Separata medios octubre 2014

ANEXO

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OCTUBRE 2014

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Artículos Destacados Otros Medios

SEPARATA ESPECIAL

acuerdos pactados Negociación Conflicto Armado

"Nada esta acordado, hasta que todo este acordado..."

• Planes y crímenes del narcotráfico • Sí hay capitulación en acuerdos de La Habana • Estos son los textos de los acuerdos revelados por Gobierno y las Farc • El voto obligatorio • Menos secretos en La Habana • Declaraciones del Fiscal pueden afectar la legitimidad del proceso de paz: MinJusticia • Desminar podría ser la pena máxima impuesta a jefes de las Farc • Los terroristas de Colombia: hablar y hablar, pelear y pelear • Consecuencias económicas • Así transformarían a Colombia los acuerdos logrados con las Farc • Las razones del Gobierno para revelar textos de los acuerdos con Farc • Las Farc son incapaces de llegar a la paz • El lío no es el papel • Claves de pacto entre bacrim y guerrillas • Partidos celebran divulgación de acuerdos parciales de paz • Escuchar a las Farc desanima sobre la paz: GN Mendieta • ¿Soy capaz de creer en las Farc?

• ¿Soy capaz? ¿Seremos capaces? ¿Serán capaces?

• Puntos suspensivos • El dilema del fuero • Reales jefes en la sombra • Los acuerdos no tan secretos de La Habana • “No hemos acordado la forma de refrendar los acuerdos en la Habana” • La inevitable guerra mundial • “Los guerrilleros no llegaron derramando sonrisas y besos” • Hay información de que ‘Timochenko’ ha viajado a La Habana: Mindefensa • 40 preguntas sobre los viajes de ‘Timochenko’ • Pinzón vs. Jaramillo: ¿último round?

• ‘Timochenko’, con bendición presidencial • ¿Paz negociada o paz de revancha?

• Entre la verdad y las salvedades

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La similitud de las acciones vandálicas de ‘los Úsuga’’ y la cooperación de otros eslabones subversivos no pueden sino poner en alerta a las autoridades, como lo están las de Policía.

Sí hay capitulación en acuerdos de La Habana

Planes y crímenes del narcotráfico Abdón Espinosa Valderrama Columnista El Tiempo Publicado el 24 de septiembre de 2014

El asesinato de otros siete agentes de la Policía Nacional, en jurisdicción del departamento de Córdoba, no fue hecho fortuito sino episodio escalofriante del plan pistola, adoptado por la banda narcotraficante de ‘los Úsuga’, aparentemente en alianza con las Farc. Tal la versión de la revista Semana, corroborada por el director de esa institución, general Rodolfo Palomino, quien se ha ganado, con su palabra y con sus actos, la confianza de sus conciudadanos.

La delegación de la organización subversiva en las negociaciones de La Habana lo ha desmentido con singular furor, y no podía ser de otra manera. Porque si confirmara, tácita o expresamente, su compli- cidad con semejante atentado, renegaría implícitamente de la razón de participar en la búsqueda de la paz anhelada por los colombianos. Al igual que de las gestiones del presidente Juan Manual Santos, enderezadas a obtener la comprensión de los medios internacionales y, lo que es más, su simpatía y apoyo a la causa de la reconciliación y de la paz.

Quizá se haya ido más allá de lo debido al presumir la solidaridad de los mandos superiores de las Farc con las andanzas criminales de sus frentes de combate en el occidente del país. Con focos gravísimos en el torturado puerto de Tumaco, al igual que en Turbo y, en general, en los corredores de exportación de la droga. Habría que indagar si en esta coyuntura el grueso de las Farc se lucra de su actividad o si lo hacen, separadamente, brazos díscolos de su armazón guerrillera, hipótesis poco probable e incluso contra natura.

El narcotráfico puede continuar contribuyendo a su financiamiento, pero el hecho de aceptar su actividad a estas alturas y, más aun, de coadyuvarla y apoyarse en ella, la tiznaría de ilicitud irremediable, pese a los esfuerzos por legitimarla. Como se ha denunciado que lo hacen sin embozo en el Catatumbo so pretexto de las condiciones de

vida de sus campesinos. Y no menos en los sitios estratégicos de producción o de comercialización clandestina de la droga.

En la práctica, todo ese proceso es y tiene que ser subrepticio.

Con ostensible recato se ha empezado a sondear la posibilidad de legalizar el consumo de las sustancias menos tóxicas, pero no de la cocaína y la heroína. La verdad es, sin embargo, que este paso se tiende a dejar para después, pero que sus partidarios no ocultan la opción de darlo pronto. Ni más ni menos el objetivo principal del fenecido capo mayor Pablo Escobar.

En cuyos conatos de realización pusiera en práctica siniestros planes pistola, actualizados sin escrúpulos por las bacrim, y muchísimos más a costa de compatriotas de altísimo mérito. Comenzando, asimismo, por la cacería de cabezas policiales.

La similitud de las acciones vandálicas de ‘los Úsuga’ y la cooperación de otros eslabones subversivos no pueden sino poner en alerta a las autoridades, como lo están las de Policía. Y al país entero, sin que se le pueda acusar de complicidad con presuntos o reales adversarios de las gestiones de paz. Quizá ha faltado destapar la carta del narcotráfico: si va implícito o no en la reconciliación y si se aspira a permisividad, a perdón y olvido de sus crímenes. Las cosas claras hacen las buenas amistades.

Por lo demás, la noticia de que Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína incita a inquirir cómo ese fenómeno se mantiene contra viento y marea. Cómo se explica en sus diversas fases, hasta culminar en los despachos a los centros de consumo o en el traspaso a las ahora poderosas mafias mexicanas. Igualmente, quienes se benefician de la intermediación y la exportación y quienes perciben las mayores utilidades, las que se computan en cabeza de Colombia.

Darío Acevedo Carmona El Espectador, Bogotá Publicado el 29 de septiembre de 2014

Con la publicación de los Acuerdos de La Habana el Gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Alvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las Farc que ya los habían publicado.

El Ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de campaña negra de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso.

Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el Ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos.

Al leer el contenido del texto sobre participación política, mi sorpresa es mayúscula.

Resulta que lo que muchos sospechábamos, a saber, que en esas conversaciones el Gobierno había asumido una actitud capituladora y pusilánime, queda confirmada. Se hicieron concesiones demasiado graves, empezando por las que ya han sido ventiladas por los críticos.

Por ejemplo, es grave en sentido superlativo que se le haya conferido estatus de contraparte en condiciones de igualdad a la guerrilla respecto del Estado.

La consecuencia de esta humillación ante una guerrilla casi derrotada y desprestigiada ante los colombianos y el mundo, es que el documento muestra que el Gobierno representa una parte de la población y del conflicto y las Farc la otra, la excluida, la perseguida, a la que le han mutilado sus derechos y restringido sus intenciones de hacer política por las buenas. Además, aunque digan lo contrario los voceros oficiales, se discutió en la mesa y se llegó a acuerdos en temas propios de la agenda nacional cuyo curso debe tener lugar en las corporaciones públicas.

Se puede observar, línea por línea, que el texto refleja muchísimo más el discurso fariano que el gubernamental, pero, la abrumadora campaña oficial en favor de la paz y en contra de los guerreristas cautivará a más de un desprevenido. El primer pá-

rrafo de este acuerdo habla de una Colombia que tiene que abrirse en democracia, libertades y garantías. Dotarse de un estatuto de la oposición, financiar los partidos, crear circunscripciones electorales a medida de la influencia guerrillera y una serie de asuntos que en apariencia son válidos e inocentes para quienes aún creen que las Farc son demócratas reprimidos por el sistema. El filósofo Jaramillo, el ideólogo de esta entrega, en célebre conferencia en 2013 ya le confería razón social y justiciera al levantamiento armado.

La autoestima del gobierno y de los partidos que lo respaldan parece bien bajita, ya que en ese primer párrafo se abre no un hueco sino un cráter para rediseñar las instituciones, la sociedad y el Estado mismo. Admitirle razonabilidad al discurso fariano es ofensivo para las fuerzas políticas y sociales que han sufrido la inclemencia de sus acciones terroristas y para la fuerza pública obligada a pensar que estaba peleando contra un enemigo que no era tal.

Un aspecto destacable en el texto es que en contravía de las supuestas aclaraciones del jefe negociador, Humberto de la Calle, la sociedad queda abierta y expuesta a aceptar que para hacer la paz es preciso y obligatorio adelantar ajustes institucionales y de políticas públicas de tal envergadura que ello significa una explícita aceptación de las reivindicaciones farianas y de su visión de sociedad. Es como si un invitado a casa entrara imponiendo sus condiciones. Nada equiparable a quienes toda la vida hemos vivido y sufrido el orden de cosas existentes sin apelar a las armas y a la violencia.

Otro punto que llama la atención por sus gruesas implicaciones es la gran cantidad de comisiones a crear en una especie de edificación de una parasociedad y una paraestatalidad, como si lo existente no fuera suficiente.

Tendremos un Estado gigante que se ocuparía de proveer todo, hasta la Verdad del conflicto. Todo ello en consonancia con el deseo expreso de las Farc de “rediseñar la sociedad

y refundar el Estado”.

En su afán de presentarse como los adalides de los movimientos sociales y de las protestas de la ciudadanía, el gobierno inclina la cerviz ante la no muy confiable y nada ingenua pretensión de las Farc de meter por la puerta del frente, “a las buenas” su revolución “democrático popular” de corte estalinista-maoísta.

Revolución que procede cuando, según el leninismo, no hay condiciones para instaurar el socialismo y hay que andar de la mano de otras fuerzas, como la burguesía nacional y progresista, por un buen trecho. ¿Cómo? Ni más ni menos que convirtiendo la sociedad en el espacio de unas intensificadas luchas de masas a las que se les crearán aparatos de coordinación, estímulo y protección.

Lo que está aprobado, pues, nos llevaría a la formación de un auténtico paraestado cuyo papel será enterrar el vetusto establecimiento, arrojando una situación de caos y desorden, todo en nombre de una supuesta “democracia directa”.

En todas partes se concederán emisoras, periódicos y canales de televisión a las Farc y a los movimientos sociales y de masas, en particular en las zonas de conflicto.

Muchos de los puntos pactados requieren reformas de carácter constitucional como la refrendación ampliada de una serie de principios liberales y democráticos que figuran en nuestra constitución, en retórica farragosa que idealiza las luchas masas y su participación en los destinos del país.

Y la creación de circunscripciones electorales en zonas de influencia guerrillera. Una auténtica obscenidad aceptar que las Farc nos den lecciones de democracia y libertades.

Así que la publicación de los acuerdos en vez de disipar los temores de los colombianos sobre los términos de las negociaciones lo que hace es reafirmarlos. Lectura atenta y detenida de por medio de los mismos, quedamos notificados de la actitud blanda con la que el gobierno asumirá el punto relativo a la entrega de armas, desmovilización y penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Estos son los textos de los acuerdos revelados por Gobierno y las Farc Redacción ELTIEMPO.COM Publicado 24 de septiembre

Para evitar recientes especulaciones sobre los acuerdos que han logrado el Gobierno y las Farc, surgidas a partir de publicaciones en Internet con los detalles de la manera como se implementarían los pactos si se firma la paz con esta guerrilla, las partes decidieron publicar integralmente los textos de los acuerdos.

En ellos, además de los pactos que ya conoce el país, se mencionan las instituciones que deben crearse, las leyes que deben tramitarse y los mecanis-

mos que deben utilizarse para la puesta en práctica de los acuerdos.

En el primer punto de la agenda, tema agrario, además de la creación de un fondo de tierras, del censo de propiedades rurales para que se pague lo justo en prediales y de la inversión en infraestructura, salud y vivienda, se detalla quiénes serán los beneficiarios de las adjudicaciones del fondo, la manera cómo se protegerán estas tierras- no serán embargables por 7 añosy cómo se pierde el derecho a tenerlas.

En el segundo punto de la agenda, participación política, en el que se acordaron curules

especiales en la Cámara de Representantes para las zonas más afectadas por el conflicto y el mantenimiento de la personería jurídica a los movimientos que no alcancen el umbral electoral, se establece un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. En este punto se especifica la protección especial para quienes incursionen en ella a partir de los acuerdos de paz. Además se crea un estatuto con garantías para la oposición.

Finalmente, en el tercer punto sobre el que hay acuerdos, el fin de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, queda claro que los planes de sustitución deben

El voto obligatorio Oscar Alberto Díaz García Diario del Otún Publicado el 25 de septiembre de 2014

Han transcurrido 2.370 años y el pensamiento aristotélico sobre la democracia continúa vigente; a su juicio, las peores formas de gobierno eran la tiranía, la oligarquía, y la demagogia. Entendiendo la demagogia, como la forma patológica de la democracia. Se aproximan elecciones regionales y municipales, y después de la doble frustración nacional con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, más un congreso vendido al Ejecutivo, sería prudente detenernos a pensar en la demagogia que los llevó al poder, para incumplir todo cuanto ofrecen.

Víctor Sampedro Blanco en su obra “opinión pública y democracia deliberativa” hace una afirmación que nos invita a revaluar el concepto actual sobre esta realidad; según el autor citado. “Los políticos y los periodistas, con los encuestadores, dicen representar a la opinión pública, pero también la gestionan; los comunistas de las Farc ahora, impulsados por Santos, también se abrogan el derecho a representar el pueblo.

Reducen los políticos y los medios la participación ciudadana a consumir información, a responder encuestas, y a votar. La democracia deliberativa va más allá e intenta hacer compatible la opinión pública, como suma de votos y encuestas, con la opinión de la calle y las iniciativas de la sociedad civil”.

Mi opinión va en el sentido de

complementar las ideas de los dos autores, pues si al decir de Aristóteles la demagogia es una pésima forma de gobierno, lo cual ha sido puesto en evidencia durante siglos, en la actualidad se pretende corregirlo mediante la democracia participativa y deliberativa. Pero sin lograr los resultados esperados, por la reducción de la cual habla Sampedro; consumir información, responder encuestas, y votar.

A mi juicio, nos estamos convirtiendo en esclavos de la democracia y sus libertades; si las iniciativas de la sociedad civil fuesen escuchadas con mayor atención por parte de quienes dicen representarla, estaríamos dando un paso hacia adelante, para que mediante la deliberación, el legislador se atreva a considerar alternativas que consideren el poder de la coerción, para imponer el voto como una obligación. Que de hecho debe cobijar a todos los ciudadanos, incluidos quienes portan legalmente las armas de la república; en América Latina somos los únicos cuya fuerza pública no va a las urnas. Debe existir libertad para votar y escoger, pero disciplinados y obedientes al sistema, lo cual impide el libertinaje.

Además, el voto en blanco puede ser una opción para quienes consideren que ningún candidato cumple con las expectativas; y permitiría al país buscar personas diferentes a presidente Santos, o a su potencial heredero Vargas Lleras. Con

ser acordados con las comunidades y que habrá un tiempo de transición en el cual la manutención de los cultivadores y recolectores de hoja correrá por cuenta del Gobierno. Las Farc proponen que la entrega de mercados sea por dos años y el Gobierno, por seis meses. El tiempo está por definirse.

La manera como los Farc irían en la sustitución de cultivos ilícitos es un tema que solo se resolverá en el tercer punto de la agenda de negociación, pero en la práctica el último, que es el fin del conflicto. Es decir, en el que se definen los tiempos del cese bilateral del fuego y de la dejación de armas.

En un comunicado conjunto, el Gobierno y las Farc dijeron que hacen públicos estos detalles “como una medida de transparencia” y que estos “borradores conjuntos ​representan el resultado de casi dos años de discusiones intensas y con frecuencia difíciles sobre los puntos de la Agenda del Acuerdo General”.​

13 AL 21 DE NOVIEMBRE

Conmemorativa del 54 Aniversario de la fundación de ACORE Petro y Piedad, o Montealegre, haciendo cola para meternos el Socialismo del Siglo XXI. Y todo eso en medio de un panorama tétrico: campañas políticas de una izquierda que convalida todas las formas de lucha, incluidas las armas, que no van a entregar según lo están anunciando desde La Habana. Y que utilizarán con disimulo para las elecciones que se avecinan.

El Centro Democrático está llamado a evitar desde el congreso, que el gobierno termine de redondear la faena de engaños al pueblo, para inducirlo a dar un sí por la paz, cuando la realidad es diferente: la paz de Santos, mentirosa, puede ser la perdición de Colombia.

A mi entender, el compromiso es con nuestra conciencia, para de manera inteligente llevar a las tres ramas del poder hombres capaces y honrados.

