Periódico edición 510 junio 2011 by ACORE

Edición 510

JUNIO 2011

Fundado en 1961 ISSN 0123-2894 Circulación Nacional Bogotá, D.C.

ACORE convoca, la Reserva responde Más de cuatro mil miembros de la Reserva Activa se tomaron el pasado 31 de mayo la Plaza de Bolívar, de Bogotá, para exigir, entre otras demandas, que el Estado asuma el pasivo pensional del Hospital Militar, como lo hizo con los demás hospitales oficiales; que se solucionen los problemas originados por la no nivelación salarial, el ajuste del IPC, las bonificaciones por compensación y otras primas; y reclamar su derecho a la legítima defensa y al debido proceso. ACORE y todas las Asociaciones de la Reserva de la Fuerza Pública lideraron la jornada.

/Pág. 5

Periódico ACORE 50 años

El pasado 17 de mayo, nuestro periódico ACORE, órgano de difusión por excelencia de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, celebró sus Bodas de Oro, convirtiéndose en uno de los pocos medios de comunicación en Colombia que han trascendido sus páginas hasta para meterse de lleno en la historia del periodismo colombiano. Fue en la oficina 921 del edificio Bochica, sede de la Asociación en ese entonces, cuando vio la luz el Boletín No. 1, Informativo de ACORE, editado con fecha 17 de mayo de 1961. Hoy, cincuenta años después, podemos decir con orgullo que nuestro periódico ha sobrevivido a las más adversas circunstancias, al genio y al ingenio de sus directores y colaboradores, a sus columnistas más ortodoxos y hasta de los enemigos de la opinión libre y permanente, para celebrar con inmodestia las bodas de oro de nuestro insigne medio de comunicación. /Pág. 14

Fallo sin pruebas El articulista ha sopesado desde la primera hasta la última palabra de las 361 páginas de la sentencia contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, y descubrió que en ese documento no aparece, para nada, la prueba material indiscutible de que el general Arias haya cometido ese grave crimen. En otras palabras: esa condena no descansa sobre prueba alguna. /Pág.19

Viernes 8 de julio

INSTITUCIONAL

Diplomado en Control Social a la Gestión Pública Organizado por Asoprética y la Universidad Militar Nueva Granada

a Asociación de Veedores Ciudadanos Proética, Asoproética, dentro de su objetivo de contribuir a la formación y capacitación de nuevos veedores para ejercer en pleno el ejercicio al control social y la gestión pública, inició el tercer diplomado en Control Social a la Gestión Pública, con el aval de la Universidad Militar Nueva Granada y el apoyo de ACORE. El programa académico se inició el pasado 19 de mayo en el salón Colombia de la sede nacional de ACORE, con una conferencia sobre los Derechos Humanos, a cargo del experto José Rory Forero, de la Personería de Bogotá. La clausura se llevará a cabo el próximo 26 de julio, en las instalaciones de la Universidad Nueva Granada, acto al que fue invitada la contralora General de la República, Sandra Morelli. El Diplomado contará con la participación de destacados conferencias provenientes de los entes de control fiscal y otras entidades del Estado. Entre ellos, Jairo Gómez, Katherine Herrera y Alberto Cuesta, del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción; Luis Salamanca y Emilio Figueroa, de la Veeduría Distrital; Diana Bravo de la Procuraduría General de la Nación; Leonor Norato, de la Fiscalía General de la Nación; Yaneth Murcia y Omar Rincón, de la Escuela Superior de Administración Pública; Leonardo Bahos, de la Defensoría del Pueblo; y Javier Barriga, Roberto Dager y Delia Matilde Monroy, de la Contraloría General de la República, entre otros.

El BG Juan Salcedo Lora, presidente Nacional de ACORE, dio apertura oficial al tercer diplomado en Control Social a la Gestión Pública.

Asoproética defiende lo que es nuestro CLUB MILITAR

soproética en cumplimiento de su función legal de veeduría que le es propia según los dictados de la Ley 850 de 2003, busca que las entidades creadas para prestar servicios a los integrantes de la Fuerzas Armadas cumplan su cometido de manera eficiente, en ese sentido, ha practicado visitas de veeduría a la Caja de Retiro, Sanidad Militar y el Club Militar, entre otras. El Club Militar de Oficiales como pionero en Colombia en la atención social, de recreación y bienestar a los oficiales activos y retirados de las Fuerzas Militares y sus familias, abrió sus puertas el 13 de junio de 1956 y, posteriormente, incorporó a los oficiales de la Policía Nacional y a sus familias. Son 55 años de trayectoria que inició con 500 usuarios y hoy cuenta con cerca de

27.000 socios contribuyentes. Asoproética, movida por el clamor generalizado de los socios, programa una veeduría al Club Militar, a partir del 14 de abril de 2009, con el objeto de hacer un examen profesional y objetivo para determinar las falencias y destacar los aspectos positivos. La comisión de Asoproética estuvo integrada por un grupo de 14 veedores, profesionales íntegros y además socios del Club, que trabajaron por cerca de nueve meses y rindieron un informe detallado de los principales hallazgos, en primer término, al Director del Club Militar, e igualmente al Ministro de Defensa, al Viceministro del Grupo Social y Empresarial, al Comandante General de las Fuerzas Militares, a los Comandantes de Fuerza, al Director de la Policía Nacional, a los Directores de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

CN Pedro José Gutiérrez Helo Coordinador Veeduría Club Militar

y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, como también al Presidente Nacional de ACORE, que conformaban el Consejo Directivo del Club Militar de la época, con solicitud de actuar a la mayor brevedad para dar solución a los hallazgos de la veeduría, teniendo en cuanta las recomendaciones hechas por la misma. Asoproética considera que la reciente destitución del señor Director, no pone fin ni da solución definitiva a la problemática del Club Militar, por lo cual continuará vigilando el desarrollo que se dé a nuestras recomendaciones, en procura de que los socios reciban la atención y el servicio que merecen con precios justos, que además tengan la debida representación y participación en el manejo y la Dirección del Club.

CF Efraín Ángel Cárdenas Presidente Asoproética

EDITORIAL “Sólo el justo es feliz y desdichado el injusto”

Justicia, justicia y mas justicia…

Platón

en medio del conflicto

efinitivamente los colombianos no queremos ningún tipo de conflicto. Estamos cansados de ese largo estado de confrontación entre hermanos. Recuerdo que hace unos ocho años el entonces presidente Álvaro Uribe nos dijo a los colombianos que no estábamos inmersos en un conflicto armado sino sometidos a una amenaza presente y permanente del terrorismo. Lo propio hizo en la clase magistral anual en la Escuela Superior de Guerra, pero cuando y uno de mis alumnos de Derecho Internacional Humanitario, quiso preguntar algo y para ello se refirió al ‘conflicto armado’, ahí fue Troya. El Presidente lo reprendió duramente, aduciendo que en su intervención inicial había explicado el terrorismo y la ausencia del referido conflicto. A partir de ese día les recomendé a los alumnos que en el futuro, sus mentes y experiencias gravaran que el DIH contempla tres clases de conflictos, el internacional, el no internacional (o interno) y el internacionalizado (cuando en el interno participa en la confrontación otro Estado) que ello era lo correcto y que Colombia, como lo había explicado en clase, estaba inmersa en un conflicto armado interno, pero eso sí, si el Señor Presidente Uribe estaba presente, cambiaran de tema. Tal vez un par de años después en medio de las conversaciones con el Eln y ante la crítica permanente de que siempre ha sido objeto Álvaro Uribe, por cualquier cosa que diga o haga, y ello no ha cambiado, manifestó que si para que el Eln se aviniera a un proceso de paz era necesario que él reconociera la existencia del conflicto armado interno, pues reconocía su existencia. Todos quedaron complacidos, pero sus críticos no lo oyeron y siguieron criticándolo. Colombia no solo es pasión, también es controversia y es expresión, discusión y alegato. Con twitter o sin el. La balacera siguió y los actos terroristas también. Para los combatientes nada

cambió, la Fuerza Pública provista de las normas del DIH siguieron aplicándolo, aunque los fiscales y los jueces lo desconocieran, peleaban hasta perder la vida pues lo habían jurado a su bandera, Los otros, los que estaban fuera de la ley, simplemente siguieron su cadena sangrienta de crímenes violando todo cuanto era violable, sin importanles un comino, finalmente alguna corte en el futuro los beneficiaría con un fallo de esos trascendentales que siempre le han dado a los bandidos, la ventaja necesaria para salir a la calle tranquilamente, aspirar a las altas y bajas corporaciones, cambiar las armas por la diplomacia y seguir atacando gobiernos y Fuerza Pública como si fueran de mejor familia. Una alta corte, como siempre, como antes y como hoy, les da la ‘patente de corso’ para seguir atacando desde otro tipo de trincheras. La historia es una simple y ordenada sucesión de hechos, pero igualmente de estupideces. En Colombia se repite con corsarios de tierra que gozan no solamente de la aceptación de países vecinos, sino que en medio del saqueo y la devastación, crímenes de guerra y actos de terrorismo, siempre esperan que internamente algún tribunal les limpie el escarnio que les adorna y la inmundicia que se han ganado. De un plumazo desaparecerán los actos ilícitos y sus condenas. Al igual que ayer, el beneficio de los corsarios se les concede a personas no militares, tal como lo hicieran gobiernos, monarquías u autoridades de otras épocas para saquear todo cuanto es posible, asesinar a quienes quieran, sembrar el terror y después…. la placidez del indulto, la bondad de la amnistía, o aún mejor la desaparición del delito y la improcedencia de la pena. Siempre se empieza así, después vienen los desastres. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia en una trascendental sentencia, dijo que los del M-19 no eran terroristas, sin embargo, los del M-19, les demostraron en noviembre de 1985 que si lo eran y comenzaron por asesinar al

Presidente de la alta corporación. En la otra trinchera, el asunto cambia radicalmente, a los combatientes legales, quienes tienen el DIH como escudo y exigencia, quienes defienden a la sociedad, quienes defienden al Estado, o como dijera alguien que me duele recordar “defendiendo la democracia maestro”, a esos, no los defiende nadie, es prohibido crear un organismo que lo haga y quién se atreva a hacerlo le caerán condenas y críticas, esos son seres indefendibles, que no lo merecen, a ellos la Constitución no los cobija, los códigos penales se reforman para que solamente sean condenables y duramente condenables, la sociedad los olvida pronto, si tienen fuero constitucional pues se les quita simplemente, si poseían Justicia Penal Militar quitarla de en medio, nada de reconocerles o dejarles una justicia de pares como la hay en los demás países, estamos en Colombia y aquí la cosa es diferente. Alea iacta est, si la suerte está echada, tendremos que cruzar como Julio César las aguas poco promisorias de un Ródano violento y agresivo que nos acaba, nos angustia, nos destruye. Comenzamos entonces por reunirnos en la plaza pública el pasado 31 de mayo, para pedir justicia, justicia y más justicia, para que ésta se haga presente en los asuntos salariales con el reconocimiento de sumas importantes que se niegan sistemáticamente, para que en nuestros clubes y círculos militares tengamos la opción de escoger como dueños, lo que se nos niega, para que la salud que pagamos se compense con los servicios que se nos brinda, para que al Hospital Militar Central le quiten, como a los otros hospitales del Estado, ese pasivo pensional que lo asfixia, para que nos devuelvan el Fuero Penal Militar constitucional, para que no usen contra militares y policías falsos testigos y testimonios, en fin para que nos den lo que merecemos, por lo que hicimos, justicia, justicia y más justicia.

Calle 70 No. 4-24 PBX 345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C. Presidente MG Juan Salcedo Lora Director TC Efraín Martínez Rocchi Editor Periodista Carlos Castillo Lugo Consejo de Redacción CN Ricardo Alberto Rosero Eraso CO Carlos Acosta Arévalo CO Germán Urrego Montenegro Gerente TC Rosa María Llovera Terradas Diseño Gráfico Sandra Ximena Gallego Torres Administración y logística Leydi Liliana Romero Fotografía: Álvaro Díaz Seccionales Impresión: Grupo Editorial El Periodico Calle 100 No 69 b - 40 PBX: 6134000 CEL: 3138284726 NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

Según la Corte Suprema, los amigos en el PC de Reyes son imaginarios.

Acorito

OPINIÓN

Socialismo del siglo XXI Coronel MARIO LOPEZ CASTAÑO

memoria Capitula Berlín

A las 02:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en Reims, Francia, el Jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las fuerzas armadas alemanas, general Alfred Jodl, firma el acta de rendición incondicional para todas las fuerzas alemanas ante los Aliados. Esta incluía la frase “todas las fuerzas bajo el mando alemán cesarán las operaciones activas a las 23:01 horas, hora de Europa Central, el 8 de mayo de 1945”.

as ideas socialistas de Hugo Chávez no estaban en su mente en el intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, en 1992; lo que realmente pretendía con su aventura era la instauración de una dictadura militar, por lo menos transitoriamente, mientras se establecía un gobierno democrático. Una vez accedió al poder por la vías constitucionales, los coqueteos con el régimen castrista llevaron a la oposición a separarlo temporalmente del poder por 48 horas, lo cual precipitó en él, una vez reasumido el mando de la Nación, su decisión de instalar el régimen socialista en su país como estrategia política para su estabilidad y perpetuidad en el poder. Como bien es sabido, el régimen comunista colectiviza los medios de producción para satisfacer las necesidades de cada uno (racionamiento) y elimina las clases sociales. Por su parte, el socialismo propugna por la socialización estatal de esos medios de producción y elimina la propiedad privada. Así las cosas, en Latinoamérica con excepción de Cuba, los sistemas acabados de describir al igual que el modelo socialista del siglo XXI, causan rechazo y temor en la mayoría de la población habituada al régimen democrático. A este respecto veamos cuales han sido los efectos. En primer lugar, el apoyo de Chávez al primer intento del socialista Ollanta Humala de aspirar a la presidencia del Perú, trajo como consecuencia la pérdida de las elecciones ante el hoy presidente Alan García, y en la actualidad, el mismo candidato Humala, del primer lugar en las encuestas, pasó a la segunda posición en la

Ayuda de

Chávez tomó la decisión de instalar el régimen socialista en su país como estrategia política para su estabilidad y perpetuidad en el poder.

campaña hacia la segunda vuelta, en la cual Keiko Fujimori, pese a su cuestionamiento del gobierno fascista de su padre, lidera el sondeo de opinión hacia la primera magistratura del Estado. Es decir, el pueblo peruano, no desea en su mayoría un régimen socialista al que se dirige Venezuela. En segundo término, el pasado golpe de Estado contra el presidente Zelaya, en Honduras, fue la reacción del pueblo ante el futuro establecimiento del socialismo del siglo XXI por parte del gobernante derrocado, quién había recibido el apoyo del presidente Chávez en su campaña presidencial. De otra parte, los reñidos resultados del referendo en Ecuador, le ha advertido al presidente Rafael Correa que su propuesta socialista ha causado una profunda división o polarización en la sociedad, que en el futuro podría acarrearle la pérdida de su nueva reelección. Otra vez surge el fantasma del socialismo del siglo XXI atemorizando al pueblo ecuatoriano. Ahora, el presidente Chávez, no obstante su prevención y silencio ante la ola de independencia que se registra en los países del norte de África, donde se busca el final de las prolongadas dictaduras en su mayoría de corte militar, continúa

con su proyección socialista que lo perpetúe en el poder, y es así como, la Asamblea Nacional legisla en un proyecto de ley que pretende darle al Estado la Patria Potestad a los venezolanos menores de 20 años, posiblemente con la finalidad de prepararlos en función de reforzar las milicias bolivarianas creadas para defender su revolución socialista. Lo curioso de esta situación, es que en la isla de los hermanos Castro, permanentes consejeros de Chávez, se está gestando un giro político hacia la flexibilización del régimen socialista y comunista, quedando solamente en la escena mundial la radicalización del sistema comunista de Corea del Norte. De lo anterior se colige que la inspiración de Chávez sobre el ideario socialista del Siglo XXI, se ha convertido en un espanto que transita por los regímenes democráticos de Latinoamérica, y que en lugar de encontrar eco en los mismos ha causado rechazo en aquellos países, donde sus líderes han querido seguir esos lineamientos socialistas, con las experiencias negativas antes referidas. Razón no le falta al Departamento de Estado de Estados Unidos cuando su vocero indicó recientemente sobre la disipación en América del Sur del liderazgo de Hugo Chávez.

