Periódico, Edición 590, junio 2019

Cabañas Tahití

SANTA MARTHA En la próxima temporada vacacional

junio de 2019 - Edición 590 - ISSN 0123-2894 Circulación nacional

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- mayores Informes: 3450511 ext 105

¡Por el honor del Ejército Nacional!

Ante la más reciente arremetida de la izquierda nacional e internacional contra el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, el General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa pertenecientes a las FF. MM. y la Policía Nacional lideró un importante bloque de presión para defender la gloria de esta institución bicentenaria.

En el frente internacional, los principales ataques provinieron principalmente de un artículo publicado en el New York Times en el que se interpretan perversamente órdenes del comandante del Ejército Nacional y de señalamientos infundados del capítulo para las Américas de Human Rights Watch en contra del alto oficial. La exitosa defensa contribuyó a la unánime aprobación en el Congreso del ascenso a General de Martínez Espinel.

Página 10 a 15

Editorial

Otra estrategia de la guerra jurídica a través de la JEP Recientemente se pudo conocer a través de diferentes medios de comunicación el anuncio de algunas asociaciones lideradas por un colectivo de abogados, en el cual hacen saber a la opinión pública nacional sobre la entrega a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de varios informes elaborados por ONG defensoras de derechos humanos en representación de víctimas sobre supuestos crímenes de Estado.

Todo lo anterior se convierte ahora en otra estrategia de la guerra jurídica en contra de la Fuerza Pública, dirigida especialmente hacia el Ejército Nacional y la Infantería de Marina y a sus servicios de inteligencia.

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Presidente Comité de Excelencia Militar se acerca a la reserva activa Duque recibió en palacio a la MTP Los reparos a la JEP y a la Comisión de la Verdad, la situación catastrófica del sistema de salud de las FF. MM. y la Policía Nacional y la Ley de Veteranos, fueron los principales temas que se trataron durante el reciente encuentro en la Casa de Nariño del presidente Iván Duque Márquez y las distintas asociaciones que conforman la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa pertenecientes a las FF. MM. y la Policía Nacional.

Páginas 7 y 8

De izquierda a derecha, Hernando Yepes Arcila, Alfonso Gómez Méndez y Mauricio González Cuervo.

La Comisión Presidencial de Excelencia Militar, creada por el presidente Iván Duque, visitó recientemente la sede nacional de Acore para hablar sobre su gestión y escuchar conceptos y recomendaciones de las distintas asociaciones que conforman la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa pertenecientes a las FF. MM. y la Policía Nacional.

Esta comisión, con carácter independiente y temporal, fue instituida por el gobierno nacional con el propósito de verificar y asesorar a nuestras instituciones castrenses en todo lo atinente al estricto cumplimiento de las normas existentes en materia de derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, D. I. H. Páginas 4 a 6

Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

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Opinión

La importancia de vincularse al Avode

POR: TENIENTE CORONEL (RA) MIGUEL A. RICO ZAPATA

¿

Qué es el Avode? ¿Qué es ser avodado? Es el afiliado de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore, afiliado al programa Avode.

Avode es el acrónimo de Aporte Voluntario por Defunción, que, sin ninguna presión, adoptan los asociados pensando en un auxilio económico para dejar a unos beneficiarios cuando suceda su fallecimiento.

Entonces, conozcamos algo de la historia de este llamativo auxilio económico que beneficia a los oficiales activos de las FF. MM. y a los retirados. Sus antecedentes se remontan a enero de 1964, cuando un grupo de asociados acordaron crear un fondo que no perteneciera a Acore, consistente en aportar mensualmente y en forma voluntaria una suma de dinero que sería donada en efectivo a los beneficiarios escogidos por el afiliado tras su fallecimiento.

Así nació este programa independiente de solidaridad entre los asociados. Entusiasmados, los miembros de este grupo le colocaron el nombre de Fondo de Ayuda Mutua, que, luego, con Resolución 309 del 20 de marzo de 2003, se denominó Aporte Voluntario por Defunción.

Estamos a mitad de año de 2019. Han transcurrido 55 años de este ingenioso proyecto. ¡Cuántas familias se han beneficiado! Muchos oficiales lo desconocen.

Y pensar que los oficiales activos de las tres Fuerzas también tienen acceso, así como sus respectivas esposas.

Programa novedoso En la actualidad, hay 1.878 acorados afiliados al Avode. Muchos no están afiliados actualmente porque hay sus requisitos que cumplir. Uno de estos es la edad, la cual tiene un límite: 59 años

y 11 meses. Muchos oficiales al querer avodarse no lo pudieron hacer. ¡Tenían más de 60 años! Así que, amigo lector, ¿cuándo se afilia? El auxilio económico para entregar en el presente año es de $24.000.000, distribuidos entre los beneficiarios que el afiliado haya escogido, con su respectivo porcentaje.

Pero, informémonos más, sobre el Avode. Está bajo la tutela y el control administrativo y financiero de Acore. Tiene su propio reglamento y está sometido a la vigilancia de la Revisoría Fiscal externa de la asociación, careciendo de personería jurídica propia para su funcionamiento.

Por definición, Avode es un programa independiente y solidario de ayuda mutua, entre los afiliados al mismo. A este se vinculan los oficiales en actividad de las FF. MM. y aquellos de la reserva activa que pertenezcan a Acore. Su objetivo es recolectar fondos con el único propósito

de dar un auxilio económico a los beneficiaros que indique el oficial fallecido.

Es importante precisar que no se trata de un seguro ni de un fondo de ahorros.

Se ingresa de manera voluntaria y si la persona desea retirarse lo hace, pero el dinero aportado no le es reembolsado, como quiera que pasa a hacer parte del fondo El dinero recaudado por estas donaciones se deposita en el rubro “Reserva para Defunciones”, para cubrir exclusivamente los gastos relativos a su objeto social, sin estar sometido al régimen susesorial, ya que se faculta al afiliado a designar libre y directamente a los beneficiarios que considere en el certificado de afiliación. Cada beneficiario recibirá un porcentaje del auxilio, sin importar que se trate de un familiar o no.

Yo llevo avodado bastantes años. Me llega el descuento respectivo cada mes en mi desprendible de pago de Cremil.

Tengo definidos mis beneficiarios: mi esposa y mis cuatro hijos, con su respectivo porcentaje. Cuando fallezca, además de dejarles mi buen ejemplo de ciudadano, quedará para ellos este alivio económico acá explicado. Las esposas menores de 60 años pueden hacer parte del programa.

Para mi caso particular, reseñaré los descuentos mensuales de nómina en los últimos tres años: $50.000 en 2017, $52.500 y $55.000 en 2019.

El Avode tiene sus autoridades y funcionarios. Están la Asamblea General de Acore y el Comité Administrativo del Avode. En marzo, durante la asamblea de socios, se eligieron los miembros del comité por un período de dos años: Coronel (RA) Haroldo Enrique Díaz Ramos y los tenientes coroneles (RA) Jorge Armando Rodríguez González y Miguel A. Rico Zapata.

Impunidad: herencia vergonzosa Foto de negocios creado por freepik

POR: ALMIRANTE (RA) DAVID R. MORENO M.

E

s difícil entender cómo se ha llegado a despreciar y a manipular la justicia en nuestro país; el pisotear el orden jurídico colombiano y violar las más elementales normas del derecho siembran el caos y promueven el delito. Definitivamente la nefasta herencia de Santos con la famosa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo único que está haciendo, además de polarizar aún más a los colombianos, es premiar el delito de quienes han causado tanto dolor y desangrado a nuestra nación. Hoy vemos con tristeza como la impunidad ante el delito se impone nuevamente pues se deja en libertad y no se extradita a quien debe pagar una deuda muy grande con la sociedad por sus delitos y execrables crímenes. Las fechorías no pueden ser

protegidas ni premiadas; que vergüenza.

Se habla del respeto que debemos tener frente a la ley, pero como se puede pedir que en algunos círculos se respeten las leyes si el anterior gobierno despreció y desacató olímpicamente la voluntad del pueblo colombiano al desconocer el resultado del plebiscito y no pasó nada; nos impuso su voluntad para favorecer los intereses de las Farc.

Que nefasta herencia la que nos dejó el gobierno Santos. Sin lugar a duda, en el país hay una ausencia total de principios y valores y esto indiscutiblemente genera corrupción. Las personas al margen de la Ley y los que están en el borde entre el bien y el mal se han dado cuenta que el delito produce juSIGUE PÁG 6

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Editorial

Otra estrategia de la guerra jurídica a través de la JEP R

ecientemente se pudo conocer a través de diferentes medios de comunicación el anuncio de algunas asociaciones lideradas por un colectivo de abogados, en el cual hacen saber a la opinión pública nacional sobre la entrega a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de varios informes elaborados por ONG defensoras de derechos humanos en representación de víctimas sobre supuestos crímenes de Estado.

Buscan la obligatoria comparecencia ante esta nueva jurisdicción por responsabilidad de mando, a oficiales activos y retirados señalados como “máximos responsables” de múltiples conductas penales por violaciones a los derechos humanos.

Todo lo anterior se convierte ahora en otra estrategia de la guerra jurídica en contra de la Fuerza Pública, dirigida especialmente hacia el Ejército Nacional y la Infantería de Marina y a sus servicios de inteligencia.

Mediante esta habilidosa modalidad y bajo el amparo de los acuerdos pactados en La Habana, buscan la obligatoria comparecencia ante esta nueva jurisdicción por responsabilidad de mando, a oficiales activos y retirados señalados como “máximos responsables” de múltiples conductas penales por violaciones a los derechos humanos.

Respecto al anuncio de estas ONG, la JEP se acaba de pronunciar comunicando que aceptará sin objeción alguna su participación como representantes de

Estrategia de la guerra jurídica en contra de la Fuerza Pública, dirigida especialmente hacia el Ejército Nacional y la Infantería de Marina y a sus servicios de inteligencia.

PERIÓDICO

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Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C.

podría ser una nueva agresión como parte de esta guerra jurídica contra nuestras instituciones, se hace indispensable estudiar procedimientos adecuados que permitan controvertir y desvirtuar falsas y acomodadas imputaciones, mediante una acción jurídica eficaz, haciendo uso de la normatividad legal y constitucional existente (verbigracia, falso testimonio, injuria y calumnia), como también el empleo masivo de medios de comunicación para realizar la misma replica y negar hasta donde sea posible sus perversos efectos en la opinión pública nacional e internacional.

En cuanto al campo político, surge también la necesidad de insistir con mayor persistencia en los reparos que se han venido formulando para modificar o adecuar gran parte del articulado vigente sobre la JEP, jurisdicción en la cual no existe mayor garantía en materia de seguridad jurídica para la Fuerza Pública y los agentes del Estado.

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA

víctimas en las diferentes audiencias donde comparezcan agentes del Estado y particularmente miembros de la Fuerza Pública frente a estas imputaciones por los mal llamados “falsos positivos”.

Para este propósito y como parte de su estrategia, concretamente el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), han dado a conocer que cuentan con versiones y pruebas suficientes sobre casos probables de ejecuciones extrajudiciales con más de 200 víctimas mortales presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Consecuente con lo anterior y en lo que

Se hace indispensable estudiar procedimientos adecuados que permitan controvertir y desvirtuar falsas y acomodadas imputaciones, mediante una acción jurídica eficaz, haciendo uso de la normatividad legal y constitucional existente

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera.

Secretario General: BG Guillermo Bastidas Ordoñez

Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres.

Administración y logística: Leydi Liliana Romero.

Directora: TC Rosa María Llovera Terradas.

Editor General: CO José Obdulio Espejo Muñoz.

Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso.

Periodista Ángela Romero Chinchilla.

Impresión: Casa Editorial El Tiempo S.A Dirección: Avenida Calle 26 No 68 B 70 Teléfono: 2940100 Ext 4602

Fotografía: Depto. Comunicaciones, Seccionales

Distribución: Uniexpress LTDA Dirección: Calle 180 No. 8C - 66 Teléfono: 6730835

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados.

La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

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Comisión de Excelencia Militar

“Las Fuerzas Militares son el puntal del Estado de Derecho”: Comisión de Excelencia Militar

POR: REDACCIÓN

En lo que podría interpretarse como un espaldarazo a la misión de las FF. MM., los integrantes de la Comisión de Excelencia Militar promovieron una primera reunión para conocer las inquietudes del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa en relación con su mandato.

U

n parte de tranquilidad entregaron a la reserva activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional los tres connotados juristas que hacen parte de la Comisión de Excelencia Militar, organismo ad hoc que recién creó el presidente Iván Duque para que revise las directrices operacionales de las Fuerzas Militares y conceptúen si estas se ajustan con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, D. I. H. En reunión efectuada la tarde del jueves seis de junio en la sede nacional de Acore, Alfonso Gómez Méndez −cabeza de la comisión−, Mauricio González Cuervo y Hernando Yepes Arcila, escucharon una a una las inquietudes que les plantearon los integrantes de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, MTP, en especial aquellas relacionadas con la seguridad jurídica de los uniformados activos y retirados.

Como bien lo explicaron a los miembros de la MTP, la Comisión de Excelencia Militar efectuará su trabajo de forma independiente. En seis meses harán una revisión de los lineamientos, manuales y protocolos operacionales, certificando, si es el caso, la coincidencia, la coherencia y la congruencia del comportamiento de la Fuerza Pública y sus lineamientos con las normas de derechos humanos y de D. I. H. “Nosotros lo que queremos es ayudar, escuchar y, al igual que ustedes, como oficiales en servicio y ahora también en la reserva activa, aportar lo mejor que nosotros podamos dar”, dijo Alfonso Gómez Méndez a los oficiales de la reserva activa para su tranquilidad.

