Periódico edición 540 Junio 2014 by ACORE

¡Firme Colombia! ¡La Reserva Activa se pronuncia! Edición

540 JUNIO 2014

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

ÍNDICE Fuerzas Militares ACORE pide al CNE retirar comercial / 4 Preocupante proceso de paz / 6 Golpe mortal a la dignidad institucional / 7 La Mesa de Trabajo Permanente fue creada con el fin de analizar y defender las acciones que puedan afectar el futuro de las Fuerzas Militares y de Policía. Está integrada por las asociaciones que representan a la Reserva Activa de la Fuerza Pública. En una de esas reuniones, aparecen, de izq. a der. el almirante David René Moreno Romero y general Manuel Sanmiguel Buenaventura, del Cuerpo de Generales y Almirantes; mayor Marco Prieto y mayor General Javier Arias Vivas, del Grupo Santa Bárbara; brigadier General Ramiro Bautista Mesa, del Grupo de Ingenieros Caldas; brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE; y el general Hernando José Guzmán Rodríguez, comandante de la División Córdova.

Paz o guerra, demagogia electoral La Mesa de Trabajo Permanente de las asociaciones que conforman la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a través de varias comunicaciones al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, le han expresado desde tiempo atrás su preocupación por algunos efectos negativos que podría tener para la nación, el proceso de negociación que se adelanta para la finalización del conflicto armado con las Farc. Entre otras muchas preocupaciones la mesa expresó en su oportunidad su inquietud porque la agenda presentada parecia estar redactada en su totalidad por los terroristas, sin que aparecieran temas de interés estrategico nacional orientados a preservar y proteger a toda costa como valores supremos innegociables. Sin embargo, el Presidente ha desoído y no ha tenido en cuenta los argumentos expuestos por la Reserva Activa de la Fuerza Pública, como se aprecia con el proyecto de ley que busca el fraccionamiento y debilitamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía nacional, mediante el desmembramiento del Ministerio de Defensa

PRONUNCIAMIENTO DE LA RESERVA ACTIVA

La Mesa de Trabajo Permanente de las distintas asociaciones que conforman la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ratifica y respalda solidariamente el pronunciamiento expedido por la Asociación Colombiana de

Del Procurador

“Los criminales de guerra y de lesa humanidad no pueden hacer política”. La afirmación la hizo el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en la audiencia pública organizada por la Corte Constitucional por una demanda de inexequibilidad al artículo sobre participación en política de miembros de grupos armados ilegales en el contexto del Marco Jurídico para la Paz. Pág. 25

para crear el mentado Ministerio de la Seguridad Ciudadana, sin lugar a dudas, una medida innecesaria, nociva, inconveniente e inoportuna, que traerá consecuencias profundamente negativas para la seguridad de los colombianos. Como si fuera poco, a nuestro Comandante en Jefe, hoy candidato a la reelección, se le olvidaron ciertos valores que necesariamente tuvo que conocer a su pasó por la Armada nacional, e inició una campaña propagandística lesiva y humillante que ofende en materia grave lo más sensible y lo más preciado de aquellos valores que siempre nos han identificado como soldados de la República. Por todas estas razones, hacemos un alto en el camino editorial de nuestro periódico institucional y presentamos a consideración de nuestros lectores una vasta información sobre hechos, comunicaciones, cartas y otras realidades que la Reserva Activa ha promovido en los dos últimos años, en defensa de nuestra institucionalidad y de Colombia entera. Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, el pasado 31 de mayo, con relación a un lesivo y humillante mensaje de propaganda electoral por parte de la campaña del señor Candidato Presidente a la primera magistratura de la nación. Pág. 3

Contra Colombia

Fuerzas oscuras buscan desprestigiar a la Fuerza Pública / 8 Acción penal contra quienes se desmovilicen / 12

POLICIA Carta abierta con relación al Ministerio de Seguridad / 15 La Policía ha sido decisiva para fortalecer la democracia / 16 Farc, 50 años de horror / 22

CARNÉ DE SERVICIOS MÉDICOS Recuerde actualizar su carné de salud, más información, Pág 27

Junio de 2014

“Tras hacer un análisis comparado de diversos procesos de paz y su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados, en gran parte, han sido los militares que enfrentan a los irregulares…”

Pronunciamiento de la Reserva Activa La Reserva Activa de la Fuerza Pública, a través de una Carta Abierta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, expresa su  preocupación sobre varios hechos que podrían afectar la  supervivencia institucional y la estabilidad democrática de  la nación, como resultado del proceso de negociación que se adelanta para la finalización del conflicto armado con las Farc. Esta preocupación, entre otras  cosas, tiene que ver con la nueva legislación y normatividad  jurídica que sea adoptada como producto de los acuerdos  que sean pactados, acción penal revanchista

y sistemática  contra miembros de la Fuerza Pública, temerarias acusaciones a través de una verdad histórica parcializada, posiciones sesgadas de quienes sean garantes de los acuerdos, fortalecimiento del aparato político de este grupo terrorista frente a los partidos y movimientos tradicionales, y la falta de compromiso en la responsabilidad política que le corresponde al poder civil de la nación en las actuaciones legales y constitucionales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, que en cumplimiento de su misión, actúan bajo su mandato. Estos son apartes de los planteamien-

Carta Abierta

Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2014

Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño Ciudad. Señor Presidente:

Con la más alta consideración y respeto, nos dirigimos a usted en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, con el fin de advertir algunas realidades y peligros, que no solo son de la mayor importancia para la supervivencia de la Fuerzas Militares, sino también para la estabilidad democrática de la Nación, en el desarrollo de la transición de un eventual fin del conflicto con las Farc. En primer término, estamos convencidos que la mayor amenaza no está, de por sí, en la dinámica de la mesa de negociaciones, pues hasta el momento es claro que se está dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo General. Sin embargo, observamos con incertidumbre y preocupación, la implementación y las leyes que se deban desarrollar y reglamentar como resultado de la negociación, las cuales de no manejarse adecuadamente podrían ser perjudiciales para el país y sus Fuerzas Militares. Igualmente, consideramos de la mayor importancia la grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, producto de fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía que aunque, aparentemente son en derecho, ponen en riesgo la vida de miles de colombianos y la integridad de la Fuerza Pública. Su polarización ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e interpretaciones políticoideológicas que han venido asumiendo jueces, magistrados y altas cortes; pero lo más absurdo y extraño, son las coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc. Sumado a esto, el Fiscal General de la Nación ha demostrado en sus actuaciones una actitud indulgente con los terroristas, configurando para ellos escenarios de justicia restaurativa, con penas alternativas y muy seguramente con renuncia a la acción penal. Mientras, mantiene una actitud radical con los militares, los cuales son objeto de una justicia retributiva en una especie de ‘venganza penal’, de la cual dan cuenta las frecuentes órdenes de detención y la vinculación a procesos de diversa índole, todo enmarcado en el tema de violaciones de derechos humanos. La Unidad de Análisis y Contexto, de la Fiscalía General de la Nación, sistemáticamente viene señalando que los militares en Colombia han actuado dentro del contexto de una “empresa cri-

tos más importantes que las principales asociaciones de la Reserva Activa de las FF.MM. y de la Policía Nacional expresan conjuntamente con quienes en este momento participan como asesores en el proceso de negociaciones que se adelanta en La Habana:

“….consideramos de la mayor importancia la grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, cuyos fallos y actuaciones aparentemente en derecho, ponen en riesgo la vida de miles de conciudadanos y la integridad de la Fuerza Pública”.

minal”, por lo cual nos asisten razones para inferir, que los militares están ganando la guerra en el campo de combate, pero la están perdiendo en el campo jurídico. En lo que refiere a la reconstrucción de la Verdad Histórica, preocupa enormemente el enfoque del informe ¡Basta ya!, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí se pretende mostrar que en Colombia la guerra se presentó entre actores armados, separando al actor estatal de su ligamen con la Constitución Política o sea, “un asunto entre militares e ilegales” una conclusión, bastante grave, que en el fondo tiene una repercusión jurídica y política para la institución. También es necesario advertir que en todo este desbarajuste institucional ha contribuido en buena parte la ligereza e irresponsabilidad de los medios, por no decir su intencionalidad, que en el afán de la chiva o el rating ponen en peligro la credibilidad y prestigio institucional. Resulta por demás irresponsable que se presenten inculpaciones sobre supuestos hechos, no comprobados ni debidamente investigados. Consideramos que estos escándalos ameritan mayor prudencia antes de esquilmar la institución y sus miembros. Sabemos que la libertad de prensa forma parte de la democracia, pero cuando trasgrede límites éticos pone en riesgo la seguridad nacional y ciudadana. En el campo internacional la situación no es menos preocupante; tras hacer un análisis comparado de diversos procesos de paz y su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados, en gran parte, han sido los militares que enfrentaron a los irregulares, en cumplimiento de la Constitución, políticas y lineamientos trazados por el alto gobierno. No sería extraño, la aplicación de una justicia vengativa impulsada por la izquierda radical, apoyada en ese imaginario internacional que se ha construido sobre los militares latinoamericanos de quienes nos diferencia el contexto, pues muchos de ellos actuaron en un escenario de dictadura, mientras nosotros lo hicimos en marcados en la democracia. Queremos, Señor Presidente, conocer y estar seguros de su apoyo y compromiso con los soldados en este trascendente tema. Otra preocupación, se deriva de la intervención de las Naciones Unidas. Este organismo ha participado en diversos procesos en el mundo, aunque no en todos ha sido exitoso. Particularmente en Colombia, sus delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión contra las Fuerzas Militares. Podrá entenderse, Señor Presidente, la gran preocupación que genera que sea esta organización, en el futuro, la que participe a nombre de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo, pues no garantiza equilibrio y neutralidad. Por lo cual debería pensarse en otros organismos o países, que ofrezcan las condiciones antes descritas. Señor Presidente, estamos completamente de acuerdo que el objetivo de cambiar las balas por votos resulta loable y benéfico para la construcción de la paz, sin embargo, la aplicación de este razonamiento no debe verse únicamente como el fin de la violencia, sino más bien, de asegurar el futuro democrático del país. Consideramos que en el panorama nacional hay dos

“….actitud indulgente para los terroristas y muy radical y extrema para con los militares y policías”. “….preocupa enormemente el enfoque sesgado del informe -¡Basta Ya!- publicado por una agencia del Gobierno en el que se señala a las Fuerzas Armadas como único actor y como principal responsable de los excesos de la confrontación armada”. “….este proceso para las Farc, se ha constituido en una oportunidad para fortalecerse y ajustar su estrategia, a fin de asegurar su supervivencia y preservación hasta consolidar la toma del poder, empleando su característica combinación de las distintas formas de lucha”. “Señor Presidente, dada su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de Usted un pronunciamiento concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan”. A continuación el texto de la Carta Abierta, que fue entregada directamente en la despacho presidencial, a finales del pasado mes de febrero, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta:

debilidades sustanciales que advierten peligros para el escenario futuro. En primer lugar, la situación de los partidos políticos, hoy día debilitados, fragmentados, polarizados e incapaces de ejercer el poder que antes tenían. Colectividades que cada vez se apoyan menos en el poder de convocatoria en razón de sus ideales y más en maquinarias electorales. En la actualidad, son las organizaciones y movimientos sociales quienes están recogiendo la inconformidad ciudadana, pues hay una enorme desconfianza por la política, los partidos y sus dirigentes. Es allí, donde están ganando espacio las Farc y el Eln. La segunda debilidad, radica en la visión misma que tienen las partes sobre el proceso. Para el Gobierno, es una generosa oportunidad para que dejen las armas y se incorporen a la vida civil como partido político legal; mientras para las Farc, es una oportunidad para ajustar su estrategia, de tal manera que les permita asegurar la supervivencia y preservación el movimiento guerrillero, sin dejar de intimidar con el potencial uso de las armas que pretenden tener a su alcance hasta consolidar la toma del poder, empleando su característica combinación de las formas de lucha. Esta es la razón por la cual existe una ambigüedad entre dejación y entrega de armas. Además que su mayor gestión, actualmente la están realizando fuera de la mesa, con ayuda de aliados que están en la legalidad. Sea cual fuere la situación, en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia, no podemos olvidar que nuestros militares y policías nunca han ido a la guerra motu proprio, sino bajo la dirección política y estratégica del poder civil, en cumplimiento de órdenes emanadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto sería no solo indigno, sino también injusto, que esas Fuerzas Armadas que han sido respetuosas de la Constitución y han enfrentado el conflicto, ofreciendo la vida e integridad de miles de sus hombres, sean objeto de una venganza política e ideológica de quienes representan la majestuosidad de la justicia, o de aquellos que por gracia del favor que les confiera la sociedad colombiana, alcanzaran el poder. Es en este tema, donde mayor seguridad y tranquilidad esperan los soldados de Colombia de su gobernante. Señor Presidente, consecuente con todo lo anterior, y dada su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de Usted un pronunciamiento concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan. BG EJC (ra) Jaime Ruíz Barrera Presidente de ACORE C ALM(ra) Luis Carlos Jaramillo Peña Asesor del proceso de paz MG EJC (ra) Víctor Álvarez Vargas Asesor del proceso de paz MG FAC(ra) Ricardo Rubianogroot R Asesor del proceso de paz ALM (ra) David Rene Moreno Moreno Presidente del Cuerpo de Generales y Almirante BG Ponal (ra) Pablo Rojas Flórez Presidente del Colegio de Generales Policía Nal.

Edición 540

Pronunciamiento de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional La Mesa de Trabajo Permanente de las distintas asociaciones que conforman la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ratifica y respalda solidariamente el pronunciamiento expedido por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, el pasado 31 de mayo, con relación a un lesivo y humillante mensaje de propaganda electoral por parte de la campaña del señor Candidato Presidente a la primera magistratura de la nación. La inexplicable participación presidencial en condición de Comandante en Jefe de nuestras Fuerzas militares y de la Policía Nacional en la elaboración y producción de este mensaje, no es otra cosa que una clara demostración de irrespeto a los grandes valores que rigen lo más íntimo de nuestra institucionalidad. Nuestros combatientes no van a la guerra caprichosamente. Cuando lo hacen, es sencillamente por mandato constitucional. Este mandato nunca es o puede ser de carácter opcional. La ley sanciona cualquier tipo de desacato en tal sentido. Igualmente, rechazamos la propuesta pública hecha por la campaña para la reelección presidencial por un miembro de esta coalición política, en el sentido de incorporar eventualmente terroristas desmovilizados como parte de nuestro Ejército Nacional, tal como ocurrió en la República de El Salvador, donde las circunstancias de negociación con los movimientos terroristas, fueron muy diferentes al caso colombiano. En ese país la guerra si estaba

totalmente perdida por parte del Estado. Este no es nuestro caso y bajo ninguna circunstancia aceptaremos una capitulación como si hubiéramos sido derrotados por las organizaciones criminales que nos asechan. También consideramos inexplicable el anuncio conocido en el día de hoy de acabar con el servicio militar obligatorio, lo cual en otros términos, significa la reducción del pie de fuerza del Ejército Nacional en algo más de cien mil combatientes. De ser así, deberían reemplazarse por soldados profesionales a un costo altísimo para el presupuesto nacional. Si en este cuatrienio no hubo recursos suficientes para cubrir el déficit presupuestal que tiene actualmente las Fuerzas Militares respecto a los servicios de salud, ni tampoco para atender las múltiples demandas salariales a que ha sido condenada la nación, no vemos con claridad la forma como será manejado este nuevo compromiso de alto costo para el tesoro nacional. Desde nuestro punto de vista, consideramos que todo esto no es otra cosa que una “demagogia de carácter electoral”. Tampoco aceptamos el anuncio hecho por parte del jefe máximo de la organización terrorista Farc en el sentido de que “solo entregaran las armas si se les entrega el poder”. Lo que aquí se expresa en forma desafiante, hay que entenderlo como una falta total de voluntad para negociar este proceso y en estas circunstancias, sería razón suficiente para que el gobierno retirara de inmediato a sus negociadores de la mesa de conversaciones en La Habana.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, rechaza enfáticamente y hace pública su más enérgica protesta por la difusión de un lesivo y humillante mensaje de propaganda electoral por parte de la actual campaña del señor Candidato Presidente a la primera magistratura de la nación, cuyo contenido expresa: “¿Señora, Usted tiene Hijos? Sí, señor Presidente. ¿Usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no señor Presidente. ¿Señor, Usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor Presidente. Levante la mano quien prestaría sus hijos para la guerra? Entonces ¿Quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos. Que otras mamás pongan los heridos. Que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas A las mamás más pobres cuando votamos por la guerra Como es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No m...! Con paz haremos más…

Este mensaje, que inicio su difusión por distintos canales de la televisión nacional en horario “triple A” desde el pasado 29 de mayo del año en curso, ofende en materia grave lo más sensible y lo más preciado de aquellos valores que siempre nos han identificado como soldados de la República.

Carta Abierta a la opinión pública nacional

PERIÓDICO

Fundado en 1961

Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C.

La firme convicción de sacrificar la vida en defensa de la Patria no tiene duda alguna. Nuestro honroso y permanente compromiso en tal sentido, se fortalece permanentemente frente a las distintas amenazas que hemos combatido para proteger al pueblo colombiano. Para nosotros, y por qué no decirlo, también para nuestros propios hijos, existe por igual perfecta claridad de lo que significa morir como soldado en razón de estos caros ideales. Esto para los ciudadanos de bien, no es otra cosa que nacer para la gloria. Esta afrenta de que estamos siendo objeto a través de la campaña en referencia, obliga sin duda alguna, la inmediata intervención del honorable Consejo Nacional Electoral, para que disponga la suspensión de este humillante mensaje propagandístico que ha generado repudio institucional.

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera Directora: TC Rosa María Llovera Terradas Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso CO Carlos Acosta Arévalo (caricatura) CT Fernando Leyva Garces Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres

Administración y logística: Leydi Liliana Romero Fotografía: Depto Comunicaciones, Seccionales Impresión: Editorial El Globo S.A. Dirección: Cl 25D Bis # 102 A - 63 Teléfono: 42276200 EXT 1172 - 1178 Distribución: UNIEXPRESS LTDA Dirección: Calle 94 No. 57 - 63 Teléfono: 7028513

Acorito

De nuestras inquietudes sí saben, pero no responden…

Nota: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

Junio de 2014

ACORE pide al CNE retirar comercial ‘humillante’ de la campaña del Candidato Presidente Bogotá, D.C., 3 de junio de 2014

Doctor PABLO GUILLERMO GIL DE LA HOZ Presidente Consejo Nacional Electoral Ciudad REF. Publicidad Electoral Respetado Doctor Gil.

En virtud de la función de vigilancia y control de la actividad electoral que tiene el Consejo Nacional Electoral, particularmente la establecida por el Artículo 265, numeral 5 de la Constitución Nacional: “Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”, nos permitimos elevar queja formal contra la difusión de un lesivo y humillante mensaje de propaganda electoral por parte de la campaña a la presidencia para el periodo 2014-2018, del Señor Candidato Presidente Juan Manuel Santos Calderón, por el movimiento de Unidad Nacional, el cual ha sido difundido por distintos canales de la televisión nacional en horario “triple A”, desde el pasado veintinueve (29) de mayo del año en curso, cuyo contenido expresa lo siguiente: “¿Señora, Usted tiene Hijos? Sí, señor Presidente. ¿Usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no señor Presidente. ¿Señor, Usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor Presidente. Levante la mano quien prestaría sus hijos para la guerra? Entonces ¿Quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos. Que otras mamás pongan los heridos. Que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas A las mamás más pobres cuando votamos por la guerra Como es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No m...! Con paz haremos más… (Negritas fuera de texto). El contenido del comercial ofende de manera grave lo más sensible y lo más preciado de aquellos valores que siempre nos han identificado como soldados de la República. La firme convicción de sacrificar la vida en defensa de la Patria no tiene duda alguna. Nuestro honroso y permanente compromiso en tal sentido, se fortalece permanentemente frente a las distintas amenazas que hemos combatido para proteger al pueblo colombiano. La Resolución 1487 de 2003, impone al Consejo Nacional Electoral la obligación de iniciar las investigaciones administrativas tendientes a verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 130 de 1994. El Consejo Nacional Electoral en observancia de lo anterior podrá sancionar a los partidos, movimientos, candidatos y a otras personas, según la gravedad de la falta cometida.” La disposiciones que se refieren a propaganda electoral, se encuentran consagradas en el Artículo 24 de la Ley 130 de 1994, estatutaria de los partidos y movimientos políticos, en los siguientes términos: “Propaganda Electoral: Entiéndase por propaganda electoral la que realicen los Partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral”. (Negritas fuera de texto). El Diccionario Electoral del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) que ha elaborado un juicioso estudio sobre los temas electorales y sus efectos a través del tiempo en los países de América Latina, define así la propaganda electoral: “La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera”. “La propaganda electoral está íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos que compiten en el

proceso para aspirar al poder, comprende tanto el proselitismo, como la propaganda. En ese sentido, la propaganda es uno de los mecanismos de los partidos políticos para dar a conocer sus programas, sus ideas.” Con relación al tema de la propaganda electoral, la Corte Constitucional, mediante sentencia de 19941, señaló: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN – Límites /PROPAGANDA POLÍTICA. La libertad de expresión se encuentra limitada por el orden público, esto es, por la armonía social mediante la realización de la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas. En consecuencia, ante la primacía del interés general y del bien común (Art. 2o. C.P.), la libertad de expresión no puede trascender más allá de los límites que fundamentan al Estado mismo, porque de lo contrario se constituiría en un objeto jurídico imposible de proteger. La libertad de expresión se encuentra limitada por los derechos de los demás, tal como lo dispone el numeral primero del Artículo 95 superior, cuando señala que son deberes de la persona y del ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (Num. 1o.). Por ello, la expresión del propio pensamiento no está legitimada para afectar los derechos fundamentales de otras personas, como, por ejemplo, la honra o el buen nombre. Asimismo, tampoco puede vulnerar el estatuto privado de alguna persona, como su intimidad o el secreto profesional.”. Igualmente la Corte Constitucional, mediante sentencia T-959 de 2006, magistrado ponente doctor Rodrigo Escobar Gil, señaló que: “Cuando se trata de la selección de los contenidos que se van a difundir como propaganda electoral, no se debe atender únicamente el pretendido beneficio que un determinado mensaje le puede aportar al candidato promovido, sino que también se debe atender a los límites de la libertad de expresión que, aún cuando mínimos, salvaguardan importantes esferas relacionadas con los derechos de movimientos, partidos o personas y con valores fundantes del ordenamiento constitucional. Una campaña política tiene, entonces, la responsabilidad de seleccionar, de entre todos los testimonios recogidos, algunos para ser difundidos y, aunque en principio es dable pensar que le asistía la posibilidad de escoger con entera libertad los mensajes, no se puede pasar por alto que la difusión de la propaganda electoral puede comprometer libertades indispensables para un adecuado desarrollo del debate electoral, así como derechos de los partidos o movimientos políticos y aún de sus miembros individuales. A lo anterior agrega que instrumentos de derecho internacional, tales como la Convención Americana, en su artículo 13, prohíben “toda propaganda que incite a la violencia y al odio de grupos humanos determinados”. En la Ley Estatutaria de Garantías Electorales que se expidió con el objeto de definir el marco legal para el desarrollo del debate electoral a la Presidencia de la República y para “cuando el Presidente de la República en ejercicio aspire a la reelección, o el Vicepresidente de la República aspire a la elección presidencial”, se definen como actividades de campaña la promoción política, que hace referencia a la divulgación del proyecto político del candidato, y la propaganda electoral, que es “el conjunto de actividades políticas con la finalidad directa de convocar a los electores a votar a favor de un candidato”. Con todo, la amplitud que adquiere el ámbito protegido de la libertad de expresión durante los debates electorales no torna absoluta a esta libertad. Al respecto la Corte ha puntualizado que, pese a su proclamado carácter preferente, la libertad de expresión tiene límites derivados de la posibilidad de “colisionar con otros derechos y valores constitucionales”2 y, justamente, tratándose de la propaganda electoral y en particular de la negativa, la Corte reconoció un límite conformado por aquella publicidad cuyas connotaciones lesionen “la honra y la intimidad de las personas”3. Con fundamento en lo anterior, es posible exigir de las campañas políticas un mínimo de diligencia al momento de seleccionar los contenidos que luego van a difundir, como parte de la propaganda electoral. Acerca de este tema la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la preponderancia de la libertad de expresión cede siempre que haya “negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos” que vulneren o amenacen derechos fundamentales4. 1. Corte Constitucional - Sentencia T-317 de 1994 - M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa 2. Corte Constitucional, Sentencia C-010 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

3. Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 4. Sentencia T- 080 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Desconoce, en nuestro sentir, el Candidato Presidente, las siguientes normas constitucionales: “Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. “Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.” “Artículo 26.Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.” “Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Son deberes de la persona y del ciudadano: 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz”. “Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 3. Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República. 4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. 5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”. “Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.” Al señalar el Candidato Presidente en su publicidad al preguntar “si Usted prestaría a sus hijos para la guerra”, el candidato esta ofendiendo los valores de la institucionalidad militar, esta desconociendo a los ciudadanos que con vocación ingresan a formar parte de la Fuerza Pública de nuestro país, quienes por mandato constitucional contenido en el Artículo 216 de nuestra carta política tiene por mandato expreso lo siguiente: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas” Desconoce el Candidato Presidente que los miembros de la Fuerza Pública no van a la guerra, van a defender con su honor la Constitución, las leyes, las instituciones democráticas y la soberanía nacional. Por último, señores miembros del Consejo Nacional Electoral, recuerden la oración patria que declaman nuestros héroes de la patria todos los días antes de iniciar sus labores: Colombia patria mía Te llevo con amor en mi corazón Creo en tu destino Y espero verte siempre grande, respetada y libre En ti amo todo lo que me es querido tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos y la realización de mis sueños. Ser soldado tuyo, es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano, y llegado el caso morir por defenderte. Por lo anterior solicitamos al Honorable Consejo Electoral, iniciar la investigación de nuestra queja y ordenar que el comercial mencionado sea retirado de los medios de comunicación. Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional de ACORE

Edición 540

Ed i ci ó n 523, s e pti e m b re d e 2012 Pronunciamiento de los oficiales de la Reserva Activa pertenecientes a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE

Carta abierta a la opinión pública

con relación al acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y el grupo terrorista de las Farc

Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla.

Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares, debe ser innegociable. do se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”… “Sobra repetir todo, lo que inexplicablemente se ofrecería en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas, que les permitiría ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas, se les estaría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran alcanzado, a través de su lucha armada”… Al firmar un acuerdo en las condiciones planteadas por esta agenda de discusión ”es lo que haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada. Señor Presidente, tenga la certeza que este no es el caso colombiano”. La única guerra que hemos perdido hasta el momento, es la jurídica en los distintos estrados judiciales. Conscientes de lo ya expresado públicamente a nuestro Comandante en Jefe respecto de éste proceso que se avecina, consideramos también muy pertinente, formular las siguientes consideraciones: 1. Bajo ninguna circunstancia podemos sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones. 2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a tan exageradas demandas, constituiría un daño irreparable al futuro de nuestro país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República. 3. La excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que sería hábilmente explotada por los terroristas. 4. El gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas otorgan a todos nuestros conciudadanos. 5. La paz podría ser la victoria, pero como bien se dice, para alcanzarla, hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus aspiraciones y se sometan a las leyes de la República. Esto no implica exterminar hasta el último terrorista. 6. Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla. 7. No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país. 8. Negociar en medio del conflicto favorece principalmente a los terroristas. Siempre han aprovechado esta circunstancia para intensificar su accionar terrorista y obtener ventajas en la mesa de conversaciones. Debe modificarse la agenda e imponer un cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión, la comisión de otros delitos atroces y la utilización del movimien-

to Marcha Patriótica como brazo político de la organización terrorista. Este movimiento político deberá ser liquidado hasta tanto no se llegue a un acuerdo final de suspensión del conflicto armado. 9. Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares, debe ser innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo, que les impediría lograr en un futuro inmediato, implantar un régimen de extrema izquierda, al estilo los ya existentes en nuestra región. En este proceso de negociaciones, sin duda alguna, tratará de imponer como mínimo, algunas condiciones como la eliminación definitiva del fuero y de la justicia penal militar, revisión de la situación laboral de nuestros combatientes en su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de tipo presupuestal. También podrían incluir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados. 10. Existe gran preocupación en cuanto a la posible negociación de que puedan ser objeto nuestras Fuerzas Militares, tal como se expuso en el numeral anterior. Para evitar este riesgo, los oficiales pertenecientes a las Reservas Activas de nuestras FF. MM. consideran indispensable tener una amplia participación de carácter permanente en las mesas de dialogo previstas y no en mecanismos diferentes como los que le fueron anunciados recientemente al Partido Comunista Colombiano (PCC) por parte del Señor Presidente de la República. Para este propósito, podría pensarse en una representación de tres oficiales, uno por cada fuerza, de los cuales uno actuaria como vocero permanente con carácter de plenipotenciario, llevando la vocería institucional. Para facilitar su gestión, el Ministerio de Defensa constituiría un equipo asesor conformado por especialistas de alto nivel en materia de negociaciones, politólogos, relatores, etc. Las consideraciones anteriores constituyen un decálogo de compromisos que esperamos sean tenidos en cuenta en este importante proceso, el cual a nuestro juicio y como requisitos mínimos, debe finalizar con los siguientes acuerdos: 1. Desmovilización total y entrega de armas. 2. Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización. 3. Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el marco jurídico para la paz de reciente aprobación. La justicia transicional, debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas considerados de lesa humanidad. Finalmente queremos hacer conocer a la opinión pública nacional, nuestra clara intención de respaldar este proceso dentro de las circunstancias aquí planteadas y particularmente a nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, por la decisión tomada en el mismo sentido, la cual ya se ha hecho pública en los diferentes medios de comunicación nacional. Brigadier General Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional de ACORE Bogotá, D.C., 1º. de septiembre de 2012

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En los últimos días del pasado mes de agosto del presente año, diversos medios de comunicación hicieron público un documento secreto, según el cual, el Gobierno Nacional conjuntamente con el grupo terrorista de las Farc, iniciaría próximamente una mesa de conversaciones con el propósito de llegar a un acuerdo final que permitiría la terminación del conflicto armado que se sostiene en el territorio nacional. Este documento, que al parecer es auténtico en todo su contenido, ya que hasta el momento no ha sido desmentido por el Gobierno Nacional, consta de cinco puntos principales, e incluye una agenda pormenorizada sobre temas relacionados con desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos, resarcimiento a las víctimas, acuerdo final y algunas reglas de funcionamiento. El señor Presidente de la Republica confirmó posteriormente la realización de este acuerdo, anunciándole al país tres determinaciones fundamentales: 1. No repetir los mismos errores del pasado. 2. Lograr la terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida. 3. Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional. Al analizar la agenda acordada por los negociadores, salta a la vista que los temas previstos, corresponden en términos generales a los mismos que habitualmente este grupo terrorista ha llevado a otras mesas de negociación realizadas con gobiernos anteriores y que al final, por distintas circunstancias, han terminado en rotundos fracasos, que solo beneficiaron diversos intereses de esta organización criminal. Ojalá no se repita la misma historia, ya que esta ha sido la constante en este tipo de negociaciones. Esta agenda parece redactada en su totalidad por los terroristas. No aparece por ninguna parte temas de interés nacional que el gobierno debe preservar y proteger a toda costa como valores supremos innegociables. La impresión es que solo contiene claras imposiciones de los terroristas y pocas o ningunas de nuestros negociadores. Esto es muy preocupante. La paz, sin duda alguna, es un anhelo nacional y en este momento existe mucho optimismo por parte de importantes sectores de la vida nacional. En esta ocasión, se quiere creer una vez más en la buena voluntad de este grupo armado. Como oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, respecto a este importante y crucial tema, reafirmamos públicamente lo dicho en pronunciamientos anteriores, particularmente en carta abierta que le fuera enviada el pasado 14 de junio del año en curso a nuestro Comandante en Jefe, y de la cual extractamos los siguientes apartes: “Señor Presidente, a la paz, no le tenemos miedo. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar”… ”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (Farc), siempre y cuan-

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Ed i ci ó n 521, j u l i o d e 2012 Pronunciamiento de las Reservas Activas de las Fuerzas Militares al pueblo colombiano

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Carta Abierta Señor Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FF.MM Ciudad Los oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina pertenecientes al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), a la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro (Acolsure) y a la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro (Acosipar), rechazan enfáticamente lo expresado por el Señor Presidente de la República en su intervención del día 12 de los corrientes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, al afirmar categóricamente que “algunos militares retirados han criticado su actitud de ofrecer la posibilidad de paz”, a la cual, supuestamente y bajo ninguna circunstancia, “se le debe tener miedo”. Esta afirmación, hecha a las tropas en una importante ceremonia militar, particularmente, por quien funge como Comandante en Jefe, constituye una aseveración temeraria, sorprendente e inadmisible, al querer disociar a las reservas activas con quienes en el momento actual portan las armas de la República para su defensa. En tal circunstancia, vemos con preocupación y profundo malestar la inexplicable actitud, de quien nunca imaginamos fuera capaz de enviar tan censurable y ofensivo mensaje. Bajo ninguna circunstancia se ha criticado su actitud. Lo que nos preocupa, Señor Presidente, al igual que a muchos sectores de la sociedad colombiana, son algunos de los proyectos de reforma constitucional que se vienen debatiendo en el Congreso de la República. Por una parte, el llamado Marco Jurídico para la paz, impulsado por su gobierno y aprobado recientemente en el Congreso de la República, con el cual se favorece excesiva y generosamente a las organizaciones terroristas, para llevar a cabo una eventual negociación de paz, que supuestamente ya se realiza o se piensa realizar. Sobra repetir todo lo que inexplicablemente se ofrece dentro de este marco legal, en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos te-

rroristas, les permitirá ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror a los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas se les estaría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran alcanzado, a través de su lucha armada. Si esto llegara a ocurrir, no sería extraño que nuestras tropas, como defensoras legítimas del país y de sus instituciones, pudieran terminar en las cárceles, respondiendo injustamente por actuaciones derivadas del cumplimiento de su deber constitucional. Señor Presidente, a la paz, tampoco “le tenemos miedo”. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar. En ninguna parte de este proyecto, se habla de desmovilización y desarme. Tampoco de suspensión de actividades relacionadas con el narcotráfico. En otros términos, es lo que haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada. Señor Presidente, tenga la certeza que este no es el caso colombiano. Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza, siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación anti terrorista adecuada. Colombia es el único país del mundo que enfrenta un conflicto armado de grandes proporciones con legislación de paz y sin Fuero Militar para proteger a sus combatientes. Independientemente de lo anterior, el otro proyecto de acto legislativo sobre Fuero Militar que cursa igualmente en el Congreso de la República, tampoco constituye plena garantía para nuestros combatientes. No es suficientemente confiable por las modificaciones adversas que pueda tener en su trámite, no solo por la duración de este proceso,

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sino también por el resultado final de la revisión y aprobación constitucional, al cual deberá ser sometido. En tales condiciones, la mejor solución en este momento, Señor Presidente, es buscar la revocatoria inmediata del convenio suscrito hace algunos años entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nacion, mediante el cual se suspendió temporalmente y en forma irregular, el Fuero Militar contemplado en la Constitución Nacional. De no poderse revocar, existe también la posibilidad de interponer los recursos legales necesarios para que por razones de urgencia y de seguridad nacional, se agilice el fallo por parte del Consejo de Estado, de la demanda existente por inconstitucionalidad, que lleva más de tres años en espera de un fallo definitivo. Finalmente, Señor Presidente, queremos a través de este pronunciamiento, dejar constancia ante nuestros conciudadanos, que como miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia, hemos hecho una clara y oportuna advertencia, de las graves consecuencias que puede traer para el país estas medidas que se están proyectando. Por otra parte, queremos reafirmar que lo que aquí expresamos, no puede interpretarse, tal como usted lo dice, como una crítica a las “posibilidades de paz que su gobierno ofrece” al pueblo colombiano. Señor Presidente, tenga usted también la plena seguridad de que las Reservas Activas de las Fuerzas Militares “no le tememos a la paz”, y que nuestra gran y única preocupación, como ya se ha dicho, radica exclusivamente en la forma como se podría negociar este delicado proceso. Del Señor Presidente, General Héctor Fabio Velazco Chávez Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM. (ACORE) Sargento Mayor Luis Enrique Villalobos Presidente Nacional Acolsure

Soldado Profesional Germán Hernández Cáceres Presidente Nacional Acosipar Bogotá, D.C., 14 de junio de 2012

Preocupante proceso de paz… ¿Corregirá el rumbo nuestro Comandante en Jefe? ¿Somos realmente enemigos de la paz?

La historia se repite. Dentro de la mayor ingenuidad o indiferencia, hay todavía quienes creen firmemente que la paz puede ser negociada con los terroristas colombianos en forma confiable, real y duradera. Terrible error. Expertos y ladinos en este tipo de procesos aprovecharan estas negociaciones como ya lo han hecho, para evitar temporalmente la presión militar a que están siendo sometidos y luego, una vez recuperados y debidamente fortalecidos principalmente en su sistema financiero, continuarán la lucha armada con mayor ímpetu para acumular riqueza por cuenta del narcotráfico, bajo el consabido pretexto de intentar nuevamente la toma del poder. Esa es precisamente su habitual y exitosa estrategia. Siempre les ha funcionado.

El M-19, disfrutando ahora de las mieles del poder, será, sin duda alguna, su mejor aliado en el futuro. Los triunfos políticos alcanzados le proporcionarán la fuerza requerida para negociar esta alianza en las mejores condiciones. Su vinculación con el movimiento político bolivariano Socialismo Siglo XXI y las Marchas Patrióticas, de las Farc, son un hecho. En las últimas manifestaciones públicas, financiadas por las Farc o quizá por el gobierno venezolano, las banderas del M-19, ondearon a la par con las que identifican este movimiento. No hay que olvidar que las raíces del M-19 tuvieron su origen en las Farc donde se formaron sus principales cabecillas. Este grupo, que no ha desaparecido y que hoy está más fuerte que nunca, es una criatura hibrida de las Farc, tal como históricamente se conoce.

Lo más preocupante es que dentro de este proceso de negociación, aparece nuevamente Sergio Jaramillo Caro, Alto Consejero para la Seguridad Nacional. Este funcionario es persona muy cercana al Presidente, a quien viene acompañando desde cuando se desempeñó como su viceministro de Defesa. Jaramillo, sin duda alguna, es una persona estructurada académicamente y de amplia experiencia como funcionario público. Filósofo y filólogo, graduado en el exterior con varias maestrías, catedrático y ex asesor en temas internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. No obstante su brillante e impactante formación académica, no es persona idónea ni suficientemente confiable, ya que su paso >> SIGUE PAZ pág. 6

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Ed i ci ó n 537, ma r zo d e 2014 Pronunciamiento de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

Golpe mortal a la dignidad institucional

<< VIENE PAZ pág. 5 por el Ministerio de Defensa, no es de grata recordación, por lo que hizo y como lo hizo. Su posición de izquierda radical fue muy evidente. Sus extrañas relaciones con personas desmovilizadas de los grupos terroristas, su cuestionado manejo de fondos oficiales y gastos reservados, sus abusos de poder en el desempeño de su cargo, su forma displicente de tratar a militares de distinto rango y su prepotencia manifiesta en todas sus actuaciones, generó siempre un rechazo general por parte de quienes lo conocieron y tuvieron el infortunio de trabajar a su lado. Su injerencia indebida en varios procesos judiciales adelantados por la justicia ordinaria contra oficiales de mayor rango, creó varios conflictos en nuestras Fuerzas Militares. Su participación en extrañas negociaciones, conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación para la desmovilización de algunos cabecillas de bandas criminales de los Llanos Orientales fueron muy cuestionadas por la opinión pública y denunciadas por la prensa nacional a principios del presente año. Fue el responsable directo de promover e impulsar en el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional, Marco Jurídico para la Paz, con el cual se logró habilitar la llamada justicia transicional y entregar a los terroristas, todo o casi todo a cambio de nada o casi nada, facilitándoles también cuotas importantes de poder sin desmovilización ni entrega de las armas. El Senador ponente de éste proyecto, fue entrenado y preparado metódicamente por este Consejero, para sacar adelante esta peligrosa iniciativa. Fue también artífice de la liquidación del antiguo DAS, y la creación de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, un hibrido que hasta el momento es prácticamente innecesario. Con el argumento de llevar la vocería presidencial en todo lo relacionado con la coordinación de las estrategias que deben ser aplicadas por todos los estamentos del Estado para combatir la inseguridad, se ha abrogado poderes omnímodos, con los cuales ha

cumpliendo gallarda y heroicamente la tarea de defender la Patria y garantizar la seguridad ciudadana frente a cualquier tipo de amenaza que nos afecte.

Bogotá, D.C., 19 de febrero de 2014

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional ACORE Almirante DAVID RENE MORENO MORENO Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes General FABIO ZAPATA VARGAS Presidente Nacional ASORFAC General HERNAN JOSE GUZMAN RODRIGUEZ Comandante División de Infantería José María Córdova Brigadier General RAMIRO BAUTISTA MEZA Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva Brigadier General PABLO HELBERT ROJAS FLOREZ Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE Presidente ACORPOL Coronel LUIS ENRIQUE LARROTA BAUTISTA Presidente Asociación de Coroneles de la Policía Mayor General JAVIER HERNAN ARIAS VIVAS Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara Mayor HERNANDO SAENZ Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte Teniente Coronel MANUEL MORENO RIVEROS Presidente INTERLANZA Teniente Coronel GUILLERMO ENCISO PRIETO Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicaciones "Manuel Murillo Toro" Mayor General GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA Presidente Regimiento Caballería San Jorge

Referencia Periodismo sin Fronteras, medio de difusión de carácter digital, en una de sus más recientes entregas, hace referencia al cuestionado Asesor Presidencial, Sergio Jaramillo Caro, en los siguientes términos: ”Ejemplos tenemos muchos. Sabemos de ‘Ploter’, un peligrosísimo terrorista de las Farc que planeó la masacre de Bojayá donde asesinaron vilmente ancianos, mujeres y niños que estaban en una iglesia. ‘Ploter’ se desmovilizó por una poderosa razón que quedó grabada en una interceptación del Ejército:… porque el Ejército lo tenía acorralado y se iba a entregar temporalmente, engañándolo con un falso deseo de regresar a la civilidad. ‘Ploter’ terminó de ‘amiguito’ de Sergio Jaramillo Caro (hoy Alto Consejero para la Seguridad) manejando presupuestos multimi-llonarios y no fiscalizados; consiguió beca en la Universidad Militar, algo negado para los héroes y mártires de nuestro Ejército, y negado también para sus hijos. Hoy está graduado de la Militar y sigue pegado a Sergio Jaramillo, otro desvergonzado enemigo del Ejército que se lucra de todos sus logros”. generado confusión y gran dificultad para aplicar con eficacia, los planes concebidos para enfrentar las amenazas existentes. Esa sensación de inseguridad reinante en este momento en gran parte de la geografía nacional, así lo demuestra. Las últimas encuestas muestran el 55.44% de inconformidad por la gestión presidencial en esta materia. Sin duda alguna, Jaramillo Caro, es

el funcionario más poderoso de la Presidencia de la República. Es el poder detrás del trono. Asumió la mayor parte de competencias en materia de seguridad nacional. Se hace lo que él dice, aunque no tenga razón y pocos lo respeten. Muchos de sus errores aún persisten. El Manual de Derecho Operacional, obra de su autoría, no responde a las distintas circunstancias del combate. La ley de Inteligencia que proyectó, contiene disposiciones muy restrictivas que generan graves limitaciones a quienes deben desempeñarse en este campo. Colombia es el único país en conflicto armado que ha sido capaz de producir un engendro de tal naturaleza. Puso los servicios de inteligencia al margen de la ley. Su condición de ‘experto’ en asuntos de seguridad nacional, está llevando al gobierno y al país por caminos muy equivocados. Su total desconocimiento de las realidades del combate, de las características de la confrontación armada y de la guerra irregular, lo han convertido en personaje polémico y peligroso. Por tal motivo, es frecuentemente rechazado por otros funcionarios del Estado, que tienen a su cargo importantes responsabilidades en materia de seguridad. Con su forma de actuar, no existe la menor duda, que es más lo que favorece a los enemigos del Estado y de sus instituciones, que a quienes tienen la obligación de protegerlos. Un personaje de estas características, conflictivo, de un ego superlativo, ansioso de protagonismo, y especialmente de dudosa posición ideológica, no puede ser suficientemente idóneo y confiable para manejar un proceso tan delicado como es el de negociar la paz con los terroristas. Si para completar, tal como lo han anunciado algunos medios de comunicación, en el sentido de que este proceso se está o se estaría realizando afanosamente a través del gobierno de Venezuela con asesoría de los cubanos, nada bueno le puede esperar a la nación colombiana.

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional de ACORE

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La Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, reunida nuevamente en forma extraordinaria con el propósito de analizar y evaluar la preocupante situación que vienen generando las continuas y gravísimas imputaciones formuladas por la revista Semana y otros medios que disponen de información privilegiada contra el Ejército Nacional, ha tomado la determinación de hacer pública una vez más su indignación, por los gravísimos efectos que esta inexplicable y censurable actuación, está produciendo en el país y en nuestras instituciones armadas. Consecuente con lo anterior, resuelve: 1. Rechazar una vez más la campaña mediática de desprestigio que sistemáticamente se viene promoviendo por estos medios de comunicación contra el Ejército Nacional, sus servicios de inteligencia y prestantes miembros de sus más altas jerarquías, por infundadas acciones ilegales y por supuestos hechos de corrupción generalizada, que hasta el momento no han sido comprobados por los entes investigativos y organismos de control facultados legalmente para el efecto. 2. Reconocer los invaluables y meritorios servicios prestados a la nación por los señores Generales de la República, que afectados por las temerarias acusaciones habilidosamente utilizadas en este bochornoso escándalo de prensa, ocasionó su retiro forzoso del servicio activo, sin existir hasta el momento justificación suficientemente valedera. 3. Solicitar a la Fiscalía General de la Nación, que se informe lo más pronto posible y con suficiente claridad a la opinión pública nacional, sobre el porqué de las flagrantes y continuas violaciones a la reserva sumarial de los procesos penales que allí se adelantan sobre estos posibles hechos, con el consecuente e irreparable daño a la buena imagen de una respetable institución de nuestra Fuerza Pública y al prestigio y buen nombre de varios de sus integrantes. 4. Respaldar en estos momentos de incertidumbre y preocupación, a los distintos niveles del mando de las instituciones castrenses y reafirmar nuestro compromiso de respeto total al poder civil de la nación, como plena garantía para la vigencia de las instituciones democráticas que nos rigen. 5. Reclamar nuevamente a la sociedad colombiana, el apoyo unánime a nuestros soldados y policías, que con gran espíritu de sacrificio, seguirán

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Ed i ci ó n 538, a b ri l d e 2014 Intervención del Presidente Nacional de ACORE, en representación de la Reserva Activa, en el acto religioso convocado por el futuro de nuestras más grandes y caras instituciones: FF.MM. y Policía Nacional.