Renuncia Rojas Pinilla Mayo 10 de 1956. Culmina con la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla, una huelga nacional que se inicio ocho días antes. Rojas sale del país y una junta militar de cinco miembros se encarga del gobierno provisional. Se crea el Frente Nacional. Reaparecen los diarios El Siglo, El Tiempo y El Espectador, se levanta la censura de prensa y se restituyen las libertades ciudadanas.

Nacen las Farc

El 27 de mayo de 1964 es la fecha inaugural y emblemática de las Farc. Como tal marca una nueva etapa en la conflictiva historia contemporánea de Colombia. Ese día, según la versión ritualmente repetida año tras año por el grupo insurgente, se inicia una gigantesca operación militar, anunciada formalmente por el presidente Guillermo León Valencia, el 18 de mayo, conocida como 'Operación Marquetalia'.

El mayo francés

Se conoce como Mayo francés o mayo del 68 la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia. Las protestas fueron iniciadas por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales y, finalmente, los sindicatos. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia.

CONCENTRACIÓN

¡¡¡ Justicia, Justicia, Justicia !!! Fue el grito de combate que al unísono esgrimieron más de cuatro mil militares, y policias de la Reserva Activa que se concentraron en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, para exigir justicia en el reconocimiento de sus demandas: que el Estado asuma el pasivo pensional del Hospital Militar, como lo hizo con los demás hospitales oficiales; que se solucionen los problemas originados por la no nivelación salarial, el ajuste del IPC, las bonificaciones por compensación y otras primas; y reclamar su derecho a la legítima defensa y al debido proceso. A todas las Asociaciones, organizaciones, confederaciones, cooperativas, cursos, fundaciones y personalidades que contribuyeron con su concurso al éxito de ésta gran concentración, muchas gracias y ¡Viva Colombia!

Seccional Tolima en Ibagué

Seccional Bolivar en Cartagena

Seccional Valle en Cali

Plaza de Bolívar, Bogotá

OPINIÓN

Reclamaciones de los militares retirados y pensionados sobre el Sistema de Salud

Brigadier General GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ Representante de los oficiales de las FFMM en retiro y pensionados ante el Comité de Salud de las FFMM.

os militares en retiro y pensionados aportamos el 47% del presupuesto para los servicios de salud, somos la cuarta parte de los usuarios dispersos en todo el país, pero constituimos la población más vulnerable a quebrantos de salud y enfermedades crónicas y terminales a causa de la edad y, por consiguiente, quienes más necesitamos de un servicio de salud oportuno y eficiente. En ese sentido, la salud asistencial debe ser la primera prioridad y el gobierno debe asumir el costo total de la infraestructura y de los servicios para la salud operacional y los traumas de guerra.

Los militares no tenemos sistema único y solidario de salud como lo tienen los colombianos, ni opción de sustituirlo por otro, nos lo cambiaron por tres servicios de sanidad militar, uno en cada fuerza, exclusivos e independientes, y un ente burocrático inoperante que administra a discreción el 48% de los recursos. Muchos de estos problemas obedecen a la incorporación masiva de miles de soldados profesionales sin previsión de infraestructura y recursos para la atención de salud de sus padres, esposas, compañeras e hijos, sin preexistencias, lo que sobrepasó

hace muchos años la capacidad del servicio de salud de los militares. Por tales razones, los militares en retiro y pensionados exigimos el cumplimiento de la Ley 352/97. El Sistema debe tener la unidad e independencia que ella determina; debe tener una descentralización administrativa regional con autonomía, con integración funcional de los recursos y capacidad de aprovechar los servicio de la red externa para atender oportunamente a sus afiliados y beneficiarios. La Ley 352/97, en el Título I, Capítulo I, Artículo 4, Literal c, reza: “El Sistema de Salud Militar

y Policial garantizará los servicios de salud de igual calidad a todos sus afiliados y beneficiarios independientemente de su ubicación geográfica, grado o condición de uniformado o no uniformado, activo o retirado o pensionado…”. El Hospital Militar debe figurar en la ley de seguridad nacional como parte integrante del sistema de defensa nacional y el gobierno debe apoyar y sostener su alistamiento como reserva estratégica en salud para la atención de catástrofe o calamidad pública y asumir el pasivo pensional como lo hizo con los demás hospitales públicos.

¿Desaparecidos? El negocio del dolor

Desaparecidos? El negocio del dolor, escrito por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, argumenta y demuestra lo sucedido en los hechos del Palacio de Justicia dejando en claro un mensaje: “no hay desaparecidos”. Esa es básicamente la conclusión a la cual se llega luego de analizar cada uno de los capítulos del libro, argumentados con fotografías, documentos de medicina legal y de la Procuraduría General de la Nación, entre muchos otros. En el libro se expone en cada página que todo ha sido un monumental embuste para ocultar la única realidad: los

funcionarios de la cafetería fueron asesinados por el M-19 en connivencia con el narcotráfico y estos grupos criminales ahora le quieren echar la culpa de sus crímenes execrables a los militares, empezando por el coronel Plazas a quien de paso castigan por haberle quitado los bienes mal habidos a los narcos. Lo que existe, en éste caso, es que hay una venganza del M-19 unido a los narcos y subsidiariamente un gran negocio. Editado por Dipon y Ediciones Gato Azul, de Argentina, se presentó a la crítica el pasado 12 de mayo en la Feria del

Libro de Bogotá, en Corferias. Infelizmente el coronel Plazas Vega es un ícono y víctima de un mundo al revés, donde las víctimas terminan indemnizando a los victimarios. Mientras Plazas Vega es condenado a 30 años de cárcel por algo que ni siquiera pasó por su mente, los agresores esconden la realidad. El recorrido de los llamados desaparecidos, el negocio del dolor, los tres falsos testigos de la Fiscalía, el narcotráfico presente en el asalto al Palacio de Justicia; los militares a la cárcel, el comunismo internacional en América Latina, entre otros, son los capítulos que trae el libro y que se convierten en un documento histórico ya que registran paso a paso los hechos que han llevado a ocultar una realidad y a exponer una injusticia contra el coronel Plazas Vega.

OPINIÓN

La muerte de Osama Bin Laden y la guerra contra el terrorismo Coronel DARÍO RUIZ TINOCO

l gobierno del presidente Barack Obama en el preludio de una nueva contienda electoral en Estados Unidos en la que está en juego su aspiración a la reelección presidencial, asestó un duro, necesario y contundente golpe contra el terrorismo internacional, en desarrollo de una acción militar justificada y esperada por todos o casi todos, demandada y exigida por la sociedad estadounidense y el resto del mundo. Esto va a cambiar la desfavorable balanza electoral que obraba en su contra. Los neoyorquinos con las más justas motivaciones salieron a las calles a celebrar la muerte del despreciable fundamentalista islámico y terrorista por naturaleza, Osama Bin Laden, que dedicó la mayor parte de su vida y capital económico a asesinar a quienes no compartieran su “tenebrosa distorsión religiosa” y ello no solo justificó el ataque contra su refugio en Pakistán, sino que la acción de comando hay que aplaudirla, como hemos aplaudido los colombianos la baja de los cabecillas terroristas de las Farc, así es que hay que actuar contra estos criminales, de manera contundente y sin darles mayores oportunidades de reacción. La musulmana es una religión decente, como lo son los mil doscientos millones de musulmanes que existen en el mundo, (más que la población católica), respetuosos de sus propias leyes consagradas en el Corán y de la de los países en que viven, quienes rechazan y condenan la forma como el terrorismo fundamentalista islámico de Osama Bin Laden, secuestró el Corán, libro sagrado de los musulmanes, para interpretarlo a su acomodo y justificar con ello todas

sus acciones criminales, contra el mundo occidental, particularmente contra Estados Unidos. La muerte de un cabecilla del terrorismo es sin lugar a dudas un gran alivio para la sociedad y para el mundo, lamentarla como lo hicieron algunos, es sencillamente un acto de hipocresía, complicidad o ignorancia, por la constante amenaza que representan para la seguridad de la raza humana, pero lo es más aún cuando se logra la destrucción de toda una organización terrorista, porque con ello desaparece la amenaza, como se hizo en Italia con las Brigadas Rojas, o con el Ejército Rojo Japonés, o con la Banda Bader Mainhoff en Alemania o Sendero Luminoso en Perú, o en Colombia con el M-19. A propósito, autores intelectuales y materiales de los más perversos objetivos políticos contra miembros del Ejército Nacional, como el general Jesús Armando Arias Cabrales. Por ello los militares en todas las condiciones (activos y en la Reserva) tenemos el deber irrenunciable de rechazar tan ignominiosa y injusta condena, promulgada por una jueza, ensañada en la venganza y no en impartir justica como le corresponde. La condena contra el general Arias Cabrales es una derrota para la justicia colombiana y un triunfo para el terrorismo. Hay, sin embargo, quienes con ocasión de la muerte de Bin Laden, lamentan el hecho como un Viceministro venezolano que lo catalogó como un asesinato, haciendo eco de las más obvias y definidas posiciones políticas del gobierno venezolano, que responden al sentir del comandante Chávez del cual por decir lo menos, “se sospecha”

que apoya o que tiene vínculos con el terrorismo internacional. No en vano elogió a su compatriota Carlos Ilich Ramírez, el ‘Chacal’, preso en una cárcel de Francia, calificándolo de ‘patriota’. No es de extrañar, por consiguiente, que igual calificativo pueda recibir Bin Laden, de parte del comandante Chávez o de alguno de sus funcionarios, como el que recibió ‘Raúl Reyes’ o ‘Tirofijo’. Los gobiernos y las democracias como la estadounidense o la colombiana no “asesinan terroristas”, entre otras razones, porque no existe la figura jurídica de la “comisión de asesinatos contra terroristas”, simplemente los terroristas se buscan, se combaten, se capturan y, si es posible, como en este caso, se les da de baja, como ocurrió con ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ o ‘Andrés Almarales’ en la recuperación del Palacio de Justicia de las manos de un comando terrorista del M-19. La muerte de un terrorista lejos de ser un acto de venganza, es un acto de justicia, es una acción necesaria para proteger a toda una sociedad y no puede llegar a ser considerada como una acción ilegítima de las fuerzas del Estado que la ejecutan, más cuando se trata de una operación militar absolutamente válida, contra un objetivo militar totalmente legítimo, como lo era Osama Bin Laden y como lo era ‘Raúl Reyes’. Estados Unidos tenía el deber y la obligación moral de dar de baja a Bin Laden, como Colombia tiene el deber y la obligación de capturar o dar de baja a ‘Alfonso Cano’ y a sus secuaces. Este derecho lo tienen todos los Estados para defenderse y preservar su estabilidad y su propia existencia y aquí no cabe ningún cuestionamiento, salvo

7 las posiciones de aquellos ilusos, que por ingenuidad o con plena conciencia se encargan de defender los derechos humanos de los terroristas, en detrimento de los derechos fundamentales de una sociedad. Esto ha ocurrido en Colombia con el caso del general Arias Cabrales y del coronel Plazas Vega, para citar algunos. Ahora, temer a la reacción que se pueda generar por la muerte de Bin Laden resulta inconsecuente. A los terroristas hay que temerles, por supuesto, no hacerlo o desestimar sus capacidades es correr un gran riesgo, pero ese temor jamás se puede traducir en inacción del Estado y de la sociedad o en cobardía por el miedo a sus retaliaciones, todo lo contrario, este es el momento en que con mayor determinación se debe actuar para desarticular las redes a Al Qaeda, porque con la muerte de Bin Laden no desaparece la organización terrorista, simplemente se adapta a nuevas condiciones estratégicas de guerra contra Estados Unidos y, muy posiblemente, ejecuten actos de terrorismo de grandes dimensiones para demostrar que aún viven. El Estado de Israel, por ejemplo, ha sobrevivido a las acciones de los palestinos, porque aprendió a reaccionar oportunamente para prevenir o responder a sus agresiones con igual o mayor fuerza, para aterrorizarlos y por ello existe el Estado de Israel, así algunos cuestionen sus métodos poco ortodoxos y en ocasiones violatorios del Derecho Internacional. A los terroristas hay que aterrorizarlos a través de la capacidad del Estado y de su propia fuerza legítima. Estados Unidos no podía renunciar a cortar la cabeza de Bin Laden, cuyo cadáver en inmerecida ceremonia y respetuoso ritual lanzaron al mar, cuando criminales como Bin Laden merecen solo una tumba solitaria y escondida, sin consideración alguna, como se hizo con Saddam Hussein, Benito Mossolini o el propio ‘Mono Jojoy’, en la oscuridad de sus propios crímenes y para que el sitio de reposo no se convierta en lugar de peregrinación de sus seguidores.