La reunión Después de la presentación de la MTP a los comisionados por parte del

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de Acore, se recitó la Oración Patria y se leyó un saludo en el que se enfatizó en la necesidad de proveer seguridad jurídica a los integrantes de la Fuerza Pública. Se hizo ver a los miembros de la Comisión de Excelencia Militar la necesidad de dotar al país de una “legislación taxativa que faculte al Estado y, en particular, a las instituciones armadas y a la Justicia, el actuar con agilidad frente a cualquier tipo de amenaza que afecte la seguridad y la defensa nacional”.

En este orden de ideas, el presidente nacional de Acore, en representación de la MTP, enfatizó en la necesidad de abordar cuatro temas vitales para la seguridad jurídica de los integrantes de las FF. MM. y la Policía Nacional: Derecho operacional y fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza, Ley de Seguridad y Defensa Nacional, Ley Antiterrorista y Política de Defensa y Seguridad. Estos temas se encuentran desarrollados en un documento que les fue entregado a los tres comisionados al inicio de esta reunión extraordinaria.

La primera intervención de los comisionados estuvo a cargo de Alfonso Gómez Méndez. El jurista explicó a los asistentes que, ellos, al aceptar este encargo, entendieron perfectamente la naturaleza y trascendencia de este. Les dijo que ellos sostuvieron dos reuniones previas importantes, ambas por su propia iniciativa: la primera con el ministro de Defensa y el alto mando militar y la segunda con la viceministra de Defensa y los asesores jurídicos de las fuerzas.

“Esta es la tercera reunión que solicitamos. Nosotros les agradecemos que hayan tenido la deferencia de recibirnos en tan corto tiempo”, dijo.

Señaló que su encargo es ayudar a entender algunas de las dificultades que se están presentando, pero que no lle-

gan con preconceptos. “Nosotros lo que queremos es ayudar, escuchar y, al igual que ustedes, como oficiales en servicio y ahora también en la reserva activa, aportar lo mejor que nosotros podamos dar”, agregó.

Al término de la intervención de Gómez Méndez, el presidente nacional de Acore dijo a los comisionados que, una vez se conoció la noticia de la creación de la Comisión, la MTP emitió un comunicado y sus voceros manifestaron a diferentes medios de comunicación su beneplácito con la designación de sus integrantes y el apoyo a su labor.

La comisión está integrada por el exprocurador general, exfiscal general y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez; Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional, quien también fue viceministro del Interior y de Justicia; y Hernando Yepes, exministro de Trabajo, exconstituyente y exmagistrado de la Corte Suprema.

El general Ruiz Barrera señaló a los comisionados que no hay claridad sobre la forma cómo deben actuar las tropas en las áreas de operaciones, recordándoles el incidente en el que un integrante de una comunidad indígena agredió con un machete al comandante de una unidad militar en el terreno, hecho que tuvo repercusiones mediáticas. Asimismo les recordó que frente a las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos, como por ejemplo el desescalamiento de la ofensiva que ordenó el anterior presidente, “las Fuerzas Militares, bajo esos principios y esa formación que hemos recibido en las escuelas de formación y capacitación, mostramos respeto total al poder civil de la nación”.

El segundo comisionado en intervenir fue Mauricio González Cuervo, quien precisó los alcances del mandato de la Comisión. “El objetivo es, en primer lugar, hacer unas valoraciones y presentar recomendaciones directamente al presidente Iván Duque; en segundo lugar, que sea una Comisión independiente de las instancias del gobierno y de los poderes estatales y equidistante de las diferentes posiciones que se presenten sobre esta materia”, dijo.

González Cuervo dijo que los convoca el derecho operacional de la Fuerza Pública, entendido no sólo como las normas más simples que hay, sino todas aquellas que se plasman en manuales, directivas y órdenes de operaciones, entre otras. “El mundo de la ciencia militar y del derecho operacional es muy rico −que ustedes conocen, aplican y dominan−, por lo que son muchas las luces que pueden aportar al trabajo de la Comisión”, agregó.

A renglón seguido, señaló: “(…) los comisionados creemos que es posible combinar la efectividad y el empleo de la fuerza en nombre del Estado y la sociedad y, al mismo tiempo, sujetarla a

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Comisión de Excelencia Militar

unos estrictos parámetros del derecho.

Si existe una Fuerza Pública es para que sea efectiva en un marco jurídico que le brinde seguridad a fin de que pueda dar resultados, respetando los derechos humanos y el D.I.H.”.

El turno fue para Hernando Yepes Arcila. El jurista dijo a los asistentes que, en su condición de ciudadano colombiano, siente una profunda admiración y reconocimiento por el heroísmo, la dedicación y la abnegación con que los soldados han afrontado el difícil reto de mantener en pie las instituciones de Colombia. “Las Fuerzas Militares son el puntal del Estado de Derecho”, señaló.

Sobre la naturaleza de la Comisión fue preciso: “El presidente nos ha convocado para conceptuarle sobre el estado actual del derecho en relación con las operaciones militares. No somos jueces ni investigadores; somos exclusivamente unos estudiosos y críticos de la normatividad. Hay deficiencias, todos los sabemos, pero también hay efectividad y un cumplimento real de aquello que se postula en abstracto en las normas vigentes”.

Yepes Arcila enfatizó en el carácter imparcial y objetivo de la Comisión, asegurando que ninguno de ellos tiene vínculos partidistas, ideológicos o de cualquier otra naturaleza. Precisó, además, que su misión será desplegada en seis meses, pero dividida en dos tiempos o fases: entrega de un informe preliminar al finalizar el primer mes, periodo en el que acometerán aquellos asuntos de mayor urgencia y que están en la agenda pública, para luego abordar a profundidad el estudio de las normas aplicadas a las operaciones militares en los cinco meses restantes.

Intervenciones de la reserva activa El primero de los oficiales de la reserva activo que solicitó el uso de la palabra fue el presidente del Colegio de Generales de la Policía Nacional, Mayor General (RA) Héctor Darío Castro Cabrera. El alto oficial señaló que si bien la Fuerza Publica le debe respeto a las personas, este debe ser reciproco por parte de la ciudadanía, especialmente cuando se debe emplear la fuerza para hacer cumplir una orden emanada de una autoridad. “Debe haber un reconocimiento de los derechos del integrante de la Fuerza Pública y su derecho a la legítima defensa”, dijo, enfatizando en la “inseguridad jurídica” que agobia a los agentes del orden.

Minutos después solicitó el uso de la palabra el General Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien dijo que la noticia le causó cierta desazón en un primer momento, pero que ahora la ve como una oportunidad para mostrar una imagen transparente de la Fuerza Pública en el ámbito internacional, principalmente.

“La tarea que ustedes van a realizar es importante, toda vez que les permitirá ver que el cumplimiento de las normas de D. I. H. y de respeto de los derechos humanos fueron incorporadas al empleo de la fuerza desde la década de los noventa. Es una buena oportunidad para constatar que estos están en la dimensión necesaria para garantizar y llevar tranquilidad a los colombianos”.

El general León León recomendó a los

comisionados que hagan una lectura y un análisis transversal de todos los documentos que le sean allegados, para no caer en el argumento simplista que se esgrimió en días pasados en relación con las órdenes del comandante del Ejército, las cuales fueron vistas como un documento aislado. “Una orden de operaciones no viene sola, como quiera que se ha construido en el tiempo a través de la doctrina y los manuales”, dijo.

Asimismo, el oficial hizo una petición especial a Alfonso Gómez Méndez para que se revise el tema de la Justicia Penal Militar, si bien esté no es el resorte de la Comisión de Excelencia Militar. “Hoy vemos una JPM debilitada, un fuero militar desdibujado y no contamos con un marco especial que dé garantías jurídicas a nuestros hombres”, concluyó.

Por su parte, el Capitán de Navío (RA) Conde, a nombre de la Armada Nacional, les dijo a los comisionados que su trabajo iba a ser muy difícil porque en la JEP no se previó una sala específica que abordara integralmente el D. I. H., en donde se analice si el comportamiento de la tropa fue o no lícito.

A su vez, el Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordóñez, también en representación de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo que, en la evaluación del desarrollo de las operaciones militares, se ha de tener presente al militar como ser humano, toda vez que “es sujeto de presiones extremas de estrés por el riesgo de estar en peligro de muerte; sólo quienes han estado patrullando en el monte o en la oscuridad de la noche, con un morral a las espaldas, saben de la angustia y el miedo que se siente al pensar de que en cualquier momento pueden recibir un disparo fatal”.

Posteriormente, señaló que en esas circunstancias, la reacción humana frente al peligro es insospechada. “Sus consecuencias no pueden ser juzgadas con teorías de contexto elaboradas por juristas innovadores que no ha vivido, ni conocen de las circunstancias aleatorias extremas que presionan sicológicamente al combatiente; funcionarios que no saben lo que es la guerra, ni comprenden la angustia del piloto que va sólo en un

La sede nacional de Acore fue el escenario de este encuentro entre los delegados de la Mesa de Trabajo Permanente, MTP, y los miembros de la Comisión de Excelencia Militar, el tercero que realizan la terna de juristas desde su designación por parte del Ejecutivo.

avión a cumplir una misión”, dijo. “Está entrenado (el piloto) para eso y va sin vacilar cumple con su deber, concentrado en la misión, pensando en que debe llegar a tiempo y acertar con precisión en el blanco que le dan unas coordenadas para facilitar la operación de quienes combaten en tierra, pero presionado por su exposición al riesgo de muerte”, precisó.

Asimismo sostuvo que los militares deben ser juzgados por su juez natural, es decir la JPM, reforzando lo dicho por el general León León, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Finalmente, reiteró a los comisionados que, en su revisión de las directivas y documentos de operaciones de guerra, “consideren siempre la naturaleza de la acción de guerra y al militar como ser humano”.

Posteriormente, el General (RA) Rafael Samudio Molina, del Ejército Nacional, recalcó la importancia de abordar los cuatro puntos cruciales de la agenda, relacionados con la expedición de leyes que coadyuven a la tarea de la Fuerza Pública. “Estamos en una situación que nunca habíamos vivido, huérfanos de seguridad jurídica y de instrumentos jurídicos que soporten la tarea de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, señaló.

Tras escuchar las voces de la reserva activa, en especial al general Samudio Molina, el jurista Mauricio González Cuervo −contando una anécdota cuando integró la Corte Constitucional− reiteró el orgullo que siente por unas Fuerzas Armadas a las que considera “profesionales, defensoras de las instituciones y respetuosas de la historia de Colombia”.

Dijo que, en aquella época, intervino y aplaudió el hecho de que las Fuerzas Militares hubiesen nivelado el equilibrio en la correlación de fuerzas con las Farc −grupo que había escalado la confrontación armada a comienzos de la década del noventa al asestar golpes que pusieron en jaque la estabilidad del Estado−, haciéndolo con solvencia e incorporando a su actuar los derechos humanos y el D. I. H. Al pedir luces a la reserva activa sobre las causas qué llevaron a la comisión de los mal llamados falsos positivos, el general Ruiz Barrera le precisó a González Cuervo que fueron las mismas Fuerzas Militares las que denunciaron este hecho ante la opinión pública −reiterándole que se trató de comportamientos aislados e individuales−, que luego fueron aprovechados por diferentes ONG, colectivos de abogados inescrupulosos, la izquierda radical y las mismas Farc, para enlodar

el buen nombre del Ejército y lucrarse de millonarias demandas contra el Estado.

Sobre este espinoso tema, el Mayor General (RA) Emilio Torres Ariza, director ejecutivo de la Defensoría Militar (Demil), dijo a los comisionados que la entidad a su cargo hizo un trabajo de investigación sobre los mal llamados falsos positivos en cuatro regiones del país. Se pudo evidenciar que se trató de conductas no asociadas con lineamientos institucionales, con patrones de ejecución diferentes en cada área geográfica y realizadas por uniformados que se dejaron permear por organizaciones narcotraficantes y criminales. El general Torres Ariza se comprometió a hacer llegar los tomos de este trabajo académico a la Comisión de Excelencia Militar.

A continuación, el Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora −quien lidera una comisión de la verdad alterna de la reserva activa, la cual nació en el seno de la MTP−, advirtió a los asistentes que el informe que entregará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, socavará aún más la seguridad jurídica de los uniformados. “El informe incluirá miles de verdades anónimas, sin control alguno y basadas en testimonios de víctimas que vienen siendo manipuladas; por ahora, estas no tienen valor jurídico, pero seguramente terminarán haciendo parte de procesos judiciales en nuestra contra”, señaló.

En estos mismos términos, el general Salcedo Lora cuestionó el contenido del informe ¡Basta ya! que presentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Asimismo, se refirió al evidente sesgo ideológico de la JEP, del CNMH y de la CEV, poniendo en conocimiento esta situación a los comisionados responsables de analizar las directrices internas de la Fuerza Pública y verificar su estricto apego a la Constitución y la ley y su armonía con los derechos humanos y el D. I. H. Finalmente, Alfonso Gómez Méndez reiteró el agradecimiento a la MTP por haberlo recibido a él y a sus colegas de la Comisión de Excelencia Militar, haciendo ver nuevamente que ninguno de ellos buscó esta designación. Reconoció que ha recibido comentarios por el hecho de que en la Comisión no se incluyó ningún miembro de la Fuerza Pública, activo o de la reserva activa.

A la pregunta del general León León sobre cómo la Comisión abordará su trabajo, Gómez Méndez insistió en que se desarrollará en dos fases, como ya lo había explicado el jurista Hernando Yepes Arcila.