En la Grecia de Aristóteles los esclavos no tenían derechos políticos; hoy, con el abstencionismo renunciamos a esos derechos, convirtiendo al ciudadano en esclavo de su propia indiferencia. Y a eso lo llamamos democracia.

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Menos secretos en La Habana EDITORIAL El Colombiano Publicado el 26 de septiembre

Aunque la divulgación del contenido total de los tres acuerdos hasta ahora logrados entre Gobierno y Farc, en Cuba, constituye una calculada y audaz jugada política de las partes para frenar las especulaciones y las críticas de los opositores al proceso, también es cierto que ahora no hay secretos y que ese material, muy denso y trascendental para el futuro del país, ya está en manos de todos: desde los opositores hasta los convencidos, y desde los más calificados individuos y organismos hasta los más legos.

Se corrieron los velos y no hay misterios insondables respecto de si en La Habana se negociaba nuestro modelo de país, de espaldas a la ciudadanía, a los constituyentes primarios y a la opinión pública que deriva

de ellos.

En esta primera aproximación a las versiones desclasificadas de los acuerdos en los puntos 1, 2 y 4 (Desarrollo Rural Integral, Participación Política y Cultivos y Drogas de Uso Ilícito) no queremos entregar dictámenes definitivos, porque hay que repasar con lupa la complejidad y alcances de tanta letra menuda, con sus implicaciones y posibilidades.

Pero sí es posible advertir, desde ya, un cuidadoso uso del lenguaje que se aleja, en esencia, de los manuales ideologizados que por años llevaron las Farc a las mesas de conversaciones con diferentes gobiernos, en ese tono irrenunciable y terco marxista-leninista desconectado de las realidades mundiales contemporáneas y de la modernidad política.

Es decir, faltan muchas curvas por sortear, pero el panorama no se ve azotado por esa llu-

via de exigencias incumplibles y arengas trasnochadas de una guerrilla que no transigía siquiera con los postulados más vanguardistas y amplios de la Democracia y del Estado Social de Derecho.

Cómo se nota que hay una sindéresis política y una moderación verbal muy cinceladas por Humberto De la Calle y su equipo negociador, con el concurso de una generación de jefes guerrilleros al parecer más conscientes de que ya el bus de la historia casi los dejaba, porque las armas como sustento de ideologías totalitarias han sido suficientemente relegadas por las conquistas de la civilización y la civilidad. Tanto como tiende a ocurrir con el rechazo internacional unánime al terrorismo y el narcotráfico.

Pero, de ninguna manera, estamos invitando aquí a lecturas de exagerado optimismo frente a lo logrado hoy entre Gobierno

y Farc.

Paralelo a esta revelación, las Farc volvieron ayer a subrayar que no se acogerán a los instrumentos de justicia transicional contenidos en “el acto legislativo 01 de 2012 (...) Lo reiteramos: estos para nosotros no existen (...) Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho”. Así le llaman las Farc a una Asamblea.

Nacional Constituyente que no está en los planes ni el interés del Estado: ni del Gobierno ni de las instituciones ni de los partidos políticos ni de la ciudadanía.

El presidente Juan Manuel Santos sostuvo ayer en la ONU que la paz de Colombia está más cerca que nunca. Los acuerdos 1, 2 y 4, en temas tan sustanciales, pueden alentar sus ánimos y su optimismo. También que las partes sigan sentadas a la mesa en un ambiente muy favorable.

Pero es mejor no adelantarse.

Dejemos que la sociedad en su

conjunto examine los acuerdos, los discuta, los deshuese. Y que por fin cese la barbarie militar de las Farc. Tal vez el momento esté cerca. Pero no hay que olvidar que, para terminar el conflicto, “todo deberá estar acordado” y eso aún es una entelequia.

Declaraciones del Desminar podría ser la pena Fiscal pueden afectar máxima impuesta a jefes de la legitimidad del las Farc proceso de paz: Tesis de Fiscal que dejaría a jefes de MinJusticia guerrilla sin pagar un Yesid Reyes manifestó que las declaraciones del Fiscal son opiniones personales y que no corresponden a la postura del Gobierno.

Redacción El Espectador Publicado el 5 octubre de 2014

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, en diálogo con Caracol Radio, se refirió a las declaraciones que realizó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sobre el cierre de las investigaciones que se llevan a cabo contra los guerrilleros si se llegara a firmar la paz y expresó que dichas declaraciones no corresponden con la postura del Gobierno.

“La opinión del fiscal es personal y aislada, yo creo que antes de plantear conclusiones sobre trámite de la parte final del proceso de paz es muy importante realizar un debate previo y en este caso concreto tiene que entrarse en el proceso que se debe surtir”, aseguró el Ministro.

Asimismo, expresó que las afirmaciones que está realizando el Fiscal pueden afectar la legitimidad del proceso de paz. “Me parece que estas conclusiones como las que ha hecho el fiscal sin hacer un debate previo puede generar más problemas que soluciones

porque se genera una falsa expectativa que puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional”.

El jefe de la cartera de Justica dijo también que “todas las opiniones que se dan por fuera de los caminos que ha trazado el gobierno para llevar adelante el proceso de paz pueden generar perturbación al mismo proceso”.

Sin embargo, resaltó que “uno de los temas que se pueden discutir desde el punto de vista interno es qué propósito deben cumplir las penas. Cuando nosotros tengamos claro para que está hecha la pena entonces podremos decir que casos concretos en los que la pena tiene sentido de ser aplicada o que casos concretos en los que la pena no debe ser aplicada. Son entonces dos posiciones completamente distintas a la del fiscal, que ha anticipado conclusiones, y la del gobierno que pretende no anticipar sino hacer previamente un debate”.

solo día de cárcel llamó la atención.

Política El Tiempo Publicado el 3 de octubre de 2014

Que la pena máxima para los miembros de la cúpula de las Farc por los delitos más graves que hayan cometido (lesa humanidad, crímenes de guerra y violación de los derechos humanos) sea el desminado, propuso este jueves el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El jefe del organismo investigador habló sobre reconciliación en el foro liderado por la embajada de Alemania en Colombia, la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Histórica, en el que expuso toda una novedosa tesis jurídica que será, necesariamente, parte de la discusión de la nueva justicia transicional que abordará el Congreso colombiano en caso de que se firme en La Habana el fin del conflicto.

“La pregunta es si Colombia podría crear un sistema de justicia alternativa que implique sustitución de la pena privativa de la libertad, más exactamente sustitución de penas privativas efectivas de la libertad por otro tipo de penas alternativas como el desminado”, indagó el Fiscal en su conferencia magistral.

En esa misma línea, dijo que

si se firma el fin del conflicto, por lo menos 10.000 miembros de las Farc y del Eln no serían objeto de acción penal alguna.

Explicó que eso significa que estas 10.000 personas, que son las bases de las guerrillas, no serían juzgados penalmente y frente a ellas se permitiría la renuncia de la acción penal.

Abogó por que el proceso se blinde jurídicamente de tal manera que todos los que han hecho parte del conflicto puedan estar tranquilos y confiados en que nunca más habría nuevas acciones penales en su contra.

Habló de que “tiene que haber un cierre definitivo de todas las investigaciones, blindar hacia el futuro con mecanismos que impidan que, indefinidamente, después de las investigaciones se sigan abriendo procesos para los actores del conflicto”.

Además, enfatizó en que

“ese cierre no solo sería para la guerrilla, sino que incluirá a los miembros de la Fuerza Pública y los que han sido investigados y juzgados por paramilitarismo”. Los planteamientos del Fiscal General cobran mayor importancia si se tiene en cuenta que el Congreso tendrá que expedir una nueva ley de justicia transicional tan pronto se firme el fin del conflicto.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien también intervino en el foro, dijo que centrar la atención en penas severas para los responsables de estos delitos sería una especie de “venganza”.

Las posturas del Fiscal y del Ministro de Justicia fueron respaldadas por el tratadista alemán del derecho Kai Ambos, quien también fue invitado al encuentro.

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Los terroristas de Colombia: hablar y hablar, pelear y pelear

María Anastasia O’Grady The Wall Street Journal, New York Diario Exterior, Madrid Publicado el 6 de octubre de 2014

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice que ahora sabe por qué tantos colombianos se opusieron a su reelección, la cual ganó en una disputada segunda vuelta en junio: porque no confiaban en sus negociaciones en La Habana con el grupo terrorista marxista conocido como las Farc.

Santos me dijo en una reciente entrevista en Nueva York que su gobierno ha llevado a cabo un estudio para entender a aquellos que no votaron por él.

Muchos, en su opinión, creían que está “planeando darle la economía a Castro o Chávez, o deshacerse del Ejército o poner a un comandante de las Farc como jefe de la policía o expropiar el territorio alrededor de las ciudades”. Ahora se ha dado cuenta de que “subestimó el poder de tal cantidad de mentiras” y “nunca creyó que la gente las creería”.

Es por eso que el mes pasado “pusimos las cosas en claro al publicar lo que se ha acordado” en las negociaciones de La Habana, para mostrar que “no estamos entregando al país a los brazos del comunismo”. No obstante, la publicación de acuerdos parciales podría aumentar la desconfianza de los colombianos. Las negociaciones secretas entre las Farc y el gobierno de Santos se habían llevado a cabo en La Habana durante un año antes de que se hicieran públicas en agosto de 2012. El 4 de septiembre de 2012, Santos dio un discurso en el que dijo que “las conversaciones no tendrán tiempo ilimitado, se medirán en meses, no en años”. El presidente asegura ahora que expresó eso como su “esperanza”. Aún cree que las Farc negocian de buena fe, pese a sus continuos ataques a los civiles y la infraestructura.

Le pregunté a Santos sobre la acusación en Colombia de que sus negociaciones ponen a los terroristas de las Farc al mismo nivel moral con la democra-

cia. “Qué extraño que la misma gente que dice eso se sentó por dos años con los mismos terroristas, u otro grupo al mismo nivel, [el Ejército de Liberación Nacional] en Cuba”, dijo. “La única diferencia es que mi predecesor falló y yo, hasta el momento, he tenido éxito”.

Su predecesor, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hablado públicamente en los últimos años sobre sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con las Farc para liberar a secuestrados. En dos ocasiones extendió una propuesta en buena fe, pero las Farc no cumplieron con sus compromisos. Uribe también me dijo la semana pasada en un email que su gobierno exploró un diálogo con el Eln en La Habana.

Dijo que su esfuerzo no fructificó porque los rebeldes se negaron a su condición de que cesaran su actividad criminal.

El gobierno de Santos no respondió a mis solicitudes de copias de los documentos que Santos asegura que muestran que “absolutamente no hay diferencia” entre los dos esfuerzos por la paz. Sólo me envió un refrito de notas de prensa de lo que ya se sabe sobre las iniciativas de Uribe.

Las Farc ven una diferencia.

En septiembre escribieron en su sitio web que negocian con el gobierno de Santos porque este reconoce la violencia como un “conflicto armado” (esto, por supuesto les da estatus beligerante), mientras que Uribe siempre ha insistido en que no son más que terroristas. En cuanto al éxito que se atribuye Santos, aún está muy lejano. La periodista María Isabel Rueda escribió en una columna en el diario colombiano El Tiempo del 28 de septiembre que el número de temas “pendientes” en los acuerdos parciales la “sorprendió”. Le preguntó a Alfredo Rangel, un prominente politólogo colombiano y actual senador de la oposición, qué tan

de

Taller

importantes son.

Sus ejemplos de lo que queda por negociarse incluyen los derechos de propiedad rural, los acuerdos de libre comercio, política minera y de energía, y la desmilitarización del campo.

Rangel asegura que la agenda aún incluye negociaciones sobre la “democratización de la información y la comunicación”, lo cual sugiere un mayor control estatal de los medios y suena como sacado del libreto de Hugo Chávez. Otra meta, el “control popular de los tratados internacionales” implica un debilitamiento del gobierno representativo mientras que la “suspensión total de la fumigación” para destruir las plantas de coca es crucial para la financiación de las Farc.

Santos también dijo que aunque no habrá impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, “cómo se define la cárcel y qué tipo de cárcel, esas son cosas que tenemos que negociar”.

Tales discusiones ponen nerviosos a muchos colombianos, al igual que la idea de que las guerrillas obtengan derechos políticos especiales, que es otro tema de negociación. Lo más preocupante es la sugerencia del gobierno de que podría poner la aprobación final del acuerdo a consideración del país como un voto a favor o en contra en vez de pedir una aprobación punto por punto.

Le pregunté a Santos si los rebeldes merecen la legitimidad que las negociaciones les conceden. “¿Cuál sería la alternativa?”, respondió. “¿No negociar y continuar viviendo con el terrorismo y otros 50 años de guerra?”. Eso sugiere a algunos que los terroristas tienen al gobierno justo donde lo quieren.

No es de sorprenderse que los colombianos sigan sin convencerse de que el país pueda deshacerse de este terror mafioso a través de las negociaciones sin sacrificar la libertad.

Espiritualidad y vida

Sede Nacional ACORE: Calle 70 No. 4 -24 / 3450511 EXT 105

Consecuencias económicas Rudolf Hommes Opinión El Tiempo Publicado el 28 de septiembre de 2014

Muy buena y oportuna la decisión del Gobierno y la guerrilla de revelar anticipadamente el contenido de lo que ya se ha negociado en La Habana. Esto va a permitir que se analice a fondo el proceso sobre bases ciertas. Lo que queda muy claro de una primera lectura de estos documentos es que el país va a cambiar radicalmente, y que los cambios previstos pueden ser muy positivos.

El país va a ser menos desigual, los pobres van a tener mayor acceso a los beneficios del Estado, posiblemente mejores ingresos, mayor calidad de vida y más voz, pero se va a requerir un esfuerzo descomunal de cambio de actitudes, sacrificios y compromisos para hacer esto posible. También es evidente que el acuerdo no ha tenido en cuenta las limitaciones institucionales, políticas y financieras que van a incidir en la velocidad con la que se podrán llevar a cabo los cambios pactados o su alcance.

José Leibovich, un respetado economista, advirtió que hay que darles un decidido apoyo a los acuerdos, pero que se debe tener en cuenta que las instituciones existentes no están preparadas para desarrollarlos y no se sabe cuánto van a costar. Eso se resolverá con el tiempo, pero la opinión comienza a preguntarse cómo se van a costear, si el Gobierno ya está experimentando dificultades para financiar el presupuesto del año entrante.

Esto ha sorprendido a la mayoría de la gente, pues la discusión y la aprobación de la última reforma tributaria habían creado la expectativa de un significativo aumento del recaudo. Y los trabajadores y la clase media están sintiendo el impacto de la mayor carga tributaria en esta época de declarar renta y pagar el impuesto correspondiente.

Las propuestas que ha avanzado el Gobierno para solventar la situación mediante la elevación de impuestos han causado malestar en el sector empresarial y entre los grandes contribuyen-

tes por el incremento propuesto del impuesto al patrimonio. Hay quienes consideran que un impuesto del 2,5 por ciento del patrimonio es excesivo porque equivale a más del 50 por ciento de los ingresos después de impuestos de sus inversiones financieras, lo que muy posiblemente se traduzca en que van a tener pérdidas de su patrimonio. Esta parece ser una crítica razonable si se comprueba, y justificaría que se mantenga el impuesto al patrimonio, pero que no se incremente su tasa.

Por otra parte, la revelación del contenido de los avances de la negociación de paz ha creado una nueva incertidumbre sobre su posible costo. Es necesario que este se cuantifique y decir con qué velocidad se podrán desarrollar los cambios en ellos propuestos para que los contribuyentes no se asusten.

También se debe entender que la paz traerá consigo no solamente costos, sino grandes beneficios, que ayudarán a pagar por ella.

Como la expectativa del Gobierno, de la guerrilla y de muchos otros es que los contribuyentes de mayores ingresos sean los que aporten más a la financiación de la paz, hay que buscar acuerdos sobre la mejor manera de hacerlo. Ha hecho camino la idea de gravar los dividendos y bajar los impuestos corporativos. Esto se debe comparar con otras opciones, que tendrían mayores efectos distributivos y mayor eficiencia tributaria. Por ejemplo, ponerle un tope al porcentaje del ingreso que no es gravable o que está exento.

También hay que tener en cuenta que no todo el empeño debe recaer sobre el Gobierno Central, pues buena parte de los esfuerzos en el posconflicto debe ser responsabilidad de los gobiernos municipales y puede financiarse con impuestos locales, especialmente con el impuesto predial, cuyo recaudo debe aumentar significativamente, como se prevé en los acuerdos.