OPINIÓN

¿Ley de punto final?

Brigadier General EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

ace unos años, cuando el legislador comenzó a otorgar beneficios procesales y rebajas de pena para los integrantes de organizaciones criminales que cometieron graves crímenes y atentados contra los derechos humanos, propuse a través de las páginas de nuestro periódico ACORE y en audiencia pública celebrada en el Senado de la República, transmitida por televisión, que dichos tratamientos legales se hicieran extensivos a los miembros de la Fuerza Pública que tuvieran sindicaciones o condenas por hechos similares. Entonces se levantaron voces en contra de mi iniciativa, argumentando que no podían equipararse a los militares con los delincuentes; argumento respetable que entraña un juicio de contenido ético y valorativo. Sin embargo, hoy que hemos conocido las sentencias condenatorias proferidas contra el general Jaime Uscátegui, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, entre otros, la alerta que debemos recoger y difundir, nos lleva a considerar que más allá de apreciaciones de pudor profesional, es menester buscar medidas que enerven la acción de jueces dados a imponer condenas a oficiales que tendrían que purgar el resto de sus vidas por acciones relacionadas con el servicio y frente a las cuales se está actuando en función del “pudo haber cometido el delito”, en vez de la demostración plena de la ejecución del hecho punible y de la responsabilidad del encartado, como lo demandan la Constitución y las normas de procedimiento. Una ley de punto final permite que los afectados con procesos judiciales nacidos como consecuencia del conflicto armado, encuentren la confianza de contar con que en el

Una ley de punto final permite que los afectados con procesos judiciales nacidos como consecuencia del conflicto armado, encuentren la confianza de contar con que en el futuro no podrán ser enjuiciados por los mismos hechos.

futuro no podrán ser enjuiciados por estos hechos. Una ley de punto final es un instrumento de paz que, por la vía de restañar las heridas dejadas por la confrontación, sella, como su nombre lo indica, el fin de un enfrentamiento. Porque la paz no se hace apagando los ánimos de una sola de las partes, pues esto significaría dejar todavía más rencores y secuelas en un sector de la población. Más, si ese sector era precisamente el encargado de defender la legitimidad, la institucionalidad del Estado que procura la solución del conflicto. No guarda justicia que el Establecimiento tenga el valor de acoger en su seno a quienes se comportaron como sus enemigos, pero carezca de voluntad política para olvidar, perdonar o tratar en igualdad de condiciones a quienes defendieron su integridad, su democracia, su soberanía. En el caso colombiano, a los integrantes del Movimiento 19 de Abril, se les concedieron beneficios que hoy les permiten la tranquilidad que no han alcanzado los militares que los enfrentaron.

Algunos de ellos ocupan altos cargos en posiciones de gobierno o del poder público. No se adelanta ningún proceso judicial en su contra; para ellos, el conflicto en que se vieron envueltos, hace parte del pasado. No así los oficiales que van siendo condenados en la forma que a todos nos está sorprendiendo, por la insuficiencia de las pruebas, por la aplicación de teorías jurídicas que relevan al juez de presentar cargos directos contra los acusados, por la imprescriptibilidad de la acción penal declarada después de transcurrir varios lustros desde la ocurrencia de los hechos, por la injusticia que entraña la doble moral de legitimar acciones que horrorizaron a la población, pero que ante sus guardianes se torna implacable. La amnistía -u olvido-, el indulto -o perdón- y la ley de punto final, han sido considerados instrumentos legales aptos para recuperar la tranquilidad ciudadana en etapas de postconflicto, o incluso bajo la agitación de acciones bélicas cuando se hace necesario dar pasos importantes hacia la estabilidad social y el mantenimiento de las condiciones mínimas de convivencia

y armonía. Se han diseñado en función de delitos políticos, pero extensivos a delitos conexos y situaciones excepcionales en que puedan verse envueltos los derechos humanos, haciendo predominar, fundamentalmente, los intereses de la Patria y los más importantes clamores nacionales. Es ahí donde podemos ubicar la difícil situación de nuestros militares y policías que algún día pudieron cometer un error bajo al fragor de la batalla, o que, siendo inocentes, fueron arrastrados por el nefasto torbellino de las confusas circunstancias. La historia nos pone de presente que múltiples gobiernos han navegado en busca de senderos que conduzcan a la esquiva paz que tanto anhelamos. A comienzos del siglo XX, bajo un clima de acercamiento entre los partidos, la Asamblea Constituyente y Legislativa aprobó declarar prescritas las acciones penales adelantadas contra militares que al servicio del gobierno, o de ‘la revolución’, hubieran incurrido en delitos políticos y comunes, tanto en la última guerra civil como en todas las anteriores. Recientemente encontramos, bajo los mandatos de los presidentes Turbay Ayala, López Michelsen, Pastrana Arango y Uribe Vélez, instrumentos de acercamiento por la vía de conciliación, y particularmente, con Belisario Betancur Cuartas, una amnistía general para delitos políticos y conexos con ellos. Nuestra Constitución Política faculta, en su Artículo 150,17 al Congreso de la República para conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos, y al Gobierno Nacional, en su Artículo 201,2 para otorgar indultos por los mismos punibles. En el momento, cuando enfrentamos nuevos factores de violencia organizada y que el país reclama la decidida acción de sus Fuerzas Armadas, no parece prudente dar la espalda a quienes todo lo dieron por dejar a salvo la Nación y hoy padecen la tortura de la ingratitud y la severidad de una legislación que siempre defendieron y ahora, paradójicamente, se vuelve contra ellos.

OPINIÓN

a relación de confrontación del Estado contra el aparato militar subversivo, que además desarrolla actividades dentro y fuera del territorio nacional, hay que definirla frente al derecho para poder conocer el grado de participación que debe asignarse a las fuerzas del Estado. El Gobierno nacional había presentado la situación como una amenaza terrorista a las instituciones, lo cual es solo una forma de eludir la calificación real de los hechos puesto que una amenaza es simplemente el resultado de la valoración de la capacidad del enemigo, confrontando sus acciones contra una vulnerabilidad propia. Aunque se le daba la razón al Gobierno cuando consideraba las acciones de las organizaciones subversivas como una amenaza a las instituciones y a la gobernabilidad, no dio calificación a la situación de violencia. El presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que hay un conflicto armado. Sin embargo, entrar a definir la situación de confrontación militar como un conflicto armado también es una generalización, pues conflicto es todo choque de intereses, pues así como hay conflicto armado, lo hay también económico o ideológico. Tiene razón parcial el Presidente al hablar solo de conflicto armado porque todo choque de intereses tiene su manifestación más inquietante en el aspecto militar y la violencia, pero de todos modos sigue eludiendo la calificación de los hechos violentos que se suceden permanentemente por acción de los grupos subversivos, con definiciones que tratan de minimizar sus efectos políticos y psicológicos, dificultando de todas maneras el trabajo de los legisladores y del mismo gobierno para la instrumentación de normas idóneas para la búsqueda de soluciones pacíficas. Las organizaciones Correlates of War Project (CWP) y Uppsala Dataset on Armed Conflict (UDAC) han clasificado los conflictos modernos en i) Interestatales, entre dos o más Estados; ii) Extraestatales, entre un Estado y un actor no estatal,

Señor Presidente: defina ahora el tipo de conflicto Coronel DANIEL VÁSQUEZ HINCAPIE

Nuestro conflicto, benignamente, podría considerarse como ‘conflicto interno puro’, no obstante, por las intervenciones de otros países estaría en posibilidad de convertirse en un ‘conflicto interno internacionalizado’. fuera de su territorio; iii) Interno internacionalizado, entre un gobierno de un Estado y la oposición interna con intervención de otros Estados, y; iv) Interno puro, entre el gobierno de un Estado y la oposición interna, sin la intervención de otros Estados. Para esta clasificación la CWP incorpora los conflictos en los que se producen más de mil muertos al año, como el del Estado colombiano contra las Farc y Eln; mientras la UDAC tiene en cuenta los conflictos con más de 25 muertos al año como el de España contra la ETA. Nuestro conflicto, entonces, podría benignamente considerarse como “conflicto interno puro”, no obstante, por las intervenciones de otros países estaría en posibilidad de convertirse en un “conflicto interno internacionalizado”. Entonces tenemos apenas la definición del conflicto pero aún no la definición concreta del tipo de conflicto. Para intentar la caracterización de la situación colombiana acudiremos a los manuales militares, despojados de análisis político previo. En Colombia la lucha realizada por la subversión comprende la

acción violenta y organizada con participación popular llevada a cabo por una minoría sin el enfrentamiento de la población civil entre sí, que acudiendo a la lucha armada y al terrorismo, al empleo de toda clase de medios de combate, trata de hacer caer al poder establecido, y para atender las exigencias que le plantea al Estado, éste ha decidido emplear sus Fuerzas Militares. No es necesario entonces hacer análisis de la naturaleza del conflicto, es decir, del tipo de fuerzas enfrentadas y del acatamiento o no a las normas del derecho internacional, ni establecer si el conflicto es total o limitado, ni conocer la extensión o sus orígenes, basta con saber que las Fuerzas Militares han sustituido a la Policía y se ha organizado militarmente al país delimitando responsabilidades frente a la insurgencia, desde los más bajos niveles de la estructura militar, para reconocer que enfrentamos una situación de guerra. Tampoco importa saber en qué etapa de desarrollo está el movimiento subversivo, en qué fase desarrolla su actividad, nos basta saber que para responder a ella las Fuerzas Militares

9 aplican los principios de la guerra, preparan y planifican sus acciones militares, emplean todos sus componentes y utilizan los recursos del Estado, ejecutan maniobras y operaciones militares y modifican sus propias estrategias de acuerdo con las exigencias que le presente el enemigo, es decir, desarrollan un plan de campaña. Tampoco es necesario acudir al esfuerzo de exhaustivas investigaciones para caracterizar el conflicto colombiano, pues el saldo promedio anual de bajas en los contendientes pasa de mil, los recursos económicos empleados sobrepasan los del gasto social, los medios empleados abarcan todas las áreas socio políticas, y las Fuerzas Militares en su campaña por quitarle el agua al pez difunden conceptos ideológicos y lemas con los cuales hacen legítima la guerra, tales como las campañas psicológicas internas “Estamos en guerra y la estamos ganando”, y campañas externas como las de que “En Colombia sí hay héroes” o como las que claman por la reinserción a la vida normal de la sociedad a los alzados en armas, que nos acuerdan de la existencia de la guerra y nuestra participación en ella. Hace unas cinco décadas se acuñó el concepto de terrorismo como “la ejecución deliberada de acciones encaminadas a generar pánico y miedo en la población, como instrumento de acción política o como medio de guerra”, concepto que se empleó por las naciones poderosas para condenar toda acción militar de hostigamiento, de sabotaje, asedio, emboscada o copamiento realizada por una fuerza nacional débil contra una regular o contra sus intereses y no para definir las acciones cuyo objetivo exclusivo sea la población civil, razón por la que aún hoy no es un concepto totalmente definido y aceptado internacionalmente. Esto obliga a que nuestros legisladores en uso de su capacidad soberana de creación, aplicación y definición del derecho deberían definir para nosotros jurídicamente el terrorismo no como modalidad de la guerra sino como tipo de delito de lesa humanidad.

as Farc y el Eln se han caracterizado históricamente por su capacidad adaptativa ante las nuevas realidades que les impone la iniciativa del Estado. En los últimos años la llamada seguridad democrática representó un importante avance ante la violencia desbordada que protagonizaron las guerrillas luego de la ruptura de las conversaciones de El Caguán. Se lograron diezmar algunas estructuras de estos grupos, otros fueron capturados o dados de baja, además de un número significativo que se acogió al programa de desmovilización. Sin embargo, varios elementos les permitieron sobrevivir, no sin obligarlas a replantearse el rumbo y el método. Apoyo clandestino de miembros de la clase política y sectores sociales, auxilio militar de gobiernos extranjeros expresado en armamento, ingeniería de guerra, apoyo logístico e inteligencia, confirmado en los correos de ‘Raúl Reyes’, develados nuevamente por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Son algunos de los elementos claves, para que tanto las Farc como el Eln, hayan emprendido una campaña de reingeniería, que no solo los mantenga en el epicentro de la opinión pública, sino que les permita recuperar terreno y avanzar en la consolidación de varias de sus propuestas. En el caso de las Farc, la reingeniería tiene un nombre y un momento: ‘Alfonso Cano’ asume el mando del grupo guerrillero, y tras un periodo de examen, decide lanzar el Plan Renacer de las Masas, que consiste básicamente en el incremento de la actividad clandestina, paralelamente al aumento e innovación en la confrontación militar. En el caso del Eln, el panorama es más difuso. La sangrienta confrontación con las Farc y la pérdida de control de varios de los más importante frentes de guerra por parte del ‘COCE’, sumado a la crisis interna que resulto tras el fallido intento de acercamiento con el Gobierno Nacional, obligaron a esa guerrilla a replantearse estructuralmente

OPINIÓN

La reingeniería de las guerrillas Capitán CESAR CASTAÑO RUBIANO

y a contemplar una futura fusión operativa con las Farc. El cambio de gobierno fue entendido por varios analistas, como el momento coyuntural propicio para la demostración de fuerza por parte de las guerrillas, tomando como referencia la estadística histórica. No obstante, esa aparente recuperación de la iniciativa armada por parte de las Farc, resultó preocupante, precisamente porque la opinión pública consideraba derrotada a la guerrilla, o a punto de estarlo. Los ataques, especialmente a finales de 2010 y el incremento de acciones en 2011, pretenden revertir esa sensación en la comunidad, para generar condiciones para un acercamiento o un diálogo, en los parámetros y el esquema que se le presenten como aprovechables. Como refuerzo de las tareas militares, las organizaciones sociales que han infiltrado las Farc, sus voceros, y grupos de ciudadanos o intelectuales, además de la comunidad internacional (influenciada o intervenida), a través de agendas poco publicitadas como la de la ex senadora Piedad Córdoba, seguirán desarrollando campañas de presión en favor del diálogo y mantendrán la ofensiva jurídica contra las Fuerzas Militares. La estrategia Las Farc vienen desarrollando acciones terroristas que están enmarcadas en un esquema táctico orientado a combinar elementos clásicos de la guerra de guerrillas, y a consolidar un nuevo modo de operar.

