdad, justicia ni la reparación integral.

Es justicia de vencedores.

Se presenta una reconciliación negativa, pues no establece las causas del conflicto ni realiza cambios para evitar repetirlo.

Investigación y persecución penal ordinarias sin comisiones de verdad Retribución por encima de la reparación. La víctima ocupa un lugar secundario.

Transiciones democráticamente legitimadas El objetivo es recordar y perdonar. Reconciliación con responsabilidad. Discusiones sociales amplias.

Los juicios se llevan a cabo por medio del procedimiento ordinario, pero por lo general son susceptibles a presiones políticas.

Formas de consulta popular. Negociaciones y acuerdos de paz. Procedimientos especiales para juzgar los crímenes graves. Penas inferiores condicionadas a pedir perdón, decir toda la vedad, reparar y obligarse a no repetir.

Pueden generar violencia en el futuro.

Amnistías e indultos para los delitos políticos.

Fuente: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política, 2013.

Ahora bien, como se desprende de lo señalado anteriormente, se hace necesario tomar en cuenta los presupuestos de verdad, justicia, reparación y no repetición, como elementos necesarios e indispensables de la llamada justicia transicional. Pilares de la justicia transicional En su informe final de relator especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Louis Joinet establece que los Estados tienen cuatro obligaciones inderogables y exigibles incluso en procesos de transición: la satisfacción del derecho a la justicia; la satisfacción del derecho a la verdad; la satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas y

la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición (Joinet, 1997). Justicia Con el fin de evaluar los efectos de la justicia en épocas de transición, es necesario tener en cuenta el marco temporal y las condiciones en las cuales se crea. Así, durante la fase de conflicto armado, la efectividad de la justicia se ve reducida y sus efectos simbólicos son mínimos. En esta etapa es mucho más probable que los únicos modelos de justicia en épocas de transición que encontremos sean los tribunales penales internacionales, pues éstos cuentan con la posibilidad de ejercer presión desde afuera para la regularización de la guerra y para la terminación del conflicto (Human Rights Watch, 2009).

1970 En Norte de Santander se funda la seccional.

1972 Primera reunión plena de la junta directiva y los presidentes de las seccionales.

Fundación de las seccionales de Atlántico y Meta.

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El Estado colombiano está obligado, por mandato internacional, a investigar, juzgar y condenar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos a penas acordes con las acciones realizadas. Desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta obligación está estructurada por los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de Derechos Humanos y de los artículos 1-1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así mismo, la obligación de investigar y judicializar a quienes transgredan las normas del derecho internacional humanitario, se encuentra establecida en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el primer Protocolo Adicional a los mismos (Convenio I, artículo 49; Convenio II, artículo 50; Convenio III, artículo 129; Convenio IV, artículo 146; Protocolo I, artículo 85). Acorde con esta normatividad, los Estados tienen la responsabilidad y obligación inderogable de adoptar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad, entendida como “la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones de los derechos humanos” (Corte IDH, 1998a, párr. 173; Corte IDH, 1998b, págs. 168 y 170; Corte IDH, 2000, párr. 211; Rettberg, 2005).

Verdad

Las obligaciones estatales contenidas en el principio del derecho a la justicia pueden ser condensadas en cinco (5) grandes puntos:

La justicia transicional establece distintas posibilidades de reparar integralmente a las víctimas, dependiendo, por supuesto, del tipo de afectación que éstas tienen en los distintos escenarios de conflicto, tal y como se constata en los “principios 16 a 25 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (ONU, 2004), originados en los trabajos de Theo van Boven y M. Cherif Bassiouni (Rettberg, 2005), en donde se establecen estándares internacionales que plantean los mecanismos, principios y objetivos de la reparación individual a las víctimas. Vale la pena señalar que la promulgación de la Ley 1448 de 2011 se enmarca en dichos principios.

a. “el deber de sancionar a todo aquel que cometa una grave violación en contra de los derechos humanos, b. la obligación de imputar penas apropiadas a los responsables, c. el compromiso del Estado de investigar todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos, d. la posibilidad de las víctimas de contar con el derecho de acceso a la justicia, y e. la obligación de garantizar un debido proceso” (Rettberg, 2005, pp. 25 y 26).

Los principios primero a cuarto del conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (Joinet, 1997 y Reittberg, 2005) establecen el “derecho inalienable a la verdad”, el “deber de recordar” y el “derecho de las víctimas a saber”. En el marco de este derecho a la verdad, se debe establecer que hay una manifestación propia de la víctima, en la que se espera que ésta acceda y conozca plenamente a los responsables que perpetuaron el hecho victimizante y los motivos que les llevaron a hacer tal cosa. Pero también, hay un componente colectivo, que obedece a la necesidad de esclarecer contextualmente el porqué de las violaciones masivas y sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado. Se debe pensar en la construcción de una memoria histórica compartida. La verdad es la base de la justicia. Reparación

1973 Se funda la Revista Acore.

Creación del Departamento de Socios.

Creación del Departamento de Contabilidad y Auditoría Interna.

FOTO: guillermocracia.blogspot.com

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Douglas MacArtur acepta la rendición de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Angelica Rettberg (2005) establece que uno de los elementos centrales en la reparación es lograr llegar a la restitución, entendida ésta, como la capacidad estatal de devolver a la víctima a la situación previa al hecho victimizante, entendiendo que esa situación previa debe ser discernida de forma integral: derechos políticos, económicos y sociales. Los mecanismos de reparación que le compete diseñar al Estado, deben velar por atender integralmente a la víctima, garantizando condiciones económicas de subsistencia, estableciendo principios de reparación simbólica (centrados en la dignidad de la víctima) y permitiendo que haya un tránsito estable a una situación posconflictual. No repetición El elemento central de la justicia transicional está en generar garantías de no repetición y de prevención, tal y como lo establecen los principios de Joinet y los de Van Boven y Bassiouni y en general giran en torno a garantizar una justicia fuerte y 1973 Se conforma el primer Comité Femenino.

1974 El entonces presidente Misael Pastrana Borrero inaugura la sede actual.

efectiva que minimice la percepción de impunidad y que disminuya el accionar delictivo de los actores ilegales; la minimización de las acciones armadas que realizan los grupos armados dentro de un territorio y toda una serie de acciones integrales realizadas por el Estado para evitar la continuidad del conflicto y para prevenir las acciones que transgreda a los derechos humanos: “las garantías de no repetición de las vulneraciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son de tres clases: (1) medidas encaminadas a disolver los grupos armados paraestatales; (2) medidas de derogación de las disposiciones de excepción, legislativas o de otra índole que favorezcan las violaciones; y (3) medidas administrativas o de otra índole que deben adoptarse frente a agentes del Estado implicados en las violaciones” (Rettberg, 2005, p. 45). Así, que cabe preguntarse: ¿Cómo garantizar la no repetición?, máxime cuando siguen presentán1975 Se expide el Decreto Ley 1305, que concedió el 100% de la asignación de retiro a viudas, que hasta ese año era solo del 66%.

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dose el nacimiento de nuevos grupos armados y las dinámicas del conflicto no parecen tender a desaparecer. Aplicabilidad de la justicia transicional en Colombia Las negociaciones de paz que ha entablado el Gobierno nacional con los diversos grupos al margen de la ley, buscan instaurar un proceso de justicia transicional en un contexto de conflicto, lo que conduce a pensar –como lo señala el profesor Rodrigo Uprinmy (2006)– que nos encontramos en un “proceso transicional sin transición”, ya que los resultados pueden apuntar a una “paz fragmentaria y parcial”. De ese modo, a pesar de que uno o varios de estos grupos armados decidan involucrarse en conversaciones de paz y comenzar a idear mecanismos transicionales, los demás persistirán en la guerra y, como tal, impedirán que la transición de aquéllos sea completa y definitiva; tal y como lo han evidenciado los distintos procesos de negociación que se han desarrollado en el país.

En ese sentido, se debe velar porque las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición sean observadas durante y después del proceso de paz, a fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto e impedir que dicha negociación se convierta en consecuentes actos de impunidad. Por ello, se podría plantear que de acuerdo a los lineamientos propuestos, la llamada justicia transicional prácticamente no se ha iniciado en Colombia, pues el conflicto armado continúa y, aunque se abrieron canales para su terminación, éstos son complejos y están en proceso de consolidación. La confianza y credibilidad del proceso emana de sus logros y del equilibrio que se logre entre justicia, verdad y caminos abonados para alcanzar la paz, a través de estrategias intermedias que contribuyen a lograr el objetivo de la justicia transicional en un clima de reconciliación (Mattes, 2012).

1975 ACORE adquiere la casa donde funciona la sede nacional.

1976 ACORE recibe la visita de Alfonso López Michelsen, presidente de la República para aquel entonces.

Los debates políticos y académicos que se han dado entorno a la aplicabilidad de la justicia transicional dan cuenta de unas luchas políticas muy necesarias, derivadas de la ausencia de consensos absolutos sobre el tipo de castigo que se debe impartir, sobre las formas de reparación o sobre las variables para definir quiénes son las víctimas reales. En particular, el debate sobre la responsabilidad del Estado en la violación sistemática de los derechos humanos o sobre el nivel de alternatividad que se le debe otorgar a las Farc en el momento de aplicar justicia. Planteamientos que abren el debate jurídico y político sobre otros mecanismos de aplicación de justicia y formas de asumir la reparación por parte del Estado (De Gamboa y otros). En lo que sí parece haber un consenso es en que las fallas que se cometan en este proceso, pueden devenir en futuras confrontaciones y en una deslegitimación de las instituciones judiciales, militares y estatales en general. La Comisión Colombiana de Juristas señala en estos términos esta necesidad: “Para que ese laudable propósito se convierta en realidad, es necesario que los derechos de las víctimas del conflicto armado sean garantizados adecuadamente. De no ser así, además de cometerse una grave e inadmisible injusticia, se corre el riesgo de poner en peligro la estabilidad de la paz y dar lugar por el contrario a una intensificación de la violencia. Si el proceso de paz no está sólidamente sustentado en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, quedará expuesto a sufrir múltiples, prolongados y demoledores ataques jurídicos ante tribunales nacionales e internacionales” (2013). Si bien la negociación implicará un proceso de aplicación transitoria de la justicia a los responsables de cada uno de los actores armados, ésta transitoriedad no puede pasar por encima de los marcos establecidos por la legislación internacional, ni por los principios constitucionales que rigen al sistema judicial colombiano; y de hacerlo exige

1979 Se funda la seccional de Boyacá.

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unos consensos sociales muy fuertes, que legitimen decisiones políticas y jurídicas de tal naturaleza: “Reconocemos que el llamado Marco Jurídico para la Paz ha sido concebido con la mejor intención de facilitar dicha negociación, pero con toda consideración debemos decir que en este caso el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Esta reforma constitucional autoriza al Estado para renunciar a la persecución judicial penal de violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al derecho humanitario” (CCJ; 2013). Como lo reconoce Alejo Vargas, los procesos de negociación y los debates políticos que de éste emergen, son un escenario ideal para poder discu-

tir temas neurálgicos para las democracias que se quieren instaurar, reflexionando sobre el tipo de Estado que se debe conformar para garantizar plenamente la no repetición de las acciones victimizantes. Conclusiones Al realizarse el rastreo jurisprudencial a lo largo de la historia de Colombia, se constata que las experiencias de aplicación de los mecanismos de justicia transicional han sido usuales en la historia reciente del país. En los diversos procesos de negociación política que los distintos gobiernos nacionales han asumido, se han generado disposiciones normativas para poder avanzar en la solución pacifica de las confrontaciones.

Conversatorio Jurisdicción especial para la Paz , realizado en ACORE en Octubre de 2015

1982 ACORE recibe la visita del presidente Belisario Betancourt Cuartas.

1983 Cauca y Quindío fundan sus seccionales.

1984 El periódico ACORE estrena nuevo formato.

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A partir de esto se pueden señalar dos conclusiones generales puntuales: en primer lugar, la vocación y voluntad del Estado por resolver política y definitivamente el conflicto colombiano con los distintos grupos irregulares, evidenciado en los diversos procesos de paz que se han llevado a cabo con las guerrillas liberales, las Farc, ELN, EPL, M-19, Movimiento Guerrillero Quintín Lame y las AUC.

ello sigue generando hechos victimizantes y afectación a la población civil, lo que a su vez deslegitima los acuerdos de las negociaciones. Si bien, los fundamentos teóricos y conceptuales de la justicia transicional están pensados para contextos de pos conflicto, el reto de la sociedad colombiana es lograr consolidarlos en las circunstancias actuales.

En segundo lugar, pone de presente que pese a los procesos de negociación exitosos (M-19, EPL, AUC, etc.) y a las transformaciones jurisprudenciales desarrolladas para afrontar dichas negociaciones (Ley 35 de 1982, Ley 77 de 1989, Ley 975 de 2005 y el reciente Marco Jurídico para la Paz) los niveles de violencia no han decrecido y de hecho se presentaron situaciones tan críticas como los altos niveles de acciones violentas que se produjeron a mitad de la década de los noventas, en los que se incrementaron el número de secuestros, “tomas guerrilleras” a cabeceras municipales, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, entre otros indicadores de violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011).

Referencias

La tipificación realizada en este artículo, evidencia que una de las dificultades principales en el momento de consolidar la paz posterior a estos procesos de negociación, está en que las negociaciones se centraron en lograr el desarme y la desmovilización de los actores irregulares, sin dar el debido peso y atención a la construcción de verdad y justicia que lograran minimizar la percepción de impunidad; y que a su vez, sería determinante para otorgar legitimidad a los resultados políticos y judiciales de la negociación. Como lo muestra la construcción tipológica realizada, se debe garantizar procesos de negociación –basados en instrumentos de justicia transicional– que permitan un equilibrio entre verdad y olvido y entre justicia y perdón; garantizando que la sociedad se sienta realmente reparada, y para permitir procesos de reconciliación entre las partes, transitando a escenarios de pos conflicto. Finalmente, queda planteado el debate sobre cómo avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en el marco de un conflicto que sigue activo y que por

Congreso de la República (1982) Ley 35 de 1982, Bogotá : Congreso de la República. Congreso de la República (1989) Ley 77 de 1989, Bogotá : Congreso de la República. Congreso de la República (2005) Ley 975 de 2005. Bogotá : Congreso de la República. Congreso de la República. (2011). Ley 1448 de 2011. Bogotá: Congreso de la República. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html Congreso de la República. (2010). Ley 1424 de 2010. Bogotá: Congreso de la República. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1424_2010.html Congreso de la República. (2012). Acto Legislativo 01 de 2012: Por medio de la cual se modifica la Ley 975 de 2005. Constitución política de Colombia. Bogotá: Legis 2014. De Gamboa Tapias Camila y Castellanos Ethel Nataly. Universidad de los Andes, Especialización en Resolución de Conflictos Armados, Justicia Transicional (Agenda de paz 2). Mattes, Daniel (2012) Nunca más: Trials and Judicial Capacity in Post-Transitional Argentina, Center for Democracy, Development Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política. (2011, Diciembre). “Justicia transicional, marco legal para la paz”. Boletín Nº 191. Recuperado de: http://issuu.com/sf4w-icp/docs/ boletin_191/1 Rettberg, Angélica (2005) Entre el perdón y el paredón: Preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá, Universidad de los Andes. Rincón Tatiana (2010). “Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia transicional”. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, D.C., Rodríguez, Gina Paola. (2011). Los límites del perdón. Notas sobre la Justicia Transicional en Sudáfrica, Centroamérica y Colombia. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Teitel, R. (2003). Genealogía de la Justicia transicional. Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, pp. 69-94. Uprimny, R y LASSO, L. (2004). “Verdad, reparación y justicia para Colombia: Algunas reflexiones y recomendaciones”, en Conflicto y seguridad democrática en Colombia. Temas críticos y propuestas. Bogotá: Fundación Social, FESCOL, Embajada de Alemania, pp. 88-101. Uprimny, R y SAFFON, M. (2005). “Justicia Transicional y Justicia Restaurativa: Tensiones y complementariedades”, en Angélica Rettberg (Edit.) Entre el perdón y el paredón. Preguntas y Dilemas de la Justicia Transicional, Bogotá: Ediciones UNIANDES/ IDRC. Uprimny Yepes Rodrigo (2006) “Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano, en ¿justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y Reparación para Colombia”, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Bogotá.

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Las Fuerzas Militares en el postconflicto H

e tenido la oportunidad de recorrer varios países para tratar este tema del postconflicto, reuniéndome con los militares retirados que fueron los que ejercieron la autoridad y desarrollaron las operaciones en los momentos de máxima confrontación que precedieron a los respectivos procesos de paz. La mayoría de esos países tuvieron gobiernos militares y también fuertes acusaciones por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

General (RA) Manuel José Bonett Locarno Docente investigador de la Universidad del Rosario.

En Colombia nunca hemos incurrido en violaciones a la Constitución ni suplantación de la autoridad civil y por esta razón no podemos permitir que se nos compare con otros países, porque el combate al terrorismo, la narcoguerrilla y demás agentes generadores de violencia, lo hemos ejecutado dentro de la ley y con el apoyo y reconocimiento de la población.

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La sociedad de Colombia no nos detesta como sí observé en otros países donde los militares tenían que viajar a sus oficinas vestidos de civil por que la población no los quería ver. En Colombia los militares somos una institución que en las encuestas aparece con el 82% de aceptación pública, muy por encima de otras instituciones representativas de nuestra democracia. Ello demuestra el aprecio y el respeto que la sociedad colombiana le tiene a su Fuerza Pública. Algunas instituciones minoritarias se han dedicado a una campaña de desprestigio con el fin de recaudar fondos y lograr personerías internacionales mediante una estrategia de acusaciones con falsos testigos que no tienen otro objetivo que apoyar veladamente a los agentes generadores del conflicto y conseguir de paso dinero por las reparaciones con que se sanciona a Colombia. Gran parte del dinero de estas reparaciones, queda en los bolsillos de los abogados que componen estos colectivos.