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Anexo Octubre 2014

Así transformarían a Colombia los acuerdos logrados con las Farc Juanita León La Silla Vacía Publicado el 25 de septiembre de 2014

Tras la decisión de publicar los acuerdos logrados hasta el momento en La Habana, el gobierno puso punto final a las especulaciones que había sobre cómo estaba “entregando” el país a las Farc. La Silla Vacía leyó las casi 70 páginas acordadas hasta hoy entre la guerrilla y el gobierno (acuerdo 1, 2 y 4) y lo que es claro es que si se cumplen la mitad de estos acuerdos, Colombia atravesará por una profunda revolución democrática. Estas son las diez transformaciones más profundas que vivirá el país si se firma algún día el Acuerdo Final con las Farc, y sobre todo, si se cumple: 1. Los campesinos dejarán de ser ciudadanos de segunda Uno de cada tres colombianos vive en la Colombia rural, y solo por eso, ya es más pobre, menos educado y más desnutrido que sus compatriotas urbanos, como lo mostró el informe de Desarrollo Humano del PNUD en 2011.

Mientras en varias ciudades la pobreza extrema es del 7 por ciento, en el campo llega al 29 por ciento. “Más del 60 por ciento de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”, dice el informe.

Si los acuerdos de paz se logran y se cumplen el campo saldría del abandono en el que ha estado sumido durante décadas. Esto porque el grueso de los acuerdos gira alrededor de “Planes” para atacar los principales problemas de los campesinos: de vías terciarias, distritos de riego, educación rural, salud rural, electrificación, mejoramiento de vivienda, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y promoción de la comercialización de la producción campesina, entre otros.

Además, acordaron un plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales.

Básicamente, que los campesinos puedan exigir sus derechos a una remuneración digna, a un horario establecido de trabajo y una instancia -un sistema móvil de inspección en las áreas rurales- que permita que los trabajadores puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. Es decir, a que salgan de la situación de servidumbre en la que se encuentran muchos.

2. Se creará un verdadero mercado de tierras Uno de cada cinco predios rurales tiene problemas de titulación, según lo demostró un estudio de Ana María Ibáñez, una de las mayores expertas en tierras en Colombia.

“La informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48 por ciento”, dijo Ibañez a La Silla Vacía cuando se logró un acuerdo sobre el primer punto en la Habana. “De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos for-

males sobre su tierra”.

Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo.

Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada. Sin títulos ciertos, no hay un incentivo para invertir, pero tampoco hay un colateral para pedir créditos.

La falta de títulos sobre la tierra, además, facilitó su robo. Más de la mitad de los desplazados tenían acceso a la tierra. La mayoría eran pequeños campesinos cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas, según el estudio de Ibáñez, pero solo uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras, lo que dificulta su retorno.

“Si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”, dice Ibáñez. “Eso es fundamental para que el mercado de tierras funcione”.

El acuerdo con las Farc es crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita de millones de hectáreas (no se han puesto de acuerdo en cuántas) para los campesinos sin tierra y las comunidades más afectadas por la miseria y el otorgamiento de subsidios integrales y créditos especiales para la compra de tierra. Y la formalización progresiva de la tierra de los campesinos.

Esto, además, contribuiría a cerrar la alta desigualdad en la propiedad rural, donde Colombia registra una de las mayores inequidades del mundo, con un Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la tierra es de una sola persona).

3. Los terratenientes pagarían impuestos El país no cuenta con un verdadero catastro rural. No tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote. Una de las consecuencias de esto es que los grandes dueños de la tierra no pagan prácticamente impuestos, y como demostró en su investigación sobre tierras e impuestos Marc Hoffsteter, bloguer de La Silla, mucha gente compra tierra para evadir pagar impuestos.

Esto se solucionará si se cumple lo pactado en la Habana, que implica actualizar el catastro rural e implantar un sistema para cobrar el impuesto predial de acuerdo al principio obvio (pero no aplicado en Colombia donde los terratenientes controlan los concejos municipales) de que el que más tiene más paga.

Además, incluye la participación de las comunidades para velar por la transparencia de la información.

Solo lograr esto hará que la gente no

compre tierra solo para engordarla sino que la venda o la ponga a producir.

4. Al clientelismo se le rompería el espinazo Los acuerdos logrados hasta ahora tienen un hilo conductor y es la creación de múltiples escenarios en los que las comunidades pueden y deben participar en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos y programas destinados a las zonas priorizadas para ejecutar los acuerdos. Si esto funciona, le rompería el espinazo al clientelismo.

Por ejemplo, según los acuerdos, el Plan nacional de vías terciarias se hará “con la participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras.” También se le daría prioridad a la contratación de trabajadores y adquisición de materiales de la localidad.

Hoy la ‘mermelada’ de la que gozan los congresistas a cambio de que aprueben el presupuesto nacional y las reformas tributarias se invierte principalmente en estas carreteras veredales, contratadas con los contratistas aliados de los políticos. Si este tipo de proyectos se definen y ejecutan directamente con las comunidades, el principal vehículo clientelista se debilitaría.

Por otro lado, acuerdan adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Según esto, ahora la trasteada de los votantes el día de elecciones –uno de los pivotes del clientelismo- correrá por cuenta del Estado.

También se crearán veedurías ciudadanas para supervisar la implementación de estos acuerdos y la ejecución del presupuesto.

5. Se comería más y mejor en el campo Los acuerdos crean un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural.

Estaría conformado por consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, en los que tendría representación el gobierno y las comunidades, para definir lineamientos para la puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales.

Hoy en día el campo tiene los peores niveles de desnutrición y además se suele comer de manera muy poco balanceada. En muchas regiones, la gente no come verduras, por ejemplo, y si muchos fritos 6. Surgirán nuevos movimientos de izquierda El acuerdo sobre el punto 2 incorpora múltiples garantías para hacer política

de oposición y crea varios incentivos –desde financiación hasta acceso a los medios comunitarios e institucionalespara que los movimientos sociales participen en política.

Las Farc y el Gobierno acordaron desmontar una de las barreras de entrada a la política más efectivas y es la obligación de superar un umbral de votos para conservar la personería jurídica del partido.

Si se firma este acuerdo, habrá nuevamente una proliferación de partidos políticos pues ya no es necesario sacar un número determinado de votos para existir. Habrá un sistema de “adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.”

Uno de los acuerdos más revolucionarios es la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz para elegir un número que todavía no han acordado de representantes a la Cámara en las zonas priorizadas por el nivel de conflicto. En estos lugares, “grupos significativos de ciudadanos” u organizaciones podrán inscribir candidatos oriundos de esta zona que solo podrán ser elegidos por personas de allí. Los partidos tradicionales no pueden salir elegidos por estas circunscripciones. Dado que estos candidatos tendrán menos requisitos y vendrán de las zonas más azotadas por el conflicto (con mayor influencia de las Farc), es posible anticipar la llegada de voces muy diferentes al Congreso de las que se acostumbra oír y mucho más radicales de izquierda.

7. Habrá una nueva definición de “orden público” El gobierno definió como una “línea roja” la discusión sobre la doctrina militar.

Sin embargo, si el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado por estos acuerdos llega a operar en la práctica terminará reemplazando la filosofía de lo que es el orden público que se ha manejado hasta el momento para controlar la protesta social y las movilizaciones sociales.

Se trata de una “concepción moderna de la seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, respeto de derechos humanos y valores democráticos”, según lo definen en el punto 2.

“Este sistema debe crear una cultura de tolerancia que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de persecución de dirigentes por sus actividades políticas, opinión o oposición.”

Dice, además, que “se adoptarán pre>> SIGUE TRANSFORMARÍAN pág. 9

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Las razones del Gobierno para revelar textos de los acuerdos con Farc Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, dijo que “no se renuncia a confidencialidad”.

Redacción ELTIEMPO.COM Publicado el 24 de septiembre de 2014

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a los medios de comunicación desde La Habana para explicar por qué se decidió revelar los textos de los tres temas acordados hasta el momento con la guerrilla: tierras, participación política y drogas ilícitas.

De la Calle recordó que desde el inicio de conversaciones, y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo General del 2012, el Gobierno Nacional ha insistido en preservar la confidencialidad.

“Sin embargo, tenemos que reconocer que estos esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado margen a la especulaciones, incluso a malintencionadas. Han puesto en circulación clase de versiones y rumores y pretenden desinformar crear desconfianza y que no corresponden a lo acordado”, señaló De la Calle.

De igual manera, De la Calle advirtió que “ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión”. Por eso, dijo, decidieron “coger el toro por los cuernos y hacer públicos los acuerdos que hasta ahora hemos alcanzado. Sin renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción”.

Ahora, dijo el jefe del equipo negociador del Gobierno, que “cada ciudadano puede ahora constar él mismo lo que hemos

venido diciendo y formarse su propia opinión. Insistimos en esto: que los colombianos comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprendan la totalidad de lo pactado.

Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir que no hay nada oculto”.

Explicado esto, De la Calle procedió a repasar lo que hasta a hora se ha acordado con las Farc.

Sobre tierras Este punto denominada ‘Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’, tiene 4 pilares.

El primero es el acceso y el uso de la tierra, donde se acordó un fondo de tierras para distribuirlas de forma gratuita a aquellos campesinos que, o no tienen tierra o les son insuficientes. Con ello, el Gobierno se compromete a brindar riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización, además de garantizar los derechos de propiedad mediante. Se mejorará también el uso de la tierra, se trabajará el tema de catastro y “la puesta al día del predial”, bajo una consigna: “el que más tiene, más paga”.

Por última, el jefe del equipo negociador del Gobierno dijo que se acordó “proteger las áreas de especial interés ambiental” mediante un plan de zonificación sin frenar las alternativas

<< VIENE TRANSFORMARÍAN pág.8 visiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que bajo cualquier excusa vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.”

8. Si los políticos van a comprar periodistas, será con su propia plata Un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa demostró cómo muchos gobernantes utilizan la asignación de la pauta oficial para comprar a los periodistas fieles y castigar a los independientes. El estudio se centró en la pauta local dado que la mayoría de periodistas locales de radio viven de la pauta que ellos mismos tramitan, con lo cual los alcaldes suelen callarles la boca.

A nivel nacional no hay estudios, pero el uso generoso y arbitrario de la pauta también tiene incidencia en lo que algunos medios nacionales dicen o sobre todo callan.

económicas de comunidades y el desarrollo del país.

El segundo pilar en el tema de tierras tiene que ver con programas especiales de desarrollo territorial. “Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación”, afirmó De la Calle.

El tercer pilar se trata de planes para reducir la pobreza rural en un 50% y eliminar la pobreza extrema, en un término de 10 años. “Estos planes buscan poner el campo colombiano en un camino de convergencia con la calidad de vida en las ciudades”, agregó. Lo anterior incluye proveer a los habitantes los bienes y servicios públicos necesarios, así como salud, educación y vivienda. Además, estímulos para la productividad de la agricultura como asistencia técnica y créditos.

El cuarto y último pilar tiene que ver con un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. Este consiste en fortalecer mercados locales y regionales, hacer campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y programas especiales contra el hambre. La vía para lograrlo, sería a través de consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los territorios.

Participación política De la Calle explicó que un primer pilar acordado en este punto fue el del surgimiento de una nueva apertura democrática, basada en la creación de nuevos partidos políticos que

Esa “zanahoria” ahora tendrá que hacerse visible pues el gobierno se comprometió a promover “los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo también en cuenta a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios. Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados.”

Solo con que este punto se aplique ya cambiarían mucho las dinámicas del periodismo colombiano 9. Colombia dejaría de ser la productora # 1 de coca El acuerdo sobre cultivos ilícitos trae una reforma integral para las zonas donde se cultiva coca, que se haría con la participación de las comunidades y con el protagonismo activo de las Farc.

no dependan de la obtención de un umbral para conservar su personería jurídica, la creación de Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (que permitirán en las zonas más golpeadas por el conflicto la elección de representantes a la Cámara adicionales), promoción del voto, fortalecimiento de la transparencia del sistema electoral y promoción de la tolerancia en el ejercicio político.

Como segundo pilar de este punto de la agenda (“participación ciudadana para consolidar la paz”), el jefe negociador del Gobierno afirmó que se acordaron medidas como el desarrollo de una ley de garantías para los movimientos sociales, medidas para promover una cultura de tolerancia, garantías para la protesta social, promoción de espacios en medios de comunicación institucionales para dar a conocer actividades de organizaciones de la sociedad civil, revisión del sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública.

Como tercer pilar, De la Calle afirmó que se busca romper el vínculo entre política y armas, “que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política”, para lo cual es fundamental también que se les den garantías a quienes dejen las armas de que no serán objeto de la violencia una vez se reincorporen a la sociedad civil. El establecimiento de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política, que también cobije a líderes de movimientos sociales y defen-

Dado que esta guerrilla controla y regula desde hace décadas el negocio de la coca, su salida definitiva del negocio y suponiendo que las bacrim no ocupan ese territorio haría que Colombia pierda su vocación de productora de coca. Esto traería grandes repercusiones.

Entre otras cosas, se identificarían algunos eslabones “grises” (como los llama el investigador Luis Jorge Garay) de la criminalidad organizada En el acuerdo sobre drogas, gobierno y Farc se comprometen a desarticular la “cadena de valor del narcotráfico”. Entre las muchas cosas que harán está la de mapear el delito, de tal forma que “permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategas de lavado de activos, canales de blanqueo de capitales, y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su penetración en las instituciones.”

sores de derechos humanos, hace parte de lo acordado en ese pilar, que también contempla la creación del Estatuto para la Oposición.

Drogas ilícitas En este punto, De la Calle mencionó como primer componente la puesta en marcha de un Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo que, más allá de erradicar las plantaciones, busca transformar los territorios en beneficio de las comunidades que los habitan.

Un segundo componente habla de la prevención y tratamiento del consumo de drogas, planteados como “cuestión pública que requiere un tratamiento prioritario”. Se acordó un programa de intervención frente al consumo y un sistema de atención al consumidor.

Como tercer componente, De la Calle recordó que se acordó una estrategia para ampliar la lucha contra el crimen organizado que tiene nexos con el narcotráfico y que el Gobierno promoverá una Conferencia Internacional ante las Naciones Unidas para avanzar en la construcción de ajustes en materia de lucha contra las drogas.

Como último eje de este punto, De la Calle recordó que el Gobierno se comprometió a poner en marcha las políticas anteriormente mencionadas y que las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier relación que “se hubiese presentado” con el fenómeno del narcotráfico y a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre este delito y el conflicto.

Lo más seguro es que las Farc no dará los nombres de la gente con la que trabajan el negocio del narcotráfico pero solo identificar cómo es que lavan el dinero, cómo penetran las institución y como es su red de testaferros ayudará mucho a combatir el crimen organizado.

10. Se acabaría la guerrilla de las Farc, nacerían como partido político Los tres acuerdos ratifican que las Farc esta pensando seriamente dejar las armas. No de otra manera se entiende el nivel de granularidad de los acuerdos.

Por otro lado, las garantías para la oposición política les permitirán a las Farc pasar de ser un actor armado a hacer política por las urnas. La ejecución de estos acuerdos, cuyos mayores beneficiarios son los campesinos de las zonas donde ellos han tenido influencia, podría ayudarles a consolidar una base política que les permita llegar más rápido al poder, si es que los colombianos algún día les perdonan sus crímenes.

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Anexo Octubre 2014

Las Farc son incapaces de llegar a la paz Eduardo Mackenzie 14ymedio.com Publicado el 9 de septiembre

Sin arrepentimiento ningún acuerdo de paz es posible. Sin el arrepentimiento del agresor la paz es inalcanzable. Ese es el nudo gordiano de la actual negociación de paz: los jefes de las Farc están a años luz de alcanzar esa lucidez, esa altura moral, esa nobleza de espíritu indispensable para que ellos puedan reconciliarse verdaderamente con el país que han martirizado durante más de 60 años, para entrar, realmente, en un nuevo comienzo.

La noción de arrepentimiento es central en todo esto. Es la lección más profunda dejada por Nelson Mandela y Frederik de Klerk. Si esa noción es descartada, como lo ha sido hasta ahora en Colombia, es imposible llegar a algo serio en materia posconflicto. Jamás habrá un posconflicto en Colombia sin ese elemento. Un compromiso de arrepentimiento sincero del agresor debe llegar de alguna manera.

La solución que aportan las Farc a ese problema es irracional: el arrepentimiento debe venir de las víctimas. El arrepentimiento del victimario debe ser substituido, judicial y mediáticamente, por el arrepentimiento de sus víctimas.

Las Farc son las causantes de la guerra total subversiva y de las sub violencias que el país ha sufrido desde 1954 hasta hoy.

