Periódico edición 526 febrero 2013

Edición

526 FEBRERO 2013

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

REAJUSTE POR EL IPC

La Fiscalía y ACORE

¡Misión Cumplida!

Por invitación del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el pasado 17 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Fiscalía, con las directivas de ACORE, donde se trataron temas relacionados con las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra miembros activos y de la Reserva de las Fuerza Pública. El Fiscal General, en actitud afable y conciliadora, expresó su interés en revisar casos puntuales. Pág. 9

FRASE

La Procuraduría General de la Nación, notificó a la Presidencia de ACORE del fallo proferido por parte del Consejo de Estado, en el cual se confirma una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que abre el camino a la unificación de jurisprudencia requerida para establecer la metodología necesaria en el reajuste de nuestros sueldos de retiro, basándose en el IPC que la ley determina.

Es justo reconocer y destacar la gestión realizada por la Procuraduría, así como los ministerios de Defensa y Hacienda y del Consejo de Estado, en el logro de esta pronta y efectiva solución.

Igualmente, vale la pena destacar que a mediados del año pasado, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció públicamente, en reunión convocada en el Teatro Patria, en Bogotá, que se reconocía formalmente la deuda contraída por este concepto, y que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conjuntamente con la Caja de Sueldos de Retiro y otros funcionarios, harían lo pertinente para coordinar y realizar los procesos de concertación o conciliación necesarios, con los miembros de la Reserva a quienes les correspondía este derecho.

Fue así como a través de diferentes reuniones, peticiones, conversatorios, y con la decidida y efectiva colaboración del Procurador General de la Nación, se logró ante el Consejo de Estado la agilización del importante fallo que hoy celebramos.

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"Toda violación de la ley penal debe ser investigada. Si es en combate y en relación con el servicio, caerá bajo la competencia de la Justicia Penal Militar.

En caso contrario, lo investigará y juzgará la justicia ordinaria".

BG. Jaime Ruíz a Ámbito Jurídico

ACORE convoca a la Asamblea General Ordinaria

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, en uso de las facultades estatutarias y reglamentarias convoca para el día sábado dieciséis (16) de marzo del presente año, a partir de las 09:00 horas, a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, en la sede nacional de ACORE ubicada en Bogotá, D.C. La Presidencia de ACORE invita a los Asociados a participar activamente en la Asamblea, con voz y voto, porque las decisiones que allí se tomen redundarán en beneficio de todos.

Reconocimiento

El Presidente Santos hizo un reconocimiento al almirante Luis Carlos Jaramillo y a los generales Víctor Álvarez y Ricardo Rubianogroot, quienes en representación de la Reserva Activa, integran el grupo de trabajo del general Jorge Mora Rangel, miembro del grupo negociador del Gobierno en La Habana.

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Recuerden que conforme a lo establecido por el Artículo 37 de los Estatutos, los Asociados de Bogotá, D.C., de Cundinamarca y de las Seccionales podrán hacerse representar por cualquier otro Asociado que asista a la Asamblea; y que para el caso de las Seccionales no es necesario que el Apoderado sea el Presidente de la misma.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que ningún Asociado podrá representar a más de cinco poderdantes de Bogotá o hasta diez (10) residenciados en el resto del país. Pág. 2

Sanidad Militar

Candidatos a la elección de Representantes a los organismos de Sanidad Militar: Consejo Superior de Salud, capitán de Navío (médico), Álvaro Enrique Faccini Duarte; Comité de Salud de las FF.MM., BG Guillermo Bastidas Ordóñez; Consejo Directivo del Hosmic, CO Guillermo Rodríguez Guzmán.

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Anexo CAPÍTULO VI COMPROMISOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES 13%

CAPÍTULO V SOLIDARIDAD Y DEFENSA DERECHOS 6%

CAPÍTULO VII INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 10% CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 33%

CAPÍTULO IV COMUNICACIONES 7%

CAPÍTULO III TRANSFERENCIAS 19%

CAPÍTULO II GASTOS GENERALES 12%

PROYECTO PRESUPUESTO

Fallo de la CIJ

En los últimos 120 años Colombia ha perdido alrededor de un millón de kilómetros cuadrados. La mayor parte por la impericia o improvisaciones de nuestros delegados y negociadores en los diferentes tratados. Colombia no debe aceptar dicho fallo a todas luces antijurídico y en contra de Colombia.

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jueves

28 de febrero Club Militar de Oficiales Salón: 20 de julio

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ASAMBLEA

RESOLUCIÓN No. 001 DE 2013 (25 de enero de 2013) POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, en uso de las facultades estatutarias y reglamentarias y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que de conformidad con lo prescrito en el Artículo 38 de los Estatutos de la Asociación, “la Asamblea General Ordinaria, será convocada una vez cada año dentro de los tres primeros meses. La Asamblea elegirá, dentro de los asistentes, a un Presidente, a un Vicepresidente y a un Secretario quienes la presidirán. Este último puede ser el mismo Secretario General Ejecutivo de la Asociación”.

SEGUNDO.- Que al tenor del Articulo 39 de los Estatutos, “La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, se hará utilizando los medios de comunicación de ACORE o por notificación a cada uno de los Asociados, con anticipación no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de la Asamblea, indicando el orden del día, la fecha, hora y lugar de la reunión, dejando los documentos contables a disposición de los Asociados”.

TERCERO.- Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 45 literales a) y o) de los Estatutos vigentes, compete a la Junta Directiva Nacional “Determinar las directrices, políticas y objetivos específicos que deben orientar las actividades de la Asociación, en desarrollo de sus Estatutos y de las decisiones de la Asamblea General” y “Convocar la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria”.

CUARTO.- Que la Junta Directiva Nacional, en reunión ordinaria del día veinticinco (25) de enero del año dos mil trece (2013), aprobó por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria Anual, correspondiente al año dos mil trece (2013) y para todos los aspectos expuestos en la parte motiva de ésta providencia.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Convocar a los Asociados de ACORE a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, para el día sábado dieciséis (16) de marzo del año dos mil trece (2013), a partir de las 09:00 horas, la cual se realizará en la sede nacional de ACORE ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., en la calle 70 No. 4-24 Tel. 3450511.

ARTÍCULO 2º.- Para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el siguiente Orden del Día: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACORE Sábado 16 de marzo de 2013 ORDEN DEL DÍA

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INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA HIMNO NACIONAL HIMNO DE ACORE VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO, (Este último podrá ser el mismo Secretario General Ejecutivo de la Asociación, Artículo 38 de los Estatutos) Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente de la Junta Directiva Nacional de ACORE

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NORMAS ROBERT’S DE PROCEDIMIENTOS LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 24 DE MARZO DEL 2012 O DE LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL DÍA. (16 DE MARZO DE 2013) INFORME DE GESTIÓN DEL PERIODO ESTATUTARIO DEL 2012 2013 INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL EXTERNA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE ACORE Y DE AVODE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACORE Y DE AVODE PARA EL AÑO 2013 RECONOCIMIENTO DEL ACORADO DE HONOR PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS CIERRE DE LA ASAMBLEA

ARTICULO 3°.- Conforme a lo establecido por el Artículo 36 de los Estatutos, La Asamblea Ordinaria convocada legalmente, sesionará en el sitio, el día y a la hora citada con facultad para deliberar y decidir si a esta asiste cualquier número plural de Asociados de Bogotá y un mínimo de representantes del cincuenta (50%) por ciento de las Seccionales.

PARÁGRAFO PRIMERO.- “Si a la hora fijada para la instalación o iniciación de la Asamblea General no hubiere quórum, esta podrá sesionar válidamente transcurrida una (1) hora, con cualquier número plural de Asociados y sus decisiones tendrán plena validez”.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- “Todos los Asociados del país podrán asistir a la Asamblea con voz y voto”.

ARTÍCULO 4º.- PODERES. Conforme a lo establecido por el Artículo 37 de los Estatutos, los Asociados de Bogotá, D.C., de Cundinamarca y de las Seccionales podrán hacerse representar por cualquier otro Asociado que asista a la Asamblea. Para el caso de las Seccionales no es necesario que el Apoderado sea el Presidente de la misma.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Ningún Asociado podrá representar a más de cinco (5) poderdantes de la Seccional Sede de la Asamblea o hasta diez (10) residenciados en el resto del país.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El poder concede a quien lo porta el derecho a voz y voto, con excepción del voto para elegir Dignatarios y Revisor Fiscal, tanto a nivel nacional como seccional.

PARÁGRAFO TERCERO.- Los poderes deberán ser presentados por el Apoderado, hasta con una (1) hora de anticipación a la instalación de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

ARTÍCULO 5º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Será comunicada de inmediato a las Seccionales, publicada en el próximo periódico de ACORE, fijada en la fecha en la cartelera de la Sede Nacional y por las Seccionales de la Asociación.

Dada en Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil trece (2013).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Brigadier General GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ Secretario General Ejecutivo ACORE Secretario de la Junta Directiva Nacional

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EDITORIAL

Justo y necesario reconocimiento Misión cumplida por parte del Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

Unas cuantas voces disidentes de unos pocos agresivos contradictores, sin razón y justificación alguna, no pueden impedir el reconocimiento debido a quienes realmente han hecho posible esta realidad.

Sus grotescas expresiones no merecen respuesta alguna.

Acorito

La tregua navideña, con 57 acciones violentas. Otra mentira de las FARC.

PERIÓDICO

Fundado en 1961

Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C.

¡Misión Cumplida! así fue notificada la Presidencia Nacional de ACORE por parte del Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Roberto Augusto Serrato, al hacer entrega a la Asociación, en nombre del Procurador General de la Nación, del fallo proferido por parte del Consejo de Estado, en el cual se confirma una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que abre el camino a la unificación de jurisprudencia requerida para establecer la metodología necesaria en el reajuste de nuestros sueldos de retiro, basándose en el IPC que la ley determina.

Sobre este particular, y como antecedente, hay que recordar que ACORE, conjuntamente con otras asociaciones de la Reserva Activa, logró que el gobierno pasado permitiera y avalara la conformación de una mesa de trabajo con la participación de otros funcionarios de Planeación Nacional, Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda, a fin de estudiar y recomendar el procedimiento para reconocer y cancelar los valores que se reclamaban por concepto de IPC. Lamentablemente la posición intransigente, y la actitud equivocada y descomedida de uno de los representantes de la Reserva frente al Jefe del Estado, echó por tierra todo lo que se venía adelantando y en virtud de esta enojosa situación, el Gobierno retiró a sus funcionarios y liquidó la mesa de trabajo que venía adelantando exitosamente esta importante tarea. De no haber ocurrido lo anterior, seguramente este proceso hubiera llegado a feliz término. Por fortuna hoy, casi cuatro años después, se logra el cometido.

Consecuente con lo anterior, es justo reconocer y destacar la gestión realizada por estas dos entidades, así como la del Ministerio de Hacienda y del Consejo de Estado, en el logro de esta pronta y efectiva solución.

Igualmente, vale la pena destacar que a mediados del año pasado, y como consecuencia de las distintas acciones que se venían realizando ante diferentes instancias del Gobierno nacional, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció públicamente, en reunión convocada en el Teatro Patria, en Bogotá, que se reconocía formalmente la deuda contraída por este concepto, y que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conjuntamente con la Caja de Sueldos de Retiro y otros funcionarios, harían lo pertinente para coordinar y realizar los procesos de concertación o conciliación necesarios, con los miembros de la Reserva a quienes les correspondía este derecho.

Fue así como a través de diferentes reuniones, peticiones, conversatorios y otras acciones, contando siempre con la decidida y efectiva colaboración del Procurador General de la Nación, se logró ante el Consejo de Estado la agilización del importante fallo que hoy celebramos.

Este resultado nos enseña que todo se puede obtener, siempre y cuando las cosas se hagan con cultura, hidalguía, y sobre todo dentro del mayor respeto, para con quienes deben tomar este tipo de decisiones. Estas seguirán siendo las políticas de nuestra Asociación para buscar los logros a que aspiramos en materia de bienestar, salud, justicia, seguridad jurídica y todo aquello que como gremio, nos interese o nos corresponda.

Para efectos prácticos sobre este particular, ACORE ya coordinó con la Procuraduría General de la Nación y la Caja de Sueldos de Retiro, para que próximamente se realice un nuevo conversatorio en nuestras instalaciones, a fin de explicar con claridad el procedimiento a seguir y sus diversas alternativas, para reclamar a través de la conciliación, los dineros que por tal concepto se adeudan. Según la Procuraduría, ya no hay que reclamar a través de costosos abogados. En este tipo de conciliación, se podrá negociar el reajuste de la base salarial. Lo dejado de cancelar por reajustes inferiores al IPC establecido entre los años de 1997 y 2004, se entregará totalmente a los demandantes.

Para el propósito anterior, el Ministerio de Defensa Nacional ha constituido una mesa de trabajo conformada por personal especializado de las distintas entidades involucradas, para definir con prioridad la mecánica y los parámetros requeridos para hacer efectiva esta conciliación.

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera Director: CO Gustavo Mantilla Ortiz Editor: Periodista Carlos Castillo Lugo Gerente: TC Rosa María Llovera Terradas Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso

CO Carlos Acosta Arévalo (caricatura) CO Gustavo Plazas Jiménez Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres Administración y logística: Leydi Liliana Romero Fotografía: Álvaro Díaz Rodríguez, Seccionales Impresión: Editorial El Globo S.A. Dirección: Cl 25D Bis # 102 A - 63 Teléfono: 42276200 EXT 1172 - 1178

El Ministro de Defensa Nacional y el delegado del Procurador General de la Nación, que se hicieron presentes en los conversatorios realizados el año pasado, se comprometieron públicamente y cumplieron cabalmente con este compromiso.

La consecución de los importantes recursos que fueron necesarios y el procedimiento legal requerido para lograr esta realidad, fue tarea prioritaria y nada fácil de nuestro Ministro de Defensa Nacional.

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados.

La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

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Bogotá, Socialismo Siglo XXI Coronel MARIO LÓPEZ CASTAÑO

La semejanza caudillista del alcalde Gustavo Petro con el presidente de los venezolanos Hugo Chávez, nos hace pensar, o de pronto exagerar, ojalá así sea, que el título del artículo es una alerta temprana de lo que podría ocurrir en la administración de Bogotá en el caso de que se siga polarizando a la sociedad, no por estratos, sino entre ricos y pobres, así como lo viene rotulando el exguerrillero Petro.

Para sustentar esta apreciación, un breve paralelo entre Chávez y Petro podría darle validez, a la presunción de que sí podríamos estar en dirección hacia esa aventura socialista, tal vez distante en el tiempo: Petro, al igual que Chávez, fue encarcelado por diferencias ideológicas y políticas con sus gobiernos.

Ambos accedieron al poder por la vía democrática y en el ejercicio de sus funciones aplican el intervencionismo estatal en sus decisiones administrativas, característica peculiar de los países socialistas. De igual manera, para ganarse la población civil desvalida dan soluciones contingentes y La aprobación del Fuero Militar ha generado mucha polémica, sobre todo entre las organizaciones internacionales de derechos humanos. La catalogan como una reforma que garantiza la impunidad.

Nada más tendencioso.

El Fuero Militar es una forma de presunción de inocencia más fuerte que la de los particulares. Se trata de asumir que las acciones de un miembro de la Fuerza Pública hacen parte de sus operaciones; y se le da el beneficio entonces, de que sean un tribunal militar el que evalué si fue o no así, y de serlo lo juzgue; de no serlo lo envíe a la Justicia ordinaria.

Es una garantía necesaria y justa. La Fuerza Pública en Colombia no sólo porta las armas como símbolos de defensa del régimen constitucional, sino que se ve en la obligación de usarlas para repeler los ataques de grupos ilegales para apoderarse

no estructurales, ejemplos: misiones Barrio Adentro, en Venezuela, y suministro gratuito de agua, en Bogotá.

Ahora. En cuanto al Alcalde, lo que sí se evidencia al analizar el problema de las basuras creado por él mismo, es una intención política, con la cual busca proyectarse a la Presidencia de la República.

Históricamente, la estrategia principal de los dictadores socialistas, tanto para acceder al poder como para perpetuarse en el mismo, es la de apoyarse en las clases menos favorecidas y desde luego mayoritarias, para lo que polarizan la sociedad entre pobres y ricos. Eso es justamente lo que Petro está haciendo al desafiar la normalidad institucional, promoviendo manifestaciones públicas en la sede del Acueducto con fines evidentemente políticos, y al expresar públicamente que le dará prioridad al arreglo de las vías de la capital que favorezcan a los pobres. De otro lado, su tono desafiante a la revocatoria del mandato que se viene preparando en su contra, al expresar que de esa consulta popular saldrá fortalecido. Su táctica de reiterar que lo quieren es sacarlo

del poder deja entrever que desea ser considerado un mártir, y por ello beneficiará y se apoyará en la clase pobre como plataforma en sus futuros planes políticos.

De todas maneras, su cálculo político podría verse truncado por el aspecto más negativo de su administración, que lo constituye su improvisación. En este sentido, fue notoria su terca y ambivalente posición en cuanto a la definición de los planes de desarrollo de la ciudad, entre los cuales se destaca el metro, el tranvía ligero, el Transmilenio y la Avenida Longitudinal del Occidente (ALO), razón por la cual el retraso de las obras ha perjudicado sensiblemente el desarrollo de la capital; y para rematar, la renuncia de mas de una decena de sus colaboradores materializan la inestabilidad de sus gestión por su actitud improvisadora.