Hablaba uno de los expositores de la Corte en este foro sobre la fuerza pública de Guatemala. Estuve reunido con los militares que tuvieron responsabilidades sobre el proceso de paz de ese país y se manifiestan engañados por lo que decidieron los negociadores civiles y la guerrilla al presentar una ley de amnistía, de perdón y olvido. Además impusieron una Comisión de la Verdad que terminó culpando al Ejército de todos los males de la guerra. Esas leyes de amnistía para los militares ya fueron derogadas en la mayoría de los países de América Latina. Faltaba la de Chile, y la presidenta Bachelet ya presentó en el congreso el proyecto de ley que deroga esa amnistía para los militares. También me reuní con militares retirados de Uruguay, que eran simplemente oficiales subalternos en la época de la violencia terrorista y la situación de ellos es muy crítica. Mi conclusión en este primer punto es que en el proceso de toma decisiones políticas después de un proceso de paz, la opinión nacional no cuenta como tampoco se considera el sometimiento de

1984 Fundación de la seccional Tolima.

los militares a la autoridad civil y mucho menos su sacrificio. En el caso colombiano, los conflictos internos desde los años cuarenta, han sido de carácter eminentemente político empezando por la llamada violencia que no fue sino una confrontación irracional entre los partidos liberal y conservador de esa época. Ese es el origen de la actual confrontación, pero es más rentable al final de las guerras juzgar a los militares ya que los políticos y cabecillas guerrilleros normalmente pasan a alternarse en el poder. La clase política de América Latina nunca responde por sus pecados y parece eterna en medio de su probada insensibilidad y perversidad que 200 años después de la independencia, nos mantiene en un estado de atraso que no se corresponde con los inmensos recursos que se han gastado. En cuanto se refiere al caso colombiano es necesario comenzar por el denominado postconflicto. Mucho se escucha en foros, se lee en los periódicos y se ve en la televisión sobre este tema. Podemos imaginarnos lo que se va a firmar en La Habana, que será lógicamente un acuerdo de cese bilateral del fuego con su contenido fundamental del cese de hostilidades, más unas condiciones mínimas para que el país comience a retomar la seguridad ciudadana, y las condiciones de vida permitan un mejor desempeño de la nación en todos los campos sin la interferencia del terrorismo y la corrupción. Esta condición es necesaria y urgente en un país que como el nuestro, no conoce la paz. En La Habana no se firmará la paz porque eso es una actitud de la Nación que requiere un proceso más largo que incluye aspectos fundamentales como son el perdón, el olvido y la reconciliación, sin olvidar la reparación y la aceptación de las responsabilidades. Además se requiere que la política haga lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que velar por el bien común y cumplir con los fines esenciales del Estado. Colombia lo que necesita es una reconstrucción social, material, moral, econó-

1984 Se institucionaliza el Día de las Reservas de las Fuerzas Armadas.

1985 ACORE presenta en sociedad su himno (letra del BG. Gabriel Puyana García y música del presbítero salesiano Andrés Rosa) y su bandera.

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mica, jurídica, política y muchas más. A eso lo llamamos postconflicto, y yo calculo que puede tomar una o dos generaciones. El tema de las hostilidades no se refiere a la confrontación armada en sí, sino que contiene todos los actos contra la población, las instituciones y los recursos nacionales. Incluye el reclutamiento irregular, la extorsión, los crímenes sexuales, el narcotráfico, la minería ilegal, los tráficos en general y todo tipo de actividad delictiva que ponga en peligro la seguridad de la Nación.

Antes de continuar con la posible solución negociada, debemos hacernos esta pregunta: ¿Qué es el conflicto colombiano?, ¿será que es una simple confrontación armada entre los actores del conflicto? Y si así fuera, ¿cuáles son esos actores del conflicto? La tendencia política interna y también la internacional prefiere afirmar que los actores se reducen a los guerrilleros y a los soldados; que ellos son los culpables de todo. La clase política se desliga hábil y malignamente de cualquier responsabilidad política, social, económica y, también, histórica, sin olvidar su participación en el paramilitarismo que en Colombia comenzó con otros nombres desde los albores de esta guerra. En otras palabras y

Foto: regioncaribe.org

Dos condiciones indispensables para que el proceso tenga éxito son: la previa concentración de todas las bandas que conforman las Farc en zonas seleccionadas por ambas partes y la entrega de armas. El gobierno colombiano debe responder por la logística y seguridad de esta concentración.

Sin estas dos condiciones, no puede haber firma de la paz.

Colombia hoy muestra índices de desarrollo social que dan vergüenza ante la opinión internacional.

1986 Virgilio Barco Vargas visita la sede nacional de ACORE.

1987 Carlos Lleras Restrepo, ex presidente de la República

1987 Se funda la seccional Caldas.

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de acuerdo con este pensamiento, si mañana desaparecen tanto la Fuerza Pública como la guerrilla, el conflicto desaparecería de forma milagrosa. Ante esta posición simplista que comparten la academia, la clase política y gran parte de la opinión internacional que desconoce la realidad colombiana, nos podemos preguntar: ¿Quién es el perpetrador del despojo de tierras, del desplazamiento forzado, de la organización de grupos de autodefensa y de la inequidad rampante que afecta a nuestro país?, ¿y que podemos decir de la corrupción que ha saqueado nuestras arcas durante siglos? Colombia hoy muestra índices de desarrollo social que dan vergüenza ante la opinión internacional, y tenemos fama de ser uno de los países más ricos de Latino América, pero eso es gracias a la naturaleza porque el liderazgo nacional ha fallado totalmente en la conducción del estado. Estos crímenes que acabo de enunciar no son producto de la guerra sino de la asimetría social de Colombia, causa primaria de la confrontación. A la opinión colombiana y a los militares y policías nos gustaría escuchar alguna vez una respuesta a este interrogante.

Cuando mi generación comenzó la carrera militar, encontramos que el país había cambiado su estructura de tenencia de tierras porque el tema agrario cambió por la fuerza, el asesinato y las masacres ejecutadas durante la violencia bipartidista de los años 40 y 50. Creo que esta violencia patrocinada y originada por grandes personajes nacionales que después fueron presidentes de la República y ocuparon la totalidad del poder político de Colombia fue la culpable del gran cambio que sufrió nuestra clase campesina y de la urbanización del país que hoy, de acuerdo con las últimas cifras del DANE, es del 80% de colombianos viviendo en las ciudades y solo un 20% en el campo. Estos líderes que provocaron la llamada violencia liberal–conservadora decidieron terminar la confrontación armada cuando la situación estaba fuera de control y acordaron repartirse el poder durante el llamado Frente Nacional. Pero no todo 1990 En Risaralda se funda una nueva seccional.

terminó ahí, porque en la actualidad ese mismo poder político y económico lo detentan sus epígonos. Creo que esta es la causa de la drástica reducción de la producción agrícola debido a lo cual, nuestro país paso de ser autosuficiente en alimentos a ser hoy un neto importador. Todo esto gracias a la irracional confrontación ideológica entre los grandes líderes de nuestra nación, lo que posteriormente dio inicio a lo que hoy llamamos el conflicto interno armado o simplemente la guerra interna. Para esta época, el Ejército no estaba comprometido en esa lucha, no teníamos una Policía Nacional profesional que respondiera por el orden público y el mantenimiento de la seguridad interna estaba a cargo de una policía política llamada “La Chulavita” que solo servía para cumplir los designios del gobierno de turno. Tampoco existía la guerrilla y sin embargo durante esa época se cometieron las peores masacres de nuestra historia, cuya cifra generalmente aceptada es de 300.000 muertos. Aquí cabe preguntarnos ¿Quién o quienes cometieron tantos asesinatos si para la época no existían fuerzas formalmente enfrentadas en la zona de combate, exceptuando tal vez a las llamadas guerrillas del Llano, que muy pronto se desmovilizaron? También serían válidas las preguntas: ¿Cuáles fueron los actores del conflicto en esa terrible confrontación? ¿Por qué en la actualidad se tiende a creer y se ha vendido la idea de que esta confrontación colombiana es producida por la fuerza pública y en algunos casos por la guerrilla? Pero la historia nos enseña que sus raíces están en otros frentes del poder nacional. Mi conclusión en este primer punto es que el conflicto armado colombiano no puede reducirse a la simple confrontación de soldados y guerrilleros porque es muy amplia la participación de casi todos los sectores sociales del país por diferentes razones, bien sean económicas, políticas o sociales. Entrando al caso de hoy que se refiere al postconflicto, quisiera iniciar con tres preguntas. La primera es: ¿cuál es la cantidad de conflicto que se va a desactivar en Colombia en caso de que las

1991 El periodo presidencial en ACORE se amplía a dos años.

1994 ACORE adopta su actual escudo.

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la República mientras otros frentes del poder nacional han fallado lamentablemente en la mayoría de los puntos que se requieren para que una Nación funcione; esa es la razón por la cual la construcción social nos preocupa tanto, porque ella no será posible si no hay un cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas y el país no sigue observando el creciente y lamentable fenómeno de la mala política y de su hija directa, la corrupción. La solución está de manera excluyente en manos de los líderes que manejan las instituciones del Estado.

No podemos olvidar a nuestros vecinos que como Venezuela y Nicaragua, siempre serán hipótesis de guerra que deben ser analizadas de manera permanente.

Farc decidan acogerse a la vida legal? En segundo lugar nos preguntamos: ¿qué amenazas para la seguridad nacional quedan vigentes y que representan un verdadero peligro tanto para la población como los recursos naturales y las instituciones? Finalmente el interrogante básico para mi es ¿cuál es el estado de la construcción social que tiene Colombia para afrontar el postconflicto que debe tener como ya se dijo una alta dosis de tolerancia, perdón y olvido? ¿Estamos los colombianos en capacidad de perdonar y de entrar a la convivencia y el estado colombiano tiene la capacidad para liderar esa reconciliación? Lo que nos debe preocupar hoy es el crucial aspecto de la seguridad ciudadana, porque de ella dependen las demás estructuras de la Nación tales como la producción, la economía, el comportamiento social, las relaciones internacionales y muchas otras variables que nos deben configurar en el futuro como un Estado viable. Nuestra generación empezó su vida bajo el combate y la confrontación descrita en párrafos anteriores y mal que bien la Fuerza Pública ha sostenido el armazón de

Entonces, el postconflicto y las tres preguntas formuladas anteriormente, que se refieren a la cantidad de conflicto que se va a desactivar, a las amenazas que seguirán vigentes, y a la calidad de nuestra construcción social para afrontar el postconflicto, ¿nos permitirán una vez se firmen los acuerdos con las Farc vivir una vida más tranquila y producir más? Lo que observamos hoy en la vida nacional reflejada en los medios de comunicación es una completa inseguridad ciudadana, representada en las ciudades por la intolerancia, la violencia intrafamiliar, los asaltos a bancos, almacenes, buses, residencias, el tráfico humano, el narcotráfico, las violaciones a mujeres, inclusive en los buses y de más actos que perturban la vida social ¿Tienen algo que ver con el combate armado que se conduce en las áreas rurales del país? Por eso es bueno repetir: no está bien creer que si se firma un acuerdo con las Farc en la Habana, vamos a lograr la paz para Colombia. El último informe del Instituto de Medicina Legal sobre la violencia y la inseguridad de Colombia, nos permite deducir que de los 25.225 casos por muertes violentas reportadas en el país en el 2014, solo el 10% corresponde al conflicto entre los grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad. Habría que averiguar si ese 90% restante va a desaparecer en el caso de que se firmen los acuerdos de La Habana. Se requiere una acción del Estado mucho más profunda para que nuestra Nación alcance términos más tolerables en materia de seguridad y las decisiones deben llevar a soluciones integrales y de largo plazo. Todo esto nos permite, a mi juicio, adelantar una conclusión inicial que parece simple pero que no es entendida por grandes sectores de la Nación y por la casi totalidad de la academia, que consiste en que el llamado conflicto colombiano no es producto simplemente de la confrontación activa entre

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la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales. Aparentemente es así por la visibilidad de los combates y las bajas, producto de los mismos, pero hay otros factores mucho más delicados que aceleran el conflicto, algunos de los cuales son muy graves y casi insolubles como son el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la corrupción, el crimen organizado y muchos otros que por más que desaparezcan los agentes armados no nos van a dejar vivir en paz. Por esta razón, debemos decir que las soluciones al conflicto deben ser integrales y de largo plazo. Para ilustrar un poco el caso de las amenazas que siguen vigentes podemos citar a las bandas armadas criminales o Bacrim que, en colaboración con la narcoguerrilla, se ha apoderado de los tráficos, constituyendo así el llamado crimen organizado. Un ejemplo que ilustra el problema es la minería ilegal, particularmente el oro que les deja grandes ganan-

cias, especialmente en el área geográfica comprendida entre los ríos Cauca y Magdalena, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos de nuestro país cuya explotación es en gran medida ilegal. Este tráfico no solo afecta la tranquilidad pública y la seguridad de la región sino que daña de manera irreversible al medio ambiente, porque el mercurio utilizado en la producción contamina las corrientes de agua que abastecen a las poblaciones de la región, que son muchas, porque es un área grande sino que además esas corrientes finalmente terminan en los ríos Cauca y Magdalena, donde no solo envenenan las aguas para uso humano sino que están acabando con la pesca, base fundamental de la economía de esa región. Hoy, el oro colombiano es manejado en gran proporción por esas bandas criminales en detrimento de las artesanías como la joyería de Mompox y la economía de un número creciente de población. Foto: Ingenieros Militares de Colombia

Las Fuerzas Militares son ideales como agentes de consolidación; porque lo único que tiene el estado para el postconflicto son las Fuerzas Militares. 1995

1994 Se organiza el comité consultivo de ACORE, conformado por los expresidente de la Asociación.

Primer encuentro binacional en Cúcuta y San Cristóbal.

Se establece la cuota destinada a la defensa de derechos de los asociados.

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Pero las Bacrim no solo se apoderaron de la minería ilegal, que según los últimos cálculos ya supera en beneficios y bajos riesgos al narcotráfico, sino que también controlan el tráfico de gasolina, el tráfico humano, el contrabando y muchos otros crímenes. ¿Cuánto nos tomará un postconflicto? Un postconflicto debe tomar generaciones para que comience a producir resultados visibles. Todavía hay postconflicto en Estados Unidos por la Guerra Civil, que este año se están conmemorando 150 años de su final y de la muerte del presidente Lincoln por culpa de la misma guerra. Todavía hay estados en el sur que usan la bandera confederada, el himno y la música relativa a la confederación; varias personas tienen en su placa del carro la bandera del sur. En las emisoras del Sur suena música confederada relacionada con la guerra. Hablaba con un ciudadano de Texas que está dolido porque no han podido ganar la demanda para el uso de la bandera confederada en la placa del carro y me dijo “es que tenemos una población negra muy grande y una población mexicana muy grande y ellos se oponen a que ganemos esto”. Hay efectos del postconflicto todavía 150 años después. Un artículo que salió en el New York Times hace como un mes, habla de los efectos ambientales de esa guerra que nunca podrán ser arreglados, calculan en cuatro millones de hectáreas dañadas por los bombardeos y los efectos que produce la guerra. Si esto es así en una nación tan desarrollada como los Estados Unidos, ¿Qué podemos esperar de nuestro postconflicto, donde se calculan unos diez millones de hectáreas laborables expoliadas a sus dueños ancestrales y una cifra igual de personas desplazadas por la fuerza que viven hacinadas en el ambiente hostil de las ciudades. Y qué decir de los cientos de miles de hectáreas taladas para la siembra de coca y amapola que son un daño irreversible al medio ambiente hoy que esta tan de moda esta materia. Ya dije que si se firma un acuerdo en La Habana será cese al fuego y en lo posible –ojalá que venga rápido– un cese de hostilidades. Si esto sucede, yo creo que ya pudiéramos pensar en vivir bien, porque ya podríamos trabajar, la gente del campo manejar sus fincas, las empresas se pueden establecer en Colombia, aumentar la inversión interna y externa y en términos generales incrementar la producción y el nivel de vida de los colombianos,

que hoy es uno de los más bajos de América Latina. No debemos olvidar que el sector empresarial es de los más afectados por que la ha tocado trabajar y producir en medio del secuestro, la extorsión, el desplazamiento, el asesinato y miles de amenazas más que son la causa de que nuestra competitividad y capacidad de producción, sean inferiores a las capacidades de los empresarios. Para todo lo que he expresado en este foro, me baso en el artículo segundo de la Constitución Nacional que contiene los Fines Esenciales del Estado, y le asigna a la Fuerza Pública unas misiones básicas para el sostenimiento y la conservación de la república. En el Congreso Nacional se hacen debates sobre que van a hacer con las Fuerzas Militares durante el postconflicto como si la Nación fuera a entrar en una paz única en el mundo. Ya se expresó anteriormente cuáles serán las amenazas internas que siguen vigentes y no podemos olvidar a nuestros vecinos que como Venezuela y Nicaragua, siempre serán hipótesis de guerra que deben ser analizadas de manera permanente, en especial Venezuela, que no oculta su permanente actitud agresiva hacia Colombia ya que la única forma como Maduro puede sostenerse en el poder, es inventando amenazas foráneas pero totalmente enfocado en Colombia. El cierre de la frontera y los abusos contra la población colombiana, son solo una vía que Maduro usa para desviar la atención interna de los gravísimos problemas que allá lo acosan y que, a la postre, van a acabar con su gobierno. La integridad territorial es función de las Fuerzas Militares; ¿quién más puede garantizar la independencia nacional? A renglón seguido, siguiendo el tema de los fines esenciales, encontramos el de servir a la comunidad. Este es vital porque en muchas regiones de Colombia donde no hay presencia del Estado, la única entidad que puede apoyar a la comunidad es la Fuerza Pública. Esto demanda muchos esfuerzos y recursos tanto humanos como materiales y financieros, y como ejemplo podemos citar lo ocurrido en Salgar, Antioquia, que fue afectado por una creciente. Todos vimos los helicópteros, a la Fuerza Aérea, a los ingenieros militares que hicieron el acueducto y mejoraron el paso del río y además dieron seguridad. Eso es servir a la comunidad, ahí están los soldados y policías desplegados por todas las carreteras, en los desastres, trasladando

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abastecimientos a una región aislada y ayudando a la seguridad para que la gente se pueda alimentar. Ese es el primero, o sea servir a la comunidad, pero son muchos los fines esenciales del Estado que nos dan razón de ser y que nadie puede estar diciendo ¿qué vamos a hacer con las Fuerzas Militares?, ¡está en la Constitución, artículo segundo! La nación colombiana requiere frecuentemente la presencia de la Fuerza Pública, y sin embargo la academia, la política y parte de los medios de comunicación se viven preguntando ¿y que vamos a hacer con la Fuerza Pública después de firmados los acuerdos de paz?