Sin la destrucción institucional y moral que ellas realizaron, el país habría superado esas otras calamidades (las otras guerrillas, los carteles de la droga, los paramilitares, la corrupción, las bacrim), como lo hicieron otros países.

Las Farc atacaron de manera implacable a Colombia, a sus ciudadanos, a sus autoridades elegidas, a su Estado democrático, a sus fuerzas económicas, a su vida cultural y espiritual.

Y al hacerlo creían que tenían derecho a hacerlo. Creían que estaban haciendo el bien.

Eso era lo que su ideología les dictaba. Ésta les impedía oír el clamor contrario de millones de ciudadanos y de sus representantes. Esa violencia total, abierta y soterrada, contra el país, es lo que los jefes extranjeros de las Farc, las dictaduras totalitarias que más daño le hicieron al género humano, y ahora el Foro de Sao Paulo, les decían

y les dicen: ustedes son la vanguardia de una revolución luminosa, ustedes representan la esperanza de la reconstrucción violenta de un mundo colectivista contra la despreciable democracia burguesa y el detestable mercado libre; ustedes son la avanzada de los forjadores de un mundo ideal donde el Estado de derecho habrá sido aplastado y donde el “individuo egoísta”, tan fustigado por Marx, habrá sido transformado en el “hombre nuevo”, en el homo sovieticus que los bolcheviques rusos trataron de forjar durante 70 años, hasta que su experimento catastrófico se derrumbó, por su absurdo interno, en 1991. ¿Puede alguien con semejantes convicciones entregar las armas, renunciar de un día para otro a la fuerza e integrarse a un universo que se pretende regido por la ley, la discusión y la moral?

Aunque los jefes terroristas digan y prometan que, en la fase de posconflicto, ellos serán los hombres y las mujeres más razonables, más pacíficos, encantadores, fraternales y solidarios pero, sobre todo, los más avanzados en cuestiones de democracia, nadie les creerá ni la primera letra de su primera frase, si no hay arrepentimiento.

Como esa noción no fue invocaba en estos años de negociación en Cuba, los resultados son terribles. Las Farc están convencidas de que ellas no tienen nada que expiar, nada que explicar, nada de qué arrepentirse. No son culpables de nada. Los culpables son los otros. Bien azuzados por la dirigencia cubana, insisten en que se reconozca más bien la “responsabilidad principal que tiene el Estado en el conflicto colombiano”, y que se reconozca la culpabilidad de las empresas y la culpabilidad el Gobierno de Estados Unidos, y hasta la de los “servicios de inteligencia británico e israelí”.

Esa visión paranoica que traslada la culpa de las Farc al mundo entero, es la que acaba de presentar en La Habana, ante periodistas, Luis Alberto Albán,

alias ‘Marco León Calarcá’, negociador del grupo terrorista.

Ese individuo cerró aún más las puertas al exigir que una “comisión de la verdad” valide esa falsificación, ese esquema absurdo de las culpabilidades y decrete que aquí no hubo sino un conflicto entre partes iguales (eufemismo que ellos impulsan para impedir que se hable de las víctimas que las Farc han generado en 60 años de atrocidades).

Esa “comisión de la verdad” deberá imponer, dice Albán, la más grande mentira –la de la responsabilidad “principal” de las víctimas de las Farc--, “antes de la firma de un eventual acuerdo final”.

El mensaje es claro: ‘Timochenko’ no firmará ninguna paz. Cuando Santos afirma que se está muy cerca de la paz, miente. Ellas firman la paz cuando el Estado, el gobierno y la sociedad, acepten el programa de ‘Tirofijo’. Prolongarán, eso sí, las negociaciones hasta donde puedan, para no perder las ventajas que Santos les ha otorgado.

La aventura en La Habana les permitió poner en lugar seguro una parte de su dirección, reforzar su accionar criminal, paralizar en parte la fuerza pública, intoxicar la prensa y el país con amenazas y promesas.

Sobre todo, les permitió crear módulos legales de impunidad, definir quién es o no víctima y lanzar escenarios que les evite pagar un peso a sus víctimas.

El más reciente exige crear un “fondo especial para la reparación integral de las víctimas”, por un monto “equivalente al 3% del PIB anual”, nada menos, con dineros, no de las Farc, sino de los impuestos que pagan los colombianos. Y, claro, buena parte de ese fondo irá a parar a las manos de las Farc pues ellas son las mayores víctimas del Estado. Sólo les falta pedir a los países “victimarios” (Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel) que también subsidien a la víctima ‘Farc’. Ante ese ramo de alucinaciones el gobierno y los negociadores de Santos siguen creyendo que la paz está a la vuelta de la esquina.

El lío no es el papel Está claro: las Farc siguen con su galopante carrera criminal en Colombia, mientras avanzan a paso de tortuga en la mesa de Cuba. Ese es el problema, no lo que digan o dejen de decir los papeles de La Habana.

Mauricio Vargas Opinión El Tiempo Publicado el 28 de septiembre

Hacen bien el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de su delegación en La Habana, Humberto de la Calle, en divulgar el contenido de los acuerdos alcanzados con las Farc, que habían sido mantenidos en reserva para favorecer la confidencialidad en una primera etapa de la negociación. Ayudan con ello a poner en perspectiva el alcance de lo convenido, alentador en algunos aspectos, aunque hasta ahora bastante limitado.

Falta pactar sobre los temas más gruesos: las penas que pagarán –o no– los comandantes guerrilleros por sus atroces crímenes, y si podrán –o no– dedicarse a la política y hacerse elegir para el Congreso, las alcaldías y hasta la Presidencia, a pesar de un pasado tan cargado de terror, sangre y muerte.

Tampoco está definido si seguirán burlándose de las víctimas que causaron, como acaban de hacer con la exsecuestrada Clara Rojas. O si con sus multimillonarios bienes, fruto de la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, ayudarán a indemnizar a decenas de miles de campesinos cuyas tierras robaron y a cuyas familias diezmaron a sangre y fuego, así como a miles de colombianos a quienes mantuvieron durante años en campos de concentración en la selva a la espera del pago de un rescate. No hay que olvidar –perdonar quizás, olvidar nunca– que las Farc y sus émulos, los paramilitares, son autores de los crímenes más atroces de la historia colombiana.

Algunos de los acuerdos alcanzados son bastante vagos. Dicen, por ejemplo, que el Gobierno creará un banco de tierras para repartir entre los campesinos que carecen de

ellas. ¿De dónde saldrán esas tierras? ¿De dónde saldrá la plata para financiar a los nuevos propietarios para que no se mueran de hambre en esas parcelas? ¿Quién escogerá a esos campesinos? ¿Las Farc?

La lectura de los textos divulgados anima en cuanto a lo pactado, pero aterra en cuanto a lo que falta. Si para lo logrado hicieron falta dos años, ¿faltan acaso otros dos para el resto? ¿Resistirá el país dos años más de lo que vienen haciendo las Farc? Porque, así como Santos y De la Calle aciertan al divulgar estos documentos, no logran con ello resolver el verdadero embrollo, que no es otro que la cada vez más insoportable lentitud de la negociación, que un día el Presidente dijo que duraría “meses”.

El problema del proceso con las Farc no radica en lo que dicen –con su margen de tergiversación– aquellos a quienes el Gobierno califica de manera bastante olímpica como “enemigos de la paz”. Eso hace parte del necesario debate en una democracia. El lío es otro: el día a día de terror y guerra que continúa en las selvas y montañas de algunas regiones por obra de las Farc.

La Policía, avalada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha acusado a las Farc de aliarse con la temida banda criminal del narcotráfico de los hermanos Úsuga. Juntos, dicen los análisis del Gobierno, cometieron el atroz asesinato de siete policías en Córdoba. Las Farc y los Úsuga lo niegan, pero a esos sujetos poco se les puede creer, en especial frente a tanta evidencia de este tipo de alianzas no solo en Córdoba, sino en Cauca, Nariño, Putumayo y el Catatumbo. Está claro: las Farc siguen con su galopante carrera criminal en Colombia, mientras avanzan a paso de tortuga en la mesa de Cuba. Ese es el problema, no lo que digan o dejen de decir los papeles de La Habana.

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Partidos celebran divulgación de acuerdos parciales de paz

Claves de pacto entre bacrim y guerrillas Justicia El Tiempo Publicado el 20 de septiembre

Estado colombiano enfrenta el reto de implementar una estrategia efectiva para combatir esa amenaza violenta.

Las casi 1.500 hectáreas de coca que hay en las serranía de Abibe y en el nudo de Paramillo, en límites entre Antioquia y Córdoba, están en el ‘corazón’ de la macabra alianza criminal que esta semana cobró la vida de siete policías en el municipio cordobés de Tierradentro.

Los carabineros, ninguno mayor de 25 años, fueron atacados con explosivos en una vía rural y rematados a tiros de fusil y con granadas. Detrás de ese ataque, el segundo más grave contra la Fuerza Pública en lo que va del año, estuvieron guerrilleros del frente 58 de las Farc y miembros de la banda del clan de los Úsuga.

Lo que dicen los organismos de seguridad es que hace un mes hubo una ‘cumbre’ entre alias ‘Gavilán’, segundo del grupo de los Úsuga y por quien se pagan 500 millones de pesos de recompensa, y ‘Manteco’, jefe del frente 58.

De allí salieron las órdenes para los jefes locales en Tierradentro: ‘Z-5’, por la banda, y ‘Hermides’, por la guerrilla.

En Córdoba, donde los ‘paras’ mandaron hasta hace una década, hay alarma por el regreso de la violencia de la guerrilla. Pero, sobre todo, por los alcances de un pacto entre grupos armados que también se está viendo en otras regiones del país y que

gira alrededor de la coca y de la minería ilegal.

En La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, según los organismos de seguridad y reportes de autoridades locales, guerrilla y bandas pasaron de los pactos de no agresión a negocios conjuntos. Los arreglos incluyen a lo que queda de ‘los Rastrojos’, al Eln y al grupo que encabeza Víctor Ramón Navarro, ‘Megateo’, exEpl y principal narco del nororiente del país.

El último enfrentamiento armado registrado entre bandas y Farc fue en el 2011. Desde ese momento, dicen los analistas, optaron por evitar el desgaste que les dejaba la guerra y negociaron hasta las zonas donde podían ‘vacunar’ sin afectar al otro.

Eso ocurrió, por ejemplo, en el Cauca, donde en un solo enfrentamiento se contaron 13 muertos de la guerrilla y ‘los Rastrojos’. Ahora –ya con presencia de la gente de los Úsuga, ante el declive ‘rastrojo–, la guerrilla vende la droga que se produce en las áreas bajo su control, hay laboratorios comunes y arreglos para poder sacar droga por las rutas que maneja el grupo más fuerte.

“Lo que sucedió en el pasado con las autodefensas y lo del presente, con las bandas criminales, demuestra un interés especial por la comercialización de estupefacientes: están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque.

Las Farc, en cambio, se intere-

Agencia Efe El Colombiano Publicado el 24 de septiembre

san por el cultivo y el procesamiento de coca. De ahí que no sorprendan las alianzas actuales”, dice un informe elaborado por el investigador Camilo Echandía para la Fundación Ideas para la Paz. En las interceptaciones de las comunicaciones de los grupos ha aparecido un nuevo término: “los primos”. Así, dice una fuente de la Policía, se mencionan en las instrucciones para no interferir con los embarques de droga del otro grupo que se mueva en la zona.

De cara a una eventual desmovilización de las Farc por el proceso de La Habana, los analistas advierten del temible gancho que pueden representar estas alianzas para los frentes más comprometidos con el narcotráfico. “Es otro tipo de violencia, porque ya no combaten entre ellos, pero se ensañan con la población civil, que, a falta de uno, es víctima de dos grupos armados”, dice el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.

Hugo Acero, experto en temas de seguridad, señala que es probable que “esos jefes de frente que saben cuánto pueden ganar con los negocios ilegales probablemente dejarán de ser Farc si llega el momento de la desmovilización y buscarán las bandas”. Por eso, advierte, el Estado colombiano enfrenta el reto de implementar una estrategia efectiva para combatir esa amenaza violenta que podría darse incluso con el fin del conflicto.

Los partidos políticos celebraron la divulgación de los borradores íntegros de los tres preacuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc dentro de las negociaciones de paz en La Habana.

El anuncio, que llegó por parte del presidente, Juan Manuel Santos, desde Nueva York, fue rápidamente aplaudido por el expresidente y ahora Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper. “(Es) la oportunidad para decir que en el proceso no hay ‘gato encerrado”, valoró en declaraciones a RCN Radio, por cuyos micrófonos pasaron varias personalidades políticas del país.

Fue el caso del excomisionado de paz Víctor Ricardo, que destacó la importancia del anuncio y afirmó que “el país necesita conocer con exactitud qué se ha negociado en La Habana”.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, explicó que “los colombianos vienen demandando saber en qué va ese proceso del que depende la paz de Colombia y el futuro del país, creo que ha habido bastantes avances y ya es hora de empezar a dar esas buenas noticias”.

Algo más crítico se mostró el Procurador General, Alejandro Ordóñez, que señaló que la decisión de publicar la totalidad los textos “estaba en mora (retrasada)”, pero que aun así le parece bien porque “esas conversaciones deben conocerse y ser públicas”.

La Iglesia pidió a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, que los borradores se traduzcan a “un lenguaje muy sencillo para que la

te a la posibilidad de que pronto pueda alcanzarse un acuerdo de paz.

En diálogo con La F.M., Mendieta, quien hizo parte de la tercera comisión de víctimas que viajó a La Habana, dijo que el discurso de las Farc en la mesa fue similar al que mantu-

vieron durante su secuestro en la toma de Mitú en 1998.

“Escucha uno sus palabras e infortunadamente se desanima. (...) la paz no es posible tan rápido porque prácticamente está escuchando lo mismo que nosotros escuchábamos en la selva cuando estábamos secuestrados», dijo Mendieta, oficial que fue rescatado por el Ejército en 2010.

El general insistió en que

gente común y corriente, los menos letrados y enterados en el asunto, puedan entender”.

Mientras, los partidos políticos también mostraron su satisfacción de forma unánime.

La presidenta del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, señaló que el hecho de conocer los textos del proceso de paz genera confianza y “permite a la ciudadanía disipar los señalamientos que existían respecto al hecho de que se está entregando el país” a la guerrilla.

La exsenadora por el Partido Liberal y líder de colombianos y colombianas por la Paz (CCP), Piedad Córdoba, consideró que la decisión que tomó el Gobierno es fundamental para el proceso, y que “es importante que el presidente y las Farc dejen conocer el fondo”.

Entre tanto, la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, indicó que la decisión es positiva porque los colombianos necesitan saber “hasta qué punto el Gobierno y sus negociadores están comprometiendo el futuro y la seguridad de la democracia”.

La también senadora del CD Paloma Valencia matizó, sin embargo, que espera que los documentos no sean “los simples comunicados que ya todos conocemos”.

“Celebraríamos mucho saber qué se va a revelar, ya que sabemos de las manipulaciones del Gobierno al proceso”, cuestionó.

Escuchar a las Farc desanima sobre la paz: GN Mendieta Redacción El Colombiano Publicado el 3 de octubre de 2014

El general (r) de la Policía Luis Herlindo Mendieta dijo que escuchar las palabras de las comisión negociadora de las Farc en Cuba “desanima” fren-

el encuentro con alias “Iván Márquez” y con los otros integrantes de las Farc fue similar al que afrontó en la selva durante su secuestro cuando tuvo contacto con otros jefes guerrilleros.

“Estar allí ‘Iván Márquez’ y los otros integrantes, en mi parecer, era como ver cuando estuvieron presentes en las jaulas de concentración el ‘Mono Jojoy’, ‘Grannobles’ o ‘Simón trinidad’”, dijo Mendieta.

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Anexo Octubre 2014

Opinión frente a la campaña ciudadana ¡Soy Capaz!

¿Soy capaz de creer en las Farc?

Jesús Vallejo Mejía Periodismosinfronteras.org Publicado el 5 de octubre de 2014

Por iniciativa de la ANDI, según se dice, se ha lanzado una costosa campaña publicitaria tendiente a promover en los colombianos actitudes favorables a los diálogos que en La Habana llevan a cabo representantes del gobierno y de las Farc.

No obstante este masivo despliegue publicitario, nuestra opinión pública, tal como se refleja en las encuestas, sigue siendo pesimista acerca de los resultados probables de este proceso. No cree en la buena voluntad de las Farc y la mayoría de los encuestados desaprueba el modo como lo ha venido gestionando el gobierno.

El escepticismo en torno de sus resultados es comprensible, pues las Farc no han dado muestras sinceras del ánimo de reconciliarse con el país y el gobierno parece no saber hacia dónde va por este camino.