Esta guerrilla ha documentado en sus textos las variables que les indican cuando surge, según su experiencia criminal, una nueva expresión de combate, de defensa y ataque, un nuevo modo de operar producto del proceso de adaptación que ya se ha mencionado. El ataque a Casa Verde, marcó para las Farc una nueva situación operativa. De los sobrevivientes del ataque surgió la iniciativa de modificar la concepción operativa de las estructuras que componían las Farc de entonces. Surgió el concepto de bloque y se modificaron los frentes. De la experiencia de supervivencia a la, en su momento exitosa, política de seguridad democrática han surgido planes como El Renacer de las Masas, que intentan, entre otras cosas, generar algo de voluntad y de cohesión, entre las maltrechas relaciones del Secretariado con los frentes y recuperar algo de la imagen combativa que requieren para sus fines políticos. No es un secreto que ‘Alfonso Cano’ no representa un liderazgo efectivo en todas las estructuras de las Farc. El desmembramiento de la cohesión que había mantenido ‘Marulanda’, sumado a las derrotas consecutivas y profundas asestadas por la Fuerza Pública, diezmaron aún más la imagen de ‘Cano’. No en vano, sus primeros movimientos consistieron en depurar los cargos de dirección y responsabilidad en todas las estructuras. Esto catapultó a ‘Pablo Catatumbo’ hacia el Secretariado para sumar aliados y romper la tensión con ‘Iván

Márquez’, ‘Timoleón’ y ‘Granda’. A su vez, impulsó la consolidación de las estructuras clandestinas en nuevas zonas del país y reestructuró el negocio del narcotráfico, mediante el beneplácito a las alianzas de los bloques Caribe y José María Córdoba con bandas de narcotráfico de la zona. Para el desarrollo de este nuevo modo de operar, se cuenta con una guerrilla cualificada, con la experiencia de haber enfrentado los planes gubernamentales, pero además con una curiosa depuración: el programa de desmovilización, que en opinión de un mando medio, recientemente desmovilizado, les permitió librarse de quienes no estaban totalmente convencidos de la lucha revolucionaria. Nuevo mapa de confrontación La reaparición de las Farc en varias zonas del país, ya sea por la tregua con el ELN, o por el interés geoestratégico, obedece, entre otros motivos, a la proyección sobre el crecimiento minero y a megaproyectos de inversión nacional o extranjera. El oriente del país, por contar con reservas de mineral, además de la producción petrolera, concentrará los esfuerzos de las Farc y el Eln por recuperar enclaves como Tame, en Arauca, y otras poblaciones ubicadas hacia el corredor Orinoco, lo que garantiza, a su vez, una parte fundamental en un supuesto nuevo mapa de confrontación. En el sur del país la situación será similar. Sin embargo, es posible que

OPINIÓN

DICE EL BG USCÁTEGUI

“No quiero una pena alternativa, quiero justicia”

A No es un secreto que ‘Alfonso Cano’ no representa un liderazgo efectivo en todas las estructuras de las Farc. El desmembramiento de la cohesión que había mantenido ‘Marulanda’, sumado a las derrotas consecutivas y profundas asestadas por la Fuerza Pública, diezmaron aún más la imagen de ‘Cano’.

las acciones sean de mayor envergadura debido a la relación entre las estructuras, teniendo como sustento un eficiente tráfico de drogas y armas, y consolidando como eje civil a Neiva. Esta ciudad, por ser ‘capital del sur’, también se constituye en una de las más importantes zonas de recambio. En el centro y suroccidente del país, debido a varios factores como terreno, infraestructura, densidad poblacional, recursos más eficientes del narcotráfico y posibilidades de permear vía corrupción, a funcionarios y gente del común, las acciones podrán ser más refinadas, más contundentes. Esta zona incluye Bogotá y sus alrededores. El páramo de Sumapaz, seguirá siendo vital para la interacción de los bloques Oriental y Centro, por lo que su recuperación será una prioridad, por lo menos, en el sentido de instalar ‘masa’, es decir, aliados en la población civil que sirvan de correos e informantes, así como la consolidación de sus estructuras clandestinas. Bogotá seguirá el ritmo de recuperación en la movilización social. No obstante, es posible que reaparezcan las milicias en nuevas modalidades de control barrial. Antioquia y el Caribe, seguirán tratando de sobrevivir en pequeños grupos. Su misión es mantenerse con vida y crecer. Algunos frentes desaparecidos o a punto de la extinción, entrarán en un proceso de vigilancia sobre los nuevos mandos que deberán recuperar las estructuras y fortalecer el proceso de unidad con el Eln, precisamente por ser la zona en donde comparten más estrechamente los corredores de cordillera y selva tropical. Magdalena Medio y el corredor de frontera deben examinarse con especial atención. El momento diplomático ha borrado de los medios la verdad latente sobre la permanencia de mandos guerrilleros en territorio venezolano y la presunta

colaboración del gobierno vecino con las Farc y el Eln. Esta es una zona de alta sensibilidad y podrá ser aprovechable por las guerrillas para regresar fortalecidos a ocupar nuevas zonas que obliguen a modificar algunos elementos del esquema de la Fuerza Pública, para preservar la retaguardia de la frontera y consolidar un corredor logístico eficiente. Oxígeno de las guerrillas El desarrollo de las guerrillas está supeditado a su aparato político. Con la captura de Joaquín Pérez Becerra, alias ‘Alberto Martínez’, editor de Anncol, quedó claro que los hilos de su andamiaje internacional aún funcionan y se fortalecen paulatinamente bajo la eficaz dirección de ‘Rodrigo Granda’ y que las estructuras clandestinas siguen siendo el verdadero oxígeno, la columna vertebral de su Plan Estratégico. Hace unos años sorprendía y causaba extrañeza que una guerrilla rural fuera capaz de crear sofisticadas estructuras clandestinas para infiltrar el Estado y coordinar la avanzada desde los movimientos sociales. Hoy no es una realidad que sorprende sino que preocupa, por su crecimiento y profundización. La prensa, generalmente superficial, ocasionalmente pone de manifiesto esta situación, sin lograr definir con exactitud, los propósitos y los alcances detrás de esta estrategia. El Partido Comunista Clandestino (PC3) y el Movimiento Bolivariano, son la ofensiva más importante de las Farc. Es la iniciativa más cuidada y sistemática, la que seguirá causando mayor daño con un mínimo de recursos y la que se proyecta como la vanguardia de las Farc, en un eventual proceso de negociación o en otra salida similar que pueda ser acordada, con sectores organizados de la sociedad y la comunidad internacional.

sí responde el brigadier general Jaime Uscátegui a la polémica por las altas condenas a militares, en comparación con irrisorias condenas a los miembros de grupos armados al margen de la Ley. El general Uscátegui se encuentra condenado a 40 años de prisión por su supuesta omisión en la masacre de Mapiripán (Meta, julio 1997). Luego de ser absuelto por este delito, el 28 de noviembre de 2007, por parte del Juzgado 9º del Circuito Especializado de Bogotá, el general Uscátegui fue condenado a 40 años, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá el 23 de noviembre de 2009. “Cómo hablar de una pena alternativa, si yo soy inocente. Las tropas responsables de Mapiripán no estaban bajo mi mando y eso me exonera de cualquier omisión. El Presidente Santos ha dado fe de mi inocencia”. En efecto, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, en su condición de Ministro de la Defensa, el 21 de diciembre de 2006, certificó mediante oficio No. 59215/MDENL-848 que la Brigada Móvil No. 2 (y no la VII Brigada bajo el mando del general Uscátegui) tenía el mando operacional sobre el Batallón París en julio de 1997. El Batallón Joaquín París era el directo responsable de la seguridad de Mapiripán. “Cómo puedo ser llamado a responder por la acción u omisión de un Batallón que no estaba bajo mi mando. No acepto pagar ni un solo día de cárcel por una omisión que jamás cometí, por eso rechazo cualquier oferta de alternatividad penal. Prefiero esperar a que la Honorable Corte Suprema de Justicia revalúe mi caso y se percate que he sido víctima de una gran injusticia”, concluye el general Uscátegui, desde el Centro de Reclusión Militar en la Escuela de Infantería.

OPINIÓN

La Corte Suprema vulnera los derechos de las víctimas de las Farc Abogado FERNANDO VARGAS QUEMBA Presidente Comité Nacional de víctimas de la guerrilla

as Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollaron la operación Fénix el primero de marzo de 2008 en la zona de Angostura y dan de baja a objetivos militares, dentro de los parámetros establecidos en el marco de la legalidad de los conflictos. Al revisar el campamento del grupo subversivo que delinque en territorio colombiano y comete delitos de lesa humanidad, se encuentran unos computadores que embala y entrega a los organismo de investigación en Colombia y los hace revisar por la Interpol, que luego de un examen riguroso y técnico, determina que sus contenidos son originales y fidedignos y que no han sido manipulados, quedando desde entonces claro que el contenido allí consignado se convierte en plena prueba. Desde entonces los colombianos hemos estado a la espera que los organismos de justicia inicien los procesos que se deriven de las evidencias que se encuentran en esos computadores y que vinculan a personajes de la política a nivel nacional y regional, así como a empresarios y personalidades internacionales que comprometen también la responsabilidad de algunos gobiernos en colaboraciones con las Farc. Pero no, eso nunca ocurrió, contrario a lo que sucedió con los computadores encontrados a los paramilitares. Mientras los computadores de los paramilitares y una que otra declaración de alguno de ellos, fue suficiente para mandar a la cárcel a decenas de congresistas, alcaldes, diputados y gobernadores,

La Corte Suprema de Justicia determina que las pruebas de los computadores de ‘Reyes’, no tienen valor probatorio legal, porque fueron recogidos por el Ejército y éste no tiene funciones de Policía Judicial. ¿Y de la participación de la Policía qué? también desconoció su valor.

los computadores de las Farc no producían ni siquiera indagaciones preliminares en contra de los allí mencionados con relaciones non sanctas con las Farc, con la misma cúpula de las Farc. Ahora, luego de tres años de ocurrida aquella operación militar y la captura y entrega de esos computadores a las autoridades judiciales, no sólo no se produjo la llamada farcpolítica, tan esperada por las víctimas de las guerrillas en Colombia, y por quienes reclaman verdad en este proceso de violencia, sino que ocurrió algo aún más sorprendente: la Corte Suprema de Justicia determina que las pruebas de los computadores de ‘Reyes’, no tienen valor probatorio legal, porque fueron recogidos por el Ejército y este no tiene funciones de Policía Judicial. ¿Y de la participación de la

Policía qué? también desconoció su valor. De manera que todos, en esos PC de guerrilleros, los allí nombrados y pillados en relaciones abiertamente subversivas con las Farc, ahora reclaman que su nombre sea limpiado y que sean reparados, por gracia de un fallo judicial de la Corte que no permite avanzar con los procesos en contra de los amigotes y colaboradores del grupo criminal que mas colombianos ha asesinado… que mas colombianos ha secuestrado… que mas colombianos ha extorsionado… que mas colombianos ha desaparecido… que mas colombianos niños ha reclutado… que mas atentados terroristas ha cometido… que mas piernas ha mutilado… que mas minas ha sembrado… que

mas extranjeros ha asesinado… y que mas nexos y actividades de narcotráfico ha sostenido. Además, cuando el Ejército dio de baja a ‘Reyes’, actuó en uso de sus atribuciones constitucionales y preventivas, en defensa de la seguridad nacional y en la lucha contra el terrorismo. En la operación Fénix el Ejército no iba a practicar pruebas, ni a hacer un allanamiento, ni a tomarle una declaración a ‘Reyes’, ni a constatar que sus armas tuvieran salvoconductos vigentes. No, las Fuerzas Militares actuaron en el marco de una operación militar contra un enemigo, ahora reconocido por todas las ramas del poder público, por ser una parte del conflicto armado que afronta Colombia. Wikipedia define esta acción militar: “La Operación Fénix,

OPINIÓN

también llamado bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea de Colombia, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el día primero de marzo de 2008, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante del grupo terrorista armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), quienes se encontraban en un campamento terrorista… Según informó el Ministerio de Defensa de Colombia, durante el ingreso de helicópteros colombianos a la zona de los hechos se encontraron con fuego enemigo desde el campamento de las Farc, y como consecuencia murió el soldado profesional Carlos Hernández León”. Lo que es sencillo de interpretar y analizar para Wikipedia, es malinterpretado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo que fue una operación militar legitima, con acompañamiento de la Policía Nacional, lo convierten los magistrados en una vulneración del proceso de investigación penal; lo que fue una operación militar exitosa, es calificada de acción de policía judicial sin competencia; lo que fue una operación militar, la pretende convertir en una acción judicial, como si los militares que realizaron la operación hubiesen realizado tal actividad armada en cumplimiento de una delegación judicial para practicar o recaudar pruebas y, por último, lo que fue una operación realizada por toda la Fuerza Pública, tratan de desconocer en ella la presencia y actuación de la Policía y sus funciones de Policía Judicial. Este fallo de la Corte no sólo da por terminada la posibilidad de que en Colombia sea posible enjuiciar a los auxiliadores o autores mediatos de los crímenes de las Farc, a los hombres de atrás de las Farc, como diría Roxin (Claus). Este

fallo amerita un proceso ético a sus autores, por atentar gravemente contra el derecho a la justicia de las víctimas de las guerrillas y por malinterpretar en evidente beneficio de las Farc y sus compinches, una operación militar simple y llana. Esto sería tanto como si alguna persona, en un paseo, encuentra una maleta y en su interior va una parte de un cadáver y documentos que comprometen a individuos con el crimen y la entrega a las autoridades judiciales y éstas determinan que ni la maleta, ni los documentos son reconocidos como pruebas validas contra los autores del crimen, porque la persona que encontró la maleta y la entregó las autoridades, no tenia funciones de Policía Judicial. De manera que toda prueba no conseguida a sabiendas de que se encuentra en determinado lugar, sea encontrada casualmente por cualquier persona, será en adelante desestimada por la judicatura, porque, según este fallo de la Corte, para entregar una prueba de un delito debe tener calidad de Policía Judicial quien la encuentre y quien la entregue. Cómo hacer ahora con el primer respondiente cuando recupere una evidencia atendiendo por ejemplo extrema urgencia de orden público o riesgo de pérdida de la evidencia, sin que llegue a tiempo la Policía Judicial, y qué pasa cuando el primer respondiente actúa en sitios, como en muchos municipios, donde no hay Policía Judicial? Qué pasa con la información capturada por el Ejército en desarrollo de sus operaciones militares, como por ejemplo los PC de ‘Jojoy’, quedan de una vez declarados sin valor probatorio también? Pero lo que tampoco se entiende es la razón para confundir las cosas a tal extremo. ¿Qué busca la Corte con semejante fallo en la prueba más importante que obra contra la estructura de las Farc en toda su historia delictiva? En videos de la operación se reconocen policías colombianos realizando acciones de recolección