Con el ambiente que hay de paz, prosperidad y tranquilidad, se dice que tan pronto se firme el proceso de paz, el país va a crecer unos dos puntos más del PIB. En las secciones económicas de los diarios dicen que no somos competitivos para crecer, que la industria prefiere a otros países porque la cantidad de requisitos que hay en Colombia son grandes y que las utilidades no son tan atractivas porque no somos competitivos, porque los costos en Colombia son muy altos para producir por ejemplo, un zapato. Dice El Tiempo –que no es un periódico de oposición–, que los costos de energía en Colombia, que los costos de transporte, la dificultad para transportar los productos a los puertos es tan grande, que por esta razón Colombia no es tan competitiva. Estados Unidos después de la guerra trasladó sus polos de desarrollo a las costas, desarrolló sus puertos y abrió otros nuevos y por eso es que Miami no es el mismo de los setenta ni los sesenta; es un monstruo de comercio exterior. Y así son San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Houston y otros. Sacaron su capacidad productiva del interior y la trajeron donde se necesitaba. Colombia cada día concentra más su capacidad productiva en el interior y por eso traer un contenedor desde Cartagena o Buenaventura, vale más en tiempo y en dólares que traer ese mismo contenedor desde cualquier país hasta uno de nuestros puertos. Hace 200 años recibimos tres puertos de los españoles. Fue la herencia que nos dejó la metrópolis: Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. ¿Cuántos puertos tiene Colombia hoy? Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. Tenemos tres puertos, ¿cómo es posible que en 200 años de vida republicana, con 3.000 kilómetros de litoral y en una posición geográfica ideal, Colombia no haya hecho un puerto

más? ¿Qué podemos decir de los ferrocarriles que son la columna vertebral del transporte interno de carga pesada y pasajeros en cualquier país? Hace 70 años teníamos una red amplia que cubría gran parte del territorio nacional y, por lo menos, los puertos estaban conectados, pero los intereses privados y la presión de los transportadores terrestres acabaron con ese gran recurso nacional. Cualquiera de nosotros puede preguntarse ¿qué tienen que ver los puertos, los ferrocarriles y las carreteras con la seguridad nacional? La respuesta depende de cada uno. ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Militares en el postconflicto? Ya lo dije, primero, seguir combatiendo las amenazas que van a crecer; se presentara una mutación en los sistemas de violencia, no solo contra la Fuerza Pública que está preparada para enfrentarlos, sino contra la población, los recursos y las instituciones. Las Fuerzas Militares son ideales como agentes de consolidación; porque lo único que tiene el Estado para el postconflicto son las Fuerzas Militares: ellas son bien recibidas en los pueblos, son apoyadas por la población, pueden hacer cosas que la empresa civil no puede hacer, pueden hacer carreteras, puentes y otras obras en áreas de difícil acceso, que garantizan al estado colombiano la presencia y la ejecución de proyectos en todo el territorio nacional. Imagínense un mapa de Colombia. Párense en Barranquilla y caminen todas las fronteras de nuestro país y den la vuelta hasta llegar otra vez a Barranquilla, o sea el perímetro de Colombia. Tendrán que caminar 6.000 kilómetros. De esos ¿cuántos calculan ustedes que no están protegidos? Ese perímetro de la costa pacífica, de la frontera con Venezuela, el río Orinoco, ¿ese trayecto, quién lo cuida? Son las fronteras. El espacio aéreo de Colombia está abierto al mundo. La red de radares y de vigilancia y detección aérea o no existe o no está totalmente conectada con los aviones de combate para reaccionar en cualquier momento y salir a interceptar el avión intruso. No es suficiente para el territorio. Puedo asegurarle a este auditorio, en su mayoría militar, que nuestras fronteras y los espacios marítimos y aéreos tienen una protección mínima, y por esta razón el estado colombiano no puede cumplir con los fines esenciales ordenados por la Constitución y tampoco para garantizarle un tolerable margen de seguridad a la Nación. Así que no hay que aceptar el irresponsable argumento de esa minoría, en el

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FOTO: fac.mil.co

El espacio aéreo de Colombia está abierto al mundo. La red de radares y de vigilancia y detección aérea o no existe o no está totalmente conectada con los aviones de combate para reaccionar en cualquier momento y salir a interceptar el avión intruso

sentido de que una vez firmados los acuerdos de La Habana, hay que reducir a las Fuerzas Militares. En el postconflicto tendremos que reforzar la Fuerza Aérea, la red de radares de vigilancia, los aviones interceptores y que Colombia por primera vez sienta alguna seguridad en su espacio aéreo. 1995 Segundo encuentro binacional en Pasto y en Quito.

1996 Se funda la seccional Huila.

Y ¿qué tal el espacio marítimo? El espacio marítimo no está controlado porque no hay una fuerza naval suficiente y tanto por el Caribe como por el Pacifico se produce todo el crimen estratégico que nos afecta, como el tráfico de armas, el narcotráfico y todos los tráficos en general. Hay que reforzar el cuerpo de guarda costas para que vigilen nuestros 1998 Nace el Departamento de Comunicaciones y se adquiere el primer equipo de cómputo.

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litorales, las fuerzas navales deben recibir un mayor impulso, lo mismo que la infantería de marina que responde por la seguridad entre otras, de 12.000 kilómetros de ríos navegables en todo el territorio nacional. Lo resta es muchísimo trabajo. Primero cuidar las fronteras; segundo cuidar los espacios terrestres del país, muchos de los cuales no tienen protección militar ni autoridad civil; tercero cuidar los espacios aéreos, mejorar la red de vigilancia aérea y aviones interceptores; cuidar los espacios marítimos, que nos han ido quitando. Algún día entenderemos que el mundo no se mira ni se gobierna desde Bogotá. Los últimos acontecimientos ocurridos en la región de Cúcuta, zona vital de la frontera Colombo-Venezolana con la expulsión de miles de ciudadanos colombianos, así como lo sucedido en la reunión de la OEA, nos señalan que Colombia debe tener una actitud geopolítica más clara y pensar más en términos globales. Por ahora nuestra visión del mundo es muy provinciana y decimonónica.

Nos queda solo por analizar el componente más importante de lo que llamamos Estado, y que no es otro que la nación colombiana. Nuestra población constituye la verdadera razón de ser de la República y por esto debemos pensar cómo vamos a mejorar su seguridad en los tiempos por venir, o sea la seguridad ciudadana, especialmente la vida, la honra y el patrimonio de los colombianos. Para esta misión vital, todos los países tienen una Policía Nacional. No podemos pensar en reducir esta institución ni en debilitarla, porque en la etapa que llamamos postconflicto es cuando los colombianos vamos a necesitar más protección, ya que los miles de desmovilizados tomarán caminos hacia las ciudades y puede suceder lo de las autodefensas que se convirtieron en bandas criminales. La policía tiene que regresar a las ciudades para estar más cerca de la gente, aumentar su tecnología, la inteligencia, la capacidad de investigación criminal y demás especialidades que la conviertan en el verdadero brazo protector de nuestra población. De la misma manera, se debe mejorar su capacidad de reacción para hacer presencia cuando se presenten señales de alerta o de peligro. Quiero terminar con esto. Ustedes saben que Colombia es el único país de la tierra que no tiene una ley de defensa y seguridad nacional y ésta no le toca a las fuerzas militares, le toca a la política porque la

política de defensa no la damos nosotros, la política de seguridad la da el Estado. Ante esto podemos preguntarnos, ¿en qué marco legal se encuentran: la actitud estratégica nacional, el concepto estratégico nacional, las amenazas a nuestra seguridad, la definición y seguridad de nuestras fronteras, los objetivos nacionales de seguridad, las misiones específicas para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional? Y si no tenemos este marco legal que se llama Ley de Defensa y Seguridad Nacional, ¿de dónde salen entonces los frecuentes documentos, directivas y disposiciones de las cortes, el Congreso y el Gobierno dándole misiones o recortándole capacidades a la Fuerza Pública? ¿No será esto un peligroso ejercicio de improvisación? ¿Está bien improvisar con la seguridad nacional? ¿No será por esto que Colombia es el único país de América que todavía sufre un conflicto interno, asimétrico y degradado? Pero regresando al postconflicto y suponiendo que las Farc se van a desmovilizar en su totalidad, el país teme que sus cabecillas van a recibir puestos en el alto gobierno, en el Congreso y en el servicio exterior. En otras palabras que en poco tiempo estarán gobernando a nuestra República, como sucede en gran parte de los países de América Latina. No creo que aquí suceda lo mismo, porque la Nación no los quiere mucho. Por ahora es imposible pensar en un cabecilla guerrillero ocupando un cargo de nivel nacional Para mi concepto, el postconflicto será territorial y el juego político entre el Estado y la guerrilla desmovilizada, se llevará a cabo en regiones donde la legalidad oficial casi no tiene presencia, y para eso no estamos preparados. Por esta razón expresé antes que las Fuerzas Militares son vitales para el postconflicto. La guerrilla desmovilizada aspirará al control territorial y buscará en las próximas elecciones o en las siguientes el mayor número de alcaldías posibles, para de esta forma ir consolidando su presencia en el territorio nacional, pero ya de manera legal. La Fuerza Publica perfectamente puede ocupar estos territorios si se aumenta su pie de fuerza como parte del esfuerzo nacional para el postconflicto, pero ¿qué podemos esperar del resto del Estado? ¿Llegaran las escuelas, los hospitales, las redes eléctricas, los jueces, las maestras, las carreteras y demás factores de desarrollo a todo el territorio nacional? Esto es vital para la paz y debe ser la finalidad fundamental del Estado colombiano, no solo del Gobierno.

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Realidades y avances de La Habana

¿Cómo va el proceso de paz con las Farc? L El Gobierno aspira que las negociaciones de La Habana le pongan fin al conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

Geraldine Méndez Hernández

os ciudadanos del común piensan que la paz en Colombia se alcanzará con la firma de un acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. Nada más equivocado, pues la paz efectiva en el país podría tardar más de dos décadas –en el mejor de los casos– y para alcanzarla es necesario reducir a su mínima expresión otros factores y agentes generadores de violencia, verbo y gracia, el ELN, el narcotráfico y las bandas criminales. El propósito del proceso de paz con las Farc es entonces la terminación del conflicto con este grupo armado al margen de la ley, para así comenzar una fase de construcción de paz. Desde esta perspectiva, pecan de inocentes quienes piensan que el país amanecerá en paz al siguiente día de la firma del acuerdo final.

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En este orden de ideas, este artículo tiene un carácter meramente informativo, para lo cual ilustrará a los lectores de la revista ACORE sobre el estado del arte del proceso de negociación que se adelanta en La Habana, sin mayores análisis, comentarios u opiniones. La mesa La sede principal de la mesa es La Habana, Cuba, pero se estableció que esta se podrá reunir en otros países. En las sesiones de la mesa pueden participar hasta diez personas por delegación, de las cuales cinco pueden tener el carácter de plenipotenciarios que llevarán la respectiva vocería de cada una de las partes.

La mesa se reúne en períodos que se denominan “ciclos de conversaciones”, con una duración de 11 días cada uno, si bien este período puede ser ampliado o reducido para atender a situaciones coyunturales a petición expresa de cualquiera de las dos delegaciones. En el lapso que transcurre entre ciclo y ciclo, el Gobierno y las Farc definen las necesidades de reuniones y consultas internas para la preparación de los puntos que se discuten.

nidos esa agenda para lograr el acuerdo final. Solo terminará hasta el día, aún incierto, en que se firme este documento, si bien el presidente Santos fijó como fecha límite el 23 de marzo de 2016. Esta fase establece reglas primordiales para la negociación: no hay despejes de territorio, tampoco cese de operaciones militares y las conversaciones se realizan bajo el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. La tercera fase, llamada construcción de paz, se llevará a cabo tras la firma del acuerdo final. Se afirma que la paz de Colombia será territorial para que “participen los ciudadanos y las comunidades en torno a su construcción”. También que impactará positivamente el derechos de las víctimas y tendrá que asegurar garantías para todos los colombianos. ¿Qué se ha negociado? Hasta la fecha, el Gobierno y las Farc han llegado a acuerdos concretos en relación con la política agraria, la participación política y el problema de las drogas ilícitas.

El proceso fue planeado en tres fases. La primera, denominada exploratoria, estableció las condiciones y el intercambio de visiones sobre la terminación del conflicto con el fin de realizar las conversaciones. Terminó el 26 de agosto de 2012 con la firma en La Habana del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El 21 de junio de 2013 se dieron a conocer los avances en el primer punto del acuerdo general. El documento, titulado Hacia un campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI), plantea la necesidad de mejorar las condiciones sociales del campo colombiano a través de la implementación de políticas de asociatividad solidaria y ejecución de proyectos como las zonas de reserva campesina.

Este documento plantea una agenda concreta alrededor de seis puntos para ponerle fin al conflicto: 1. Política de desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.

Asimismo, busca la disminución en un 50 por ciento de la pobreza en un plazo de máximo diez años. Esta reforma se centra principalmente en cuatro pilares:

La segunda fase (fin del conflicto) ocurre hoy en Cuba. En su ejecución se está dotando de conte1998 ACORE integra las mesas de trabajo por la paz.

1998 Nace la tertulia cultural de ACORE.

•

Acceso y uso integral de la tierra.

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Planes nacionales para la RRI, orientados a temas de infraestructura, bienes y servicios sociales y estímulos a la economía familiar. 2001 Nace la página web.

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Sistema de seguridad alimentaria.

ta sobre tres pilares:

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Programas de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET), que buscan implementar planes nacionales con mayor celeridad y recursos en unos territorios priorizados.

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Nueva apertura democrática: promoverá la inclusión política y permitirá el surgimiento de nuevas voces y proyectos políticos para enriquecer el debate.

Para su implementación, la RRI requiere de la participación activa de las comunidades y las autoridades locales en la planeación y ejecución, teniendo en cuenta un enfoque territorial que aglutine las particularidades de cada territorio y población.

•

Mayor participación ciudadana: construyendo la paz en los territorios desde el fortalecimiento de los mecanismos de participación.

•

Rompimiento del vínculo entre política y armas: se trata de dignificar y proteger el ejercicio de la política como pilar de la construcción de paz, impidiendo el uso de las armas para la promoción de alguna causa política.

Los avances del segundo acuerdo –Participación política: Apertura democrática para construir la paz– fueron conocidos por los colombianos el 8 de diciembre de 2013. En este documento se plantea una apertura democrática fundada en la integración y pluralización social y política, a fin de garantizar la democratización de las ideas y grupos sociales. Igualmente plantea el diseño de un mecanismo de seguridad que garantice los derechos de participación de las organizaciones y movimientos que resulten de un escenario de posconflicto. Se sopor-

Este acuerdo busca generar las garantías para quienes han dejado las armas, ya que la esencia de cualquier proceso de paz es facilitar el tránsito de un grupo armado a un movimiento político en democracia. Finalmente, los avances del tercer acuerdo (dado a conocer el 16 de mayo de 2014) se enfocan en

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solucionar el problema de las drogas ilícitas, consideradas como el combustible del conflicto y principal fuente de financiación de las Farc. El texto de este documento establece el compromiso por parte del Gobierno y las Farc para poner fin a un problema que es transnacional, para lo cual se formulan tres planteamientos claves –que además pretenden proteger las zonas ancestrales y el tratamiento que estos grupos aborígenes le dan a la coca–, a saber: •

•

La sustitución de los cultivos y la transformación de las condiciones que han favorecido su permanencia en unos territorios, es la solución al problema de los cultivos de uso ilícito en la RRI. Programas de prevención del consumo y salud pública, ejerciendo la importancia que requiere en la agenda pública al problema creciente del consumo de drogas ilícitas. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, intensificando la lucha contra el narcotráfico para proteger la implementación de los acuerdos en los territorios de la amenaza del crimen organizado.

¿Qué falta por negociar? El quinto punto (víctimas) aún sigue en proceso de discusión en La Habana. Muy a a pesar de las comisiones de víctimas que han viajado a la isla, todavía la opinión pública no conoce los acuerdos a los que se ha llegado en cuanto a este espinoso tema. Cabe resaltar el decálogo de principios que se planteó como base para su discusión, el cual fue dado a conocer el 7 de junio de 2014: •

Reconocimiento de las víctimas: se pretende restablecer los derechos que fueron vulnerados, más allá de su reconocimiento como víctimas.

•

Reconocimiento de responsabilidad.

•

La satisfacción de los derechos de las víctimas, estableciendo que los derechos de las víctimas no son negociables.

•

Participación de las víctimas.

•

Esclarecimiento de la verdad y reconocimiento ante toda la sociedad.

•

Reparación de las víctimas.

•

Garantías de protección y seguridad: establece las garantías a la vida y la integralidad de los derechos básicos para las víctimas.

•

Garantías de no repetición.

•

Reconciliación.

•

Enfoque de derechos: tiene el propósito de proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos.

El cuarto punto de la agenda (fin del conflicto) está menos avanzado que el quinto. Ambas partes han conformado equipos técnicos para analizar este y otros temas conexos como la dejación de armas y el cese al fuego bilateral. Verbigracia, el pasado 4 de junio las partes manifestaron haber llegado a un acuerdo para la creación de la “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, cuya vigencia iniciará una vez se firme el acuerdo final. Este importante anuncio se realizó al cierre del ciclo 37 de los diálogos de paz. Cuatro meses después (23 de septiembre), el Gobierno y las Farc notificaron al país el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz, alcanzado en el marco del punto número cinco de la agenda. El anuncio desató en el país una polémica nunca antes vista en otros momentos del proceso. Ese día, el presidente Santos también anunció que en un plazo máximo de seis meses se firmaría el acuerdo final del proceso de paz. Aún es incierto el futuro del proceso de paz en La Habana y mucho lo que ambas partes tienen que develar a los colombianos sobre lo acordado y lo que está pendiente por acordar. Solo el tiempo dirá si las energías invertidas por los equipos negociadores y la paciencia de los colombianos, rindieron verdaderos frutos.

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El papel de la prensa en tiempos de negociación de paz E

l cubrimiento de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana terminó poniendo en el paredón de los acusados a los medios de comunicación, que se han visto desbordados no sólo por los hechos —muchos de los cuales ignoran— sino por los serios reparos que provienen de una opinión pública cada día más desconcertada.

Óscar Montes @leydelmontes

*Oscar Montes, escritor y periodista. Columnista de El Heraldo de Barranquilla; autor de la página de análisis e investigación La Ley del Montes; coautor del libro Diario íntimo de un fracaso, historia no contada del proceso de paz con las Farc, editorial Planeta; Diomedes Díaz, vivir más no pude, editorial Planeta. Ha sido jefe de redacción y editor general de El Heraldo; jefe de redacción de la Revista Cambio; editor político de Semana; editor político de El Espectador; editor general de Cromos, asesor editorial de El Nuevo Siglo y redactor de El Tiempo.

Para un periodista cubrir la paz –o su negociación– es tan difícil como cubrir la guerra. Y no siempre el reportero cuenta con las herramientas, la preparación y el valor para cumplir con idoneidad ese papel. Las herramientas son cada día más escasas, pese a los adelantos tecnológicos que hoy invaden las salas de redacción. Me refiero a las herramientas suministradas por el medio de comunicación, empezando por el desplazamiento del periodista al lugar de los hechos, en este caso La Habana, donde

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FOTO: nuevotiempo.org

sólo han ido los reporteros invitados por las Farc o trasladados por el Gobierno. Unos y otros nos cuentan, obviamente, la mitad de la historia.

deres sindicales. Unos y otros deben ser abordados con coraje por parte de los reporteros a la hora de cubrir un proceso de negociación de paz.