Muchos lo ven como un barco que navega al garete, sin otro rumbo que el que le tracen las olas y el viento.

Es comprensible que los empresarios se presten a ayudarle al gobierno en lo que es sin lugar a dudas su programa bandera. A ellos no les interesa que el día de mañana se diga que la anhelada paz se frustró por su egoísmo o su falta de compromiso. Además, el peso del gobierno sobre el empresariado es enorme y a ninguno le conviene que lo señalen como opositor, máxime si estamos en presencia de un mandatario que no se para en pelillos a la hora de perseguir a quienes disientan de sus políticas.

Dice la historia que el gremio empresarial más importante del país, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), se creó en 1944 por iniciativa del entonces presidente López Pumarejo, que consideraba con sobra de razones que para atender las peticiones de la industria, que a la sazón sufría las dificultades propias de la guerra mundial, era necesario establecer canales institucionales adecuados.

La ANDI y, en general las agremiaciones empresariales, justifican su existencia porque llevan la vocería de sus afiliados poniendo de manifiesto sus necesidades y sus propuestas no solo acerca de sus requerimientos, sino del bien común. No son, en principio, instrumentos de oposición política, aunque en muchos casos les toque enfrentar a los gobiernos porque consideran sus políticas lesivas para los intereses legítimos que representan o para el

Se trata de definir si lo que padecemos es un conflicto interno con visos de guerra civil o, como muchos lo creemos, una agresión narcoterrorista contra nuestra institucionalidad conglomerado social. Pero tampoco son instrumentos de las políticas gubernamentales, así les corresponda de acuerdo con las circunstancias prestar sus concurso para el buen suceso de las mismas.

Es evidente que el tema de los diálogos con las Farc es asunto que interesa a todo el país, por lo que los gremios empresariales deben ser proactivos en su desarrollo. Pero su colaboración no implica que pierdan la independencia para señalar los puntos débiles de esta empresa política. Sobre ellos pesan severas responsabilidades históricas, no solo respecto de sus afiliados, sino del país entero.

Y si bien deben cuidarse de que en el futuro los señalen como culpables del fracaso de las negociaciones, igualmente deben pensar en la posibilidad de que se les impute el cargo de haber facilitado por activa o por pasiva la adopción de unos malos acuerdos.

Lo que está en juego en Colombia hoy por hoy es de veras crucial para su porvenir y exige de parte de sus dirigentes las mayores dosis posibles de talento político.

Clemenceau afirmaba que la guerra es asunto demasiado complejo para dejarlo exclusivamente en manos de los militares. Conviene parafrasear ahora estas palabras para decir que, en las condiciones en que estamos, la paz es asunto demasiado complejo para dejarlo exclusivamente en manos de los políticos, sobre todo si se trata de personajes tan sinuosos como Santos.

No es la primera vez, desde luego, que Colombia se ve envuelta en una terrible encrucijada. A lo largo de su historia le ha correspondido afrontar graves crisis políticas que han puesto en vilo su institucionalidad, y las ha resuelto de distintas maneras, no siempre con buena fortuna. Pero la situación creada con las organizaciones guerrilleras de las Farc y el Eln no se compara con ninguna de las que en otros momentos hemos padecido, ni siquiera con la que dio lugar a la desmovilización del M-19 y otros movimientos subversivos.

Es notorio que Colombia padece una situación anómala por la presencia a lo largo y ancho de su territorio de grupos subversivos viejos de más de medio siglo que no han sido derrotados militarmente, pero tampoco han logrado el anclaje territorial que se requiere para

considerarlos como beligerantes de acuerdo con la normatividad internacional.

No se discute, pues, que constituyen un gravísimo desafío para el orden público interno, ni que esa perturbación desborda las posibilidades de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, motivo por el cual la misma ha tenido que manejarse por las fuerzas militares dentro de su función de defensa del orden constitucional. Por consiguiente, está fuera de discusión que la vía más indicada para buscar la normalidad es el diálogo.

Suele decirse que cuando fracasan las palabras, esto es, la fuerza de los argumentos, se hace inevitable acudir a la fuerza de las armas. Pero también es cierto que cuando fracasa esta última, se hace inevitable, por mera cuestión de supervivencia, volver al diálogo.

Este cuenta con ventajas que le son inherentes. Pero al mismo tiempo genera riesgos que deben precaverse, como los de malas negociaciones que no deriven en la anhelada paz, sino en situaciones anómalas capaces de producir nuevas y más graves alteraciones del orden.

En aras del diálogo, el gobierno ha superado una discusión que no deja de ser importante.

Se trata de definir si lo que padecemos es un conflicto interno con visos de guerra civil o, como muchos lo creemos, una agresión narcoterrorista contra nuestra institucionalidad. Es más, y desde luego algo peor: el gobierno ha decidido renunciar a presentarse en la mesa de diálogos como titular legítimo de la representación del pueblo colombiano, para autoseñalarse como parte de un conflicto interno en el que sus contendores son los grupos subversivos. Por eso se dice en el pacto que dio origen a los diálogos que estos se dan entre “Altas partes contratantes”.

En la mesa de diálogo actúan unos negociadores del gobierno que dice representar al pueblo colombiano, tal como lo postula nuestra Constitución Política.

Pero, ¿a quiénes representan los negociadores de las Farc?

Como se dice en ciertos programas de televisión, he ahí la pregunta del millón. Ellos se autoadjudican la auténtica representación del sufrido pueblo colombiano. Pero resulta que en las elecciones los apoyos que reciben los candidatos que tienen alguna afinidad con los grupos guerrilleros son claramente

minoritarios. Y en las encuestas de opinión su imagen desfavorable siempre sobrepasa el 90%. Siendo realistas, hay que admitir que se representan a sí mismos y que su fuerza es la de los contingentes armados que mantienen gracias a las enormes ganancias que les reportan sus actividades ilegales, sobre todo el narcotráfico, la minería informal, las extorsiones y los secuestros. Pero quizás representen a alguien más que actúa en la sombra, tal como lo insinúa Plinio Apuleyo Mendoza en un artículo que publicó hace poco en El Tiempo.

La fuertemente politizada jurisprudencia colombiana ha dictaminado que, en todo caso, la actividad subversiva, no obstante sus entronques con una muy funesta delincuencia que ya no puede decirse que sea común, merece trato de favor por sus objetivos políticos.

Acá se presentan, por supuesto, varios temas de discusión, como el de si frente a un régimen democrático, todo lo imperfecto que sea, cabe darle al delito político un manejo menos severo que el que se reserva para el delito común, o el de si, de hecho, tanto las Farc como el Eln han dejado de ser meros grupos subversivos animados por propósitos de reivindicaciones sociales, para convertirse en peligrosísimas organizaciones narcoterroristas estrechamente ligadas con la delincuencia internacional, según lo observó John Marulanda esta semana en un escrito para El Colombiano.

Hay muchos indicios de que el gobierno también está cediendo en estos puntos decisivos.

No solo insiste en el reconocimiento político de las Farc, lo mismo que del Eln, sino que parece transitar por la vía de admitir que el narcotráfico y otras graves actividades ilegales guardan conexidad con la empresa subversiva y admiten por consiguiente el régimen favorable de los delitos políticos.

Pero lo que es más preocupante, el gobierno da a entender que esas actividades constituyen tan solo efectos colaterales de la acción política, llamados a desaparecer o por lo menos a atenuarse por obra de los acuerdos de paz. La idea que fluye de los documentos parciales que publicó hace unos días es muy simple, diríase que candorosa: por obra y gracia de lo que se convenga, las Farc se convertirán en aliadas suyas en la solución de los problemas que suscita el narcotráfico.

Es evidente que al tenor de los textos acordados parcialmente con las Farc, estas no han aceptado plegarse a la institucionalidad colombiana. Exigen todo lo contrario: que la misma se pliegue a sus aspiraciones de corto, mediano y largo plazo, que no son otras que poner en marcha una empresa totalitaria y, por ende liberticida, que culmine tarde o temprano en la instauración de un régimen comunista en Colombia. Sus voceros no han renunciado a su ideología revolucionaria y todos los pasos que dan se inscriben dentro de las consignas leninistas según las cuales es bueno todo lo que contribuya al triunfo de la revolución.

Para emplear un lenguaje grato a los pastores de nuestra jerarquía católica, que suelen ver en los guerrilleros unas ovejas descarriadas a las que desde todo punto de vista convendría reintegrar al redil, digo que más parece que los dirigentes de las Farc son lobos feroces que ni siquiera disimulan vistiéndose de ovejas. Viendo todo esto, llega a la mente la sarcástica referencia que hizo Churchill acerca de su rival, Attlee:”Es una oveja con piel de oveja”. Sin ánimo de ofender, creo que de los promotores de “Soy Capaz” cabe afirmar lo propio.

Muchos analistas han señalado que los textos que dio a conocer el gobierno están llenos de lugares comunes y palabras grandilocuentes que dicen mucho y no dicen nada. De “babosadas” los calificó mi apreciado amigo Juan David Escobar Valencia en su último artículo para El Colombiano, pero con la salvedad que él mismo hizo constar en el sentido de que no son inocuas, sino tan peligrosas como la saliva del dragón de Komodo.

En realidad, son textos sibilinos que después servirán para extraer de ellos consecuencias desastrosas. Hay que leerlos, pues, entre líneas.

Y lo que yo leo con mi poder de doble visión es que hay de parte del gobierno, como lo ha dicho en otras oportunidades José Félix Lafaurie, la intención de entregarle la suerte del agro colombiano a las Farc. La idea es también muy simple: es lo que ellas quieren y ya están ahí.

Que se queden entonces con las zonas de reserva campesina, las circunscripciones agrarias especiales, la bolsa de tierras y la gestión de programas que les permitan presentarse como redentoras del campesinado colombiano. El país urbano quedaría, en cambio, en manos de lo que suele llamarse impropiamente el “Establecimento”.

Esto es muchísimo más que lo que pedía el tristemente célebre ‘Tirofijo’, quien demandaba la partición de Colombia para entregarles a las Farc el control del suroriente. Lo que Santos les ofrece ahora es toda la Colombia rural. Y por eso, como lo ha señalado el hoy senador

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¿Soy capaz? ¿Seremos capaces? ¿Serán capaces?

Sofía Alejandra Gaviria Correa Elmundo.com Opinión Publicado el 10 de septiembre de 2014

“La iniciativa de más de 120 empresarios y dirigentes colombianos, lanzada el pasado lunes, que busca generar actitudes y gestos de reconciliación y de paz en el país, a través de la campaña “Soy capaz”, debe empezar por involucrar a las Farc”.

La iniciativa de más de 120 empresarios y dirigentes colombianos, lanzada el pasado lunes, que busca generar actitudes y gestos de reconciliación y de paz en el país, a través de la campaña “Soy capaz”, debe empezar por involucrar a las Farc.

Para apoyar la campaña, sugiero las siguientes preguntas al Secretariado de las Farc: 1) ¿Son capaces de confesar sus crímenes y de admitir que, como victimarios, los cometieron no como “errores” ni como

actos de defensa, sino como crímenes?

2) ¿Son capaces de reconocer la larga incidencia de la sucesión de sus masacres, ataques a poblaciones, asesinatos selectivos, secuestros, destrucciones masivas por medio de bombas y explosiones y toda clase de delitos que han causado enorme sufrimiento al país, desde hace medio siglo?

3) ¿Son capaces de garantizarles a sus víctimas el derecho a la libertad de expresión, para que no sean estigmatizadas, satanizadas y revictimizadas?

4) ¿Son capaces de dar ejemplo de compromiso democrático y de permitir que sus víctimas logren una representación coordinada y organizada, que provenga de una consulta am-

plia, ojalá universal, para llevar una vocería legítima a las negociaciones?

5) ¿Son capaces de dejar de criticar y de descalificar a personas que han padecido, en su persona o en su familia, los más infames crímenes cometidos por ustedes, muchas veces de lesa humanidad, como en el caso de Clara Rojas y el General Mendieta, que, la semana pasada, fueron atrozmente difamados y desconocidos como víctimas?

6) ¿Son capaces de reconocer como víctimas a los miembros de las Fuerzas Armadas contra los cuales ustedes han cometido delitos que están por fuera de los establecidos en el derecho de la guerra?

7) ¿Son capaces de sellar un compromiso definitivo de no infligir más daño y sufrimiento a los colombianos?

8) ¿Son capaces de realizar una entrega total de su armamento?

discusiones en la mesa pero una vez firmados los preacuerdos sobre los tres primeros puntos no había nada que esconder.

Los documentos –mitad lugares comunes, mitad planes sin plazo definido o con periodos muy cortos para objetivos pretensiosos–, han debido ser públicos desde el primer momento. Lo reclamaba la oposición y lo pedíamos desde la sociedad civil, inquietos por un hermetismo que

definitivamente no convino.

Falló la estrategia del Gobierno y mientras tanto las Farc hicieron todo lo posible para crear en su guerrillerada la sensación de que estaban ganando e indirectamente el mensaje caló también entre los colombianos que descreídos veíamos a unas Farc robustas en la batalla y del otro lado, un silencio torpe del Gobierno que no hablaba dizque protegiendo la ‘confidencialidad’ del pro-

ceso que todos los días violaban los guerrilleros con ruedas de prensa unilaterales.

Ahora que ya sabemos en qué consisten cada uno de los puntos acordados, la impresión, lamentablemente, sigue siendo la misma. Como el levantamiento de la reserva se demoró tanto, la opinión pública sigue igual de pesimista. La mayoría de los ciudadanos no se leen esas páginas y los que lo hicimos por nuestro oficio quedamos con la inquietud de que falta mucho -¡lo más delicado!, y que así las cosas no es del todo cierto eso de que ya vamos por el 60 por ciento de las negociaciones.

evitar la impunidad.

“La reforma establece el marco de investigación apropiado para los miembros de las Fuerzas Armadas, de modo que si cometen actos de violación de derechos humanos, estos sean juzgados por la justicia ordina-

ria y no por la penal militar”, dijo Pinzón. De manera que las desapariciones forzadas, el genocidio, los falsos positivos y las violaciones irían a la justicia ordinaria. Otro cambio relevante es que todas las infracciones del Derecho Internacional

Humanitario serían competencia de la Justicia Penal Militar y además la reforma también contempla un eventual desarrollo del concepto de justicia penal policial.

Por su parte, el uribismo también tiene sobre la mesa su propia reforma. La bancada de Centro Democrático propone retornar a la disposición de la Constitución de 1991, según la cual los delitos cometidos

por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, por causa del servicio son juzgados únicamente por los Tribunales Militares. El dilema del juzgamiento ha levantado ampolla entre los senadores de la Unidad Nacional y el uribismo, pero lo más seguro es que la propuesta de Centro Democrático termine empantanada, a menos que logren hacerse con los votos azules, los del Polo y los Verdes.

das para ejercer su dictadura sobre el campesinado, los núcleos urbanos caerán a sus pies como fruta madura. Ya estaban a punto de lograrlo cuando bajo el gobierno de Andrés Pastrana los mandos militares le hicieron saber que no estaban en capacidad de proteger unas ciudades que se encontraban cercadas por los grupos guerrilleros.

Ahora, como se dice en la jerga de los billaristas, todo les quedaría “bola a bola”.

Habida consideración de que con las Farc, dados sus condicionamientos ideológicos, sería im-

posible llega a acuerdos sobre lo fundamental, que son indispensables para la supervivencia de un régimen democrático, lo que presiento es que el gobierno pretende convenir con ellas un régimen mixto que les permitiría insertarse como un Estado dentro del Estado colombiano. Y, como lo demuestra de modo fehaciente la historia, esos regímenes mixtos no solo están condenados a la transitoriedad, sino a que los conflictos que mediante ellos se trata de superar se mantengan y se agraven.

Se cuenta en la biografía de Raymond Aron que cuando Giscard d’Estaign ganó la presidencia francesa, uno de sus primeros anuncios fue la apertura política frente a la URSS, una “östpolitik” al estilo de la de Willy Brandt. Aron le dijo entonces a su hija: “Ese joven ignora que la historia es trágica”.

Igual le ocurre a Santos, que ya no es joven, pero gusta de actuar como un mozalbete.

El actual momento de Colombia, en efecto, es trágico en el sentido más riguroso de la palabra. Y de la inteligencia,

la capacidad de previsión y la entereza de sus dirigentes depende en muy buena medida su destino.

Sería imperdonable que, por no desairar al gobierno que presiona para que lo apoyen, terminaran condenando al campesinado colombiano a la infausta suerte de los cubanos y los venezolanos. Más imperdonable sería que esa suerte fatídica nos fuese deparada a todos los colombianos porque nuestros empresarios se negaron a ver lo que a todas luces se veía venir.