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Comisión de Excelencia Militar

La Comision Presidencial de Excelencia Militar busca aproximaciones con la reserva activa

L

a Comisión Presidencial de Excelencia Militar, creada por el gobierno nacional con el propósito de verificar y asesorar a nuestras instituciones castrenses, en todo lo atinente al estricto cumplimiento de las normas existentes, en materia de Derechos Humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario, visito recientemente la sede nacional de ACORE para hablar sobre su gestión y escuchar conceptos y recomendaciones de las distintas asociaciones que conforman la MTP del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa pertenecientes a las FF.MM y Policía Nacional.

Como integrantes de esta Comisión se hicieron presentes tres ilustres juristas ampliamente conocidos por su importante trayectoria, su gran solvencia profesional, e invaluables servicios prestados al país en distintas épocas y circunstancias.

DOCTOR ALFONSO GOMEZ MENDEZ, Ex procurador y Ex fiscal General de la Nación, Exministro de justica y Exembajador.

ARCILA, Ex ministro de Estado, Ex constituyente, Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

DOCTOR MAURICIO GONZALEZ CUERVO, Ex presidente de la Corte Constitucional, Ex viceministro del Interior y de Justicia y catedrático al servicio de distintas universidades del país.

Experto en arbitraje y en mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Dado el perfil de estas ilustres y connotadas personalidades, se aprovechó su presencia en esta importante reunión, para recomendar, que como parte especial de su gestión, se tenga en cuenta y se revise cuidadosamente, todo lo concerniente a la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, que en cumplimiento de su misión constitucional, frecuentemente y en repetidas ocasiones, carecen de herramientas y normas adecuadas para hacer cumplir el orden y la legalidad que su misión impone.

YEPES

Sobre este tema se insistió, que el país requiere con urgencia una legislación taxativa y adecuada, que faculte al Estado, y en particular a la fuerza pública y a la rama judicial, para actuar con

gosos dividendos, pues infringir las leyes en muchas oportunidades conduce a los más encumbrados niveles del poder, en este caso del Legislativo, como lo atestigua la presencia de los cabecillas de las Farc en el Congreso Nacional o los miembros del hoy supuestamente extinguido M 19 en la Constituyente de 1991.

El vandalismo por parte de quienes odian al sistema o de quienes quieren imponer su voluntad a la fuerza no se castiga, como es el caso de los recientes atropellos en la carretera Panamericana y en algunas marchas promovidas por la oposición donde hasta han producido daños a monumentos históricos. Así como también la brutalidad generada por grupos de narcoterroristas donde sin piedad asesinan a servidores de la Fuerza Pública, a miembros del poder judicial o a ciudadanos del común, buscando amedrentar a las poblaciones o a las autoridades y obtener así mayores beneficios en las negociaciones de paz con el gobierno de turno. O el terrorismo que empaña a algunas de nuestras universidades donde individuos encapuchados y agazapados en los entes educativos utilizan bombas molotov o papas bomba para hacer daño a

la sociedad o a la Fuerza Pública y cuando son capturados algunas organizaciones presionan por su liberación; todo esto es impunidad y templos del conocimiento se emplean para generar caos.

Pero, ¿cuál va a ser el verdadero impacto de la decisión de la justicia paralela al dejar libre a alias Jesús Santrich?

Indiscutiblemente habrá efectos nocivos que afectarán a Colombia, tanto en el ámbito interno, como externo. El más inmediato es el triunfo, si se puede llamar así, del narcotráfico frente a la ley, de la victoria de la impunidad frente a la comisión de delitos, de la pérdida de confianza de los ciudadanos para denunciar los crímenes, de la confirmación de la permeabilidad de la justicia, así como también la perdida de la esperanza de unos resultados positivos con el famoso proceso de paz.

Entre las afectaciones externas se tiene posiblemente la descertificación del gobierno estadounidense, donde los recursos externos para combatir el narcotráfico no llegarán, favoreciéndose así esta actividad criminal; muchos productos de exportación dejarán de llegar a los mercados internacionales y se perderán muchos puestos de tra-

DOCTOR

HERNANDO

VIENE PÁG 2

agilidad y efectividad frente a cualquier tipo de amenaza que afecte la seguridad y la defensa nacional. Se aclaró que es muy difícil manejar esta situación con la legislación de paz con que hoy cuenta la nación.

Consecuente con lo anterior, se puso a consideración de los señores Comisionados la revisión de cuatro temas relacionados con: 1. Derecho operacional y fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza.

2. Ley de Seguridad y Defensa Nacional.

3. Ley antiterrorista frente a las distintas amenazas de orden interno y externo que afectan al país.

4. Política de defensa y seguridad de la Presidencia de la República.

Participaron en esta reunión en representación del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, las siguientes asociaciones integrantes de la Mesa de Trabajo Permanente.

- Acore.

- Cuerpo de Generales y Almirantes de Las Fuerzas Militares “CGA”.

- Consejo de Ex Directores y

bajo especialmente a nivel industrial y agrícola; se afectará la cooperación judicial internacional para combatir el delito transnacional y a los colombianos se les estigmatizará en el extranjero; y por su lado la izquierda colombiana continuará festejando la decisión de la JEP como un triunfo contra la oligarquía.

Es paradójico observar cómo se produjo en el nivel nacional y especialmente en algunos medios de comunicación, un movimiento sin precedentes cuando recientemente le retiraron a unos abogados la visa de los Estados Unidos, sin considerar que cada país en el planeta es soberano en permitir o no la entrada de cualquier persona a su territorio, así como hubo un gran despliegue informativo frente a la muerte de algunos miembros activos o ex miembros de las Farc en circunstancias que deben ser objeto de investigación por parte de las autoridades legítimas, pero no sucede lo mismo cuando se asesina a un líder social, o cuando un francotirador o un terrorista asesina a sangre fría a un servidor público. ¿Qué nos pasa? ¿Es que los servidores públicos o los líderes sociales están para que los asesinen? ¿Dónde está la justicia colombiana? ¿Dónde está la

Comandantes de La Policía Nacional.

- Colegio de Generales de La Policía Nacional.

- Division de Infantería “José María Cordova”.

- Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana “Asorfac”.

- Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

- Grupo de Artilleréa Santa Barbara.

- Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva “Francisco José de Caldas”.

- Regimiento de Caballería “San Jorge”.

- Agrupación de Oficiales de Comunicaciones “Manuel Murillo Toro”.

- Unidad Simbólica Antonio Ricaurte.

- Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares Caem E Integral de Defensa Nacional Cidenal ”Asocaci”.

- Colegio de Coroneles de la Policía Nacional.

- Asociación Oficiales Veteranos de Corea “Asovecor”.

- Asociación Internacional de Lanceros “Interlanza”.

- Asociación de Paracaidistas “Asipar”.

- Liga Marítima Colombiana - “Lincol”.

opinión pública?

Esta indiferencia nos va a costar muy caro. Los que tienen algo que perder no se quieren dar por enterados frente al mañana que deberemos enfrentar. Ojalá que no tengamos que arrepentirnos en un futuro cercano por la pereza mental que permitirá llegar al poder al marxismo disfrazado de socialismo siglo 21. Acordémonos de importantes lecciones de la historia mundial, como es el caso de Alemania, donde Hitler fue elegido democráticamente por una minoría, pero al fin y al cabo fue elegido y causó millones de muertes. ¿Permitiremos que nos pase lo mismo? Ya sucedió en Bogotá, donde una minoría eligió a un miembro del M 19.

Leamos las conclusiones del Foro de Sao Paulo para comprender cuál es el camino que busca la izquierda mundial para llegar al poder en nuestros países. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pensemos en Colombia.

Encontré en las redes sociales una frase de autor desconocido que nos pone a pensar profundamente: “¿Que Pablo Escobar construyó su propia cárcel? Eso no es nada, las Farc diseñaron su propio Tribunal para evitar ir a la cárcel”.

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Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

Reunión presidente Duque

Presidente Duque se reunió con la Mesa de Trabajo

Los reparos a la JEP y a la Comisión de la Verdad, la situación catastrófica del sistema de salud de las FF. MM. y la Policía Nacional y la Ley de Veteranos, fueron los temas abordados durante este encuentro entre el jefe del Estado y la reserva activa.

POR: BRIGADIER GENERAL (RA) JAIME RUIZ BARRERA

P

ara tratar temas de importancia institucional, que afectan tanto a activos como a retirados, el pasado 22 de mayo se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño entre el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y una delegación de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, MTP. Durante la reunión se abordaron los aspectos siguientes: la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su composición y seguridad jurídica para miembros de la Fuerza Pública; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, respecto a su conformación, sesgo ideológico y aportes institucionales; el proyecto de Ley del Veterano, su trámite, beneficios y financiación; las problemáticas del Sistema de Salud de las FF. MM. y de la Policía Nacional y, finalmente, la anunciada reforma pensional y su eventual afectación a miembros de la Fuerza Pública.

Acompañado de los ministros de Defensa y de Trabajo y de un grupo de altos consejeros, el jefe del Estado tomó atenta nota de las peticiones y sugerencias que aportaron durante sus intervenciones los miembros de la MTP. En términos generales, el presidente Duque manifestó lo siguiente:

1

Pleno compromiso institucional en su calidad de Comandante en Jefe de la Fuerza Pública.

2

La transición del alto mando militar fue oportuna y adecuada tal como se realizó.

3

Plena satisfacción por los resultados operacionales de la Fuerza Pública.

4

Importancia del reconocimiento internacional al país y a nuestras Fuerzas Militares a través de la Otan.

5

Compromiso frente a los reparos y cuestionamientos formulados por la reserva activa frente a la JEP. Total acuerdo para buscar los correctivos que sean necesarios.

6 7

Insistencia en la búsqueda de un gran acuerdo nacional en procura de la legitimidad institucional del Estado.

Persistencia en la reparación material a las víctimas por parte de los máximos responsables de las Farc.

Algunos de los ex comandantes de las FF.MM y la Policía Nacional.

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9

Plena satisfacción por estar cumpliendo con el compromiso de la Ley del Veterano buscando importantes beneficios en materia de bienes y servicios y reconocimiento social. Se espera que este proyecto sea ley de la República antes del 20 de julio del año en curso.

Especial atención a las exigencias sobre el sistema de salud y plena garantía para que el régimen pensional de la Fuerza Pública no sea afectado.

de nuevos flujos de capital 10 Búsqueda para el sector Defensa mediante la

creación de un sistema financiero en su interior, que le permita el manejo de los importantes recursos con que cuenta dentro del régimen presupuestal. Los réditos de esta figura financiera que se proyecta, ayudarán para atender todo aquello donde exista déficit presupuestal.

atención a miembros de la 11 Especial reserva activa por parte del ministe-

rio de Trabajo mediante la creación de un capítulo especial que permita su acceso a través de la página web sobre ofertas de empleo dentro del servicio público, donde actualmente existen 294 mil vacantes. Mayor prioridad para técnicos y tecnólogos dentro del perfil de los aspirantes. El rango de edad existente de18 a 40 años, sería modificado en

beneficio de estos aspirantes. proyecta la creación de un impor12 Setante sistema de comunicación flu-

vial en regiones apartadas de nuestra geografía con mayor presencia militar para el control territorial al interior de nuestras fronteras.

Cotecmar tendría una responsabilidad similar a lo que es Satena dentro de la Fuerza Aérea.

a los reparos existentes con13 Frente tra la Comisión de la Verdad se darán instrucciones para que el Centro de Memoria Historia, en cabeza de Darío Acevedo Carmona, se reúna con la Reserva Activa para escuchar inquietudes y proyectar las acciones pertinentes.

crítica existente frente a la plan14 La ta reducida del sistema de Justicia

Penal Militar, JPM, obedece a que no existe un mayor número de magistrados, en razón a la disminución de las cargas de trabajo. La competencia actual de la Justicia Ordinaria, disminuyo el número de procesos que se adelantaban en esta jurisdicción.

solicitó de manera espe15 Finalmente, cial la invitación de la Reserva Activa

para que antes del 7 de agosto del año en curso, pueda hacer presencia en el lugar que sea acordado, para

hacer una exposición personal sobre su gestión y aspectos relativos a la conmemoración de los 200 años de creación del Ejército Nacional.

Anexo 1. Seguridad jurídica de la Fuerza Pública frente a la JEP La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su aplicación a miembros de la Fuerza Pública, ha sido motivo de debate desde el momento mismo en que fue acordada en el Acto Legislativo resultante de las negociaciones realizadas en La Habana.

Sobre este particular, la MTP hizo múltiples y oportunos pronunciamientos ante diferentes instancias, considerando que esta nueva jurisdicción, como mecanismo de justicia transicional, podría ser una buena opción, siempre y cuando se garantizara plenamente la seguridad jurídica y el blindaje internacional requerido para militares y policías en situación subjudice por causa o razón del conflicto armado que ha experimentado el país en las últimas décadas.

Sin embargo, al darse a conocer el procedimiento que sería aplicado para la escogencia de los magistrados que conformarían las distintas salas de esta jurisdicción especial, bajo la responsabilidad y plena autonomía de un comité conformado por tres activistas extranjeros estrechamente relacionados con organizaciones terroristas de sus respectivos países, y dos colombianos de izquierda

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Reunión presidente Duque

radical, el rechazo que se originó fue contundente e inmediato.

Consecuente con lo anterior y como era de suponer, de los 38 magistrados seleccionados, 17 de ellos fueron cuestionados por su perfil y amplios antecedentes como activistas de la extrema izquierda radical, muchos de ellos detractores permanentes de la Fuerza Pública y otros como ex miembros de la rama judicial y de colectivos de abogados, participes y fichas claves en la guerra jurídica que ha enfrentado la institución en distintos estrados judiciales.