La preparación del reportero tiene que ver con su conocimiento del tema, que en el caso de los diálogos de La Habana no es nada distinto a un proceso de negociación, que tiene unos antecedentes y que también tendrá unas consecuencias. Es decir, se trata de un asunto muy complejo que va mucho más allá de las simples declaraciones de rigor de los protagonistas, muchas de las cuales son presentadas sin ningún tipo de contextualización.

Un veterano periodista decía a sus alumnos que el mejor reportero es aquel que tiene el valor de preguntarle a la viuda —delante del cadáver de su esposo, muerto a tiros— si fue ella la que accionó el gatillo. Ella —probablemente— negará su participación en el crimen. Pero la obligación del reportero no es otra que la de indagar sobre la presunta responsabilidad de la viuda en los hechos.

Y en cuanto al valor del reportero, se refiere al coraje y a la audacia para abordar con los protagonistas de la negociación distintos temas, aún los más escabrosos, que en el caso de las Farc tiene que ver con asesinatos, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, narcotráfico, siembra de minas antipersonales y una larga lista de etcéteras. Y en el caso del Gobierno, los mismos pasan por la responsabilidad del Estado en las prácticas criminales de algunos miembros de la Fuerza Pública en contra de defensores de derechos humanos o lí-

De modo que en los diálogos de La Habana es apenas natural que si el periodista tiene la oportunidad de preguntar sobre asuntos delicados, tanto al Gobierno como a las Farc, aproveche la ocasión para hacerlo. Y hacerlo con propiedad y conocimiento de la materia, porque si no es así simplemente corre el riesgo de ser utilizado como “correa de transmisión” por las partes interesadas. Las entrevistas “exclusivas” concedidas por los jefes guerrilleros tienen la seria limitación de que, más que entrevistas de abierta confrontación, se

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trata de simples declaraciones oficiales a comunicadores “amigos de la negociación” en las que las contra preguntas brillan por su ausencia. Igual sucede con los periodistas — o directores de medios de comunicación— que han ido a la isla caribeña invitados por la delegación del Gobierno, quienes se han limitado a contar la versión gubernamental de los diálogos. ¿Por qué cubrir las negociaciones con las Farc —o con cualquier otro grupo al margen de la Ley— es una de las tareas más complejas para un periodista? Porque la verdad —que es la razón de ser de este oficio— está sujeta a múltiples interpretaciones. Las tomas a las bases del Ejército por parte de las Farc, por ejemplo, que son una de las grandes tragedias en la historia reciente de nuestras Fuerzas Militares, serán narradas de una forma por un jefe de las Farc y por otra bien distinta por parte de un oficial o un soldado del Ejército Nacional. La responsabilidad del reportero es acercarse a la verdad confrontando todas las versiones que hay sobre un mismo hecho. Es apenas obvio que —en el caso de las tomas guerrilleras a las bases militares— la versión de las

Farc será diametralmente opuesta a las del Ejército Nacional. El periodista no está obligado a creer una de las dos versiones: está obligado a buscar la verdad a partir de las versiones que recibe de las distintas fuentes que consulta. De ahí saldrá la información que él y el medio para el cual trabaja suministrarán a sus lectores, oyentes o televidentes. No es sano para el periodista, ni para el país, ni para el proceso, ni para las partes, contar la historia desde una sola de las orillas. No es ese un ejercicio transparente y honesto del oficio al que Albert Camus y Gabriel García Márquez llamaron —con razón— el más bello del mundo. La experiencia del cubrimiento de los diálogos del Caguán entre el Gobierno y las Farc, durante el mandato de Andrés Pastrana, dejó muy mal parados a los medios de comunicación, que —en su mayoría— cubrieron la negociación como un “show” en el que cada día aparecían las vedettes, empezando por los jefes guerrilleros, que terminaron convertidos en los protagonistas principales. La información que se entregó fue, pues, descontextualizada y en algunas oportunidades manipuladas

FOTO: ubuntu.pe

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por quienes tenían interés en contar sólo su parte de la historia y los medios de comunicación cayeron en la trampa. El “proceso” fue arrastrado por el día a día. Del show del Caguán se pasó al secretismo de La Habana. Mientras en las selvas colombianas había noticia todos los días, en La Habana sólo hay noticias cuando las partes deciden hablar ante los medios de comunicación. La información que suministran los negociadores es no sólo parcializada, sino muchas veces contradictorias. Ello —obviamente— terminó generado un “clima de incredulidad” ante la opinión pública, que terminó por afectar la confianza en el éxito de los diálogos.

2002

2004

Se realiza una exposición de pintura en la sede nacional.

ACORE organiza el seminario Fuerzas militares, medios de comunicación y conflicto armado.

Los responsables del “clima de incredulidad generalizado” no son los medios de comunicación, casi todos matriculados en la causa a favor de la negociación. La intensidad de la colaboración mediática depende no sólo de afinidades ideológicas con las partes negociadoras, sino del grado de cercanía con el Gobierno o con las Farc. Los boletines de prensa que dan cuenta del desarrollo de los diálogos de La Habana resultan muchas veces incompletos y los enviados especiales de los medios terminan haciendo informes muy similares con los “voceros autorizados” por las partes. El contexto informativo —tan importante para entender los procesos de negociación— es escaso y

El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez asiste a la ceremonia de aniversario de la Asociación.

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por esa razón la información que deben procesar los receptores de los mensajes provenientes de los medios resulta muy pesada y de difícil digestión. ¿Qué hacer ante este panorama? “Deshabanizar” los diálogos y darle el verdadero protagonismo que merecen las víctimas, que son —¡Oh paradoja!— las grandes ausentes de la mesa de negociación con las Farc. Si la negociación con las Farc no sirve para reparar a las víctimas integralmente, entonces podría decirse que las partes fracasaron en su intento por encontrar una salida política al conflicto armado interno. Las víctimas no pueden seguir marginadas de los diálogos. Y no se trata de llevar delegaciones de víctimas —tanto del Estado como de las Farc y grupos paramilitares, como ha sucedido— sino de que el “espíritu de los acuerdos” sea el de la reparación, la garantía de no repetición y la reconciliación con quienes han pagado un alto precio en medio de la guerra. Es ahí donde radica la nuez del asunto. Es ahí donde está el secreto del éxito de los diálogos de La Habana. Todo lo demás —incluyendo la dejación o la entrega de las armas por parte de las Farc— resultaría secundario siempre y cuando la negociación concluya con la reparación integral y definitiva de las víctimas de la guerra. Experiencias muy valiosas, como las que son objeto de divulgación por parte de la Fundación Víctimas Visibles —una de las más comprometidas con las víctimas de la guerra— deberían ser aprovechadas por los medios de comunicación para visibilizar y ponerle rostro al conflicto. Esa valiosa experiencia –entre muchas– debería ser aprovechada por quienes tienen la enorme responsabilidad de contarnos lo que sucede en La Habana en materia de negociación de paz del Gobierno con las Farc. La guerra no se puede seguir contando desde la visión de los victimarios, sino desde el drama de las víctimas. Detrás de cada cifra hay una tragedia fa-

2005 Fallece el secretario general de ACORE, Mayor Carlos Espinosa Arguello.

miliar, hay viudas y huérfanos, hay hogares destruidos. Y la única manera de contar esa guerra ausente de La Habana es mediante el testimonio de las víctimas. “Deshabanizar la negociación” consiste en últimas en ponerles voz y rostro a las víctimas. Si el conflicto y la negociación no han sido cubiertos de la mejor manera por los medios de comunicación, el posconflicto correrá la misma suerte. Las llamadas unidades de paz —experimento que surgió de forma incipiente con los diálogos de Tlaxcala y luego tuvo mayor presencia en las conversaciones del Caguán— siguen sin “apoderarse y empoderarse” de las salas de redacción. Las voces especializadas —con contadas excepciones— son consultadas de forma marginal y su opinión termina relegada a unos pocos párrafos o minutos. Ocurre también que algunos de estos expertos han asumido una postura parcializada con relación a los diálogos y por consiguiente su opinión está condicionada a su afinidad o animadversión con alguna de las partes negociadoras. De forma tal que casi siempre sus conceptos resultan predecibles. ¿Dónde están las voces de quienes hicieron seguimiento a procesos de negociación con organizaciones al margen de la ley en el mundo? ¿Dónde están los expertos del proceso de negociación surafricano? ¿O centroamericano? Todos ellos —claro está— con sus defectos y sus virtudes, con sus errores y sus aciertos. Esa otra visión del proceso también hace falta. Mostrar la negociación y la guerra con todas sus complejidades es el reto de los medios de comunicación. Caer en la descalificación del opositor y en la exaltación de los amigos es el recurso más fácil, pero también el más peligroso. Sobre todo si de lo que se trata es de que a la hora de hacer el balance de los diálogos, los medios de comunicación y los reporteros no sean matriculados en el equipo de quienes se rajaron al cubrir el proceso de negociación con las Farc. Ese es —ni más ni menos— el verdadero reto.

2007 Se acoge el Manual de redacción y estilo para las publicaciones de ACORE.

Las viudas se consideran como asociadas activas.

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La mirada a las víctimas no puede ser sesgada o parcial

Visibilizar a los soldados y policías víctimas del conflicto armado P

Subteniente Francisco Alejandro Chíquiza Gómez.

revio al intento de moldear algunas consideraciones, observaciones o ideas que permitan reconocer, enaltecer, visibilizar y sacar de esa extraña zona de penumbra social —la cual se intentará explicar más adelante— en la que se encuentran los soldados y policías víctimas del conflicto armado, resulta preciso advertir que las ideas, propuestas y elucubraciones plasmadas aquí, no necesariamente reflejan la posición de la institución, pues la aproximación a la situación de los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto en el presente documento, sólo pretende hacer un recorrido teórico y académico que siembre una semilla al lector, que lo impulse a iniciar esfuerzos que permitan sacar de la obscuridad esa afectación substancial

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a los derechos más íntimos de los miembros de la Fuerza Pública, en el marco del conflicto armado no internacional. Dicho lo anterior, el punto de partida será el contexto del proceso de negociación con las Farc que, eventualmente, pondrá fin a uno de los conflictos más largos que ha azotado a la sociedad colombiana y la posibilidad de un cambio en el paradigma político suscrito en 1991, con la expedición de la Constitución Política vigente; sobre la mesa se plantean ciertos derechos con estructura de principio como valores supremos, tales como la paz, la verdad, la justicia y la reparación, aspiraciones sociales, cuyo proceso de negociación pretende satisfacer en el nivel más alto posible. Entonces, el concepto de justicia transicional es de tal amplitud que bajo esa genérica denominación pueden encuadrarse experiencias y procesos muy disímiles, tanto como lo son los países y circunstancias históricas en que ellos han tenido lugar. Sin embargo, independientemente de sus particularidades, todos ellos coinciden en la búsqueda de hacer efectivos, al mayor nivel posible, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

frente a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, teniendo como límite la medida de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento de la paz social todo (Corte Constitucional, sentencia C-579/2013). Estos derechos son imperantes para que la sociedad colombiana alcance la paz estable y duradera deseada. No obstante, existe un grupo poblacional cuyo nivel de satisfacción de éstos derechos es urgente y perentorio, pues es a quienes el conflicto armado ha dejado huellas indelebles que los convierte en sujetos de especial protección; las víctimas, durante el lapso extenso del conflicto, han soportado vejámenes y afrentas, perjuicios que es menester reparar o al menos mitigar alcanzando el nivel más alto de satisfacción de los derechos a la verdad, justicia y reparación, lo que en términos del discurso jurídico, sería procurar la pretensión de corrección más alta, con el fin de garantizar la satisfacción de los valores imperantes de la sociedad, en un contexto preciso, es decir, la transición de un conflicto a la paz. Y es que las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que dejan numerosas víc-

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timas, desafían los principios de justicia y la noción de que todo aquel que sufre un perjuicio tiene derecho a ser reparado (…), ya que éstas permanecen abandonadas, sufriendo las consecuencias de las violaciones cometidas, que impactan seriamente en su calidad de vida y en su desarrollo futuro (Correa, 2014).

una vulneración masiva y sistemática de sus derechos fundamentales, dando lugar a una situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta, a unas condiciones de desigualdad y a la ausencia de condiciones mínimas de existencia, de donde se deriva la procedencia de la reparación del daño sufrido.

Corresponde entonces al Estado asumir dicho desafío, con el fin de satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto. Precisamente el alto tribunal de lo constitucional, ha destacado la conexión intrínseca existente entre el derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, los agentes de los hechos, así como el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace parte integral de la reparación de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo (Corte Constitucional, sentencia C-715/2012).

De esta manera, los parámetros fijados por el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, señalan que la reparación debe ser justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido.

En este sentido, resulta preciso advertir que, tanto la jurisprudencia doméstica como foránea, han sostenido que la condición de víctima del conflicto armado proviene de una situación fáctica de desprotección por lo que no es necesario “un título plasmado en una declaración administrativa para reclamar la protección especial o reforzada que el Estado debe otorgar” (Corte Constitucional, sentencia C-715/2012), de lo que se deriva que el reconocimiento realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uariv, en esencia, sólo establece herramientas y mecanismos que facilitan la reparación integral de las víctimas del conflicto.

Para los efectos de este estudio, se puede sintetizar que, en relación con el derecho a la justicia, éste implica la obligación de prevenir y combatir la impunidad de los hechos causantes del daño o afectación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo que de perogrullo se deriva, que hay una cuota de reparación al administrarse justicia y al esclarecerse la verdad, pero limitado a un escenario jurisdiccional, donde la controversia se restringe a los extremos de la relación sustancial, olvidando que los efectos del conflicto armado se ha irradiado a la sociedad en general, enmarañando la sustancialidad de la satisfacción de los principios o derechos a la reparación y a la verdad.

Sin embargo, no se debe olvidar que aún existe un universo de víctimas del conflicto sin reconocimiento por parte de la Unidad de Víctimas, entre ellas, varios hombres y mujeres miembros de la Fuerza Pública, es decir, que aún son invisibles dentro del imaginario colectivo institucionalizado, pese a esa innegable afrenta a sus derechos.

En relación a la reparación, la jurisprudencia, tanto nacional como internacional ha determinado que las reparaciones tienen que ser integrales y plenas, de tal manera que en lo posible se garantice la restitutio in integrum, esto es, la restitución de las víctimas al estado anterior al hecho vulneratorio, y que de no ser posible la restitución integral y plena, se deben adoptar medidas tales como indemnizaciones compensatorias. Así mismo, la reparación debe ser justa y proporcional al daño sufrido; debe reparar tanto los daños materiales

Lo anterior, inter alia, porque el conflicto armado colombiano ha generado un daño a la sociedad y a ciertas personas en concreto, desencadenando

En consecuencia, de conformidad con lo indicado en los párrafos precedentes, resulta palmaria la deuda de la sociedad colombiana con las víctimas del conflicto armado, pues ellas son las que han soportado las terribles consecuencias que éste ha dejado a su paso. Dicha deuda se puede sintetizar con la satisfacción de los derechos y valores imperantes, en el contexto transicional, de la justicia, reparación y verdad.

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como inmateriales y debe tener un carácter tanto individual como colectivo, este último referido a medidas reparatorias de carácter simbólico, constituyéndose en uno de los instrumentos idóneos por excelencia, para satisfacer el principio a la verdad, esencial para materializar la reconciliación y consolidar la paz estable y duradera pretendida por la sociedad colombiana. Respecto del derecho a la verdad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha afirmado que este implica el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer la verdad real sobre lo sucedido, a saber quiénes fueron los responsables de los atentados y violaciones de los derechos humanos y a que se investigue y divulgue públicamente la verdad sobre los hechos. De otra parte, el tribunal internacional ha resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no solo se predica respecto de las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como un todo con el fin de lograr la perpetración de la memoria histórica.

El derecho a la verdad se encuentra consagrado en los principios uno a cuatro de los dictados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar y en el derecho al buen nombre y a la imagen. Una vez observadas de manera tangencial las exigencias sustanciales para la materialización de estos principios a la verdad, justicia y reparación y sin el propósito de separar el universo de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano, resulta menester indicar que para efectos del presente documento sólo se hará referencia a la concreción de éstas aspiraciones por parte de los hombres y mujeres miembros de la Fuerza Pública que han sufrido algún daño con ocasión del conflicto armado.

2008 Se crea el servicio Viajando con Acore.

2009 Se establecen las separatas informativas.

Activación del servicio internet inalámbrico y correos masivos en la sede nacional.

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Y es que, tal como lo ha prescrito la denominada Ley 1448 de 2011 o ley de víctimas, refiriéndose a los miembros de la Fuerza Pública, la reparación se realizará en los términos que establezca el régimen especial, el cual se ha materializado de manera adecuada y oportuna por parte del sector defensa. No obstante, es aquí donde se considera que se ingresa a la zona de penumbra social, ya que la institución, pese a que hace grandes esfuerzos de reparar y visibilizar a los miembros de la Fuerza Pública y sus familias víctimas del conflicto armado y los cobija con el fin de superar el daño sufrido, la sociedad los ha mantenido en una especie de burbuja, alejando sus historias de vida y experiencias en el conflicto, las cuales podrían contribuir sustancialmente a la construcción de la memoria histórica nacional y a la satisfacción del principio valor a la verdad. Al respecto de este valor imperante, el profesor Arthur kaufmann entiende la verdad como la consideración de que el momento subjetivo en cada conocimiento procede de una fuente distinta, mientras el momento objetivo, por el contrario, procede del mismo ente. Contraponer los momentos subjetivos los debilita mutuamente o los elimina; los momentos objetivos, en cambio, se remiten todos al punto de unidad del ente y se demuestran así como fundados; entonces, la teoría convergente de la verdad no es, por tanto, como la simple acumulación de opiniones subjetivas, una especie de opinión dominante, sino la ordenación de diversos conocimientos, procedentes de distintos sujetos e independientes entre sí, del mismo ente. En este sentido puede decirse, que la convergencia es no solo un medio para conocimiento de lo concreto, sino también criterio de la verdad (Kaufmann, 2014), validándose la necesidad de integrar a la memoria histórica del colectivo colombiano los momentos subjetivos y objetivos de los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río de la Fuerza Pública. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: “Sobre estas bases señala que los horrores del

2009 ACORE participa en el Primer foro sobre salud asistencial en el Capitolio Nacional.

Participación en el foro internacional Frente a socialismo siglo XXI, en Buenos Aires.

Inician los cursos de sistemas con el Coronel Máximo Barrera.