Si bien los pasos que está dando el Alcalde se asemejan a las intenciones de Chávez de llevar su supuesta revolución hasta la instalación del Socialismo del Siglo XXI, son mínimos por razón de la entidad y magnitud de los alcances de su encargo administrativo, no deja de causar

Fuero Militar PALOMA VALENCIA LASERNA Publicado en El país.com.co 14 de diciembre de 2012

del Estado y someter a la población. Las condiciones de esa vida -que no es fácil, ni suntuaria- aumentan los riesgos de quedar inmerso en hechos que involucran muertes y violencia. Es evidente que un error de quien carga armas causa un gran daño. Además las condiciones de sentirse vulnerable, amenazado, en estado de zozobra por la posibilidad de un combate, aumenta la posibilidad de que se cometan esas fallas. Esos riesgos que asumen a nombre de la Nación, deben generarles unas correlativas garantías.

La Nación tiene que aportarles respaldo, pues es ella,

y no los militares quienes se benefician de esa actividad.

Lo cierto es que los militares sienten que existe una guerra jurídica en su contra, y que la están perdiendo.

Para mostrarlo señalan que hay más militares presos que paramilitares y guerrilleros. Así también, relucen las sentencias de jueces que les niegan cualquier beneficio a los militares aduciendo la peligrosidad del sujeto, que se demuestra con la lista de cursos de combate y de condecoraciones. Se los acusa de ser máquinas de matar que no pueden gozar de los beneficios que se les dan a las personas ordinarias.

preocupación ante el hecho de que culmine indemne su gestión con un apoyo masivo de esa mayoritaria clase pobre, que lo podría catapultar al primer cargo de la nación, y así las cosas, la posibilidad de un socialismo al estilo Chávez y los hermanos Castro, estaría mas cerca de ocurrir en nuestra nación.

Frente a una futura situación de esta naturaleza y para su neutralización podrían plantearse dos escenarios: en primer término, se precisa de una vigilancia y seguimiento a su administración por parte de los altos entes de control del Estado, como en efecto se están dando; en segundo lugar, desistir, por ahora, de una revocatoria del mandato, por cuanto a un año de gobierno no tiene fundamento esta intención y, por el contrario, le daría más popularidad dentro de una clase social marginal numerosa y beneficiada por su acción de gobierno.

Queda pues al examen de la opinión pública estas inquietudes que las formula un demócrata al considerar que se debe defender nuestro sistema, como el menos imperfecto para conducir las sociedades.

Otras donde los jueces desfogan sus prejuicios contra el Ejército al que califican, sin miramientos, de ladrones y asesinos. Casos como los de Plazas Vega, donde el Magistrado encargado tomó tiempo exclusivo para estudiar el proceso, y luego de un año de estudio, concluyó que era inocente. Los otros, sin haber estudiado el caso, negaron la ponencia y en pocas semanas lo condenaron. Cabe resaltar además que uno de esos magistrados había militado en la política de izquierda y había sido derrotado hacia poco tiempo en las urnas.

Más aún, la Justicia ordinaria tampoco ha sido eficiente. No hay casi sentencias, los procesos se dilatan mientras los militares siguen detenidos, aún con los términos vencidos, con recortes en sus sueldos que les impi>> SIGUE pág. 5

Ayuda de

memoria Guerra del salitre 14 de febrero de 1879.

Chile ocupa militarmente el puerto de Antofagasta,

que pertenece a Bolivia, iniciando así la llamada Guerra del Salitre entre Chile y la alianza bolivianoperuana por los terrenos salitreros del desierto de Atacama. La paz se firmará en 1883 mediante el tratado de Ancón y Bolivia perderá tras esta guerra, su única salida al mar.

Guerra civil USA

8 de febrero de 1861.

Tres meses después de ganar las elecciones presidenciales Abraham Lincoln, diez estados del sur, siguiendo el ejemplo de Carolina del Sur, retiran a sus representantes del Congreso y se secesiona de la Unión. Comenzará así la Guerra Civil estadounidense que concluirá en 1865 con la victoria del Norte.

Primer computador

14 de febrero de 1946. Profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE. UU.) presentan la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computation), primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad. El aparato ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, pesa 30 toneladas, consume gran cantidad de energía y genera mucho calor.

Golpe en España

23 de febrero de 1981.

El teniente coronel de la Guardia Civil española, Antonio Tejero, da un golpe de Estado que fracasará al día siguiente tras mantener secuestrado durante unas horas a los diputados en el Congreso. Posteriormente, Tejero será procesado y condenado a 30 años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado.

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OPINIÓN Con motivo del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, los abajo firmantes integrantes de la Alianza Colombiana Marítima, Fluvial y Portuaria, primera organización no gubernamental orientada al desarrollo marítimo de Colombia, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente: Principios. Colombia es una nación regida por una Constitución Política que la define como un Estado Social de Derecho en el que la soberanía emana del pueblo, con tres poderes públicos independientes, que se contrapesan dentro del marco constitucional. Es parte fundadora del sistema de las Naciones Unidas y sus marinos y soldados combatieron, y muchos de ellos ofrendaron sus vidas, bajo las banderas de la ONU en Corea, en defensa de los principios fundamentales de la libertad, la soberanía y la libre determinación de los pueblos. En su condición de Estado libre y soberano es, de hecho, una Persona Jurídica, con plena capacidad de firmar tratados con sus pares, los cuales forman parte del Derecho Internacional. Este es el caso de los tratados de límites de sus aguas marítimas y submarinas que Colombia firmó y ratificó con sus vecinos, con estricta sujeción al Derecho Internacional Marítimo.

Con el propósito de dirimir los conflictos que surgen entre diversas interpretaciones del Derecho Internacional entre naciones soberanas, la Asamblea de las Naciones Unidas creó la Corte Internacional de Justicia con un mandato claramente definido en el cual se determinan los temas sobre los cuales tiene jurisdicción y el ámbito de aplicación de sus decisiones.

Colombia ha sido siempre respetuosa de los fallos jurídicos en el ámbito nacional e internacional, pero esto no implica sumisión ante fallos en contra del Derecho Internacional, en las relaciones entre países o en contra de la Constitución y las leyes en la justicia interna.

Es un hecho cierto que todo abuso de poder conduce al despotismo, venga de donde venga, y que la defensa de la libertad y soberanía de las naciones de la tierra obliga a rechazar y denunciar ante las instancias superiores los fa-

Federación Alianza Colombiana Marítima, Fluvial y Portuaria

MANIFIESTO

llos judiciales que entran en esta categoría. Las áreas marinas de la Zona Económica Exclusiva y de la plataforma continental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de las otras islas, cayos e islotes que forman una unidad archipelágica, han sido despojadas a la nación colombiana.

En el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua pretendió, unilateralmente, desconocer un tratado vigente de delimitación, violando principios elementales del Derecho Internacional, y llevó el caso a consideración de la Corte Internacional de Justicia, organismo que tuvo que fallar sobre la validez del tratado cuestionado; pero en un acto inexplicable, sin soporte jurídico ni antecedente alguno en el derecho internacional formal ni consuetudinario y con la simple mención de una supuesta y cuestionable ‘equidad’, la Corte quiso compensar al demandante derrotado dándole áreas marítimas sujetas a tratados vigentes, de los cuales el demandante no es parte, que además nunca han sido cuestionados por las partes vinculadas. Los tratados de delimitación con

Jamaica, Honduras, Costa Rica y Panamá, ajustados a las normas de derecho, han sido ignorados. Esta parte del fallo es por tanto improcedente, injusta, ilegal, antijurídica y claramente carece de efecto vinculante para las partes afectadas. Con esta parte del fallo la Corte Internacional de Justicia configura un evidente abuso de poder, abuso que conduce inexorablemente al despotismo y al caos jurídico global.

Este caso aberrante debe denunciarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como su superior directo. Sería gravísimo que, con el argumento de que los fallos jurídicos se deben aceptar a rajatabla, nos dejemos conducir al despotismo de unos cuantos jueces.

Solicitud. De la manera más respetuosa solicitamos al Señor Presidente de la Republica y a su Canciller, como responsables de la política exterior del país, declarar la inaplicabilidad del fallo por afectar tratados que no están ni han estado en discusión o se hayan colocado bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia, lo cual configura un abuso evidente de poder y una extralimitación de su ju-

risdicción y funciones.

Tampoco se puede aplicar a lo concerniente a la modificación de cualquiera de los artículos de nuestra Constitución Política soberana, por no ser este tema que le competa o se derive de sus atribuciones o esté dentro de los que el mandato que la creó le fijó taxativamente.

Así como Colombia no puede violar su propia Constitución Política ni modificarla por fallos judiciales, tampoco puede desconocer los tratados sobre delimitación de las áreas marinas y submarinas que firmó y su pueblo ratificó con Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, como pretende la Corte Internacional Justicia, por cuanto esto sería violatorio del Derecho << VIENE pág. 4

den mantener a sus familias.

Pasan militantes de los partidos de izquierda a visitarlos para ofrecerles beneficios si acusan a sus superiores, en especial a aquellos con reconocida trayectoria en el combate.

Aunque otros sostienen que no existe la guerra jurídica, lo cierto es que la Fuerza así lo siente, y para mantener su ánimo es fundamental darles garantías. Las Fuerzas

Internacional, del cual forman parte. Ningún fallo puede obligar a violar las leyes internacionales.

Que se denuncie ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el comportamiento de la Corte Internacional de Justicia, por atentar contra los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, exceder las facultades del mandato que la Asamblea General le confirió y atentar contra las bases mismas de los principios de convivencia entre los pueblos y la estabilidad jurídica que se apoya en la intangibilidad de los tratados entre las naciones, se le fije límites más estrictos al ámbito de su actividad y competencia, con el fin de evitar que por vía jurisprudencial se pretenda obtener competencias sobre la soberanía de los países, peligrosas para la estabilidad jurídica y la paz del mundo.

Convocatoria: convocamos a todo el pueblo colombiano para que se una alrededor del Gobierno Nacional en la tarea de enfrentar con todas las armas jurídicas y políticas en defensa de nuestra Constitución Política y de la integridad territorial de nuestra patria.

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2012 Asociación Colombiana de Ingenieros Navales y Profesionales Afines, Acinpa.

Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina R.A., Anfibios.

Centro de Excadetes y Oficiales Navales, Pocigüeica.

Corporación de Fomento Cultural El Refugio del Marino Fundación País Marítimo Liga Marítima de Colombia, Limcol

son las primeras en querer evitar la impunidad, pues no existe en ellas una agenda criminal. Hay fallas, errores, casos aislados; que las propias fuerzas han venido corrigiendo. Han demostrado de manera constante su compromiso por mejorar, proteger los derechos humanos, y dar la guerra cumpliendo todos los preceptos de la ley y de los códigos de honor que los inspiran.

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OPINIÓN

En los últimos 120 años Colombia ha perdido alrededor de un millón de kilómetros cuadrados. La mayor parte por la impericia o improvisaciones de nuestros delegados y negociadores en los diferentes tratados.

Figura 1: Con relación a Nicaragua, Vicealmirante este país no poseía costas en JOSÉ WILLIAM PORRAS FERREIRA el Caribe, de acuerdo a la Real Orden de 1803, contundente y específica en su mandato: era el meridiano 82º W. firmados por Colombia con “las Islas de San Andrés y Esto último por iniciativa de terceros países como los la Costa Miskita quedan Nicaragua y aceptado por tratados Ramírez-López (0208-1986), con Honduras; segregadas de la Capitanía Colombia en 1930.

5.

El sustento de los hatratado Sanín-Robertson General de Guatemala y bitantes del archipiélago de (12-09-1993), con Jamaica; dependiente del Virreinato San Andrés, Providencia, tratado Vásquez-Saccio de la Nueva Granada”.

La Nueva Granada, es Santa Catalina y demás cayos (08-09-1993), con EE.UU.; decir Colombia, perdió su e islotes, por cientos de ge- Fernández-Facio (17-13soberanía absoluta sobre las neraciones se derivan de la 1977), con Costa Rica; y costas de Veraguas, debido explotación pesquera prin- tratado Lievano-Boyd (2011-1976), con Panamá, y no al fallo adverso del Laudo cipalmente.

El reclamo de Nicaragua en considerando los límites del Arbitral de Loubet del 11 de septiembre de 1900, siendo el sentido que el Archipiélago archipiélago como tal, sino presidente de Francia Émile de San Andrés y Providencia en forma aislada y enclavando estaba en su plataforma dos cayos. Es decir la CIJ se Loubet.

Lo anterior quedo con- continental y por lo tanto le salió del ámbito jurídico al que sumado mediante el Tratado pertenecía es tan descabella- estaba obligada mantenerse.

No existió equidad en la Esguerra-Bárcenas, suscrito do, es como si la China reclamara que Japón le pertenece anterior decisión ya que el 24 de marzo de 1928, aprobado por los congresos por estar en su plataforma la CIJ si le da ZEE al archide Colombia, a través de la continental o si Francia re- piélago de San Andrés y ley 93 de 1928, y por el de clamara a Inglaterra por es- Providencia al este, pero no Nicaragua, el 6 de marzo de tar esta última en su plata- en los otros límites del archipiélago (norte, sur y oc1930, siendo canjeadas las forma continental.

Nada de lo anterior lo tuvo cidente), lo cual es complerespectivas ratificaciones el en cuenta la CIJ, por el contamente extraño.

5 de mayo de 1930. trario se extralimitó en sus Si hubiese habido equidad funciones al cederle mar en en la decisión de la CIJ, ha Razones Jurídicas para no la Zona Económica Exclusiva debido aplicarse el concepto aceptar el fallo antijurídico perteneciente a de la línea media contemde la Corte Internacional (ZEE), Colombia al norte, al sur y plado en la ley del mar, pero de Justicia (CIJ). occidente del archipiélago lo anterior no le favorecía a 1. San Andrés y Providencia de San Andrés y Providencia, en 1822, proclamó su adhe- bajo el argumento de la prosión a la constitución de Villa porción de costas, concepto del Rosario de Cúcuta el 30 nuevo y no aplicado antede agosto de 1821, en forma riormente en la ley del mar, afectando y desconociendo libre y espontánea.

2. Los derechos colom- además tratados vigentes bianos en territorios del Atlántico datan de las Cédulas Reales de 1789 y 1803. Habiéndose ejercienSi hubiese do, jurisdicción y autoridad habido equidad por parte de Colombia duen la decisión rante los últimos doscientos años, de manera pacífica y de la CIJ, ha permanente. debido aplicarse 3. Si bien con el laudo arel concepto de bitral de Loubet se perdió la línea media la costa Miskita (hoy costa oriental de Nicaragua sobre contemplado en el Caribe), otorgó también la ley del mar, autoridad a Colombia en el pero lo anterior archipiélago de San Andrés y Providencia y del mar al este no le favorecía del meridiano 82º W. a Nicaragua 4. El Tratado Esguerracuando la CIJ Bárcenas, firmados entre hizo el ejercicio Nicaragua y Colombia ratificó lo anterior, es decir, el límite entre los dos países

Razones jurídicas para no aceptar el fallo de la CIJ Nicaragua cuando la CIJ hizo el ejercicio.

Considerando los anteriores argumentos, en mi concepto, Colombia no debe aceptar dicho fallo a todas luces antijurídico y en contra de Colombia. Qué dirán nuestros descendientes nuevamente: “en los siglos XIX y XX se perdieron un millón de kilómetros cuadrados de territorio terrestre y en el 2012 se pierden otros 75 mil kilómetros cuadrados de mar, donde están inmensas riquezas marinas de pesca, hidrocarburos y galeones hundidos”. Aparte del sustento diario de todos los habitantes del archipiélago provenientes de la pesca que durante varios siglos han explotado únicamente ellos en forma pacífica, es decir buena parte de la herencia de nuestros compatriotas en las islas y de sus futuros descendientes se les arrebató, sin que se hiciera nada por parte nuestra.

No creo que ningún colombiano quiera cargar con esa culpa.

El reclamo de Nicaragua en el sentido que el Archipiélago de San Andrés y Providencia estaba en su plataforma continental y por lo tanto le pertenecía, es tan descabellado, es como si la China reclamara que Japón le pertenece por estar en su plataforma continental o si Francia reclamara a Inglaterra por estar esta última en su plataforma continental

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OPINIÓN

Mapa de los límites marítimos fijados por la Corte Internacional de Justicia en contra de Colombia y favoreciendo a Nicaragua

En estos dos mapas se muestra la comparación del fallo absurdo de la CIJ. (Tomados del periódico el Universal de Cartagena del 25 de noviembre de 2012), pp. 4 Facetas.

Algunas definiciones dadas por la Ley del Mar o Convemar aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva York (Estados Unidos) y abierta a su firma por parte de los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Bahía Montego (Jamaica), en la 182.º sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de la 60ª ratificación (realizada por Guyana): Artículo principal: Mar Territorial La Convención establece que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la misma Convención.

Cuando las costas de dos Estados son adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tiene derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cua-

les se mida la anchura del mar territorial de cada uno de dichos Estados. Salvo que por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma.

Artículo principal: Zona económica exclusiva Reconoce una zona económica exclusiva, como un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en la Convención.