de elementos en el campamento y embalando cuidadosamente cada cosa encontrada, pasando por alto, que la zona del bombardeo en realidad nunca se consolidó porque varios de los guerrilleros alcanzaron a evadirse y hostigaban a las unidades de la operación en tierra y porque se había realizado en zona caliente fronteriza, lo que obliga inmediatamente a retirar el cuerpo del objetivo militar por el que se realizó la operación, junto con sus computadores. Se imaginan si las Fuerzas Militares y de Policía no hubiesen alzado y traído el cuerpo de ‘Raúl Reyes’? estarían siendo procesados por “bombardear campesinos ecuatorianos inocentes”. El cuerpo es la prueba de la legitimidad de la operación y los computadores entregados a los técnicos judiciales son la prueba legítima, no manipulada, que destapa los nexos de las Farc, con diversos sectores encubiertos. He aquí el transfondo del debate actual sobre la existencia o no del conflicto armado. Porque si no hubiese conflicto, difícilmente se podría haber hecho la mencionada operación, seguramente porque sería competencia meramente policial por ser delincuencia común, que no atenta contra el orden constitucional, ni contra los derechos y la paz de los colombianos, o sea, contra la estabilidad del sistema democrático. ¿Sería la existencia del conflicto armado, lo que direccionó este fallo? Pobre favor le hace este fallo a la justicia colombiana y a los procesos de verdad, justicia y reparación, para no hablar de la memoria histórica, en la que quedará este fallo. Pero más preocupante es

el mensaje que la Corte envía a la Fuerza Pública y a los colombianos en general, al quedar en claro que el esfuerzo por judicializar a los grupos guerrilleros o narcotraficantes y demás bandas criminales, y por salvaguardar la vida del enemigo, como ocurrió en esta operación en la que las Fuerzas Militares atendieron a guerrilleras heridas, para buscar su judicialización, es esperanza perdida, quedando flotando el mensaje que arrastra este fallo, en el sentido de que la judicialización de las estructuras secretas de la subversión es imposible, dejando solamente el camino de la baja del enemigo, en la praxis de un conflicto armado como el nuestro. Este fallo deslegitima la justicia colombiana, en medio del conflicto. Al menos, ante los ojos de las víctimas de la guerrilla y de los colombianos no implicados con los grupos guerrilleros, así es. La Corte viola los derechos a la justicia de las víctimas de la guerrilla, viola los derechos a conocer toda la verdad con relación a sus victimarios, los grupos guerrilleros y sus apoyos políticos, económicos y mediáticos. Y como todo esto queda oculto, las victimas no tienen garantía de no repetición. Haya sido o no la intención de este fallo de la Corte, es evidente que con esto se protege con impunidad a los partidos políticos, sindicatos, ONG y funcionarios públicos, y otros colombianos y extranjeros que tienen nexos con las guerrillas. Nota: Estos comentarios los hago basado en las informaciones de prensa, sin haber tenido acceso al fallo.

CIERRE DE EDICIÓN JULIO

Martes 14 de junio Envíe sus artículos y colaboraciones al correo: periodico@acore.org.co

ANIVER

Periódico ACORE 50 años de opinión y solidaridad

or aquéllos tiempos inmemoriales cuando ACORE era apenas una asociación en ciernes, pero con mucho compromiso futuro para con sus afiliados, nace como producto de una necesidad sentida de comunicación gremial las primeras páginas que llevarían el pensamiento de los oficiales en retiro a sus miles de lectores militares y al resto de colombianos y que a la postre se convertiría en el ya reconocido Periódico ACORE. Fue en la oficina 921 del edificio Bochica, sede de la Asociación en ese entonces, cuando vio la luz el Boletín No. 1, Informativo de ACORE, editado con fecha 17 de mayo de 1961. Hoy, cincuenta años después, podemos decir con orgullo que nuestro Periódico ha sobrevivido a las más adversas circunstancias, al genio y al ingenio de sus directores y colaboradores, a sus columnistas más ortodoxos y hasta de los enemigos de la opinión libre y permanente, para celebrar con inmodestia las Bodas de Oro de nuestro insigne medio de comunicación impreso que ha trasegado ininterrumpidamente a lo largo del tiempo, convirtiéndose en uno de los pocos medios de comunicación hacía en Colombia que han trascendido sus alusión, básicamente, a páginas hasta para meterse de lleno en disposiciones puramente institucionales, la historia del periodismo colombiano. informaciones para Asociados y de A partir de su fundación ha tenido una asistencia médica y hospitalaria. serie de cambios de formato y resideños; Sin embargo, su primer gran cambio se varios directores, colaboradores, copresentó en 1975 cuando se introdujo la lumnistas y periodistas, pero su esencia modificación de la primera página con el de ser el órgano de expresión del escudo y el nombre ACORE, como medio pensamiento de los oficiales en retiro institucional y se empezó a producir de las Fuerzas Militares de Colombia, directamente en la Sede Nacional de se mantiene incólume. la calle 70, en Bogotá. Así se mantuvo Los boletines, inicialmente y durante hasta 1984, cuando el brigadier general mucho tiempo, se editaron como una Raúl Martínez Espinosa, dispuso su publicación cerrada de carácter interno, transformación del formato oficio tamaño oficio y con reproducción en tradicional a tabloide tipo europeo, que mimeógrafo, en donde su contenido le dio cuerpo al Periódico, se le amplió

RSARIO

Edición MAYO 2008

478

1 ISSN 0123-2894 Fundado en 196 nal Circulación Nacio Bogotá, D.C.

o - 50 AÑOS

Aniversario periódic

A SALARIAL PROBLEMÁTIC

Consejo Comunal con LA RESERVA ACTIVA

ja que contra la Ca Frente al hecho erzas Militares, Fu las de o tir l dede Re más de cien mi Cremil, cursan stas por miembros ue mandas interp blica (activos, retide la Fuerza Pú os) debido a que ad rados y pension teria salarial, el ma los afectan en ja, mayor General Ca tó director de la Quintero, acep do Rodolfo Torra uietudes de ACOinq las responder ia. RE en esa mater a o que de acuerdoro Así mismo, dij te Álva en sid pre el r po en la lo dispuesto nsejo Comunal Uribe, en el Co ar, se han venido ilit M d da rsi senUnive ios para ser pre realizando estud de Hacienda con rio tados al Ministe pronunciamiento un el fin de obtener ión a estos temas, ac definitivo con rel que se ha ció inclusive, anun ejo comuns previsto un co te mes. nal para el presen

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AZÁBAL REYES GENERAL LAND

NIDAD

Diez Años de IMPU

parece ser con carrera 21 Hoy, la calle 118 vil asesinato del general l de la única testigo ábal Reyes. Después de az Fernando Land estigaciones aún no hay inv de diez años mucho menos sentenciados y na sobre este detenidos, ni rei ad nid impu culpables. Solo ió al país, porque ov caso que conm s nacional para eré nunca hubo int micidas. ho los a identificar

el concepto a publicación abierta mensual y se le dio cabida al análisis de temas de interés público y, en particular, del gremio de los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares. A lo largo de sus existencia han sido sus directores, los siguientes: brigadier general Raúl Martínez Espinosa; brigadier general Gabriel Puyana García, coronel Enrique Amaya, mayor Roberto Rodríguez Acosta, coronel Germán Aragón Bautista, coronel Manuel Darío Sosa Camargo, y el coronel Efraín Martínez Rocchi, actual director. No obstante, debemos reconocer que estos 50 años de fructífera existencia han sido jalonados por el esfuerzo permanente de los presidentes nacionales de ACORE, los miembros de sus juntas directivas, directores y gerentes, oficiales de todas las fuerzas, decenas de distinguidos columnistas y periodistas amigos que han ofrecido su concurso con verdadero entusiasmo, dedicación, ética y objetividad, para

Columnista Invitado: Jean Carlo Mejía Azuero

Actualidad: Guerra Política y desinformación

hacer del Periódico ACORE una publicación entrañable en el entorno militar. Para celebrarlo, el pasado 20 de mayo luego del Consejo de Redacción, se realizó una sencilla reunión en la Sala de Prensa "Mayor Carlos Eduardo Espinosa Arguello" (q.e.p.d.), a la cual asistieron los miembros del Consejo y del grupo administrativo del Periódico ACORE. El mayor general Juan Salcedo Lora, presidente de la Asociación hizo un sencillo homenaje a los fundadores y directores del Periódico, deseando larga vida y éxito para las futuras ediciones.

s ticipación de má Contó con la par nales del país. n Salcedo Lora. cio mayor general Jua dos de Bogotá y de otras sec cia de trescientos Aso

ará el tiva Na la Junta Direc Extraordinaria que se realiz El Presidente y ., en el teatro neral a.m Ge 0 a 8:0 ble las am de As r Asociados a la (21) de junio de 2008, a parti o Sábado veintiun carrera 50 ar, del Club Milit No. 15 – 20. aprobación Se tratarán: la ancieros; Fin de los Estados 08 presupuesto 20 Es y Refor ma de s. l tat uto

Almuerzo ACORE

General Landaz

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Debate: Al Hospital Militar se le quiere hacer inviable

Jueves 22 de mayo las Madres Homenaje al mes de es, Club Militar de Oficial Salón Dorado Rifas, Regalos

INSTITUCIONAL

Fe de erratas En la edición 509 del periódico ACORE, se publicó el artículo ‘¿Acabar con las Fuerzas Armadas?’, bajo la autoría del coronel Jaime Ruiz Barrera, cuando el excelente artículo fue producido por el Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar. Le presentamos excusas al coronel Ruiz Barrera, y agradecimiento al Centro por su excelente aporte académico para los lectores.

Aporte Voluntario por Defunción - AVODE ABRIL

Nuevos Afiliados

Esposa de TC. Reinoso Marin ANDRADE DE REINOSO GLORIA Ma. Contralmirante QUINTERO ALZATE FERNANDO ANTONIO Coronel ALVAREZ ROBLES JOSE REGULO Mayor MUESES CHAMORRO ADOLFO LEON Mayor PAUWELS RAMIREZ WILLIAM ORLANDO Capitan de Navio RODRIGUEZ CASTRO RODOLFO

MAYO Esposa de CT. Maldonado Chaustre DIAZ HURTADO NORA CIELO Esposa de CO. Neira Velosa VELASQUEZ CAMELO DORA ELSA Coronel NEIRA VELOSA JORGE EDUARDO Coronel RAMON MONTES ISAIAS Capitan PINZON POLIFRONI ALONSO ARTURO Capitan de Navio RIOS MELO IGNACIO

AUXILIOS PAGADOS POR DEFUNCIÓN ABRIL FALLECIDOS GN Ayerbe Chaux Gerardo CC

BENEFICIARIOS Cecilia Rojas de Ayerbe

Cifuentes Ramirez Laurentino Aleyda Montealegre Carvajal

VALOR PAGADO $ 19.066.744,00 $ 3.826.721,00

German Laurentino Cifuentes Montealegre

$ 3.826.721,00

Claudia Patricia Cifuentes Montealegre

$ 3.826.721,00

Miguel Angel Cifuentes Montealegre

$ 3.826.721,00

Juan Carlos Cifuentes Montealegre TOTAL

SRA

Villareal Vda De Arce Ana Teresa

Los siguientes oficiales y beneficiarias ingresaron en abril como Asociados de ACORE Sra. CF TK Sra. Sra. CC MY Sra. CO TC Sra.

BENEFICIARIOS

BNF ARC ARC BNF BNF ARC EJC BNF ARC EJC BNF

Adela Albarracín de Acosta Rogelio Botero Machado Fernando Garcés Scarpetta Nubia María Infante de Gaviria Lía Inés Lopera de Correal Julio César Lugo Martínez Adolfo León Mueses Chamorro Martha de Lourdes Ocaña Montufar Luis Ignacio Ochoa Acevedo William Orlando Pauwels Ramirez Mélida Tafur de Gómez

Bogotá Santander Atlántico Bogotá Bogotá Magdalena Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Valle del Cauca

Fallecidos GN GN CC CN MY MY CC CT

EJC EJC ARC ARC EJC FAC ARC EJC

Gerardo Ayerbe Chaux Luis Humberto Correa Castañeda Laurentino Cifuentes Ramírez Jaime Humberto Dunoyer Herazo José de Jesús Lozano Gutiérrez Álvaro Mesa Martínez Jorge Alberto Pardo Montero Luis Napoleón Saravia Sánchez

Bogotá Bogotá Bolívar Bolívar Bogotá Bogotá Bogotá Magdalena

Nuevos Asociados ACORE MAYO ACORE Los siguientes oficiales y beneficiarias ingresaron en mayo como Asociados de ACORE: TC CC TC VA MY

EJC ARC EJC ARC EJC

Gelver Elkin Beltrán Acuña Rodolfo Ariel Castro Pérez Jaime Méndez Carrillo Fernando Elías Román Campos Harold Salazar Torres

Valle del Cauca Bogotá Antioquia Bogotá Valle del Cauca

$ 3.826.721,00

Fallecidos

$ 38.200.349,00

MAYO FALLECIDOS

ABRIL

Nuevos Asociados ACORE

VALOR PAGADO

Carlos Alberto Arce Villareal

$ 8.650.977,00

Martha Luz Arce Villareal

$ 8.650.977,00

TOTAL

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- Se invita a los antiguos y nuevos afiliados que no hayan reclamado el certificado de AVODE, acercarse a la Gerencia, para firmar la Afiliación. - Aquellos afiliados que no poseen capacidad de pago CREMIL y no se les esta haciendo el descuento correspondiente a la cuota de AVODE, por favor hacer la cancelación por ventanilla en ACORE.

Sra. CT Sra.