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pasado deben ser enfrentados con mecanismos concretos, cuyo objetivo primordial sea la satisfacción de los “derechos de las víctimas y la garantía de no repetición de las atrocidades” (Corte Constitucional, sentencia C-579/2013). Es por lo anterior que las víctimas, entre ellas los miembros de la Fuerza Pública que han sufrido un daño con ocasión del conflicto armado, según el profesor Llano Ángel, adquieren hoy, más allá de la verdad de su dolor, un valor ontológico y gnoseológico, pues son parte constitutiva de la realidad. Sus voces, memorias e historias tienen que ser recuperadas e incorporadas al presente, ya que sin ellas la realidad nunca será completa, nunca será verdad, confirmando la teoría de la convergencia de la verdad, propuesta por Kaufmann. De allí que sea imprescindible no sólo escuchar a todas las víctimas, sino además contar con ellas. Sólo así se podrá algún día compartir una realidad política común donde no existan víctimas ni verdugos, sino ciudadanos responsables que repudian asumir o legitimar cualquiera de los anteriores roles (Ángel, 2009).

En ese sentido, es preciso contar con las voces de los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río pertenecientes a la Fuerza Pública que han sufrido al-

gún daño a sus derechos más íntimos, con el fin de construir la memoria y la historia político-social de Colombia; ello implica la validación u oposición de narrativas construidas por otros sectores de la sociedad, edificando de manera sólida unas bases de memoria histórica única que permita al colectivo entender las causas, desarrollo y consecuencias de un conflicto armado insensible, indiferente y cruel, el cual se pretende superar, mediante la reconciliación social, es decir, reconocimiento de verdades y de diferencias; ello implica la superación de las violentas divisiones sociales, por lo que se refiere tanto al logro exitoso del imperio de la ley como a la creación o recuperación de un nivel de confianza social, de solidaridad que fomente una cultura política democrática que le permita a las personas superar esas horrendas experiencias de pérdida, violencia, injusticia, duelo y odio, y que se sientan capaces de convivir nuevamente unos con otros. Esta estrategia tiene como objeto la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, encaminada a la garantía del derecho individual de las víctimas a la verdad, así como a la satisfacción de la dimensión colectiva de este derecho, de manera que tanto las víctimas, como la sociedad en su conjunto, puedan conocer la verdad sobre los pa-

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trones y sistemas que permitieron la comisión de crímenes internacionales en el marco del conflicto armado y que todas las víctimas sean reparadas integralmente (Corte Constitucional, sentencia C-577/2014). Tal y como se ha mencionado a lo largo del presente escrito, las aspiraciones sociales a la verdad, justicia y reparación están dirigidas de manera general a la sociedad en su conjunto y puntualmente a las víctimas directas del conflicto armado, por eso la construcción de una verdad colectiva que integre todas las partes resulta necesaria para la mediación social y la satisfacción del derecho a saber; según el informe Joinet (1997), se plantea el derecho de las víctimas a conocer realmente lo que pasó y la razón por la cual ocurrió. Este derecho a saber es individual y colectivo de las víctimas de origen histórico que preserva en la memoria lo que sucedió y previene de cometer errores a futuro y evitar que las violaciones se vuelvan a repetir (Ángel, 2009). Se le otorga al Estado la responsabilidad del “deber de memoria” con el fin de prevenir posibles deformaciones de la historia y de promover el derecho a saber. En consecuencia, y apoyado en las necesarias conclusiones hechas por Jiménez Luque, se desprende que, para las estrategias de visibilización, surge la necesidad de documentar toda esa memoria de manera ordenada y elaborada. De este modo, adquieren una importancia relevante todas aquellas entidades gubernamentales y no gubernamentales, observatorios, institutos, centros de investigación, universidades, incluso el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, entre otros, que tienen como propósito documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las víctimas de los conflictos, en este caso, se precisan a los miembros de la Fuerza Pública, con el objetivo de hacer visibles a esas personas, en primer lugar, y con la aspiración final de hacer justicia y de reconciliar las sociedades en postconflicto (Luque, 2009). Al no visibilizar a nuestros hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río de la Fuerza Pública se corre el peligro de caer en la distorsión de la memoria colectiva; es decir, un sesgo de la recordación y formación falaz de la misma, dado por el olvido, la negación o la conmemoración manipulada y muy

seguramente el ocultamiento del pasado que tienen unas víctimas que contar. Y si hay un ocultamiento —incluso un simple disimulo— hay probablemente un crimen y por consiguiente una víctima o muchas, cuya ausencia en el pasado, de hacerse imagen en el presente, se vuelve mancha de éste último; marca negativa que desvaloriza imaginaria y moralmente, re victimizando a los hombres y mujeres que han ofrendado sus derechos fundamentales más íntimos y hasta sus vidas por construir, edificar y consolidar una paz estable y duradera para Colombia (García, Duarte, Jiménez Becerra y Wilches Tinjacá, 2012). De tal suerte, se convierte en imperativo categórico el compromiso de toda la sociedad colombiana —actores de la sociedad civil, entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, la academia, y todos aquellos que pretenden contribuir a la materialización de los valores imperantes a la verdad, justicia y reparación y la protección de los derechos humanos— contribuir a la visibilización y reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado, sin olvidar que los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río de la Fuerza Pública corresponden a una parte formidable de dicho universo. Por ellos, por la consolidación de la paz estable y duradera, por una verdadera reconciliación, la pretensión del presente documento es hacer una invitación a no olvidar, reconocer y, en lo posible, visibilizar a aquellos que han tenido que soportar las peores consecuencias del conflicto armado. Bibliografía ANGEL, H. L. (2009). LAS VÍCTIMAS INVISIBLES Y EL CONFLICTO EN COLOMBIA. Huygens Editorial. CORREA, C. (2014). TERRORISMO, JUSTICIA TRANSICIONAL Y GRUPOS VULNERABLES. (J. D. PORRAS, Ed.) Madrid: DYKINSON, S.L. Melendez Valdez. Corte Constitucional, C-577 (Corte Constitucional C-577/2014). Corte Constitucional, C-579 (Corte Constitucional C-579/2013). Corte Constitucional, Sentencia C-715 (Corte Constitucional C-715/2012). GARCÍA DUARTE, R., JIMENEZ BECERRA, A., & WILCHES TINJACÁ, J. (2012). LAS VÍCTIMAS ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO. Bogotá D.C.: Universidad Distrital U.D. KAUFMANN, A. (2014). LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN LA POSTMODERNIDAD. Bogotá D.C.: Temis S.A. LUQUE, T. J. (2009). El Observatorio del Conflicto. Una forma de observar la memoria de las víctimas invisibles. Huygens Editorial.

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Así se libró la batalla contra la mancha que indignó a Colombia Una gigantesca mancha negra de petróleo de más de 15 kilómetros, que avanzaba por las caudalosas aguas del río Mira, en Nariño, a mediados de junio, se convirtió en testigo silente de uno de los peores desastres ambientales ocurridos en Colombia en su historia reciente.

Juan Guillermo Londoño

a mancha, que apesadumbró a los tumaqueños e indignó a la mayoría de colombianos, se produjo el 21 de junio por un atentado de la guerrilla contra un tramo del Oleoducto Trasandino (OTA) en la vereda El Pinde, municipio de Tumaco. Esta emergencia se convirtió en otro capítulo de una escalada terrorista contra la infraestructura petrolera en Putumayo, Nariño y Norte de Santander, iniciada por la guerrilla el pasado 27 de mayo, que también afectó los oleoductos San Miguel- Orito, Churuyaco-Orito y Caño Limón-Coveñas, además de otras instalaciones petroleras en la zona del Catatumbo. Y a pesar de que las válvulas se cerraron de manera automática y se suspendió el bombeo desde el

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momento en que se registró la caída de presión en el Oleoducto Trasandino, el daño ya estaba hecho: el crudo que se encontraba en su interior —con destino al puerto de Tumaco, donde sería exportado— comenzó a verterse a borbotones a la quebrada Pianulpí para llegar al río Guisa, afluente del río Mira, del cual se alimenta el acueducto de Tumaco, localizado a 55 kilómetros del sitio donde ocurrió el ataque. Pero en ese momento apenas comenzaba la emergencia. El crudo revuelto con agua, vegetación, piedras y lodo logró arribar al Océano Pacífico, principal fuente de sustento de miles de familias del suroccidente colombiano. Conteniendo un desastre Una vez se detectó la rotura, Ecopetrol puso en marcha el Plan de Contingencia, en desarrollo del cual se avisó a los consejos municipal y departamental para la gestión del riesgo de desastres. Inicialmente se instalaron cinco puntos de control para contener el derrame, uno de ellos destinado a proteger la bocatoma del acueducto y otros cuatro en las veredas Gualtal, Pinde, Llorente y Vaquerío.

Pero la fuerza de la naturaleza y las indomables aguas del río Mira, uno de los más caudalosos de la cuenca del Pacífico, hicieron que la mancha le imprimiera más velocidad a su desplazamiento, por lo cual fue necesario expandir el plan y establecer 22 puntos de control. “El problema no solo es la escasez de agua para cocinar, lavar la ropa y bañarnos, sino también lo que puede pasar en el tema sanitario, de salud pública”, dijo Diana Castillo, habitante de Tumaco. En conjunto con las autoridades locales, cuerpos de socorro y demás miembros del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, se puso en marcha todo un plan para mitigar los efectos del desabastecimiento de agua. En otro frente de trabajo, un grupo de operarios se dedicó a recolectar y disponer del crudo vertido, logrando recoger 172 toneladas de material vegetal impregnado, gracias a la instalación de más de 4.700 metros de barrera en diferentes puntos de las arterias fluviales afectadas. Para que los técnicos pudieran ingresar al sitio a reparar el tubo fue necesario desplegar un disposi-

Fue necesario gestionar apoyo del vecino país de Ecuador y de una firma internacional experta en control de derrames de este tipo, con el fin de atender la emergencia y contar con más recursos, tanto humanos como técnicos, para mitigar el eventual impacto del hidrocarburo derramado en la zona costera.

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Desde Cartagena, Coveñas y Yopal, Ecopetrol desplazó equipos de trabajo para la contención y recolección del crudo y activó protocolos internacionales para recibir apoyo especializado en atención de emergencias marinas tivo militar para asegurar la zona, en la que suelen hallarse minas antipersona y francotiradores, como sucedió en septiembre de 2014, cuando fueron asesinados dos operarios de una retroexcavadora en una reparación del oleoducto Caño Limón-Coveñas. El traslado de equipos pesados, maquinaria y las secciones de tubería suponen un gran esfuerzo logístico y de coordinación entre Ecopetrol, varias entidades del Estado y las Fuerzas Militares. En el caso específico de Tumaco, también se presentaron dificultades debido a los bloqueos por parte de algunas personas de la comunidad que no dejaron instalar las barreras. Las víctimas de los atentados Los principales damnificados con la ola de atentados han sido las comunidades y el medio ambiente, pues en lo corrido de 2015 (al cierre de esta edición), sin contar con el volumen del último atentado al OTA, se han derramado más de 50 mil barriles de crudo por cuenta de 73 ataques a la infraestructura petrolera del país, afectando ríos, humedales y tierras fértiles.

En este sentido, los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander son reconocidos por su riqueza ambiental y biodiversidad, como lo han explicado expertos del Instituto Alexander von Humboldt. Según el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, las heridas ambientales que dejó este desastre tardarán más de una década en repararse. Y si bien el impacto mayor ha sido para las comunidades y el medio ambiente, las consecuencias para Ecopetrol y Colombia comienzan a sentirse. Los recientes atentados a los oleoductos Transandino y Caño Limón-Coveñas obligaron a la empresa a retrasar el despacho de más de diez cargamentos de crudo a través de los puertos de Tumaco y Coveñas, con más de cinco millones de barriles. “Es lamentable la situación que estamos viviendo. Ecopetrol también se configura como víctima de estos actos terroristas, que afectan a las comunidades y causan daños muy graves a las fuentes hídricas y en general al medio ambiente”, puntualizó Jaime Josué Sarmiento, gerente de oleoductos de Ecopetrol y encargado de atender la emergencia.

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Caño Cristales, la Macarena-Meta Fotografía: TC Rosa María Llovera

Macarenia Clavíjera Fotografía: TC Jaime Ernesto González Neira

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Cuando el Mira se volvió negro Cinco habitantes de caseríos por donde corrió la mancha de petróleo luego de que la guerrilla volara el Oleoducto Transandino, a finales de junio, cuentan qué pasó en uno de sus más negros días. De una vida simple, de pesca y agricultura, pasaron a ser víctimas del que fue catalogado como el mayor desastre ambiental en la historia de Colombia.

Ruby Marcela Pérez J.

ada se oyó. Solo un olor fuerte hizo que Alicia Castillo, su marido Néstor Anchico y sus siete hijos se percataran de que algo estaba pasando. Serían las 4:00 a.m. cuando el brazo del río Mira que pasa por el frente de su rancho palafítico (vivienda de madera sobre el río) en el caserío de Congal, al sur de Tumaco, en Nariño, se puso más negro que la noche que estaba por terminar. La madrugada del 24 de junio, Alicia no pudo creer lo que veían sus ojos. Una nata gruesa ocupaba de lado a lado, sobre y dentro, las aguas del río de donde ella y su familia sacan jaibas cada día, algunas para comer y otras para vender, luego de un viaje de cuatro horas a Tumaco. De hecho, eso fue lo primero que pensó al salir de su aturdimiento ya casi al clarear el día: “¡Las jaibas!”. Como pudo, las sacó de una especie de corral de guadua donde las amontonan cerca de la

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orilla del río, luego de atraparlas, y corrió a pasarlas a la jaula de un vecino, pueblo adentro, para que no se las comiera el crudo.

Después se supo que serían 10 mil barriles (420 mil galones) de hidrocarburo que pasaron por Congal rumbo a Terán y de ahí al océano, tras hacer un daño aún peor: llegar a la bocatoma del acueducto de Tumaco, que se surte de las aguas del Mira; uno de los ríos más caudalosos del denominado Chocó biogeográfico, que abarca ambientalmente hablando todos los departamentos que bordean el Pacífico, desde el Tapón del Darién hasta la frontera con Ecuador. Hoy, no menos de 180 mil personas han sido afectadas por esta voladura al Oleoducto Transandino. Como éste, hasta la tregua del 20 de julio, este año han ocurrido 73 atentados de la guerrilla contra líneas de transporte. Una tragedia, muchos afectados “¡Vamos mi gente, hay que recoger!”, le oyeron gritar a Dionisio, un pescador de Congal, y más de

40 hombres, mujeres y niños de este caserío —que no supera los 200 habitantes— agarraron baldes, palanganas, ollas y lo que tuvieran cerca para intentar remover la nata negra y salvar su río. Alicia sumergía sus manos y solo alcanzaba a tocar el agua cuando la mancha pasaba del codo. “Nosotros no topábamos ninguna alternativa sino recogerlo con la mano”, cuenta esta morena pequeña, robusta, de voz dulce, brazos gruesos, manos delgadas y ojos enormes. Y las largas horas de ese 24 de junio fueron pasando así, con decenas de manos tratando de despejar su río sin que el pegote negro cediera. Luego llegó Ecopetrol y el plan de contingencia alcanzó a movilizar a casi 500 personas para recoger el crudo, del que se recuperó el 40% y se evaporó alrededor del 38%. El 15% restante se adhirió a los bosques y otro 5% se integró a los sedimentos. Veinte días después de que la nata recorriera sus aguas, se ven kilómetros de bordes negros de los manglares y algunas islas de buchón (maleza acuática) que atraparon entre su maraña todo el crudo que pudieron, como si no quisieran que llegara al

2010 En Washington, ACORE radica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el recurso jurídico Amicus Curiae.

Se publica la revista de oro.

Realización del torneo de golf Copa 50 años ACORE.

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Una mancha negra le cambió la vida a los pobladores del sur del país, quienes aún siguen esperando que los peces y las jaibas vuelvan a llenar sus mallas.

manglar. El efecto sobre estos ecosistemas aún se sigue evaluando. Ese día negro en Congal ningún niño fue al colegio. Varios días después fueron llegando graneados a estudiar. Ningún pescador bongó, no se podía conchar (atrapar conchas, también llamadas pianguas), ni conseguir pescados en el mar, ni jaibas en el río. “Todo el mundo en tierra”, recordó Alicia, quien cuenta que a un vecino que fue al río “le salieron los pescados y la malla negritos y no se los pudo comer”. La gente en Congal vive de lo que pesca y del cacao. Cuando no es cacao, “cangrejean” para el sustento y la venta, pues en Ecuador pagan a US$8 por una malla con ocho a diez cangrejos azules. Allí mismo les compran a las piangüeras el centenar de pianguas en menos de $20.000. Ellas se entierran entre el manglar, casi hasta la cintura, descalzas, a sacar este pequeño molusco, base de su alimentación y economía. En Nariño, las mujeres y los niños son los que más pianguan, mientras que los hombres pescan, cultivan y cangrejean.

En el “cuncho” de Colombia Karen Sureiya Sánchez, de 30 años, es una curtida piangüera de Terán, un caserío un poco más grande que Congal, al sur de Tumaco, ubicado cerca de la desembocadura del Mira, en el Océano Pacífico. Por día sacaba entre 50 y 200 pianguas del manglar, para vender en Ecuador. Un mes después de la voladura, “cuando el río se puso negro”, recuerda como si describiera una foto, “los pescados muertos y las gallinas comiéndose las jaibas que quedaban en la playa”. Su rancho de patas largas, como el mangle, se le ve lleno de totora (paja acuática) que seca al sol y teje para hacer esteras y petates que vende en Tumaco a los turistas, mientras vuelve la piangua. Ella dice que estos moluscos ya poco se ven, “como si los hubiera arrastrado la mancha”. “Nos dijeron que no fue un daño de la empresa. Fueron los malignos”, comentan un par de pescadores de Terán, quienes casi 20 días después del derrame no se han vuelto a embarcar en busca de

2010 Se publica la sección femenina en el periódico.

Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia, visita la sede nacional.

Se convoca la marcha de protesta de las reservas.

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pescado. Se refieren a la guerrilla, que con su atentado provocó esta tragedia. “Estamos en el cuncho de Colombia”, reflexiona uno de ellos, “solo es ahora, cuando pasan cosas como estas, que se ve gente visitando. Pero cuando no...”. El día negro lo recuerdan como una semana negra. “Vimos bajar crudo como una semana”, dice uno de ellos. Y lo siguen viendo así, porque notan que no hay peces. “Uno no agarra nada. No salimos porque para qué... se gasta gasolina”, agrega. Los dos están sentados cerca de una casa donde la Cruz Roja reunió a varios pobladores de Terán para

darles alimentos y bolsas de agua. En las casas y en algunas lanchas de Terán y Congal se ven overoles amarillos impermeables que quedaron, de los que se repartieron entre quienes recogieron el crudo y fueron contratados para agilizar las tareas de limpieza. Mirando a un tendedero con unos de esos overoles, afuera de su casa en Congal, Nicanor Marín, de 65 años, dice: “Uno mismo ni comprende lo que pasó. Uno armaba su trasmallito y cogía el pescado para parar la olla”. Esa era su vida simple antes de la llegada de la mancha. Una vida similar a la de los pescadores, Alicia o Karen, para quienes todo cambió ese negro y triste 24 de junio junto al río Mira.