En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos; Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Convención, con respecto a: El establecimiento y la utilización de islas artificiales,

instalaciones y estructuras: La investigación científica marina; La protección y preservación del medio marino; Otros derechos y deberes previstos en la misma Convención.

La zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Artículo principal: Plataforma Continental La plataforma continental es la prolongación natural de un continente, que queda cubierto durante los periodos interglaciares como la época actual por mares relativamente poco profundos y golfos. La plataforma nace, entonces, en la costa, y suele terminar en un punto de la comarca pendiente creciente (llamado barrera continental). El fondo marino tras esta barrera es

el talud continental. Tras el talud está la elevación continental, que termina por unirse con el fondo marino profundo, la llanura abisal.

De acuerdo a la Convención, la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. A su vez, el margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. No

comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo.

Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, deben estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2.500 metros, que es una línea que une profundidades de 2.500 metros.

Los subrayados y negrillas son míos y se trazaron para llamar la atención que la CIJ debía haber seguido el trazado de la línea media para los límites marítimos como lo establece la Convemar y no otra forma no contemplado en la ley del mar, si quería variar el límite del meridiano 82º W entre Nicaragua y Colombia.

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OPINIÓN

Panorámica de la Isla Providencia.

Excomandante Comando Específico de San Andrés Islas

Sí… y ¿ahora qué? esa es la pregunta que nos hacemos todos los colombianos en general y los sanandresanos en particular pero que nadie responde, porque nadie sabe qué responder, no obstante, nosotros como Cuerpo de Generales y Almirantes, nos hacemos algunas reflexiones sobre lo que vendrá y lo que deberíamos hacer.

Ante todo, hay que dejar de buscar el muerto aguas arriba y debemos analizar con cabeza fría ¿dónde se originó el problema que condujo esta vez a la pérdida de tan grande porción de mar territorial? ¿Acaso cuantos han pensado en qué momento surgió la primera amenaza lanzada por Nicaragua? ¿Alguien se acuerda de las declaraciones dadas por los nicas en 1980? pues si alguien se acuerda, al parecer no lo dice y no lo dice porque más que reconocer que tiene mala memoria, los asalta la duda de cómo afrontar la vergüenza por no haber advertido sobre la estrategia bien estudiada de Nicaragua para lograr su objetivo para ese entonces de largo plazo.

Nadie quiere reconocer que ese país, por pequeño que sea, fue un David frente a la suficiencia y prepotencia de nuestras cancillerías, de nuestros gobernantes y de nuestros negociadores que han caído como Goliat ante la piedra bien lanzada de los abogados nicaragüenses ante la CIJ y ante la estrategia de largo plazo y la experiencia sumada por ellos ante ese Tribunal.

Subestimar a un enemigo por pequeño que sea, es un grave error que no fue calculado por nuestros cancilleres

Y ¿ahora qué?

Vicealmirante JAIME JARAMILLO GÓMEZ

y eso tiene una respuesta, la mayoría de ellos en los últimos tiempos, han sido cancilleres políticos para pagar favores, porque como es bien sabido, aquí no hay una carrera diplomática, ni tampoco una escuela de diplomacia verdaderamente sólida y de permanente actualización para formar y mantener en el tiempo a las personas que trabajan en la Cancillería, preparándose para afrontar temas como el de ahora, o ¿es que podemos decir que tenemos cuantos Julio Londoño, Enrique Gaviria, Rafael Nieto Navia, en el país con ese conocimiento sobre fronteras? en el caso de Londoño, que no aprendió de ello por la preparación dada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por continuar la herencia de su padre el general Julio Londoño, es decir, por gusto propio, pero no porque el Estado se preocupe por la formación de expertos en este tipo de materias y los aproveche para asesorar al país en litigios de tales dimensiones.

Tampoco el Estado utiliza las herramientas que tiene a su disposición para poder preparar una estrategia en temas tan delicados, allí nos caben otras preguntas: ¿Cuántas veces fueron llamados los órganos consultivos del Gobierno Nacional para consultar a sus expertos? nos referimos a la Sociedad Geográfica de Colombia y a la Comisión Colombiana del Océano, para solo citar dos.

¿Quién responde? pero la respuesta sería muy penosa, pues por ejemplo, la CCO, la preside el Vicepresidente de turno y la componen varios de los ministros, que no solo son personas sin el conocimiento sobre este tema, sino que delegan en segundones su participación en estas juntas, no podríamos decir lo mismo de la Sociedad Geográfica, pero de igual modo, no la consultan y en cambio, manejan el tema políticos favorecidos del Ejecutivo como el excanciller que fue premiado por su liberación por ocho años de secuestro, con trauma y sin conocer nada sobre relaciones exteriores, con formación académica de ingeniero civil, o una muy bonita y esbelta dama, pero de lo que sabía era de producción de cine y la convirtieron en una ‘vedette de la diplomacia colombiana, para citar solo dos ejemplos, pues hay ex banqueras, periodistas y toda suerte de personajes que han ejercido el cargo de cancilleres sin la preparación y los méritos para asumir tan importante responsabilidad que hoy la estamos reconociendo los colombianos, así no se puede manejar uno de los ministerios de mayor importancia y gran sensibilidad para el país.

Entonces ¿Qué hacer? ante todo empezar a restructurar la Cancillería, el Gobierno debe acercarse a sus organismos de consulta para buscar el apoyo requerido pro-

fesionales estudiosos de los problemas fronterizos como Juan Daniel Jaramillo y en la CCO, deberá empezar por volver ese organismo un ente técnico y no político y quien presida dicha Comisión, no puede ser un Vicepresidente que dura cuatro años y que tal vez no conoce del mar, sino que su agua es salada, allí deberá tener especial protagonismo la Armada Nacional, con sus excomandantes de Armada y exdirectores marítimos, presidiendo y dirigiendo esta entidad ya que nuestros marinos son los que verdaderamente conocen el archipiélago, así como los isleños; también, un miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, al menos, no los políticos y ministros que no son más que alfiles de la política del presidente de turno y hasta que el Presidente de la República no entienda esto y le dé el realce al tema, no tenemos más que ampararnos en lo que nos digan los abogados que se contraten para las defensas de nuestro territorio o de nuestro mar ante cualquier organismo jurídico internacional.

También y de manera paralela, se debe estar trabajando con el mejor grupo de asesores jurídicos que haya en el mundo (así como lo hizo Nicaragua), para buscar una salida legítima y presentar ante la CIJ las aclaraciones y las revisiones al fallo, pues esta le debe dar a Colombia una respuesta a sus inquietudes y debe corregir sus desvaríos, mucho se dice que la Corte presentó un fallo no ajustado a Derecho y que en este se encuentran vacíos e interpretaciones erróneas, entonces Colombia debe presentar sus reclamaciones

cuanto antes, pero soportadas en lo que le recomiende el mejor equipo de juristas.

Podrá costar mucho dinero, pero sin duda, es mucho menos del que pude costar lo que estamos perdiendo en este momento y si Nicaragua pudo contratar al mejor en su momento, no entenderíamos porqué Colombia no lo puede hacer.

De otra parte, el Gobierno Nacional debe revisar para futuros casos, cómo deberá adelantar su estrategia para casos similares de cara al país y no de espaldas como lo fue este, hacer una campaña permanente interior y exteriormente de divulgación de cómo defendemos lo nuestro, de cómo sentimos lo nuestro, de cómo cada pulgada de nuestro territorio, mares y ríos son importantes para todos nosotros y no salir como ahora, a hacer aspavientos de fuerza y soberanía sobre lo que ya nos quitaron.

Que no nos vayan a sorprender con otra entrega, ahora de tierra firme, con el secretismo de las conversaciones de paz con las Farc de espaldas al país y a la opinión pública y después tengamos que lamentarnos por otro despojo de soberanía. ¿Que estará pensando hoy en su tumba nuestro máximo héroe naval almirante José Prudencio Padilla al saber que por mal manejo de una situación tan delicada, hemos perdido lo que él y sus valerosos marinos defendieron para lograr la independencia de los mares grancolombianos, cuya consigna, en los momentos más aciagos de la batalla del Lago de Maracaibo, 8 de mayo de 1823, fue: colombianos… morir o ser libres?

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INSTITUCIONAL

El Fiscal Eduardo Montealegre y ACORE debatieron temas de interés general El Fiscal General, en actitud afable y conciliadora, expresó su interés en revisar casos puntuales que le sean denunciados.

Reconoció también graves fallas de distinto tipo que se presentan en la entidad a su cargo.

Mesa de trabajo con el Fiscal, Eduardo Montealegre, el presidente Nacional de ACORE, BG Jaime Ruiz Barrera, y los brigadieres generales Guillermo Bastidas Ordoñez, Rodrigo Quiñones Cárdenas y José Arturo Camelo Piñeros.

Por invitación del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el pasado 17 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Fiscalía, con la presencia del presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, y los brigadieres generales Guillermo

Bastidas Ordoñez, Rodrigo Quiñones Cárdenas y José Arturo Camelo Piñeros, en representación de la Reserva Activa de la Fuerzas Militares.

Se trataron, especialmente, algunos temas relacionados con las investigaciones que adelanta la Fiscalía contra miembros activos y de la

Reserva de las Fuerza Pública.

Dentro de la mayor cordialidad se formularon varias quejas por algunos procedimientos de carácter irregular que han sido denunciados por abogados defensores y miembros procesados penalmente, pertenecientes a la institución armada. La mayoría

El Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, hizo un reconocimiento al almirante Luis Carlos Jaramillo Peña y a los generales Víctor Álvarez Vargas y Ricardo Rubianogroot, quienes en representación de la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas, integran el grupo de trabajo del general Jorge Mora Rangel, miembro del grupo negociador del Gobierno para la terminación del conflicto armado.

El acto se realizó el pasado 30 de enero en la Casa de Nariño, en donde además del Presidente, asistieron el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el equipo de negociadores presidido por Humberto de la Calle Lombana; el presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera; y el Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes, CGA, general Héctor Fabio Velasco.

El Presidente aprovechó la oportunidad para ratificar, una vez más, que bajo ninguna circunstancia se aceptaría la insistente petición del grupo terrorista de las Farc que pretende un eventual cese al fuego bilateral, y que, por el contrario, se arreciarían todas las operaciones militares y de policía en el territorio nacional. Aclaró también que ningún tema de carácter militar sería puesto en la mesa de conversaciones y que este proceso será exclusivamente para dialogar sobre la paz, más no para negociarla.

Por su parte, el Ministro de Defensa habló sobre importantes acciones de la Fuerza Pública en los últimos días contra las organizaciones terroristas de las Farc y Eln, en las cuales se han producido decomisos de armas, explosivos y drogas ilegales. También informó sobre un gran número de bajas en combate y capturas selectivas de cabecillas de estas organizaciones.

Los generales Velasco Chávez y Ruiz Barrera, agradecieron al Jefe de Estado, la aceptación de la propuesta hecha por ACORE para que se constituyera este grupo de apoyo en representación de la Reserva Activa y se conformara un solo equipo de trabajo con funcionarios del Ministerio de Defensa y miembros del Comando General de las Fuerzas Militares.

Igualmente se ratificó al Presidente todo el respaldo a la gestión gubernamental en este proceso, dentro del mismo escepticismo que reina en la mayoría de la opinión pública nacional; como también, la obligante y necesaria participación de los militares en este proceso para evitar que se afecten temas relevantes de la Institución y principios fundamentales que rigen la seguridad y la defensa nacional.

El Presidente Nacional de ACORE recomendó al

de estas quejas tienen que ver con la falta de garantías procesales, especialmente en lo relacionado con la omisión del principio universal de la presunción de inocencia, el debido proceso y la violación de diversos derechos que les han sido vulnerados.

Se enfatizó también sobre los llamados carruseles de falsos testigos y otros vicios de carácter procesal, sobre los cuales no se ha tenido hasta el momento solución alguna.

El Fiscal General, en actitud afable y conciliadora, expresó su interés en revisar casos puntuales que le sean denunciados. Reconoció también graves fallas de distinto tipo que se presentan en la entidad a su cargo. En ese sentido expresó que en este momento, él mismo podría ser el principal crítico de su propia

Fiscalía. Inclusive, habló sobre un proyecto de reestructuración interno para corregir muchos errores que se presentan en las investigaciones.

Esperemos que los cambios anunciados permitan corregir los errores que afectan a los integrantes de las FF.MM. El fiscal Montealegre anunció su disposición de participar en una futura reunión de diálogo con miembros de la Reserva Activa, a fin de aclarar dudas sobre su gestión y enviar un mensaje amistoso y de tranquilidad, para quienes conforman nuestra institución.

Finalmente, el Fiscal invitó al grupo de oficiales para continuar esta charla para profundizar más sobre los temas tratados y todos aquellos que sean motivo de preocupación por las Fuerzas Militares.

Presidente Santos la necesidad de estar preparados desde ya ante un eventual rompimiento de las conversaciones y poder transmitir, en el momento oportuno, un mensaje de tranquilidad a los colombianos, en el sentido de que al no ser posible una paz negociada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, están en capacidad de lograr esa misma paz con

victoria militar. Para lograrla, dijo el general Ruiz, debe existir la voluntad política suficiente y que, además, se disponga en breve tiempo de contundentes normas legales antiterroristas que permitan enfrentar con mayor éxito el accionar terrorista en sus distintas manifestaciones, y por otra, el Fuero Militar, recientemente aprobado por el Congreso de la República, y su ley estatutaria en proceso de elaboración, deberán proporcionar la seguridad jurídica requerida por las tropas para lograr en el menor tiempo posible la victoria en el campo de combate.

Al respecto, el Presidente de la República aseguró categóricamente “que no le temblaría la mano para tomar esta determinación si las circunstancias así lo obligaran”.

Concluida la reunión, fueron presentadas las nuevas oficinas que utilizará el grupo de apoyo en el palacio presidencial.

Reconocimiento presidencial a los oficiales de la Reserva Activa que participan en la mesa de conversaciones para la paz

El Presidente aprovechó la oportunidad para ratificar que ningún tema de carácter militar sería puesto en la mesa de conversaciones y que este proceso será exclusivamente para dialogar sobre la paz, más no para negociarla.

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Armas de fuego y balas perdidas Brigadier General EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

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Como vocero de la Policía Nacional me correspondió sostener un debate con el entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, para controvertir su tesis de la necesidad de eliminar los permisos de porte de armas de fuego.

Su argumento estaba basado en que estos instrumentos potencializan la valentía humana y pueden llevar a la comisión de delitos contra la integridad personal; el mío, que mientras el Estado no tuviera la capacidad suficiente para garantizar la seguridad colectiva, no era correcto que prohibiera a los ciudadanos defenderse por sí mismos.

Hoy, con el paso del tiempo, debo ceder la razón a quienes -como Mockus- defienden la necesidad de eliminar el riesgo potencial de una población armada.

Los recientes y múltiples hechos conocidos por la opinión pública destacan la pluralidad de accidentes presentados durante las festividades de fin de año. Si bien durante el transcurso de los meses ordinarios hay índices importantes de fallecidos y lesionados con armas de fuego y balas perdidas, resulta innegable que en época navideña se incrementa este fenómeno por razones culturales que inducen a algunos a expresar su alegría con disparos al aire. En este comportamiento se conjugan, generalmente, factores como la educación, el estado anímico, el licor, la pólvora, todo lo cual lleva a la insana costumbre de expresar la alegría con disparos al aire que pueden terminar con la vida de seres inocentes, como ocurrió en varios episodios desgarradores en que fueron segadas las vidas en capullo de pequeños seres que compartían las celebraciones o que eran llevados en brazos de sus madres.

Las festividades que acaban de pasar nos dejan el sabor amargo de varias personas fallecidas por la imprudencia de irresponsables

ciudadanos que disparan sus armas en momentos de jolgorio, sin percatarse que los proyectiles pueden terminar con vidas humanas igualmente participantes de la alegría colectiva. En la última década así murieron 700 personas y 1.970 quedaron heridas. Tan solo el año pasado, 335 resultaron heridas, lo que significaría que al menos cada día hubo una víctima. Esas balas mataron a 12 niños y dejaron heridos a 60. En el 2011, 353 personas sufrieron heridas y 62 murieron, según informe de El Tiempo, al resaltar este flagelo social que no es solamente nuestro, pues durante la semana de navidad conocimos que también en Brasil, México, Guatemala, Honduras y Paraguay se registraron víctimas por la misma causa.

El uso indebido de las armas de fuego obedece a causas como la miseria, la desigualdad social, la deficiente educación, la carencia de un credo religioso. Los expertos Katherine Aguirre, investigadora del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, señalan que durante las dos administraciones de Antanas Mockus se adelantaron programas de seguridad basados en cambios culturales en la ciudad y en la implementación de institucionalidad para la seguridad, control de armas y desarme. Sin embargo, este programa fue fugaz pues no alcanzó consolidación.