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Indignación institucional por ofensiva mediática sin precedentes “Los hechos recientes que están generado gran indignación institucional, originados por un escándalo sin precedentes contra el Ejército Nacional y sus máximas jerarquías, no tiene antecedente alguno en la historia de este país. Con este escándalo periodístico se ha querido enlodar la institución más querida y respetada por el pueblo colombiano, como parte de la estrategia que insistentemente hemos venido denunciado, con relación a la guerra política y la guerra jurídica, que desde tiempo atrás, vienen desarrollado las organizaciones terroristas y la extrema izquierda radical, nacional y extranjera, contra nuestra institucionalidad y contra los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Este montaje o show mediático de desprestigio, sobre supuestas acciones ilegales carentes hasta el momento de verdad jurídica, no han sido comprobadas por ninguno de los entes de control, que de inmediato abocaron las correspondientes investigaciones, según sus respectivas competencias en el campo penal, disciplinario y administrativo. El daño causado a nuestro Ejército Nacional y, en particular, a nuestros servicios de inteligencia y aviación militar, herramientas claves en la lucha contra los grupos armados ilegales, es irreparable. Se le está otorgando a través de algunos medios de comunicación, equivocada o intencionalmente, grandes ventajas políticas y militares a las organizaciones terroristas que nos afectan. Las humillantes, apresuradas y desproporcionadas sanciones que ya fueron aplicadas contra las máximas jerarquías de esta respetable institución, están produciendo graves efectos en la moral y el prestigio, no solamente del Ejército nacional, sino también en todas nuestras Fuerzas Militares. Estos habilidosos montajes de desprestigio, no

son fruto de la casualidad; corresponden a un peligrosísimo plan orquestado sistemáticamente por fuerzas oscuras claramente identificadas para debilitar la acción de la Fuerza Pública y favorecer la actividad criminal de los grupos armados ilegales. Se pretende con esto, desestabilizar el país, atacando de esta manera, a sus más caras y valiosas instituciones. Al querer desprestigiar únicamente el Ejército Nacional, tal como se está haciendo y no a otras instituciones del Estado, por hechos suficientemente conocidos de corrupción plenamente comprobados, se podría estar buscando o aclimatando ante la opinión pública nacional e internacional, la justificación y el respaldo requerido, para una reestructuración a fondo de las FF.MM. en cuanto a sus funciones, doctrina, organización, pie de fuerza y a su responsabilidad actual en cuanto al control territorial y orden publico interno. Esto lo lograrían a través de un desmantelamiento gradual y progresivo, con los preocupantes efectos que tal medida representa. Sobre este particular, existe entre nosotros gran temor y desconfianza, sobre todo lo que pueda ocurrir como consecuencia de un eventual posconflicto originado dentro del proceso de negociación que en este momento se adelanta en La Habana. El exceso de concesiones, ya lo hemos dicho, constituye una muestra de debilidad que desfavorece al Estado y proporciona grandes ventajas a estas organizaciones terroristas. Los temas de mayor preocupación tienen que ver específicamente, con la falta de claridad existente respecto a las reformas legales y constitucionales que resultaren de los diferentes acuerdos que se realicen en materia de política agraria, zonas de reserva campesina, control del orden público in-

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terno en cuanto a presencia militar, dejación y no entrega de armas, cuotas de participación política en el Congreso de la República, cultivos ilícitos y política antidrogas, reinserción y acción penal para desmovilizados, entre otros. Consecuente con lo anterior, es obligante destacar e insistir nuevamente, que de continuar este atroz e inexplicable asedio jurídico contra los miembros de la Fuerza Pública, se frenará paulatinamente la acción legítima que les corresponde en materia de seguridad, defensa nacional y tranquilidad pública, con el peligro que esto representa. Frente a esta gravísima amenaza, también es necesario tener que reclamar por la indiferencia e inexplicable silencio del Gobierno para defender pública y enérgicamente al Ejército Nacional, víctima de esta inaceptable y reprochable agresión a que está siendo sometido por parte algunos medios, que de manera especial, gozan de información privilegiada o de carácter preferente para causarnos el daño que vienen realizando. La única defensa visible es la que estamos haciendo las asociaciones de la Reserva Activa y algunos sectores de la sociedad, que también han hecho pública su gran indignación por este mismo motivo. Si esto continua, será muy difícil contener la amenaza terrorista y su consecuente fortalecimiento político en alianza con distintas corrientes progresistas o neocomunistas, que buscarán a corto o mediano plazo, el poder político a través de la vía democrática, para implantar un nuevo régimen, al estilo de los ya existentes en varios países de la región. ¡Que Dios salve a Colombia¡ proteja sus instituciones, a todos nuestros conciudadanos, y en particular a sus FF.MM. y Policía Nacional, únicas garantes para su defensa y seguridad”. Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2014

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Ed i ci ó n 537, ma r zo d e 2014 COMUNICADO DE ACORPOL

Fuerzas oscuras buscan desmoralizar y desprestigiar a la Fuerza Pública Las recientes informaciones sensacionalistas de los medios de comunicación con el retiro de unos Oficiales en el grado de General de la Fuerza Pública, sin haberse cumplido el debido proceso que demuestre su responsabilidad individual, afectan la imagen institucional, la dignidad y el buen nombre de oficiales que con sacrificio le han servido al país. La noticia muy resaltada, ha generado dentro de la comunidad nacional e internacional un desprestigio, propósito de los enemigos de la Fuerza Pública. Esta situación que atenta contra la institucionalidad y los derechos humanos de los oficiales afectados, genera enérgico rechazo de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, Acorpol, demanda del Gobierno Nacional la defensa institucional de la Fuerza Pública. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional protectoras y defensoras de los derechos humanos, conformada por soldados y policías colombianos comprometidos con la misión constitucional, llegando a exponer su vida, integridad

personal y la de sus familias, no merecen este trato injusto e inaceptable que proviene de propósitos oscuros de los enemigos del orden que han penetrado los medios de comunicación para generar impactos mediáticos que atentan y desprestigian las instituciones y desmoralicen a los hombres que la integran. Confiamos que la justicia en su sabiduría sabrá establecer la realidad de los hechos y se den a conocer en el menor tiempo posible; jamás impunidad, por el contrario fuimos, somos y seremos hombres cumplidores y fieles a la ley como también a los principios constitucionales; quienes integramos Acorpol esperamos que en el proceder futuro se realice con mesura, prudencia y cuidado de las instituciones armadas, patrimonio nacional.

Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE Presidente Nacional Acorpol

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Ed i ci ó n 537, ma r zo d e 2014 COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Apoyo irrestricto al liderazgo de sus comandantes

Ed i ci ó n 537, ma r zo d e 2014

para que el alto funcionario de pronto cayera en respuestas comprometedoras, afortunadamente no fue así y al parecer las intenciones del periodista se disiparon. Ya ha transcurrido una semana de persistentes noticias sobre el relevo del mando, pero todas son repeticiones de hechos suficientemente conocidos por la opinión nacional y entonces surge la disyuntiva de identificar cual es la verdadera intención de los directivos de estos medios. Si causar más daño a nuestras FF.MM. o simplemente aumentar sus ventas. Pero no todo está tiznado. Existe un puñado de periodistas serios y de reconocida trayectoria profesional, que afortunadamente han analizado con detenimiento lo ocurrido y ratifican su apoyo a las Fuerzas Armadas colombianas e invitan a todos sus lectores a que también lo hagan. Esperemos que toda esta nebulosa se despeje pronto y que brille la verdad sin importar el precio, pues solamente bajo esas circunstancias el país podrá recobrar su fe en las instituciones y apoyar la búsqueda de los objetivos nacionales. La Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana censura de manera enfática, las irresponsables y continuas agresiones de algunos medios periodísticos a los mandos del Ejército Nacional por supuestos actos de corrupción, que se encuentran en investigación sin ninguna comprobación hasta la fecha y que de alguna manera influyen en la conducción de los operativos de orden público. Así mismo, ratifica en forma incondicional su apoyo irrestricto al liderazgo que todos los comandantes ejercen sobre su personal, como una garantía permanente para salvaguardar la vigencia de las instituciones patrias y los derechos constitucionales de todos los colombianos. General FABIO ZAPATA Presidente Nacional ASORFAC

Cierre de Edición

Asociación de Suboficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana - Asurfac

El carácter de nuestros soldados no sucumbirá ante estas oscuras pretensiones

La Asociación de Suboficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Asurfac, rechaza enfáticamente las sindicaciones y señalamientos que en los últimos días han publicado algunos medios, que desfavorecen a nuestra Fuerza Pública, tal vez haciendo eco a los intereses de sectores de nuestra sociedad que pretenden enlodar el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas y quebrantar el espíritu de cuerpo, la voluntad y el ánimo de sus hombres y mujeres, que trabajan con indeclinable vocación para salvaguardar la seguridad, la vida, la tranquilidad y la paz de todos los colombianos.

Pero esto no sucederá porque su carácter está forjado con el temple del acero y no sucumbirá antes estas oscuras pretensiones y su fe en la causa los mantendrá firmes y constantes frente a sus deberes constitucionales. La Junta Directiva de Asurfac, sus funcionarios, cada uno de sus afiliados, expresan por conducto de la Presidencia, su total respaldo y acompañamiento a todos los soldados, marineros, aviadores y policías de la patria. TP JOSÉ ARNOLDO ALZATE GIRALDO Presidente

PERIÓDICO ACORE

DE JUNIO

Envíe sus artículos y colaboraciones al correo: periodico@acore.org.co

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Con sorpresa y profunda indignación nuestra Asociación registra la aleve patraña periodística que la revista Semana ha levantado en contra del Ejército de Colombia. Pero lo que mayor desconcierto causa es la resonancia que ha encontrado el aun presunto comunicado en los medios de todo el país, en la clase política y, en general, en todos aquellos personajes oportunistas y malquerientes de nuestras Fuerzas Militares. La forma como obtuvo el magazine las estridentes informaciones no ha sido revelada, pero se sospecha que fue a través de un oficial subalterno de la misma institución. Si es cierto, se trata de un método a todas luces infame y corrupto. Pero como siempre, la falta de carácter y de responsabilidad periodística se hace nuevamente presente en este lamentable episodio que, sin duda alguna, afecta las estrategias que estaban desarrollándose bajo la dirección operativa de los que salen de la institución castrense. Nos parece, inclusive, que a causa del escándalo de semana, algunas de las decisiones que afectaron el alto mando de nuestras Fuerzas Militares fueron tomadas en caliente, en especial la correspondiente al Comandante General. Esta no es una referencia para pensar que los operativos contra las fuerzas terroristas y el narcotráfico vayan a disminuir, por supuesto que no, sin embargo, es inevitable que de alguna forma se afecte la moral y el entusiasmo en toda la tropa. Esperemos que la recuperación del ánimo combativo de nuestros soldados se produzca en el menor tiempo posible y que los éxitos operativos continúen fortaleciendo la esperanza de los colombianos que siguen firmes en su apoyo al Ejército, a la Armada a la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional. Por otro lado, en una entrevista que publica El Tiempo, en su edición del 22 de febrero, al señor Ministro de Defensa sobre el episodio de la semana pasada, nuevamente se hace presente la falta de profundidad y de sentido profesional del entrevistador, pues casi todas la preguntas pretendían colocar cáscaras,

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Pronunciamiento

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de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional La Mesa de Trabajo Permanente (MPT) de la Reserva Activa, ha venido estudiando distintos temas de interés institucional, que a la postre, se han convertido en hechos muy preocupantes por su estrecha relación con la misión constitucional que le corresponde a la Fuerza Pública y sus graves efectos en la moral y el bienestar de quienes la conforman. Estas graves preocupaciones ya fueron dadas a conocer al Gobierno a través del Ministro de Defensa y de los nuevos altos mandos de la cúpula militar en reciente reunión realizada en la sede de ACORE. Este es el resumen de las grandes preocupaciones a que se hace referencia: 1. Informe reciente del Centro de Memoria Histórica Este informe, ya hecho público y oficialmente aceptado por el gobierno nacional, nos afecta institucionalmente porque la mayor parte de su contenido, no se ciñe a la verdad histórica de los acontecimientos. Se tomaron veintiún casos emblemáticos para evaluar y calificar tendenciosamente la actuación de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado que ha enfrentado el pueblo colombiano en los últimos cincuenta años, haciéndola responsable de la violencia registrada durante este periodo. Los autores de este informe, cumplieron una tarea evidentemente sesgada y politizada, distorsionando la realidad de los hechos. Al final se presenta a la fuerza pública, ni más ni menos, como una peligrosa organización criminal causante de muchos excesos dentro de la contienda armada. No se cuenta la realidad de la barbarie de los diferentes grupos delincuenciales como las FARC, el ELN y las bandas criminales que han cubierto de sangre el territorio colombiano. 2. Perdida de mar territorial en el archipiélago de San Andrés y Providencia y actuaciones inamistosas de otros países Frente a los últimos pronunciamientos del Gobierno, nos quedan grandes interrogantes en el sentido de cuál es el verdadero significado de la decisión de no aplicar el fallo de la Haya, y sus efectos en materia de seguridad y defensa nacional para las Fuerzas Militares, en cuanto a control marítimo y ejercicio de la soberanía. ¿Hay efectivamente un control territorial en la zona? Sabemos que estamos patrullando el meridiano 82 ¿Cuál va a ser el procedimiento jurídico en defensa de nuestro archipiélago y sus aguas jurisdiccionales? ¿Por qué razón no se ha acogido la tesis expuesta por una distinguida ex canciller de la Republica, en el sentido de utilizar el recurso de revisión frente al fallo de la Haya, al existir pruebas validas sobre hechos nuevos descubiertos recientemente según documento que al parecer ya está en poder de la Cancillería?. El plazo para interponer este recurso, vence el próximo 12 de diciembre. 3. Beneficios jurídicos y procesales para la Fuerza Pública en caso de un posconflicto Se trata de un asunto muy controvertido porque hay quienes piensan que no se debería aceptar oferta alguna en el sentido de obtener beneficios al igual que los terroristas, dentro del proceso de negociación. Gran parte de los miembros de la Fuerza Pública procesados y sentenciados en la mayoría de los casos en forma irregular, se vieron involucrados dentro del conflicto por la defensa del país. Sin embargo, cuando se visitan los centros de reclusión militar, donde hay quienes reclaman con sobrada razón, que han sido víctimas de una serie de irregularidades procesales, falta de garantías y utilización sistemática de falsos testigos, con condenas humillantes e inaceptables, entonces se ve la necesidad de buscar soluciones alternas, como las que podría ofrecer la negociación del conflicto armado en materia de justicia transicional. En estas condiciones, si este proceso de terminación del conflicto armado se va a dar, y si se van a otorgar beneficios judiciales para los terroristas, por simple equidad y dentro del concepto de la simetría

jurídica, hay que buscar la forma de obtener estos mismos beneficios para nuestros combatientes. No vemos otra alternativa diferente. 4. Intensificación ofensiva judicial contra miembros de la Fuerza Pública Sobre este punto se recordó que no se trata de algo nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás en forma persistente y sistemática. Últimamente esta ofensiva se ha intensificado mediante un habilidoso uso de los distintos medios de comunicación, para comprometer y poner en la picota publica a miembros de la fuerza pública de la más alta graduación, en distintos procesos sobre supuesta violación de derechos humanos. Se utiliza como argumento principal la necesidad de buscar a los ‘máximos responsables’ y la ‘priorización’, como recurso indispensable para resolver estos casos. A este coro se unen varias ONG y organismos internacionales de justicia, para los cuales como militares, tradicionalmente les hemos sido personajes de muy pocos afectos. Este es un tema muy preocupante y que tiene que ver en forma directa con la guerra jurídica de que es víctima el Estado y particularmente su fuerza armada. Esta guerra jurídica que tanto nos afecta, requiere en forma urgente la atención debida por parte del gobierno y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal establecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en el menor tiempo posible, sus peligrosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes. Por otra parte, la inexplicable posición asumida recientemente por parte del Ministerio de Justicia y de la Oficina de Defensa Jurídica de la Nación, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de aceptar inexplicablemente la responsabilidad de agentes del estado en desapariciones y torturas en el holocausto del Palacio de Justicia, sin existir plena prueba ni verdad jurídica sobre tales hechos, constituye una ofensa a la institución y al honor de nuestros soldados y policías con efectos irremediables. 5. Hundimiento Acto Legislativo Fuero Penal Militar El acto legislativo que dio vida al nuevo fuero penal militar, fue demandado por organizaciones de la extrema izquierda y declarado inexequible por la Corte Constitucional, aduciendo vicios de forma en su tramitación. Se supone que una vez sea ejecutoriado este anunciado fallo, automáticamente entra en vigencia el artículo 221 de nuestra Constitución, con las graves limitaciones que lo afectan en razón de varias jurisprudencias previamente emitidas por esta misma Corte. En el momento actual, nuestros combatientes continúan sin la seguridad jurídica requerida para cumplir la misión institucional. En consecuencia, seguimos sometidos al capricho de algunos miembros de la justicia ordinaria. La posición de la Fiscalía General de la Republica, según sus continuos pronunciamientos, es abiertamente desfavorable a los intereses institucionales de las FF.MM. y de la Policía Nacional. En estas circunstancias, es de suponer, que se intensificara la persecución jurídica contra los miembros de la fuerza pública. 6. Proyecto creación Ministerio de Seguridad Ciudadana Existe concepto unánime en la reserva activa de la fuerza pública, en el sentido de que “no queremos que se nos divida”. Sería un error gravísimo en este momento. No es conveniente. No podemos perder todo lo que se ha logrado en el trabajo de equipo y lo que la Policía Nacional ha alcanzado profesionalmente, como prestigiosa institución, para colocarla como una dependencia secundaria adscrita a un Ministerio, en una posición y en un nivel que no le corresponde. 7. Recuperación del derecho al voto para la Fuerza Pública en servicio activo El proyecto de ley para permitir el sufragio a los

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, ya está haciendo tránsito en el Congreso de la República. No será fácil lograr la aprobación de este proyecto. Se necesita también el beneplácito del gobierno para respaldar esta iniciativa. Hemos venido socializando este proyecto con varios sectores políticos con muy buena aceptación hasta el momento. 8. Defensa Técnica para miembros de la Fuerza Pública Se trata de un tema de vital importancia. Actualmente hay cerca de quince mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales ante la ausencia del fuero penal militar. Se requiere con urgencia constituir en forma inmediata la infraestructura requerida para darle vigencia plena a este importante proyecto. Cerca de siete mil hombres, especialmente del Ejército, se encuentran encartados en procesos judiciales por actos del servicio y encarcelados en centros de reclusión militar. De estos, escasamente hay unos seiscientos condenados. La mayoría reclama justicia por considerarse totalmente inocentes y otros por cuanto manifiestan no tener por qué responder a la jurisdicción y competencia ordinaria por actos del servicio cometidos en cumplimiento de la misión institucional. Reclaman el debido proceso y plenas garantías para su defensa. No piden ningún tipo de impunidad. En búsqueda de algunas soluciones, se logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para atender todo tipo de inquietudes, quejas y reclamos, por errores procesales que se hayan cometido contra miembros de la fuerza pública por parte de funcionarios de esta entidad. Hasta el momento, no tenemos, o no conocemos resultados de ninguna índole. El proyecto de ley requerido para la defensa técnica de nuestros combatientes, fue radicado recientemente en el Congreso de la Republica. 9. Acreditación de las víctimas de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado A pesar de que la norma legal respectiva así lo contempla, es muy poco lo que se ha logrado en este sentido. Se habla de un poco menos de 300 personas vinculadas a la fuerza pública que han reclamado y les han tramitado este derecho. Sin embargo, no se conoce ninguna respuesta a quienes resultan beneficiarios en su condición de víctimas de las organizaciones terroristas y bandas de delincuencia organizada. 10. Restructuración del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares Este tema no es nada fácil, porque para su solución, es necesario unificar todo el sistema, regionalizarlo y sistematizarlo para llegar con todos los servicios de salud a las diferentes guarniciones y zonas del país. El servicio actual es deprimente En términos comparativos, es mucho más eficiente cualquier sistema prepago o el mismo sisben. Este sistema requiere una reingeniería total a un costo significativo. A nivel Ministerio de Defensa y Comando General de las FF.MM., se está trabajando en tal sentido, y solo esperamos el apoyo total del gobierno nacional para lograr su cometido. 15 de noviembre de 2013

Almirante David René Moreno, Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes General Fabio Zapata Vargas, Presidente Nacional Asorfac General Hernán José Guzmán Rodríguez, Comandante División de Infantería José María Córdova Brigadier General Ramiro Bautista Meza, Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva Brigadier General Pablo Helbert Rojas Flórez, Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate, Presidente Acorpol Coronel Luis Enrique Larrota Bautista, Presidente Asociación de Coroneles de la Policía. Mayor General Javier Hernán Arias Vivas, Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara Mayor Hernando Sáenz, Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte Teniente Coronel Manuel Moreno Riveros, Comandante Interlanza Teniente Coronel Guillermo Enciso Prieto, Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicaciones Murillo Toro Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, Presidente Regimiento de Caballería San Jorge

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Pronunciamiento ACORE y el acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista de las Farc para la finalización del conflicto armado.

Compromiso presidencial:

• No repetir los mismos errores del pasado. • Lograr la terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida. • Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional. • “Señor Presidente, a la paz no le tenemos miedo; a lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma de negociar”. • ”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (Farc), siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”. • “La única guerra que hemos perdido hasta el momento es la jurídica en los estrados judiciales”. • “Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla”.

este no es el caso colombiano”. La única guerra que hemos perdido hasta el momento, es la jurídica en los distintos estrados judiciales. Conscientes de lo que fue expresado públicamente a nuestro Comandante en Jefe respecto de éste proceso, consideramos también muy pertinente formular las siguientes consideraciones: 1. Bajo ninguna circunstancia podemos sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones. 2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a exageradas demandas, constituiría un daño irreparable al futuro de nuestro país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República. 3. La excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que será hábilmente explotada por los terroristas. 4. El Gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas les otorgan a todos nuestros conciudadanos. 5. La paz puede ser la victoria, pero como bien se dice, para alcanzarla hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus aspiraciones y se sometan a las leyes de la República. Esto no implica exterminar hasta el último terrorista. 6. Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla. 7. No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país. 8. Negociar en medio del conflicto, ofrece ventajas y desventajas. Esta organización criminal tratará de aprovechar esta circunstancia para intensificar su accionar terrorista y obtener algunos beneficios en la mesa de conversaciones. En un momento oportuno, deberá imponerse un cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión y la comisión de otros delitos atroces que perturben la tranquilidad ciudadana. 9. Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares debe ser innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo que les impediría lograr en un futuro inmediato implantar un régimen extremista, al estilo de los ya existentes en nuestra región. En este proceso de negociaciones, sin duda alguna tratarán de imponer, como mínimo, algunas condiciones como la eliminación definitiva del Fuero y de la Justicia Penal Militar, la doctrina de seguridad nacional, la revisión de la situación laboral de nuestros combatientes en su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de tipo presupuestal. También podrían incluir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados. 10. Existe gran preocupación en cuanto a la posible negociación de que puedan ser objeto nuestras Fuerzas Militares, tal como se expuso en el numeral anterior. Para evitar este riesgo, los oficiales pertenecientes a la Reserva Activa de nuestras FF.MM., consideraron indispensable tener una amplia participación de carácter permanente en las mesas de dialogo previstas y no en mecanismos diferentes como los que le fueron anunciados al Partido Comunista Colombiano (PCC) por parte del Presidente de la República. Para este propósito, se propuso la designación de un Oficial que actuaría como vocero permanente con carácter de plenipotenciario, llevando la representación institucional. Tal propuesta, fue oportunamente aprobada. Las consideraciones anteriores fueron presentadas como un decálogo de compromisos, con la esperanza de que sean tenidos en cuenta en este importante proceso, el cual a nuestro juicio y como requisitos mininos, debe finalizar con los siguientes acuerdos: 1. Desmovilización total y entrega de armas. 2. Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y, bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización. 3. Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el Marco Jurídico para la Paz. La justicia transicional debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas considerados de lesa humanidad. Finalmente, queremos reafirmar una vez más, nuestra clara intención de respaldar este proceso dentro de las circunstancias aquí planteadas, esperando que los resultados que sean obtenidos, constituyan el primer paso para lograr ese anhelo nacional de conseguir una paz firme y duradera, con la plena aceptación y satisfacción de la totalidad del pueblo colombiano.