En estas circunstancias, por iniciativa parlamentaria frente a la ausencia de garantías procesales y evidente sesgo político existente al interior de la JEP, surgió recientemente un nuevo proyecto de Acto Legislativo para la incorporación de 14 magistrados adicionales dentro de las salas existentes, con competencia exclusiva en el juzgamiento de militares y policías al interior de esta nueva jurisdicción.

En lo que respecta a este proyecto, lo más significativo sin lugar a duda, ha sido el acuerdo político mayoritario pactado con las distintas bancadas del Congreso de la República, con el cual se reconoció la necesidad de atender el justo reclamo de la Fuerza Pública en materia de seguridad jurídica, tal como se ha venido expresando ante diferentes instancias de nuestras institucionalidad democrática.

Lamentablemente, el trámite de este proyecto no permitió en ese momento por razones de tiempo, facilitar continuidad a los primeros cuatro debates que impone la norma legal y constitucional para darle tránsito en el pasado periodo legislativo.

Ante esta circunstancia y por decisión de los ponentes, su nueva presentación se hará en el periodo legislativo que corresponde al presente año.

Esperamos que este valioso compromiso político, con el respaldo del gobierno central, sea honrado en beneficio de quienes portan y hemos portado las armas de la República para su defensa y seguridad.

Anexo 2. La Comisión de la Verdad El comunicado del Comité de Escogencia del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), mediante el cual se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, en desarrollo del punto relativo a la agenda de negociación sobre víctimas del conflicto, generó muchas dudas y quizás, más preguntas que

respuestas frente a lo que fue la selección definitiva de sus cuestionados integrantes.

El objetivo principal de esta poderosa Comisión, según nos fue anunciado, es el de “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de responsabilidades ante las víctimas del conflicto, con el propósito de evitar su repetición, y buscar sobre bases firmes, la reconciliación y la construcción futura de una paz firme y duradera”.

Hasta ahí es perfectamente entendible e inobjetable. También lo es en lo relacionado con algunos de sus criterios orientadores, en cuanto a su momento de aplicación, su situación transitoria, su enfoque diferencial y de género, sus condiciones de seguridad y su carácter de mecanismo extrajudicial.

Sin embargo, dadas las experiencias obtenidas en relación con un foro nacional y otros de tipo regional realizados anteriormente como parte de esta agenda pactada sobre el mismo tema, fueron tantas las irregularidades cometidas, que, en su momento, la MTP hizo público un pronunciamiento para denunciar en forma categórica la actuación asumida por las Farc, como también la de unos falsos voceros de supuestas víctimas y la de algunos organismos nacionales e internacionales, con lo cual se ofendía en materia grave la dignidad de las Fuerzas Armadas de la República y se afectaba la imparcialidad requerida para adelantar este proceso.

Se insistía en estos foros en acusar y hacer responsable al Estado colombiano por infundados hechos criminales no comprobados, atribuyéndolos sin verdad jurídica alguna a miembros de la Fuerza Pública.

Estos graves antecedentes son, precisamente, los que ponen en entredicho la credibilidad, idoneidad, imparcialidad, autonomía y entendimiento requeridos, para encontrar la verdad histórica del conflicto armado, utilizando este mecanismo.

Para el caso específico de la Fuerza Pública, según las Farc, el principal y único responsable por violaciones constantes y sistemáticas de los DD. HH. y del D.I.H. es el Estado y, consecuentemente, quienes portan las armas de la República, como causantes directos de este tipo de violaciones.

Igualmente, se consideran víctimas y no victimarios. Tampoco aceptan comprometimiento alguno, menos sus cabecillas, como máximos responsables de su accionar terrorista y criminal. De esta

manera, pretenden justificar el derecho de rebelión como causa justa de su accionar delictivo.

También fueron insistentes en exigir la rápida conformación de esta Comisión, para sustentar a través de ella la tesis de que todas sus actuaciones fueron actos de guerra, ya que “su política tradicional fue la de no causar daños a la población civil”.

En su habitual cinismo, y contando con la anuencia de algunos organismos nacionales e internacionales, y el respaldo de diferentes ONG de extrema izquierda radical que les son afines, pretenden obtener ahora grandes ventajas para distorsionar a su acomodo, la verdadera realidad histórica; y sobre todo, para sentar las bases necesarias que les permita argumentar que el acuerdo final para la terminación del conflicto, por ningún motivo, se constituya en un proceso de sometimiento a la Justicia. Es decir, frente a la verdad histórica, total impunidad.

En estas circunstancias, tenemos la certeza que la Fuerza Pública será señalada como principal responsable de la mayor parte de víctimas generadas por el conflicto armado. Curiosamente, esta misma afirmación es coincidente con lo expuesto por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su publicación ¡Basta ya!, que inexplicablemente por orden del gobierno anterior se convirtió en texto de enseñanza obligatoria para los distintos niveles educativos del país.

En la misma dirección, un informe rendido por doce intelectuales designados por la mesa de negociaciones de La Habana, como Comisión Histórica del Conflicto, produjo un relato que no corresponde a la verdad de lo ocurrido.

Sus cuestionados análisis convergen hacia una supuesta realidad: “El Estado colombiano es el gran responsable de todo lo acontecido durante el conflicto armado, ya por acción o ya por omisión.

En otros términos, por haber sido incapaz de garantizar la tranquilidad y la

seguridad pública que le impone la carta política de la nación. Ni siquiera a la fecha ha logrado copar con su presencia y cuestionada autoridad, enormes rincones de la geografía patria”.

Este documento, según voceros de las Farc, permitirá comprender la complejidad de este conflicto y las causas que lo originaron en materia de justicia social, las cuales consideran de responsabilidad exclusiva del Estado. En tales condiciones, tal informe también favorecerá a las Farc, por cuanto siempre se han autocalificado como “víctimas del establecimiento”.

Para terminar, es conveniente afirmar que, frente a esta situación, tal como se visualiza, los miembros de la Fuerza Pública podrían ser sometidos dentro de este proceso a injustos señalamientos como consecuencia de una historia mal contada y habilidosamente manipulada por víctimas y relatores no confiables, y supuestas organizaciones de carácter humanitario, que siempre han favorecido a esta agrupación terrorista, responsable en grado sumo, de múltiples crímenes atroces contra el pueblo colombiano.

En otros términos, a través de este habilidoso mecanismo, militares y policías tendrán que rendirle cuentas al enemigo.

Anexo 3. Proyecto Ley de Veteranos Esta importante iniciativa del actual Gobierno fue recibida con beneplácito por parte de las distintas asociaciones del cuerpo de oficiales de la Reserva Activa de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional, en reunión llevada a cabo con el jefe del Estado en su condición de candidato a la primera magistratura de la nación.

A este respecto, cursa actualmente en el Congreso de la República un proyecto para hacer realidad la Ley de Veteranos, radicado por el gobierno anterior, junto con otra iniciativa similar de origen parlamentario, promovido por el Centro Democrático en la pasada legislatura.

Hasta donde se conoce, este proyecto solamente ha recogido las iniciativas de los proponentes, sin tener en cuenta recomendación alguna que haya surgido del interior de la reserva activa de la Fuerza Pública.

Frente a esta situación, consideramos necesario que se dé la oportunidad para que muchas iniciativas de carácter institucional, en materia de seguridad jurídica y social, que han surgido sobre el particular, sean tenidas en cuenta en este proyecto y, en consecuencia, se proporcione la oportunidad de ser expuestas a los funcionarios del gobierno nacional que sean designados para el efecto.

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Sanidad

Urge reforma estructural del sistema de salud militar y policial En la Casa de Nariño, el Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordóñez, representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de salud de las FF. MM., expuso la problemática de la salud militar y policial al presidente Iván Duque.

POR: BRIGADIER GENERAL (RA) GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ

P

or invitación expresa del presidente de la República, Iván Duque Márquez, el miércoles 22 de mayo tuvo lugar un reunión en la Casa de Nariño para escuchar las inquietudes de una delegación de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, MTP. Una de las intervenciones más importantes de la reunión estuvo a cargo del Representante de los Oficiales en Retiro ante el Comité de salud de las FF. MM., Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordóñez. En la reunión estuvieron presentes el ministro de Defensa, Guillermo Botero; la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y altos consejeros como Luis Fernando Correa Serna, ex viceministro de Salud.

Como preámbulo a la intervención del general Bastidas Ordóñez, el ministro de Defensa anunció la inauguración de una nueva sala de pediatría y de imágenes diagnósticas en el Hospital Militar y otras mejoras de equipamiento. Sobre este particular, el Representante de los Oficiales en Retiro ante el Comité de salud de las FF. MM. dijo: “apreciamos mucho esos adelantos en el equipamiento del Hospital Militar porque son muy importantes, teniendo en cuenta el atraso en la actualización tecnológica y logística que padece nuestro servicio de salud y ojalá se repliquen esos adelantos en los servicios regionales”.

El general Bastidas Ordóñez se refirió al proyecto más importante de seguridad social que tienen entre manos el ministerio de Defensa, relacionado con la reforma estructural que necesita el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La inicia-

tiva −que estuvo aletargada durante la administración anterior− está a punto de ver la luz gracias al interés y al trabajo desarrollado por el ministro Botero, los funcionarios de su gabinete y el Comando General de las FF. MM., llenando de esperanza a los usuarios del sistema.

La reforma se espera desde 2015, año en que el nuevo diseño fue presentado por la consultoría externa Ernest & Jones. Es la única manera de recuperar la unidad de gestión y poder integrar los recursos y capacidades existentes para salir de la crisis endémica y asegurar la supervivencia del sistema para los militares y policías de Colombia y sus familias. Estas fueron las palabras del general Bastidas Ordóñez: y acto seguido pronuncio la siguiente alocución: “Señor Presidente: Nuestro servicio de salud está en crisis - El problema está identificado - El cambio está planteado - está casi listo para comenzar; es preciso la voluntad política y el comprometimiento de todos para lograrlo.

La Sanidad Militar no puede cumplir con las disposiciones y principios básicos establecidas en la ley 352, que creo el Sistema de Salud de las FFMM y la Policía Nacional en el año 1997, con la organización actual, porque el servicio se montó sobre la estructura tradicional, del antiguo servicio logístico de Sanidad Militar, exclusivo para la guerra, que impide, por su esencia misma, anteponer la prioridad de la Salud Asistencial a la Operacional, y hace imposible la unidad de gestión, indispensable para lograr la integración funcional de recursos y capacidades disponibles en el servicio de salud, debido a que las tres fuerzas son

autónomas e independientes para la administración logística de sus recursos.

Con cinco cabezas tomando decisiones sobre el presupuesto de salud y la duplicidad de agencias asesoras cuidando los intereses de cada una, es difícil lograr el consenso necesario y la ingobernabilidad y el desperdicio de recursos es inevitable.

Señor Presidente, el servicio de Salud Militar es el único del país que después de 22 años y de gastar más de 120.000 millones de pesos no está totalmente sistematizado, y ¿cómo puede alguien suministrar el servicio a más de 670.000 usuarios dispersos en todo el territorio nacional, si no tiene un ente asegurador que responda y garantice el servicio de salud integral al usuario?, ¿sin un modelo de atención integral en salud?, ¿cómo podría alguien administrar y controlar un presupuesto tan grande sin un habilitador tecnológico que le permita conformar una big-data para saber con certeza cuántos usuarios tiene, sus características, dónde se encuentran, de qué se enferman, conocer la situación real para tomar decisiones, distribuir acertadamente los recursos y controlar su aplicación?

El servicio de Sanidad militar actual es económicamente inviable, el déficit del servicio de Sanidad militar sobrepasa los 250.000 millones de pesos, la Dirección General de Sanidad se ve obligada a “jinetear” el déficit, año tras año, con recursos de vigencias futuras, perdiendo capacidad de negociación de servicios con la red externa, a tener que restringir agendas de consulta y a imponer nuevas condiciones a los usuarios para acceder a los servicios, contraviniendo flagrantemente lo establecido en la Ley estatutaria de la Salud 1795 del 2015. En el Ministerio de Defensa, señor Presidente, se transgrede habitualmente esta ley. Se ha vuelto usual transferirle al usuario cargas administrativa y burocráticas que le corresponden al Sistema y le establece barreras para acceder al servicio, ignorando la obligación al trato preferente al que tienen derecho los Afiliados que pertenecen a la población adulta mayor que deben gozar de especial protección de acuerdo con el artículo 11º de la misma ley.

Desde diciembre del 2015 está planteada la reforma estructural para tener un verdadero Sistema de Salud para la Fuerza Pública, que opere con “Unidad de Gestión”, que nos permita adoptar un modelo integral de salud, unir los recursos humanos y logísticos y las capacidades que tienen las fuerzas y conformar unidades prestadoras de servicios en las regiones para que el usuario sea el centro de atención del Sistema y se le brinde el servicio integral de salud

en forma eficiente, equitativa, oportuna y eficaz.

El cambio está planteado, está listo para comenzar; falta la voluntad política y el comprometimiento de todos para lograrlo.

No es fácil lograr un acuerdo total de voluntades dentro de las cuatro fuerzas cuando hay tantos intereses y temores en juego, pero el Ministerio de Defensa ha trabajado mucho en el asunto y también el Comando General, y la gran conclusión es, que se pueden lograr los cambios estructurales necesarios a través de acuerdos y disposiciones internas, sin necesidad de la expedición de una nueva Ley, ni de modificar la existente, y es así como después de un trabajo conjunto, con el acompañamiento de la Superintendencia General de Salud, en el Ministerio de Defensa se tienen casi listos los proyectos de los primeros acuerdos para presentarlos a consideración del Consejo Superior de Salud.

1. Acuerdo para la integración, implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión.

2. Acuerdo por medio del cual se establece el modelo de atención integral de salud.

3. Acuerdo por el cual se dictan políticas generales y lineamientos para la organización del sistema integral de información en salud.