BNF Amalia Diago vda. de Toro EJC Álvaro Quintero Afanador BNF Teresita Villareal de Arce

Bolívar Norte de Santander Bogotá

OPINIÓN

Ejército nacional o Ejército popular Mayor HERNÁN ARBELÁEZ ARBELÁEZ

os comunistas han sido expertos en adueñarse de algunas palabras grandiosas, y de sus significados, para manipularlas y explotarlas de acuerdo con sus propios intereses y sus conveniencias. Es así como utilizan la paz como bandera de propaganda nacional e internacional, para ocultar sus verdaderos propósitos, como es el del dominio mundial cuando existía la Unión Soviética, mientras hacía la guerra e inundaba de sangre diferentes países a los cuales quería imponerle por la fuerza su modelo político y económico a través de revoluciones armadas. Aquí en Colombia las usan las Farc, el Epl y el Eln, como máscara para ocultar sus verdaderos propósitos terroristas. Democracia es otra de sus palabras favoritas para disimular la dictadura del proletariado. Recordemos los nombres de los países comunistas, en épocas de la URSS, que le anteponían el flamante nombre de República Democrática. (Ej. República Democrática Alemana, República Democrática del Vietnam). Pueblo y popular, son también palabras que los comunistas utilizan mucho: República Popular China, del Congo, Ejercito Popular Chino. En Colombia las guerrillas utilizan también estas palabras para darle a sus organizaciones militares una connotación democrática, tales como Ejército Popular de Liberación (Epl); Farc-EP (Ejército del Pueblo), Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp). Pues viéndolo bien, el Ejército colombiano sí es un verdadero Ejército Popular, pues está integrado por gente del común, del pueblo. Así se pudo constatar durante los últimos años, a partir del secuestro y del largo y monstruoso cautiverio en campos de concentración de

soldados y policías, por parte de las Farc. Los padres y familiares de estos jóvenes, que recorrieron el país para tener noticias de sus hijos; que marcharon en ciudades pidiendo la solidaridad de la sociedad colombiana; que fueron a las guaridas de los jefes terroristas a pedir muestras de supervivencia de sus seres queridos, y a suplicar por una pronta liberación y buen trato, son gente sencilla, gente del pueblo, campesinos la mayoría, y en fin, gente de escasos recursos económicos. De esa gente humilde y sencilla está compuesto nuestro Ejército Nacional. Nadie vió entre los familiares de los soldados secuestrados y liberados posteriormente, gente de las élites políticas, económicas o sociales del país. Alguien vió, por casualidad, a algún congresista o político, alto funcionario del Estado, diplomático, empresario, financista, académico, miembro de la alta sociedad, de la llamada sociedad civil, o a algún columnista, sobretodo de ésos que atacan en sus columnas y comentarios radiales al Ejército? O a algún magistrado o juez, sobre todo de ésos que emiten fallos injustos contra nuestros soldados? Vió alguno de éstos entre la gente que clamaba por la liberación de sus hijos secuestrados? Pues seguro que no, porque sus hijos no prestan el servicio militar, y si lo hacen es a través del discriminatorio servicio militar para bachilleres, que no se sabe por qué razón no van al combate, y que al parecer, se van acabar para ser reemplazados por soldados profesionales, eso sí del puro pueblo; de los de ruana. En Estados Unidos, casi todos los presidentes, congresistas y la mayoría de los políticos han prestado el servicio militar, y muchos de éllos

son veteranos de guerra, de lo cual se sienten orgullosos. Esta es una de las razones por las cuales en Colombia, el Ejército no ha sido del afecto de los políticos y de las altas esferas sociales, pues nunca han ido al servicio militar, ni tampoco sus hijos. Por eso durante décadas el Ejercito ha soportado el peso de la guerra sólo, sin respaldo ni político, ni económico, ni moral. Nunca le han importado los miles de soldados, policías e infantes, que han caído asesinados por la subversión, y otros centenares de inválidos permanentes, todos del pueblo. Hace unos años la subversión rondaba las puertas de sus casas para secuestrarlos y extorsionarlos, y preguntan por qué el Ejercito y la Policía no habían acabado con los criminales y tímida y tardíamente, pedían que se le dieran más recursos al Ejercito, cuando por 50 años (los que llevábamos de guerra), se los negaron impidiendo su fortalecimiento, por el temor que siempre expresaron de que los militares se tomaran el poder. Entonces la preocupación era, que

los que se podían tomar el poder eran otros. Cuando llegó la seguridad democrática del presidente Uribe, y vieron que se sentían más seguros, volvieron al ataque contra el Ejército. Y ahora con más fuerza, haciéndole el juego a la subversión y a la izquierda radical, con la guerra política, la guerra jurídica, y la guerra mediática. Por eso alguien dijo, con algo de razón, que si al Ejército fueran todos los estamentos de la sociedad colombiana a prestar el servicio militar, no estaríamos en guerra. Pero lo que más risa da es la cantidad de politólogos que proliferan y pontifican sobre estrategia militar, y los argumentos más tácticos que jurídicos en los cuales sustentan los jueces y magistrados sus fallos contra los militares, cuando ni siquiera han prestado el servicio militar. Por todo lo anterior, podemos concluir que el Ejército Colombiano, tiene más de Ejército Popular que de Ejército Nacional, pues falta meterle más nación y menos pueblo.

Tertuliando con las madres

El mayor Gilberto Trujillo Franco, ex regente de la Tertulia Cultural de ACORE, felicita a las madres que se hicieron presentes en la reunión sesión especial de la Tertulia del mes de mayo, con ocasión de la celebración del Día de la Madre.

OPINIÓN

El Senado reconoce reclamaciones salariales de la Fuerza Pública

Teniente Coronel GUSTAVO ROA CUERVO

xiste en el ambiente un sentimiento de satisfacción, luego de ver por televisión el debate de control en el Congreso de la República, llevado a cabo el pasado 17 de mayo. Difícil imaginar hace apenas unos años un apoyo total del Congreso a las reclamaciones salariales de soldados y policías. El senador Juan Lozano fue el gestor de este debate al que asistieron los ministros de Hacienda y de Defensa, acompañados de algunos viceministros y asesores de esas carteras, con el fin de debatir el tema del conflicto salarial en las Fuerza Militares y de Policía. La exposición de los senadores Lozano y Romero (Camilo), con impecable exactitud de datos, compromisos, antecedentes y cifras, sustentaron jurídica y económicamente la necesidad de solucionar este conflicto que ha

sido dilatado reiteradamente, por los gobiernos anteriores, durante cerca de 16 años. Tanto así que la clara exposición del senador Lozano logró el apoyo de la mayoría de los senadores de diversas bancadas, entre ellas, la de los partidos Liberal, Polo Democrático, Conservador, la U, Verde, del movimiento Mira, en fin, todos los participantes, rodeando y exigiéndole al Gobierno la solución pronta, responsable y concertada al problema laboral de la Fuerza Pública, tanto de activos como de retirados. En cambio, pobre fue la exposición del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que demostró, desconocimiento y pésimos asesoramientos, negando reiterativamente el derecho de los activos y retirados. La posición del Ministro fue mezquina, no parecía que el que exponía los

Almuerzo día de la MADRE

El almuerzo mensual de compañeros del mes de mayo se dedicó de manera especial a las madres de la Asociación. La celebración se hizo en el Salón Dorado del Club Militar, con mucha música a cargo del grupo Bolero.son; muchos regalos y un excelente menú.

pobres planteamientos fuera el Ministro de Defensa; más bien, parecía un enemigo de las Fuerza Pública. El Ministro de Defensa debe defender los derechos de los que fueron y son artífices de la guerra; no negarlos, de una forma tan sorprendente y mezquina. El Ministro de Hacienda no dijo nada, ambos personajes copiaron sus intervenciones y manifestaron problemas presupuestales. No aportaron propuestas constructivas, para cumplir el pago de la deuda, buscando fuentes de ingresos y de recursos, como es su función. La presión del Congreso, obligó a la creación de una comisión accidental para presentar propuesta de solución a la mayor brevedad en este litigio. El problema de conseguir los recursos es del Gobierno, pero el Ministro de Defensa, dilata la solución definitiva a través de pretextos y conceptos

del Consejo de Estado, que no tienen validez jurídica, con el fin de continuar dilatando el cumplimiento de las obligaciones. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió, por escrito, en su campaña a solucionar esta deuda del Estado con sus Fuerzas Militares y de Policía y así lo hizo saber el senador Camilo Romero, representante del Polo Democrático, quién lo imaginaría, el Polo exigiendo el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con los soldados y policías. Mil gracias a todos los senadores, que intervinieron Juan Lozano, Camilo Romero, Gilma Jiménez, Galán, Hechem, Baena, Rosero, en fin fueron más de 15 congresistas que exigieron el reconocimiento de los derechos a los Militares y Policías. Confiamos en la gestión de la comisión accidental, estaremos atentos a su resultado.

DESDE LOS MEDIOS

Lo que revela la sentencia contra el general Arias Cabrales

Sin pruebas pero con teorías Columnista

EDUARDO MACKENZIE Publicado en el blog comentario digital el 09 de mayo de 2011

cabo de leer las 361 páginas de la sentencia firmada por la jueza María Cristina Trejos Salazar. Quería saber en qué se basa ella exactamente para condenar a 35 años de prisión, por el delito de “desaparición forzada agravada” de once personas, al general Jesús Armando Arias Cabrales. He sopesado desde la primera hasta la última palabra de ese texto intrincado y repetitivo. Lo que descubrí es asombroso: en ese documento no aparece, para nada, la prueba material indiscutible de que el general Arias haya cometido ese grave crimen. En otras palabras: esa condena no descansa sobre prueba alguna. Descansa, como en la condena de junio de 2010 contra el coronel Alfonso Plazas Vega, sobre una serie de inferencias, más o menos inverosímiles, y en unas teorías. No se encuentra, repito, la menor demostración fáctica, material, pericial o testimonial que pruebe que el general Arias haya incurrido en esa conducta durante los hechos del Palacio de Justicia, de Bogotá, asaltado el 6 de noviembre de 1985 por la organización terrorista M-19. El mensaje que sale de esa lectura es sombrío: algunos quieren acostumbrar a los colombianos a que aceptemos en silencio que los militares sean objeto de condenas penales escalofriantes y de exterminio sin que el ente juzgador civil se vea en la obligación de aportar la prueba suficiente. No se crea que las 361 páginas obedecen a un abrumador análisis de hechos o de documentos nuevos: no hay nada de eso. El grueso de la sentencia es absorbido por una reescritura disculpadora de la

En la sentencia contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, no aparece, para nada, la prueba material indiscutible de que el general haya cometido ese grave crimen. En otras palabras: esa condena no descansa sobre prueba alguna.

carrera criminal del M-19, por una recopilación de doctrinas de diverso origen (hasta hay una sentencia de Sri Lanka) y por un acopio de cuanto texto existe a favor de la cuestionada teoría del “actor mediato” o del “hombre de atrás”. Lo bueno de la sentencia es que transcribe parcialmente los argumentos sin falla de la Procuraduría, la cual pide la absolución del general Arias Cabrales por falta de pruebas, y de la brillante abogada del general, la cual rebate, punto por punto, los argumentos de la instrucción. La jueza repudió el testimonio del mentiroso Edgar Villamizar sobre el que descansa la condena del coronel Plazas Vega. Ese rechazo fragiliza aún más el infame fallo de la jueza Jara. En vista de su vacío interior, esas 361 páginas se vuelven contra la instancia falladora. La tesis central de ésta es simple: los once desaparecidos (10 empleados y visitantes de la cafetería más la guerrillera Irma Franco) salieron vivos del Palacio, fueron asesinados por las Fuerzas Militares, y sus cuerpos siguen desaparecidos. El fallo no prueba que ello sea cierto. En mayo de 1986, la excelente investigación del Tribunal Especial de Instrucción (TEI) constató que los diez perecieron el 6 de noviembre en el cuarto piso

del Palacio, a donde fueron llevados como rehenes por los terroristas, y que “no hay la menor evidencia sobre la evacuación” de esas personas. El TEI reiteró que “ninguno de los rehenes liberados los mencionó como presentes en el edificio a partir de la toma o como fuera de él, después de la recuperación”. En cuanto a los videos “que con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de liberados”, el TEI dice que allí “no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”. La nueva instrucción ignoró lo hallado por el TEI y rechazó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, pero fue incapaz de aportar nuevos elementos. En cambio, la defensa invocó sobre ese punto capital, varios testimonios de primera mano. Nadie vio, en realidad, la cara de los diez. Sólo vieron imágenes borrosas de gente que salía. Alguien creyó ver a un pariente, otro dijo no estar seguros de eso. Uno aseguró que un video mostraba la salida de Cristina Guarín, pero la persona que él señala resultó ser María Nelfy Díaz, ascensorista del Palacio, quien se reconoció en esas imágenes. La jueza no demostró que Díaz mentía: cuatro testigos la respaldan. La jueza ocultó un hecho: quien afirmó que Cristina Guarín había salido viva es su hermano, René Guarín, secuestrador

confeso del M-19, que, a todas luces, busca manipular ese proceso para vengarse de los militares, pues éstos impidieron que triunfara el golpe de Estado que el M-19 había preparado y que había comenzado a realizar con la sangrienta toma del Palacio de Justicia. La jueza no explicó por qué 27 cuerpos correspondientes a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia estaban bajo secreto en la Fiscalía desde el año 2000 sin ser estudiados. De esos cuerpos, tras una prueba reciente de ADN, fue identificado uno: el de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería. Las pruebas hechas a los otros, dice la jueza, indican que no hacen parte del lote. Ello permite pensar que esos faltantes están enterrados en otro lugar y que alguien juega con esos despojos calcinados para que la teoría de los ‘desaparecidos’ continúe y con ella los juicios a los militares. Irma Franco parece haber salido viva del Palacio. Ella está desaparecida, pero la jueza no pudo probar que el general Arias haya tenido algo que ver, directa o indirectamente, con su aparente desaparición. Otra guerrillera, Clara Helena Enciso Hernández, también fue dada por ‘desaparecida’ en 1985, hasta que reapareció en México en 1987 para contar a dos periodistas una versión amañada del asalto. En la sentencia no hay, pues, pruebas, pero si hay teorías. Mejor: no hay pruebas, pues las teorías las hacen innecesarias. La teoría de la autoría mediata, en la modalidad alucinante que pretende imponer la jueza Trejos, no requiere pruebas. Arias es mostrado como el centro de una conspiración que decidió asesinar y desaparecer en esa batalla a unas personas. Dice que él se valió de terceros (no identificados), pues él controlaba un supuesto “aparato de poder”. Para ella definir tal posición jerárquica es probar la responsabilidad. Nada es más absurdo. ¿Y qué responsabilidad le cabe al M-19 por los muertos, heridos, >> SIGUE pág. 20