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional ACORE Bogotá, D.C., 18 de julio de 2013

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A finales de agosto de 2012, los medios de comunicación hicieron público un documento secreto, según el cual, el Gobierno Nacional conjuntamente con el grupo terrorista Farc, iniciaría una mesa de conversaciones con el propósito de llegar a un acuerdo final que permitiría la terminación del conflicto armado en el territorio nacional. Este documento, que posteriormente fue confirmado como auténtico, constaba de cinco puntos principales, e incluía una agenda pormenorizada sobre temas relacionados con desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos, resarcimiento a las víctimas, acuerdo final y algunas reglas de funcionamiento. El Presidente de la Republica, confirmó en su momento la realización de este acuerdo, anunciándole al país tres determinaciones fundamentales sobre las cuales se pondrían en ejecución inmediata: 1. No repetir los mismos errores del pasado. 2. Lograr la terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida. 3. Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional. Al analizar la agenda acordada por los negociadores, salta a la vista que los temas previstos, corresponden, en términos generales, a los mismos que habitualmente este grupo terrorista ha llevado a otras mesas de negociación con gobiernos anteriores y que, al final, por distintas circunstancias, han terminado en rotundos fracasos, que solo beneficiaron intereses de esta organización criminal. Esperábamos en ese momento que no se repetiría la misma historia, ya que esta ha sido la constante en este tipo de negociaciones. Al observar esta agenda, el concepto generalizado fue que parecía redactada por los terroristas. No se veía por ninguna parte temas de interés nacional que el gobierno debe preservar y proteger a toda costa como valores supremos innegociables. La impresión fue que solo contenía claras imposiciones de los terroristas y pocas o ningunas de nuestros negociadores. Esto era muy preocupante. La paz, sin duda alguna, siempre ha sido un anhelo nacional y en esas circunstancias, se quiso creer, una vez más, en la buena voluntad de este grupo armado. Como oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM., respecto de este importante y crucial tema, reafirmamos en ese momento lo dicho en pronunciamientos anteriores, particularmente en carta abierta que le fuera enviada el 14 de junio del año pasado a nuestro Comandante en Jefe, y de la cual extractamos los siguientes apartes: • “Señor Presidente, a la paz no le tenemos miedo. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar”. • ”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (Farc), siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”. • “Sobra repetir todo, lo que inexplicablemente se ofrecería en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas, que les permitiría ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror en los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas se les estaría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran alcanzado, a través de su lucha armada”. Al firmar un acuerdo en las condiciones planteadas por esta agenda de discusión, “haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada. Señor Presidente, tenga la certeza que

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Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen R E S E R VA A C T I VA D E L A S F F. M M .

Pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) Referencia: proceso de negociaciones con el grupo terrorista Farc para terminación del conflicto armado. (Punto tres agenda- Posconflicto).

En el punto tres de la agenda en referencia se trata lo relacionado con los compromisos a que se podría llegar en la fase final del conflicto, una vez se formalice un acuerdo de paz definitivo con el grupo terrorista Farc. En esta última fase, sin duda alguna la más compleja de este proceso, es indispensable definir con claridad, como punto de partida, todo lo relacionado con el cese al fuego, el desarme y la reinserción de quienes se desmovilicen dentro de las condiciones que sean pactadas. También tendrá que incluir, temas vitales respecto a la restitución de tierras, retorno de desplazados, acción jurídica contra los desmovilizados, inversiones en infraestructura de zonas afectadas, reparación de víctimas, papel de las FF.MM. y de la Policía Nacional y otras acciones por parte del Estado, que permitan la consolidación real y efectiva de este proceso y que garanticen el estricto cumplimiento de los acuerdos pactados. Sobre este particular y sobre este mismo tema, ACORE, en representación del cuerpo de oficiales de la Reserva Activa, reafirma lo ya expresado en carta abierta a la opinión pública en el mes de septiembre del año pasado, de la cual se considera oportuno, extractar los siguientes apartes: 1. "Dentro de este proceso, bajo ninguna circunstancia se pueden sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones. 2. Un manejo político inapropiado o equivocado frente a demandas exageradas, constituiría un daño irreparable al futuro del país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República y de sus instituciones. 3. La excesiva generosidad del Estado en este proceso, puede constituir una gran muestra de debilidad que será hábilmente explotada por los terroristas. 4. El Gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas otorgan al común de nuestros conciudadanos. 5. 5. Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Armadas altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla. 6. No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y miembros de la Fuerza Pública que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país. 7. Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Armadas y con los principios fundamentales que rigen la seguridad y defensa de este país, debe ser innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar y policivo, para lo cual tratarán de imponer algunas condiciones tales como la eliminación definitiva del fuero y de la Justicia Penal Militar y de Policía, revisión de la situación laboral de la Fuerza Pública en su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de

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tipo presupuestal. También podrían exigir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados. El cese al fuego deberá ser de carácter unilateral. Quienes tienen 8. que silenciar las armas son los terroristas y no las Fuerzas Armadas de la República. El cese al fuego y de hostilidades deberá iniciarse en el momento mismo en que se firme el acuerdo final para la terminación del conflicto. 9. Por elementales principios de igualdad, los miembros de la Fuerza Pública que se vean incursos en investigaciones penales por causa o razón del conflicto, deberán ser objeto de un tratamiento similar a quienes resulten favorecidos con los beneficios que otorga el llamado marco jurídico para la paz y la justicia transicional. 10. Por razón de estos mismos principios de igualdad, los miembros de la Fuerza Pública que se han visto afectados por causa del conflicto armado, deberán recibir los mismos beneficios que sean otorgados a quienes se consideren víctimas de este mismo conflicto. El marco de tiempo para reconocer estos beneficios, no puede ser inferior al tiempo en que hizo su aparición esta organización terrorista. Consecuente con lo anterior, esperamos que todas estas consideraciones, sean tenidas en cuenta en este importante proceso, el cual a nuestro juicio y como requisito mínimo, debe finalizar con los siguientes acuerdos: 1. Desmovilización total y entrega de armas. No ‘dejación’ como se pretende. En caso de no ser entregadas al Estado colombiano, podrían hacerlo a los países garantes o facilitadores del proceso (Noruega o Chile), los cuales actuarían como depositarios o custodios para garantizar su tenencia. 2. Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político, para que pueda ser efectiva su penalización. 3. Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el marco jurídico para la paz de reciente aprobación. La justicia transicional, debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas considerados de lesa humanidad. Brigadier General Jaime Ruiz Barrera Presidente Nacional Brigadier General IM Coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas Pastor Duarte Hernández Primer Vicepresidente ARC Segundo Vicepresidente FAC

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2013

Acompañamos el proceso de paz porque es un anhelo nacional: BG Ruiz Barrera La preocupación del pueblo colombiano no está solamente en las FF.MM. que están peleando en el monte, está también en todo lo que ocurre en el territorio nacional y lo que piensan los Generales que en otras épocas fueron protagonistas en diversas situaciones relacionadas con la seguridad y defensa de este país, bajo esa óptica, el periodista de RCN la Radio, Antonio José Caballero (q.e.p.d.), quiso conocer de primera mano las opiniones del brigadier general Jaime Ruiz Barrera, sobre varios temas del acontecer nacional, en especial lo que tiene que ver con la posición de la Reserva Activa sobre los diálogos de paz de La Habana. Antonio José Caballero. AJC. ¿Cómo reciben el tema de las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana para una eventual terminación del conflicto armado? Brigadier general Jaime Ruíz Barrera. BGJRB. Lo más importante es decir en

forma clara y categórica, que no somos enemigos de la paz y que acompañamos este proceso porque es un anhelo nacional. Bajo ninguna circunstancia lo hemos rechazado. Nos preocupó en un principio cuando comenzó a filtrarse la información de que algo había sobre el particular y los comentarios que surgieron de poderse estar negociando a espalda del país en circunstancias que podrían ser muy desfavorables. Cuando el Presidente de la República confirmó que efectivamente existía una negociación con el grupo terrorista de las Farc y se dio a conocer la agenda acordada para la iniciación de conversaciones, hice algunas consultas en nuestra Asociación para fijar una posición frente a este proceso. La respuesta fue favorable y en tal sentido hicimos un pronunciamiento formal que dimos a conocer mediante carta abierta a la opinión pública. En este pronunciamiento planteamos varias consideraciones y recomendaciones, que a juicio nuestro, deberían >> SIGUE ENTREVISTA pág. 13

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<< VIENE ENTREVISTA pág. 12 tenerse en cuenta para no repetir los mismos errores cometidos en negociaciones similares realizadas en el pasado con esta organización terrorista. Queríamos que las cosas se hicieran de la mejor forma posible y que bajo ninguna circunstancia, por el afán de negociar, corriéramos el riesgo de sacrificar nuestros principios y valores democráticos tradicionales en busca de inciertas soluciones. Destacamos también que una excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría, sin lugar a dudas, una muestra de debilidad que podría ser hábilmente explotada por los terroristas.

AJC. Suena a veces en la calle esa peligrosa frase de ‘ruido de sables’. Recuerdo cuando en el gobierno de Belisario Betancur se habló de los generales Landazábal y Lema. Después con el ministro Lloreda, en otro gobierno. Ahora se dice que hay descontento en sus organizaciones y en las tropas que están en las montañas colombianas por todo lo que está pasando y la forma como lo maneja el Gobierno. JRB. Partamos de un principio: hace mucho tiempo que se acabaron los golpes de Estado. Hoy en día son inaceptables. La comunidad internacional no los permite. Un golpe de Estado sería una aventura estúpida y sin sentido. Estos rumores tienen nombre propio y forman parte de la guerra política que habilidosamente realizan los terroristas. Cuando dentro de este propósito, la ex senadora Piedad Córdoba, responsable de esta especie, además de buscar protagonismo, dice cualquier sandez como ésta, hay que entenderlo como parte de la tarea que se propone en favor de los terroristas. Aquí no hay ruido de sables y no lo habrá bajo ninguna circunstancia. Nuestra formación como militares esta dentro de una cultura de total respeto al poder civil de la nación. De eso no tenemos la más mínima duda. En los cerca de 65 años de conflicto armado, hemos sido perfectamente claros en nuestra posición civilista y democrática. Todos los de nuestra generación, recordamos con claridad lo que realmente paso en 1954. El supuesto golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, no fue orquestado por los militares. Fue por un grupo importante del sector político tradicional que lo promovió. Se le llamo ‘golpe de opinión’. Dirigentes políticos de los principales partidos le pidieron al General que tomara las riendas del poder, porque el país estaba totalmente desbaratado. Somos muy respetuosos de lo que significa el estado de derecho. No hay la más mínima intención, ni la más mínima posibilidad de quebrantarlo. Primero porque no se puede ni se debe, y segundo porque no se justifica. Hay respeto total al ordenamiento jurídico de la nación. AJC: ¿Hay preocupaciones dentro de las reservas? ¿Cómo se conjugan con las de quienes se encuentran en servicio activo? ¿Se sienten bien tratados? JRB: Ciertamente hay algunas necesidades insatisfechas que nos afectan por igual, tanto a quienes nos encontramos en la Reserva, como a quienes permanecen en servicio activo. Estas tiene que ver principalmente con asuntos salariales, cuestiones de bienestar y con aspectos relativos a la seguridad jurídica. Sobre este particular, hay que reconocer que este Gobierno, a través del Ministro de Defensa, está haciendo esfuerzos para resolver esta problemática en la mejor forma posible. En materia salarial, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimien-

to y compromiso de pago del IPC de los miembros de la Reserva Activa, ya está solucionado. Hay otras costosas demandas relacionadas con nivelación salarial, que aún se encuentran pendientes. En materia de bienestar, tenemos graves dificultades, particularmente con los servicios de salud. Al incrementarse el pie de fuerza, por la urgente necesidad de enfrentar con mayores recursos la agresión terrorista, estos servicios colapsaron.

AJC. El combatiente, el teniente, el subteniente, ¿se siente maltratado o desatendido? JRB. Las tropas comprometidas en combate tienen toda la atención que requieren para el cabal cumplimiento de su misión. Sobre este particular no existe queja alguna. Hay otros aspectos que son supremamente preocupantes, y son los que corresponden al tema de la inseguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica, se está dando por la ausencia del Fuero Militar y la pérdida de competencia que siempre le ha correspondido a la Justicia Penal Militar para investigar todo tipo de conducta relacionada con el servicio. Para quienes forman parte de la Reserva Activa también se les está aplicando la modalidad de la responsabilidad mediática, buscando a toda costa comprometer penalmente los distintos niveles del mando por conductas punibles causadas por sus subalternos. Para este propósito, se recurre a todo tipo de montajes con base en pruebas y testimonios falsos, tipificando supuestos delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. Esta es parte de la estrategia que se viene aplicando dentro de la llamada Guerra Jurídica que exitosamente ha emprendido la extrema izquierda radical contra nuestros combatientes. En estas circunstancias, lo peor que le puede ocurrir a un Comandante es obtener resultados en las operaciones de combate, ya que de inmediato queda expuesto a cualquier tipo de persecución por parte de la justicia ordinaria y ser objeto de investigación sin garantías procesales de ninguna índole. En este momento, y como resultado de la acción judicial del sistema ordinario que en forma irregular e inconstitucional, se adjudicó la competencia, en siete años de ausencia de Fuero Militar y de desprotección jurídica, ya sobrepasamos los trece mil hombres fuera de combate, en la mayoría de los casos por procedimientos irregulares, politizados y revanchistas, de un sistema judicial que no constituye ninguna garantía. En cuanto a las operaciones aéreas, está ocurriendo algo similar. Por ejemplo, en el caso Santodomingo, Arauca, están siendo juzgados irregularmente con pruebas y testimonios falsos, unos pilotos de combate a quienes se les adjudicó un bombardeo en un lugar donde un grupo de la organización terrorista Farc, hizo explotar un camión bomba, causando la muerte indiscriminada de un gran número de hombres, mujeres y niños ajenos al conflicto armado. En estas circunstancias, la ausencia de una protección jurídica adecuada, esta afectando significativamente la voluntad de lucha de nuestros combatientes. De no solucionarse este gran problema, no habrá quien defienda este país de la amenaza terrorista que nos afecta. AJC: Si le entiendo bien, General, eso está acabando con las posibilidades de lucha de la FF.MM., porque nadie se va a exponer a ir a la cárcel y sufrir una condena de años y años por una acción militar legitima. Tampoco habrá bombardeos de la FAC ni del Ejército. Trece mil hombres fuera de combate por decisiones judiciales altamente cuestionadas, minan la moral de todo el mundo. JRB. Este problema del Fuero Militar y de la protección jurídica de nuestros combatientes no es problema solo de los militares, es problema del país entero. Donde no se le ponga la atención debida a este problema, vamos a tener sorpresas muy desagradables. Ojala que cuando el Estado sea consciente de esta gravísima situación y presente soluciones, estas no lleguen demasiado tarde. AJC. ¿Qué sorpresas podemos tener? JRB. Sorpresas indeseadas… sencillamente el fortalecimiento de estos grupos armados, el incremento de su accionar terrorista en forma indiscriminada, el pánico de la población civil, la desmoralización de la tropas, la incapacidad del Estado para enfrentar esta gravísima situación, el caos económico, etc. En estas circunstancias, ya no cabría negociación alguna para negociar la paz. Habría que capitular.

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AJC. ¿Qué les preocuparía a ustedes, señalando con nombre propio, de lo que se pudiera entregar? JRB. Hay cosas que son innegociables que tienen que ver con la seguridad y defensa nacional; que tienen que ver con la parte estructural de quienes defienden este país. No queremos que ocurra algo similar a lo que aconteció en El Salvador. Gran parte de los terroristas desmovilizados llegaron a reemplazar a la Policía Nacional de ese país. Hoy en día están pagando las consecuencias de esta absurda determinación. De ahí la importancia del general Jorge Mora Rangel en esta mesa de conversaciones. Constituye la mejor garantía para evitar que se nos negocie desde el punto de vista institucional y para evitar que acaben con valores fundamentales como nuestro Fuero y nuestra Justicia Penal Militar. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo que les impediría a estos terroristas llegar en un futuro inmediato a implantar un régimen extremista al estilo de los existentes en países vecinos de la región.

Junio de 2014

Documento propuesto por las Farc

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Proceso constituyente abierto para la transición hacia la nueva Colombia En coincidencia con los 50 años de aparición de las Farc, la delegación de paz de esta organización terrorista hizo público un documento relacionado con el proceso de negociaciones que adelanta con el Gobierno Nacional. Este documento contiene los lineamentos generales que tratan de imponer bajo el concepto de un “Proceso constituyente abierto para la transición hacia la nueva Colombia”. Explican también que su contenido es tan sólo una parte de las aspiraciones de esta organización armada, y que uno de sus mayores aportes, tendrá que ver con “las nuevas posibilidades que abre para sentar los cimientos de la construcción de una paz con justicia social y la superación total del orden capitalista”. En ese sentido, plantean la necesidad de “un proceso constituyente capaz de producir la fuerza social del cambio realmente transformador”. Agregan también que su “visión de país no está limitada a una nueva Constitución”, sino a un “proceso constituyente abierto” de carácter inmediato, con el cual pretenden iniciar una “aproximación programática” con miras “hacia una sociedad alternativa distinta al capitalismo existente” en busca de una “Nueva Colombia”. En términos generales, estos son los principales lineamientos de lo que quie-

Reflexiones sobre la paz

RAFAEL NIETO LOAIZA El Colombiano, Medellín, 25 de mayo de 2014

Lo que sí merece un serio reproche son las acusaciones por parte de Santos a quienes tienen diferencias con la manera en que conduce el diálogo en Cuba. Santos, con la complacencia cómplice de la gran prensa, tacha una y otra vez a sus contradictores como enemigos de la paz, ultraderecha, neo nazis, fascistas, “mano negra” y un sinnúmero de epítetos y descalificaciones de similar calibre. Las acusaciones no solamente son falsas sino, además, peligrosas. Falsas porque no es verdad que quienes critican ciertos aspectos del proceso sean enemigos de la paz. Los únicos amigos de la guerra son quienes se aprovechan y lucran de ella, entre ellos varios vendedores de armas muy cercanos al Presidente. Los demás, todos los demás, queremos la paz. Falsas porque formular esas críticas no los hace ni de ultraderecha ni nazis ni fascistas ni “mano negra”, grupúsculos todos que tienen entre sus características el desconocimiento del estado de derecho y la democracia, el uso de la violencia y la estigmatización de los “otros”. Y aquí los únicos que atentan contra la democracia y acuden a la violencia son, precisamente, aquellos con los cuales está sentado a manteles el Presidente. Y el único que estigmatiza a sus contradictores es Santos, quien se preciaba de liberal y tolerante. Las acusaciones son peligrosas porque Santos pone en la mira de las Farc a sus contradictores. Y las Farc, no sobra recordarlo, llevan 50 años matándolos, como hace apenas días a Adán Quinto, líder negro, o intentándolo, como a Fernando Londoño, que se salvó de milagro. Por cierto, ocurre que si bien entre el 60 y el 65 % de los ciudadanos apoya los diálogos en Cuba, no lo hace a cualquier precio. Las diferencias con Santos están fundamental, pero no únicamente, en tres puntos. El primero, si el diálogo debe hacerse en medio del conflicto y sin exigirle a las Farc pruebas o “hechos de paz”. Santos, aunque había establecido

ren imponer en las negociaciones de La Habana, según sus propios conceptos o capítulos que contiene el extenso documento. Dicho de otra manera, no es otra cosa que la refundación del Estado en materia política, social, económica, y particularmente en lo tocante a la “desmilitarización del territorio nacional”: 1. Democratización real y participación en la vida social. 2. Reestructuración democrática del Estado. 3. Desmilitarización de la vida social. 4. Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narco paramilitares. 5. Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto. 6. Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales. 7. Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comunes. 8. Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales. 9. Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir. 10. Restablecimiento de la soberanía e integración en nuestra América.

unas condiciones en su discurso de posesión, se echó para atrás, como es usual, y piensa que sí, que no hay que poner condición ninguna para que las Farc se beneficien de todas las ventajas que reciben de los diálogos. La mayoría cree que debería haber una tregua unilateral y permanente por parte de las Farc o, al menos, como mínimo, no asesinar civiles, no secuestrar, no sembrar minas antipersonales ni reclutar menores. La mayoría, entre un 75 y un 85 %, también quiere que haya justicia. Santos y Montealegre vienen sosteniendo que es falso que habrá impunidad. Dicen que no la habrá porque, según el Fiscal, se realizarían investigaciones, juicios y condenas. En todo caso, según Montealegre, esos procesos no serían para todos los miembros de las Farc sino solo para los criminales de lesa humanidad. Para los demás, ni siquiera eso. Lo que no se atreven a decir abiertamente ni el Presidente ni el Fiscal es que los dos pretenden que los guerrilleros no paguen ni un día de cárcel. Como gran cosa, según Montealegre, harían “trabajo social”. Eso es impunidad. Y la mayoría, en esos mismos porcentajes, no quiere ver a los criminales de las Farc en el Congreso ni haciendo política sin restricciones. Santos y el Fiscal sí. Lo que no explican es por qué debe favorecerse políticamente a quienes tienen como único “mérito” los fusiles y haber cometido por cinco décadas miles de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tampoco dicen porque hay que darles ventajas que nunca han tenido quienes solo han hecho política con la palabra como argumento. Si usted cree que lo que está en juego en estas elecciones es el proceso de La Habana, piense qué tipo de paz es la que quiere. Si la de Santos, a cualquier precio, o la que cree que deben haber hechos de paz, justicia y límites para las Farc si quieren hacer política. Y vote en consecuencia.

‘A los hijos se les bendice para ir a la guerra…’

Carta al Presidente de la República Señor Presidente:

Soy el orgulloso hijo de una familia que lo ha entregado todo por Colombia y le escribo este mensaje a manera de reflexión, ya que desafortunadamente vi un video en el que Usted, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, pregunta a una madre y a un padre si prestarían a sus hijos para la guerra. Los hijos señor Presidente no se prestan para la guerra, a los hijos se les bendice para ir a la guerra, cuando la constitución y la ley, cuando la soberanía y la democracia se encuentran amenazadas por un peligro inminente, como sucede desde hace 60 años con nuestra amada Colombia. Desde mi más tierna infancia hasta este momento, jamás he podido ver a mi país en paz, porque gracias a políticos como Usted que se han dedicado a dar toda clase de prebendas a nuestros enemigos no se ha podido erradicar definitivamente ese cáncer que nos carcome continuamente. Desde subteniente, siendo muy joven aún, estuve patrullando los campos, por montañas, selvas y caminos polvorientos, con un puñado de soldados de mi misma edad y algunos suboficiales, mayores que yo y con más experiencia, que me orientaron en la difícil tarea de buscar y combatir a los terroristas cobardes y escurridizos que solo atacan por la espalda. Durante tres décadas cumplí mi trabajo con altivez y gallardía y hoy cuando de mi vida militar sólo quedan los recuerdos, quisiera devolver el tiempo para estar al lado de los valientes soldados que día a día lo dan todo por mantener la democracia y darles tranquilidad a los colombianos. No Señor Presidente, los hijos no se prestan para guerra, los hijos se hacen orgullosamente soldados y policías para combatir a quienes han preferido el terror y el narcotráfico como medio de vida y que tienen como meta convertir a esta Colombia grande, en reino de narcotraficantes y terroristas con un proyecto político calcado de las viejas tiranías de Cuba y la Unión Soviética. No se equivoque Señor Presidente Santos, los padres y madres de estos soldados y policías, muchos de ellos muertos en combate, mantienen su frente en alto y nunca se arrepienten de la decisión de sus hijos, los hay por miles porque son los progenitores de los mejores hijos de Colombia y ellos los soldados y policías sacrificados en el altar de la Patria desde el más allá velan porque ésta no sucumba ante las pretensiones de los asesinos narcoterroristas, más aún cuando la guerra no se pierde en el campo de batalla sino por la decisión equivocada de presidentes como Usted. No Señor Presidente, los hijos no se prestan para la guerra, ellos van decididos a salvar la Nación de las garras de sus enemigos y se sienten plenamente orgullosos de hacerlo, como los mejores hijos de la Patria y si le queda alguna duda lo invito a que se pare en la Escuela de Lanceros ante el monumento del señor capitán Nelson Darío Bedoya Zuluaga, quien antes de morir en combate escribió su Oración de Guerra, su hijo a quien Usted no prestó para la guerra tal vez la haya aprendido. Estas letras se las escribe un soldado traído al mundo por una orgullosa mamá que le entregó a Colombia cinco de sus hijos, todos ellos con una brillante hoja de servicios, uno de los cuales se jugó la vida por Defender la democracia en noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, y se encuentra privado injustamente de su libertad desde hace siete largos años mientras sus enemigos de la época, los narcoterroristas del M-19 gozan de las mieles de la democracia que él defendió y son actualmente sus aliados de campaña para la reelección. Señor Presidente, ese video nos ha ofendido a todos los soldados de tierra, mar y aire así como a nuestros valerosos policías, por eso con todo respeto se lo digo: Usted no merece continuar siendo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Teniente coronel Michel Plazas Vega

Edición 540

Carta abierta al señor Presidente de la República con relación a la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana 2. 3. 4.

su buen desempeño, el logro de sus objetivos y su razón de ser. Una vez efectuado un amplio análisis sobre esta trascendental decisión, en su reunión del 27 de mayo de 2014, ratifica y respalda solidariamente el comunicado expedido por el Colegio de Generales de la Policía Nacional, el pasado 22 de mayo. Se permite expresar a la opinión pública que esta medida es, sin lugar a dudas, innecesaria, nociva, inconveniente e inoportuna, que traerá consecuencias profundamente negativas para la seguridad de todos los colombianos. Invitamos a la ciudadanía a que dimensione la gravedad de esta iniciativa, por cuanto no solo atenta contra la Institución Policial, que es un patrimonio Nacional sino contra la sociedad en general y contra sus reales intereses en materia de seguridad.