4. Acuerdo por el cual se dictan políticas y estrategias de atención al usuario y participación social.

5. Acuerdo por el cual se fijan los lineamientos para la gestión y gerenciamiento del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El ministerio de Defensa ya tiene los proyectos de los cuatro primeros acuerdos elaborados, los estas socializando para afinarlos, y está en desarrollo avanzado el más importante, el quinto, que fija los lineamiento de gestión y gerenciamiento, este es el más polémico, tal vez por el temor a lo desconocido, pero hay que tener confianza y “dejar que las cosas pasen, en la dirección señalada por el Ministerio de Defensa y en el momento oportuno.”

Señor Presidente, con su venia, su respaldo y su mandato, se tendrá la voluntad política y el compromiso de todos los funcionarios involucrados para lograr la transformación que necesitamos en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

BG (RA) Guillermo Bastidas Ordoñez Representante de los oficiales en retiro ante el Comité de salud de las FF. MM.” (sic).

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En defensa del Ejército

Interpretando advertencias: ¿Qué es doblar resultados operacionales?

POR: FELIPE FERNÁNDEZ

L

a Fuerza Pública en Colombia es una institución que históricamente ha estado atada a polémicas, intereses, reveses y desacuerdos; hechos que han marcado sin duda a la institución conforme a sus resultados operacionales y que hacen difícil, en cierto sentido, superar los errores y horrores de la guerra.

Actualmente, la coyuntura política y social del país nos ha llevado a un lugar común de debate, que es un efervescente antimilitarismo. Precisamente, este tipo de síntomas fueron jalonados por el reportaje publicado por el New York Times que profundizaron la polarización y que, de manera soterrada, promueve una agenda política así el diario estadounidense lo niegue de manera enfática y al mismo tiempo no se quiera ver de esa manera.

La nota del New York Times titulada ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales’, advierte que presuntamente habría presiones a militares para duplicar las bajas en combate. Sin embargo, la tesis central del Times no parece justificar una política operacional en la actualidad que aliente las ejecuciones extrajudiciales.

Las dimensiones del lenguaje: “doblar resultados operacionales” Cuando estalló la polémica me cuestioné si estábamos interpretando hechos o si, de alguna manera, estábamos interpretando interpretaciones. Suena algo confuso pero la premisa parte de allí de acuerdo con la respuesta del NYT en su editorial.

Muchos pueden acertar que el NYT es una gran casa editorial; que tiene buenas investigaciones, buenos reportajes y buenas notas periodísticas, pero esto no significa que sean infalibles. Los documentos que fueron presentados como material probatorio no sustentan la tesis central del periodista Nicholas Casey. Es decir, el reportaje es una condición necesaria, pero no suficiente para advertir que ese tipo de directivas operacionales terminarán en ejecuciones extrajudiciales así como ocurrió con la directiva ministerial 029 de 2005 que salió a la luz pública en 2007 y que destituyó a más de 20 militares y tiene a otros altos mandos investigados tocando las puertas de la JEP y a otros sentenciados penalmente en la justicia ordinaria.

Se explica que el Mayor General Nicacio Martínez, comandante del Ejército colombiano, “reconoció haber emitido las nuevas órdenes y exigir que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes”. Y señaló que por medio de instrucción a los principales comandantes se les ordenó “doblar resultados” en todos los

niveles de mando. Es quizá esta última palabra el objeto de la discordia, “doblar resultados”.

El documento del Ejército que tiene como asunto “envío de planteamiento de objetivos 2019” no establece explícitamente un número o porcentaje en que aumentarán sus bajas en el año en curso. Asimismo, otro documento en el que se detalla la efectividad operacional pone en entredicho la versión del NYT, que es justamente donde el General Martínez discrepa y señala no casarse con lo dicho por el diario, argumentando que parece más una interpretación de Casey desde un punto de vista externo al conflicto y por fuera del marco lingüístico empleado por las fuerzas militares. Lo que sí es cierto y cabe aceptar es que la planilla operacional que fue divulgada estuvo mal diseñada, que además contenía errores de semántica y que posiblemente ´hubo´ o hay intenciones de un grupo de oficiales de sacar provecho de ello. Toda esta seguidilla de factores fue (a mi juicio) exacerbado, de la mano de un pleno desconocimiento operacional de las reglas de combate del Ejército colombiano.

Este argumento es reforzado por las políticas de mando alineadas a la actual Política de Defensa y Seguridad expedida por el presidente Iván Duque y que llevan consigo la firma del General Martínez y que en estricto sentido no prescribe una orden de “doblar resultados”, en el entendido de muertes sino, por el contrario, es un manual diseñado de acuerdo con las directivas del derecho operacional en el que enfatizan que los “resultados legítimos hablan por sí solos”. Lo que significa que cualquier resultado por fuera del marco de la legalidad no es y no deberá ser aceptado. Sobre este punto, es también preocupante que las palabras utilizadas en el reportaje en ingles no sean las mismas empleadas en su traducción al español, por lo que hace más difícil concluir que se entienda que el concepto “doblar resultados” sea el mismo enten-

dido por Martínez y por Casey.

Precisamente, una fuente de alto rango militar me comentó que los objetivos operacionales medidos entre un rango de 60% o 70% pertenecen a un marco de política de estrategia militar de experiencias pasadas a raíz de las necesidades y exigencias que el país vive por cuenta de la existencias de diversos grupos armados ilegales. Y que justamente, la toma de decisión en la forma de conducir la confrontación armada no obedece a criterios arbitrarios sino que se encuentran en estándares de justicia internacional y local. En este sentido, resaltan dos indicadores muy comunes que se pueden encontrar en cualquier plan estratégico; la eficiencia y la eficacia. Me explicaba entonces, que si se va a realizar una captura, no se pierda la ida. Que si va a ejercer control territorial, no se permita que haya saboteos o hechos no permitidos en esa región, entre otros factores que son medidos.

De manera que la efectividad de las operaciones se entiende cuando se maximiza el uso de los recursos en ese rango establecido para obtener un resultado, he ahí el porqué de “doblar resultados”. Por ejemplo, ganar legitimidad en un territorio sin la necesidad de un solo disparo con el envío de personal militar profesional capacitado en salud y en ingeniera para que sirva de apoyo a las comunidades. O si por el contrario, se busca neutralizar o capturar un alto objetivo militar se despliega una división para cumplir tal labor.

La polémica dejó entrever varios factores que están mal, entre ellos, la estigmatización al periodista Casey que obligó su salida del país, el argumento de que los militares solo llegan a disparar y no son gobernados por reglas jurídicas y el impase de la Revista Semana que terminó con el despido de Daniel Coronell, uno de sus más importantes columnistas, por haber increpado a la revista de no publicar la misma investigación cuando la tuvieron en

sus manos. Tengo el presentimiento que tanto Semana como yo, creíamos que se partía de interpretaciones y no de hechos.

Entre el conocer y desconocer las reglas Un marco operacional sin lineamientos resultaría como cuando un navío se pierde en altamar y posteriormente naufraga. Esta analogía evidencia que tanto para el Estado colombiano como para su Fuerza Pública es importante tener un cuerpo normativo robusto y compatible con estándares internacionales de justicia que permita llevar a cabo los objetivos misionales encargados por la Constitución Política. Lo que ratifica que el general Martínez tenía total conocimiento de los documentos no solo porque él firmó las órdenes, sino también porque el periodista se los presentó y el alto oficial no rebatió su legitimidad.

En otros términos, conocía que dicha directriz partía de la buena fe militar y legal.

En este sentido, conviene aclarar que la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y del orden constitucional del Ejército se deriva de su misionalidad constitucional. Y que las directrices o manuales operacionales están sujetos a un marco jurídico sobre el cual se despliegan sus actividades operacionales y estamentos, con especial atención en los Derechos Humanos (DD.HH.), Derecho Internacional Humanitario (DIH), Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) y otras regulaciones de suma importancia como lo es el fuero penal militar, al igual que aspectos disciplinarios, administrativos y penales que enmarcan la legalidad de la función de la Fuerza Pública. http://blogs.eltiempo.com/pequenasguerras/2019/06/04/interpretando-advertencias-doblar-resultados-operacionales/?fbclid=IwAR31kLEm61efvoOo4Mbb71U2OxvdP51iLGo2u1ZRGoT3UXfmrY1JDHoC1_w

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Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

En defensa del Ejército

Un Ejército castrado Foto: ejercitodecolombia.blogspot.com

“Es en los tiempos más oscuros, cuando el honor, el valor y el servicio brillan con más intensidad.

Así que hagamos esa promesa todos… que siempre nos mantendremos fieles a nuestras costumbres, leyes y tradiciones. Entonces los siglos aún por nacer nos mirarán y verán no nuestros tiempos más oscuros, sino los más gloriosos”: Dave Duncan.

POR: CORONEL (RA) JAIME JOAQUÍN ARIZA GIRÓN.

E

n Colombia no hay un conflicto armado; existen cinco tipos de confrontación, todos de caracterización violenta. Así lo afirmó recientemente el CICR que, en un estudio del posacuerdo, concluyó lo complejo de la situación por las capacidades delictivas de los diferentes actores violentos, representados en la disidencia narcotraficante concertada que adelanta la combinación de las formas de lucha en conjunto con el ELN resucitado y repotenciado por obra y gracia del acuerdo de La Habana.

Los otros −GDOS y GAOS, para entrar en la moda de la confusión semántica que busca enredar y complicar la aplicación de la fuerza− también representan un serio desafío en materia de seguridad nacional y pública.

Esto obliga a que el Gobierno utilice todos los recursos que posee para cuidar la vida, bienes y honra de sus ciudadanos. Así lo viene haciendo durante los últimos 70 años de confrontación, en los cuales el Ejército Nacional, como ícono de lucha contra los enemigos de la sociedad colombiana, ha permanecido incólume en el cumplimiento de su misión; siete décadas en las cuales ha logrado neutralizar la amenaza marxista-leninista de la dictadura del proletariado; el narcotráfico con su poder corruptor y desestabilizador; el fenómeno del

crimen organizado, y hasta las connotaciones que se dan en relación con seguridad ciudadana, todo lo cual ha hecho que hoy en día y ya por más de cuatro lustros, encabece la lista de las instituciones más respetadas, probas y queridas por la sociedad colombiana. ¿Cómo ha alcanzado el Ejército este horizonte? Gracias al desprendimiento y profesionalismo que caracteriza a sus mandos en todos los niveles, al valor intrínseco de sus tropas y a su capacidad de mantener siempre su legitimidad, representada en el cumplimiento de la ley, además del acatamiento al orden constitucional, esto último muchas veces con disposiciones adversas y alejadas de la realidad nacional y de lo que vive el soldado en la primera línea de combate, porque es en el combate donde se ganan las batallas, es en el fragor de la guerra donde se definen los destinos de una nación, y son sus guerreros que llevan la heredad de la república los que la sufren, los que viven y mueren en el campo del honor.

Son las mismas huestes de la guerra, que han llorado a sus muertos, los que han ayudado al contendor herido en acción, al irregular fugado y al enemigo caído a alcanzar la paz eterna. El Ejército escoltó y protegió las columnas guerrilleras a sus zonas de ubicación donde hoy se

encuentran en proceso de reinserción a la vida legal.

Son los soldados quienes, desde 2002, recibieron 32 mil irregulares que huyeron de los grupos armados; es el estamento castrense el mismo que con dolor institucional y de patria aceptó los mal denominados falsos positivos ante la evidencia de la confesión de los hechos por parte de una minoría de sus efectivos que fueron presentados y procesados por la justicia con la colaboración y el rechazo de la institución.

En todos los niveles, se han instruido las tropas en DD. HH. y en DIH; ningún ejército ha tenido que sostener un conflicto tan prolongado ni ha sido sometido a cumplir tanto protocolo en conflicto irregular interno como el colombiano; ese es nuestro mayor orgullo: que muy a pesar del limbo político-jurídico en que siempre se ha debatido la nación, los soldados de Colombia nunca han cejado en la protección de su población.

La coyuntura actual no es diferente; por el contrario, todo el trabajo de planeamiento, liderazgo e instrumentación operacional que hace el comandante del Ejército y la institución que lidera, así como el seguimiento de efectividad de las operaciones militares, es para seguir ofreciéndole al pueblo colombiano el bienestar y la sensación de seguridad a la que ya está acostumbrado; es en defensa de la libertad y del modelo democrático, activo preciado del pueblo colombiano.

Es este último el que debe arropar sin vacilación a la institución armada, haciendo caso omiso a la calumnia artera, al influjo mediático que casi siempre coge la verdad con los pantalones en la mano y rechazar a aquellos que desde la sombra sirven a los intereses de los enemigos de la nación. De no ser así, no habrá quien proteja a nuestra sociedad; al fin y al cabo, lo que buscan los matreros es dejar a Colombia indefensa. ¡Soldado un día, soldado toda la vida!

La encrucijada de un país desorientado y mal informado

de por sí cuenta con suficientes entes de control con experiencia, conocimiento y ética profesional para adelantar esta tarea; sé entiende que fue una decisión política de apaciguamiento, pero que a mi juicio lesiona la credibilidad de las Fuerzas Militares.

Encima de todo, estamos viviendo un momento crítico de la vida nacional, como consecuencia de un mal llevado proceso de paz con las Farc, que ha dividido al país en amigos y enemigos de la paz, generando una absurda polarización, con graves consecuencias para la institucionalidad. El sistema de justicia se apartó de sus postulados de neutralidad y tomo partido en la contienda política. Álvaro Gómez hurtado nos decía: “Estamos viviendo una época escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.