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La resilencia de los manglares de Nariño Una comisión de biólogos expertos de Ecopetrol visitó los manglares del río Mira, en Nariño, para analizar el estado de los ecosistemas luego del derrame de crudo provocado por la voladura del Oleoducto Transandino, el pasado 21 de junio. La oportuna labor de recolección de crudo y atención de la emergencia, sumadas a la acción de la naturaleza, facilitan su recuperación.

Ruby Marcela Pérez J.

una hectárea de manglar se le atribuye la captura de 50 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical, de acuerdo con los expertos. Se calcula que una sola hectárea puede capturar hasta mil toneladas de gases contaminantes. Los manglares se consideran potenciadores de la resiliencia al cambio climático y solo ocupan 152 mil kilómetros cuadrados del planeta. La infinidad de pequeños “habitantes” que albergan (moluscos, camarones, peces y demás animales) son provisión de alimento y energía de la tercera parte de la población pesquera del planeta. Son la base de infinidad de cadenas alimenticias. Así lo afirma Germán Corzo, biólogo marino del Instituto Alexander von Humboldt y coordinador del proyecto Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad en zonas operativas de

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Ecopetrol, que ya ha estudiado el 70% del territorio nacional. Para Corzo, “un efecto residual acumulativo, como el de las voladuras, pone en riesgo una biodiversidad que el planeta aún desconoce”. Para el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, lo ocurrido en el río Mira por cuenta de la voladura del oleoducto puede traer consecuencias a toda la riqueza que alberga el bosque de manglar.

“Los manglares poseen adaptaciones particulares para sobrevivir en condiciones de alta salinidad y de permanente inundación. Entre ellas están los neumatóforos, que son raíces aéreas que al sobresalir del agua les permiten el intercambio de gases (semejante a los pulmones). Esta función determinante para la supervivencia de los manglares se suspendería al entrar en contacto con el crudo derramado, poniendo en peligro tanto al manglar como a las poblaciones humanas, de crustáceos, moluscos, algas y otros mamíferos y aves, dependientes de estos”, dijo Corzo en su momento. Con esos antecedentes, más los reportes diarios de la situación, una vez más Ecopetrol recogió el crudo en tiempo récord y dio el parte de limpieza del río. Sin embargo, 22 días después, una comisión ambiental recorrió la zona para hacer una evaluación ecológica rápida del estado de los manglares de Nariño que recibieron el paso de algo así como 10 mil barriles de petróleo. La valoración estuvo a cargo de Diego Luis Gil, biólogo marino, Ph.D., reconocido en el sector ambiental por haber estudiado a fondo los manglares del Pacífico colombiano durante varios años —trabajo que lo hizo merecedor del premio Alejandro Ángel Escobar—, e investigador del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP); y Fernando Delgado, biólogo marino, investigador y especialista en gestión de riesgo de Coveñas, quien integró el equipo que atendió la emergencia.

FOTO: elcampesino.co

2011 El periódico ACORE cumple 50 años.

Se realiza el foro sobre justicia penal militar.

Remodelación de la sede nacional.

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Volver a la vida De acuerdo con Gil, el primer impacto fue la llegada del crudo, con la consecuente alteración del medio. Sin embargo, la acción de las mareas, la riqueza en nitrógeno y fósforo del manglar, además de las poblaciones bacterianas activas, contribuyen a la biodegradación del hidrocarburo y favorecen la recuperación del sitio de una manera más rápida que si se tratara de un humedal en el interior del país, por ejemplo. Las mareas altas, características del Océano Pacífico, inundan los esteros y las zonas de baja mar, lo cual lleva aguas nuevas que “enjuagan” los manglares. Y cuando de nuevo el agua se va, es decir, baja, arrastra los remanentes de crudo. Esto sucede dos veces al día. En cuanto a los organismos, “no sabremos si alcanzaron a incorporar en sus tejidos el hidrocarburo. Habrá que evaluar a largo plazo”, dijo Gil. Sobre la posibilidad de que se tale el manglar que quedó impregnado con crudo, tema contemplado por algunas entidades y personas de la región, afirmó que “sería mejor permitir la recuperación natural, ya que los suelos de mangle son impermeables y el crudo que pudo quedar no penetró más de pocos centímetros, que van a terminar lavados por la marea”. La tala, en cambio, produciría graves efectos en el mediano y largo plazo a la estructura del ecosistema, de acuerdo con el experto. Para el biólogo Delgado, aunque los manglares estuvieron expuestos al contacto con el crudo cerca de una semana, los procesos de descompo-

sición y biodegradación en sitios como estos son exponenciales; es decir, que inician lentamente pero se agilizan en la medida en la que el clima, la temperatura y la humedad los apoyan. “En unos 200 días o menos, los vestigios de crudo van a ser muy difíciles de detectar”, dijo. “El efecto más dramático y más nocivo ya ocurrió. Hoy se ven hojas nuevas. Las viejas están con vestigios de crudo, claro, pero pudimos observar que especies como los cangrejos, por ejemplo, están creciendo a unas densidades aparentemente normales. Eso nos da una gran esperanza”, complementó el biólogo. A lo largo del Mira se observan las manchas de crudo en los tallos de los árboles, lo que da una especie de sombra negra sobre los bosques. Delgado dice que si bien visualmente no es agradable, las estructuras de los manglares no absorben el hidrocarburo. “Son de soporte y conducción de nutrientes, porque estas plantas asimilan a través del suelo”. Y allí, la obra la hacen diariamente las mareas. A mediano y largo plazo la naturaleza dará la respuesta. Por ahora, los manglares del Mira dan muestra de una resiliencia digna de uno de los ecosistemas más completos y ricos del planeta. Una acción de la naturaleza que se integró al trabajo de recolección y limpieza del crudo que realizó Ecopetrol, como parte de su responsabilidad ambiental y del compromiso permanente con los ecosistemas donde opera.

2012 ACORE integra la comisión asesora para la reforma de la justicia penal militar.

Inician los conversatorios en ACORE.

Reinauguración de la seccional de Antioquia.

Señor (a) Acorado (a)

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EDICIÓN No. 126

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Seguridad pública y posconflicto: nuevos paradigmas Delimitar el concepto de posconflicto

esde la perspectiva unidimensional de enfrentamiento armado, el posconflicto se puede concebir como la ausencia definitiva de una forma de confrontación armada entre el Estado (Fuerza Pública) y las guerrillas de las Farc, el ELN y el reducto del EPL, y de una forma de violencia contra la población civil y la infraestructura económica del país.

Jairo Delgado Director de análisis Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (Opeal).

Al cesar un tipo de enfrentamiento armado de carácter irregular, sobre el cual ha girado parte de la formulación de estrategias de seguridad, se considera que desaparece la amenaza de la toma del poder por la vía de las armas y, por ende, será necesario reorientar las capacidades de la Fuerza

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Pública (y en general, de los distintos operadores de seguridad) para atender el impacto de los otros factores que continuarán alterando la convivencia ciudadana. Por otro lado, la discontinuidad de las acciones terroristas de las guerrillas, principalmente contra la infraestructura petrolera y de energía eléctrica, permitirá que un amplio componente de los dispositivos militares y policiales dedicados hoy al control y prevención de estas infraestructuras, se pueda emplear en nuevas responsabilidades de seguridad. Paz y seguridad ciudadana, los retos

tores para implementar políticas y estrategias de seguridad ciudadana, en medio de la vigencia del conflicto armado interno. Sobre esa base constitucional, la Policía Nacional ha estado elaborando los planes y programas de seguridad para ir respondiendo a los fenómenos de delincuencia que afectan a los ciudadanos.

Por consiguiente, sería impreciso aseverar que por causa del conflicto armado interno, la seguridad nacional subsumió la seguridad ciudadana o la desplazó a un lugar secundario durante las últimas dos décadas en Colombia.

La Constitución Nacional de 1991 provee elementos fundamentales para elaborar un concepto de seguridad ciudadana, entre los que se cuenta “mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218 CN).

Lo que sí se debe reconocer es la emergencia de una intersección crónica entre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. La seguridad nacional bajo el concepto de protección de la soberanía, la vigencia del orden constitucional y el territorio; la seguridad ciudadana bajo el concepto de protección de las personas, frente a potenciales daños, contra su integridad física y moral, provenientes de la criminalidad.

En consecuencia, bajo este enfoque, Colombia llevaría 23 años estableciendo los principios rec-

Esa intersección produjo una zona de interacción militar-policial, dentro de la cual debieron actuar

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el restablecimiento de condiciones óptimas de seguridad”.1 Esa evolución positiva hacia una paz estable o una degradación de las condiciones de seguridad en el posconflicto, serán dos de las variables determinantes para hacer una aproximación a los nuevos paradigmas de la seguridad pública. Una amenaza intangible que tendrá que ser abordada es la del “estado de ánimo social con el posconflicto”. En la medida en que la incertidumbre y el temor con este período ocupen mayor espacio en el sentimiento ciudadano, la percepción de inseguridad puede tender a incrementarse. El reto para la Policía Nacional es la consolidación de modelos de convivencia ciudadana que se conviertan en verdaderos espacios de inclusión, respeto, tolerancia, protección y cohesión social positiva. Se tendrán que elaborar estrategias encaminadas a disminuir la relación social conflictiva, que produce diferentes manifestaciones de violencia comunitaria.

Colombia exhibe en expodefensa innovaciones militares para el posconflicto

simultáneamente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en procura de controlar fenómenos compatibles de inseguridad. Las características y la amplitud de la zona de intersección crónica de la seguridad es lo que deberá transformarse en el denominado posconflicto. “En cualquier caso, ya se trate de la terminación del conflicto por victoria militar o mediante la negociación, los escenarios postconflicto no son escenarios de paz, sino de construcción de la paz. En consecuencia, pueden evolucionar positivamente hacia la paz duradera, o por lo menos, la paz estable, o por el contrario, degradarse paulatinamente y derivar en nuevas situaciones de crisis e incluso de guerra (Lund, 1996)”. Por lo tanto, no puede equipararse la terminación del conflicto con el advenimiento de la paz ni con

Otro desafío policial está relacionado con transformar la incidencia delictiva en el deterioro de la percepción de seguridad, respondiendo únicamente con estadísticas. El clima de seguridad o el ambiente de tranquilidad ciudadana también se relaciona con la ausencia del desorden social. En este caso se requiere gobernabilidad para la seguridad ciudadana integral, en donde las administraciones locales sean capaces y eficientes para crear condiciones de esparcimiento público, de movilidad, de bienestar infantil y juvenil y de resolución de las disputas sociales de familia y vecindad previniendo que se degraden en hechos de violencia. La zona de intersección crónica de seguridad Una de las características de este lugar común de seguridad, al cual han concurrido durante las dos últimas décadas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con mayor énfasis desde 2002, en desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad democrática, es la presencia del terrorismo, el narcotráfico y el accionar violento de las bandas criminales (Bacrim). 1. Más allá del posconflicto y perpetuación de la violencia: diez ideas para una agenda de investigación. Andrés Molano Rojas, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad del Rosario, de la Academia Diplomática de San Carlos y actual Director Académico del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina – OPEAL-

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De hecho, la Política de Defensa y Seguridad Democrática definió seis amenazas entre las cuales priorizó el terrorismo y el negocio de las drogas ilícitas. A partir del 2010, en el marco de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, se dio una mayor especificidad identificando como amenazas a las Farc, el ELN y las Bacrim2.

cambios que se puedan dar en el narcotráfico y en la mutación de las Bacrim hacia estructuras con una mayor disponibilidad de experiencia delincuencial, principalmente por la inclusión de desmovilizados reincidentes o de un remanente de no desmovilizados, que surgirían del proceso de negociación de La Habana. El tercer factor lo constituirá el comportamiento que vaya adoptando la minería ilegal.

Contempladas en las dos políticas de seguridad, las cinco amenazas configuraron el escenario de actuación de la Fuerza Pública colombiana en general, durante los últimos 12 años. Una de las razones de esa confluencia es que ellas afectaban transversalmente la estabilidad nacional y la tranquilidad en el cotidiano vivir de los ciudadanos. Ahora, lo que estaría sugiriendo la llegada del posconflicto es la desaparición de las Farc, del ELN y consecuentemente del terrorismo (como está definido hoy). Con el narcotráfico y las Bacrim, no ocurriría lo mismo.

Los anteriores tres elementos se darían en el contexto de una relativa incertidumbre social, ocasionada por las expectativas y temores sobre la implementación de los acuerdos de paz, pero además por la permanencia de unas viejas realidades de inseguridad producidas por el contrabando, el pandillismo juvenil urbano, la micro distribución de estupefacientes (en barrios y áreas de influencia en centros educativos) y los corredores fronterizos del delito.

Figura I: La intersección crónica de la seguridad Zona de intersección crónica de la seguridad

Fuente: OPEAL (2014)

Seguridad nacional

Seguridad ciudadana

Por consiguiente, la zona de intersección crónica de seguridad continuaría vigente, conservando algunas características comunes para que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantengan una actuación operativa compartida y coordinada. Las amenazas entonces se reconfigurarían en principio a partir de tres factores. Por un lado, los 2. Siglas correspondientes a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y a la organización delincuencial Bandas Criminales.

2012 El General Jorge Mora Rangel es invitado a integrar el equipo negociador del Gobierno con las Farc.

Al anterior escenario debe adicionarse el cambio climático, cuyos efectos son tangibles en el país, comenzando a afectar críticamente la disponibilidad de un recurso natural vital como el del agua potable. De esta manera, tres categorías de amenazas configurarían el nuevo paradigma de seguridad pública en el posconflicto: el crimen organizado nacional y transnacional, la micro-criminalidad de la delincuencia común y la criminalidad medioambiental. La magnitud de esos tres factores estará determinada fundamentalmente por los vectores del narcotráfico, el contrabando (mercancías, alimentos, tecnología, armas, biodiversidad genética

y de especies, entre otros) y la minería ilegal.

Implicación de las amenazas

Un eventual desarmarme, desmovilización y reintegración de las Farc, el ELN y el reducto del EPL, producirá un vacío del monopolio ilícito de las armas en todas las áreas geográficas donde estos grupos guerrilleros ejercieron la hegemonía

2013 Se realiza reunión de ACORE con el Fiscal General de la Nación.

Inician los procesos de conciliación del IPC para los Asociados.

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delictual, principalmente en relación con el narcotráfico.

serán modalidades que podrían incrementarse en el posconflicto temprano.

Pero además, terminaría la forma de asociación que por intereses de rentabilidad ilegal se dio entre las Farc, el ELN, el EPL, las Bacrim y los carteles del narcotráfico, en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Norte de Santander, entre otros.

Finalmente, una “depredación medioambiental” se estaría generalizando en las zonas auríferas del país. La conformación y el accionar de “carteles del oro”, causan violencia y grave daño a distintos recursos naturales.

Entonces, saldrían del negocio criminal unos socios o enemigos (según el caso) guerrilleros, que serían reemplazados por otras estructuras delincuenciales. De esta manera puede surgir una confrontación violenta por el control del negocio ilegal de estupefacientes entre las Bacrim, los carteles de la droga y algunos ex-guerrilleros, los cuales, aprovechando la experiencia acumulada en esta clase de economía ilícita, se reorganizarán para mantener su participación en el narcotráfico. Por otro lado, la eventual desmovilización masiva de guerrilleros puede traer consigo el síndrome de reincidencia, que va a afectar con mayor grado la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que se genera una disponibilidad de “mano de obra” proveniente del mercado de la violencia.

Es necesario tener en cuenta que la minería organizada ilegal a gran escala, difiere de la minería informal aluvial, entre otros aspectos por el empleo del tipo de herramienta que se utiliza. El uso ilícito de retro-excavadoras, por ejemplo, caracteriza una clase de explotación “industrial” de las minas de oro que se regula por la fuerza de estructuras delincuenciales con gran capacidad de intimidación. En la aluvial, en cambio, se recurre a procesos artesanales por parte de pequeños mineros que tratan de desarrollar la actividad en terrenos “alquilados”, invadidos o baldíos. No obstante ambos “modelos” causan daños medioambientales y producen distintos niveles de violencia.

“A través de la creación y combinación de los índices de reincidencia directa, indirecta y vulnerabilidad al reclutamiento, se pudo establecer que el tamaño de la población plenamente reincidente es del 24%” 3.

Micro-tráfico de estupefacientes4, extorsión, toda modalidad de hurtos y los homicidios, entre otros, 3. Retorno a la ilegalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: Dimensión del fenómeno y factores de riesgo. Fundación Ideas para la Paz, 2014. 4. “Los delitos registrados por las autoridades en relación con el consumo personal y el tráfico de drogas, evaluados por separado, aumentaron en el periodo 2003 -2012, lo que se contrapone a la tendencia general a la disminución de los delitos contra la propiedad y los de carácter violento”. Resumen ejecutivo, informe mundial sobre las drogas 2014. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

2013 Remodelación de la sede de la seccional Valle.

Adquisición de la sede de la seccional Tolima.

Intervención del presidente de ACORE ante la comisión accidental del Congreso sobre fuero penal militar.

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Sala de la Memoria y la Dignidad Sargento Primero Libio José Martínez Estrada

Museo Militar de Bogotá Calle 10 No. 4- 92 Martes a domingo: 8:30 a 4:30 Teléfonos: 2812548 - 2813086

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Militares integrantes del equipo de alpinismo, en el Aconcagua en 2009

Apuntes sobre discapacidad

La inclusión, asunto de todos El concepto de discapacidad ha evolucionado en los últimos años. Su abordaje ya no se concibe dentro del manejo social del riesgo sino desde el enfoque de derechos. Así lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Comunicaciones Estratégicas Dirección General de Sanidad Militar

a Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF)1, de manera genérica, define la discapacidad como el conjunto de deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación de un individuo. En un sentido más amplio, se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (verbigracia, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).

1. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Organización Mundial de la Salud (OMS), 2001.

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Las personas con discapacidad2 son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Registro de las personas con discapacidad Registrar a las personas con discapacidad es fundamental para contribuir con una sociedad más inclusiva en la que todas y todos podamos aportar. Sin embargo, actualmente en Colombia existe un subregistro de la condición de discapacidad que no permite al Gobierno Nacional obtener la información necesaria para crear proyectos, programas y políticas acordes con las necesidades de las personas con discapacidad, que lleven al goce efectivo de sus derechos.