Comunicado del Colegio de Generales de la Policía Nacional

“El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional, en su Asamblea General, celebrada el día 22 de mayo del año 2014, una vez conocida la decisión del Candidato Presidente, de incluir dentro de su programa de Gobierno para el próximo cuatrienio, la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y después de un amplio debate y detallado análisis, reitera su preocupación y ratifica su concepto de inconveniencia de la iniciativa gubernamental expuesta, sobre la cual ya se ha radicado en el Congreso Nacional, por el Representante Augusto Posada Sánchez, un proyecto de Ley, por las siguientes razones: 1.

El momento histórico que vive la Nación, ante un eventual acuerdo para la terminación del conflicto interno, con proyección para la construcción de una paz estable y duradera, no es el apropiado para sustraer la Policía Nacional del seno del Ministerio de Defensa, al que pertenece desde el año de 1953, y donde ha logrado un nivel de profesionalismo, eficacia en el cumplimiento de su función, eficiencia administrativa y posicionamiento ante la comunidad tanto nacional como internacional. La falencia que causó la disolución de la Policía, antes de pertenecer al Ministerio de Defensa, fue indudablemente su manipulación por intereses político partidistas, que la llevaron a convertirse en un instrumento del partido gobernante y una amenaza para el partido o partidos de la oposición, circunstancia que no es claro haya desaparecido como una amenaza o una debilidad dentro de la organización política actual, ante la polarización y evidente confrontación que se vive en la actualidad, razón por la cual consideramos inconveniente, para la Institución y para el país, aventurarse a experimentos con resultados inciertos. En el proyecto de Ley, radicado en el Congreso, se observa, además de unas fallas técnicas en la estructura orgánica, la existencia de un Viceministerio para la Reintegración social, con una subdirección de inteligencia e investigación, una subdirección para el trabajo, una subdirección de derechos humanos, una subdirección de las acciones de reconciliación y una dependencia, que no se especifica su nomenclatura, denominada Promoción de las habilidades y competencias de la población en proceso de reintegración, circunstancia que nos permite colegir que será este viceministerio el que se encargará de ejecutar todo el proceso de reinserción y ubicación de las personas que se sometan a la legalidad después de la dejación de las armas que portan ilegalmente, procesos que no consideramos conveniente que se desarrollen bajo la misma egida de la Policía Nacional, es decir, compartiendo el mismo ministerio, lo cual equivaldría a pensar que este proceso, bajo el mismo criterio, bien podría llevarse a cabo ahora, con la organización actual, en el seno del Ministerio de Defensa, con la creación de una dependencia que cumpliera esta función, lo cual también consideramos que resultaría doblemente inconveniente. Resulta conveniente explorar la posibilidad de fortalecer la Agencia Colombiana para la Reintegración, antes que eliminarla del Ministerio del Interior, como se dispone en el proyecto de ley, elevándola a la categoría de Viceministerio, con una infraestructura como la que aparece para el Viceministerio para la Reintegración Social , dentro del propuesto Ministerio de Seguridad, con la certeza que desde ahí se podría contar con la capacidad necesaria para atender toda la demanda que implica un proceso de reinserción de grandes proporciones como seria la desmovilización de las Farc y estaría en el lugar adecuado para darle el manejo político económico y técnico requerido. El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional, que agrupa a la casi totalidad de los Generales en uso de buen retiro, policías todos, que sirvieron a la Patria por más de 35 años, consideramos que la intervención de expertos internacionales, no resulta suficiente para reorganizar una Institución de tanta trascendencia para la vida de nuestra nación, ignorando las opiniones de quienes de alguna manera hemos contribuido a construir la Institución, que es sin duda un referente internacional, un orgullo nacional y una garantía para la seguridad de nuestro pueblo. No obstante seguimos pendientes de cualquier inquietud que

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pueda nacer en quienes lideran este proyecto, para sustentar e intercambiar opiniones sobre este importante tema. Desde el 8 de Agosto del año 2013, le enviamos una carta al señor Presidente de la República, la cual no ha sido respondida ni tenida en cuenta, actitud con la que se desconoce la fuente de opinión más autorizada para este tema, pues se ha reiterado la intención de introducir esta reforma sustancial como un elemento prioritario para mejorar la seguridad de los colombianos, cuando en nuestro autorizado concepto el efecto sería todo lo contrario, si tenemos en cuenta que con claridad meridiana, todos los colombianos, hasta los más desinteresados en este tema, son testigos que la alianza estratégica que más ha contribuido a la seguridad de nuestra nación, ha sido la que se ha dado desde 1.953, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, la que se rompería con la separación de Ministerio. No se pueden desconocer los éxitos que la Fuerza Pública, unida y cohesionada ha logrado frente a la mayor amenaza para la seguridad de nuestros conciudadanos, representada en el accionar de los grupos armados ilegales de toda orientación, triunfos que se han destacado y que han llegado a calificarse como la razón fundamental para que alguno o algunos de ellos, acepten sentarse en una mesa de diálogo para terminar el conflicto por esta vía civilizada, para abruptamente dividir esas fuerzas con una incierta decisión que puede constituir un regreso al pasado con nefastas consecuencias. La permanencia de la Policía en el ministerio de defensa, por más de sesenta años, no ha afectado en nada su naturaleza y orientación civilista, antes por el contrario en este lugar dentro de estructura del Estado se ha fortalecido y ha alcanzado una posición de prevalencia en el concierto nacional e internacional y la Honorable Corte Constitucional en sentencia C/453 de 1.994 declaró que no existe ninguna incompatibilidad entre la función y el órgano, que no hay ninguna subordinación de la seguridad a la defensa y en consecuencia declaró exequible su adscripción al ministerio de Defensa. Los miembros de la reserva Policial, debemos acoger la invitación que nos hace uno de los más ilustres miembros de esta Colegiatura para que tomemos una decisión con prontitud, ¿vamos a ser actores o testigos mudos en este proceso de reforma sustancial de la Institución, que la puede conducir a su debilitamiento y quizás a su desintegración. Hacemos un llamado a las demás organizaciones de la reserva activa a estudiar este tema tan trascendental para el futuro de nuestra institución y les exhortamos a aportar ideas, conceptos, opiniones y recomendaciones con destino a quienes promueven esta iniciativa. Queremos por medio de este documento dejar una constancia histórica que refrende nuestra posición sobre esta determinación, para cuando sobrevenga la catástrofe no se acuda a disculpas alegando falta de advertencia oportuna.”

Bogotá, D.C., Mayo 27 de 2014.

RESERVA ACTIVA POLICÍA NACIONAL

La Mesa de Trabajo Permanente de las asociaciones que conforman la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ante la insistencia del señor Presidente de la República de crear el Ministerio de Seguridad para sustraer la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, del cual ha formado parte desde 1953, con visibles y comprobados éxitos y buenos resultados, para beneficio de Colombia y de su comunidad, se permite exponer lo siguiente: 1. El Presidente ha desoído y no ha tenido en cuenta los argumentos expuestos por la Reserva Activa de la Fuerza Pública, en documentos y en diferentes ocasiones con relación a las graves consecuencias que el fraccionamiento y debilitamiento de la Fuerza Pública representa, como también el desconocimiento de su historia y la importancia de mantenerla al margen de influencias externas de cualquier naturaleza, especialmente de las provenientes de la política partidista, que afectarían negativamente

Junio de 2014

Ed i ci ó n 533, s e pti e m b re d e 2013

La Policía Nacional ha sido decisiva para mantener y fortalecer la democracia RESERVA ACTIVA POLICÍA NACIONAL

Carta Abierta del Colegio de Generales de la Policía Nacional al Presidente de la República Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2013

Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República de Colombia Casa de Nariño Señor Presidente:

El Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia, como asociación autónoma e independiente, propende por la consolidación de la doctrina y función policial apoyando su crecimiento profesional y técnico en beneficio de Colombia y de todos sus habitantes. Nuestro mayor interés es salvaguardar nuestra ya más que centenaria institución, valorando su historia, que quienes integran el Colegio, han vivido y ayudado a forjar. Tenemos siempre presente el viejo aforismo: “quien no recuerda la historia está obligado a repetirla”. El concepto de Institución, acreditado en derecho público, a partir de los estudios hechos por el eminente jurista Maurice Hauriou, implica el ejercicio del poder durante una trayectoria histórica. No todos los organismos de la administración pública son instituciones. Uno de los que responde cabalmente a este concepto es la Policía. Así se explica cómo, establecida y marchando conjuntamente con la evolución histórica de la sociedad, mucho de su autoridad y funciones, antes de ser consagrado en el derecho codificado, fue consentido por el uso y la costumbre. Cosa que solo sucede con las verdaderas Instituciones. La Policía es una Institución por antonomasia, tradición histórica y ordenamiento jurídico. En Colombia, la Policía Nacional ha sido decisiva para mantener y fortalecer la democracia, muchas veces en grave peligro por la criminalidad, el terrorismo, el narcotráfico, la conmoción interna, e innumerables problemas sociales y políticos que han afectado al país. En la lucha por conseguir la estabilidad la Policía siempre ha cumplido un papel preponderante. Las Instituciones, organismos o empresas, se miden por los resultados que cumplieron. En nuestro caso, la historia, las estadísticas y registros, muestran el fruto, positivo y exitoso, del trabajo y el esfuerzo de la Policía, reconocidos, en numerosas ocasiones, por la opinión pública nacional e internacional, como ejemplar muestra de un alto nivel profesional. Cuando una Institución cumple con creces sus objetivos, no puede pensarse en reformas y modificaciones que, ciertamente, afectan negativamente su futuro. La Policía Nacional, dentro del marco constitucional y legal fruto de muchos años de crecimiento progresivo que le permite ser hoy la Institución que es, respetada y querida por los colombianos y ad-

mirada por la comunidad internacional, formando parte del Ministerio de Defensa, desde 1953, ha hecho gala de imparcialidad absoluta ante decisiones políticas, se ha mantenido ajena a los intereses partidistas, ha dado siempre muestra de alta disciplina, profesionalismo y mística, que le han permitido, con sobradas razones, ser calificada como una de las mejores policías de América. Cualquier norma o reforma a una institución como la Policía Nacional, impacta de manera significativa en el futuro de Colombia y especialmente en su población. Por eso es imperativo recordar la historia: épocas aciagas de violencia partidista que regaron de sangre a todo el territorio nacional. Policías departamentales y municipales que se convirtieron en policías de partido afectando la tranquilidad y seguridad de los colombianos en forma grave. Lo anterior, con el beneplácito de todos los buenos colombianos, llevó al gobierno a nacionalizarla y adscribirla al Ministerio de Defensa, buscando que, separada de toda influencia partidista, alcanzara, como lo ha logrado, altos niveles de tecnificación, capacidad y profesionalismo, en beneficio de la comunidad, que es su esencial razón de ser. Todo el pueblo colombiano desea la paz, nosotros los primeros, pero lograr llegar al posconflicto, no significa alcanzarla. Fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la agudización de problemas sociales, económicos y políticos, ponen en grave riesgo la seguridad y tranquilidad de la comunidad. Con esta afirmación no estamos más que enfatizando una realidad. Parece obvio que para poder manejar eficientemente, con posibilidades de éxito, una situación tan compleja y difícil, se requiere una Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerza Militares), profesionales, capaces, disciplinadas, respetuosas de los DD.HH., ajenas a cualquier clase de interés partidista y perfectamente coordinadas para permitir su accionar sin interferencias, dificultades o problemas de cualquier orden. Quienes hemos participado en la dinámica sociopolítica del país, estamos convencidos que la alianza estratégica que más ha contribuido a resolver los problemas de la inseguridad en Colombia, ha sido la que se ha logrado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, ante las difíciles condi-

ciones de la confrontación armada y sus consecuencias en el desarrollo armónico de la sociedad lo que en ningún momento ha puesto en duda la naturaleza civil de la Policía y sus objetivos y misión claramente expuestos en la Constitución Nacional y en las normas y reglamentos institucionales. Por todo lo anteriormente expuesto, por la experiencia que nos dan los numerosos años sirviendo, en la Policía Nacional a la comunidad colombiana, por la fe que tenemos en el futuro, esperamos que no se precipite al país a una inoportuna reforma que lejos de mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, implica un grave riesgo para Colombia. Observamos con preocupación y desesperanza como una institución centenaria, garante y promotora de los derechos y las libertades públicas, entregada sin renuncias ni condiciones al supremo bienestar de los colombianos; aportando la más alta cuota de sacrificio como víctima silente de la más irracional violencia, pueda desarraigarse de la que ha sido por más de 60 años su dependencia orgánica, manteniendo incólume la fidelidad a sus principios, su claridad conceptual y la entrega incondicional al servicio de la Nación, para colocarla dentro de una nueva estructura que consideramos inconveniente e inoportuna ya que en nada contribuye a su progreso y desarrollo, le resta autonomía, entraba su gestión, genera distancias y escalas en el orden funcional que dilatan y contradicen la dinámica propia de sus acciones y procedimientos. Debemos continuar haciendo esfuerzos por alcanzar altos niveles de eficiencia en la lucha contra la inseguridad y el delito, manteniendo a la Institución respetuosa de los DD.HH., al margen de intereses y luchas partidistas, que, históricamente, tanto daño le han causado al país. Atentamente.

Brigadier General PABLO ELBERT ROJAS FLÓREZ Presidente

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Ed i ci ó n 533, s e pti e m b re d e 2013 Entendemos que la Policía es una institución de carácter civil y con el tiempo, ante una paz inequívoca, deberá depender de un ministerio propio.

El Ministerio de Seguridad Ciudadana No bien el Presidente de la República se pronunció sobre la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana y el debate se prendió en todos los rincones, discusión en la que hemos tomado parte oficiales retirados de todos los grados. Y no es para menos, pues primero la idea nos cogió por sorpresa, no obstante haber sido estudiada y analizada de tiempo atrás; en mi caso durante el gobierno del presidente Pastrana se dio el debate llegando a la conclusión de buscar un momento más propicio para enfrentar tema tan delicado y espinoso y, segundo, por encontrarse el país a la expectativa de unas negociaciones hacia la paz, donde no cabe la posibilidad de fisurar la Fuerza Pública encargada de mantener el orden. Hagamos un ejercicio analítico y que el país saque sus propias conclusiones. Para iniciar

reconozcamos que la Policía Nacional a lo largo de los años ha debido soportar los momentos más difíciles de Colombia, callando funestas consecuencias, un ejemplo: con la muerte de ‘Mamatoco’ se estigmatizaron los mandos y la misma institución, optando el gobierno por nombrar a un grupo de abogados como comandantes de estación en Bogotá, los mismo que el 9 de abril abandonaron sus cargos y dejaron los hombres puestos bajo su mando, a la deriva, lo que condujo al país a tan caótica situación. Casos como este son reiterativos a lo largo de la historia, pero el espacio me obliga a ser concreto enfocándome en el anuncio presidencial. Por estas calendas las Fuerzas Militares y la Policía libran una lucha sin cuartel contra todo tipo de armados ilegales, confrontación que se esta ganando gracias a la coordinación milimétrica entre las fuerzas bajo la égida del Ministro de Defensa, los golpes asestados a la criminalidad y sus cabecillas no tiene antecedentes y el entendimiento entre

Ed i ci ó n 533, s e pti e m b re d e 2013

pares arroja los resultados anhelados; de romperse esa unidad, el enemigo encontrará una posibilidad de reorganizarse y continuar la acometida, ¿creen ustedes que sea el momento histórico ideal para presentar este tipo de proyectos? Enfocándonos en el proceso de paz debemos entender que le seguirá un posconflicto, donde las instituciones encargadas de la seguridad deben estar preparadas y dispuestas para hacer frente a los disidentes, que de seguro los habrá y conformarán pandillas de presión delictiva, obligando la Fuerza Pública a captar recursos y capacitación profesional para evitar un coletazo disidente. Entendemos que la Policía es una institución de carácter civil y con el tiempo, ante una paz inequívoca, deberá depender de un ministerio propio, pero no por eventualidades del momento, sino, previo estudio, reposado, concienzudo y evaluado donde la institución sea la cabeza rectora y no una oficina más; por ahora y de cara al ciudadano. ¿Que tal, Ministerio de Defensa y Seguridad?

¿Por qué un Ministerio de Seguridad Ciudadana en Colombia? JOSÉ ABIGAIL ROJAS SALAZAR Presidente de Underponal

Desde el momento en que la Asociación de Retirados de la Fuerza Pública Nacional, Underponal, conoció el proyecto sobre la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana presentado por el representante a la Cámara por Antioquia, Augusto Posada, surgieron muchos interrogantes: ¿Qué pasó? ¿Por qué un Ministerio de Seguridad Ciudadana en Colombia? Donde su principal protagonista es la Policía Nacional. Pero lo preocupante es que un nuevo Ministerio le costaría al pueblo colombiano mucho dinero, por esa iniciativa que no es necesaria. Más aún cuando los que tenemos contacto con el ciudadano en Bogotá y en la provincia, escuchamos la exigencia generalizada de que haya más racionalidad en el gasto público. Lo que se debería hacer es mejorar lo que hay y apoyar más el talento humano de la Policía Nacional. El ciudadano necesita efectividad, asegurar que cuando el Policía conozca de la comisión de un delito, tenga la autoridad para conducirlo hasta el funcionario público, a tiempo. Eso es lo que necesitan el ciudadano y el policía. En eso se deben centrar los congresistas y el gobierno. El ciudadano quiere que esa situación de flagrancia que a cada momento sucede en nuestras calles sea resuelta en el menor tiempo posible de tal manera de que no se vean burlados, el policía, el ciudadano y el juez, por la laxitud de las herramientas jurídicas. Estamos seguros que la crea-ción de un Ministerio no resuelve los problemas en materia de seguridad ciudadana y menos las inquietudes salariales que le adeudan a la Reserva Activa Policial. Los interrogantes continúan: ¿Por qué sustraer a la Policía Nacional de la dependencia del Ministro

de Defensa? ¿Ayudaría para mejorar la calidad de vida de los policiales activos y sus reservas? o es un tema de acuerdo de las negociaciones de La Habana. Dentro del transcurrir histórico de la Policía Nacional, Colombia ha ganado desde que llegó al Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa. Pasarla a otro Ministerio, seria riesgoso porque afectaría la cohesión que se ha generado entre las FF.MM y la Policía Nacional. Las operaciones militares y policiales han dado grandes resultados. La dependencia del Ministro de Defensa, es y sigue siendo acertada, dividir es debilitar. Algunos se centran en plantear que somos de naturaleza civil, claro que es de naturaleza civil y por constitución está definida así. Pero hay que entender que las circunstancias de estos últimos 52 años donde la Policía le ha tocado asumir tareas conjuntas con las FF.MM para contrarrestar a los violentos, colocando una gran cuota de sacrifico, esa dependencia del Ministro de Defensa es para los colombianos un éxito. Entonces, ¿por qué desean incluirla en un Ministerio donde quedará relegada a un tercer plano? ¿por qué no se valora lo que ha hecho en los más de cien años de existencia? Una propuesta Antes que crear un Ministerio, el Congreso y el Gobierno debería hacer justicia con los agentes de

la Reserva Activa Policial, reajustando la Prima de Actividad porque no fueron incluidos en el Artículo Segundo del Decreto 2863 de 2007, al igual, estructurar una política de cumplimiento de la Ley 4 de 1992 para cancelar la Nivelación Salarial, sentencias y conciliaciones por concepto de IPC, entre otras, esto para que a Casur y a la Tesorería General le apropien recursos y pueda pagar oportunamente. También una política económica mediante un plan estratégico que incremente recursos para mejorar el bie-nestar del personal activo y Reserva Activa, poder contratar especialistas en el subsistema de sanidad policial, poder contratar profesores en los colegios policiales y resolver los ascensos del nivel ejecutivo. El Gobierno y el Congreso deberían presentar un proyecto macro, sería algo histórico, que le agradecería la familia policial y motivaría al personal activo, como es la creación de un centro geriátrico para brindar bienestar a aquellos hombres y mujeres de la Reserva Activa Policial, que prestaron un servicio al país y que ahora en sus años dorados reciba apoyo en su soledad, falta de cariño y atención esmerada en las enfermedades propias de su edad y su servicio prestado. Este sería un buen proyecto macro del Congreso y el Gobierno para su Reserva Policial de Casur y Tegen.

RESERVA ACTIVA POLICÍA NACIONAL

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS

Junio de 2014

Ed i ci ó n 533, s e pti e m b re d e 2013 Palabras del general Miguel Antonio Gómez Padilla, exdirector de la Policía Nacional, con motivo de la visita del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al Colegio de Generales de la Reserva activa de la Policía Nacional. Extracto.

RESERVA ACTIVA POLICÍA NACIONAL

La dependencia del Ministerio de Defensa La Policía Nacional, ésta centenaria institución ha estado presente en todos los hitos históricos y fundamentales de nuestra nacionalidad. Desde 1891 y quizá un poco antes, desde las rondas del comercio para la calle Real de Santa Fe y los intentos de Buenaventura Ahumada para reprimir ladrones, tahúres, beodos y mendigos, hasta el hoy que nos ocupa, ha sido un proceso continuo de profesionalización, indudablemente con algunos altibajos. Por eso entendemos la sabia decisión del constituyente del 91, cuando integró, exclusivamente, en la Fuerza Pública a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y determinó que solo ellas pueden imponer la voluntad del Estado mediante el empleo legítimo de la fuerza. Pero se cuidó de establecer diáfanamente el ámbito de acción de lo militar y lo policial que nunca se contraponen sino que se complementan en una simbiosis armónica. La Corte Constitucional al resolver la demanda de inconstitucional de los artículos 9 y 10 de la Ley 62/93, se refirió a la unidad de mando y la corres-pondencia de la función con el órgano, en los siguientes términos:

“Las funciones del Ministerio de Defensa se refieren tanto a los asuntos de la defensa militar como a los de la seguridad ciudadana. La Policía y las Fuerzas Militares, como parte de la Fuerza Pública (C.P. art. 216) cumplen funciones que corresponden a cada uno de los dos tipos anotados. No existe una subordinación de lo policivo respecto a lo defensivo. El hecho que el ministerio adopte el nombre de sólo una de las funciones que lleva a cabo, representa sólo una falta de reciprocidad nominal que en nada vulnera la dirección civil de la Policía”. Esta sentencia es rica en argumentos fácticos y legales para justificar la presencia de la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa. ¿Qué tal si al Ministerio de Defensa le agregamos… y de Seguridad Ciudadana, como lo insinúa la Sentencia C-453/94 ¿Cuánto nos ahorraríamos en burocracia y en peligrosos experimentos que no sabemos a dónde nos conducirán? La unidad monolítica de la Fuerza Pública debe ser constante, en un ambiente de respeto mutuo y aceptación sincera de las diferencias, resultante de la misión constitucional que a cada quien le compete y

de los procesos de formación que, lógicamente, no deben ser iguales. Mantener esta unidad monolítica debe ser un imperativo del gobierno y que los cantos de sirena que hablan de la desvinculación de la Policía Nacional de ese Ministerio, es solo eso, cantos de sirena. Nada más nefasto para los tiempos que vivimos que una decisión en ese sentido. Señor Ministro, estamos convencidos que Usted no permitirá que tal desaguisado se produzca. Pareciera que a la Policía le estén cobrando los éxitos alcanzados en coordinación con las Fuerzas Militares, en la neutralización de los líderes de las Farc. ¿Es esta una de las exigencias de estos terroristas? Nos negamos a creerlo, como lo afirman en ciertos conciliábulos políticos. He aquí una falacia más. Además, para establecer el ejercicio de las libertades y derechos la Policía debe hacer presencia física en todo el territorio nacional. Rescatar esa presencia en ciudades, corregimientos, caseríos y veredas es un imperativo que a buena hora se ha impuesto el gobierno y el mando institucional. Existe en la institución una especialidad, la policía de vigilancia rural o carabineros como

Ed i ci ó n 533, s e pti e m b re d e 2013

Pareciera que a la Policía le estén cobrando los éxitos alcanzados en coordinación con las Fuerzas Militares, en la neutralización de los líderes de las Farc”. se les conoce en el común, con histórica vocación rural. Fortalecerla al máximo coadyuvará a devolver la tranquilidad al campo y a recuperar en el campesino el ambiente de seguridad necesario para que desarrolle a plenitud su labor. El carabinero no es simplemente un vigilante de veredas y caminos, es un amable componedor de entuertos; es el amigo del campesino a quien enseña a vacunar, a rotar los cultivos, a quien ayuda a arreglar las cercas de sus linderos y a quien con alguna frecuencia acompaña en el nacimiento de sus hijos, lo cual se encuentra ligado al desempeño forjado por los patrulleros en el denominado plan de proyectos productivos donde se suministra al campesinado todos los elementos logísticos así como de capacitación para brindar un desarrollo estable en sus tierras. Es tiempo ya de dar a conocer a nuestros ciudadanos las bondades que tiene la especialidad policial denominada carabineros, eliminando de su seno a los conscriptos. Estamos ciertos que el pueblo colombiano conoce, acepta y aprecia su policía, sabe perfectamente de sus fallas, limitaciones y vulnerabilidades. En algunas regiones cuando ven llegar al policía dicen: aquí viene la ley; por cuanto para esas personas él personifica el orden y la autoridad. Rescatar ese concepto, si en algunos lugares se ha perdido, es fundamental para eliminar la sensación de inseguridad y crear optimismo en la población.