Puntos suspensivos José Manuel Acevedo Vanguardia

Publicado el 30 de septiembre de 2014

Tarde se reveló el contenido de los preacuerdos de paz. El daño en materia de incertidumbre y suspicacias por doquier, parece irreversible. El principio de confidencialidad nunca se entendió como correspondía porque lo que no había que contar eran los detalles de las

El dilema del fuero Redacción Revista Semana Publicado el 4 de octubre de 2014

El pasado miércoles el gobierno radicó la esperada reforma al Fuero Militar. Un proyecto que según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pretende fortalecer la justicia militar y

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Uribe Vélez, en esos textos nada se dice sobre la garantía de la propiedad privada en el campo, ni sobre la empresa agropecuaria, ni sobre los planes de desarrollo basados en grandes inversiones de capital, y sí mucho sobre la expropiación y la extinción del dominio de grandes extensiones que se consideran inadecuadamente explotadas Pero tras la Colombia rural vendrá el resto. Apertrechadas en el campo, protegidas por autodefensas que conservarían su poderoso arsenal, blinda-

9) ¿Son capaces de aceptar que Colombia, que avanza en pos del perfeccionamiento democrático y del desarrollo, se ha insertado en una justicia internacional, cuyas exigencias mínimas establecen que no es posible amnistiar autores de delitos de lesa humanidad?

10) ¿Son capaces de aceptar que, tanto por los estándares internacionales de justicia, como por la tradición humanística, deberán ir a la cárcel los autores intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad?

11) ¿Son capaces de dejar de mentir y de entregar toda la información sobre sus crímenes, necesaria para que la verdad del conflicto se esclarezca, por respeto a las víctimas y en aras de la adecuada construcción del registro de la historia del país?

12) ¿Son capaces de someterse a un acto de contrición pública, en el cual, con actitud real de arrepentimiento, nos pidan

perdón a sus innumerables víctimas?

13) ¿Son capaces de aceptar que tienen la capacidad financiera para cubrir los costos monetarios que se requieren para resarcir a sus víctimas, puesto que ustedes, a través del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, se han enriquecido escandalosamente?

14) ¿Son capaces de responsabilizarse y de, efectivamente, realizar ese resarcimiento moral y económico que merecen sus víctimas, por sus sufrimientos y sus pérdidas materiales?

15) ¿Son capaces de renunciar definitivamente a la lucha armada como medio para la búsqueda de la defensa de los ideales que alguna vez tuvieron?

Si las Farc son capaces de todo lo anterior y el Gobierno cumple con su parte, se generaría el clima propicio para que cada colombiano diga: “Soy capaz”… y aporte a la reconciliación.

En muchos de los apartes se dice que sobre la carpintería (el diablo está en los detalles) se discutirá llegado el punto 6 de la agenda y el estado de varios asuntos se resumen en tres puntos suspensivos. Las comisiones e instituciones que se crearían parecen excesivas y cada una de ellas debe costar un montón de plata que no se sabe aún de dónde saldrá. Puntos suspensivos que no se ve claro cuándo se abordarán y que por la complejidad de lo que resta, hacen prever que esto tomará mucho más tiempo del que inicialmente nos dicen. La paz, tristemente, sigue siendo una ilusión y nada más.

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Anexo Octubre 2014

El exilio de Sandra Morelli no me extraña. Es más, lo lamento y lo entiendo. El fiscal Montealegre, con su poder y su habilidad unidos a un propósito vengativo, habría conseguido encarcelarla sin que ella pudiera tener la guardia de su hijo. No le quedaba entonces más recurso que exiliarse. La misma ausencia de garantías condujo por igual camino a Luis Carlos Restrepo, a María del Pilar Hurtado y, más recientemente, a Andrés Felipe Arias.

Pero hay otro exilio, impuesto por iguales razones, que el país desconoce: el de Felipe Salazar.

Cuando el real perfil de la guerrilla derrumbó sus ilusiones revolucionarias, Felipe, conocido entonces como ‘Biófilo’, se desmovilizó con otros 16 guerrilleros, entregó sus armas y en la propia Fiscalía y centros universitarios hizo valiosas revelaciones sobre las Farc y sus contactos. Llevado a La Picota, luego de que aparecieran testigos (falsos, desde luego) con toda suerte de acusaciones, Liduine Zumpolle, conocida internacionalmente como defensora de los derechos humanos, le dio toda

Reales jefes en la sombra Plinio Apuleyo Mendoza Opinión eltiempo.com Publicado el 25 de septiembre

su ayuda para que, disponiendo de una libertad provisional, Felipe pudiera irse al exilio.

No es algo inédito. Las mismas perversas maniobras judiciales han conseguido detener, para investigarlos, a más de quince mil militares y condenar a cerca de dos mil, entre ellos a notables figuras como Arias Cabrales, Alfonso Plazas, Rito Alejo del Río, Jaime Uscátegui o Hernán Mejía Gutiérrez. Pero también, honestos personajes civiles han corrido la misma suerte. En común tienen todos ellos su cercanía al expresidente Uribe. ¿Se tratará entonces de una capciosa derivación de la pugna entre uribistas y santistas? Así lo creen muchos. Pero la verdad es otra, más alarmante y desconocida. Pone al país en

máximo estado de peligro.

Me refiero a la real y todavía ignorada dirección política de las Farc, una dirección que no viste uniformes, que permanece en la sombra y se mueve en un mundo totalmente ajeno a ‘Timochenko’, con capacidad para influir en el Gobierno, en el Congreso y desde luego en la justicia. También, de manera más sutil, en los medios de comunicación. Descartada definitivamente la opción de las armas para llegar al poder, estos secretos orientadores han cobrado especial relevancia. Hacen parte de un proyecto continental identificado plenamente con el llamado Socialismo del Siglo XXI. Dentro de esta nueva perspectiva, un acuerdo de paz que les otorgue a las Farc nuevas parcelas de poder además de las que ya tienen en muchas regiones del país, sumado a todo el apoyo de la izquierda, a la nueva fuerza que tendría la Marcha Patriótica y a los millonarios re-

Los acuerdos no tan secretos de La Habana

colaboran en ella moviendo a los comerciantes extorsionados.

Y de esta manera, con la creencia de que el perdón y el olvido son los mejores instrumentos de paz, empresarios, artistas y muchos colombianos de bien están, sin saberlo, dándoles armas a los directivos políticos de las Farc para que consigan sus anhelados propósitos.

“No hemos acordado la forma de refrendar los acuerdos en la Habana” El presidente Juan Manuel Santos concedió su primera entrevista en vivo para televisión del segundo mandato para SEMANA En vivo.

Álvaro Sierra Restrepo EL TIEMPO Opinión Publicada el 25 de septiembre

El miércoles pasado, los negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana sorprendieron a Colombia con la súbita publicación de los textos completos de los acuerdos que han alcanzado en los tres primeros puntos de la agenda que regula sus conversaciones: desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.

Esos acuerdos, a los que llegaron en mayo y noviembre del 2013 y mayo de este año, respectivamente, habían sido resumidos, en su momento, en comunicados conjuntos. ¿Por qué decidieron de pronto hacer públicos los borradores en su totalidad?

En su comunicado conjunto explican que se trata de “una medida de transparencia” frente a las especulaciones sobre lo acordado. Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, habló de la necesidad de enfrentar “versiones y rumores que pretenden desinformar”. Eso es lo primero que dejan claro esos textos: no hay nada en ellos que se hubiera ocultado o no estuviera esbozado en los comunicados conjuntos.

Probablemente, pues, esa es una motivación. Pero la verdad es más compleja.

cursos que obtienen las Farc del narcotráfico, la opción de llegar al poder por la vía electoral no es descartable, como no lo fue para un Chávez, un Evo Morales o un Rafael Correa.

Para el éxito de esta nueva estrategia, que es apoyada también por los Castro y por Nicolás Maduro, el mayor enemigo es el expresidente Uribe. De ahí que disparen contra él toda suerte de falsas sindicaciones para envolverlo en una feroz telaraña judicial, sin descartar los riesgos que corre su vida.

En el ámbito político, estos secretos orientadores de las Farc buscan que en nombre de la paz los colombianos acepten, seguramente a través de un referendo propuesto por el Gobierno para dar una imagen de limpidez, las exigencias de la guerrilla en La Habana. De ahí que por todos los medios den su apoyo a la estruendosa campaña del ‘Soy capaz’. Las Farc

La verdad es que las Farc, unilateralmente y sin acordarlo con el Gobierno, empezaron a publicar los textos completos hace varios meses. Lo hicieron casi a escondidas, enterrándolos en medio de tres documentos de más de cien páginas cada uno con sus “propuestas mínimas” en materia rural, de participación política y de drogas, y las “salvedades” que han dejado en cada punto, que fueron colgando en la página web de su delegación de paz desde hace unos meses. (Por lo que sé, el primero no es el texto final, sino un borrador anterior.)

Lo insólito es que nadie se dio cuenta y, si alguien lo hizo, no contó, muestra de la indiferencia frente al proceso. Si bien un manto de secreto rodea lo ocurrido desde que esos textos quedaron en internet a la vista de todo el que tuviera la paciencia de leer los documentos, es altamente probable que el Gobierno se haya dado cuenta y de que esto se convirtiera en motivo de tires y aflojes silenciosos en La Habana.

En esos documentos, las Farc afirman que la confidencialidad se aplica a las discusiones en la Mesa, pero que no hay restricciones para hablar de lo ya

acordado. ¿Sabía el Gobierno de esas publicaciones? (De la Calle habló de “filtraciones de los acuerdos” en su intervención.) ¿Las consideró una violación de la confidencialidad? ¿Pidió a las Farc que las quitaran de internet? Ojalá los negociadores contestaran estas preguntas. Y las Farc dijeran para qué lo hicieron.

Sin que nadie lo percibiera, el miércoles las cosas llegaron al límite. Temprano en la mañana, las Farc pusieron de nuevo, muy destacado en su página web, el documento que contenía el primero de los borradores. Solo era cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta y estallara un escándalo. Pocas horas después, las partes anunciaban su repentina decisión de publicar los textos completos. ¿Tardío pero eficaz ‘control del daño’? El caso es que ahí, colgados en internet, a la vista de todos, estaban desde hace meses los textos completos de los acuerdos más importantes a los que han llegado el Gobierno y las Farc desde que empezaron a negociar, hace 2 años. Que el pasado miércoles las partes decidieron hacer públicos, cuando ya era evidente que de secretos no tenían un pelo.

Redacción Revista Semana Publicado el 4 de octubre de 2014

El presidente Juan Manuel Santos concedió su primera entrevista en vivo para televisión del segundo mandato para Semana En vivo. Bajo la conducción de la columnista María Jimena Duzán y en compañía de Francisco Miranda, editor consejero, Santos le habló al país del proceso de paz y reveló que en la primera semana de noviembre viajará a las seis capitales más influyentes de Europa para buscar recursos para el posconflicto. La idea, según dijo, es “convencerlos” para crear un fondo entre las naciones de la Unión Europea como Noruega. Sería una especie de ‘Plan Marshall’ a la colombiana.

También sorprendió cuando advirtió que “no hemos acordado ninguna fórmula sobre la

refrendación de los acuerdos”. A pesar de que por muchos meses se había entendido el referendo como el mecanismo preferido para consultarles a los colombianos los textos de La Habana, el primer mandatario dejó la puerta abierta para otros instrumentos. También reconoció que muchos colombianos todavía no entienden en qué consiste el diálogo con las Farc y aseguró que el gobierno prepara una estrategia de pedagogía para comunicar los resultados de la Mesa de negociación. Frente a Uribe y su bancada Centro Democrático, envió un mensaje de reconciliación. “Sentémonos y trabajemos juntos, senador Uribe. Si tiene dudas sobre el proceso de paz, déjeme se las disipo”.

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La inevitable guerra mundial Vicente Echeverry Columnista El Nuevo Herald Publicado el 24 de septiembre de 2014

Desde este lunes, los bombardeos de Estados Unidos y sus aliados regionales a las instalaciones terroristas del llamado Estado Islámico se han extendido a Siria con un poder de fuego bastante significativo: cerca de un centenar de militantes de dos organizaciones extremistas se contaron entre las bajas mortales de la primera jornada, además de la destrucción de equipos bélicos e infraestructuras: saldo previsible para una acción en que se utilizaron bombarderos, misiles y aviones no tripulados.

Sin embargo, no se trata de un juego de vídeo en que puede evaporarse al enemigo confiando solamente en estos sofisticados aparatos bélicos. El gobierno de Obama, al tiempo que anunciaba su propósito de derrotar a estos grupos bárbaros que han surgido en el Oriente Medio, se mostraba cauteloso y conservador: la lucha podría ser larga y, pese a la insistencia de que Occidente no iba a poner tropas sobre el terreno, la voz de los escépticos al respecto se hacía oír de labios de los militares estadounidenses

de mayor rango: en una vista en el Capitolio, el jefe del Estado Mayor Conjunto afirmaba que no podría descartarse el empleo de soldados en Irak, donde el número de asesores ya ronda o sobrepasa el millar.

El escenario no podría ser más complejo, como difusas parecen ahora mismo las alianzas en la región: Estados Unidos ha extendido los bombardeos a los enclaves sirios de estos terroristas acompañado por aviones de guerra de algunos estados árabes, de los cuales hay sospechas bien fundadas de haber ayudado con armas y dinero a los mismos subversivos que hoy combaten. Esa ayuda se dice que responde a la necesidad que ven los regímenes suníes de la región de contrapesar la avanzada del chiismo encabezada por Irán, que extiende su influencia a Irak y Siria, cuyo gobierno llevan queriendo derrocar hace tres años y al que ahora, irónicamente, están librando de sus más feroces enemigos, sencillamente porque éstos constituyen un peligro mayor y más inminente. Nadie lo hubiera podido pronosticar el año

pasado por esta fecha cuando los aviones americanos estuvieron a punto de bombardear los cuarteles y arsenales de Bashar al-Asad, cuya supervivencia en estos momentos esos aviones de algún modo preservan.

La intervención armada de Estados Unidos y Francia en esta campaña –aérea hasta ahora, a la que Gran Bretaña y otras potencias de la OTAN no tardarán en sumarse– emprendida ciertamente con tanta renuencia y excusas tendrá, necesariamente, que acentuarse, sin que eso signifique que la paz se consolide en la región, a pesar de que la necesiten desesperadamente gobiernos y pueblos. Si este califato de beduinos sunitas es finalmente destruido, como se proponen Estados Unidos y sus aliados y como casi seguramente ocurrirá; el chiismo lo sustituirá como amenaza contra los designios de Occidente: las ambiciones y la influencia de Irán se harán más obvias a través de su clientela regional (Siria, Jezbolá y buena parte de las fuerzas políticas iraquíes). Y es que, en el fondo, se trata del choque de culturas que los portavoces de los gobiernos occidentales no cesan constantemente de negar: el islam quiere hacer prevalecer

unos “valores” que la expansión occidental le niega. El fanatismo religioso de cualquier vertiente musulmana —sunita o chiita— es la expresión de una profunda inconformidad con el diseño político y social inventado en Europa y exportado e impuesto en todo el mundo, en el cual la cosmovisión de estos vecinos de los traspatios de la historia no tiene ni lugar ni futuro.

Se ha dicho que la tercera guerra mundial ha comenzado ya y tal vez sea verdad, aunque los conflictos actuales casi no pasen de la categoría de escaramuzas. Durante la guerra fría nos acostumbramos a pensar que esa tercera guerra sería la devastación nuclear entre las dos superpotencias, cuando en realidad puede y está llamada a ser más bien una contienda convencional que se libre, al mismo tiempo, en múltiples escenarios. A la larga, por mucho que ahora casi nadie quiera admitirlo, será un encuentro de vida o muerte entre dos maneras de ver el mundo y de vivir en él. El planeta se ha hecho demasiado pequeño para que Occidente y el Islam (no como religión, es decir, como repertorio ritual, sino como ideología de vida y orden social) puedan compartirlo sin violencia.

en que él fue el responsable de quienes salieron con vida. Él le dijo a Semana hace varios años: “Los organismos de inteligencia y seguridad del Estado deben responder por las personas que habiéndose entregado vivas, puedan estar desaparecidas (…)

A mí no me interesa si al final se diga si salieron vivos o no (los desaparecidos). Ese no es mi problema porque no entregué en la Casa del Florero ningún cadáver. Entregué personas vivas. Y ni siquiera yo, porque fueron mis tropas”.