DESDE LOS MEDIOS

Asimetría Moral decir, un típico crimen de guerra, penalizado por las normas que rigen a la Corte Penal Internacional. En Colombia, con toda razón, se genera un clima de indignación moral cuando se denuncia la existencia de ejecuciones extrajudiciales; o sea, el homicidio deliberado de una persona por parte de un servidor público. Este es el caso de los llamados ‘falsos positivos’, crímenes que hacen parte de los delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, cuando la guerrilla lleva a cabo asesinatos fuera de combate, a mansalva, la indignación moral no es la misma. ¿Cuál, si hubo alguna, organización defensora de los derechos humanos denunció este crimen atroz? ¿Hubo algún comunicado público de solidaridad con los familiares de estos dos servidores públicos? No lo creo. Entonces, la pregunta es obvia:

¿es que los soldados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas no gozan de derechos humanos? Esta asimetría moral entre crímenes injustificables y crímenes justificables no puede continuar. Como decía Antanas Mockus en su campaña electoral, la “vida es sagrada”. No la vida de algunos, sino la vida de todos. La forma de superar la dura barrera moral que implica asesinar a una persona fuera de combate (ya sea un soldado o un guerrillero) se logra mediante la “cosificación del otro”; es decir, la idea inculcada desde instancias superiores de que quien ejecuta estos crímenes no está matando a un ser humano, sino a un instrumento, ya sea de la subversión o ya sea de las fuerzas represivas del Estado. Es decir, a una ‘cosa’, a ‘un medio’. La cosificación consiste en quitarle los atributos que hacen del otro mi semejante. Esta descalificación como seres humanos fue lo que permitió el holocausto del pueblo judío en la Alemania nazi, al ser valorado como un pueblo inferior, subhumano. Y fue, igualmente, lo que permitió que personas perfectamente normales en el Cono Sur ejercieran la tortura hasta

la muerte de acusados de terrorismo. Era tal la alienación ideológica que no podían distinguir entre el bien y el mal. Hannah Arendt, en su célebre obra Eichmann en Jerusalén, se impresiona de que el coronel de las SS, Adolf Eichmann, responsable de ejecutar la ‘solución final’ del pueblo judío, fuera un simple burócrata gris que argumentaba en su defensa ante los jueces que estaba simplemente cumpliendo órdenes superiores. Frente a este personaje, la escritora judía acuñó el polémico concepto de la “banalidad del mal”. Un ser banal, común y corriente, Eichmann había organizado la ejecución de millones de judíos sin ningún cuestionamiento moral. Por ello, hay que recordarle a la guerrilla que tanto el cabo Juan Esteban Coba como el soldado Fernando Builes tenían padres, hermanos, esposas, novias, hijos, amigos. No eran una estadística macabra, como las que publican en sus páginas web las Farc y el Eln, cuando afirman que han dado de baja a dos nuevos ‘chulos’. Ni Coba ni Builes eran ‘chulos’, eran seres humanos, con sueños, proyectos e ilusiones.

terrible maldad de los militares y del gobierno colombiano. El gobierno de Belisario Betancur es acusado por la juez de no haber tomado “en consideración la vida de los rehenes”. Eso es falso. Trejos dice eso al mismo tiempo que calla un hecho capital: que las fuerzas del orden rescataron a más de 244 rehenes en esas 48 horas terribles y que en esa labor once militares y policías perdieron la vida y otros 31 fueron heridos. En la fantasmagoría de ese fallo, el gobierno de Betancur es equiparado al régimen nazi de Adolf Hitler, y el general Arias Cabrales es puesto como un equivalente del verdugo nazi Adolf Eichmann. Esas comparaciones absurdas están allí, pues son necesarias: de otra manera la teoría del actor mediato no puede funcionar. Así es como la

jueza Trejos llegó a la conclusión de lo que Arias Cabrales merecía esa sanción inicua. Yo creo que la jueza Trejos es sincera. Después de leer su sentencia, estimo que ella cree lo que dice, y que obra así pues está convencida de que la razón, el bien y la justicia están de su lado. Eso es lo que más me preocupa. A ese estado de confusión jurídica y moral y de odio fanático por las instituciones democráticas, sobre todo por las Fuerzas Militares de Colombia, han llegado algunos miembros de la rama judicial. ¿Por qué y en qué momento nació ese fenómeno? ¿Quién lo propicia y alimenta? El gobierno y la sociedad, sobre todo la universidad y la prensa, deberán interrogarse e investigar al respecto. Pues hay que ponerle fin a esa deriva increíble. Si dejamos

que ese modelo de anti-justicia se imponga, el país va directo hacia el caos: ante cada ataque terrorista habrá que inmovilizar las fuerzas de defensa, o de lo contrario los mandos serán acusados de violar la ley. Y ante el abuso de un soldado, o el homicidio de un uniformado, o de un funcionario, se abrirá un proceso contra el comandante de las Fuerzas Armadas, y contra el Presidente de la República, pues se podrá decir que ellos dirigían un “aparato organizado de poder”. Y, sin la menor prueba, esos personajes serán enviados a la cárcel sin que puedan, como les ocurrió en primera instancia al general Arias Cabrales y al coronel Plazas Vega, defenderse ni hacer valer los preceptos más básicos del Código Penal Colombiano.

Columnista EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ Publicado en El Tiempo. 1º. de mayo de 2011

Es que los soldados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas no gozan de derechos humanos? El pasado 18 de abril fueron encontrados los cuerpos sin vida del cabo tercero del Ejército José Esteban Coba y del soldado Fernando Builes, quienes habían sido secuestrados por el Frente 36 de las Farc, en Toledo (Antioquia). Aparecieron dos días después del secuestro, cuando viajaban en un auto particular y vestidos de civil, con un tiro de gracia en la cabeza; sus cuerpos estaban rodeados de explosivos, con objeto de producirles nuevas bajas a las Fuerzas Armadas con esta trampa macabra. Tanto el cabo como el soldado estaban adscritos al Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez. Y, en ambos casos, se trató de un asesinato fuera de combate; es >> VIENE pág. 19

desaparecidos, por los incendios y las destrucciones de ese día? Ninguno. El grupo que creó esa tragedia es ignorado. En un aparte realmente grotesco, que hará gritar de indignación a más de uno, la jueza asegura que el M-19 al ingresar al Palacio no tenía planeado tomar rehenes, ni asesinar a nadie: sólo iba para juzgar al Presidente de la República. Agrega que ante eso, los militares han debido cesar su intervención y aceptar el “acercamiento que proponían” los atacantes, es decir, dejar avanzar al M-19. Como no lo hicieron se convirtieron en asesinos de lesa humanidad. Para ella, el M-19 era apenas una “disidencia”, un grupo rebelde que comenzó con acciones de propaganda y terminó radicalizándose a causa de la

DESDE LOS MEDIOS

Teorías en vez La justicia lesionada de pruebas A PROPÓSITO DEL PALACIO DE JUSTICIA

Columnista CARLOS MARTÍNEZ SIMAHAN Publicado en El Meridiano de Sucre, 9 de mayo de 2011-05-23

i siquiera Dios, solo los jueces pueden cambiar el pasado. Esta parodia refleja lo que está ocurriendo en los juicios sobre la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Quien lea hoy las providencias correspondientes se encontrará con que los autores del asalto mafioso son los héroes y quienes portaban las legítimas armas del Ejército de Colombia son castigados como delincuentes. Hablé en aquellas horas dramáticas con uno de los eminentes magistrados inmolados. Habíamos acordado un próximo encuentro para escuchar las grabaciones de las amenazas de que eran objeto él y su señora. La serenidad de su voz no alcanzaba a ocultar la dimensión de la tragedia que se acercaba. “Vienen por nosotros”; “están preguntando por la Sala Constitucional”; “hay muchos disparos y gritos”, así describió el caos inicial. Un rato después decía: “Ya están cerca”; “hay mucho humo; no puedo continuar…”. Al tercer intento… no hubo respuesta. Los asesinos habían cumplido su perverso propósito. Está más que demostrado que el M-19 fue financiado por Pablo Escobar para que desapareciera los expedientes sobre la extradición que estaban a estudio de la Corte Suprema de Justicia. La bandera que portaban los matones era la de los narcotraficantes. Nada de revolución, nada de reivindicación popular; nada de cambio. Jaime Castro, para entonces Ministro de Gobierno, deshace con pruebas irrefutables y argumentaciones sólidas los posteriores infundios de la izquierda proterva. Sin embargo, el discurso de esa izquierda ha sido adoptado por algunos administradores de Justicia que, por consiguiente, trastocan las evidencias y repudian la conducta de los militares que combaten para brindarnos seguridad y confianza a los ciudadanos. La sentencia contra el general Arias ha desbordado la copa. El presidente Juan Manuel Santos habló en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos cuando manifestó su preocupación ante tal exabrupto, que, afortunadamente, ha puesto en el orden del día la urgencia de la reforma a la administración de justicia y del restablecimiento del fuero militar. Es un viejo empeño, frustrado múltiples veces por la ingenua pretensión de lograr un consenso entre las altas cortes. El magistrado Jaime Arrubla, con gran carácter, ha dicho que la Corte Suprema de Justicia no permitirá que se le cercene atribución alguna. Esa es una actitud reiterada que no puede desconocerse. Toca explorar, pues, otros caminos en el respeto a las instituciones de nuestra democracia. En las academias de juristas, en las universidades, puede armarse la reforma, vía una constituyente, que afronte y resuelva los paralelismos surgidos de la Constitución de 1991. El enfrentamiento entre las cortes no ha permitido el ambiente augusto requerido para aplicar justicia. Es notorio que las sentencias, las providencias, aunque se respetan, como debe ser, no son recibidas con la venia que merece la majestad de la magistratura. ¿Por qué? Daniel Samper responde así: …. “los criminales han adquirido en Colombia una categoría de faros de luz y dispensadores de justicia…”.

Columnista PLINIO APULEYO MENDOZA Publicado en El Tiempo, 12 de mayo de 2011

i no hubo reales desaparecidos, la sombra inquietante que uno advierte en los procesos y fallos es una monstruosidad jurídica, ha dicho el general Harold Bedoya. Atroz, abominable, indignante son también algunos de los calificativos que llueven con toda razón sobre la sentencia que condena a 35 años de prisión al general Arias Cabrales. Quien haya leído las 361 páginas de esta sentencia firmada por la jueza María Cristina Trejos no puede decir otra cosa. Como en el caso del coronel Plazas Vega, no hay una sola prueba que permita hacer responsable al general Arias de la desaparición forzada de 11 sobrevivientes del Palacio de Justicia. Muchas fallas advierten los juristas en estas sentencias. La primera es la de no haber tomado en cuenta que en 1985 no existía el delito de desaparición forzada y que una ley posterior a esa fecha no puede tener un alcance retroactivo. Pero algo más perturbador: no se ha podido demostrar que quienes han sido señalados como desaparecidos lo fuesen realmente. Se han registrado falsos testimonios. Por ejemplo, René Guarín, antiguo secuestrador del M-19 y propulsor de manipuladas protestas públicas, dijo haber reconocido a su hermana Cristina entre quienes salían del Palacio, pero la persona por él señalada resultó ser una real sobreviviente, la ascensorista María Nelfy Díaz. El libro ‘Desaparecidos’, del coronel Alfonso Plazas Vega, recuerda la reciente revelación de los 27 cadáveres sin identificar que desde el año 2000 están guardados en la Fiscalía. Además estudia, uno por uno, el caso de los 11 supuestos

desaparecidos y concluye que, después de haber salido con vida del Palacio de Justicia, sólo Irma Franco fue una real víctima de agentes del Estado. “No fue desaparecida -escribe con toda honestidad Plazas Vega- sino asesinada, pero no por las fuerzas operacionales que rescataron al Palacio sino por integrantes de organismos de inteligencia”. Este caso fue, por cierto, investigado por la Justicia Penal Militar. En resumen: si no hubo reales desaparecidos, la sombra inquietante que uno advierte en los procesos y fallos puestos en manos de la jueza María Stella Jara, en el caso de Plazas, y de la jueza María Cristina Trejos, en el caso de Arias Cabrales, es el de una ciega presunción de culpabilidad. ¿Cómo se explica? Creo que un común desvío ideológico las lleva a ver comprensivamente a los asaltantes del M-19 y a los militares como movidos por un ciego afán represivo, el mismo que se hizo visible bajo las dictaduras de Chile y Argentina. A ese sesgo se suma el de los abogados del Colectivo Alvear Restrepo, interesado, además, en configurar crímenes de Estado para obtener las cuantiosas indemnizaciones (500 mil dólares) que ahora deben pagarse a los familiares de cada supuesta víctima. El dinero, en efecto, juega un gran papel en estos procesos. Es lo que debió mover a un extraño testigo para suscribir con un nombre falso (Villarreal en vez de Villamizar) una declaración también falsa contra el coronel Plazas, para luego desaparecer. ¿Quién le pagó? Por >> SIGUE pág. 22

DESDE LOS MEDIOS

Por qué es atroz el fallo General ÁLVARO VALENCIA TOVAR Publicado en El Tiempo, 19 de mayo de 2011

El argumento de la Fiscalía dice que existió el delito de desaparición forzada de personas, en el caso del general Arias Cabrales, sin embargo, tal delito no existía para la época, entonces, no hay delito porque no hay ley que lo contemple.

sí se fundamentaron las condenas en primera instancia para los comandantes que cumplieron su deber y la terminante orden presidencial. En Clepsidra anterior (6 de mayo, pág. 23) se planteó el aberrante caso del general Jesús Armando Arias Cabrales. Se reitera el calificativo de atroz, como se verá en la siguiente sinopsis puntual. * Reapertura irregular de Cosa Juzgada bajo competencia de la Justicia Militar por la Fiscalía, olvidando que la Comisión de juristas designada por el presidente Betancur coincidió con la JPM en exonerar al Ejército y sus jefes de responsabilidad penal y disciplinaria. El caso se archivó. Veinte años después, la Fiscalía reabrió el proceso contra el Ejército, dejando por fuera al M-19, culpable de asalto sangriento. Es notorio el ánimo persecutorio contra los militares. * El argumento de la Fiscalía fue que existió el delito de Desaparición Forzada de personas, simple presunción sin prueba alguna. Tal delito no existía para la época y si no hay delito porque no hay ley que lo contemple, erró la Fiscalía.