Ministerio de Seguridad, nombre rimbombante para agrandar el Estado General ARMANDO PINZÓN CAICEDO

Los políticos quieren coger oficio inventándose nuevas entidades que puedan agrandar al Estado, pues en esta forma se aumenta la burocracia y disminuye la desocupación. Gran noticia, se crea otro ministerio con todos sus aderezos y se aumenta solemnemente la cabeza del Ejecutivo. Ya encontraron ministro, el general Oscar Naranjo, y como este ministerio, el de Seguridad Ciudadana, lo llenan con la Policía Nacional, según el proyecto, quedamos compitiendo con el papado, allá dos papas, aquí dos directores. Dice un senador muy conocido por innovador, que no cuesta ni un peso más, que lo único que hay que hacer es organizar mejor lo que hay, con menos derroche. Ministerio de Seguridad Ciudadana, nombre rimbombante que suena mejor que Ministerio de Policía, nombre que quisieron utilizar aproximadamente hace 60 años, pero temieron que a la Policía le entrara otra vez la carcoma política, como la que existió por los días del 9 de abril de 1948. Quieren sacar a la Policía del Ministerio de Defensa Nacional para podrirla nuevamente, como

sucedió con la de los años 40. El general Rojas Pinilla tomó el rezago que quedó de ella y la puso bajo el Ministerio de Guerra. Allí la Policía inicio su depuración a órdenes de Oficiales del Ejército, quienes dieron una educación militar hasta que llegó a convertirse en la cuarta fuerza de las Fuerzas Militares. Años más tarde, la sacaron de esta organización con el fin de que quedara como cuerpo civil, denominación que usa a ratos cuando no opera como fuerza paramilitar, pero continúo bajo la dirección del Ministerio de Defensa hasta el día de hoy. Bajo el mando militar, con ministros militares, obtuvo sus mejores logros de educación y formación y ha llegado a ser un cuerpo armado respetado. Son los gobiernos civiles los que les han cambiado a las fuerzas de Policía su función constitucional como fuerzas de prevención, convirtiéndolas en fuerzas de contención. Pero no solamente es fuerza de prevención, y contención, sino, que también la han convertido en fuerza de represión, función que está reservada para las Fuerzas Militares. Debemos estar de acuerdo con que sea un cuerpo civil y no un cuerpo más paramilitar que hay

en el país. En declaraciones públicas, exdirectores de ese cuerpo, manifiestan que es la única policía en el mundo que depende de un ministerio de Defensa, pero lo que no manifiestan es que ellos en su momento fueron convirtiéndola en un ‘clon’ del Ejército. Copiaron al pie de la letra todo lo bueno del Ejército, pero se cuidaron de no hacerlo con lo que ellos creyeron malo. Se han pegado a los grados militares y a los distintivos de estos, así como al Fuero Militar y lugares de recreación. Señores exdirectores de la Policía Nacional, los políticos ofrecen más que cualquier estuprador, pero con el tiempo no cumplen lo prometido. El DAS fue una institución que cumplía con su deber hasta cuando el ‘Mandato claro’ le revolvió una porción de M.R.L. Allí se inició su desastre, la presión política lo convirtió en un cuerpo de escoltas de cuanto empleado público o funcionario del poder legislativo o judicial quería darse el baño de importancia que el momento requería, quedaron unos pocos chuzando teléfonos. El Estado perdió gracias a los engendradores de grotescas ideas de un organismo muy importante para la seguridad del Estado.

Edición 540

Proyecto de Ley Por medio de la cual se crea el

Ministerio de Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: ARTÍCULO 1°. Principios Generales de Seguridad Ciudadana. La política de seguridad ciudadana seguirá los siguientes principios generales: 1. Fortalecer la unidad de la Nación, como lo establece el preámbulo de la Constitución.

2. Eficiencia en la respuesta de las solicitudes de la comunidad. 3. Preservar la vida de todos los colombianos.

4. Los seres humanos son el pilar fundamental de la sociedad, por ello su vida e integridad física serán protegidos por el Estado.

5. A fin de alcanzar una paz real y duradera los ciudadanos serán parte en el proceso integral del posconflicto. 6. Se deberá dar prioridad al mantenimiento de la paz en el interior de la República de Colombia.

7. Para alcanzar la integración de las personas alzadas en armas provenientes de grupos insurgentes que se hayan sometido a un proceso de paz exitoso, el Estado brindará las herramientas necesarias para su real inclusión en las dinámicas de las comunidades.

ARTÍCULO 2°. Creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Créase el Ministerio de Seguridad Ciudadana, como organismo rector en materia de seguridad ciudadana, tiene a su cargo la responsabilidad de preservar la vida de todas las personas que habitan en el territorio nacional, así como definir las políticas públicas de seguridad para la conservación de la paz y la armoniza en la sociedad. El Ministerio de Seguridad Ciudadana formulará en conjunto con el Presidente de la República y con la comunidad, las políticas públicas que garanticen la estabilidad de la paz y de la seguridad de los colombianos. ARTÍCULO 3°. Reorganización del Ministerio de Defensa. Reorganícese el Ministerio de Defensa, suprimiendo la función de estar a cargo de la Policía Nacional y demás entidades, organismos y funciones que hagan referencia a la Policía Nacional. ARTÍCULO 4°. Suprímase las siguientes Altas Consejerías Presidenciales. Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. Parágrafo 1. Elimínese La Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Parágrafo 2. Elimínese La Agencia Colombiana para la Reintegración.

ARTÍCULO 5°. Funciones Fundamentales. Corresponde al Ministerio de Seguridad Ciudadana conforme la Constitución y la ley: 1. El Ministerio de Seguridad Ciudadana tiene a su cargo la dirección de la Policía Nacional, la cual deberá dirigir de acuerdo con la Constitución y la Ley. 2. Formular los proyectos de Ley relacionados con la Seguridad Ciudadana. 3. Preparar los proyectos de Decretos y Resoluciones Ejecutivas que deben dictarse en ejercicio de las atribuciones que le corresponden al Presidente de la República, en los aspectos de la seguridad ciudadana y ejecutar las órdenes del Presidente que se relacionen con tales atribuciones. 4. Desarrollar los programas de inversiones y otros desembolsos públicos correspondientes al sector y a los planes de desarrollo del mismo. 5. Creación, desarrollo e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana que provengan de un acuerdo integral de participación entre las 3 ramas del poder público, la comunidad y las personas que se hayan reintegrado a la sociedad. 6. Ser órgano articulado de entidades, programas y políticas que de manera transversal toquen el tema de la seguridad ciudadana.

ARTÍCULO 6°. Dirección. El Presidente de la República, de acuerdo con el precepto constitucional del numeral 19 del Artículo 189, es el Comandante y Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, la primera función que puede ejercer directamente por conducto del Ministro de Defensa Nacional y la segunda la hará por conducto del Ministerio de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO 7°. La dirección del Ministerio de Seguridad Ciudadana está a cargo del Ministro, quien la ejerce con la inmediata colaboración del Director de la Policía Nacional. El Ministro es la primera autoridad técnica y administrativa en el ramo de Seguridad Ciudadana.

ARTÍCULO 8°. Estructura. La estructura del Ministerio de Seguridad Ciudadana será la siguiente: 1. Despacho del Ministro De Seguridad Ciudadana. 1.1. Oficina de Administración y Finanzas. 1.2. Oficina de Control Interno. 1.3. Oficina de Asesoría Jurídica. 1.4. Oficina de Contratación Estatal. 1.5. Oficina de Comunicación social y Relaciones públicas. 1.6. Oficina de información y atención a la ciudadanía. 2. Despacho del Viceministro para la Reintegración Social. 2.1. Subdirección de inteligencia e investigación. 2.2. Subdirección para el trabajo. 2.3. Subdirección de derechos humanos. 2.4. Subdirección de las acciones de reconciliación. 2.5. Promoción de las habilidades y competencias de la población en proceso de reintegración. 3. Despacho del Viceministro para la Convivencia. 3.1. Dirección de programas estratégicos. 3.2. Subdirección para la juventud. 3.3. Subdirección para la prevención social. 3.4. Subdirección para una ciudadanía activa. 4. Despacho del Viceministro de Relaciones Interinstitucionales. 5. Secretaria general 5.1. Dirección de gestión contractual. 5.2. Dirección de gestión humana. 5.3. Dirección administrativa y financiera. 6. Dirección General de la Policía Nacional de Colombia 6.1. Subdirección General 6.1.1. Dirección de Seguridad Ciudadana 6.1.2. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 6.1.3. Dirección de Investigación Criminal e Interpol 6.1.3.1. Oficina Central Nacional – OCN - Interpol 6.1.4. Dirección de Inteligencia Policial 6.1.5. Dirección de Antinarcóticos 6.1.6. Dirección de Protección y Servicios Especiales 6.1.7. Dirección Antisecuestro y Antiextorsión 6.1.8. Dirección de Tránsito y Transporte 6.1.9. Dirección Nacional de Escuelas 6.1.10. Dirección Administrativa y Financiera 6.1.11. Dirección de Talento Humano 6.1.12. Dirección de Sanidad 6.1.13. Dirección de Bienestar Social 6.1.14. Dirección de Incorporación 6.2. Inspección General 6.3. Oficina de Planeación 6.4. Secretaria General 6.5. Oficina de Telemática 6.6. Oficina de Comunicaciones Estratégicas.

ARTÍCULO 9°. Entidades adscritas. Están adscritas al Ministerio de Seguridad Ciudadana las siguientes Entidades adscritas. 9.1. Establecimientos públicos: a) Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; b) Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 10°. De las Funciones de las Dependencias del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Los decretos y reglamentos distribuirán las funciones entre las distintas dependencias del Ministerio de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con su naturaleza y en desarrollo de las funciones que se le atribuyen por la presente Ley. ARTÍCULO 11°. Otras Funciones de Ministerio de Seguridad Ciudadana y de sus Dependencias. Son funciones del Ministerio de Seguridad Ciudadana, además de las contempladas en la Constitución Política y en las disposiciones legales especiales, las siguientes: 1. Formular la política nacional de seguridad ciudadana y velar por el adecuado cumplimiento de las funciones del Ministerio de Seguridad Ciudadana. 2. Formular, dirigir, coordinar y evaluar todos los planes, políticas, objetivos estratégicos y sectoriales en materia de seguridad ciudadana.

3. Establecer los criterios de imagen institucional, así como divulgar los programas y actividades que se desarrollen en el marco del sector de la seguridad ciudadana, en lo nacional e internacional.

Junio de 2014

4. Orientar, controlar y evaluar el ejercicio de las funciones de los organismos y entidades que conforman el sector de seguridad. 5. Evaluar los alcances y efectos que tienen sobre la población las actividades que se realicen con la finalidad de llevar seguridad a la comunidad.

6. Proteger en todo momento la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas. 7. Adoptar planes educativos de prevención en materia seguridad ciudadana. 8. Determinar las normas de seguridad ciudadana.

9. Definir la ejecución de la política de seguridad ciudadana para reducir la criminalidad en áreas urbanas.

10. Crear y conformar órganos de asesoría y coordinación, así como los grupos internos de trabajo, que considere necesarios para el desarrollo de las funciones del Ministerio. 11. Coordinar y orientar el desarrollo de la política para la seguridad ciudadana, la tolerancia, el respeto, el cuidado de los bienes públicos y la prosperidad social. 12. Crear un marco de estrategias para la aplicabilidad de programas que ayuden a las personas que dejan la violencia, las armas y el narcotráfico.

13. Proponer las políticas y estrategias que debe adoptar el Ministerio de Seguridad Ciudadana relacionadas con la seguridad urbana. 14. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la negociación de tratados o convenios internacionales del sector seguridad y dirigir el seguimiento de su desarrollo.

15. Proponer, dirigir y hacer seguimiento a la política relacionada con la protección de los derechos humanos y a la aplicación de la política de derecho internacional humanitario por parte de los miembros de la Policía Nacional.

16. Hacer seguimiento a las acciones tendientes a proteger los derechos humanos de los miembros de la Policía Nacional. 17. Velar por el desarrollo de la política de reintegración a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.

18. Crear políticas de Estado encaminadas a la reintegración social y económica de las personas o grupos armados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente. 19. Desarrollar estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento, la desvinculación y reintegración de los menores de edad a grupos armados organizados al margen de la ley.

20. Fomentar la participación de representantes de los diversos sectores de la sociedad civil, en las gestiones que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de la política de reintegración. 21. Vigilar la ejecución de programas y planes que desarrollen las diferentes dependencias del Ministerio de Seguridad Ciudadana.

22. Velar por la conservación de la paz, para lo cual se formularan políticas y estrategias de trabajo en el país.

23. Proponer la política para la administración y manejo de los inmuebles del sector seguridad 24. Participar en la formulación de la política en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 25. Formular programas que deben desarrollarse de acuerdo con los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional para la seguridad ciudadana y la política de seguridad.

ARTÍCULO 12°. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para: a) Determinar los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio creado por disposición de la presente ley.

b) Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que se exponen en la ley.

c) Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a este Ministerio en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley. Parágrafo 1°. Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el presente artículo para renovar y modificar la estructura de la Administración Pública Nacional, serán ejercidas con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público; hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en

el uso de los recursos públicos. Parágrafo 2º. El Presidente de la República determinará la planta de personal necesaria para el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Artículo 13°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y modifica algunos artículos del Decreto 1512 de 2000, en cuanto a eliminar todo lo relacionado con la Policía Nacional, deroga el Decreto 4138 de 2011, deroga los artículos 5, 6, 17 y 18 del Decreto 3445 de 2010, modifica los artículos de Decreto 4890 de 2011 en cuanto a eliminar todo lo relacionado con la Policía Nacional, y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Exposición de motivos

Somos optimistas frente al proceso de paz que se adelanta en la actualidad. Por lo tanto esta nueva etapa que comienza en Colombia lleva a plantearse otros enfoques en la seguridad ciudadana. Reconociendo que los antecedentes que hemos tenido en anteriores procesos de desmovilización, nos llevan a intervenir de manera más eficiente y comprometida en la nueva mesa de diálogo. Es necesario velar al más alto nivel para que la desmovilización sea sostenible en el tiempo y evitar que ocurran situaciones lamentables: Según un estudio del Banco Mundial, los países que salen de un conflicto o una guerra, tienen cerca del 40% de las posibilidades de volver a caer en ella durante los cinco primeros años de paz. En este mismo sentido, la Fundación Ideas para la Paz, expresa que “los programas de posconflicto deben ser legítimos, flexibles y eficientes.” Es un proceso legitimo cuando “exista amplio conceso político y social, no sólo sobre la necesidad de los programas sino sobre la justicia y conveniencia de los mismos”, porque cuando las víctimas y victimarios llegan a un acuerdo para resarcir los daños causados durante 60 años de conflicto, se puede hablar de soluciones reales. Este proceso de paz cuenta con participación de la ciudadanía, políticos, medios de comunicación (aunque el Gobierno ha pedido que sean esporádicas las exposiciones para no causar tropiezos), se han respetados las partes, los planteamientos y las ideas, logrando llevarlo a cabo en un ambiente tranquilo y natural de un proceso de paz. De esta manera necesitamos cubrir dos aspectos fundamentales: velar porque el posconflicto sea un proceso eficiente y permita articular las políticas públicas de seguridad con las demás entidades del Estado. Según fuentes del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, entre agosto de 2003 y enero de 2012 se han realizado 53.981 desmovilizaciones: 22.135 individuales y 31.846 colectivas. Pertenecientes a: 34.456 a las AUC, 15.852 a las Farc, 3.195 al Eln, 478 a otros movimientos (Erg, Erp, Epl), de los cuales 30.376 están en fase de reintegración, 10.212 abandonaron la reintegración, 8.030 nunca entraron al proceso de reintegración, 2.308 han fallecido, y 1.786 están en investigación. Apartes tomados de la página web de la Fundación Ideas para la Paz: http://www.ideaspaz.org/index.php/construccion-de-paz-y-posconflicto/40-postconflictoddr-justiciatransicional/640-postconflicto-ddr-y-ejusticia-transicional *Texto del Proyecto de Ley, no radicado en el Congreso de la República. Autor: Representante a la Cámara Augusto Posada Sanchez Partido de la U. Antioquia

ORGANIGRAMA - MINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Secretaría General

Despacho viceministro para la reintegración social Subdirección de Inteligencia e Investigación

Despacho del Viceminiastro para la convivencia

Dirección de programas Estratégicos

Dirección General Despacho del de la Policía Viceministro de relaciones Nacional interinstitucionales

Secretaria General

Subdirección para el trabajo

Subdirección para la juventud

Dirección de gestión contractual

Subdirección de Derechos Humanos

Subdirección para la prevensión social

Dirección de Gestión humana

Subdirección de reconciliación

Subdirección para la ciudadanía activa

Promoción de las habilidades y cmpetencia de la población en proceso de reintegración

Dirección Administrativa y financiera

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Pe ri o d i co ACO R PO L, o ct u b re d e 2013

Ministerio de Seguridad y Convivencia

Señor Presidente:

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “ACORPOL” defensores de los derechos y libertades de la comunidad, víctimas también de la violencia a que ha estado sometido el país en los últimos 60 años y héroes de sacrificio en el mantenimiento del orden y la seguridad de los colombianos, reiteramos nuestro apoyo al proceso de paz y hacemos votos porque en el menor tiempo termine la violencia, que permita una convivencia pacífica, factor primordial de construcción, crecimiento y desarrollo del país. En días pasados nos enteramos por los medios de comunicación sobre la creación de un Ministerio de Seguridad y Convivencia, extrayendo la Policía Nacional de la cartera de Defensa, proyecto que será radicado en el Congreso de la República y dará inicio a la propuesta. Los Oficiales de la Reserva Activa comedidamente exponemos nuestro concepto, al considerar dicha iniciativa inconveniente en este momento coyuntural que vive el país, donde la Fuerza Pública debe estar más integrada y consolidada con toda su capacidad operacional, para acelerar el proceso de paz y lograr una pronta convivencia. No sería prudente para el país en las condiciones actuales y las que dure el postconflicto, para conso-

lidar la convivencia pacífica, separar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional y exponer el futuro de esta benemérita Institución, patrimonio de los colombianos, a los cambios políticos futuros que se pueden generar y llevarla a que se repita la infortunada experiencia histórica de ser utilizada para el logro de propósitos que comprometan y afecten su buen nombre y prestigio. Con todo respeto, la iniciativa crea entre la Reserva Activa, la percepción de ser el producto inicial de una serie de negociaciones concertadas y logradas por la insurgencia, con el fin de abrir espacios para incorporar los reinsertados de sus organizaciones terroristas, en ese nuevo organismo de seguridad ciudadana, fracturando la unidad, solidez moral y operacional de la Fuerza Pública en la persecución del terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y delincuencia organizada. El propósito motivado por el señor Representante a la Cámara Doctor Augusto Posada Sánchez, sobre el nuevo Ministerio como lo proyecta, afecta y desmejora a la Policía Nacional y no mide lo inconveniente que es para el país, en este momento coyuntural que se vive con los diálogos en la Habana con las Farc, grupo terrorista que en nuestra percepción lo que busca también en este escenario es debilitar, desintegrar y menoscabar la unidad de la Fuerza Pública. La exposición que la Policía Nacional debe dejar de ser militar y pasar a otro ministerio, para que adquiera el carácter civil, sería desconocer que desde su creación en 1891, la Policía Nacional ha sido de naturaleza civil, antecedente que ha estado presente en las diferentes leyes y normatividad que la regulan, como también desconocer el alto grado de

Marco Jurídico para la Paz y la Justicia Transicional

profesionalismo policial adquirido, que se ha convertido en modelo para las organizaciones policiales en Latinoamérica, ganando el respeto y reconocimiento internacional. Señor Presidente, conocedor de su interés en lograr la paz que tanto anhelamos todos los colombianos, le sugerimos reconsidere este propósito y resalte el profesionalismo adquirido por esta Institución que ha ofrendado muchas víctimas y sigue sacrificándose con empeño al servicio en defensa de los derechos de los ciudadanos, apoyando el proceso de paz y preparándose para el postconflicto. La Reserva Activa de la Policía Nacional, recomienda respetuosamente fortalecer el país con un Ministerio de Defensa y Seguridad Ciudadana, cartera que ofrezca la garantía de integración de la Fuerza Pública y que tenga claro los roles de ésta, para enfrentar las nuevas modalidades de delincuencia, que genere el proceso de paz en el postconflicto y garantice su fortalecimiento con el alcance y funciones de seguridad y convivencia ciudadana, acompañado de medidas complementarias de orden jurídico, social, económico, político y preventivo. Un proceso que cuente con la participación de la Reserva Activa de la Policía, como respaldo y garantía a las estrategias que lidera la Institución con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y el Plan Corazón Verde entre otras, que deben hacer parte integral en el post conflicto para lograr la convivencia pacífica. Atentamente, Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate Presidente Nacional Acorpo

En la Sede Social de Acore, el 12 de septiembre, se realizó una conferencia con los Doctor Carlos Holmes Trujillo y Ernesto Lucena Quevedo, invitados por la Junta Directiva de Acore, para que expusieran a la Reserva Activa, lo relacionado con el Marco Jurídico para la Paz y la Justicia Transicional. Los asistentes estuvieron atentos para conocer los conceptos de cada uno de los conferencistas y en especial en lo relacionado con el proceso de la paz en La Habana y el Doctor Holmes Trujillo sostuvo, que la consecución de la Paz debe ser la consecuencia de un proceso sin impunidad, libre de quienes han sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad. Agregó también que se debe tener en cuenta el antes y el después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, organismo que está vigente y que la Justicia Penal Internacional, seguirá ejerciendo su poder para Juzgar a todos aquellos que hayan actuado y cometido delitos que afecten a la comunidad internacional. Mientras que el Doctor Lucena se refirió a la ‘Reserva Activa’ que debe estar preparada para convertirse en una Fuerza Política, teniendo en cuenta que sus hombres son los que han defendido al país en los momentos más difíciles de la Historia de Colombia. Considera que la Reserva Activa será la salvación y la diferencia de los partidos tradicionales, porque en ellos se concentran los valores patrios, la disciplina, la honestidad y la fe, por ser ellos quienes han sostenido la Democracia a través de los tiempos. Desde ya, y a sabiendas que existe el proyecto de Ley para establecer el voto para los miembros de la Fuerza pública, estamos dispuestos a recibirlo, lo que constituirá una novedad dentro de las organizaciones Militares y de Policía.