Ahora su abogado, Jaime Granados, va en la misma línea y aprovechó el hallazgo de los restos de estas dos personas para insistir en que su cliente no tuvo nada que ver con los desaparecidos. Plazas espera que la Corte Suprema revise como último recurso de casación, la dura condena al oficial. “Se trata de unas confirmación de lo que ha sostenido el coronel Plazas Vega desde hace más siete años, que hay un número de 19 desparecidos inicialmente.

No porque hayan desaparecido, sino porque hay cadáveres sin identificar. Poco a poco se han

ido identificando. Quedan 13 y ahora hay dos más identificados, por lo tanto quedan 11”, dice Granados.

El jurista asegura que no hay ninguna evidencia que muestre que estas dos personas (las dos guerrilleras) no hayan fallecido en combate. Granados refuta una vez más la tesis según la cual ellas pudieron salir con vida y luego fueron asesinadas.

“Y el que no estén incinerados no es un indicio de nada irregular. Ocho guerrilleros que se encontraban en el cuarto piso fueron incinerados. La mayor parte de los guerrilleros, más de 21, aparecieron sin estar incinerados”, añade.

Granados fue más allá y les dijo a los familiares de las víctimas que a ellas les conviene sostener lo contrario. “Yo respeto el dolor de los familiares.

Pero hay un hecho cierto. Si estas personas murieron en combate, no tienen derecho a ninguna indemnización. Por tanto les conviene sostener lo contrario. Aquí lo importante es lo que muestren las evidencias; hasta ahora todo lo que ha dicho el coronel Plazas Vega ha

sido corroborado y esto ha sido un caso más”.

El jurista insiste en que hasta ahora lo que hay es una confirmación de que estas personas murieron dentro del Palacio de Justicia como consecuencia del operativo a sangre y fuego en la toma. “Ellos (los guerrilleros) no llegaron derramando sonrisas y besos, llegaron asesinando personas inocentes y la Fuerza Pública llegó y tuvo que enfrentarlo a mano armada”.

Granados dijo que su cliente no tuvo nada que ver con llevar cadáveres al cementerio ni sepultarlos. Y mucho menos es responsable de lo que ocurrió después de la retoma en el Palacio de Justicia. “El coronel no estaba encargado de hacer levantamientos ni entregárselos a nadie. Lo único que tenía en sus manos el poder ingresar y lograra evitar que el M-19 tomara el control y apoyar a otros cuerpos como la Escuela de Artillería y finalmente, cuando terminó el operativo, regresar al batallón”, concluyó.

La Corte tiene la última palabra en el caso del coronel Plazas Vega.

“Los guerrilleros no llegaron derramando sonrisas y besos” Revista Semana www.semana.com 15 de septiembre de 2014

Así lo dijo el abogado del coronel Alfonso Plazas Vega. Insiste en que el oficial no es responsable de desaparecidos del Palacio.

Plazas Vega espera a que se resuelva un recurso de casación ante la Corte suprema de Justicia.

Los dos cuerpos que fueron recuperados en una fosa en el Cementerio del Sur y que corresponden a dos guerrilleras del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia reviven la penosa historia del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión. Él fue hallado responsable de la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio que lideró el 7 de noviembre de 1985. Él, desde la cárcel, ha insistido en que nada tuvo que ver con esas desapariciones y que su deber era “defender la democracia, enfrentar al M-19 y dar de baja a los guerrilleros que estaban dándole plomo al Ejército”.

Pero las pruebas y los abogados de las víctimas han insistido

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Hay información de que ‘Timochenko’ ha viajado a La Habana: Mindefensa Redacción El Colombiano.com Publicado el 9 de octubre de 2014

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló en una entrevista con Caracol Radio que tiene información de que el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez alias ‘Timochenko’, ha viajado en varias oportunidades a La Habana.

“Informes de inteligencia revelan algunas informaciones sobre viajes que hizo este delincuente a La Habana, son informaciones que estamos verificando, pero sin importar, tratamos de mantener vigilancia para identificar en el territorio colombiano donde se encuentran”, señaló Pinzón.

El funcionario, sin embargo, hizo hincapié en que debía guardar prudencia por tratarse de temas que involucran a otros países y, desde luego, por el proceso de paz. Por eso se abstuvo de concretar más preguntas que se le hicieron al respecto.

A principios de octubre esta misma emisora reveló que ‘Timochenko’ viaja a Cuba desde Venezuela para reunirse con los negociadores de paz de las Farc. “Son desplazamientos que ha hecho desde territorio venezolano y que no han sido consultados con el Gobierno colombiano ni están dentro del proceso de paz”, según fuentes militares de la emisora. “Las Farc han negado su presencia en Cuba. Luego regresa a territorio venezolano donde se refugia desde hace varios años”, indicó Caracol.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero, a través de Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’, las Farc rechazaron las afirmaciones hechas por el excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, sobre la presencia del máximo comandante de las Farc en La Habana.

‘Pablo Catatumbo’ respondió en ese momento que la declaración de Zuluaga «es irresponsable» y que si tiene evidencias de que ‘Timochenko’, se encuentra en La Habana, tuvo que presentarlas ante las autoridades.

Cabecillas de Farc fuera del país El ministro de Defensa también indicó a la emisora que no hay dudas de que varios cabecillas están por fuera del país. “No hay duda (de que) hace bastante tiempo se tiene información de que varios de estos cabecillas (de la guerrilla) no están en el país”, indicó.

Y agregó que se están realizando operaciones en el sur del país para dar con el jefe guerrillero Milton de Jesús Toncel Redondo alias ‘Joaquín Gómez’, comandante del Bloque Sur, vocero y miembro del Secretariado de las Farc.

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Anexo Octubre 2014

40 preguntas sobre los viajes de ‘Timochenko’ Juan Lozano El Tiempo Publicado el 13 de octubre

¿Por qué después de los viajes de ‹Timochenko’ a Cuba se recrudeció el accionar de las Farc y remataron policías, dispararon contra una ambulancia y sembraron minas alrededor de una escuela?

El insólito manejo de la información oficial sobre viajes de ‘Timochenko’ a Cuba hace aparecer descuadernado y anárquico al Gobierno. Parece que allá adentro cada cual hace lo que más conviene a sus personales intereses y que la pelea Jaramillo-Pinzón hubiera desbordado a Santos, convertido en espectador perplejo de los apetitos políticos de Pinzón y los contragolpes de Jaramillo.

El efecto está a la vista.

Cuando Santos finalmente dijo

que a él le parecía normal que ‘Timochenko’ fuera a Cuba y que él mismo había autorizado los viajes, la marea estaba tan alta que su declaración provocó una nueva oleada de preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Sabía o no sabía Santos que Pinzón confirmaría esas visitas?

Si sabía ¿por qué no las confirmó el propio Santos? ¿O es que acaso es el mismo Santos quien está detrás de una promoción electoral de Pinzón? ¿O nada sabía porque los ministros en este campo también toman decisiones a sus espaldas? ¿O es que perdió el control sobre las declaraciones de Pinzón? ¿O es que teme alinearlo porque piensa que eso puede debilitar aún más sus relaciones con los militares? ¿O fue que Pinzón estalló, pues no aguanta más humillaciones, que lo pongan en ridícu-

lo desde La Habana y que le sigan ocultando información? ¿O será que de verdad se comió el cuento de que él ha de ser el sucesor de Santos si se revienta el proceso de paz y quiere acelerar esa situación?

Y, a propósito, ¿cuándo supo Santos de los viajes de ‘Timochenko’? ¿Y sí serían solo dos o han sido más? ¿Los autorizó a posteriori como quien legaliza hechos cumplidos? ¿Quién le pidió la autorización: ‘Timochenko’, Maduro, Castro, De la Calle o ninguno de ellos? ¿Alguien tendría el comedimiento de informarle lo de la circular roja y las órdenes de captura no suspendidas, o eso ya no les importa? ¿Y con quién llegó ‘Timochenko’ a Cuba? ¿De dónde despegó? ¿En qué avión? ¿De quién? ¿O es que acaso llegó

nadando? ¿Y Santos también autorizó el viaje de ‘Gabino’ y otros miembros del Eln? ¿Y Santos propició la cumbre ‘Gabino’‘Timochenko’? ¿Y qué está pasando con los diálogos con el Eln después de ese encuentro?

Y, mientras tanto, qué hacía De la Calle en Cuba? ¿Miraba para otro lado? ¿Por lo menos le prestarían el catamarán para dar una vueltica mientras los comandantes guerrilleros conversaban? ¿Y luego se lo prestarían a ‘Timochenko’, roncito y son incluidos, para un paseo antiestrés? ¿Y el tiempo le alcanzaría a ‘Timochenko’ en La Habana para hacer su primera cumbre presencial de comandantes? ¿Con cuántos guerrilleros se reunió en Cuba? ¿Cuántos de ellos están autorizados por el Gobierno? ¿Y se reunió con

agentes de otros países? ¿Con los de la Yihad o con los de organizaciones terroristas de la antigua Unión Soviética? ¿Y con prófugos de Estados Unidos? ¿Y con líderes del narco? ¿Y fue también a Nicaragua? ¿Quién lo autorizó? ¿Se entrevistó con Ortega? ¿Hablarían de San Andrés y del apoyo de las Farc a Nicaragua en el litigio contra Colombia? ¿Y se entrevistó allá con rusos o chinos?

Ojalá nos respondieran con la verdad todas estas preguntas.

Pero hay dos que me inquietan particularmente. ¿Por qué si dicen que los viajes buscaban acelerar el proceso, justo esta semana Sergio Jaramillo les dijo a los periodistas, al contrario de lo que había dicho Santos, que el proceso está muy demorado y que va para largo?

Y, finalmente, ¿por qué después de estos viajes se recrudeció el accionar de las Farc con crueles atentados, rematando policías con tiros de gracia, reclutando, asesinando y mutilando menores de edad, disparando contra una ambulancia o sembrando minas alrededor de escuelas e iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué?

de esa cartera. Se decidió por Pinzón pero creó simultáneamente en la Casa de Nariño una alta consejería para la seguridad nacional que ocupó Jaramillo y ahí, de nuevo, fue Troya.

Aunque las discrepancias no siempre trascendieran en público, quienes trabajaron en esos años durante el primer gobierno de Santos, recuerdan que la tensión era alta y que en distintos momentos Pinzón se quejó de las interferencias de Jaramillo en su trabajo.

Las cosas no han sido mejores ahora que uno intenta hacer la paz mientras el otro mantiene vivo el cañazo de la guerra. En varias ocasiones se ha oído comentar a Jaramillo su molestia por las intervenciones públicas de Pinzón y el ministro de defensa no se ha quedado de brazos cruzados a la hora de indisponer al negociador de paz. El

viernes, en RCN La Radio, María Elvira Samper reveló un episodio ocurrido hace tres semanas en un encuentro con unos 100 Generales al que asistieron el fiscal, el procurador y los negociadores de paz.

Según la siempre bien informada María Elvira Samper, terminado el discurso de Alejandro Ordóñez, el ministro Pinzón tomó la palabra y dijo que el Procurador representaba exactamente el sentir de las Fuerzas Militares, lo que por supuesto cayó como un baldado de agua fría a Jaramillo y De La Calle que se disponían a tomar la palabra enseguida.

Desde entonces hasta hoy, la rabia entre Pinzón y Jaramillo está en su punto máximo y si bien es cierto que el ministro de defensa no consultó al presidente antes de hacer sus explosivas declaraciones en Caracol Radio, su decisión de hablar tiene un sentido lógico en el marco del enfrentamiento con Jaramillo: el ministro Pinzón sabía que pronto se haría la revelación de los viajes de ‘Timochenko’ y quería adelantarse para no quedar como un pelele al que le quedó grande la seguridad del

Estado.

“Con este ministro desbocado no se puede hacer la paz”, dirá en privado Sergio Jaramillo.

Pero lo que no puede ser es que se le pida un compromiso cegatón a Juan Carlos Pinzón y a los militares con esa paz.

Cuando las Farc cometen atentados, la izquierda nos recuerda que estamos negociando en medio del conflicto pero cuando es el ministro de defensa el que cumple su misión de denunciar los abusos de la guerrilla, senadores como Iván Cepeda saltan para pedir su renuncia por dizque entorpecer el proceso de paz.

Con la alta tensión que se vive dentro del gobierno y sin un árbitro dedicado a contener y poner reglas claras en la pelea Jaramillo vs. Pinzón, la opción que le va quedando al presidente Santos es prescindir de uno de los dos. El juego del policía bueno y el policía malo que en otros momentos de la historia política internacional ha dado resultado, no parece ser el indicado en Colombia en medio de un ambiente tan enrarecido como el que vivimos hoy. ¿Por cuál se decantará?

Pinzón vs. Jaramillo: ¿último round?

José Manuel Acevedo Revista Semana Edición 1693 Domingo 12 de octubre

La historia de desencuentros entre los dos es larga. Juan Carlos Pinzón y Sergio Jaramillo ya han tenido que medir fuerzas en distintos momentos.

La historia de desencuentros entre los dos es larga. Juan Carlos Pinzón y Sergio Jaramillo ya han tenido que medir fuerzas en distintos momentos durante los últimos años. Los dos parecen hijos ‘bobos’ de Santos. El Presidente ha confiado en ellos ciegamente y ambos le han respondido con inmensa lealtad.

Santos, como dijo una publicación en su momento, decidió mandar a uno de sus vástagos políticos a la guerra y al otro lo puso a hacer la paz. Aunque ha tratado de darles figuración a

ambos por igual en posiciones claves dentro del Estado, los roces entre Pinzón y Jaramillo han sido inevitables y el tono de esta guerra fría va peligrosamente en aumento.

De allí que algunos afirmen que lo que hay detrás de la revelación de que ‘Timochenko’ ha ido dos veces a Cuba no es más que un nuevo asalto entre Juan Carlos Pinzón y Sergio Jaramillo.

Y es que Pinzón y Jaramillo nunca se han querido. Desde cuando los dos eran viceministros tuvieron muchos problemas y hay quienes dicen que llegaron a no hablarse ni compartirse información en el ministerio de defensa. Pinzón supo ganarse el aprecio de los militares mientras que a Jaramillo lo detestan entre las filas del Ejército. Luego Santos tuvo que decidir a cuál de los dos nombrar como titular

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El periódico de ACORE es un medio de comunicación de los Asociados y retirados de las Fuerzas Militares, donde se dan a conocer las opiniones y pensamientos de la Reserva Activa, sobre hechos de interés nacional que nos afectan directamente.

En ese contexto, para nosotros es muy importante que los Asociados conozcan su opinión sobre

diversos tópicos del acontecer nacional, lo invitamos a que escriba para nuestro periódico, es una forma de integración y de comunicación.

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Edición 544

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‘Timochenko’, con bendición presidencial Está claro que Santos permite que el capo se refugie y dirija a la organización terrorista desde territorio vecino, una flagrante violación al derecho internacional y una agresión contra Colombia.

Rafael Nieto Loaiza Periodismo sin fronteras.com Publicado el 12 de octubre

Pudo ser un resbalón, pero pareció más bien una trampa.

El ministro Pinzón está fogueado en muchas plazas y no es del tipo que pisa las cascaritas que ponen los periodistas. De manera que las declaraciones que dio sobre la presencia de ‘Timochenko’ en Cuba han de ser resultado de una emboscada, típica en nuestro periodismo. El resultado, en todo caso, fue una tormenta.

Y con razón, porque la presencia del capo de las Farc en La Habana está lejos de ser explicada con suficiencia, por mucho que el Presidente trate de despachar el asunto sosteniendo que es “normal” y “parte del proceso”.

Empecemos por resaltar que al paso que vamos en Cuba terminarán todo el secretariado y

el estado mayor de las Farc. A los treinta miembros del equipo de negociación se sumaron hace unas semanas diez guerrilleros más, entre ellos ‘Pastor Álape’, dizque para compensar la presencia de los militares que en un acto inoportuno y apresurado llevó el Gobierno a la isla.