* El Instituto de Antropología de la Universidad Nacional entregó 27 cadáveres a la Fiscalía. Once no pudieron ser identificados, pues su total incineración no lo permitió. ¿Qué se hizo con el resto? ¿Por qué no se hicieron pruebas de ADN y necropsia de los restos extraídos de la fosa común? * Veinte años después, la memoria borrosa de los hechos y los videos disponibles imprecisos, testigos claves desaparecidos y otros nuevos aleccionados para mentir desfiguran la realidad. En adelante, la justicia deja de serlo para indicar un espíritu persecutorio y vengativo, con ostensible manipulación de los nuevos testigos por un célebre colectivo de abogados y una ONG comprobada enemiga del Ejército. * En 1990, la Procuraduría General abre investigación disciplinaria. La encabeza un discípulo y admirador del presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, sacrificado por los terroristas ante la negativa presidencial de detener el combate. Dicho personaje ordena al Procurador Delegado para las FF. MM. destituir al general Arias Cabrales y, al recibir la negativa por falta de razones, lo destituye

y reemplaza por otro, obsecuente servidor, que cumple la orden. * Se recurre entonces a tres ‘testigos presenciales’. El ex cabo de la Policía, desertor de la institución siete años atrás, Ricardo Gámez Mazuera. Certificaciones de la Policía, el DAS y el Ejército comprueban que para la fecha no pertenecía a ninguna de las tres fuerzas, pero en cambio dueño de un rico prontuario delictivo. Su testimonio es una simple carta registrada en notaría, dirigida al Procurador la víspera de ser enviado al exterior, lo que impide el interrogatorio de rigor. La carta se agrega al expediente como ‘prueba reina’ por la fiscal Ángela Buitrago, hoy en Alemania. El segundo es el cabo Édgar Villamizar o Villarreal, según se tome la cédula de ciudadanía, corresponde a Villamizar, y o la firma que un grafólogo comprueba falsificada en la carta. Segunda prueba reina de la acuciosa fiscal Buitrago. El tercero es el cabo Tirso Sáenz Acero, rechazado por mentiroso al afirmar que regresó a la Escuela de Caballería la noche del 6, en un blindado, siendo que los vehículos permanecieron en la Plaza de Bolívar hasta el día 7. Mucho más podría decirse sobre este horror, pero el espacio no lo permite. Así se fundamentaron las condenas en primera instancia de 30 y 35 años de prisión para los comandantes que cumplieron su deber y la terminante orden presidencial. Otrosí. El procurador Alejandro Ordóñez, en su función constitucional de vigilancia, halló tal suma de inconsistencias y fallas graves en el proceso, que pidió su anulación y absolución total de Arias Cabrales y Plazas Vega. ¿Qué decidirá el Tribunal Superior de Bogotá en la segunda instancia?

Programa de Administración de la Seguridad La Universidad Militar Nueva Granada, ofrece para el segundo semestre el programa Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, en las jornadas diurna y nocturna. El objetivo del programa es el de formar personas idóneas, capaces y líderes en administración de la seguridad y salud ocupacional, que les garantice a las empresas soluciones eficientes, humanas y factibles para un buen desarrollo socio-económico y social. El administrador de la seguridad y salud ocupacional se podrá desempeñar como: diseñador, asesor o evaluador, planificador y supervisor de sistemas de gestión en seguridad o programas de salud ocupacional y salud en el trabajo; administrador del departamento de seguridad o de salud ocupacional; asesor en higiene y seguridad industrial >> VIENE pág. 21

cierto, la jueza Trejos desechó a ese testigo y la jueza Jara la tomó como base de su condena. Es que la primera, en realidad, ha sabido maquillar mejor su desvío ideológico, vistiéndolo de especulaciones de alto nivel para lograr que la teoría cubra la falta de pruebas. Su sentencia, como bien lo señala Eduardo Mackenzie, recopila doctrinas de diverso origen; entre ellas, la cuestionada teoría del ‘actor mediato’ o ‘del hombre de atrás’, que extiende toda culpa a las máximas jerarquías. Con estos argumentos, al tiempo que terribles asesinos pagan solo siete u ocho años de cárcel, el general Uscátegui paga 40 años; Plazas, 30 años; y ahora Arias Cabrales, 34. Tiene razón Rafael Nieto Loaiza: nuestro sistema judicial se debate entre el desastre y la vergüenza.

CORREO

Injusticia en la administración de justicia a los militares Brigadier General ADOLFO CLAVIJO

a edición 1514 de la revista Semana trae un artículo que hace referencia a las penas a las que están siendo sometidos los militares en procesos que ya fueron cerrados en primera instancia. Recuerda el artículo que al coronel Alfonso Plazas Vega le impusieron 30 años de cárcel; al general Arias, 35; y al general Uscátegui, 40. A raíz de esas altas condenas a los oficiales, en el artículo en mención -como también en círculos políticos y en corrillos varios- se habla de aplicarles a los militares procesados el sistema de justicia alternativa o de justicia transicional y de reducción de penas, o de expedir para ellos una ley de justicia y paz o de darles un tratamiento judicial especial o emitir una ley de punto final, buscando darles un trato igual al que en ocasiones se les ha dado a miembros de grupos criminales por delitos debidamente comprobados. Resulta que otorgarles beneficios judiciales o prebendas políticas a los militares que han sido o están siendo juzgados por presuntos delitos no es lo que se necesita en la actualidad para ser equitativos con ellos, porque el problema no está en el tratamiento especial que se les puede dar; el problema está en la tremenda injusticia en la administración de justicia al aplicarles justicia a los militares. Ese sí es el problema, porque si, por ejemplo, a Plazas se le reduce la pena a cinco años, a Arias a ocho y a Uscátegui a diez, por poner unas cifras, la injusticia sigue, porque ellos fueron condenados de acuerdo con procesos y fallos que de todo tuvieron menos señales de justicia. Si esos juicios se hubiesen ajustado a derecho y se hubiera aplicado correctamente la justicia, sin lugar a dudas los fallos, en los tres casos, habrían sido absolutorios. Entonces, como el problema está en la administración de justicia, es allá donde hay que buscar la solución; en ninguna otra parte. Inclusive, sería suficiente indagar por qué algunos fiscales y jueces obran tan torcidamente cuando se trata de procesar a personal militar. Bastaría con corregir esa tendencia, y ¡listo! Ya, de ahí en adelante, entraría la administración de justicia a actuar sin pasión cuando juzgue a militares; entraría a absolver al militar inocente y a condenar al militar responsable, sin imponerle penas dictadas por el odio.

CORREO… CORREO… CORREO…

Del Curso Fray Ignacio Nariño Señores General Jesús Armando Arias Cabrales Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Coronel Alfonso Plazas Vega Los subalternos, superiores, amigos y compañeros que hace 55 años egresamos de los templos de formación militar, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, hoy agrupados en la Asociación Curso Coronel Fray Ignacio Mariño, estamos con ustedes en esta hora aciaga para sus vidas y la de sus familias. Los valientes hombres en armas sobre los cuales descansa la majestad de la República, están tristes, sobresaltados, atemorizados, al ver las injusticias que se cometen en nombre de la democracia que un día juraron defender, a costa de su sangre y de sus vidas. Está siendo herida de muerte nuestra fe como fieles servidores de la Patria; están atacando lo más valioso y preciado de nuestra sociedad militar: sus hombres. Estamos siendo vilipendiados y pisoteados por una justicia entregada a los más oscuros intereses de una izquierda mendaz. Cuando se trata de enjuiciar y condenar a miembros de la fuerza pública, en nuestra sociedad la justicia ha perdido el principio de las proporciones, la igualdad y equidad pregonadas en la constitución. ¡Pobre Colombia! ¡Pobre nuestro bello país! ¡Pobres sus

gobernantes que no saben, no pueden, no quieren, o no los dejan defender a sus Fuerzas Militares, cuando sus enemigos arremeten contra sus débiles estructuras, como son sus hombres en su individualidad! De qué le sirve a una nación, que se precia de tener unas Fuerzas Militares capaces, disciplinadas, estrenadas y duchas en la guerra de guerrillas, pregonar a los cuatro vientos que son una de las mejores del continente y soporte de una de las democracias más antigua de América, si sus cuadros están desmotivados. Cuál será la motivación, para las nuevas generaciones de jóvenes ansiosos de ingresar a nuestras Fuerzas Militares, si con horror ven como se enjuician y condenan a altas penas de prisión a sus más representativos comandantes, por haber creído que cumplían con el sagrado deber de defender la democracia, mientras los culpables, de los más horrendos crímenes son condenados a penas irrisorias, o están disfrutando de las mieles del poder. A través de la historia, con escasísimas excepciones, quienes han llevado las riendas del poder, han sido mezquinos con las

Fuerzas Militares y, en general, con los organismos de seguridad del Estado, ignorando la necesidad de fortalecimiento de sus presupuestos para su digno crecimiento al nivel del desarrollo del país y poder estar presentes en toda la geografía nacional haciendo patria y cuidando sus fronteras. Los gobiernos han mantenido al pueblo en la pobreza y la ignorancia y su objetivo ha sido perpetuarse en el poder, bajo la enseña de la democracia que muchas veces ha servido para sostener el aparato burocrático y la corruptela en la mayoría de los entes del Estado. Por eso, nacieron antaño las guerrillas y todas las manifestaciones de violencia que hoy asolan este bello país, sin que se vislumbre a corto plazo una solución radical a este problema social. Que Dios se apiade de nosotros los que somos el sostén de las instituciones de este magnífico país. Con el pesar que hoy nos embargan sus altísimas condenas, estamos con ustedes. BG BELARMINO PINILLA CONTRERAS Presidente Asociación Curso Coronel Fray Ignacio Mariño.

De Analvet Nariño Señores Periódico ACORE

¡Muy bien! Señores de ACORE, los felicitamos todos los policías y militares en retiro afiliados a Analvet Nariño. Cómo nos agrada leer artículos como el publicado el 11 de abril de 2011 donde ustedes publican algo que es de interés para todos. Esa es la verdadera función social que deben cumplir y con el corazón en nuestras manos los felicitamos. Gracias y que Dios los bendiga y continúen ayudando en este duro proceso. Recuerden que los más perjudicados son sus subalternos que bien o mal estuvieron junto a ustedes en el campo de batalla. LUIS FERNANDO ENRIQUEZ Analvet Nariño

FEMENINA

Liderazgo de género:

¿Qué es un papá? “Es un hombre sabio que conoce a sus hijos”

illiam Smart era un granjero estadounidense que vivía con su familia en un pequeño poblado del estado de Washington. Inesperadamente, su vida se vio ensombrecida por una desgracia: su esposa murió dando a luz a su sexto hijo. Entonces Smart se vio ante la obligación de atender solo a sus hijos y al mismo tiempo trabajar para poder subsistir. Smart fue para sus hijos padre y madre a la vez. Con el paso de los años, una de las hijas adultas de William Smart, considerando que su padre merecía un homenaje apropiado, sugirió, en 1909, la idea de instituir un día en homenaje a los padres. Fue así como en junio de 1910, en la ciudad de Spokane (Estado de Washington), un reducido grupo de personas celebró por primera vez el ¡Día del Padre! Pronto muchas ciudades comenzaron a adherirse a las celebraciones. El Día del Padre constituye un justo homenaje para los millones de hombres que decidieron un día formar una familia, a la que brindan todo su amor y se entregan con tesón indesmayable al trabajo, para poder

ofrecerles a sus hijos una vida digna. Y cómo olvidar a esos padres de la Patria, aquellos héroes que entregaron sus vidas por poder liberar a una nación para que nos pudiéramos sentir hijos de nuestra tierra, la que nos vio nacer y vivir en ella. Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Este es el día en que celebramos y homenajeamos a la cabeza del hogar, el día en el que recordamos a esos buenos hombres que luchan por su morada. Esos hombres acorados que a través de su vida no solo han dedicado tiempo a la patria bajo el ejercicio militar, sino que a la vez combinando con la tarea de ser papás. El día de recordar que la vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios Padre.

UN FELIZ DIAS PAPÁS PARA TODOS LO ACORADOS

Papá extraña

FEMENINA

combinación de razón y sentimiento Sabía que... ACORE, sede Bogotá abrirá las inscripciones para el proyecto ‘Club Cocina’, la última semana de junio. Del 27 de junio al 3 de julio se realizará en Bogotá el Campus Party. Es reconocido como el mayor evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo. Reúne durante siete días a decenas de participantes de España y de otras naciones. El 24 de junio, a las 10 a.m., se reunirá el grupo de oración en la sede Bogotá. El 8 de julio, en el Club Militar, Salón Dorado, se llevará a cabo el almuerzo de compañeros, a las 12 a.m.

Acorito aconseja Cuando papá se jubila, debe fortalecer Vínculos familiares, sociales y afectivos Las mujeres, presentes en la concentración del 31 de mayo

Almuerzo Club de Oficiales, Salón Dorado

Mejorar La calidad de vida, con alimentación sana y ejercicio Desarrollar Aquellas actividades que no pudiste realizar por falta de tiempo

Aprovechar La madurez para vivir en paz con lo que no puedes cambiar

ENTRETENIMIENTO

Sudoku

Ajedrez No. 23

juegan blancas y dan mate en dos jugadas

Reglas El objetivo del sudoku es rellenar una cuadricula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3x3 de las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado si la solución es única.

o.rivas3@hotmail.com

SOLUCIONES PASADAS Solución Ajedrez anterior Solucion Problema 22 1).Dd4+ 1)...Rb3 2)DxC ++ Solución Crucigrama anterior

Solución Sudoku anterior

HORIZONTALES

CRUCIGRAMA

1.Que tiene curiosidad. 2.Trato o convenio de los que van a la parte en una granjería. 3.Cuerpo compacto. Planta americana de la familia de las oxalidáceas, con flores amarillas. 4.Acudir. Doné. Unidad de medida de presión. 5.Voz con que se llama al perro. Símbolo químico del cerio. 6.Levanta la bandera. Interjección que expresa sorpresa. Conjunto de creencias de alguien. 7.Amer. C., enclenque. Familiarmente, así. 8.Ant., sufragios o exequias. 9.Crédulo, piadoso.

VERTICALES 1.Relativa a los camitas. 2.Aupar. Cuerpo simple, metálico de color blanco azulado. 3.Igualdad de nivel de las cosas. Mamífero perisodáctilo de Asia y América del sur, que tiene el hocico alargado. 4.Que anda por el campo huyendo de la justicia, forajido.

Nombre de letra. 5.Partícula del latín hoc, que significa esto. Interjección que denota admiración, aflicción o dolor. 6.Naturaleza. Casa unifamiliar con jardín. 7.Artífice que trabaja en oro. Preposición que indica la falta o la ausencia de. 8.Abismo. Consentimiento o mandato para que una cosa tenga efecto. 9.Natural de Auria o Aregia, hoy Orense.

ESTETICISTA

A帽os Experiencia Innovaci贸n Compromiso www.clubmilitar.gov.co