En síntesis, la justicia y la desinformación se han convertido en el elemento más caótico y desorientador de la vida nacional. En este escenario, la opinión nacional podrá ser presa fácil del discurso de caudillos mesiánicos que prometen salvar al pueblo de Colombia de sus corruptas clases dominantes, reclamándose como sus salvadores con una cínica demagogia.

POR: MAYOR GENERAL (RA) VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS

C

omo en toda democracia, el pueblo colombiano está recibiendo información de noticias y análisis periodísticos de diferentes medios nacionales e internacionales que dan cuenta muchas veces de supuestos hechos de gran trascendencia nacional. Sin embargo, son muy pocos los lectores o televidentes que profundizan en la noticia; la mayoría de ellos disponen de poco tiempo para corroborar o contrastar con otras fuentes o analizar en detalle el momento político que atraviesa el país, llevándolos a dar fe ciega de lo que leen o escuchan de un sector noticioso.

De esta circunstancia propia de las democracias, nace muchas veces la desfiguración de una noticia que ocasiona desprestigio y mala imagen al gobierno o a un personaje de la vida nacional.

Algunos comunicadores, que casi siempre son los mismos, trasmiten la infor-

mación con un fin preconcebido, utilizando fuentes dudosas y poco creíbles con el único propósito de crear cortinas de humo para distraer la atención nacional sobre otros hechos que les interesa ocultar o para encizañarse contra alguna institución, que casi siempre es la militar por ser opuesta a sus intereses.

El Ejército Nacional nunca ha asumido una actitud negacionista ante graves hechos cometidos en el pasado por algunos de sus miembros. Por el contrario, siempre ha propendido por preservar la integridad y la moral de su tropa, castigando severamente a quienes infringen la ley y el juramento de lo más sagrado para los militares, la defensa de la población civil y sus recursos.

No cabe dentro de ninguna posibilidad que el mando de las FF. MM. promueva acciones contra la población civil, como fue sugerido en el reciente artículo

publicado en el New York Times, donde un periodista reconocido por estas actuaciones demostró la mala intención al tergiversar una directriz del comandante del Ejército, que exige a sus subalternos incrementar los resultados contra las bandas criminales, como lo hace cualquier empresa para lograr sus metas y objetivos.

No cabe duda de que esta argucia tiene como fin último debilitar al gobierno del presidente Duque y deslegitimar al actual comandante del Ejército y de paso neutralizar las operaciones militares, reviviendo errores del pasado para buscar el desprestigio institucional. Considero que no fue oportuno dar gusto a las falsas interpretaciones de un periodista, retirando dicha directiva y mucho menos nombrar una comisión de juristas que no posee ningún conocimiento de las operaciones militares. El Ejército

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En defensa del Ejército

Respuestas del comandante del Ejército al New York Times

POR: REDACCIÓN

E

l periódico de la asociación tuvo acceso a las respuestas que envío el mayor general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, al periodista estadounidense John Casey, autor de un polémico reportaje publicada en el New York Times en el que equivocadamente plantea que las órdenes operacionales que se dan en la institución militar estarían fomentando la reaparición de los mal llamados falsos positivos.

La batería de 15 preguntas fue resuelta a satisfacción, pero el medio de comunicación estadounidense no la tuvo en cuenta para la publicación de este reportaje ni para la editorial que sacó respaldando a su enviado especial. ¡Juzguen ustedes!

“1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de estas órdenes?

Las órdenes que emite un Comandante de Fuerza hacia sus subalternos se adoptan en el marco de sus funciones y responsabilidades operacionales y están alineadas a la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Las autoridades del Gobierno Nacional no participan en la elaboración y difusión de estos documentos que tienen el carácter de lineamientos operacionales toda vez que corresponden a las competencias de un Comandante de Fuerza.

Frente al primer documento del 18 de enero de 2019. Asunto: envió planeamiento de objetivos 2019 2. ¿Cuál fue el propósito de la reunión en la que se presenta el documento a tratar?

Las reuniones entre Comandantes de Unidades Operativas de la Fuerza Pública y el Comandante de Fuerza son un escenario institucional de común ocurrencia dentro de las FFMM y la Policía Nacional.

Es uno de los mecanismos institucionales para revisar la estrategia, su avance y trazar los objetivos que garanticen el cumplimiento de la misión constitucional. La reunión del 18 y 19 de enero de 2019 fue un escenario institucional de trabajo entre Comandantes Regionales y el Comandante del Ejército Nacional con el fin de analizar las temáticas propias del ejercicio de su misión y trazar la hoja de ruta que defina los objetivos para el cumplimiento de sus responsabilidades en la campaña militar del año 2019.

3. ¿Quién asistió a la reunión ese día y quién estuvo a cargo de la presentación?

Asistieron los señores Generales Comandantes de Divisiones, Brigadas y

Fuerzas de Tarea. Asimismo, en dicha actividad participaron los integrantes del Estado Mayor del Ejército, quienes estuvieron a cargo de las diferentes presentaciones realizadas y que corresponden a la agenda previamente establecida a desarrollar durante los dos días de reunión.

4. ¿Por qué se le solicitó a los Comandantes predecir el número de afectaciones para el año siguiente?

No se trata de un ejercicio de predicción. Se trata del ejercicio de análisis que le corresponde a cada Comandante Militar una vez evaluado el ambiente operacional y la jurisdicción que le ha sido asignada. De conformidad con este análisis se deben proyectar las metas operacionales que permitirán afectar los sistemas criminales y garantizar la protección a las personas que habitan el territorio nacional en cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública. Esta evaluación se solicitó con anterioridad a la reunión con el fin de que cada Comandante pudiera presentar su análisis en dicho espacio institucional. NO se aceptan como resultados operacionales aquellos que no cumplan con los estándares de legalidad, las normas de protección de los derechos humanos y los principios del derecho internacional humanitario 5. ¿Alguno de los Comandantes objetó tal requerimiento de predecir estas cifras para 2019? En caso de haber existido ¿Cuál fue la respuesta de tales objeciones?

Como se aclaró anteriormente, este ejercicio no es de predicción, es un ejercicio de evaluación y análisis operacional.

Dentro del desarrollo de este espacio institucional llevado a cabo el 18 enero de 2019 no se presentó observación alguna en relación con una supuesta objeción u oposición al ejercicio por parte de los participantes.

Frente al segundo documento. Asunto: 50 órdenes de comando 6. ¿Cuál fue el contexto de estas nuevas órdenes y en qué contexto fueron dadas?

Es un documento de construcción colectiva, entre los comandantes, que resume los acuerdos y compromisos adoptados en reunión de comandantes llevada a cabo en el mes de febrero de 2019. Fue suscrito por todos los comandantes atendiendo la doctrina operacional del Ejército Nacional, lo que refleja el consenso en el contenido de los mismos.

7. ¿Por qué fue degradado a 60% o 70% la certeza en objetivos militares? ¿Cuál era el requerimiento en este sentido en años anteriores?

Este porcentaje se refiere a la evaluación de la información de inteligencia que posteriormente es utilizada en el planeamiento de una operación. No se refiere a los resultados de la operación.

Este porcentaje que no es del 60 sino es de un rango entre el 60 y 70, se refiere como se dijo anteriormente a la valoración que debe hacerse de la información de inteligencia, en su fase de planeamiento.

Posteriormente se valora en el proceso militar de toma de decisiones que puede dar lugar a la ejecución de una operación militar.

8 ¿Acaso este requerimiento de 60% de certeza ante el uso de fuerza letal parece bajo, para los estándares de las Fuerzas Armadas de Colombia y hay acaso alguna preocupación por posibles pérdidas de vidas humanas ante tales cifras?

Como se mencionó anteriormente este porcentaje no hace alusión al grado de certeza sobre el resultado operacional, sino a la valoración y al ejercicio de ponderación que debe hacerse con la información de inteligencia en su fase de planeamiento.

Frente al tercer documento.

Presentación del 16 de febrero de 2019 9. ¿Cuál fue el propósito de la presentación del 16 de febrero? ¿Era el principal enfoque tratar los días en los que las Brigadas no estuvieron en combate o había algún otro punto a tratar?

10. ¿Es cierto que el propósito de tal presentación era reprender a aquellos que no tuvieran altos números en combate?

11. ¿Hubo alguien que objetara la reunión?

12. De ser ese el caso, ¿Cuál fue la respuesta de los comandantes a aquellos que objetaron?

En relación con los numerales 9, 10, 11 y 12 se hizo una verificación previa en los archivos de febrero de 2019 de Comando del Ejército y no se encontró ningún documento que coincida con la información que usted menciona en dichas preguntas. No obstante lo anterior, si usted tiene información adicional que nos pueda ayudar a identificar la presentación, con mucho gusto estaremos prestos a atender su requerimiento.

Preguntas generales 13. Fuentes entrevistadas expresan preocupación a que, ante tales órdenes, se vuelva a una dinámica de abuso de derechos humanos similar al escándalo de “falsos positivos” de

2002-2008. ¿Puede el Gobierno disputar estos argumentos?

No existe temor ni riesgo alguno porque la Fuerza actúa bajo el principio de la legalidad y articula todas las capacidades institucionales del Estado para la transparencia de sus resultados. La Política Institucional es muy clara y todo nuestro actuar está basado en el cumplimiento y apego absoluto a la Constitución y la ley.

Además, durante los años referenciados en la pregunta no existe ninguna dinámica o sistematicidad de abuso de derechos humanos. Los hechos que pudieron apartarse de la Constitución y la ley fueron puestos en conocimiento inmediato de las autoridades judiciales, y en los casos en donde se comprobó responsabilidad, se trata de hechos individuales y no de una política institucional.

A nivel interno, se han tomado medidas que permiten fortalecer la Política que va desde la Doctrina (que guía el actuar) hasta la instrucción, la capacitación, el entrenamiento que se traduce en el actuar transparente de los miembros de la Institución. Así mismo, la Institución cuenta con estrategias encaminadas a la vigilancia y control de las acciones que realizamos (Dirección de Aplicación a las Normas de Transparencia e Inspección General del Ejército - DANTE e CEIGE).

Adicionalmente, tenemos una política clara de colaboración a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes, respetando siempre los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.

Finalmente, quiero enviar un mensaje de confianza sobre el actuar de nuestra Institución, que está enfocada en la protección y el ejercicio de los derechos y libertades de todos los colombianos. Nuestras políticas y lineamientos operacionales son claros y se encuentran enmarcados en la protección y respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Son pilares de la filosofía del actual Comandante del Ejército hacer grande a Colombia, la vocación de servicio, el respeto absoluto por los Derechos Humanos, la lucha contra la ilegalidad y el fortalecimiento del liderazgo regional.

El lema de Comando “POR MI PATRIA, MI LEALTAD ES EL HONOR” representa la obligación ante la conciencia del soldado de obrar bien, con pundonor, portando la investidura del militar a la cual hay que darle realce, por ser la lealtad la virtud más importante que tienen los miembros del Ejército hacia el pueblo colombiano.

14. ¿Tiene el Gobierno alguna razón para pensar que pudo haber bajas equivocadas desde que se dieron estas órdenes? ¿Ha recibido el Gobierno SIGUE PÁG 13

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En defensa del Ejército

Pronunciamiento de la MTP ante la opinión pública nacional e internacional Continúa la persistente agresión de José Miguel Vivanco a nuestras instituciones castrenses.

El cuerpo de oficiales de la reserva activa perteneciente a las distintas asociaciones y unidades simbólicas de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, aquí afirmantes, rechaza una vez más la persistente campaña de desprestigio urgida sistemáticamente por José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, en contra de nuestras instituciones castrenses.

En esta ocasión, ha recurrido como nueva estrategia, al uso de personas interpuestas, utilizando a unos congresistas de los Estados Unidos que le son afines, para cuestionar, la decisión soberana del Estado colombiano, de designar militares de alto rango a cargos de comando en el Ejército Nacional. Para este propósito, emplea un escrito difundido recientemente por la organización que dirige, bajo el título “COLOMBIA: Nuevos Comandantes del Ejército estarían vinculados con falsos positivos”.

Sobre este particular, los congresistas aludidos, en carta dirigida al Presidente de la República, difundida ampliamente por agencias de noticias y algunos medios de comunicación, repiten textualmente las mismas falsas imputaciones formuladas por Vivanco, en las cuales pone en entredicho a nueve prestigiosos generales de la República, entre ellos, al actual comandante del Ejército Nacional, acusándolos públicamente, sin ningún sustento probatorio, como responsables de supuestas conductas violatorias de los derechos humanos.

Frente a esta habilidosa campaña mediática de desprestigio, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, repetidamente ha dado suficientes aclaraciones, informando a la opinión pública nacional e internacional, que tales acusaciones, desde tiempo atrás, son motivo de averiguación por parte de las autoridades judiciales de la nación.

En Colombia impera un estado social de derecho, y por principios elementales de legalidad, y bajo el concepto de lo que universalmente significa, la PRESUNCION DE INOCENCIA y el DEBIDO PROCESO, quienes hacemos este pronunciamiento ante la opinión pública nacional e internacional,

VIENE PÁG 12

No existe ninguna razón para ello, toda vez que las órdenes emitidas para adelantar operaciones militares que conlleven a la afectación de los factores de inestabilidad se enmarcan en el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente de nuestro país y del respeto absoluto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La afectación a los sistemas de amenaza criminal, se reportan mediante resultados operacionales tales como desmovilizaciones, capturas, recuperación de menores, muertes en desarrollo de operaciones militares, incautaciones, entre otras. Todas las afectaciones siempre son objeto de seguimiento y control de las autoridades judiciales.

NO se han recibido quejas en relación con los lineamientos operacionales de Comando y los mismos han sido difundidos desde el inicio de mi gestión como Comandante del Ejército Nacional.