Desde esta perspectiva, los componentes3 que determinan la discapacidad son tres, a saber: 1. Las deficiencias. Son problemas en las estructuras y/o funciones corporales. Pedro presenta una deficiencia en sus piernas que no le permiten caminar

En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social –en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– desarrolló una estrategia de comunicaciones que busca fomentar el trato digno a las personas con discapacidad y promover su registro para construir una Colombia más inclusiva.

2. Las limitaciones en la actividad. Son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de sus actividades. Por su deficiencia física, Pedro tiene dificultad para asistir a su trabajo, toda vez que su oficina queda en un segundo piso y no cuenta con ascensor o rampa.

3. Las restricciones en la participación social. Son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. A Pedro lo invitan a celebrar el cumpleaños de un amigo, pero por la puerta del restaurante no entra su silla de ruedas. La discapacidad de Pedro ocurre y se acentúa por la relación entre estos tres componentes y las barreras actitudinales, comunicativas y físicas que se presentan en la interacción del entorno. Categorías de la discapacidad La discapacidad de un individuo se puede catalogar desde las deficiencias4, como se ilustra a continuación: Física o motora. Está relacionada con las deficiencias físicas que se encuentran en personas que presentan de forma permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, alteraciones en las articulaciones o movimientos involuntarios. 2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006. Aprobada en la Ley 1346 de 2009 por el Congreso de la República de Colombia. 3. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), Op. Cit. 4. Categoría de la variable de discapacidad. Ministerio de Salud y de Protección Social, 2008.

Las personas que tienen este tipo de deficiencias pueden presentar dificultad para caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar o manipular objetos y realizar actividades de cuidado personal o del hogar. Para aumentar su grado de independencia, podrían requerir de la asistencia de otras personas, prótesis o ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otras. La forma de tratar a una persona que tiene dificultades para caminar es la siguiente: •

En compañía de una persona que camina despacio y/o utiliza muletas, procurar ajustar el paso al suyo.

•

Procurar que las muletas, bastones u otras ayudas para caminar que utilice, estén siempre cerca de la persona con discapacidad.

•

Si da la impresión que la persona está en dificultades, hay que ofrecer ayuda y en caso que sea aceptada, preguntar cómo debe hacerse.

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Las personas tienen sus técnicas personales para subir escaleras, por ejemplo, y a veces una ayuda inadecuada puede hasta entorpecer las cosas. Otras veces la ayuda es esencial. No ofenderse si la ayuda es rechazada. •

En el caso que la persona se haya caído, hay que ofrecerle ayuda inmediatamente, pero nunca sin preguntar si es necesaria la ayuda y cómo debe hacerse.

•

Evitar posibles empujones o un contacto físico mientras se está desplazando.

•

Pueden necesitar ayuda a la hora de levantar o transportar objetos, ya que las manos están ocupadas sosteniendo las muletas.

Si la persona es usuaria de silla de ruedas, estos son algunos consejos para tener en cuenta: •

Dirigirse a la persona en silla de ruedas y no a su acompañante.

•

Para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, sitúese de frente y a la misma altura (de ser posible sentados).

•

No colgar cosas o apoyarse sobre una silla de ruedas, como quiera que hace parte del espacio corporal de la persona.

•

Si se desconoce el manejo de la silla de ruedas, preguntar al usuario cómo ayudarle.

•

Para subir desniveles, inclinar la silla para atrás para levantar las rueditas de adelante y apoyarlas sobre la elevación. Para descender un escalón, es más seguro hacerlo marcha atrás, siempre apoyando para que el descenso no produzca un fuerte impacto. Para ascender o descender más de un peldaño, en consecuencia, será mejor pedir ayuda a alguna otra persona.

•

Siempre hay que preguntar si la persona necesita ayuda, antes de brindarla. Puede no ser necesaria o requerida.

•

No empujar la silla sin decírselo al usuario.

•

No levantar la silla por el apoya-brazos.

•

Verificar la posición de los pies en las pieseras.

•

Fijarse que la ropa y frazadas no queden atrapadas en las ruedas.

El reto de la sociedad es superar las barreras que restringen la participación activa de las personas con discapacidad para hacerla más incluyente. El lenguaje en la discapacidad Personas con discapacidad es el término apropiado para referirse a ellas. Existen locuciones precisas para cada caso: Expresión incorrecta

Expresión correcta

Discapacitado.

Persona con discapacidad.

Defecto de nacimiento/deforme.

Discapacidad congénita.

Enano.

Persona con talla baja. Persona con acondroplasia.

Ciego.

Persona con discapacidad visual.

Sordo/mudo/sordomudo.

Persona con discapacidad auditiva.

Inválido/minusválido/tullido/lisiado/ paralitico/chueco.

Persona con discapacidad física o motora.

Retardado mental/enfermo mental/ bobo/tonto/mongólico.

Persona con discapacidad cognitiva.

Loco.

Persona con discapacidad mental.

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Intelectual/cognitiva. En esta categoría se encuentran aquellas personas que podrían presentar dificultad en el aprendizaje y ejecución de diversas actividades. También quienes presentan dificultad para relacionarse con otras personas debido a alteraciones permanentes en sus funciones intelectuales, de conciencia, orientación, atención, memoria y cálculo, entre otras. Las personas con esta deficiencia poseen un potencial de desarrollo importante y capacidad de aprendizaje. Si disponen de los apoyos y ajustes pertinentes, su desempeño será funcional y socialmente apropiado. El trato adecuado es el siguiente:

•

No ignorar a las personas con discapacidad intelectual. Saludar y despedirse de ellas normalmente, como con cualquier persona.

•

Responder a sus preguntas, asegurándose que han comprendido. Hay que tener paciencia, pues sus reacciones pueden ser lentas y tardar en comprender lo que se le dice.

•

Hablar de forma clara, con mensajes cortos y concretos, evitando palabras abstractas o mensajes de doble sentido.

•

Salvo para cuestiones intelectuales, tratarlas de acuerdo con su edad. Dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante. Recuerde siempre incluirla en sus conversaciones.

•

La información que brinde debe ser en mayor parte visual, con mensajes concretos y cortos.

•

Mantener la calidad en la atención y el servicio prestados. El hecho que una persona con discapacidad intelectual no entienda los conceptos con la velocidad y precisión que los demás, no significa que se brinde un trato de menor calidad.

•

Ser paciente al hablar con una persona con discapacidad intelectual, al dar explicaciones y escucharlo.

•

Evitar la sobreprotección. Dejar que ellas hagan o traten de hacer solas todo lo que puedan; ayudarlas sólo cuando sea realmente necesario.

Auditiva. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales. En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de escuchar sonido alguno, aun cuando estos se amplifiquen; personas con dificultades graves o importantes para oír sonidos de sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia; personas que debido a una pérdida o reducción de la capacidad auditiva se les dificulta entender una conversación en tono normal. También están las personas con sordera total en un sólo oído. Para aumentar su grado de independencia podrían requerir de la ayuda de intérpretes, audífonos o implantes cocleares, entre otros. El trato adecuado con una persona con discapacidad auditiva, sorda o hipoacúsica, es el siguiente: •

No cubrir nuestra cara con las manos o con otros obstáculos (bolígrafos, chicles, etcétera).

El respeto está en primer lugar y sólo existe cuando hay intercambio de ideas, informaciones y voluntades. Por mayor que sea la discapacidad, los potenciales de la persona están ahí.

2013 ACORE entrega su concepto sobre el proyecto de fuero penal militar.

ACORE participa en el trámite legislativo sobre la Justicia penal militar.

Se establece la Mesa de Trabajo Permanente de las asociaciones de la Fuerza Pública.

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Militares discapacitados en el Aconcagua en 2009

•

Hablar con un nivel de voz natural y vocalizando. Utilizar expresiones faciales, pero sin exagerar demasiado los gestos. No hablar demasiado rápido.

•

Acercarse a la persona pero no gritar. No nos va oír por mucho que gritemos, incluso, puede que consigamos el efecto contrario, pues al gritar, nuestro rostro se endurece, y es esto lo que el interlocutor percibe: no capta el contenido de las palabras, sólo ve un rostro hostil.

•

Mirar a los ojos a nuestro interlocutor. Este elemento nos puede ayudar en dos sentidos: el primero es que sentirá confianza en nosotros; el segundo es que, a la vista de su expresión facial proseguiremos la conversación con la seguridad de que nos comprende. En general, las 2013 Se conocen los compromisos del Fiscal con la Fuerza Pública.

personas sordas son muy expresivas gestualmente, lo que nos puede ayudar a saber si debemos parar y comenzar de nuevo o si estamos teniendo éxito y la comunicación es correcta. •

Aclarar con otras palabras si la persona no comprende las primeras.

•

Reiterar por escrito lo concerniente a información y datos importantes.

•

Evitar crear sonidos innecesarios, como agitar llaves, pasar páginas o golpear un lápiz contra la mesa.

•

Para llamar su atención pueden darse un par de leves golpes en su hombro o brazo. Si se encuentran en una habitación grande se pueden

2014 La seccional Magdalena estrena nueva sede.

Adquisición de la sede para la seccional Quindío.

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apagar y encender las luces intermitentemente. Otra alternativa es golpear suavemente el suelo o una mesa para que sientan las vibraciones.

•

Si no se entiende bien algo de lo que ha dicho, hay que pedirle que lo repita y no hacer que se ha comprendido. Si la persona con limitaciones auditivas no comprende bien una información hay que repetírsela o utilizar sinónimos.

•

No incomodarse o sorprenderse con la manera de hablar de la persona, el ritmo del habla o la elección de las palabras.

•

Si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de signos, dirigirse a la persona, no al intérprete.

•

Procurar no ponerse nervioso si una persona con discapacidad auditiva no puede hablar.

•

Si no conoce la lengua de señas dialogue lentamente para que la persona sorda pueda leer sus labios.

•

Si la persona no está acompañada de un intérprete, es necesario utilizar señales básicas para que pueda comprender.

•

No hay que aparentar entender los diálogos y es fundamental no alejarse de la persona con discapacidad auditiva si no han podido comunicarse hasta que otra persona pueda ayudarlo.

•

Recuerde siempre que debe preguntar si se necesita su ayuda, antes de brindarla. Puede no ser necesaria o requerida.

•

No es correcto decir que alguien es sordomudo. Muchas personas sordas no hablan porque no aprendieron a hablar. Muchas hacen lectura labial, otras no.

•

Mientras esté conversando, mantenga siempre el contacto visual. Si desvía la vista, la persona sorda puede pensar que la conversación terminó. No siempre la persona sorda tiene una buena dicción. Si tiene dificultad para comprender lo que ella está diciendo, solicítele que repita. Generalmente, las personas sordas no se incomodan de repetir las veces que sea necesario para ser entendidas.

Visual: Se refiere a aquellas personas que podrían presentar diferentes grados de dificultad en la realización de actividades de cuidado personal, del hogar o del trabajo, entre otras, debido a alteraciones para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos.

Es necesario cuidar el lenguaje utilizado. Algunas palabras son consideradas como ofensivas y la comunidad con discapacidad puede considerar que atenta contra su dignidad y sus capacidades.

Se pueden encontrar personas ciegas o aquellas que pese a usar gafas o lentes de contacto o haberse practicado cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos ojos. Para una mayor independencia y autonomía, podrían requerir de adecuación de espacios, bastón de orientación, señales sonoras y apoyos tecnológicos, entre otros. ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad visual, ciegas o baja visión?

2014 Se inaugura la nueva sede en Huila.

ACORE participa en la mesa de trabajo por las víctimas.

ACORE asiste en Buenos Aires al foro sobre Justicia, concordia y libertad.

FOTO:sanidadfuerzasmilitares.mil.co

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Nueva oportunidad de vida

•

Identificarse siempre al dirigirse a una persona con discapacidad para ver. No empezar a hablar sin haberse presentado primero.

•

No siempre las personas ciegas o con deficiencia visual precisan auxilio, pero si encuentra alguna que parezca estar en dificultades, identifíquese y hágale notar que estás hablando con ella y ofrécele tu ayuda. Nunca ayudes sin preguntar antes cómo debes hacerlo.

•

Háblele directamente a la persona ciega, en el mismo tono de voz que cualquier otra persona. Para enfatizar que es a él a quien le habla, puede tocar ligeramente su brazo.

2014

2015 FEBRERO 10

Se publica en septiembre la primera separata de medios.

El Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, participa en Conversatorio Pacto por la Paz

•

Si se le ofrece o indica alguna cosa, decirle de que se trata.

•

Informarle en qué lugar exacto se encuentra lo indicado. Utilizar términos como: izquierda, derecha, adelante, atrás. Debemos ser específicos y precisos en el mensaje, utilizando términos orientativos y evitando palabras como aquí, allí, eso o exclamaciones como ¡cuidado! Si es necesario, tomar su mano y hacerle palpar el objeto.

•

Describir verbalmente escenarios y entornos.

•

No dejarle sola sin advertírselo antes.

•

Jamás tome el bastón del ciego sin su previa autorización. Recuerde que es un medio de información fundamental para él.

•

En el centro de trabajo, evitar dejar obstáculos por el camino. Cuando haya que mover o cambiar muebles o maquinaria de sitio, avisarle.

•

Los objetos que utiliza dejarlos siempre en el mismo lugar.

•

Mantener las puertas o ventanas, totalmente cerradas o completamente abiertas.

•

Si precisa ayuda, ofrecerle el brazo y caminar ligeramente por delante.

•

Advertirle de posibles obstáculos que se encuentren a su paso.

•

Preste su ayuda, siempre y cuando sea solicitada. Si requiere guiar a la persona con discapacidad visual, pose la mano de él sobre su hombro o mano.

•

Si se requiere, oriente con claridad, utilizando expresiones que faciliten la orientación espacial. Por ejemplo: “a su derecha encuentra...”, “al frente esta...”, entre otras.

FEBRERO 23

El expresidente Cesar Gaviria participa en la Mesa de Trabajo Permanente.

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•

La mayor parte de las personas ciegas aprecian que, espontáneamente y en voz baja, le brinden la información sobre las cosas que él no puede ver, como las características del lugar en que se encuentra o de las personas que están con él. Cuando la persona con discapacidad visual tenga perro guía, no lo separe de este, no lo jale, distraiga, consienta, de comida o sujete por el arnés y permítale entrar antes que su usuario, ya que este representa sus ojos y su seguridad. Informe los documentos de los cuales está haciendo entrega y lo que usted está haciendo. Se sugiere utilizar expresiones como: “al frente suyo se encuentra el formato” o “hago entrega de la documentación”, “voy a sacar una fotocopia de...” para que la persona ciega esté debidamente enterada.

Psicosocial/mental. En esta categoría se incluyen personas con desórdenes mentales que se manifiestan en comportamientos inadecuados como: dificultad para organizar rutinas, manejar el estrés y relacionarse con otras personas. Lo anterior, debido a alteraciones permanentes (de conciencia, orientación, energía, impulso, tensión, temperamento, memoria, personalidad, entre otras). ¿Cómo se les debe tratar?: •

Demostrar interés por la persona y su estado de salud y anímico, pero, a la vez, ser discretos.

•

Evitar divulgar o insistir sobre su enfermedad, a no ser que sea estrictamente necesario.

•

Soslayar las situaciones de estrés continuado, así como aquellas que puedan generar violencia, como discusiones o críticas.

•

Tomarse un tiempo para escuchar lo que dice.

•

Facilitar su participación en todas las actividades.

•

Actuar naturalmente al dirigirte a una persona con deficiencia mental. Tratarla con respeto y consideración. Si fuera un niño, como a un niño. Si fuera un adolescente, como a un adolescente. Si fuera una persona adulta, como tal.

•

No ignorarla. Saludo y despedida normal, como se hace con cualquier persona.

Discapacidad múltiple5: Presencia de dos o más deficiencias, bien sea de orden físico, sensorial, mental, emocional o de comportamiento. Estas afectan significativamente el desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de la discapacidad múltiple no están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenta entre ellos.

Bibliografía Modelo de rehabilitación funcional. Dirección General de Sanidad Militar, 2013. Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de las Naciones Unidas, 2006. Ley 1471 de 2011, “por medio del cual se dictan las normas relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil del ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional”. Ley estatutaria 1618 de 2013, “por medio de lo cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la personas con discapacidad”. Documento Conpes 166 de 2013, política pública nacional de discapacidad e inclusión social. Resolución 5484 de 2014, “por la cual se adopta la política de discapacidad del sector Seguridad y Defensa”. ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad?: aspectos generales. Obtenido en http://bancadis.ibv.org. Personas con discapacidad. Obtenido en www.elcomercio.com. Guía para entidades púbicas, servicio y atención incluyente. Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la fundación Saldarriaga Concha y Arquitectura e Interiores, 2012.

5. Guía de discapacidad múltiple y sordo ceguera para personal de educación especial. Secretaria de Educación Pública México DF, 2011.

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UH60 Black Hawk. Diseño y construcción con gran participación de colegios y universidades militares.

Ingeniería aeronáutica y fuerzas militares E

n este breve recorrido por la historia de la aviación mundial, usted encontrará una serie de hechos que hacen de los avances aeronáuticos la ruta del progreso que los países tuvieron que recorrer para encontrar actualización, desarrollo industrial y, naturalmente, económico. Es decir, con los adelantos y paralelamente con la tecnología aeronáutica, se perfeccionaron las máquinas voladoras. En no pocas ocasiones esta premisa se invirtió: investigaciones y sus resultados se fueron adecuando para la aeronáutica y fines comerciales.

Mayor (RA) Hernando Sáenz Bermúdez Ingeniero

En este orden de ideas, los países que decidieron participar en los asuntos aeronáuticos, progresaron y su economía se destacó significativamente. Es que allí, donde hay una pista hay desarrollo. Los negocios empiezan a surgir de tal forma que áreas

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Bachillerato en colegios alemanes.

como la salud y la educación, que se ofrecen como base para una sociedad, no tienen otra alternativa que contar con el avión para hacerlas realidad en las regiones más apartadas y necesitadas. El ejemplo más significativo sobre la utilidad de las aeronaves se evidencia durante la Alemania de Hitler. El káiser construyó su edificio de guerra con la Luftwaffe (arma aérea), la más grande y mortífera del mundo en la década de los cuarenta. Con el poder aéreo y ejércitos muy bien dotados pretendió conquistar al mundo creando frentes de guerra en Europa Meridional, Norte de África y Rusia. Invadió países a su antojo; solo cuando la aviación de sus rivales intervino frontalmente y la propia se debilitó, tuvo que considerar su derrota. En esas condiciones, las academias de ingeniería aeronáutica habían nacido y crecido sorteando múltiples dificultades. Invasores e invadidos formaron con la mayor celeridad los estudios para satisfacer las necesidades del conflicto. Se requerían aeronaves más veloces y livianas que las del adversario y estas se construyeron con la participación de ingenieros conocedores del universo de las

matemáticas y los secretos de la aerodinámica, quienes aceptaron el reto y entendieron su gran responsabilidad al asumir por su cuenta la investigación aeronáutica, proceso originado en los colegios y universidades con vocación militar. Esta política actualmente es profesada mundialmente con los mejores logros en las universidades de Estados Unidos y Europa. Los resultados Por su necesidad, el crecimiento de la industria aeronáutica fue colosal desde los inicios. Verbo y gracia, los Hermanos Wright realizaron los primeros vuelos en diciembre de 1903 en Kitty Hawk Carolina del Norte, y el avión se utilizó como arma durante la Primera Guerra Mundial, conflagración que comenzó en 1914 y terminó en 1918. En esta contienda se destacó con su avión triplano Fokker Dr 1, el alemán Von Manfred Ritchtofen, conocido como el ‘Barón Rojo’, quien dio buena cuenta de 86 victorias. Por elemental lógica se deduce que necesariamente su avión y el de sus adversarios, también altamente acrobáticos, contaban con una avanzada tecnología.