En sentir de muchos, el porte de un arma, particularmente si es de fuego, lleva a una sensación de poder compatible con la seguridad de poder equilibrar fuerzas en caso de agresión. Hannah Arendt, en su discurso sobre la violencia, considera, sin embargo, que más que poder real, lo que puede traducir ese elemento es una ilusión de poder que no siempre responde con la necesidad de neutralizar un ataque. El estado psicológico de una per-

sona generalmente cambia, al encontrarse inerme y al portar un arma. La ilusión o suficiencia de seguridad que otorga al ser humano el empoderamiento por un arma, convierte una situación de peligro en aliciente para alcanzar la fortaleza necesaria e ir más allá de la necesaria reacción. El temor que opera en el amenazado, ajeno está del libre consentimiento para aceptar la muerte a manos del contrario, a menos que la postración lleve a la decisión de hacer menos duradera y tortuosa la situación vivida, como en el caso de tortura. Es natural que las armas dotan de capacidad destructiva a quien las porta, y esa facultad de hacer daño convierte a la persona, en la mayoría de los casos, en potencial agresor.

Me correspondió, hacia los años 1993 y 1994, trabajar con el entonces ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, la reglamentación del porte y tenencia de armas de fuego a nivel nacional y fue entonces cuando redactamos el proyecto de decreto que pasaría a ser el número 2535 de 1993, por medio del cual se expidieron normas sobre armas, municiones y explosivos. En dicho estatuto se desarrolló la idea central

OPINIÓN del Ministro, según la cual, en ningún caso las armas son propiedad de los particulares; esto en desarrollo del mandato constitucional que consagra en cabeza del Estado el monopolio para la introducción y fabricación de armas, municiones de guerra y explosivos. Si bien la Constitución autoriza la posesión y porte de armas, esto debe ser con fundamento con permiso de la autoridad competente; la inspiración del decreto fue que dicho permiso no otorga traslación de dominio sobre el arma, sino que el Estado faculta al ciudadano, a cambio de unas expensas, para gozar de la tenencia de la misma durante un período determinado que puede ser refrendado, pero en todo caso, manteniendo el Estado el dominio sobre el bien, a pesar de no asumir responsabilidad alguna por el uso que de él se haga.

El Código Penal, desde hace unos cuatro años, consagra ya el delito de Disparo Innecesario, pero ha llegado a proponerse que el legislador precise además que, frente a eventuales tragedias derivadas de la acción, el dolo, en todo caso, se considere eventual y no meramente culposo, para hacer más severa la sanción, ya que quien acciona un arma, asume una responsabilidad por los efectos dañinos que su acto pueda causar. Este aventurado proceder es una triste herencia que nos dejaron las bandas delincuenciales que sembraron de terror la geografía colombiana.

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OPINIÓN

Sagacidad de los negociadores de las Farc en La Habana Mayor General RICARDO RUBIANOGROOT ROMÁN Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

nar y dar su punto de vista sobre lo que se debería estudiar y tener en cuenta en este proceso. El resultado de esta página ha sido la recepción de opiniones, infortunadamente para quienes tenemos una vocación democrática, prevalecen en las expresiones virtuales consignadas, las ideas similares y siempre manejadas por los negociadores de las Farc, que al final solo aportan en este proceso a lograr sus propósitos.

La insurgencia narcoterrorista conoce esa debilidad y con viveza saca provecho de la indiferencia e indolencia de los colombianos quienes pretendemos con esa conducta, que todo llegue sin mayor esfuerzo, con la consabida reflexión coloquial, que la responsabilidad es de otros, del Gobierno, pero sin entender ni asumir que quienes sufriremos las consecuencias de lo que en La Habana se pacte, somos todos.

- La otra forma con la que quieren legitimar hábilmente su cometido, es con lo que han dado en llamar “la voluntad de la sociedad civil”; mediante los sonados foros relativos al proceso, que a la fecha ya se han desarrollado varios con una nutrida y activa participación de integrantes de movimientos de izquierda, de grupos y asociaciones manejadas por ellos como lo son por ejemplo el movimiento Marcha Patriótica y el PC3; los mismos han arrojado conclusiones cuyo común denominador siempre es la tendencia recurrente de refor-

mar y disminuir o neutralizar las instituciones de defensa y seguridad del Estado, suprimir la propiedad privada y buscar que el país tienda a las reformas y a adoptar las políticas como las que el controvertido gobernante vecino ha impuesto en su país.

Una vez más los negociadores de las Farc conocen de sobra y en consecuencia exigen que estos puntos y conclusiones sean tenidos en cuenta por los negociadores de ambas partes, ellos han podido visualizar que el Gobierno podría desacatar esos cierres de las consultas y en comunicados ya conocidos demandan que cada una de ellas sea tenida en cuenta, argumentando que ese es el sentir del pueblo - También es parte de la estrategia que las conversaciones se dilaten, ejemplo claro fue su carta al CICR en las que utilizan expresiones como que ellos no vislumbran una ¿Paz exprés’, la in-

sistencia para que al final del proceso todo termine en una Asamblea Constituyente que avale lo que se logre acordar en la mesa. ¿Cuál es el propósito? dilatar, que se pierda el interés, lograr que en ese mecanismo este integrado por proclives a sus ideales y, finalmente, lograr su objetivo.

- Hoy día de la terminación de la interrupción de las acciones por 60 días, se puede concluir que no se cumplió, lo que permite inferir que una parte de esa guerrilla no está de acuerdo con el proceso, la sagacidad de los representantes de la guerrilla es insistir que ellos representan la totalidad de esa estructura, al final del proceso se podría dar el escenario de lograr la desmovilización parcial de la guerrilla a la que se le darán una serie de concesiones, se le legitimaran sus bienes y hasta se les dará estatus político; pero la guerra seguirá por parte de la disidencia, lo que finalmente nos dará un contexto similar a lo que hoy en día se vive, pero con unos oportunistas

Negociadores del Gobierno en La Habana, encabezados por el exministro Humberto de la Calle Lombana.

¡¡VAMOS A ESCANDINAVIA Y RUSIA !!

¡¡¡¡ Acompañenos a vivir esta experiencia en uno de los destinos mas bellos del Mundo !!! ÚNICA SALIDA : MAYO 09 DE 2.013

Informes General ( R ) Jesus Yussef Celular 3102817570 - Fijo 2150007 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD: TOURS DE PRIMERA SAS - RNT4669 - esta sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R 1075/97, decreto 2438 de 2.010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan ò paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la presentación y calidad de los servicios. *** No a la explotación ni abuso sexual de menores***

que han sacado provecho de una buena intención del Gobierno.

Es previsible que reaccionaremos muy tarde cuando entendamos que estaremos sometidos y haciendo parte de lo que denominan la nueva Colombia, en la que tendremos que vivir de acuerdo a lo pactado en la mesa y que simplemente no percibimos por nuestra frecuente distracción y por la falta de focalizar los puntos de interés en el futuro de la Nación, repetiremos las reacciones como la que asumimos cuando la CIJ se pronunció y decidió con el tema de San Andrés, que nos costó la pérdida de aguas importantes para nuestra industria pesquera y la futura explotación de recursos en el subsuelo marino.

No se trata de dramatizar, se trata de generar conciencia de lo que se está gestando para que el tsunami en el que se está convirtiendo el proceso de paz, no nos tome desprevenidos y las generaciones futuras nos juzguen y condenen por nuestra indiferencia.

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El Presidente Juan Manuel Santos ha sostenido siempre la importancia de mantener en reserva todo lo que se hable en la mesa de diálogo en La Habana, sin embargo, la contraparte del Gobierno sentado en la mesa, hace caso omiso de esa observación como parte de su sagacidad en este asunto.

Como es de público conocimiento, y se ha divulgado ampliamente, que una de las maniobras aprovechadas por las Farc para aceptar este proceso es el de manejar los resultados que se logren en la mesa, buscando alcanzar políticamente lo que no consiguieron con el uso de la fuerza.

La sagacidad de quienes están sentados en la mesa, se vislumbra claramente con estas acciones: - Obtener réditos de la evidente intención de lograr acuerdos por parte de la Presidencia.

- Difundir, mediante comunicados breves, como los que pusieron en alerta a la Presidencia, asuntos ya tratados, tendencias o intenciones de lo que se pretende con estas conversaciones, con el fin único de que se conozca masivamente, tanto en el país como en los organismos externos que siguen este proceso, de tal manera que se labre el camino y rumbo en forma lenta pero continua, persistente, del fin último que persiguen; (estrategia comunista). “Tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe” recordemos que con el tiempo algo que se ha difundido repetitivamente y que tiene repercusión, termina por ser aceptado o simplemente ser dado por cierto.

- Hacer que la sociedad civil participe, para ello lograron concertar con el gobierno la creación de una página web, en la que cualquier ciudadano puede opi-

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OPINIÓN

Respuestas del Presidente de ACORE al periódico Ámbito Jurídico

Nuestros combatientes requieren seguridad jurídica para cumplir su misión constitucional “Con la puesta en vigencia del Acto Legislativo que recuperó el Fuero Penal Militar, lo que se pretendía era hacer justicia para brindar a nuestros combatientes la seguridad jurídica que requieren para cumplir adecuadamente la misión constitucional que les corresponde”, así respondió el presidente Nacional de ACORE, brigadier General Jaime Ruiz Barrera, en reportaje al periódico especializado Ámbito Jurídico, sobre la pertinencia del Acto Legislativo 02 del 2012.

Sin embargo, dijo, “es importante aclarar que lo obtenido con esta reforma, no era lo que se esperaba.

Logramos un Fuero muy limitado con la inclusión de siete delitos en el texto del articulado bajo la competencia exclusiva de la justicia ordinaria”.

Por considerarlo de interés general, transcribimos a continuación el texto del reportaje: ¿Era necesario reformar la Constitución en cuanto al Fuero Penal Militar?

Para los militares y para el país en general, era el mejor de los caminos, ya que en la práctica no se estaba interpretando como corresponde el Artículo 221 de la Constitución que era el que determinaba su aplicación.

Este era su texto: “De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

Sentencias sucesivas de las altas cortes le fueron quitando espacio y las cortes marciales o los tribunales militares no juzgaban a los militares en servicio activo. Un inexplicable convenio de carác-

ter administrativo suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, violó olímpicamente la Constitución y facultó a la Fiscalía y a la rama judicial para procesar irregularmente a nuestros combatientes, desconociendo la aplicación de este fuero.

Los combatientes, en virtud de tales circunstancias, quedaron totalmente desprotegidos y los resultados de las operaciones militares, en la mayoría de los casos, terminaron siendo calificados como ‘falsos positivos’ o simplemente como homicidios en persona protegida.

En este estado de cosas, lo peor que le podía ocurrir a los militares y en particular a sus comandantes, era arrojar resultados y producir bajas en combate, ya que de inmediato aparecían los ya conocidos falsos testigos y la fabricación de falsa pruebas y testimonios que condujeron masivamente a unidades militares completas a prisión.

Para corregir tan grave anomalía que estaba afectando seriamente la moral combativa de las tropas, era necesario desde la Constitución Nacional, fijar claros parámetros de juzgamiento, acordes con la verdadera concepción del Artículo 221, recuperando de paso el Fuero Penal Militar, como un derecho y una garantía de carácter institucional.

Sobre el particular, la Corte Constitucional se pronunció acerca del alcance de este Fuero a partir de una interpretación restrictiva, según la cual, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que la conducta punible tenga relación directa con una misión o tarea militar legítima.

En este sentido la Corte estableció: “El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública”. ¿Está técnicamente bien concebido el texto del Acto Legislativo 02 del 2012?

Esperamos que sí. Lo propuesto por la comisión asesora que integró el Gobierno nacional para la redacción del articulado, fue modificado en algunos de sus apartes por las comisiones de Cámara y Senado. Se buscó con esto mayor claridad para evitar falsas interpretaciones y, en algunos casos, para corregir ciertas circunstancias de desfavorabilidad que afectaban a nuestros combatientes.

¿Del desarrollo del Acto Legislativo, podrá desprenderse que el DIH y el DIDH son cuerpos legales mutuamente excluyentes?

El Derecho Internacional Humanitario tiene por objeto reglamentar las hostilidades a fin de mitigar sus efectos. La Carta de Ginebra o derecho humanitario propiamente dicho, tiende a salvaguardar a los militares fuera de combate, así como a las personas que no participan en las hostilidades.

En tanto, que la Carta de La Haya, o derecho de la guerra, determina los derechos y deberes de los combatientes en la conducción de las operaciones y limita la elección o utilización de los medios que puedan causar daños.

Los Derechos Humanos son principios más generales, mientras que el Derecho Humanitario es de índole particular y excepcional, pues comienza a aplicarse en el momento preciso en que la guerra llega a impedir o a restringir el ejercicio de los derechos humanos.

Los dos sistemas jurídicos son diferentes, porque si el derecho humanitario sólo es válido en caso de conflicto armado, los derechos humanos se aplican en todo tiempo, sobre todo en tiempo de paz, ya que sus instrumentos con-

tienen cláusulas derogatorias para los casos de conflicto.

Además, los derechos humanos se derivan esencialmente de la relaciones entre el Estado y sus conciudadanos, mientras que el derecho humanitario depende de las relaciones entre el Estado y quienes conforman el enemigo.

En conclusión, ambos sistemas están muy próximos, pero son distintos y deben continuar siéndolo. Son complementarios e incluso se corresponden adecuadamente.

En estas condiciones, es absurdo pensar que puedan ser excluyentes. El uno es para la guerra, el otro es para la paz. Inclusive en la normatividad del derecho internacional humanitario se contemplan normas rígidas de los derechos humanos que deben ser respetados en los conflictos armados. Esto constituye lo que se denomina el gran núcleo, o núcleo duro de los derechos humanos.

Para nuestros combatientes, en este conflicto armado que enfrentamos internamente, se les estaba aplicando los derechos humanos y no el derecho internacional humanitario, que es el que corresponde.

Toda violación de la ley penal debe ser investigada.

Si es en combate y en relación con el servicio, caerá bajo la competencia de la Justicia Penal Militar. En caso contrario, lo investigará y juzgará la justicia ordinaria.

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INSTITUCIONAL ¿Qué avances o retrocesos encuentra en el Acto Legislativo?

Con la puesta en vigencia del referido Acto Legislativo, lo que se pretendía era hacer justicia para brindar a nuestros combatientes la seguridad jurídica que requieren para cumplir adecuadamente la misión constitucional que les corresponde.

Sin embargo, es importante aclarar que lo obtenido con esta reforma, no era lo que se esperaba. Logramos un Fuero muy limitado con la inclusión de siete delitos en el texto del articulado bajo la competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Esto en cierta forma era innecesario, ya que todo lo concerniente en esta materia, está contemplado en el Estatuto de Roma y en nuestros códigos vigentes. No era, como ya se dijo, hacer este tipo de advertencia en forma constitucional. En nuestra condición de soldados de la Republica, lo consideramos humillante, ya que se nos señala en nuestra propia carta magna, como parte de una institución proclive al delito, sindicada habitualmente por la comisión de conductas atroces en el complimiento de su misión.

Este no es nuestro caso.

Por otra parte, y esperamos que así sea, es que en Colombia se aplique correctamente la normatividad internacional con respecto a los graves crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Todos sabemos que la condición fundamental para que se tipifiquen, es la sistematicidad con se realicen. Se está considerando de lesa humanidad cualquier delito cometido por una persona o unidad en una sola ocasión, sin que el hecho tenga antecedentes similares o que se suceda como parte de una política criminal adoptada y en vigencia por una organización que impone a sus integrantes. La extrema izquierda internacional, la califica como ‘terrorismo de Estado’.

Para el ejercicio de competencias de la Justicia Penal Militar ¿se juzgará sobre la tipificación de delitos contra bienes y personas protegidos por el DIH (Art. 135 y ss del Código Penal) o modificarán en actual Código Penal Militar?

El derecho internacional humanitario contiene nor-

En el momento de juzgarse el comportamiento de nuestros combatientes, hay que verificar que no se vulnere la normatividad del DIH o la normatividad de los Derechos Humanos. Eso es lo mandatorio a nivel nacional e internacional.

mas que rigen en toda su extensión para diferenciar entre objetivos militares y los que no lo son. Es obligación de todo comandante preservar los bienes civiles de los ataques e igualmente y con mayor razón, se debe proteger la integridad de los no combatientes. El principio de distinción es de celosa observación. De todo esto somos muy conscientes.

Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los oponentes y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden afectar el patrimonio de la sociedad civil.

Los diversos instrumentos del DIH contraponen los bienes considerados como ‘objetivos militares’, o sea, aquellos que en una guerra está permitido atacar, a los ‘bienes de carácter civil’, o sea, aquellos que no es permitido atacar.

Los ‘objetivos militares’ los define el Protocolo I de 1977, así: “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”

(Artículo 52 Protocolo I de 1977)”.

Nuestros códigos vigentes, tienen perfectamente definida están situación. ¿Con qué criterios técnicos se diferencia la ejecución extrajudicial del homicidio en persona protegida?

La ejecución extrajudicial es aquel acto criminal que se produce fuera del combate. Hay que tener en cuenta que en Colombia no existe la pena de muerte, por lo tanto no hay ejecuciones extrajudiciales como tales.

El DIH ha categorizado a las muertes deliberadas en persona protegida por parte de los servidores públicos, cuando aquella no ocurra por una acción de legítima defensa, en un enfrentamiento debido al conflicto armado, al uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir la ley, o falta de pericia, prudencia, diligencia o cumplimiento de las normas vigentes.

La Ley 599 de 2000 -Código Penal Colombiano-, en su Artículo 135 hace la siguiente clasificación de personas protegidas: los integrantes de la población civil; las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa; los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate; personal sanitario o religioso; los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados; los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga; quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.

Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.

Por ejecución extrajudicial se entiende como la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de los miembros del Estado.

Por homicidio se entiende el delito de matar a otro sin que se presente alevosía, precio o ensañamiento. Y asesinato es cuando se presentan las

Si se reconoce que estamos en un conflicto armado interno, clasificación clásica del DIH, son las normas de este derecho las que deben ser aplicadas.

condiciones excluyentes de homicidio.

El Código Penal Colombiano, en su libro segundo, contempla un título especial denominado “Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario” en el cual se consagran 29 tipos penales que sancionan las infracciones graves al derecho internacional humanitario.

Es preciso resaltar que la interpretación y aplicación de los nuevos tipos penales debe hacerse a la luz de las normas de derecho internacional humanitario de acuerdo con el Artículo 93 de la Constitución y del principio de integración consagrado en el Código Penal.

La regla actual, reconocida en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos señala que los casos deben ser resueltos en la jurisdicción ordinaria, siendo excepcional la transferencia a la Justicia Penal Militar. ¿Considera que tendrá implicaciones internacionales revertir esa regla general?

Las acciones de combate dentro del conflicto armado interno o conflicto armado internacional se deben cobijar dentro de la normatividad del DIH. Si como resultado de las operaciones militares se produjeren daños en los combatientes ilegales, heridos o muertos, son las autoridades de la Justicia Penal Militar las que deben investigar y juzgar hasta definir si las circunstancias se desarrollaron legalmente o no, y si se constituyen en delito o no.

Ahora bien. Las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares, está establecido que deben ser investigadas por la justicia ordinaria. De eso no tenemos la menor duda. A la Justicia Penal Militar, solamente le compete aquellas conductas que tengan clara relación con el servicio.

No se está revirtiendo la normatividad internacional.

Si se reconoce que estamos en un conflicto armado interno, clasificación clásica del DIH, son las normas de este derecho las que deben ser aplicadas. Inclusive en el momento de juzgarse el comportamiento de nuestros combatientes, hay que verificar que no se vulnere la nor-

matividad del DIH o la normatividad de los Derechos Humanos. Eso es lo mandatorio a nivel nacional e internacional. ¿Existe incertidumbre jurídica por supeditar en su mayoría la aplicación de este Acto a leyes posteriores?

No hay por qué. Existen en Colombia organismos encargados de vigilar la aplicación de las leyes y son estos organismos los que no permitirán que ello suceda. ¿Qué pasará con crímenes de guerra y las detenciones arbitrarias?

Toda violación de la ley penal debe ser investigada. Si es en combate y en relación con el servicio, caerá bajo la competencia de la Justicia Penal Militar. En caso contrario, lo investigará y juzgará la justicia ordinaria. ¿Cómo asumir las referencias a la Policía Nacional? Lo anterior, bajo el entendido de su carácter de fuerza civil, según la Constitución.

Es claro que se está dando la posibilidad de que se constituya la Justicia Penal Policial dentro del carácter civil constitucional que le corresponde a la Policía Nacional, como parte de las Fuerzas Armadas de la Nación. No se considera lógico que hoy un miembro de una fuerza armada de carácter civil lo juzgue la Justicia Penal Militar. ¿Implica esto una forma de involucrar a fuerzas civiles como actores del conflicto?

En absoluto. Cuando se produzca la creación formal de la Justicia Penal Policial, se determinarán los alcances y posibilidades que esta tenga. Se sabe que hay unidades de la Policía armadas, entrenadas y capacitadas para combatir, y otras dentro de una modalidad diferente, para manejar los casos típicos de policía que tengan que ver con la población civil fuera del combate. Cada caso, según las circunstancias, tendrá un tratamiento diferente. ¿Qué parte de la Policía sería sujeto pasivo de las normas que se expida en virtud del Acto 02?

Mientras no se produzcan los cambios o la separación de la Justicia Penal Militar y la Policial, las investigaciones y juzgamientos no cambiarán.

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INSTITUCIONAL

Nuevos Asociados

Aporte Voluntario por Defunción - AVODE

DICIEMBRE DE 2012- ENERO 2013

Nuevos Asociados

Los siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado Los siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado como Asociados de ACORE: como Asociados de ACORE: CN Sra. MY Sra. TC GR

ARC Edgar Alba Bayona Angela Cañadas Molina EJC Luis Guillermo Cortázar Ramirez Consuelo Falla de Salas EJC Fernando Guzmán Ospina EJC Mario Montoya Uribe

Antioquia Bogotá Antioquia Bogotá Tolima Bogotá

CO CT MG Sra. TE CO CO TE TC CN

EJC Esaú Manuel Narváez Quiñonez EJC José Miguel Ortega Ortiz EJC Luis Eduardo Pérez Arango Stella Pérez De Torres EJC Luis Alfonso Rojas Sandoval EJC Carlos Iván Romero García EJC Daniel Segura Sánchez EJC Walter Oswaldo Solano Ríos EJC Hernando Trujillo Amaya ARC Jorge Luis Vélez Ballesteros

Bogotá Huila Bogotá Bogotá Tolima Bogotá Meta Antioquia Huila Bolívar

DICIEMBRE DE 2012- ENERO 2013 TC. Manuel Chacón Liévano MY. German Rodríguez Ricci Sra. Fanny Beatriz Waldo de Quirós BG. Leonardo Gómez Vergara

Auxilios Pagados por Defunción FALLECIDOS

EJC ARC EJC EJC FAC EJC FAC FAC EJC

Bernardo Ariza Lara Héctor Calderón Salazar Jacinto Carrillo Mendoza Gabriel García Bonilla Isabel Holguín de Monroy Augusto Moreno Guerrero Oswaldo Paternina Díaz Jorge Salas Rojas Rafael Torres Fernández Luis Carlos Turriago Olaya María Vargas vda. de Bejarano

Exterior Bolívar Santander Bogotá Valle Bogotá Atlántico Bogotá Exterior Bogotá Bogotá

Mediante gestión realizada por el concejal Danis Rentería Chalá, suboficial retirado del Ejército Nacional, quien de manera especial y su grato sentido de pertenencia por las instituciones militares, una vez cumplidos los requisitos presentados por la Seccional, logró que mediante Resolución No. 4131.0.21.0537 del 22 de noviembre de 2012, la exoneración del impuesto predial unificado equivalente al ciento por ciento para los predios correspondientes a la Sede Social, por el término de 10 años, contados a partir del primer trimestre de 2012 hasta el cuarto trimestre de 2021. Esta disposición fue aprobada por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali.

Cabe anotar que este beneficio le permite a ACORE Nacional, propietaria de los predios de ACORE Valle, un ahorro sustancial en este período de aproximadamente $50.000.000.

El coronel Luis Fernando Galvis Gómez, presidente de ACORE Seccional Valle, el concejal Danis Rentería Chalá y el mayor General Roberto Pizarro Martínez, miembro de la Junta Directiva, durante el acto protocolario de entrega de la placa ‘Amigos de ACORE’.

VALOR PAGADO

Ángela Cañadas Molina

$ 20.031.822

MY Jorge Salas Rojas

Consuelo Falla de Salas

$ 10.059.256

MY Jacinto Carrillo Mendoza

Ofelia Márquez de Carrillo

$ 20.998.404

MY Oswaldo Paternina Díaz

María Benavidez de Paternina

$ 17.187.132

Rosa Fernanda Turriago González $ 10.586.818

BG Luis Carlos Turriago Olaya Sra. María del Carmen Vargas de Bejarano

Fanny González Taborda

$ 10.586.818

Sara Bejarano Vargas

$ 10.492.278

Juan Manuel Bejarano Vargas

$ 10.492.278

TOTAL

ACORE Valle logra la exoneración del impuesto predial

Valle

BENEFICIARIOS

CO Gabriel García Bonilla

Fallecidos CT AL MY CO Sra. GN MY MY CT BG Sra.

MY. William Enrique Ramírez Ramírez CO. Carlos Iván Romero García Sra. María Luisa Mora Contreras Sra. Ángela Cañadas Molina

$110.434.806

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación.

Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago CREMIL no les está haciendo el descuento correspondiente al AVODE, deben hacer el pago por ventanilla en ACORE.

Clases de pintura ACORE informa que en breve se iniciarán las clases de pintura para Asociados en las modalidades: acrílico, acuarela y óleo.

> >

Las clases serán los días jueves, de las 9 a.m. a las 12 m.

Su costo mensual es de $ 70.000, pero la Asociación ha dispuesto un subsidio del 50% del costo.

Teniendo en cuenta que los cupos son limitados (máximo 10 personas), se les solicita a los interesados inscribirse en la oficina de Socios y pagar el valor correspondiente en el Departamento Financiero.

Seccionales Boyacá Aspectos de la reunión de integración con los acorados de la Seccional en Tunja con la participación del presidente de ACORE, BG Jaime Ruiz Barrera; los coroneles Marcos Simón Vera, jefe de Estado Mayor de la Primera Brigada; Pastor Duarte y Carlos Rondón Martín.

Quindio La Seccional ACORE Quindío celebró su quincuagésimo segundo aniversario, con la participación entusiasta de todos sus Asociados y familias.

ACORE nacional se suma a esta celebración y les desea a todos los oficiales miembros un año de mucha actividad y compañerismo.

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INSTITUCIONAL La Ley 352 de 1997 creó un sistema único para suministrar el servicio de salud integral a los militares y policías de Colombia y a sus beneficiarios, desafortunadamente las cosas no se dieron de ese modo: al liquidar el Instituto de Salud Militar y Policial se atravesaron de inmediato los intereses particulares entre las fuerzas, tratando cada una de sacar el mejor partido en el río revuelto creado por la improvisación e incompetencia de quienes tuvieron en su momento la responsabilidad directa de reglamentar la ley y no lo hicieron, ya sea como integrantes o asesores del Consejo Superior de Salud, de los Comités de los subsistemas o de directivos y funcionarios del Sistema de Salud Militar y Policial SSMP. Trato cada uno de llevar el agua a su propio molino sin tener en cuenta la concepción del legislador y el espíritu de la ley que anteponía el bien común a cualquier otro propósito.

En 1998 se organizaron y fortalecieron los dos subsistemas de salud orgánicos del SSMP pero nunca se integraron: el Subsistema de Salud de las FF.MM. y el de la Policía Nacional, funcionan en forma independiente con total autonomía, tienen organización diferente para la prestación del servicio, no se hablan entre sí, sus sistemas de información son diferentes, incompatibles o difíciles de intercomunicar, cada uno sigue su propia doctrina institucional, con metodología diferente para el planeamiento, la asignación y distribución presupuestal.

Además, no comparten los servicios médico asistenciales ni la red hospitalaria propia y externa que utiliza cada uno, que es la esencia de un sistema y el fundamento del principio de integración funcional contemplado en la ley, con el propósito de ampliar las oportunidades y la facilidad de acceder al servicio, de compartir recursos en favor de los usuarios y garantizar la oportunidad y equidad en la prestación del servicio de salud integral.

De esta manera se rompió de plano el principio de unidad y la capacidad de ejercer la gestión unificada que es la base fundamental sin el cual es imposible la aplicación de los demás lineamientos que tipifican un sistema de salud

Sistema de Salud para la Fuerza Pública Brigadier General GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ Representante de los Oficiales en Retiro ante el Comité de Salud de las FF.MM.

y que están contemplados en la ley.

Unificar el sistema es importante porque el tamaño de la población asegurada es fundamental y está en proporción directa con el éxito del negocio, entre más asegurados haya aumenta la capacidad financiera, no es lo mismo negociar servicios para 680.000 afiliados que para 1’400.000, se obtienen tarifas más bajas, el número de afiliados que se enferman frente a la población asegurada es menor y por consiguiente se pueden financiar con más facilidad, se multiplican los puntos de acceso a los servicio mediante la integración funcional de los puntos de atención, se logra mejorar la calidad del servicio con equidad para los asegurados, facilita la dispensación de servicios y la contratación ventajosa de servicios con proveedores externos a menor precio y con tarifas estándar y otros beneficios evidentes relativos a la aplicación de economía de escala.

ACORE, como Asociación de oficiales de las FF.MM. en retiro, y la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de la Fuerza Pública, Ferpol, están convencidas de que para fortalecer el SSMP es absolutamente necesario cumplir el principio de Gestión unificada como lo ordena la Ley 352/97 en el Capítulo 1 Composición y Principios, Artículo 4, Principios, Lit. g. que a la letra dice:

Unidad de gestión, principio vital para el funcionamiento, fortalecimiento y supervivencia del Sistema de Salud para la Fuerza Pública

“UNIDAD. El Sistema de Salud Militar y Policial tendrá unidad de gestión, de tal forma que aunque la prestación del servicio se efectué en forma desconcentrada o contratada, siempre exista unidad de dirección y de políticas así como la debida coordinación entre los subsistemas y entre las entidades y unidades de cada uno de ellos”.

Si el Consejo Superior de Salud cumple su función de adoptar e imponer el cumplimiento de una doctrina única para el SSMP, que reglamente y estandarice la prestación del servicio de salud integral en forma equitativa al personal de usuarios del Sistema en el territorio nacional, en el lugar geográfico donde se encuentre, sin importar su condición de uniformados o no uniformados, activos, retirados o pensionados y a sus beneficiarios, como reza el objeto del a Ley 352. Su implementación facilita la gerencia y administración del servicio, el planeamiento del desarrollo armónico y funcional de la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura, la adopción de tecnologías compatibles y la adopción de tarifas institucionales para la contratación de servicios y suministros a nivel nacional con la red externa aprovechando la economía de escala. Además, permite la coordinación de la prestación del servicio, perfecciona el ordenamiento presupuestal y el control de

la aplicación de los recursos.

De esta manera se facilita la previsión de soluciones para cubrir las necesidades presentes y futuras y el acceso justificado a recursos adicionales de la nación para refinanciar el Sistema.

Mesa de Trabajo en MinDefensa El Viceministerio de Defensa atendió las solicitudes de las organizaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública en cabeza de ACORE y Ferpol y dispuso la instalación de una Mesa de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Salud Militar y Policial, que preside la viceministra del GSED, Janeth Giha.

Se reunió en la Dirección de Bienestar del Ministerio de

Defensa con participación su director como delegado del Viceministerio y de los delegados de ACORE, Ferpol, Asusalud, de las direcciones de Sanidad de la Fuerzas y del representante de los oficiales de las FF.MM. en retiro.

El propósito es compartir conocimientos, y experiencias, analizar estudios, diagnósticos y soluciones que existan con el fin de encontrar caminos hacia la unificación y fortalecimiento del sistema de salud militar y policial.

Es preciso hacer un reconocimiento a la labor de veeduría ciudadana desarrollada por Ferpol por su lucha permanente en beneficio de los usuarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional y en especial a sus directivos AG abogado James Hernández, Carlos Arturo Alonso y del coronel Carlos Castro, cuyo aporte altamente especializado es considerado por la Dirección General de Salud de la Policía Nacional no como factor de crítica constructiva sino como apoyo calificado para la perfección del servicio que presta a los usuarios.

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GENERAL

LOS COMICIOS SE REALIZARÁN EL 28 Y 29 DE MARZO

Elección de Representantes a los organismos de sanidad militar Próximamente encontrarán en la respectiva sede de ACORE y en las oficinas de las agremiaciones de oficiales de la Reserva Activa y pensionados y de las unidades simbólicas, las planillas donde los Asociados podrán consignar el apoyo a estas candidaturas para efecto de validar la inscripción de los aspirantes, previstas del 25 de febrero al 15 de marzo.

Es muy importante para el personal en retiro tener una representación eficaz en los organismos de dirección del Subsistema de Sanidad Militar y es necesario que quienes defiendan nuestros intereses dominen la problemática de la sanidad militar y tengan claros los objetivos para que los oficiales de la Reserva Activa y sus familias tengan acceso fácil y oportuno a los servicios de salud y la atención digna y preferencial que se merecen.

Para la Dirección General de Sanidad Militar, DGSM, el programa bandera es el “Empoderamiento de la salud operacional” como lo denomina en el Plan de Desarrollo, es el servicio de la salud para la guerra, tiene la prioridad para el Mando Militar y absorbe la mayor cantidad de recursos del presupuesto del

Estado para inversión en servicios de salud y reduce cada año más el presupuesto de funcionamiento en los centros de atención médica de la Reserva Activa, los pensionados y los empleados públicos y trabajadores oficiales de las Fuerzas Militares.

Cada dispensario nuevo necesita recursos y el presupuesto para el funcionamiento del Sistema de Salud es rígido, no recibe recursos adicionales del Estado, se nutre principalmente del aporte de los usuarios, activos y retirados y de la cuota parte que le corresponde al Estado por cada uno de nosotros por obligación patronal, La Reserva Activa, los pensionados y el personal civil, aportamos el 46% de ese presupuesto, por la edad somos quienes más requerimos sus servicios, por consiguiente el servi-

cio de salud para los no uniformados, en centros de atención militares o de la red externa, debe tener prioridad; la salud de la guerra debe ser responsabilidad del Estado.