Todos ellos han sido concebidos y escritos con estricto apego a las normas de protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Incluso he expedido los Lineamientos de Comando de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional “Bicentenario” los cuales son públicos y ello es así porque el actuar ha sido, es y será transparente y acorde al ordenamiento jurídico.

Ahora bien, todos los servidores públicos tenemos una obligación legal y constitucional de denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad de la que se tenga conocimiento. No cumplir este deber implica también una omisión.

15. ¿Ha recibido las Fuerzas Armadas alguna queja, formal o informal, de los Comandantes sobre estas nuevas políticas?

Mayor General NICACIO DE JESUS MARTINEZ ESPINEL Comandante del Ejército Nacional (SIC)”.

alguna denuncia de nuevos falsos positivos desde el inicio de este año?

rechazamos nuevamente y en forma categórica estas calumniosas afirmaciones, que no son otra cosa que parte de la habilidosa guerra jurídica y mediática, que la extrema izquierda radical, nacional e internacional, ha venido realizando desde tiempo atrás, contra miembros de nuestras instituciones militares y de policía.

En representación de la MTP del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones de las Fuerzas Militares y Policía Nacional: - Acore.

- Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares “ Cga”.

- Consejo de Ex Directores y Comandantes de la Policía Nacional.

- Colegio de Generales de la Policía Nacional.

- Division de Infantería “José María Córdova”.

- Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana “Asorfac”.

- Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”.

- Grupo de Artillería Santa Barbara.

- Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva “Francisco José de Caldas”.

- Regimiento de Caballería “San Jorge”.

- Agrupación de Oficiales de Comunicaciones “Manuel Murillo Toro”.

- Unidad Simbólica Antonio Ricaurte.

- Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares Caem E Integral de Defensa Nacional Cidenal”Asocaci”.

- Colegio de Coroneles de la Policía Nacional.

- Asociación Oficiales Veteranos de Corea “Asovecor”.

- Asociación Internacional de Lanceros “Interlanza”.

- Asociación de Paracaidistas “Asipar.

- Liga Marítima Colombiana - Lincol

Comunicado de prensa del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las FF. MM. El Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las FF.MM manifiesta a la opinión pública su permanente respaldo a las Fuerzas Militares y Policía Nacional en la realización de sus operac iones en bien de la Soberanía y Seguridad Nacional.

Así m ismo rechaza las diferentes manifestaciones de organizaciones y personas que cuestionan sin fundamento el accionar de nuestro Ejército Nacional en cabeza de su Comandante, Mayor General Nicasio de Jesús M artínez Espinel, quien de manera concisa ha explicado permanentemente el acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por parte de todos los miembros de la Institución.

En momentos como el actual es necesario apoyar a las instituciones castrenses y pedirles que con sus operaciones ataquen de raíz toda forma de violencia contra la comunidad, vengan de donde vengan. Solamente con el apoyo de la sociedad se logrará apaciguar a los grupos armados ilegales tan activos en la actualidad.

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En defensa del Ejército

Ataques a diestra y siniestra POR: JOSÉ MIGUEL SANTAMARÍA

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l ataque perpetrado contra nuestro glorioso Ejército a través del periódico New York Times tiene mucha lógica, las últimas encuestas de favorabilidad muestra que es la institución con mayor aceptación y credibilidad en Colombia, entonces se convierte en un blanco al cual se debe atacar para minar su credibilidad.

En la época dura del comunismo soviético teníamos claro que el fin justificaba los medios y que se aceptaban todas las formas de lucha, por lo tanto, el mundo occidental tenía que estar presto a que pudiera llegar cualquier ataque, fue mucho el daño que estas teorías hicieron a nuestra patria, durante muchos años respaldaron económica e ideológicamente a las guerrillas que llenaron de sangre y secuestros nuestra nación creyendo que estaban haciendo un cambio social que nunca llegó.

Con la caída de la Unión Soviética por la perestroika estos grupos al margen de la ley para sobrevivir sin esa ayuda tuvieron que cambiar sus métodos de financiación, arreciaron los secuestros, el abigeato y se metieron en el negocio de la coca que sigue siendo tan lucrativo que la ideología y la lucha social que decían defender pasó a segundo plano.

Hoy en día esa lucha ideológica sigue existiendo, pero es diferente, derrama

menos sangre pero deja los mismos muertos en el camino.

Para decirlo vulgarmente lo que la izquierda no logró hacer con las armas durante más de cincuenta años quiere hacerlo ahora a punta lengua y atacando todo lo que de alguna manera sea símbolo de la economía de mercado o de las instituciones democráticas, para esto utiliza personas ideológicamente afines enquistados en los medios de comunicación y en las instituciones. Todavía hay mucho mamerto que añora una Colombia comunista.

A la institución de la Presidencia y al presidente Duque no han dejado de atacarlo inmisericordemente desde que se

posesionó el pasado 7 de agosto. Es un ataque sistemático que ha disminuido su favorabilidad mas no su capacidad de trabajo y ganas de sacar al país del lodazal donde lo dejó en gobierno Santos, muchos colombianos no son conscientes del deterioro institucional y moral en el que estamos.

El ataque perpetrado contra nuestro glorioso ejército a través del periódico New York Times tiene mucha lógica, las últimas encuestas de favorabilidad muestra que es la institución con mayor aceptación y credibilidad en Colombia, entonces se convierte en un blanco al cual se debe atacar para minar su credibilidad. Seguramente habrá cambios y me-

joras que se deben hacer dentro del ejército, pero de ahí a pensar que se están institucionalizando los falsos positivos hay mucho trecho.

Pero los ataques no solo son contra las instituciones del Estado y sus funcionarios, también son contra las empresas y sobre todo contra las más exitosas y las que tienen la capacidad de generar cambios y valor en la sociedad, el último ataque que vimos fue contra Rappi, un emprendimiento que hoy en día lo llaman unicornio. Esta compañía logró el sueño que buscan todos los emprendedores, convertir una idea en una realidad. Cuando las empresas tienen crecimientos exponenciales tienen problemas operativos y logísticos que se deben corregir, pero enlodarla como han tratado de hacerlo es golpear la capacidad que tenemos los colombianos de crecer, de crear y de sobresalir.

Sería interesante conocer alguno de los emprendimientos y creaciones empresariales del socialismo, su generación de empleo, su capacidad de reinventarse y de generar valor a la sociedad. pero no existen. Los que promulgan ese modelo económico actúan más como parásitos que buscan que el Estado les de todo a cambio de nada, que los subsidios aumenten cada día y que el aparato productivo pague más impuestos para saciar a gobiernos paquidérmicos y perezosos.

Debemos estar atentos a estos ataques, no nos dejemos confundir que la guerra ideológica apenas comienza. https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/ataques-a-diestra-y-siniestrapor-jose-miguel-santamaria/272748

El valor de un general “[…] sanar las heridas de la guerra, no simplemente es cicatrizarlas y dejar que el tiempo haga del olvido una nueva oportunidad”.

POR: CAPITÁN (RA) CÉSAR CASTAÑO

E

n 2016, a mediados de junio, durante dos días se reunieron en Florencia, Caquetá: campesinos, víctimas, desmovilizados, estudiantes, docentes e investigadores de las universidades Javeriana, Libre, Pontificia Bolivariana, Militar y la Amazonia; miembros de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Organización de Estados Iberoamericanos y las Fuerzas Militares, en un foro sobre posconflicto organizado por la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega”.

Al final del evento, tomó la palabra un mayor general del Ejército comprometido con su misión y la construcción de paz territorial. Durante su intervención, hizo énfasis en el valor de la apertura al diálogo, la riqueza del debate y el respeto por la diferencia. Este encuentro, afirmaba el general, pretendía contribuir en el diseño de políticas públicas locales, regionales y nacionales, con el ánimo de trabajar por una sociedad próspera y en paz.

El general fue el gestor de ese y otros espacios académicos, al tiempo que adelantaba un juicioso trabajo en los territorios sobre construcción de paz,

desarrollo y posconflicto. Pero además había algo interesante en él, pues era el comandante de la Fuerza de Tarea Omega.

Vale decir, que la Omega fue creada en diciembre de 2003 con una misión puntual: neutralizar la evolución del plan estratégico de las Farc en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, región considerada como la retaguardia estratégica de la otrora organización insurgente. Gracias al esfuerzo de soldados, pilotos, marinos e infantes, muchos de los cuales perdieron la vida o se vieron afectados en su integridad, se propinaron duros golpes que precipitaron la derrota militar del aparato armado hasta llevarle a una mesa de conversaciones.

Al poco tiempo de finalizado el foro, se publicó el libro Posconflicto: una oportunidad para el desarrollo. En él, académicos y oficiales del Ejército, desarrollaron en profundidad los temas que habían sido tratados, entre ellos: Víctimas, memoria histórica, gobernanza, desarrollo, narcotráfico, tierras y seguridad humana.

En el prólogo del libro, el general, co-

mandante de la Omega, escribió algo que era absolutamente coherente con su responsabilidad militar, pero también con los proyectos que adelantaba con las comunidades en los territorios, sumado al deseo por contribuir a los esfuerzos de paz: “[…] sanar las heridas de la guerra, no simplemente es cicatrizarlas y dejar que el tiempo haga del olvido una nueva oportunidad. Sanar es reflexionar, aprender de los errores y a partir de ellos, proponer nuevas ideas que construyan una sociedad con mejores condiciones de vida. […] Por ello,

las Fuerzas Militares propenden por la garantía, respeto, promoción y difusión de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; así como la no repetición de acciones que vulneren los derechos fundamentales de la población”.

Esto piensa ese general a quien conozco de tiempo atrás. Su nombre, Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional. http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-opinion-tituloel-valor-de-un-general-op-20675

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Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

En defensa del Ejército

¿Un ejército intervenido?

POR: CORONEL (RA) JOHN MARULANDA El NYT, AP, L’Humanité y las zurdas norteamericana y francesa, con el craso desconocimiento que sobre Colombia tienen, han desplegado sus baterías contra el Ejército Nacional y sus actuales Mandos. Tozudamente desconocen que los colombianos tenemos en nuestros militares a la Institución de mayor confianza en el país e insisten en desestimar que las Farc como estructura armada, fue derrotada militarmente y como organización política, despreciada por la ciudadanía: 60 mil votos en la últimas elecciones.

Pero las embestidas contra nuestros soldados vienen del interior también. Algunos medios nacionales, remueven la atroz herida de las ejecuciones extrajudiciales que lastima en lo más íntimo el Honor Militar,

mientras callan o minimizan los desafueros de los hoy parlamentarios que fungen como demócratas en curules feriadas por Santos, ignorando el rechazo, la repugnancia que generan en la mayoría de los colombianos y el odio de sus ex compinches por su traición a la revolución fariana.

En el colmo de la arrogancia, el Sr Vivanco y otros, de manera indebida tratan de decirle al General Martínez, a quien despedir y a quien nombrar. Él es el Comandante del Ejército, responsable de tomar las decisiones que considere oportunas y adecuadas. Y claro que debe purgar la institución de Efialtes, faltaba más.

Ahora aparecen ciudadanos con nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales. No importa que no sean ciertas. El objetivo es obtener dinero del Estado y paralizar la Ofensiva militar que busca impedir que el

país termine siendo un narco estado.

Todo esto, en un escenario de deterioro de la seguridad pública y de la arremetida de los carteles de las Farc, Eln, Epl, el Golfo, los Caparrapos, mexicanos y una miríada de delincuentes que han entrado a saco en Colombia por el dinero de la cocaína. Urge, de nuevo, una acción seria y decidida por parte de nuestra Policía y de nuestros militares.

Ojalá la Comisión Política de Auditoría Técnica (¿?) a nuestras FF. MM. se asesore de quienes conocen el tema operacional, no desde la academia y los textos, en donde hasta los ignorantes pontifican, sino desde la realidad del combate. Auguro que el Dr Gómez Méndez, pedirá el relevo del General Martínez, para congraciarse con los dioses de la izquierda internacional. Será otro duro golpe para la moral de una institución debilitada por Santos, y que corre el riesgo de convertirse en un ente burocrático, inoperativo y fragmentado, presa fácil de cualquier émulo chavista.

Carta de apoyo del Coronel (RA) Oswaldo Caraballo “Cartagena de Indias, 20 de mayo de 2019 Señores: PRESIDENTES ASOCIACIONES RETIRADOS FUERZA PÚBLICA Ciudad Respetados señores: Debo recordarles que el artículo 219 de la Carta Magna se refiere al personal en servicio activo, su no deliberación se justifica por ser los árbitros de la convivencia nacional, desde cuando así lo estableció la constitución de Rio Negro de 1853.

Las fuerzas armadas han dado ejemplo a la Nación de respeto a las autoridades legítimas, a la constitución y derechos humanos.

La violencia en Colombia la han estimulado y ejecutado los civiles equivocados en la interpretación de la filosofía de los partidos políticos, que promueven los antagonismos ideológicos que dan vida y juego a la democracia. La guerra la ordenan los mayores de edad que integran las jerarquías de los partidos políticos pero la hacen los jóvenes con grave pérdida para los recursos humanos de las naciones.

Errores de pocos miembros del Ejército Nacional aceleradamente investigados y sancionados por los Mandos, indican que el fuero militar es indispensable

para evitar repetir los malos ejemplos de los civiles encuadrillados que ahora pretenden dirigir el país desprestigiando a la fuerza pública con calumniosos artículos de prensa como uno recientemente publicado en Nueva York, además de las intervenciones verbales del señor Vivanco de los Derechos Humanos contra el Ejército de Colombia. Nuestro país es hechura de los militares, héroes en Cartagena, Pantano de Vargas y Batalla de Boyacá.