Con ello se hace sumamente difícil golpear militarmente a la cúpula del grupo terrorista (de hecho, hace meses que no se dan tales golpes). Y se le dan unas ventajas adicionales enormes: además del obvio del descanso y la recuperación de sus mandos, les permite planear y dirigir en conjunto y sin riesgos y desarrollar actividades políticas y de relacionamiento tanto internacional como con organizaciones y personas nacionales afines, sin que el Estado tenga siquiera capacidad de enterarse y bajo la mirada cómplice de Fidel y compañía. En paralelo, los problemas de comunicación

que tuvieron como resultado de las infiltraciones e interceptaciones de la Fuerza Pública han quedado superados. Más aun, desarrollan actividades de propaganda sin ningún obstáculo. ¿Cómo tolera el Gobierno que Cuba les permita el desarrollo de canales de TV? Lo de ‘Timochenko’ es aún más grave. Si es verdad que no se suspendieron órdenes de captura porque el capo no estaba en Colombia, y si es cierto, como dice Santos, que él mismo avaló su presencia, dos veces, en La Habana, ¿entonces dónde estaba el guerrillero? Nadie lo duda: en Venezuela. Por tanto, está claro que Santos permite que el capo se refugie y dirija a la organización terrorista desde territorio vecino (una flagrante violación al derecho internacional y una agresión contra Colombia) y que no solo calla y no reclama al gobierno de Maduro, sino que de la omisión

se ha pasado a la acción al avalar el hecho. Y haciéndole aún más difícil la tarea a la Fuerza Pública. Al menos para Santos, lo de diálogo en La Habana y confrontación por fuera es puro bla bla bla. Por mucho que diga que “aquí no se ha bajado la guardia ni un solo milímetro”, producir resultados militares sustantivos es imposible cuando la cúpula se encuentra fuera del alcance de la Fuerza Pública (con su aval, Santos protege a ‘Timochenko’) y cuando se está repitiendo el sonsonete, aunque no sea cierto, de que la paz “está de un cacho”. Vaya y explíquele a un soldado que debe ser el último muerto de una guerra que, según el Presidente, está a punto de acabarse. Y cuando sabe que el Gobierno quiere que los guerrilleros no paguen por sus crímenes y acaben en el Congreso porque “es mejor tenerlos ahí que echando bala”.

Para rematar, la justificación

que da es espantosa: “¿Por qué lo autoricé? Así como mis negociadores tienen que ir al Palacio de Nariño a consultarme (…), la contraparte también tiene que consultar sus decisiones”. Pues no, señor Presidente, las Farc no son el Gobierno y ‘Timochenko’ no es usted, por mucho esfuerzo que hayan hecho en tratar de igualar al grupo terrorista con el Estado colombiano. Además, la excusa es falsa: los guerrilleros salen y entran a su antojo de Cuba y pueden reunirse sin ningún problema con el capo en Venezuela. Es más, lo han hecho.

Finalmente, aunque el Gobierno diga que la autorización se hizo “en el marco de la Ley” ¿cuál fue la norma que usaron? La Ley 1421 de 2010, última prórroga con modificaciones de la Ley 418 de 1997, con base en la cual se han hecho todos los diálogos desde entonces, no autoriza en ninguna parte la decisión presidencial.

¿Paz negociada o paz de revancha?

Si el presidente Juan Manuel Santos reveló tres textos de los varios “acuerdos” firmados por él y las Farc no fue por generosidad ni por respetar a quienes exigen que haya transparencia en unas negociaciones en las que se está poniendo en juego el destino de todos los colombianos.

Eduardo Mackenzie Opinión Periódico Debate Publicado 27 de septiembre de 2014

Santos reveló textos sobre la “reforma agraria integral”, que exigen las Farc, sobre la curiosa “participación política” que buscan los terroristas y sobre el “manejo de cultivos y drogas ilícitas” de esos mismos actores. Esos puntos no son todos los “borradores conjuntos” que parecen existir entre ellos y no develan todos los misterios de los conciliábulos y pactos obscuros, al margen incluso de algunos de los negociadores del bando gubernamental, que se tramitan en Cuba. Tampoco aclaran otros encuentros aún más velados, pero desde 2013, con políticos que no son negociadores oficiales, como el grupo de seis donde figuran el senador Roy Barreras e Iván Cepeda, entre otros.

No hay pues esclarecimiento total de lo que se trama en esa ciudad del Caribe.

La opinión debe estar más alerta que nunca frente a todo eso. Pues cada uno de los tres temas mencionados arrastra una serie de puntos sobre los cuales las partes no se han puesto de acuerdo. Y sin hablar de otros puntos que parecen sumamente graves, como el no desarme de las Farc, la impunidad que gestionan sus jefes y el descuaderne de las Fuerzas Militares. El país no conoce exactamente esos puntos, y los alcances de esas diferencias, pues las partes son deliberadamente confusas al respecto.

Con su gesto, Santos trata pues de con-

trarrestar el mar de dudas que generan las negociaciones secretas. Tras más de dos años de diálogos, una franja de la opinión llegó a la conclusión -la cual será sin duda confirmada por la lectura de las 65 páginas entregadas a la prensa-, que lo que cursa en La Habana no es una negociación de paz. El trámite es una variante de eso. No se ve, por ejemplo, en qué parte hay un compromiso claro entre ellos sobre la instauración de la paz en el marco de una Constitución democrática. Lo que está ocurriendo es la redacción reservada de una nueva Carta que expropiará al país de sus instituciones republicanas y democráticas tradicionales para imponerle a rajatabla, pero envuelto en una nube de propaganda, un régimen distinto, de transición hacia el socialismo, destructor de la economía, policiaco y totalitario, idéntico al que sufren hoy los cubanos y los venezolanos.

Las Farc no firman nada que contradiga esa ambición.

La paz que discuten en La Habana no será una genuina paz negociada, sino una paz de revancha. Pues hay varias clases de paz. Hay una paz negociada, pero también puede haber una paz de revancha y hasta una paz de destrucción, como ocurrió en otros países y en otras épocas (1). La paz de Versalles, por ejemplo, con la que concluyó la primera guerra mundial, fue una paz de revancha, que alimentó el nacionalismo alemán y culminó en otra catástrofe peor: la segunda guerra mundial.

La que se está pactando en Cuba es una paz de revancha y de destrucción pues las Farc, fuerza armada vencida,

quieren, sin embargo, una paz pero en sus términos, es decir, a condición de que el país acepte las reglas de juego del vencido. Si el primero acepta ese esquema, la paz será una paz de revancha y de destrucción.

La paz que queremos la inmensa mayoría de los colombianos es una paz con unas Farc que aceptan el marco estatal democrático y la sociedad libre. El modelo de ellas es otro: el que ha fracasado en Cuba y Venezuela, el que existía en la URSS y en Europa del Este. Las Farc jamás han renunciado a ese modelo.

Ellos atacan y atormentan a Colombia pues, precisamente, su modelo genera el más amplio rechazo social y político.

Si en La Habana, los voceros de Santos aceptan el diseño de un país con otras instituciones, las Farc habrán realizado su programa sin siquiera vencer las armas de la República. Será la culminación de una revolución socialista por infiltración y destrucción psicológica del adversario.

Una paz en esas condiciones abrirá nuevos ciclos de caos y violencia pues los colombianos jamás aceptaremos un régimen totalitario en nuestro suelo al servicio de la burocracia parasitaria de Cuba y Venezuela. La paz en esas condiciones se transforma en su contrario, en destrucción y miseria.

En estos dos años de “negociaciones”, empero, una parte del país, ciega a estas realidades, ha creído que los cambios que Santos y las Farc anuncian ampliarán las libertades, generarán prosperidad y le permitirá al país salir de la espiral de terror y corrupción. La estabilidad del proceso habanero depende de la

buena salud de esa creencia. La campaña “Soy capaz” fue lanzada, precisamente, para fabricar la imagen de que los empresarios, el sector privado en general, y las capas medias, desorientadas o escépticas, ya están alineadas. Eso es falso. Esa campaña, que quiere decir “soy capaz de aceptar lo inaceptable”, es la típica táctica subversiva cubana para dividir la sociedad y los altos mandos militares, antes de dar el zarpazo sobre Colombia. Por eso es que Santos dice que “Colombia está más cerca que nunca de logar la paz”.

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Anexo Octubre 2014

Entre la verdad y las salvedades María Isabel Rueda eltiempo.com Opinión Publicado el 28 de septiembre de 2014

Sorpresivamente, las Farc y el Gobierno acuerdan romper la confidencialidad sobre los hasta ahora acuerdos oficiales de La Habana.

Alcancé a pensar que el presidente Santos necesitaba ganar credibilidad con titulares concretos sobre los avances en la paz durante su periplo por Nueva York. O que ya nota con angustia que los inversionistas extranjeros comienzan a presentir una delirante ‘castrochavización’ de Colombia.

Sin descartar lo anterior, también creo en la otra explicación.

Que las Farc venían filtrando los acuerdos, pero camuflando entre ellos por internet unas “salvedades” sobre los puntos ya negociados y evacuados de la

agenda.

En otras palabras, “temas pendientes” que impiden mirar lo publicado sin prevenciones y sobre los cuales ambas partes reconocen, en el comunicado conjunto número 44, que “están por resolverse”, porque en aras de avanzar en la agenda se los brincaron. Por lo tanto, “cada delegación está en libertad de volver sobre los puntos que quiera”. ¿Ante tantos pendientes, será una ingenuidad confiar en que lo revelado al país esta semana sí es todo lo negociado en esos puntos?

Trato de leer lo que pueda sobre lo que se publica del proceso. Pero lo de las “salvedades” me sorprendió. Para medir su trascendencia, le pedí

al politólogo y hoy senador Alfredo Rangel que me diera algunos ejemplos.

Me dice que sobre el punto uno de la agenda, el agrario, hay diez salvedades. Entre ellas, negociar con el Gobierno la “eliminación del latifundio y la relimitación de la propiedad de la tierra”, “renegociar los TLC”, “concertar la política minero-energética”... y qué tal esto, la “desmilitarización del campo”.

Sobre el punto dos de participación política, dice que las Farc han dejado 13 salvedades. Entre ellas, concretar la “democratización de la información y las comunicaciones”, –quién sabe si bajo el modelo VenezuelaEcuador–; “extender (aún más) las consultas previas” y establecer el “control popular de los tratados internacionales”.

Y en el capítulo 4, sobre erradicación del narcotráfico, las Farc insisten en salvedades como la erradicación –únicamente

voluntaria y manual– de los cultivos de coca, la suspensión “total” de las aspersiones y la indemnización de los cocaleros fumigados, y la concertación del Estado con las Farc de “una nueva política criminal”.

Pero sería totalmente injusto desconocer los adelantos de dos años incansables de negociaciones en La Habana.

Aunque algunos lo considerarán obvio, me parece trascendental que las Farc acepten, ¡por fin!, que el narcotráfico “ha atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”.

Que se comprometan a que “nadie nunca más en Colombia deberá utilizar las armas para promover una causa política”. Y que en el punto agrario estén pidiendo lo que cualquier partido político sensato en Colombia debería estar ofreciendo en su programa: mejorar el uso de la tierra y promover bienes y servicios públicos en infraestruc-

tura, salud y educación, vivienda, agua y saneamiento básico para el campo.

Quedan volando por ahí precisiones como la extensión que tendrán las zonas de reserva campesina, su autonomía y su ubicación (¿por ejemplo, habrá alguna en el Catatumbo, al lado de la frontera con Venezuela?); así como la extensión de las hectáreas que mediante extinción de dominio, o recuperación de baldíos y tierras con titularización deficiente, ingresarán al Fondo de Tierras que serán distribuidas a los campesinos. ¿Estos dos temas tan sensibles también harán parte de las “salvedades” que serán discutidas al final?

Ninguna de tales prevenciones justifica que el proceso se pare. Que siga más bien con todo su vigor. Bajo el entendido, eso sí, de que las Farc son las más mañosas que hay sobre el universo Tierra.

patrimonio es la casa donde una persona vive, qué hace? ¿Arrendar cuartos por hora?

Lo mismo sucederá con los industriales que tienen su patrimonio representado en un terreno y alguna maquinaria. No importa si están empezando, o si están perdiendo plata por la razón que sea. Pagan. En ese sentido, el del patrimonio es un impuesto confiscatorio y de ahí a la inequidad no hay sino un paso.

Con la vocación de permanencia que tienen los impuestos temporales en Colombia, cada cuatro años el Estado estará mirando qué consiguió cada cual con el producto de sus ahorros, y le será indiferente si ese bien produce renta o solo gastos. Por eso me preocupa el mensaje que se les envía a los colombianos: consuman, despilfarren, viajen, saquen la plata… ¡pero no vayan a ser tan brutos de ahorrar!

cuando dice que la paz está a la vuelta de la esquina. Ha incumplido, de manera consciente y delibrada, esos cinco plazos. Él y sus voceros dijeron que habría acuerdo a fin de año y parece que se están arrepintiendo. Así que lo que hay es una inmensa incertidumbre, aunque Santos diga que estamos cerca de la paz cuando no es verdad.

En la campaña Santos II jamás nos contaron que las finanzas públicas estuvieran desequilibradas. Por el contrario, el Presidente exhibía con mucha razón a Colombia como la tacita de plata de América Latina.

Hasta montó su campaña de reelección sobre unas promesas costosísimas, que sostuvo con garbo en su discurso de posesión: educación, equidad y paz.

Dos meses después, nos revelan un secreto que tenían muy bien guardado: no solo no hay plata para ninguna de esas promesas, sino que las finanzas públicas tienen un hueco de 12,5 billones, que, según algunos, llega a 15 billones. Para cubrirlo se prorrogarán gravámenes temporales-permanentes como el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio. Pero aún no se sabe cómo pagarán las promesas de campaña, con el agravante de que ya las finanzas públicas ni siquiera podrán depender de los ingresos petroleros en la cuantía en que lo hacían, porque la producción nacional va a la baja y los precios internacionales también.

Conclusión: viene esta prime-

El hueco de 12,5 billones ra reforma, y después, otra u otras. El ministro Cárdenas, de cuyas excelencias académicas no dudo, pero de cuyas ambiciones presidenciales tampoco, no se meterá en una reforma de las que llaman los economistas integral, porque eso le dañaría su “caminao”. Pero con lo que apenas ha alcanzado a anunciar, algunos de sus colegas economistas han hecho críticas que parecen razonables.

Un gobierno que dos veces en el mismo año incumple su promesa de desmontar el 4 x 1.000 suena poco serio. Y con respecto al impuesto sobre el patrimonio, muchos se atreven a calificarlo no solo de anti técnico, sino de profundamente

inequitativo, porque pone en la mira solamente a los colombianos que tienen algo y no a los que producen.

El impuesto al patrimonio se aceptó como un deber de solidaridad cuando ocurrió la emergencia invernal. Pero si se hace necesario volver a recurrir a él sin que ninguna catástrofe extraordinaria nueva (a Dios gracias) haya ocurrido en Colombia, y solamente para cuadrar las finanzas del Estado, ¿cómo podrá el Gobierno defender la eficiencia en su manejo y el Presidente conservar su hasta ahora merecida fama de buen administrador?

Las palas que han ayudado a cavar este hueco fiscal han sido

la evasión, la corrupción y la ineficiencia del Estado; fruto de que no ahorramos para las vacas flacas, de exenciones tributarias injustificadas, de millonarios subsidios para apagar los incendios del agro y, en general, de comprar cualquier protesta laboral girando cheques del Estado.

Tener algo de patrimonio en Colombia, un país tan pobre, puede significar sencillamente el sueño de tener casa propia.

Cuyo precio, por la actualización catastral, probablemente haya duplicado su valor, y estar además inflado por una burbuja inmobiliaria que persiste. Por lo tanto, serán muchos los colombianos no necesariamente ricos que calificarán para el umbral, aunque tener patrimonio no sea sinónimo de renta. Al respecto, el Ministro dice que si el bien es improductivo, pues que lo pongan a producir. ¿Pero si ese

Alfredo Rangel Suárez El Colombiano Opinión Publicado el 26 de septiembre

cado #44 Gobierno y Farc, por primera vez, reconocen que tras dos años de proceso no hay una agenda común de negociación.

El Gobierno tiene una agenda y las Farc otra totalmente distinta. Las partes reconocen que el tema está por resolverse.

Es de subrayar que en los acuerdos publicados no hay

nada definitivo. Entonces, las incertidumbres sobre el diálogo de paz permanecen y ahora son más claras para la opinión pública.

Las Farc dicen que hay por lo menos 27 temas pendientes, adicionales, en los tres acuerdos publicados: 10 en el primero, 13 en el segundo y 4 en el tercero.

Y las Farc advierten que deben

tramitarse. Eso pone el proceso en una situación complicada, porque después de que haya acuerdos en el tercero y quinto puntos, las Farc reclamarán una nueva ronda sobre cada uno de los puntos. Y eso son dos años más.

El presidente Santos ha engañado a los colombianos, por lo menos en cinco ocasiones,

María Isabel Rueda eltiempo.com Opinión Publicado el 14 de septiembre de 2014

No se reveló nada nuevo y la paz no está a la vuelta de la esquina

Los borradores revelados no tienen ningún contenido nuevo. No entregan nada adicional a lo que se conocía. Lo que sí es nuevo es que en el comuni-