Es necesario cambiar la concepción de que la misión de la DGSM es “el apoyo a las Fuerzas Militares para el cumplimiento de su misión”, eso es el servicio logístico de sanidad en campaña y es una de sus funciones y constituye la parte esencial de la salud operacional; la misión de la DGSM, definida en el objeto y principios del Sistema de Sanidad Militar y Policial en la Ley 352/97, es la de suministrar los servicios de salud integral a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, uniformados y no uniformados, en forma equitativa, independientemente del lugar geográfico donde se

encuentren.

ACORE les ha solicitado su colaboración a unos Asociados residentes en Bogotá, que conocen el Sistema de Salud, sus deficiencias y posibles soluciones y que, además, están comprometidos en la lucha porque el Sistema de Salud de las FF.MM. se organice como lo ordena la ley y, por consiguiente, que los servicios de salud asistencial para los oficiales en retiro y pensionados con sus beneficiarios y también para los oficiales en actividad y sus familias, sea prioridad del mando militar y de los responsables de planificar, dirigir, controlar y suministrar el servicio más sentido de la seguridad social de los militares en retiro y pensionados.

Los candidatos que se han postulado, con el respaldo de ACORE, son:

Consejo Superior de Salud

Comité de Salud de las FF.MM.

Consejo Directivo del Hosmic

Capitán de Navío (Médico) Álvaro Enrique Faccini Duarte

Brigadier General Guillermo Bastidas Ordóñez

Coronel Guillermo Rodríguez Guzmán

Médico de la Universidad Militar Nueva Granada. Especialista en angiología, cirugía vascular y cirugía general de la Universidad Nueva Granada. Docente del Hospital Militar Central y la Universidad Nueva Granada.

Estudios en auditoría de servicios de salud, gestión y administración hospitalaria, economía de la salud y fármaco economía.

Exdirector del Hospital Militar Central, exdirector de Sanidad Armada Nacional y actual Presidente del Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá.

Egresado de la Escuela Militar de Aviación de la FAC. Ingeniero civil y administrador logístico. Participó en la elaboración de la Ley 352 que organiza el Sistema de Salud Militar y Policial. Director liquidador del Instituto de Salud de las FF.MM. Autor de diagnósticos con soluciones a corto, mediano y largo plazo para corregir falencias del servicio de salud. Representante de los Oficiales en retiro y pensionados de las FF.MM. 2009-2013. Secretario General Ejecutivo de ACORE.

Egresado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en el arma de Infantería. Contador Público Titulado. Se desempeñó como Revisor Fiscal de ACORE, en varias oportunidades. Representante de los oficiales en retiro y pensionados de las Fuerzas Militares ante el Consejo Directivo del Hospital Militar Central, durante los últimos seis años.

jueves 28 de febrero

Club Militar de Oficiales Salón: 20 de julio

CIERRE DE EDICIÓN 527

viernes 15 de febrero Envíe sus artículos y colaboraciones al correo:

periodico@acore.org.co

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GENERAL

Carta a los lectores Señor Almirante GUIDBERTO BARONA SILVA Presidente Liga Marítima de Colombia Presidente Alianza Marítima, Fluvial y Portuaria Presidente Asociación de Almirantes y Generales de Infantería de Marina

He querido dirigirme a usted en calidad de profesional de las ciencias náuticas que aún ejerzo activamente tanto en la academia como en la consultoría, y manifestarle mi preocupación por cuanto hasta la fecha no ha existido NINGUN pronunciamiento de cualquier organización que tenga alguna validez en el conocimiento del territorio acuático nacional, y que demuestre el rechazo y el repudio al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, argumentando conceptos con propiedad, firmeza y contundencia hacia el valor de nuestros derechos; solamente hemos visto agremiaciones populistas y personalidades de oportunidad o de simple figuración, lanzando opiniones insulsas, conceptos vagos y confusos sobre el territorio marítimo nacional.

Ante esta situación, hoy apenas dos meses después, los medios de comunicación y otros órganos del orden nacional, han orientado la opinión a que el problema es de los “pobres Sanandresanos que perdieron su mar y que ahora no tendrán donde ir a pescar y por lo tanto perderán su sustento” y no se ha planteado que la perdida fue de una parte del territorio nacional, de inmensurable valor estratégico, político, económico, cultural y ambiental, es decir, un sentimiento nacional se volvió de un territorio que ha sido considerado tangencial por el resto del país continental y ahora con políticas paliativas se quiere resarcir el desconocimiento por muchos años, del mar de los siete colores. ¿Qué tal este desastre de perder injusta y arbitrariamente un milímetro de territorio para algunos de nuestros vecinos u otros países del orbe, que alimentan la visión de su futuro en el territorio acuático y reconocen el valor estratégico del agua?, (como así lo valoró Nicaragua); hasta el último de los ciudadanos estaría en demostración de rechazo absoluto a tan mezquina infamia jurídica.

Esta es la evidencia flagrante de la falta de conciencia marítima en el país, en la sociedad, en la academia, en el gobierno, en todos los estamentos nacionales, tal vez los únicos que hemos sentido este fallo como violatorio de nuestra soberanía somos algunos miembros de la Reserva Activa de la Armada y nuestros compatriotas del Archipiélago de San Andrés.

Ante tan insensible situación y de por si deplorable, de alguna manera nos compete la responsabilidad, yo lo siento así, en quienes tuvimos desde todos los niveles de la jerarquía de la Armada, el compromiso misional de “participar en el desarrollo del poder marítimo” y generar, o estimular la Conciencia Marítima en el País, lineamientos institucionales trazados desde sus albores.

La política y la estrategia trazadas y delineadas fracasaron después de 80 años de prueba, el país desconoce su territorio acuático, es ajeno a sus intereses, indiferente ante sus potencialidades, insensible ante sus riesgos y escéptico ante su valor político, estratégico, económico, ambiental y social. ¿El resultado? ……… las decisiones de los gobiernos y del Estado en el contexto internacional sobre los espacios y actividades acuáticos han sido en su mayoría fallidos, y la indolencia aberrante del país entero ante la pérdida de una gran porción de territorio acuático y el que puede seguir perdiendo en el futuro.

En este orden de ideas vale la pena cuestionar las condiciones del país frente a: una política marítima ¿Cuál es? ¿Quién la define y quién la ejecuta? Estas acciones deben incluir una política fluvial, una política portuaria, de costas y litorales, de aguas interiores, de transporte acuático, de investi-gación y desarrollo de mares y ríos, de pesca y acuicultivos, y una política de presas, ciénagas y lagunas, entre muchas otras posibles.

No es difícil observar algunas condiciones que corroboran lo ante-

Actualización de cédulas

La oficina de Socios de ACORE les solicita a los Asociados enviar fotocopia de la cédula de ciudadanía (vigente), por las dos caras, al fax 3450511 ext. 106 o vía correo electrónico a secretariasocios@acore.org.co.

Esto con el fin de hacer las respectivas actualizaciones ante el Ministerio de Defensa y la Caja de Retiro.

CORREO Tendiente a crear la conciencia marítima en el país y a diseñar la estrategia para proteger y desarrollar el territorio acuático colombiano. rior: Costa Rica no ha ratificado el tratado de límites, ¿se sabe por qué?; República Dominicana y Haití, tampoco; Ecuador propone un detalle del límite marítimo y fluvial sobe el río Mataje; Perú interpone el trazado de límites fluviales en el Amazonas, a la necesidad de solucionar problemas de la dinámica del río; Venezuela congela a su albedrío las negociaciones sobre el golfo de Coquibacoa y no acepta la navegabilidad por el rio Orinoco de embarcaciones de bandera Colombiana, violando el convenio internacional; Brasil acelera la necesidad de utilizar el corredor del río Putumayo bajo sus condiciones. En estos intríngulis todavía hay mucho territorio que podemos a perder ¿habrá alguien que está al tanto de estas situaciones y diseñando estrategias a futuro?

Pero, además, ¿habrá alguien estudiando ratificar la Convención del Mar? o los convenios de las reglas de la Haya – Visby, o las nuevas de Roterdam, o de incluir en la legislación las recientes enmiendas al Convenio de sobre Trabajo Marítimo, o la creación de tribunales marítimos y fluviales; ¿por qué en su momento no acogimos la ASEAN, la APEC o el Proyecto Mesoamérica? En fin, indiferencia sobre todo lo que a diario sale con respecto a la actividad marítima y fluvial en el mundo.

En términos fluviales ahí sí que menos lo entendemos, el tercer país en el mundo en vías fluviales por kilómetro de extensión según la FAO – 2010, y aquí todavía se entiende que los ríos en Colombia no son navegables ¿por qué se entenderá así? no hay obras de adecuación de cauces, control de caudales, no hay canalización hidrovial, no hay protección de ciénagas, no hay flota de transporte, no hay puertos, etc., pero las organizaciones ilegales si saben para qué son las vías fluviales que el país no usa.

Al no existir políticas en ninguno de los aspectos relacionados con el territorio acuático, por no existir los organismos del Estado que las promulguen y las generen, por lo consiguiente no hay estrategias diseñadas para nada porque estos temas son desconocidos en el ámbito nacional, y al no haber políticas, ni estrategias, ni órganos que ejecuten y deliberen hay una parte del territorio nacional que bien puede ser feriado en subasta pública internacional, porque salvo las comunidades más marginadas son las únicas dolientes.

Para suplir este enorme vacío, ante esta emergencia es que llamo la atención del Señor Almirante, presidente de las principales agremiaciones que cobijan a profesionales que de alguna manera hicimos del mar y los ríos nuestra carrera, para que asuma el liderazgo de solventar esta falencia en el país, convocar a todos los órganos vivos con intereses en el mar y los ríos, y apoyar al gobierno argumentando el no reconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia y plantear las directrices a seguir en todos los ámbitos que involucren el territorio acuático. Aquí ya no vale el sigilo de opinión ni la prohibida deliberancia que se observó juiciosamente durante el servicio activo, hoy el país entero necesita de la validez de nuestra voz y experiencia.

Por duro que parezca, creo que deben ser las asociaciones que nos unen con fines y objetivos comunes, para enmendar el rumbo y restaurar las equivocaciones que nos correspondieron, hoy todos tenemos mucho que aportar, así sea desde nuestros refugios de retiro, la tecnología virtual nos puede acompañar, créame que no hay nadie más doliente del territorio acuático nacional que quienes pasamos la vida aportando lo mucho o lo poco a su seguridad para el desarrollo, el bienestar y prosperidad de todos lo colombianos.

Capitán de Navío CARLOS ORAMAS LEURO

Agrupación de Oficiales de Comunicaciones AGRUCOM Se permite informar a los Asociados, que el próximo día 2 de marzo se realizará la Asamblea Ordinaria, en el Cantón de Comunicaciones, en Facatativá, a partir de las 09:00 horas.

Agradecemos su asistencia.

Teniente coronel Guillermo Enciso Prieto Director

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OPINIÓN

Teniente Coronel LUIS ALBERTO VILLAMARÍN PULIDO

Empieza el 2013 y con él volvemos a ver en el olvido y abandono a los soldados que entregan los mejores años de su existencia al servicio de una sociedad. Al cabo de dos o tres décadas de ingentes aportes a la seguridad nacional, cuando los años comienzan a pasar la cuenta de cobro por los esfuerzos realizados, máxime en quienes quedan lisiados o con sentidos problemas físicos o sicológicos; los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional, sienten en carne viva el peso de haberse sacrificado por sostener un sistema democrático.

La realidad del militar colombiano pensionado es dramática. Por la edad o las limitaciones físicas derivadas de la guerra, no consigue un empleo adecuado con su capacidad y experiencia. Y si lo consigue le ofrecen un salario de miseria.

Los ingresos mensuales por concepto de asignación pensional del grado teniente coronel hacia abajo (mayores, capitanes, tenientes, sargentos y cabos), son irrisorios y denigrantes frente a los constantes y prolongados sacrificios y aportes de estos cuadros de mando, en procura de la esquiva paz del país.

Y como si fuera poco, a pesar de que desde 1992, la Ley 4ª ordenó la nivelación salarial del sector público incluidos los militares acorde con el IPC anual, ni los Presidentes de la República, ni los ministros de Defensa, ni los ministros de Hacienda, desde 1992 hasta la fecha, han solucionado el problema.

En este sentido, cabe mayor responsabilidad a Juan Manuel Santos, quien por cuestiones del destino ha ocupado los tres cargos durante ese lapso. Pero el problema no es solo salarial.

El actual servicio de salud de las Fuerzas Militares para el caso específico del Ejército Nacional es una vergüenza.

La sanidad militar se convirtió en un fortín de nom-

bramientos politiqueros y amiguismos. En lugar de haber activado un servicio de Internet moderno, hay un call center, que produce ira y desazón cuando se intenta usar.

Es necesario llamar durante dos o tres horas continuas a los números telefónicos 3535616-17 para solicitar una cita, pero las agendas médicas siempre están llenas. El 99% del tiempo es dedicado por los operadores del call center a contestar: “No hay agenda. Vuelva a llamar el 14 o el 24 del próximo mes que se abren de nuevo las agendas”.

Cuando con mucha suerte o por medio de alguna intriga, o por medio de una tutela se consigue la cita médica, a menudo suele suceder, que un médico comienza el tratamiento pero ya no está laborando para la siguiente consulta.

Para evitar que los militares pensionados y su grupo familiar hablen con los directores de dispensario acerca de todas estas anomalías, los burócratas se inventaron un servicio de atención al usuario, en el que todos se tapan con la misma cobija, pues las quejas reciben respuestas en las que parecieran tratar de estúpido al quejoso.

Además del calvario para reclamar los medicamentos formulados, para lo cual deja mucho que desear y pensar, el no muy convincente negocio de contratar empresas particulares, para que hagan lo mismo que antes hacían con lujo de detalles un farmaceuta y una secretaria.

Lo preocupante del asunto es que no se vislumbra mejoría sino posibilidades de empeoramiento, debido al desaforado crecimiento del pie de fuerza sin previsión estratégica en los asuntos logísticos.

Eso y mucho más pasa en la Sanidad Militar, sin que el Ministerio de Defensa tome cartas en el asunto, porque al

parecer eso no interesa al ministro de turno, preocupado por hacer politiquería con los golpes exitosos contra los terroristas, pensando en su futuro personal.

No en vano en la última elección presidencial se c a n d i d a t i z a ro n tres exministros de Defensa (Pardo Rueda, Marta Lucía y Santos). Pero el drama de los militares colombianos no termina ahí. Con ridículas asignaciones pensionales, se ven abocados a enfrentar problemas jurídicos derivados del cumplimiento de misiones de restablecimiento del orden público, por el cual surgen denuncias espurias, muchas veces apadrinadas por verdaderos carteles de bandidos con títulos de abogados, falsos testigos, y en general guerra jurídica comunista.

Solos sin apoyo institucional, sin respaldo moral ni económico de la sociedad a la que defendieron, los héroes anónimos pasan detenidos a cárceles comunes donde se encuentran con los mismos delincuentes a los que combatieron, con las consecuencias previsibles.

Y como si faltara un mal mayor, al presidente Santos se le ocurrió la idea de resucitar el cadáver político de las Farc en un proceso de paz, que no va a funcionar, pero que si funcionase, solo servirá para que narcotraficantes y terroristas como ‘Iván Márquez’ o ‘Timochenco’, mañana sean ministros, gobernadores, senadores, embajadores o alcaldes, tal como sucedió con los hampones del M-19, mientras que quienes defendieron a Colombia estarán en la cárcel. El mundo al revés.

Desde 1991 fecha en que

FOTO: http://elperiodicowebbuga.blogspot.com/

Colombia olvida a sus soldados

se promulgó la Constitución de 1991 y César Gaviria encontró la posibilidad de politizar el Ministerio de Defensa con el nombramiento de impreparados funcionarios para ese cargo, los militares colombianos no han tenido suficiente claridad del Estado frente al Fuero Militar y el régimen disciplinario.

Tal es el desolador cuadro de los militares retirados en Colombia: mal pagos en sus asignaciones pensionales, con un catastrófico servicio de sanidad, sin apoyo jurídico del Estado y el establecimiento al que defendieron hasta con sus vidas, y fuera de eso olvidados, desconocidos, criticados y hasta calumniados por sectores malintencionados de la misma sociedad a cuya defensa le entregaron los mejores años.

A los anteriores males se suman las secuelas sicológicas de la guerra, la dificultad de adaptación familiar luego de tantos años de separación forzada de los seres queridos, la complejidad de articularse a una sociedad permeada por la indiferencia, la corrupción, el delito y la falta

de objetivos nacionales, en la cual es evidente que los dirigentes políticos de alto nivel, hoy como ayer, ven al ejército colombiano como un mal necesario.

Quiera Dios que el alto mando militar lea este escrito, recapacite y con la mayor franqueza exprese al Presidente de la República y su ministro de Defensa la cruda realidad de las reservas activas, pues no es justo ni lógico que la paga del soldado como diría William Faulkner, se sintetice en el olvido, el abandono y la traición del Estado.

Que la corrección de todos estos males sea un propósito para 2013 por parte del gobierno nacional, el Ministro de Defensa y el alto mando militar, porque los soldados que hoy combaten a los terroristas no son ciegos ni sordos, para no ver ni oír, lo que sucede con sus inmediatos antecesores. Los generales saben muy bien que su obligación básica es el cumplimiento de la misión y el bienestar de las tropas.

Así incrementará la fe en la causa. No es ningún secreto.