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Esos resultados no se han logrado hoy en día, en nuestro país. Promediando los primeros 14 años de fecundo ejercicio ingenieril, la fabricación de aviones logró rápidamente un alto nivel de progreso y fecundo ejercicio aerodinámico y matemático. De esa época a hoy ha pasado más un siglo. Confesemos que en ese universo, el de los aviones, nuestra industria, salvo individuales esfuerzos, ha tenido muy escasa participación en la aeronáutica. Los resultados en los primeros años en Europa no provinieron de la incuria, desidia, indolencia o total aceptación de los males administrativos. Tampoco ocurrieron por ley de gravedad. Se requirieron diferentes factores siendo el principal de ellos el deseo de hacerlo en virtud de la importancia que la técnica aeronáutica representó para los países que tuvieron que sufrir los rigores del conflicto. En general, todas las naciones europeas recorrieron el mismo camino para lograr la formación de estas academias: se propusieron como meta a corto plazo la unión entre Estado, universidad y empresa privada. Esta trilogía se impuso como premisa mayor si se deseaba tener el calificativo de países constructores de aeronaves capaces de atender sus propios requerimientos. El milagro brasileño En épocas más recientes, un significativo ejemplo y modelo de esta unión es evidente en Brasil, donde se da una muy fuerte integración del Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA) y la Fuerza Aérea Brasileña. Esta institución labora en cerrado equipo con la Universidad de Sao Paulo y la firma Embraer, la cual cuenta con una espectacular planta de producción que entrega un avión diario, sin importar si es de combate, ejecutivo, de transporte o entrenamiento. Las aeronaves para fumigación son producidas en la planta de Joao – Neiva, en donde se evidencian excelentes resultados de investigación, entre estos los rendimientos operacionales de las aeronaves y el uso de combustible procedente de la caña de azúcar para motores a pistón y otros logros más en todos los órdenes. El marco de estos logros resulta ser ese infinito deseo de trabajar en equipo por el país. Allí no se escucha decir “soy el jefe de esta planta”, sino “entre

todos creamos este sistema”. Esa ejemplar filosofía impera a todo nivel. Por ejemplo, la Aeronáutica Civil no es la entidad que reglamenta, juzga y sanciona sin derecho inútiles apelaciones. La colaboración de todos para que haya desarrollo, empleo y progreso es ejercida sin siquiera ser solicitada por los dueños de un aerodino o una compañía aérea. En la Universidad de Sao Pablo existe una oficina de la misma aeronáutica que participa en el perfeccionamiento de la idea. Utiliza la inventiva de los estudiantes para recomendar variantes según sea el caso hasta la certificación de los proyectos. Entonces, los jóvenes profesionales pasan a ser miembros del ITA, de la universidad o de la planta de Embraer. Bonito ejemplo de trabajo en equipo, emprendimiento industrial y muchos deseos de hacerlo. El caso colombiano Hay tremendas diferencias entre lo que ocurre en Brasil y en nuestro hermoso país. Si a un empresario carioca los grupos al margen de la ley le dinamitan una aeronave, por ejemplo, la autoridad aérea de ese país no le cancela la empresa ni los permisos para operar al resto de aviones por razones de reglamentación aplicada sin criterio. Por el contrario, como miembro de una cadena social, el empresario es apoyado; si se ha destacado como buen ciudadano, el país en forma inmediata lo indemniza sin presentar absurdos argumentos para negarle el apoyo. Retrocediendo en el tiempo, recuerdo con claridad que cuando a Colombia le correspondió la cuota de ensamble de aeronaves para los países del Grupo Andino, el Instituto de Fomento Industrial –con Miguel Fadul a la cabeza de AICSA, apéndice de la CIAC con el General Raúl Alberto Paredes como Gerente– cumplía exitosamente con dos plantas: la de Cessna y la de Piper Aircraft. Con el liderazgo de Antonio Urdaneta y Héctor Gálvez, por un lado, y James Leaver y Carlos Nivia, por el otro, se produjeron alrededor de 400 aviones mono motores y bimotores medianos. Para ese entonces, nuestros vecinos brasileños vieron con incredulidad este “milagro industrial”, lo imitaron, mejoraron y se permitieron el lujo en corto tiempo de hacerse acreedores a la tercera posición de fabricantes de aeronaves en el ámbito mundial.

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Mientras esto ocurría y ocurre a la fecha, nosotros todavía profesamos provinciales sueños de tener nuestro propio desarrollo aeronáutico tratando de cambiar la filosofía de quienes piensan que todavía no estamos listos. Entonces, ¿cuándo? No se escucha respuesta.

No falta quien en su desconocimiento del tema formule diferentes argumentos: se requieren millonarias inversiones del programa para ingenieros, lo cual no es cierto; esta cátedra no está incluida en el presupuesto (claro que no lo va a estar porque es un programa nuevo); no es la orientación de los estudios; no hay investigadores con afinidades con el tema (elemental, pues no existen porque no se ha creado la academia que los forme y no pueden ser afines con temas que desconocen); que no hay laboratorios (por Dios Santo, los dos primeros años son de estudios básicos y las materias de física y la química requieren en principio los mismos equipos por ser ciencias universales en todas las Ingenierías; en la facultad de ingeniería no hay mecánica o electrónica aunque exista la mecatrónica; en fin, un sinnúmero de argumentos irrazonables y nefastamente orientados al ¡no! Las anteriores barreras invisibles no existirían si tuviéramos conciencia de lo que se nos avecina. Conflictos internos y externos, la responsabilidad de cuidar el agua, atender los incendios y muchos más. Existen unas aeronaves que aterrizan y decolan en lugares donde otras no pueden operar e ingenieros colombianos que pueden diseñarlas para ser construidas económicamente en el país, a fin de cumplir los compromisos de orden social y político. Nos acostumbramos a los escépticos, a los que todavía están en el siglo veinte y a los que no fueron convencidos. Nos acostumbramos a quienes no aceptan nuevos argumentos ni razonamientos juiciosos, pero que, aun viviendo en el pasado, tienen el poder de la determinación y les resulta más cómodo no tocar “este tema de locos”. Surge una esperanza En medio de este ambiente viciado y adverso al desarrollo aeronáutico, donde hemos sido destacados como excelentes compradores de tecnología y posterior a las primeras e ingratas conse-

Resultado de una idea “absurda” El U.S.S Ranger, podía almacenar hasta 72 aviones.

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La electrónica de la aviación mundial ha tenido grandes aportes provenientes de las universidades con vocación militar.

Los diseños considerados como “locos” dieron grandes resultados a la economía de los paises

cuencias de la época del naciente narcotráfico en Colombia, aparecen tres universidades que con visión de futuro asumieron el reto: San Buenaventura de Bogotá con un valioso sacerdote de mente abierta, el padre Castillo; Los Libertadores cuyo rector Hernán Linares Ángel fue increíble visionario junto con el ingeniero Guillermo Hoyos, y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ¡paisas al fin y al cabo!

de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, constituyéndose en adalides del progreso en el país con los cambios que el tema amerita.

Generaciones de las tres universidades comenzaron a ocupar importantes cargos en las empresas de aviación oficiales y privadas. Ellos son conscientes de las dificultades administrativas que han de sortear los empresarios para que sus realizaciones no mueran. Son mirados con la esperanza para que entre ellos aparezca ese alguien que racionalice el ejercicio de las políticas actuales y desde los principales cargos de las instituciones que rigen la normatividad aeronáutica, orienten la doctrina aeronáutica nacional en respuesta a los compromisos internacionales, incluso desde la misma dirección de la Unidad Administrativa Especial

Para algunos jóvenes que comienzan es evidente que se requieren reformas en la normatividad. Por ejemplo, beneficioso si el país contará con aviones anfibios surcando nuestros ríos y mares. Si se requiere control a la operación de esta versátil herramienta de progreso, que se haga, pero no se justifica que su utilización esté desaparecida. Si los aviones ultralivianos (algunos de los cuales han salido huyendo de la categoría HK para ser UL a fin de no afrontar los engorrosos trámites de la entidad rectora) se encuentran con la prohibición de ser útiles en labores del campo, en un país con vocación agrícola, la pregunta que surge es: ¿así se propicia el desarrollo de la empresa aeronáutica? Alrededor de la necesaria Investigación se necesita una oficina dependiente de la Aerocivil con franca y decidida misión orientada a la promoción de investigación y desarrollo aeronáutico. Todos estos

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En 1916, un estudiante británico acciona la palanca de mando encaramado detrás del instructor en un avión de antes de la guerra.

cuestionamientos son tema para buscar soluciones a cambio de nuevas normas sin fundamento.

obtener contactos orientados al futuro, especialmente en los centros de producción aeronáutica.

En el transcurso de este análisis también surgen algunas soluciones. Aquí sí, por ley de gravedad, porque la lógica se impone en todos los actos de la vida.

Aquí entra de nuevo la participación de las universidades y colegios con vocación militar, quienes no se pueden excluir con sacrílega indiferencia o facilismo ante la obligatoriedad que impone hacer la tarea que les corresponde por el mismo compromiso que su país exige.

Por un lado, la universidad colombiana está cumpliendo con su gran cuota de esfuerzo en la formación de profesionales. Pero dichos profesionales requieren ser entendidos por los empresarios no solo del medio aeronáutico sino de actividades diferentes porque sus valiosos conocimientos son muy útiles y aplicables. Esa cuota de soporte evita que, en muchos casos, ocurra la fuga de cerebros. La carrera es universal como ninguna otra. Es aplicada con procesos estandarizados en todas las actividades aeronáuticas del mundo. Consecuentemente, en cualquier país, un ingeniero aeronáutico puede desempeñarse en múltiples opciones. Pero esa ventaja en el orden personal, se convierte en gran desventaja, porque si en el país no encuentra ocupación, en otros es altamente apetecido. La cita de esta circunstancia es válida si logra que los profesionales tengan la oportunidad de hacer prácticas empresariales y pasantías previas al grado para

En cuanto a la importante presencia del capital privado cabe anotar el propio interés industrial que proporciona. La expansión del desarrollo en el mundo de las negociaciones se logra con el avión. La misma proyección social tan obligante presta sus beneficios si se tiene a la mano un medio aéreo de contacto con la gente, especialmente en un país tan variado como el nuestro, donde la carencia en vías de comunicación terrestre o fluvial es tan indiscutida como evidente. Estas consideraciones también son nuevamente válidas para las entidades del Estado que nacieron para el desarrollo de la actividad. En el caso nuestro, en mi calidad de testigo de excepción de la visión que tuvieron los redactores de la ambiciosa misión de la Corporación de la Industria Aeronáutica Co-

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lombiana, porque soñaron en grande y no fallaron. Mantenimiento con la utilización de nuestros extraordinarios técnicos y talleres del Comando Aéreo de Mantenimiento (Caman); presencia internacional y venta de servicios a todos los países; la actividad in bond; el ensamble de aeronaves para posterior fabricación; el nacimiento de la industria de partes, componentes y aviones a gran escala. Estas fueron algunos de los anhelos y concepciones que en su momento se planearon sobre la base de una completa infraestructura existente. Años más tarde se comprobó la posibilidad de hacerlo. Con la sola disposición presidencial de “no lo compren: háganlo” provino el ensamble y fabricación del avión para entrenamiento primario T-90. Esa experiencia y otras donde el ingenio y conocimiento de los nuestros aflora, nos trae una enseñanza: se puede pensar en formar una gran industria en ese sentido; pero nos falta el elemento

“ganas”, determinación, creer en la capacidad del colombiano, que ha rebosado los límites de lo imposible cuando fue necesario. En estas elucubraciones se llega a una palpable realidad. Colombia entra en una incierta etapa para la cual debemos proyectarnos. Países interesados en nuestros mares y territorio se vienen preparando para dar frente a sus pretensiones. En consecuencia requerimos la producción de nuestros propios aviones en todas las modalidades para múltiples misiones. Desde los lentos utilizados en observación con capacidad de operar desde pistas inexistentes, hasta grandes transportes y/o de combate. Tal vez mis ambiciones sean demasiadas pero creo que nuestras realizaciones desde todos los ángulos hasta el momento podrían haber sido de orden superior. ¿Por qué otros lo han logrado? Aquí cabe la aplicación de lo que repetimos desde los 17 años: “Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre”

UH-60 El milagro aerodinámico de los helicopteros contribuyen las universidades militares.

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C 130. La direcciรณn de militar fue definitiva en la fabricaciรณn de este aviรณn

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Comando Estratégico de Transición

Centinela del honor y la integridad de las Fuerzas Armadas en el posconflicto “La guerra es el reino de la incertidumbre, o un ejemplo extremo de la anarquía de lenguajes que se emplean para su justificación. Razón por la cual siempre encontrará excusas para que se perpetúe”. Clausewitz. General Javier Alberto Florez Aristizabal Comandante Comando Estratégico de Transición

n las últimas tres décadas, en el país se han llevado a cabo varios procesos de paz que dejaron valiosas lecciones. Quizá, una de las más importantes está relacionada con la Fuerza Pública en su condición de garante de los acuerdos suscritos y el apoyo a las decisiones de Estado. Los diálogos que se desarrollan entre el Gobierno y las Farc en La Habana han mantenido viva esa constante: el apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a las decisiones del ejecutivo.

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Fue así como en el marco de la mesa de conversaciones, el 5 de agosto de 2014 se designó una subcomisión técnica del fin del conflicto1, la cual empezó a sesionar diecisiete días después. La tarea fue encargada al señor General Javier Alberto Flórez Aristizábal. El 2 de marzo de 2015 se designaron cinco oficiales generales y de insignia de las diferentes Fuerzas para que entraran a formar parte de la misma. La subcomisión tiene como misión proveer insumos a partir de las experiencias internacionales y nacionales sobre las buenas prácticas, lecciones aprendidas, de cese al fuego y dejación de armas, asesorar a los plenipotenciarios, así como construir puentes de confianza con respecto a la seguridad entre la Fuerza Pública y las Farc. 1. Resolución No. 227 de 22 de agosto de 2014: “por la cual se autoriza la conformación e instalación de una subcomisión en el marco de la mesa de diálogo y se dictan otras disposiciones”.

Queda claro que el país cuenta con unas Fuerzas Armadas cohesionadas, fortalecidas y animadas siempre por un compromiso patriótico, además de un claro concepto de lealtad a las instituciones, a la Nación y a su destino. Conscientes de sus deberes, respaldan y acompañan el proceso de conversaciones con el deseo de contribuir a la terminación del conflicto. Por tanto, la Fuerza Pública es y seguirá siendo garante de los derechos Constitucionales y de la soberanía del Estado, eje central para el desarrollo estratégico de nuevas políticas que permitan preparar mecanismos e instrumentos para la construcción de la paz2 y la transición al post-conflicto. 2. Art 22, Constitución Política de Colombia de 1991. Sentencia C-579 de 2013 del Expediente D-9499. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 1°, Acto legislativo 01, 2012, Sentencia C-577/2014 Marco Jurídico para la Paz-Contenido, Instrumentos Jurídicos de Justicia Transicional. Acto Legislativo No 01 de 2012, “por medio de la cual se establecen instrumentos Jurídicos de Justicia Transicional en el marco del Artículo 22, Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Delegación del Gobierno y de la subcomisión en la mesa de La Habana.

Fuente: Revista Semana, 5 de marzo de 2015.

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Equipo negociador del Gobierno de Colombia

Orientar

a blic Pú za ivil er yC Fu licial Po r, ta

El proceso de transición no es ni será una tarea fácil, pues debe partir de un trabajo conjunto de las

trina Pedagogía Doc yD ny idá ció ct 4. M a ica c l iem u a i Víc br nc Ed os e t r im fe uridad d as g ,M e s ili e

En este sentido, se encomendó al Coet la misión de liderar, orientar y articular los temas institucionales en el proceso de transición hacia el fin del conflicto, a partir de una directiva emanada del propio Ministerio de Defensa Nacional. El documento define tres objetivos claros: 1. Preservar la legitimidad del sector Defensa, 2. Fortalecer la seguridad jurídica integral y 3. Diseñar modelos para la transición en seis líneas estratégicas (ver gráfico 1).

Liderar

se y go ión ar ecc al 2. Prot ral I nteg

Con la puesta en funcionamiento de esta organización, se busca articular con responsabilidad, las estrategias, directrices y lineamientos diseñados al interior de las Fuerzas Armadas, generando un impacto y produciendo cambios trascendentales que permitan preservar la tradición, el honor militar y, especialmente, propender a futuro por la seguridad jurídica integral de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Gráfico 1. Líneas estratégicas del Coet.

Directiva Ministerial para la transición

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Pero un escenario de la complejidad como el que actualmente vive el país, requiere del inicio de un proceso de transición y transformación, razón por la cual el Ministerio de Defensa decide, a través del Comando General de las Fuerzas Militares, crear el Comando Estratégico de Transición, Coet.

Fuerzas Armadas, donde el esfuerzo y la confianza serán los valores que muevan sus acciones con el objeto de contribuir al fin del conflicto y abonar el terreno que aún resta por recorrer, en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

1. C FHB Con D-D 5. so DR Med lidaci ida y g ón te ara rr ntí itor as ia d l di

Misión de honor

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6. C omu nicac iones estratégicas

Articular

Fuente: Jefatura de Planeación del Ejército Nacional, 2015.

El Coet, como punta de lanza de la estrategia de transición para el sector Defensa, dinamiza el fortalecimiento de la legitimidad institucional, soporte de la seguridad jurídica de los hombres y mujeres en armas de la República y orgullo del país en el exterior.

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Libélula, El Remolino-Nariño Fotografía: TC Rosa María Llovera

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