Ciudades A Visitar:

Moscu - San Petersburgo - Helsinki - Baltico - Estocolmo Oslo - Region de los Fiordos - Bergen - Copenhague

Tarifa porción terrestre por persona en habitación doble 5476 Dolares Tarifa porción terrestre por persona en habitación triple 5396 Dolares

Fecha Salida 07 Agosto Fecha Regreso 06 Septiembre Total Dias Tour 21 Dias

Tarifa aérea Bogotá – Frankfurt – Moscú // Copenhague – frankfurt - Bogotá usd 2.180 aprox. La tarifa se liquida a la tasa TRDM del día de compra, saliendo de otras ciudades favor consultar tarifa aérea Teresa Romero Tel 3450511 ext 118 Cel 3104800897 acoreturismo@hotmail.com

RESERVA ACTIVA POLICÍA NACIONAL

No. 1023/P Bogotá D.C., 12 de agosto de 2013 Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República de Colombia Ciudad

Junio de 2014

Farc: 50 años de horror

LIBARDO BOTERO CAMPUZANO Periódico Debate, http://debate.com.co/ 30 de mayo de 2014

Tras cincuenta años de barbarie, los herederos de alias ‘Tirofijo’ y ‘Jacobo Arenas’ nos advierten que si no queremos otro medio siglo de sufrimiento, debemos plegarnos a sus exigencias, para instaurar un narco-estado de fachada socialista. El ultimátum es claro. Colombia no puede ceder ante él. En 1964 era yo un adolescente que no había terminado el bachillerato, pero que ya me interesaba por la política. Recuerdo muy bien cómo, de la noche a la mañana cualquier día en la Medellín de entonces, que aunque pujante era todavía una ciudad provinciana y pequeña, aparecieron embadurnando sus paredes consignas de solidaridad con la “resistencia” de Marquetalia firmadas por el Partido Comunista Colombiano (PCC) y la Juventud Comunista (Juco). Espectáculo que seguramente se repitió en otras ciudades del país. Yo entendía un poco la jerga y sitios aludidos por los letreros, porque entre mis amigos en el Liceo Antioqueño se contaban militantes de la Juco pro-soviética y de la disidencia maoísta que se perfilaba. Para el común de las gentes de entonces aquellas consignas y nombres poco significado tenían, teniendo en cuenta lo marginal y aislado de las regiones nombradas y del minúsculo partido que las lanzaba. El país había superado el período de “la violencia”, enfrentamiento brutal entre liberales y conservadores desde finales de los años cuarenta hasta comienzos de los sesenta, que el Frente Nacional había desactivado. Precisamente el gobierno de Guillermo León Valencia, entre 1962 y 1966, fue calificado como el de la paz por rematar con éxito ese proceso de pacificación. La tasa de homicidios se redujo por aquellos años a uno de los niveles más bajos del siglo. Alias’ Timochenko’, el jefe actual de las Farc, al celebrar los 50 años de nacimiento de esa banda, repite las ficciones que por décadas han difundido sobre tan trágica fecha. Afirma sin inmutarse que fue la “barbarie demencial ejercida en Colombia por la oligarquía liberal conservadora durante décadas, la que desbordó en mayo de 1964 la paciencia de los campesinos asentados en Marquetalia, El Pato, Riochiquito, Natagaima, el río Guayabero y otras regiones de colonización agrícola, enfrentados a la terrible encrucijada de conformarse en guerrillas o perecer asesinados por el régimen intolerante.” He allí nítida la primera falsedad sobre el origen de las Farc, dizque en respuesta a la

violencia oficial y a supuestos planes de la Casa Blanca, como advierte más adelante el mismo cabecilla. Por el contrario, la emergencia de aquella pandilla fue una declaratoria de guerra desligada de cualquier condición interna, en contravía de la pacificación lograda y anhelada por la inmensa mayoría de los colombianos, y una amenaza contra la convivencia que había aclimatado el Frente Nacional bipartidista. Explicación, además, del aislamiento y debilidad del grupo guerrillero por años, repudiado por la población, que lo condujo a aventurarse en las más señaladas actividades criminales para financiarse y sobrevivir. Todos los intentos por justificar la aparición de los primeros grupos violentos al margen de la ley en el país como producto de factores endógenos, empezando por las Farc, pero incluyendo también al Eln, al Epl y al mismo M-19, para no mencionar otra serie de siglas que no fructificaron en su empeño, se estrellan contra una realidad aplastante: el panorama de América Latina. Si repasamos los años sesenta y parte de los setenta para esta región encontramos una explosión simultánea de grupos armados, urbanos y rurales, que estremece: desde Argentina y Chile, pasando por el culto y pacífico Uruguay que no escapó a la mareada, siguiendo con Brasil y Perú y Bolivia, incluyendo a Colombia y Venezuela, sin olvidar a Nicaragua, Guatemala y El Salvador en Centroamérica. La proliferación de “focos” guerrilleros, como los bautizó Debray, semejaba una epidemia. Y en verdad lo fue. El contagio lo propiciaron factores conocidos, como el impacto de la revolución cubana, que en sus años juveniles ilusionó con el paraíso socialista a una generación de jóvenes que quisieron imitar a los barbudos de la Sierra Maestra, el ‘Che’ Guevara en particular, y ofrendaron sus vidas en incontables aventuras románticas y desquiciadas. Pero no fueron ajenos los proyectos insurreccionales a la influencia geopolítica, sino que en ella se explican la mayoría. Primero por instigación de Cuba, que quiso erigirse líder de los levantamientos de diferentes países del tercer mundo, alentando y estimulando la formación de guerrillas en Asia, África y América Latina. “Crear uno, dos tres Vietnam” fue su grito de batalla. Con ínfulas de independencia de la URSS en un comienzo, Fidel Castro cayó pronto sin pena ni gloria en su órbita, con motivo de la invasión soviética a Checoeslovaquia

en 1967, la que respaldó sin avergonzarse, sirviendo como cipayo fiel a esa potencia hasta su desintegración en 1989. Ya la Guerra Fría estaba en marcha cuando empezaron a incursionar los distintos grupos guerrilleros en el hemisferio; eran parte de los preparativos de la ofensiva expansionista de la URSS que le permitieran derrotar a EE.UU. e imponer su égida en el mundo. En esa estrategia orbital se inscribe la creación de las Farc. El vehículo, como lo indicaban desde 1964 los letreros en las paredes, era el PCC, que mantenía relaciones filiales y serviles con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Quienes por tantos años trajinamos en la izquierda lo sabíamos con certeza: que las Farc eran el brazo armado del Partido Comunista y que el PC era un títere del PCUS. Alias ‘Jacobo Arenas’ fue el comisario político enviado por la dirección comunista a aconductar las cuatro o cinco decenas de campesinos que se organizaron en Marquetalia, y luego se desplegaron a Guayabero, Riochiquito, El Pato y otras comarcas. Hacía parte de la troika que dirigía al PCC como el mismo ‘Tirofijo’, quien era miembro del Comité Central desde 1962. Con el paso del tiempo los factores se invirtieron y el Partido Comunista quedó reducido a su condición de brazo político de las Farc. Como la Unión Patriótica a finales de los años ochenta. Quien quiera seguir los episodios de esa fatídica relación umbilical puede consultar el relato de Álvaro Delgado, “Todo tiempo pasado fue peor”, miembro por esas calendas del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, o el magnífico libro de Steven Dudley, “Armas y urnas”. El hecho indiscutible es que esas guerrillas de los sesenta del siglo pasado fueron cuerpos extraños en nuestro organismo social. Para poder sobrevivir y progresar en su accionar tuvieron que apelar a cuanto expediente criminal pudieron. Empezando por el secuestro, que las Farc iniciaron con ‘Tirofijo’ a la cabeza, y que después imitaron las demás guerrillas, siguiendo con la extorsión de pequeños, medianos y grandes empresarios, incluyendo las multinacionales, hasta llegar al rentable negocio del narcotráfico en que han descollado, para terminar en la minería ilegal, para mencionar solo los principales delitos destinados a aprovisionarse de recursos económicos para mantener sus aparatos armados. La historia nos aporta tam-

bién la prueba palmaria de que esas razones geopolíticas explicaban la emergencia y persistencia de la mayoría de las guerrillas latinoamericanas, al menos las que supervivían a finales de los ochenta del siglo pasado y no habían fracasado por otras razones. Cuando cayó el muro de Berlín y posteriormente la URSS se vino a pique, como por ensalmo se esfumaron, disolviéndose o negociando su rápida reincorporación a la vida civil, como sucedió en Centroamérica y parcialmente en nuestro suelo. Las Farc –y detrás de ellas el Eln- fue la excepción, porque su entronque con el narcotráfico –a diferencia de las otras agrupaciones del Continente- le aseguraba continuar sus tropelías sin depender del “campo socialista” que encabezaron los soviéticos. Ahora, con motivo de su sanguinolento cincuentenario, y en la línea de considerarse víctimas, declaran que “los hombres y mujeres, asesinados, desaparecidos, torturados, mutilados en esta larga guerra, lo fueron esencialmente en razón de sus convicciones políticas, generalmente comprometidas con proyectos de izquierda y alternativos de sociedad.” En tal sentido, su concesión máxima en este punto se expresa así: “Manifestamos nuestra disposición de contribuir de forma decidida en toda acción para posibilitar y recobrar una memoria desde las víctimas”. En ese mismo orden de ideas, su gran propuesta es que se conforme una comisión de la verdad, conformada a capricho de las Farc, que reparta las responsabilidades por la ordalía. No. No es admisible que los principales victimarios posen de víctimas, y que sus responsabilidades se diluyan en una etérea comisión académica. Lo que el país requiere es un tribunal que juzgue a quienes han sido los causantes fundamentales y autores de tan grave tragedia. Ahora que las Farc celebran ese cincuentenario de horror, vuelven a repetir las mismas mentiras de siempre, y a enfatizar en otras argucias propicias para el momento. Por ejemplo, la absurda prédica de que las Farc se metieron a la guerra para buscar la paz. La paz sirve para todo, como arma electoral por ejemplo, pero insólito que sobre todo sirva para hacer la guerra. Para Timochenko las Farc son ángeles custodios de la convivencia: “somos gentes de paz, amantes de la vida familiar, colombianos esperanzados en salir adelante honradamente. No vinimos al mundo con las armas en la mano, mucho menos entonando cantos de guerra. Fue la dura realidad política de nuestro país, la que condujo nuestras vidas a la rebelión armada.” Pero su cháchara demagógica les juega malas pasadas. Mientras esa falacia pregonan de entrada, en el discurso de ‘Timochenko’, así como en la declaración del Secretariado

y en la de la delegación de La Habana aseveran otra cosa bien distinta. Las negociaciones de paz son un simple medio para conquistar los objetivos estratégicos, a los que no han renunciado. Ese es el meollo de la cuestión. Parodiando a Carl von Clausewitz podríamos decir que la política (de paz en este caso) es la continuación de la guerra por otros medios. La declaración del Secretariado de la organización criminal, con motivo de su cincuentenario lo asevera categóricamente: “…no hemos llegado a La Habana a firmar nuestra capitulación y a someternos a los poderes del Estado que hemos combatido por décadas. Está acordada con el Gobierno de Santos una Agenda mínima que apenas se aproxima a nuestras irrenunciables aspiraciones históricas, de producir y tomar el poder para transitar la senda del socialismo…” Y el cabecilla principal, ‘Timochenko’, es igual de concluyente: “entendemos la mesa de conversaciones como la oportunidad más favorable para impulsar y concretar la conformación de ese torrente popular”, que había mencionado en el mismo párrafo, el mismo “que cancelará definitivamente el ejercicio de la guerra y la violencia por parte del régimen, alcanzará la unidad y la madurez necesarias para acceder al poder político del Estado, e imponer las reformas fundamentales que reclama la gente colombiana.” Para el efecto, redondeando la faena, la delegación de las Farc en La Habana publica un documento con once puntos que harían parte de las reformas pretendidas a través de la Asamblea Nacional Constituyente que han venido proponiendo. Como es obvio, rebasan por entero los cinco puntos de la agenda que ahora examinan, y se refieren a un cambio institucional completo para instaurar un estado socialista, basado en una “cogestión” que anula la democracia representativa, con un modelo económico que suprima la propiedad privada y arrase el capitalismo, y con la transformación radical de las fuerzas armadas según sus particulares criterios. Los objetivos máximos de las Farc “por los que nos hemos levantado en armas contra el orden de dominación y explotación existente” no se agotan en los cinco puntos de la agenda actual. “Nuestras aspiraciones históricas son mayores; buscan precisamente la superación del orden capitalista”. Por ende lo que se pacte ahora tiene que conducir a la tal Constituyente. A la cual está condicionada no solo la refrendación de los acuerdos suscritos en Cuba, sino el cambio total del Estado para cumplir sus metas estratégicas. Así lo explican los “plenipotenciarios”: “Para nosotros es la posibilidad de refrendar los acuerdos logrados, de encontrarle salida a las >> SIGUE FARC pág. 23

Edición 540

Las amenazas de ‘Iván Márquez’ contra Colombia

EDUARDO MACKENZIE Periodismo sin Fronteras 3 de junio de 2014

En diez puntos, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, resumió desde La Habana lo que las Farc quieren hacer con Colombia si logran, de alguna manera, apoderarse del Estado. El jefe terrorista, al final de su aburridora arenga del 25 de mayo de 2014, poblada de frases hechas e idéntica a los discursos farianos de hace 30 años, intercambiable en todo momento, mencionó diez puntos. Esos diez puntos son la única parte original de esa prédica. Desentrañar el contenido real de esos diez puntos es urgente. Pues una cosa es su envoltura y otra su lógica interna. Captar ésta última es más fácil si se invierte el orden de presentación que utilizó ‘Iván Márquez’. Comenzaremos, pues, por el último punto e iremos de allí hacia el primero. El último punto, primero de nuestro análisis, es: 1. “Restablecimiento de la soberanía e integración en nuestra América”. El jefe fariano no habla de ‘soberanía nacional’. Habla de ‘soberanía’. Pues para él no hay soberanía nacional. El sigue pensando en términos de ‘poder soviético’, el cual era internacional, global. Cuando habla de “restablecimiento de la soberanía”, ‘Márquez’ se refiere a abolir la soberanía de Colombia y adjudicarle otra muy diferente a nuestro país: Colombia debe ser convertida en una provincia de Cuba, como lo es hoy Venezuela. Cuba debe extender su dominio imperialista sobre Colombia y los demás países del continente, antes de tratar de destruir a Estados Unidos. Esa es la lógica de los jefes farianos. Esa es la esencia de ese punto. Por eso la palabra “nacional” ha sido eliminada de ese programa. 2. “Nuevo modelo económico e instrumentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir”. Ello quiere decir abolición del capi-

<< VIENE FARC pág. 22 salvedades que hemos dejado sentadas, y sobre todo de concertar un nuevo marco jurídicopolítico para la organización del poder social, del Estado y de la economía, sobre presupuestos que comprometan al conjunto de la sociedad colombiana, en todas sus expresiones políticas, económicas, sociales y culturales.” Y de remate, insisten en que ya vivimos un proceso constituyente en marcha, como dando

talismo, de la libre empresa, de la iniciativa privada e instauración, mediante la violencia, de un sistema colectivista, de miseria y gasto improductivo, bajo el control de la burocracia inepta de un partido, las Farc, bajo el nombre que sea. Buen marxista, ‘Márquez’ estima que el capitalismo no debe ser reformado sino destruido por la fuerza. 3.“Reorganización democrática de los territorios urbanos y rurales”. Léase: trastorno del espacio urbano y rural en su versión más extrema. Una vez destruido el capitalismo, mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción (fábricas, empresas, talleres, haciendas), se debe eliminar la propiedad urbana (casas, apartamentos, oficinas), y pasar al hacinamiento de individuos y familias en soluciones colectivas de vivienda. Ello implica la “reeducación” masiva de la clase propietaria en granjas estatales y su destrucción como clase. Expropiación de las fincas y tierras de los campesinos (pobres, medios y ricos) y erección de granjas colectivas y de prisiones-gulags bajo control del partido-Estado. 4. “Recuperación socio-ambiental de los recursos naturales y reapropiación social de los bienes comunes”. Es decir, confiscación de las empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la extracción y transformación de recursos naturales y apropiación de sus activos, plantas y tecnologías por el partido-Estado. Desastres ecológicos ante la explotación totalitaria de los recursos naturales y de la naturaleza. 5. “Desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales”. Confiscación de toda empresa privada y creación de un sector público único encargado del comercio, de la actividad industrial y de los servicios. Lo de la “desmercantilización” es un anuncio paroxístico. Recuerda lo que hicieron los comunistas de Pol Pot en Cambodia en 1975, quienes, fuera de liquidar físicamente la tercera parte de la población, suprimieron la moneda y el

mercado, para tratar de alcanzar el comunismo en sólo dos años y dar ejemplo a la misma China de Mao Zedong. 6. “Justicia para la paz y materialización de los derechos de las víctimas del conflicto”. Las víctimas del conflicto son, aquí, exclusivamente, las Farc como partido-Estado, el cual se apropiará la riqueza nacional a título de compensación por haber sido víctima del conflicto. Justicia para la paz será la justicia sin derecho, la justicia de los tribunales populares, erigidos únicamente para reprimir toda disidencia, todo enemigo del pueblo, y destinados a proteger los designios de la dictadura. 7. “Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narco-paramilitares”. Aniquilación de todo cartel de la droga rival de las Farc. Centralización del negocio del narco tráfico. Represión inmediata, masiva e implacable de los partidos, grupos y facciones defensores del liberalismo político y económico. 8. “Desmilitarización de la vida social”. Léase desmantelamiento de las Fuerzas militares y de policía, encarcelamiento y eliminación de la oficialidad y de los altos mandos actuales, y creación de un “ejército popular” al servicio de los intereses de Cuba y Venezuela. Creación de milicias “populares” para reprimir al pueblo. 9.“Reestructuración democrática del Estado”. Eliminación de la democracia representativa, de sus instituciones y ritos (elecciones libres, división de poderes) y su reemplazo por órganos de control ligados a un poder central. Destrucción de bibliotecas y transformación de los medios de información (diarios, revistas, radios, televisión, ciberespacio) en órganos bajo control estatal. Censura de la vida intelectual y académica del país. Persecución de todas las religiones 10. “Democratización real y participación en la vida social”. Es la consolidación de los disturbios anteriores y el perfeccionamiento de los instrumentos represivos del nuevo

a entender que en esa dirección avanzan las conversaciones en Cuba. Pese a las alegaciones de Santos y Humberto de la Calle de que todo son aspavientos de las Farc, y que en la mesa nada de eso se ha considerado ni pasará, lo claro es que las Farc siguen en el juego de utilizar las negociaciones para escalar posiciones con miras a la toma del poder. A diferencia del M-19 y de los paramilitares, que declararon

desde el principio que se desmovilizarían y entregarían las armas, y así lo hicieron, las Farc nunca han reconocido que procederán en esa dirección ni que abandonarán la lucha armada de una vez por todas, para participar en la lucha democrática como las agrupaciones políticas legales. Hablan de formar un frente para vencer al actual régimen, sumando al Eln, entre otras fuerzas, y al PCC, todas ellas organizaciones “antisiste-

Estado comunista-fascista para someter a la población y proyectar ese modelo hacia el exterior. “Democratización real” es, según el castro-chavismo, control de los aspectos más ínfimos de la vida de las personas, de las familias, de las ciudades y de los departamentos, por parte

del nuevo poder, como en Cuba a través de los siniestros “comités de defensa de la revolución”. Escuche lo que dijo Iván Márquez y haga su propio análisis: http://m.youtube.com/watch?v=T TaSz6B3eIE&feature=youtu.be

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mantienen amenazantes sus fusiles en la mano. No podemos doblegarnos ante semejante extorsión. Tras cincuenta años de barbarie, los herederos de alias ‘Tirofijo’ y ‘Jacobo Arenas’ nos advierten que si no queremos otro medio siglo de sufrimiento, debemos plegarnos a sus exigencias, para instaurar un narco-estado de fachada socialista. El ultimátum es claro. Colombia no puede ceder ante él.

Junio de 2014

Señor (a) ACORADO (a)

recuerde

Sobre la leyenda de Marquetalia

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EDUARDO MACKENZIE Periodismo sin fronteras 7 de junio de 2011