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GENERAL

Funeral Militar

Se abre el telón Mayor GILBERTO TRUJILLO Llegó el año 2013 lleno de esperanzas, para algunos, y de inquietudes, para otros; prevenidos unos cuantos de lo que pueda pasar; llenos de sano optimismo otros tantos. Nosotros lo recibimos con mucha alegría, haciendo caso omiso de tontos agüeros, llenos de fe en Dios y en el porvenir promisorio de la patria.

Al abrir el telón de nuestra Tertulia, queremos mostrar la gran amplitud del medio cultural en que nos hemos movido durante doce años. Medio ambiente de altísima calidad para el disfrute de momentos de verdadero regocijo espiritual. Porque allí somos un grupo de amigos; de verdaderos amigos, en donde esa gran virtud no usa vestido traidor. Allá ignoramos esos pequeños visos de debilidad humana. No tenemos pesados estatutos indicadores de lo que podemos hacer o no podemos hacer; el escalafón militar, tan necesario en las toldas castrenses, tan respetado y tan tradicional, ha quedado reservado a los actos protocolarios exclusivamente.

Pero no es solamente un grupo de amigos bullangueros y felices. Es que todos ellos están llenos en su cuerpo y en su alma, de inspiración poética, de conocimientos literarios; son trajinadores por los caminos de la historia, son habitantes del reino de Clio y por esa nos recuerdan los grandes acontecimientos de la humanidad. Observan la naturaleza, la analizan, la entienden, la admiran se compenetran con ella para producir sus obras, para describir la selva indómita, para sentir el arroyo de cristal.

Penetran las reconditeces del corazón humano para sentir plenamente el amor y cantarlo en todas las formas de expresión.

Es a este escenario a donde los estamos invitando con toda atención, queridos acorenses, con sus esposas, hijos y amigos. A todos aquellos señores oficiales que han sido distinguidos por Dios con dones especiales para el disfrute de las bellas artes, les pedimos que no los desperdicien sino que vengan a compartirlos con nosotros.

La tertulia no busca testas coronadas de laurel. La tertulia busca su apoyo, su generosidad mental. La tertulia busca que usted gran compañero y gran señor, la dignifique con su presencia y su aporte valioso.

Si alguien ha estado en un entierro militar donde se tocó este ‘silencio’, ahora conocerá su significado.

Este toque de queda TAPS nos hace un nudo en la garganta y usualmente nos trae lágrimas a los ojos.

Pero… ¿Ustedes saben la verdadera historia de esta canción?

Se reporta que todo comenzó en 1862 durante la Guerra Civil cuando el capitán del Ejército de la Unión Robert Elly estaba con sus hombres cerca de Harrison’s Landing en Virginia.

El Ejército Confederado estaba al otro lado del angosto terreno.

Durante la noche, el capitán Elly escuchó los quejidos de un soldado que estaba mal herido en el campo. Sin saber si se trataba de un soldado de la Unión o de la Confederación, el Capitán decidió arriesgar su vida y traer al hombre herido para la atención médica.

Arrastrándose de vientre a través de los disparos, el capitán llegó al soldado herido y empezó a tirar de él hacia su campamento. Cuando llegó a sus propias líneas, descubrió que en realidad era un soldado confederado, pero el soldado estaba muerto.

El Capitán encendió una linterna y, de repente, se quedó sin aliento y se paralizó por el shock. En la penumbra vio el rostro del soldado. Se trataba de su propio hijo. El chico estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra. Sin decirle nada a su padre, el muchacho se alistó en el ejército confederado.

A la mañana siguiente y con el corazón destrozado, el padre pidió permiso a sus superiores para dar a su hijo un entierro con honores militares, a pesar de estar en el bando enemigo. Su pedido fue parcialmente aprobado.

El Capitán pidió tener un grupo de los miembros de la

banda de músicos para que tocaran en el funeral de su hijo.

La solicitud fue negada en vista de que el soldado pertenecía al ejército de la Confederación. Pero, por respeto al padre, le dijeron que podían únicamente darle un músico.

El Capitán escogió a un cornetero para que tocara una serie de notas musicales que encontró en el bolsillo del uniforme del joven fallecido.

Esta solicitud fue otorgada.

Nació así la melodía inolvidable que ahora conocemos como Taps. La letra de esta angustiosa melodía que se toca en los entierros militares es: “El día ha terminado. Se fue el sol de los lagos, de las colinas, de los cielos. Todo está bien.

Descansa protegido. Dios está cerca.

La luz tenue, oscurece la vista y la estrella embellece el cielo, brillando luminosa, desde lejos.

Acercándose, cae la noche.

Agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol, debajo de las estrellas, debajo del cielo.

Así vamos

Esto sabemos. Dios está cerca”.

Así nos hemos entendido los paisas

Con esta concluyente afirmación, Así nos hemos entendido los paisas, el coronel Fabio Toro Arango, ‘Torango’, el más famoso de los acorenses, Regente mayor, y amante de las tertulias de ACORE, nos sorprende con este libro que se le vino a la mente con el ánimo de plasmar las tradiciones, costumbres, historia, culto a la familia y a las patrias madre, grande y chica.

Según dice ‘Torango’, en la introducción del libro, hecha a su manera, “En los dichos se encuentra una filosofía profunda. Personas de todos los pelajes los utilizan en todas sus conversaciones, en el diario devenir y en sus escritos para acentuar una idea, para darle una justa interpretación y matizar los aconteceres”.

Esos dichos, proverbios y refranes en nuestra lengua tienen su origen en diversas nacionalidades y muchos se trajinan en distintas regiones del país.

Se queja ‘Torango’ de que “Lamentablemente, las nuevas generaciones han ido desdeñando y olvidando ese rico repertorio que manejaban con tanto esmero y encanto nuestros abuelos y bisabuelos, nuestra adorable gente del campo, la auténticamente valiosa”.

Así nos hemos entendido los paisas, es el compendio de locuciones, modismos, timos, giros, muletillas, chascarrillos, calambures, adivinanzas, incluyendo las de mal gusto, difíciles de prescindir por su frecuente uso pueblerino.

ACORE felicita al coronel Toro por esta magnífica obra, y le desea los mejores parabienes en futuras ediciones.

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OPINIÓN

Proceso de largo alcance

MIÉRCOLES

13 de febrero 13 de marzo

Mayor General EDUARDO SANTOS QUIÑONES

Quienes desde la infancia hemos sentido el ‘bandalaje’ nunca creímos que pese a la destrucción, las cosas se fueran creciendo tanto.

Ha corrido mucho tiempo pero el fenómeno creció y el campesino no tuvo otra alternativa que el sometimiento a las Farc y al Eln y luego al Epl, al M19 y a los paramilitares.

El pueblo colombiano ha resistido con estoicismo épocas violentas desde su iniciación en la colonia y la conquista. Su gente creyente y fervorosa aún se mantiene de pie y con honor a pesar de la tierra arrasada.

El conflicto llegó a tal punto que muchos pensaron en una victoria irregular contra el Gobierno, que no se logró gracias a la fuerza combativa y resistente de las Fuerzas Militares de Colombia.

Pasados los años y pensando en el bien del país se han intentado arreglos para terminar con la desdicha, los cuales han resultado infructuosos, especialmente con las Farc.

Hoy, cuando nuestras Fuerzas Militares y de Policía tienen acorralados a sus jefes y muchos de ellos están refugiados en un país hermano, la guerrilla no ha tenido otra salida que buscar negociaciones con alcances inimaginables para los colombianos.

El Gobierno, de buena fe, cree que a pesar de las ofensas de ‘Iván Márquez’, lanzadas desde Oslo, se van a obtener avances significativos.

Seguramente habrá algunos acuerdos en la Agenda, pero lo que jamás podremos perdonar son sus crímenes, sus atentados contra la economía del país, los secuestros, el reclutamiento forzado, sus vínculos con el narcotráfico. Ellos, si es que existe justicia en Colombia, deben dar la cara ante tantas víctimas producto de su accionar. El problema radica en que ellos son víctimas del Estado y ahora les salimos a deber. Si dijeran la verdad se repararían las víctimas del conflicto pero eso no va a suceder. Nace de todas maneras

el escepticismo, pero a toda costa ellos deben recuperar su discurso revolucionario después de perderlo al verse inmersos en el secuestro y el narcotráfico.

Habría algunas cosas para pensar: deben recuperar el reconocimiento internacional que ya casi se lo dimos con el discurso de ‘Iván Márquez’, en Oslo, pues los medios internacionales de comunicación no quedaron con la sensación de que son terroristas, narcotraficantes o secuestradores. De otro lado, es casi obligatorio tener su partido socialista bolivariano y a buena fe que lo están logrando, pues ya cuentan con un movimiento llamado Marcha Patriótica; legitimarse como partido es imperativo como lo es lograr la toma del poder por la vía electoral e instauración del Socialismo del Siglo XXI, sin desarme y sin desmovilización.

En las negociaciones de La Habana pueden ceder en algunas prerrogativas pero no menos en esos dos aspectos. Si lo logran, estarán formando parte de la izquierda internacional (Foro de Sao Paulo, Foro Social Mundial, y el Alba).

Estarían también dentro de la gran estrategia con una fuerza irregular participando en coberturas regionales orientadas por centro y suramérica (Cuba-Venezuela) y al borde de la multipolaridad (China-Corea del NorteIndia- Rusia- Irán ).

La clave ya está dada, esperar… esperar… hasta que haya las condiciones políticas, sociales y militares. La toma del poder dejará entonces de ser una utopía. Razón le cabía a ‘Iván Márquez’ cuando desde Oslo decía “la paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares“. Este proceso tiene tanto de largo como de ancho y en ese orden de ideas, se está jugando ni más ni menos el futuro del país.

Maniobras políticas de las Farc General VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS Miembro del CCPPM

Dentro de la famosa combinación de formas de lucha han surgido nuevas maniobras de las Farc en las conversaciones de paz, como la de exigir insistentemente la creación de espacios para estructurar la participación de diferentes sectores de la población: la denominada sociedad civil conformada por ONG, universidades, gremios, campesinos, estudiantes; muchos de ellos con una clara ideología de izquierda radical. En dichos espacios se socializarán y concertarán todos los temas de la agenda y sus conexos, para que de allí surjan las propuestas para la mesa de negociación.

Como es conocido, esta iniciativa fue aceptada por el Gobierno, ya se han reunido más de treinta mesas regionales y nacionales, solo para el tema agrario, las cuales llegaron a unas conclusiones que han sido enviadas en varios volúmenes a la mesa de negociación. A manera de ejemplo, podemos citar el Foro ‘Ruta social Común por la Paz’, realizado por Marcha Patriótica, en la Universidad Nacional los días 4,5 y 6 de diciembre del 2012; así como en el Foro Agrario, efectuado en la misma universidad con participación de la ONU, los días 17,18 y 19 de diciembre pasado, cita que rechazó Fedegan, por las razones explicadas ampliamente en los medios de comunicación.

Vemos, por consiguiente, dentro de este panorama, que el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia y demás organizaciones clandestinas, están empeñados a trabajar a fondo en su labor

política legal y soterrada. Es evidente que las Farc están manejando sus pretensiones con gran habilidad, manipulando hasta donde sea posible, cuanto foro o conferencia se realice, para imponer sus criterios en las discusiones sobre las reformas. No ahorrarán esfuerzo para desprestigiar permanentemente al gobierno y sus instituciones, afirmando como siempre lo han hecho, que la paz solo se logrará después de realizar cambios sociales estructurales, dándose así la razón de la violencia y el terror al que han sometido a Colombia.

Otra maniobra de las Farc para dilatar el proceso a su favor, ha sido la de utilizar al CICR para obligar a que las partes no se levanten de la mesa sin haber llegado a un acuerdo de paz, con el fin de hacerlo rehén del proceso, mientras que sostienen que no habrá reforma posible sin un cambio de modelo económico, asunto que no quedó plasmado en los acuerdos iniciales y que el gobierno no está dispuesto a negociar.

Por otra parte, su acción política, será involucrar a través de las minorías activas a la mayor cantidad posible de inconformes, aspirando que con el tiempo vayan creciendo, hasta que logren un grupo de presión significativo, para que actúen sobre las decisiones de los negociadores, y así ganar lenta pero constantemente mayor espacio político en el ámbito nacional e internacional.

Así como van las cosas, la situación para el gobierno será cada vez más complicada y estrecha. Como gestor de los diálogos, se verá cada vez más prisionero del proceso, por el ritmo e iniciativa

impuestos por las Farc, hasta el punto, que en un momento dado se podrá ver acorralado por la presiones de aquella sociedad civil, que lógicamente, resultarán afines a las pretensiones de las Farc.

Por otra parte, el gobierno conoce desde hace décadas de lo que adolece y lo que es imperativo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la indiferencia, la corrupción y el desgreño administrativo lo tienen contra la pared, hasta el punto de verse abocado a concertar reformas, con quienes han sido los grandes depredadores del campo colombiano en los últimos cincuenta años.

Para contrarrestar lo anteriormente expresado, el gobierno deberá convocar a la unidad nacional, fijando sus propias posiciones y defendiendo sin cuartel los principios que rigen la estructura básica del Estado y sus instituciones y darle estricto cumplimiento a la agenda propuesta en los preacuerdos pactados y plazos fijados, sin caer en las veleidades que le impongan las Farc. Deberá reservarse el derecho de levantarse de la mesa en el momento que considere que la negociación no avanza o que va por el camino equivocado.

Realizar como Estado, una ofensiva frontal contra la corrupción, para darle vía a las importantes reformas sociales que están en curso, antes de que sean usurpadas por las Farc.

Todos los colombianos reconocemos que serán bienvenidas las reformas que sean necesarias, con el fin lograr una sociedad más igualitaria, pero no como consecuencia de las presiones de la Farc y su aparato político y mucho menos menoscabando los principios fundamentales de un Estado Social de Derecho y de nación democrática, lo contrario resultaría a todas luces deshonesto e injusto contra la moral nacional.

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OPINIÓN El propósito de hacer llegar éste tema a los miembros de la Reserva de la Fuerza Pública, además de recordar qué es el cooperativismo y sus bondades, es resaltar la necesidad de la unión. Ésta forma de economía solidaria es un camino, es una forma de unir esfuerzos que nos hará fuertes y que, además, nos motiva a desarrollar ese potencial laboral disponible en cada uno de nosotros. Una vez iniciamos nuestra condición como miembros de la Reserva Activa y plenos nuestros derechos civiles, es el momento en que nos sentimos listos a continuar produciendo en los nuevos horizontes que nos esperan.

Nosotros, miembros de la Reserva de la Fuerza Pública, acostumbrados a un esfuerzo laboral y disciplina en ocasiones extremas, al momento del retiro siempre estamos atentos al que hacer, deseamos seguir productivos y siempre orientamos nuestros esfuerzos a la búsqueda de alguna actividad laboral o comercial, de vivir algo nuevo y diferente a lo que por misión teníamos en el servicio activo, pero con un ingrediente de mucho valor y es que dentro de nosotros siempre estará el sentimiento de servir. Lo vemos en esa gama de asociaciones de la Reserva, nacionales y regionales, bien sean de economía solidaria o agremiaciones con otros fines, pero todas con el firme deseo de ser representativas del grupo de personas asociadas; lo más seguro es que todos pertenecemos a alguna de esas instituciones, nacidas del seno del gremio castrense.

El cooperativismo es una de las organizaciones que más se acerca a lo que cualquier retirado del servicio activo quisiera encontrar. En estas entidades de Economía Solidaria -la cooperativa- vamos a ser propietarios de una empresa económica, donde los bienes o servicios que se ofrezcan, siempre estarán buscando el beneficio de los asociados. La cooperativa siempre será una asociación de personas reunidas para producir resultados económicos o de servicios que beneficien a sus afiliados y en nuestro caso, también apoyando organizaciones y personas de nuestra Fuerza Pública.

El cooperativismo en las instituciones militares Capitán de Navío JOSÉ ALEJANDRO BELTRÁN GÓMEZ

No desconfiemos ni miremos con recelo al cooperativismo, mirémoslo como una oportunidad, como una terapia ocupacional sin excesos de trabajo, como una forma de servir y de servirnos.

El cooperativismo, en un sentido estricto se entiende como una tendencia favorable a la cooperación en un orden económico y social, la cual no es más que el obrar juntamente con otros para un mismo fin. Es una fuerza de grupo con propósitos de superación. Solidaridad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es “la Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”, que aplicado a un grupo de personas, se transforma en una fuerza que, a través de un ordenamiento, principios y normas que los rigen, los cohesiona, los une, los hace fuertes, y que con su propio esfuerzo y ayuda mutua, buscan generar un beneficio común”.

Si pretendemos incursionar en un proceso transformador y de cambios, la solidaridad viene a ser la piedra angular y el soporte de este proceso, siendo el eje central que buscará lograr un desarrollo humano sostenible. Su filosofía se basa en el servicio para todos, alejándose de las individualidades económicas y obsesiones de lucro como un fin económico particular, aclarando eso sí, que el cooperativismo conlleva dentro de su misma filosofía,

ser una entidad con personería benefactora de bienes y servicios económicos para todos sus asociados, entendiéndose de esta manera que la misma, es una unidad de explotación económica para un grupo de personas que buscarán a través de un ente administrativo, ser una empresa proyectable sobre los principios de la eficiencia y eficacia. Eficiente en el manejo de sus recursos, y eficaz en la responsabilidad de satisfacer adecuadamente las expectativas económicas y de servicios a sus asociados.