Casi todos los años, hacia mediados de mayo, la prensa de Bogotá repite de manera rutinaria los gazapos de siempre sobre Marquetalia: que allí fue donde nacieron las Farc, que allí “50 campesinos se alzaron contra el gobierno de Guillermo León Valencia”, que allí fue derrotado el Ejército, que allí surgió la guerrilla más fuerte de Latinoamérica, etc. Ese mito, fabricado por la propaganda mamerta, tiene la piel dura por una razón: porque los historiadores y los periodistas, que deberían ser serios y sentirse obligados a investigar para poder contar lo que allí ocurrió realmente, se contentan con tragar entero las imposturas fabricadas por gente que se burló siempre de la verdad. Este 28 de mayo, en efecto, Jineth Bedoya Lima, célebre reportera de El Tiempo, fina conocedora del tema de las Farc y de las otras bandas ilegales del país, firmó un buen reportaje sobre los esfuerzos del Ejército colombiano para retirar las minas antipersonal con las que las Farc han sembrado la región de Marquetalia. Sin embargo, en ese texto interesante y bien intencionado volvieron a aparecer los curiosos clichés de marras: que hace 47 años Marquetalia era una hacienda y que allí “50 campesinos se alzaron contra el gobierno de Guillermo León Valencia”. El embuchado fue rematado con el dudoso testimonio de un viejo del pueblo de Planadas quien le dio a la periodista, como si nada, y sin que ésta se percatara de la manipulación, dos datos adicionales mentiroso. El viejo afirma, por ejemplo, que “el 29 de diciembre de 1964 empezó la histórica operación Marquetalia” y que allí “el Ejército perdió la batalla y se engendraron (sic) las Farc”. Falso. El Ejército no perdió allí ninguna batalla. Todo lo contrario: del 17 de mayo al 15 de junio de 1964 (nada que ver con diciembre), el Ejército desalojó, en brillante acción, las huestes

revisar

atrincheradas de Isauro Yosa y ‘Tirofijo’, tras evitar la trampa que éstos, siguiendo el modelo indochino, habían preparado para masacrar la tropa. Tras los tropiezos iniciales, debidos más a la geografía que a otra cosa, los militares ingresaron a la tupida zona, pusieron fuera de combate a 35 guerrilleros, capturaron a otros 54, liberaron la población del yugo terrorista y se apoderaron de la documentación del grupo armado. Desde el primer empuje de los militares, el astuto ‘Tirofijo’ huyó con una escolta de 48 guerrilleros, hacia un enclave secreto en la región de Guayabero. Los otros escaparon por un sendero hacia el enclave de Riochiquito, donde tratarán de hacerle frente al Ejército sin ningún éxito pues serán desalojados de allí en septiembre del mismo año. Las Farc no “se engendraron” en Marquetalia. Esa organización, como estructura militar con una orientación ofensiva bien precisa, ya existía en esa fecha, aunque sin nombre, y estaba consolidando varios frentes en torno de un epicentro, bajo el control del Partido Comunista, el ojo de Moscú en Colombia. La proclamación de la tenebrosa sigla no había sido hecha, como pensaban hacerlo, pues el rápido asalto del Ejército no les dio tiempo. Las Farc fueron una de las creaciones típicas de la URSS para llevar su Guerra Fría al continente. Pese a ello, y al apoyo material de Cuba, esa guerrilla no fue una de las más exitosas de Latinoamérica, como algunos predican, pues nunca lograron conquistar el poder (como sí lo hicieron dos guerrillas comunistas del continente). Ni siquiera fueron capaces de conquistar, de manera durable, un sólo kilómetro del suelo colombiano. Planadas tampoco fue el lugar donde se formó la primera guerrilla comunista colombiana. Ese lugar fue Viotá, epicentro de la llamada “república independiente del Tequendama”, donde los vieiristas, con la

ayuda de Victor J. Merchán, erigieron su primera escuela de guerrillas, en las barbas mismas de las autoridades, quienes no tenían claro qué tipo de adversario tenían en frente. Marquetalia no era una hacienda con inocentes labriegos, como pretende la leyenda. Era una meseta, epicentro de una amplia región llamada Gaitania. El verdadero nombre de ese punto era El Támaro. Quien se inventó el apelativo de “Marquetalia” fue el guerrillero comunista Jacobo Prías Alape, alias’“Charro Negro’, quien en 1955 le dio ese nombre para rendir homenaje al sindicalista Manuel Marulanda Vélez, el verdadero, no el que después transformó ese nombre en apodo para tratar de quitarse de encima el remoquete de ‘Tirofijo’. La etiqueta Marquetalia no tiene que ver con la trayectoria de Pedro Antonio Marín. Este, en enero de 1960, tras la muerte de ‘Charro Negro’, adoptó el nombre de ‘Manuel Marulanda Vélez’. La región de Gaitanía tenía otro nombre pero fue bautizada así por Fermín Charry Rincón, un activista y guerrillero comunista. En 1949, él se apoderó de ese paraje de difícil acceso para crear la “república independiente de Gaitania”. Ese lugar dispone de corredores naturales hacia Caquetá y Cundinamarca y limita con cuatro departamentos (Huila, Tolima, Valle del Cauca y Cauca). Por su carácter estratégico, aislado e inhóspito, esa región se convirtió en zona de repliegue de bandoleros. Isauro Yosa, ‘Charro Negro’ (el jefe de Tirofijo) y Ciro Trujillo, derrotados en otros departamentos, se ocultaron y refugiaron allá, sobre todo desde 1959. Meses después, esas bandas se dieron a la tarea de reforzar sus instalaciones: cavaron túneles y trincheras y erigieron un bastión que pensaban sería inexpugnable, desde donde lanzaron sus “comisiones”, es decir sus bárbaras expediciones contra los campesinos y los notables de la región para ponerlos bajo

sus órdenes. A ese lugar fueron a dar las huestes errantes de cuatro enclaves armados: Planadas, Rionegro, La Herrera y Miraflores. Por eso, desde 1962, el Ejército había llegado a la amplia región de Gaitania para pacificarla. Las primeras repúblicas independientes, unas liberales y otras comunistas, aparecieron durante el gobierno de Laureano Gómez y se extendieron desde entonces, hasta que Jules Dubois, un periodista estadounidense, dio cuenta del fenómeno en el Chicago Tribune, el 20 de noviembre de 1961. Fue a raíz de eso que Álvaro Gómez Hurtado, diez días más tarde, expuso la cuestión ante el Senado colombiano. En ese momento ya había once repúblicas independientes. La táctica de los comunistas en esos enclaves fue muy hábil: permitir la coexistencia de grupos adversos para asimilarlos. Los campesinos liberales y conservadores podrían recibir protección de los comunistas bajo tres condiciones: respetar a sus protectores, no hacer proselitismo y asistir, obviamente, a reuniones de adoctrinamiento a cargo de expertos. De ese experimento salió una fauna política de nuevo tipo. En ciertas zonas apareció gente que se decía “liberal-comunista”, así como “conservador-comunista”, “católico-comunista” o “protestante-comunista”. El país ha olvidado eso. Ello explica, sin embargo, la aparición de una alianza de las extremas (MRL, comunistas y hasta una fracción disidente laureanista) que se opuso al pacto del Frente Nacional de 1957 el cual abrió una salida constitucional al problema de quien sería el presidente de la República en 1962. Para los coaligados era impensable otra solución que no fuera de hecho o violenta. Empero, serán aislados y derrotados gracias a la popularidad del Frente Nacional y su sistema de alternancia y de paridad política.

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Edición 540

“Los criminales de guerra y de lesa humanidad no pueden hacer política”: Procurador General

“Si se declara exequible el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz, serán estériles los nueve condicionamientos con los que el Congreso debe interpretar el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012), pues tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad”, dice Alejandro Ordóñez Maldonado. La afirmación la hizo el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en la audiencia pública organizada por la Corte Constitucional por una demanda de inexequibilidad al artículo sobre participación en política de miembros de grupos armados ilegales en el contexto del Marco Jurídico para la Paz. “¿No se revictimiza a la víctima cuando se le dice que su victimario ahora ocupa un cargo de poder y que puede imponerle leyes?”, fue una de las preguntas planteadas por el procurador general. “Si se declara exequible el Artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz, serán estériles los nueve condicionamientos con los que el Congreso debe interpretar el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo 01 de

2012), pues tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad”, dijo este martes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional ante la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra dicho acto legislativo. El jefe del Ministerio Público insistió en recordar que “los derechos de las víctimas son justamente eso, derechos” y por ende serían violados si se permite que los líderes guerrilleros responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios se convirtieran en diseñadores de la institucionalidad. “Permitir la participación en política automática de autores de delitos

de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, equivale a violar los derechos de las víctimas”, subrayó. Según el procurador general, “el mundo ya conoce los resultados de esos pseudo procesos de paz”; la sociedad debe recordar las consecuencias de violencia generadas por alcanzar acuerdos de amnistía e impunidad con grupos delincuenciales; y el Estado colombiano está en la obligación de proteger a las víctimas y no beneficiar a los victimarios. “El Estado no existe para amparar a quienes han violado los Derechos Humanos (…) Permitir la participación en política automática de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas”. En su intervención, el jefe

del Ministerio Público advirtió nuevamente sobre los riesgos que implica que el Marco Jurídico para la Paz pueda interpretar como delitos conexos a los políticos, actos de crueldad como el reclutamiento de niños, la explotación sexual de menores, el homicidio en persona protegida y más violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por los cabecillas de las Farc. “Cualquier conducta que adquiera connotación de crimen de guerra o delito de lesa humanidad, rompe cualquier nexo con los delitos políticos (…) Se exigen sanciones proporcionales, a delitos severos penas severas, no trabajo social, señor fiscal, trabajo social es lo

que se exige a los estudiantes de colegio”, dijo en referencia a políticas de ‘justicia alternativa’ planteadas por el fiscal general de la Nación. El procurador Ordóñez Maldonado concluyó su intervención planteando una inquietud a la sociedad colombiana y a la honorable Corte Constitucional: “¿Tienen derecho las víctimas a que sus victimarios pasen de manera impune y automática a diseñar las instituciones?

Procuraduría General de la Nación, Bogotá http://www.procuraduria.gov.co/portal/_Permitir-la_participacion_en_politica_automatica_de_autores_de_delitos_de_lesa_humanidad__cr_menes_de_ guerra_y_genocidios__equivale_a_violar_los_derechos_de_las_v_ctimas___ Procurador_Alejandro_Ord_nez.news 27 mayo 2014

“Responsables de delitos de lesa humanidad no pueden participar en política”: Rafael Guarín

El Espectador, Bogotá 27 de mayo de 2014

El exviceministro de Defensa aseguró que la inhabilidad política se deriva del carácter atroz del delito sin importar quién lo ejecute.

Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín Cotrino, manifestó que tanto la jurisprudencia colombiana y los tratados firmados por Colombia esgrimen claridad cuando establecen los límites de la participación en política de los miembros de grupos armados ilegales que hayan sido condenados por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidios. En su intervención, el demandante manifestó que se debe hacer una clara diferenciación cuando se habla de los desmovilizados que puedan postular su nombre para un cargo de elección popular o a un puesto como funcionarios públicos si el proceso de paz que se adelanta en la actualidad llega a un buen término en La Habana, Cuba. En este sentido aseguró que aquellos que no hayan recibido una condena por los casos anteriormente citados pueden acceder a estos cargos, sin embargo aquellos subversivos, ya sean del Eln, de las Farc o agentes del Estado, que estén inmersos en los mismos presentan una inhabilidad la cual está establecida por

la Constitución Política y tratados internacionales firmados por Colombia. “La inhabilidad política se deriva del carácter atroz del delito sin importar quién lo ejecute”, expresó Guarín al considerar no se puede crear una especie de filtro frente a los victimarios puesto que las víctimas han tenido que sufrir atropellos por parte de la guerrilla, los paramilitares y los agentes del Estado. “Me pregunto ¿hay una diferencia si la acción la cometió Mancuso o ‘Iván Márquez’”? En este sentido aseguró que el Estado debe velar por el respeto y las garantías de los derechos de los víctimas, quienes por 50 años han sufrido los actos ejecutados por miembros de grupos armados ilegales. “Los tratados internacionales hablan de una amnistía en el conflicto armado, la más amplia posible no la total (…) Las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no pueden recibir una amnistía”, precisó el demandante en su intervención ante el alto tribunal. Para el demandante, la comunidad internacional ha considerado que el carácter atroz excluye la conexidad de

crímenes de guerra con los crímenes políticos. “Se crean medidas restrictivas para luchar contra la impunidad. Restricciones a las graves violaciones de los derechos humanos, se niega el asilo y refugio político, así como la no extradición”. En este punto aseguró que no se puede catalogar al terrorismo como un delito político, hecho por el cual de entrada la carta magna prohíbe la participación de los responsables para acceder a cargos como alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados, entre otros de elección popular. “Los funcionarios públicos que sean hallados responsables de violaciones a los derechos humanos, no pueden continuar al servicio del Estado”, reiteró Guarín al considerar que no se puede caer en los errores de las comparaciones puesto que la incurrencia en este tipo de delitos no tiene justificación alguna por ninguna de las partes y la inhabilidad debe ser la misma para todos. En este caso aseguró que los desmovilizados que no hayan sido condenados por estos delitos deben comprometerse a un desarme total, establecer la verdad

sobre la violación de los derechos humanos, se reconozcan públicamente como victimarios, se conozca el paradero de los desaparecidos, entreguen a los menores reclutados, perdón público a las víctimas, a Colombia y a toda la humanidad, sin justificación alguna sobre sus actos. Ante esto aseguró que los responsables de los responsables de delitos contra la dignidad humana, protección de los derechos humanos, lesa humanidad, tratados humanitarios, terrorismo, delitos trasnacionales. “¿Las masacres las torturas y las desapariciones son diferentes si las cometen miembros del Estado o un guerrillero de la Farc? ¿Qué diferencia hay entre los criminales de las Farc y las AUC?”. Guarín aseguró que pese a lo que han dicho muchos no es un enemigo de la paz ni hace parte de una empresa que se beneficie con la guerra y por eso no quiere que se acabe. “La paz duradera debe establecerse y basarse en la justicia y el respeto de los derechos humanos (…) Se debe respetar la ley y la Constitución para respetar y garantizar los derechos de las víctimas, la justicia y el respeto por los derechos humanos”.

Junio de 2014

No se debe permitir la participación en política de la guerrilla: Rafael Nieto BLU RADIO

El abogado Rafael Nieto se mostró en desacuerdo con que haya una amnistía a los guerrilleros que incurrieron en delitos de lesa humanidad y por lo tanto no se debe permitir su participación en política tras un acuerdo con el gobierno.

El jurista afirmó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) sostiene que a la finalización de un conflicto se debe dar la amnistía más amplia posible, pero “excepto los que son considerados como crímenes internacionales, definidos por el estatuto de la Corte Penal Internacional”. Agregó que existen tres categorías de crímenes internacionales: los crímenes de guerra, que son las infracciones graves al DIH; los crímenes de lesa humanidad, que son las graves y máximas violaciones a los DDHH; y, el genocidio. Estas tres condiciones no son susceptibles a amnistía ni indulto, dicho expresamente por el Derecho Internacional Público.

El abogado manifestó que el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) establece en su Artículo 77 que para esta categoría de crímenes, “la sanción tiene que ser pena privativa de la libertad y que no basta con hacer una investigación e imponer una condena cualquiera”. “En la línea del fiscal, no se puede establecer que haya suspensión de las penas o que la pena sea trabajo social para que eso cumpla el estándar establecido en la Corte Penal Internacional”, agregó Nieto. “Para que se cumpla el estándar mencionado se requiere que haya pena privativa de la libertad”, sentenció. Nieto también se refirió al marco jurídico para la paz y

dijo que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no quedarían cubiertos por ese ejercicio de justicia transicional, dirigido a permitir que los que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado pueda participar en política Nieto no comparte que en el marco jurídico para la paz no estén incluidos los crímenes de guerra. “No se entiende por qué alguien responsable de

crímenes de guerra si podría hacer política y no tener ningún tipo de sanción y en cambio alguien que cometió crímenes de lesa humanidad no podría. Es una distinción arbitraria a la luz del derecho internacional,” manifestó. Al abogado le resulta molesto que la norma que está clara en el marco jurídico para la paz ahora pretenda una nueva interpretación para que ni siquiera los

La historia que ocultan las Farc

El Mundo, Medellín Editorial 28 de mayo de 2014

Con la habilidad que tienen para tergiversar la historia, las Farc usan la operación militar de Marquetalia, realizada el 14 de junio de 1964, como punto de partida de su fundación y ejemplo de una pretendida persecución contra campesinos desprotegidos. En la historia reciente, el primer capítulo de su falacia fue escrito en la carta de Pedro A. Marín, alias ‘Tirofijo’, al presidente Pastrana, el día de la inauguración de los diálogos del Caguán; el segundo, lo están escribiendo con ayuda de muchos que olvidaron la historia o renunciaron a defenderla. La verificación de los hitos en el proceso de consolidación de la democracia colombiana, que no está exento de errores y dificultades, contradice la versión fabricada por las Farc, que buscan garantizarse un estatus generosamente entregado en la mesa de La Habana y creciente en la actual campaña a la Presidencia. Ante las tergiversaciones, conviene un resumen de los hechos que se sucedieron desde el 10 de mayo de 1957 y culminaron en 1966, en un primer capítulo; sobre los que ocurrieron en 1982, 1990 y 1998, cuando el país les tendió su mano generosa a las Farc, y sobre los que hoy ocurren en torno a las actuales negociaciones. La legitimidad de la democracia es indiscutible desde su refundación en 1957, cuando el

pueblo derrotó la dictadura de Rojas Pinilla y avaló, mediante plebiscito que reformó catorce artículos de la Constitución, el Frente Nacional. Aquel fue un modelo de concertación de los dos partidos mayoritarios, que habían protagonizado la más dura de las guerras internas del país, y de inclusión de quienes no gozaban de estatus constitucional: las mujeres y los comunistas. No obstante la aprobación casi unánime del plebiscito del primero de diciembre de 1957, sobrevivieron algunos reductos guerrilleros, entre ellos el comandado por alias ‘Tirofijo’, que tras la revolución cubana se sumó a las filas comunistas y comenzó a recibir apoyo de la dictadura de los hermanos Castro. El Gobierno, con respaldo del Congreso, instauró el plan soberanía, en cuyo marco se realizó la operación Marquetalia, el 14 de junio de 1964. Un error táctico, que apenas se descubrió en los años siguientes, facilitó la huida de los guerrilleros encabezados por alias ‘Tirofijo’, que se refugiaron en Pato, Tolima, donde armaron la nueva guerrilla. El profesor y periodista Arturo Alape, en alguna medida escritor de la historia oficial de las Farc, reiteró en sus libros que la fecha de fundación de la guerrilla fue el 27 de mayo, pero de 1966. Desde entonces los alias ‘Jacobo Arenas’ y ‘Tirofijo’

abrazaron el credo comunista y adoptaron la clásica “combinación de todas las formas de lucha” del marxismo-leninismo. Misma en la que, según el comunicado del alias ‘Timochenko’ divulgado ayer, perseveran. La tergiversación de los hechos para mostrar a Marquetalia como un acto dictatorial y convertirla en momento fundacional es una de las formas de manipulación política en que son expertas las Farc. Con ella ganan terreno y espacio mediático para sus negociadores en La Habana y confunden a incautos en Colombia y el mundo, que van restituyéndoles su romántica imagen de Robin Hoods y voz de los campesinos levantados en rebeldía contra un régimen opresor. Otra es la verdad. Las Farc sobrevivieron porque en 1982 utilizaron la apertura del presidente Belisario Betancur y el proceso de negociaciones para establecer vínculos con la mafia, llenar sus arcas y conseguir rutas para el tráfico de drogas y armas. En 1990 se valieron de su traición al Gobierno del presidente Gaviria, para abrir su diplomacia europea y garantizarse el manejo de jugosas cuentas bancarias que aún conservan y de las que se niegan a dar información y sobre las que nada se dijo en el tercer punto acordado en estas negociaciones. En 1998 apro-

vecharon el despeje del Caguán para secuestrar soldados y civiles, masacrar poblaciones y apertrecharse con las minas antipersonal con que sembraron el país, y cuya ubicación y desminado quedó como una vaga obligación de apoyo a la tarea de desminado del Estado. Significa, pues que el trasegar de los últimos treinta años ha sido hacia la criminalidad, cada vez más lejana de ideales de justicia social, que la democracia ha trabajado por realizar. Colombia intenta una nueva negociación con las Farc. Entendemos que ese siempre será el fin de todo conflicto, pero no estamos de acuerdo en la forma como se está cediendo terreno y en la decisión de no suspender este proceso y convertirlo en el gran protagonista en la campaña a la Presidencia de la República, pero sin profundizar en sus verdaderos alcances. Si las Farc son otra vez factor en estas elecciones presidenciales, no por su fuerza, sino por el infinito deseo de paz de los colombianos, lo mínimo que podemos exigir es rigor con la verdad y seriedad en un debate, que como ya lo dijimos, discuta punto por punto lo que se ha acordado, lo que ya quedó excluido en los acuerdos y lo que está pendiente por decidirse. Eso, si lo que se quiere es abrir un verdadero camino hacia la paz.

crímenes de lesa humanidad o el genocidio terminen teniendo como una de las sanciones posibles, la prohibición de participación en política. “No me parece de ninguna manera aceptable que las personas responsables de los delitos que en la jurisprudencia colombiana se han llamado tradicionalmente delitos atroces, no tengan problemas para participar en política,” agregó.

Amigo ACORADO El periódico de ACORE es un medio de comunicación de los Asociados y retirados de las Fuerzas Militares, donde se dan a conocer las opiniones y pensamientos de la Reserva Activa, sobre hechos de interés nacional que nos afectan directamente.

......................... En ese contexto, para nosotros es muy importante que los Asociados conozcan su opinión sobre diversos tópicos del acontecer nacional, lo invitamos a que escriba para nuestro periódico, es una forma de integración y de comunicación.

...................... Envíe sus artículos al correo periodico@acore.org.co comunicaciones@acore.org.co

Edición 540

MAYO 2014 Nuevos Asociados Los siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado como Asociados de ACORE: Grado Dr Sra. Gn Ejc Co Ejc Dr

Nombre Gustavo Enrique Aranguren Lopez Ofelia Castaño De Buitrago Oscar Enrique González Peña Saúl Reyes Manosalva Gonzalo Serna Moreno

Seccional Quindío Antioquia Bogotá Bogotá Quindío

Fallecidos Grado Sra. Ca Arc Sra.

Nombre Dora Juan de Barrera Juan Pablo Rairan Hernández Leonor Velásquez de Ospina

Seccional Bolívar Bogotá Valle del Cauca

Aporte Voluntario por Defunción AVODE Auxilios Pagados por Defunción FALLECIDOS Sra. Sofía Ruiz

BENEFICIARIOS Karen Sofía García Ruiz TOTAL

Sanidad Militar inicia proceso de actualización de carnés de afiliación La Dirección General de Sanidad Militar dispuso que los oficiales, suboficiales, soldados profesionales y civiles en servicio activo, en retiro y pensionados, y sus beneficiarios, que a partir del primero de mayo de 2014, se hará el cambio de los carnés de servicios médicos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. El nuevo carné incluirá la foto del afiliado, con el fin de fortalecer y asegurar la base de datos y así evitar casos de suplantación y fraude, lo que permitirá optimizar la prestación de servicios de salud. Por lo anterior, es importante que se realice el proceso biométrico (captura de foto y huella) en cualquiera de las 19 oficinas regionales a nivel nacional y en los 55 establecimientos de Sanidad Militar. Con los actuales carnés se podrá acceder a los servicios médicos sin inconvenientes. El cambio no tendrá costo alguno para nuestros Afiliados. Para conocer los Establecimientos de Sanidad Militar donde se puede realizar este procedimiento, ingrese al siguiente link: Grupo de Afiliación y Validación de Derechos GAVD> Proceso de Afiliación y carnetización del SSFM> Oficinas de Atención al Afiliado.

DIRECCIONES Residencias Tequendama Torre Norte Carrera 10 N 27 -51. Tercer Piso Oficina 318. Horario de atención: Lunes a Viernes días hábiles, de 07:30 a 15:30 p.m. Escuela de Infantería Cantón Norte DIVISIÓN CÓRDOVA (Calle 102 No. 7-80) Horario de atención Lunes a Viernes días hábiles, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 Dispensario Médico Suroccidente Bogotá D.C. Carrera 86 No 53B-80 Sur en la Localidad No. 7 de Bosa, barrio Chicalá Horario de atención Lunes a Viernes días hábiles, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30

VALOR PAGADO $ 21’617.306

CALI - DISPENSARIO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ (Carrera 8 No. 58-67) Horario de atención Lunes a Viernes días hábiles, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30

21’617.306

VILLAVICENCIO - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE CANTÓN MILITAR APIAY - SÉPTIMA BRIGADA (Km 7 Vía Puerto Lopez) Horario de atención lunes a viernes días hábiles, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30

de García

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación. Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago CREMIL no les está haciendo el descuento correspondiente al pago del AVODE, deben hacer la cancelación por ventanilla en ACORE.

EDGAR A. VILLAMIL ABOGADOS ASOCIADOS

Derecho Civil y de Familia Derecho Comercial y de Seguros Derecho Administrativo Derecho Administrativo Laboral Responsabilidad del Estado Responsabilidad Civil Especial atención casos de D.Administrativo Laboral de la Fuerza Pública: IPC, Tiempos Dobles, Indemnizaciones, etc Teléfono: 2838917 - 4660111 villajota@yahoo.com Calle 19 No. 6 - 68 Edificio Ángel Oficina 601 - Bogotá

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ARMENIA - DISPENSARIO MEDICO BATALLON ASPC 8 CACIQUE CALARCÁ (Av. Centenario 25 Norte 00) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 HOSPITAL MILITAR DE BUCARAMANGA - QUINTA BRIGADA (Calle 14 Carrera 32 - 00) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 HOSPITAL MILITAR DE TOLEMAIDA 2 PISO Dentro del Cantón Militar CENAE Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 COROZAL - PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N 1 (Ubicada En El Establecimiento de Sanidad Militar) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 NEIVA - DISPENSARIO SATELITE BASER 09 CACIQUE GAITANA (Calle 16 # 22 - 300) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 15:00 jornada continua HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA (Av. San Martin Carrera 2 N 14-210 entrada Boca Grande) Horario de atención lunes a viernes días hábiles, de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 BARRANQUILLA-DISPENSARIO ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES (Calle 58 vía 40) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 FLORENCIA-CAQUETA -BRIGADA N12 UBICADA EN LA GUARDIA (Carrera 16 # 16 -00 Barrio Centro) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 YOPAL - BRIGADA 16 (Km 7 Vía Martinal De La Selva) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 BRIM N2 - SANIDAD NAVAL BUENAVENTURA (Carrera 3 N 8-40 Barrio Las Mercedes) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 CUCUTA , TRIGÉSIMA BRIGADA (Av. 1 Vía el Pórtico; Barrio San Rafael Cantón Militar San Jorge Grupo Maza Dispensario Médico) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 PASTO - VIGÉSIMA TERCERA BRIGADA (Calle 22 no. 14 47 av. Colombia Batallón Boyacá, Dispensario Médico) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 IBAGUE - SEXTA BRIGADA (Km 3 Vía Armenia, Cantón Militar Jaime Rooke Dispensario Médico) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 CAREPA, ANTIOQUIA - DECIMA SEPTIMA BRIGADA (Km 1 Vía al mar- Dispensario Médico) Horario de atención lunes a viernes (días hábiles), de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30

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