Como se ha advertido, el cooperativismo se soporta en el trabajo de un grupo de personas que se asocia, y que siendo una fuente de desarrollo común, se nutre y se aprovecha de los conocimientos y experiencias de sus asociados, que puestos al servicio de la Cooperativa y del resto de los miembros, provocará el beneficio general; además, los aportes económicos, siendo justos y equitativos, proveerán el soporte de la actividad y funcionamiento de la Cooperativa.

Todo esto fundamentado en las Leyes y normas que rigen a las Economías Solidarias, además de las responsabilidades laborales para quienes le prestan algún servicio a la organización.

Otras entidades, además de profesar lineamientos propios de las asociaciones, las cuales procuran por optar pensamientos afines, para el caso de las cooperativas

aunque acoge alguno de esos lineamientos, es de aclarar y resaltar que el cooperativismo demanda el respeto total por los credos, posiciones sociales, razas, ideologías políticas o cualquier corriente de pensamiento social. Las observaciones que conlleven a mejoría o críticas constructivas, siempre serán escuchadas y valoradas, provengan de donde provengan.

Todo asociado sin importar su condición, tendrá voz y voto en todas las actividades de la cooperativa; podrán y deberán votar para elegir a sus representantes o bien ser elegidos; también participan en las decisiones que dentro de sus estatutos estén llamados a intervenir o a interponer sus opiniones o posiciones, en todo acto a los que sean convocados para tal efecto. La participación plena en los designios de la cooperativa es un deber de todos y cada uno de los cooperados, lo que nos lleva al concepto de Democracia- Económica, el cual es tanto un principio como fin de la Economía Solidaria.

Basta conocer datos de la Alianza Cooperativa Internacional y Confecoop en Colombia, hoy se sabe de mil millones de personas asociadas a las cooperativas y de cien millones de empleos generados en los diferentes continentes, en nuestro país se habla de cinco millones y medio de asociados a ocho mil seiscientas cooperativas; estas son cifras que deben ponernos a pensar, lo que demuestra que una cooperativa bien manejada es soporte de desarrollo social. Cuando se hacen las cosas bien el éxito siempre llegará.

Existen varias clases o tipos de empresas cooperativas y que dependen del interés empresarial que se pretenda. La cooperativa de proveedores, en la que los proveedores de una o varias materias primas se asocian para asumir la función del empresario. Puede existir en cualquier sector de la economía.

La cooperativa de con-

sumidores que está formada por compradores habituales de los bienes o servicios de la empresa. Al final del ejercicio económico los resultados se distribuyen en proporción a las compras efectuadas entre los empresarios-compradores.

Las cooperativas de crédito que se dan según si el crédito se considera como crédito de consumo o como crédito para la producción.

Sin embargo, lo más frecuente es que la cooperativa de crédito atienda las necesidades totales de los usuarios de este servicio.

Las cooperativas multiactivas o polivalentes, no son sino formas empresariales mixtas en las que se asocian empresarialmente proveedores o trabajadores que son igualmente compradores o consumidores. Además, organizan en la misma unidad empresarial servicios de créditos para atender sus necesidades personales, familiares y productivas.”

Las autoridades que controlan su funcionamiento han dispuesto especializaciones dentro de los anteriores tipos de cooperativas, con el propósito de que se preste un mejor servicio a todos sus asociados, además del control por parte de la misma autoridad. Es el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado especializadas, algunas para el sector educación, para la salud, entre otras.

Con lo tratado en forma general sobre cooperativismo, se invita a que se mire como una opción de desarrollo y nos organicemos regionalmente en cooperativas productivas, con la esperanza que todas ellas se unan y formen la Confederación de Cooperativas de la Fuerza Pública. Elemento vital de unión y de entendimiento con el fin de promover el desarrollo integral de todos los miembros de la Reserva Activa. Solo tratemos de imaginar su significancia institucional y la fuerza que proyectaría en la economía nacional de lograrse ésta unión.

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OPINIÓN

EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

Expectativa por la solución a la entrega de medicamentos ¿Continuará el calvario del suministro de medicamentos?

Confiamos en el buen juicio del Ministerio de Defensa y del mando militar.

BG GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ Representante de los Oficiales en Retiro ante el Comité de Salud de las FF.MM.

El motivo principal de exasperación de los usuarios del Subsistema de Salud Militar durante 2009 y 2010 era el incumplimiento en la entrega de medicamentos formulados y la mala atención en las farmacias por parte de los contratistas Macromed, en el Hospital Militar, y Droservicios, en los dispensarios militares.

Desde entonces, quedaron sin respuesta cientos de quejas airadas de usuarios frustrados que además de ser sometidos a trámites engorrosos y arcaicos para la formulación y reformulación tenían que comprar a su costa medicamentos vitales inaplazables para la diabetes, hipertensión y dolencias crónicas psiquiátricas, ante el reiterado y angustioso incumplimiento en el suministro de los medicamentos para ellos y sus familias.

Los funcionarios del Comité Técnico de la Dirección General que se encargaron en 2008 de elaborar los pliegos, evaluar las propuestas y gerenciar su ejecución, por cualquier motivo no hicieron su trabajo, y con su ineficiencia terminaron protegiendo descaradamente a los contratistas y desinformando al Mando Militar sobre la realidad de la situación para protegerse a sí mismos, y por si fuera poco, actualmente están haciendo vigilancia al proceso actual para dar el aval a la solución que proponga la DGSM. La licitación de 2008 fue declarada desierta en más de una oportunidad. En el último intento solo uno cumplía las condiciones del pliego pero existían serias sospechas de irregularidades en las certificaciones de experiencia.

Entonces, el Director General de Sanidad Militar, general Fandiño, se negó inicialmente a adjudicar conceptuando por escrito que había que hacer una nueva licitación.

Inexplicablemente por la presión de la Secretaría General del Ministerio que alegaba urgencia, terminó adjudicándose el suministro de medicamentos a la firma Droservicios. Al poco tiempo al general Fandiño pasó

al retiro y comenzó la debacle para el nuevo director.

La ejecución del contrato durante el 2009 y 2010 fue un desastre, no es sino preguntarles a los directores de los dispensarios de las fuerzas los graves problemas de suministro que ocasionaron enfrentamientos serios con los usuarios. La información del proveedor no se podía verificar por inexistencia de sistema de información; la minuta del contrato impuesta por la oficina de contratos tenía blindado al proveedor ante cualquier demanda imponiendo un debido proceso tan engorroso y largo que era imposible penalizar al contratista.

La minuta parecía haber sido redactada por los abogados del proveedor: v.gr. Una de las funciones de la Gerente del proyecto, funcionaria de la DGSM era “velar por los intereses del proveedor”. ¿Equivocación? ¿Lapsus? Es posible, pero eso fue lo que la veeduría Asoproética, por encomienda de ACORE, descubrió en el análisis que hizo del contrato. Los informes de la gerente del proyecto Linda Ariza, ante el Comité de Salud de las FF.MM., del que el suscrito formaba parte, era de ejecución correcta y cumplimiento a satisfacción, ante lo cual el Comité y el mando militar quedaban tranquilos y las quejas se convertían en rumores de resentidos y de descontentos habituales a quienes no había que prestarles atención.

Para confirmarlo, la DGSM, en manos del BG Luis Pérez, actual Director del Hospital militar, contrató una encuesta que le costó más de $300 millones, cancelados con recursos de salud, que dio como resultado que la satisfacción de los usuarios a nivel nacional era superior al 96%. Un absurdo ante tanta evidencia de descontento.

ACORE, entonces, financió dos encuestas persona a persona que realizó la veeduría Asoproética que costaron $5 millones donde se pudo verificar que la satisfacción de

los usuarios sobre la entrega de medicamentos en los dispensarios militares de Bogotá no pasaba del 52%. Esta encuesta fue descalificada por el CN Orlando Segura, subdirector científico de la DGSM, lo que motivó que ACORE y Asoproética tuvieran que repetirla con una ficha técnica más completa y una muestra más numerosa. Sin embargo, arrojó el mismo resultado: 52% de satisfacción, que tratándose de medicamentos se considera casi criminal. La DGSM había desinformado al mando militar.

No quedaba más remedio que esperar la terminación del contrato, pero no hubo poder humano para lograr que la DGSM elaborara a tiempo los pliegos para hacer la licitación de 2011. Las veces que pregunté en el comité me aseguraron que sí se estaban elaborando los pliegos, pero no era cierto, volvían a mentirle al Comité de Salud de las FF.MM. Esto le permitió al Director General de Sanidad Militar prorrogar por urgencia manifiesta, por más de 70.000 millones, al mismo contratista, prolongando también el riesgo para los usuarios. Esto se puede constatar con actas, contratos y testimonios de los asistentes al Comité que aún sobreviven; las quejas sobre la deficiencia del servicio deben existir en las actas de auditoría pasadas a las farmacias en los dispensarios.

Posteriormente, en 2011, cuando se terminó la prorroga, se elaboraron los pliegos dirigidos, a todas luces, a favorecer al mismo proveedor, motivo por el cual, asociaciones, veedurías y sindicatos hicieron frente común en la audiencia pública y obligaron a incluir la evaluación del software y la garantía de una cadena de distribución adecuada que pudiera cumplir con la entrega oportuna de medicamentos a nivel nacional. Se hizo la licitación y se le adjudicó a Éticos Serrano Ltda., la empresa que terminó el contrato en diciembre pasado cuyo desempeño fue satisfactorio, digamos que fue un

triunfo de los usuarios con la presión y gestión de las organizaciones de la Reserva Activa lideradas por ACORE. En el tercer trimestre del año pasado, ACORE recibió información de que Droservicios y Macromed, las firmas perdedoras en 2011, iban a unirse para participar en la licitación de 2012, la que se llevó a cabo en el mes de diciembre pasado, y que estaban tratando de influir en el comité técnico para que les quitaran los obstáculos con que los habían eliminado en 2011. Era un rumor y así lo informó el suscrito en el Comité de Salud. La Dirección General de Sanidad se indignó e interpeló al suscrito pidiendo enérgicamente respeto porque no iba a permitir que se dudara de la seriedad y transparencia con que estaba adelantando el proceso y exigió que si había pruebas que se presentaran ante las autoridades correspondientes.

Aclaramos que no dudábamos de la honestidad del Director General de Sanidad Militar, presentamos disculpas si así lo había entendido y reiteramos que teníamos esa información y que lo importante era que eso no fuera a pasar…

Y paso…

En la pasada licitación, adjudicada en noviembre de 2012, no se hizo la evaluación del software del ganador, la unión temporal Medisan U.T., constituida con poca anticipación donde uno de los participantes es Macromed con el 45% de participación. El 28 de noviembre se le adjudicó el contrato 075-DGSM-2012 por $133.942’741.015, para 19 meses de suministro de medicamentos a la DGSM, y otro contrato también a Medisan U.T. por $36.100’000.000, para 19 meses de suministro de medicamentos al Hospital Militar. Pero, como no tenía la capacidad logística de distribución ni la manera de controlarlo, empezó a incumplir desde el comienzo, motivo por el cual el desabastecimiento se generalizó y los usuarios comenzaron a sufrir de nuevo el calvario del incumplimiento en el sumi-

nistro inoportuno de medicamentos. Esto generó una protesta generalizada en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali, entre otras ciudades, que obligaron al Ministerio de Defensa y el Mando Militar a tomar de inmediato cartas en el asunto y le dio plazo hasta el 30 de enero del 2013 para ponerse al día. No fue capaz. Razón por el cual la DGSM le inicio el debido proceso y la Unión Temporal donde Macromed, que lleva el protagonismo de la U.T., decidió ceder el contrato nada más ni nada menos que a Droservicios, mejor dicho salimos de las llamas a las brasas.

El lunes 4 de febrero, 18:00 horas, se supo que por fortuna falló la negociación entre Macromed y Droservicios y que posiblemente la sesión va a ser a la firma que distribuye los medicamentos en la Policía Nacional, Unión Temporal Medipol U.T. No conocemos a ese proveedor, pero las averiguaciones hechas con oficiales y agentes y usuarios de ese subsistema, nos aseguran que es muy bueno y que, inclusive, distribuye medicamentos en farmacias autorizadas fuera de las unidades policiales en todo el territorio nacional. El único temor que no nos quita el sueño es que algunos funcionarios designados para integrar el comité técnico que dará el aval al nuevo proveedor fueron los mismos que evaluaron y gerenciaron en el 2010 y 2011 el contrato con Droservicios y la DGSM cometa una nueva equivocación.

Es preciso aclarar que el proveedor lo escoge el contratista que cede el contrato porque entra a negociar con él pero la entidad contratante, en este caso la DGSM, debe evaluar que quien vaya a recibir el contrato este en capacidad de cumplirlo. Sería importante revaluar el software y la capacidad de la red de distribución a nivel nacional. Como es el mismo contratista de la Policía, de pronto cabría la posibilidad de adicionar simplemente el contrato que tiene con esa institución.

El principio de unidad de gestión es una imposición de la Ley 352 y es la clave para la eficiencia y supervivencia del Sistema de Salud de la Fuerza Pública, sería un gran paso estandarizar en los dos subsistemas: paquetes de servicios, tarifas de contratación, compra centralizada de medicamentos, sistemas de información y de administración regional reglamentos y procedimientos únicos para el Sistema de Salud Militar y Policial, como lo ordena la ley.

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ENTRETENIMIENTO SUDOKU

Horizontales

8

7

5 7

6 4 8

2

6 2

7

3

8

5

9

1

7

4

6

2

1

3. Alianza, confederación de varios Estados.

4

2

6

8

5

3

7

1

9

5

Río de Turquía.

9

7

1

4

2

6

3

8

5

4. Símbolo químico del aluminio.

6

9

4

2

3

8

1

5

7

2

1

3

7

9

5

6

4

8

5. Percibe con los ojos.

7

5

8

1

6

4

9

2

3

Conjunción causal antigua.

5

3

7

6

4

2

8

9

1

6. Arbusto cubano.

8

6

9

5

7

1

2

3

4

Ahora.

1

4

2

3

8

9

5

7

6

Adjetivo posesivo.

Diosa de los navegantes griegos.

3

3

4

5

8

Balsa china.

7. En Chile, persona tosca y de poca inteligencia.

7 8

Reglas El objetivo del sudoku es rellenar una cuadricula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3 x 3 de las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado si la solución es única.

CRUCIGRAMA

CRUCIGRAMA 1

2

3

4

1

C

I

P

A

8. Reunirá y guardará dinero.

2

9. Causar.

A

B

A

T

3

R E

Verticales

4 5

1. Argent., caballo que tiene blanca la mayor parte de la cara.

Proyecto, intención de realizar algo.

1

SOLUCIÓNES ANTERIORES SUDOKU

2. Arsenal.

6 1

5

1. Dícese de la persona que procede con gran orden.

2. Prefijo usado en química.

Bota alta enteriza.

3. Final añadido a una composición musical en cinematografía.

Valor, valía.

6

7

8

9

A

P

E

P

A

N

A

R E

P

O S

O

A

R A

C A

T

C

L

R

O

6

O T

O M

I

7

L

A

T

O

N

8

A

P E

L

A

9

S O

S

A

5

I

S

A

C

A

Z

A

R

O

O

E

R O

S

T

I

V

O

A

N

O S

AJEDREZ Juegan blancas y dan mate en cuatro jugadas, así: 3.Dg7+. Re8 1.Te4. T8xe4

4. Loco, demente.

Adverbio de modo.

5. Cede gratuitamente.

2.Dxg5+. Rf8

4.Dg8++(mate)

Gigante muerto por Moisés.

6. Municipio de Colombia.

Abreviatura de nacional (inv.).

Isla de Italia, en el golfo de Nápoles.

8. Hijo de Judá.

7. Antigua región del SO de Asia

Culebra africana.

Menor, en el mar Egeo.

9. Dañar el viento solano las frutas, mieses, vino.

SALIDAS EN GRUPO PRIMER SEMESTRE 2013 SURAMERICA Tomado de la Revista Rompecráneos

AJEDREZ Si las negras toman torre con la dama, la pierden y como consecuencia también pierden la partida. Si no la toman, el mate es en la siguiente jugada

FECHA SALIDA 08 MARZO 2013 16 DIAS VISITANDO CHILE, ARGENTINA, IGUAZU, RIO JANEIRO. Tarifa por persona desde 5488 dolares con tiquete aéreo incluido, desayunos, cenas, y visitas descritas en el itinerario.

JORDANIA TURQUIA DUBAI FECHA SALIDA 11 MAYO 2013 19 DIAS VISITANDO AMMAN, PETRA, ESTAMBUL, CAPADOCIA, ANKARA,KUSADASI, EFESO, DUBAI. Tarifa por persona desde 6375 dolares con tiquete aéreo incluido, desayunos, cenas y visitas descritas en el itinerario.

SALIDAS NACIONALES A LETICIA, GUAJIRA, SAN ANDRES EN EL MES DE JUNIO. INFORMES E INSCRIPCIONES TERESA ROMERO PINZON VIAJANDO CON ACORE TEL 3450511 EXT 118 CEL 3104800897 acoreturismo@hotmail.com osrivgut3@hotmail.com

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