Las asociaciones somos deliberantes, como organizaciones sociales debemos actuar en la forma que lo hacen los partidos autorizados por las leyes electores de Colombia, nuestro deber además de procurar la cohesión con las actividades sociales y caminatas es defender como gremio con ideas y actitudes lo que nuestros antepasados crearon y nosotros defendimos en la actividad. Recorremos el talante de los señores generales Currea Cubides, Varón, Valderrama, Rosas Guarín, Hermanos Camacho, Landazabal, Gómez, Serrano, Gil Bermúdez, Bedoya, Gilibert y Delgado Mallarino entre otros no menos importantes.

Colombia no será otra Cuba, ni otra Bolivia, ni otra Nicaragua mientras estemos vivos los componentes militares y policiales de las Reservas Activas.

Señores Presidentes díganle públicamente al pueblo nuestra posición, repasen la actuación en Roma del senador Ciceron contra los enemigos del

Imperio encabezados por el senador Catilina.

La historia nos cuenta que en 1492 los Reyes Católicos de España derrotaron a los Moros que habitaban Andalucia cuyo jefe Boabdil II, al salir huyendo de la Casa de Gobierno esto es la Alhambra llorando , su madre lo vio y le grito “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”. No esperemos que nuestros amigos y familia nos digan esa frase cuando todo se haya perdido.

La misión de la fuerza pública en actividad y en la reserva es hacer respetar de todos los colombianos la voluntad del pueblo expresada en las urnas. El acuerdo de paz exigía un tribunal como el de Nuremberg para juzgar a los criminales de la violencia. La JEP quiere ser un gobierno paralelo al que elegimos 10 millones de ciudadanos con el Doctor Iván Duque Márquez a la cabeza que ahora quiere ser sometido a la influencia narcoterrorista del señor Santrich y su pandilla de narcotraficantes.

Actuemos, actuemos.

Cordialmente, CORONEL OSVALDO CARABALLO DÍAZ C.C. No. 130.041 Curso XV EGS (sic)”.

Correo electrónico del Coronel (RA) Gustavo Roa “De: Gustavo Roa [mailto:gusasesorias@yahoo.es] Enviado el: miércoles, 22 de mayo de 2019 9:44 a. m.

POLARIZACIÓN O OBSTRUCCIÓN Desdichado, infeliz, desgraciado, ruin, mísero, desventurado, mezquino, ruin, roñoso, cicatero, son algunos de los sinónimos que le quedan a la medida a ese tipo de politiquero, que así esten diametralmente opuesto a otro, en aspectos políticos, filosóficos y éticos, se unen para torpedear programas gubernamentales sociales y dejar al país y su sociedad totalmente paralizada.

Que daño le hacen al país, estos sujetos que no generan ideas sino críticas corrosivas y diarias demostraciones de resentimiento social.

La paralización de proyectos gubernamentales del orden nacional y distrital, por las mismas agrupaciones políticas denominadas de “oposición”, se dedicaron a torpedear proyectos e iniciativas, por el solo hecho de venir de sectores políticos diferentes.

Se unieron liberales, cambio radical, la U, las Farc, los mal llamados “decentes”, que de decentes no tienen nada, la tal Colombia humana, que de humana no tiene un ápice y toda esta pléyade de resentidos

y críticos inoperantes, que sólo buscan que el país y el gobierno fracase, para presentarse luego como redentores, en busca de futuras aspiraciones políticas.

Con politiqueros, de pensamientos tan obtusos, ruines y corrosivos, perdemos todos los Colombianos, especialmente las nuevas generaciones, que ven como los cambios no se producen y el ambiente, que se ha llamado de polarización, realmente es de obstrucción.

Proyectos para combatir, la corrupción, el narcotráfico, los asesinatos, la delincuencia, la inseguridad, la impunidad, están al garete, por la maldita lucha del protagonismo. Lo mismo ocurre con proyectos de desarrollo social, como los planes sociales del gobierno nacional y los planes de desarrollo sostenible de Bogotá.

Ahora también el Comandante de nuestro glorioso Ejercito Nacional, ha sufrido el ataque cobarde de un periodista extranjero, alimentado por fuentes de información mal intencionadas, seguramente, con el propósito de mantener el embate contra la gestión gubernamental y su institucionalidad.

Presidente y Alcalde, e instituciones se enfrentan a estas hordas de resentidos, secundado muchas veces por jueces y magistrados.

Es repugnante, ver por redes sociales los odio-

sos twits del Petro, Cepeda, Robledo, Timochenko, Santrich y otros, o escuchar diariamente las diatribas de muchos malévolos dirigentes, que sólo tienen tiempo para esto, pero no para presentar proyectos de desarrollo, que permita que ése pueblo, que dicen representar, tenga un mejor futuro, a pesar de los astronómicos sueldos que devengan y las innumerables prerrogativas a costo de nuestros golpeados bolsillo.

Los medios de comunicación debían entender también, que no se debe magnificar las sombrías intenciones de estos “dirigentes siciales”, que tanto daño, le están haciendo a Colombia. Debemos los Colombianos, rodear las buenas intenciones del gobierno nacional y distrital y también oponernos a aquellas iniciativas perjudiciales para el bien común, pero debemos salir del atolladero que nos dejó el gobierno anterior, que sólo pensó en el bienestar de las Farc, que hoy siguen delinquiendo en el extranjero, en las ciudades y en el monte.

Gustavo A Roa C. T. Coronel - Administrador Empresas.

Enviado desde Yahoo Mail Android. Huawei P-30 (sic)”.

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Reportaje

¿Merece la pena morir por hacer una carretera?

Va de Tibú a La Gabarra, la hacen militares para abaratar costos y guerrilla ha matado a 9 personas.

POR: SALUD HERNÁNDEZ-MORA

E

ra un viernes cualquiera del invierno del 2000. Abordamos un camión de estacas en El Cuatro, el cruce de donde salen carros para La Gabarra.

Fueron catorce horas para recorrer 53 kilómetros, los últimos de parrillera a lomos de una moto. Pagué los 10.000 que pedía el dueño, aunque debí empujarle varias veces porque él no podía moverla solo en los barrizales más profundos donde quedaban atrapados los vehículos pesados, como había ocurrido con mi camión, y demoraban horas en sacarlos.

Otros compañeros de travesía arribaron al día siguiente, caminando, cuando despuntaba el sol. Prostitutas, comerciantes, peluqueros que no querían perder un próspero fin de semana de trabajo. En aquel año de bonanza cocalera, a los raspachines les quemaba la plata en los bolsillos y la despilfarraban a manos llenas en cuanto salían a rumbear a dicho corregimiento de Tibú, en pleno Catatumbo, Norte de Santander.

Hace unos días, en el mismo trayecto, esta vez transitado solo en moto, tardé un par de horas. Ecopetrol, que tiene operaciones en el área, niveló el terreno y echó una carpeta asfáltica en los primeros 22 kilómetros, pero lo hizo sin drenajes ni cunetas y ya está plagado de huecos; y el Ejército está asfaltando otros 17 con calidad de primera y todas las obras complementarias imprescindibles para que dure –un lujo jamás soñado en esas lejanías–, y el resto lo ha aplanado. Una obra iniciada en el 2015, proyectada para cuatro años, pero la violencia y otros obstáculos impiden un mayor avance. Los 18 restantes quedarán para más adelante.

Los soldados de ingenieros militares no se explican por qué los asesinan por construir una carretera que beneficiará a la comunidad.

Lo que no ha variado en dos décadas es el pueblo en sí. De unos cuatro mil habitantes en el casco urbano y otro tanto en sus veredas, La Gabarra quedó congelada en el tiempo, la mayoría de sus calles siguen destapadas y el comercio no progresa. Pasada la gran bonanza, que cohabitó con miles de crímenes, la gente continúa viviendo de la mata, pero sin hacer tanta bulla ni alarde de dinero.

Cuando los militares terminen la carretera de inversión multimillonaria, desembocará en la calle principal, a la que nunca metieron ni un metro de pavimento, y que va a dar al puente sobre el río Catatumbo.

Al otro lado no hay sino trochas y vere-

Barrio de invasión de venezolanos en La Gabarra.

das minúsculas entre la manigua. Serán, por tanto, 93.000 millones gastados en acortar el tiempo para arribar a un pueblo de presente anodino y futuro precario. Porque son pocos los cambios que se aprecian y nulos los proyectos ambiciosos. Solo nacieron paupérrimos barrios de invasión de migrantes venezolanos, empujados a jornalear en las fincas cocaleras por la catástrofe chavista. Los hombres se ganan la vida raspando hojas y las mujeres, cocinando.

“La gente cree que para una es sencillo adaptarse, que ganamos la plata fácil. Pero muchos venimos de ciudades, teníamos nuestro trabajo y nos cuesta acostumbrarnos a pasar meses metidos en la selva”, comenta una venezolana, cocinera en un cocal a cuatro horas de La Gabarra. También levantaron nuevas casas de material, atraídos por el asfalto, en los márgenes de la vía de Vetas, El 25, El 28, caseríos que fueron azotados por la violencia. Ya no la sufren con la crudeza de hace cuatro lustros, pero aún causa estragos y supone la mayor amenaza para el proyecto.

Desde que se iniciaron las obras, la guerrilla ha asesinado a cuatro militares y cinco civiles y dejado numerosos heridos de diversa gravedad. Si no han matado a más personas, se debe a que el Ejército permanece alerta.

El atentado que no pudieron evitar, el más sangriento, ocurrió el 9 de marzo en el kilómetro 29. Segó la vida de tres militares, un migrante venezolano y su sobrino de 17 años. Los extranjeros –Jesús Alberto González y John Sepúlveda– iban en moto cuando se produjo la explosión.

Además de enterrar bombas a ambos lados de la vía, la guerrilla dejó un ve-

tusto Renault con una enorme carga de explosivos que no estalló. “Si la detonan, acaban con las casas vecinas”, rememora el coronel Javier Cómbita, encargado del batallón.

Pregunté a unos nativos por la viuda del venezolano fallecido, hermana a su vez del joven que murió. “Puso a la venta el rancho y se marchó a Cúcuta a ver si la ayudan. Tiene otro hermano con ella y un bebé de tres meses”, contaron. El Ejército se encargó en su momento del traslado de los cuerpos a Cúcuta y del entierro.

“Uno no entiende que nos ataquen cuando solo estamos trabajando para ayudar a las comunidades”, me dice un soldado-obrero de 18 años, que paga servicio aportando su trabajo, como otros, para que el proyecto resulte más barato. Entre los beneficiados figuran los integrantes de las Farc que permanecen en la Zona Veredal de Caño Indio, dedicados a diferentes actividades agrícolas.

Aquel día, en el batallón causó especial conmoción la muerte del soldado profesional Wílmar Ortiz. Lo conocieron feliz porque a su hermano le había tocado pagar servicio a su lado. Ver después al menor, junto al cadáver de quien era su admiración y su espejo, estremeció a todos. Y causa escozor que en El 28 unos se apresuraran a demandar al Ejército por las esquirlas que afectaron sus casas. “A los dos días ya estábamos trabajando”, indica el mayor Gerardo Múgica. No debió ser fácil recuperar la moral en el batallón, instalado en el kilómetro 34, ni acostumbrarse a trabajar con uniforme y fusil al hombro, pese al sol abrasador.

“La seguridad es lo primero”, agrega Cómbita.

Los ataques de los criminales suponen la mayor amenaza para el proyecto, la corrupción no es el enemigo. “Aquí no se roban dinero”, indica uno de los veedores ciudadanos que entrevisto en El 25 bajo condición de anonimato. “Y la vía trae progreso. Subió el valor de los predios.

El de un millón ahora se vende por seis.

Los compradores son gente de la zona y alguno que otro de afuera. Por eso nos duele que maten soldaditos”.

La violencia Una vez se desmovilizaron las Auc en el 2004 y las Farc hace dos años, el frente ‘Luis Enrique León Guerra’ del Eln conquistó territorio, estructura y poder hasta convertirse en el principal peligro.

Aunque es el autor de los atentados, no se puede desdeñar al Epl ni la reciente aparición de la disidencia del frente 33 de las Farc.

“Cuando el ataque donde murieron los venezolanos, se formó una comisión de presidentes de juntas de acción comunal y fueron a hablar con el Eln para protestar por esas muertes y pedir que permitan la carretera. Se comprometieron a no volver a hacer algo así, pero les entra por un oído y les sale por el otro”, señala un campesino en la vereda Serpentino. Hablamos el 13 de mayo, a escasos metros del vehículo que había quedado destrozado tras un atentado y del cadáver de una de las dos víctimas fatales que yacía en la tierra, recubierto por unas ramas.

La guerrilla había activado una bomba al paso de una comisión judicial en el

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Reportaje

kilómetro cero de la vía a La Gabarra, en Serpentino. El verdadero objetivo serían los militares y policías que escoltaban el vehículo y resultaron ilesos. Murieron un funcionario del juzgado de Tibú y un perito, y varios civiles resultaron heridos.

Y no solo matan para boicotear la obra, también intimidan al personal civil y queman maquinaria. El Eln destruyó cinco volquetas último modelo que un contratista foráneo había adquirido para bajar costos. Unos días antes los volqueteros de Tibú protestaron por los precios que fijaba el afectado, muy por debajo de lo que ellos facturan a Ecopetrol, lo cual podía dañarles sus ingresos. Si ese fue el detonante, es un misterio, pero el contratista se marchó desalentado por lo sucedido.

Tampoco debe resultar fácil para los oficiales mantener el equilibrio entre la misión de construir la carretera y perseguir el tráfico de cocaína. Si instalan retenes y confiscan insumos y base de coca, se echan a la población encima y la vía se atrasa. Si conquistan sus afectos, se vuelven su principal escudo.

Porque si bien en el Catatumbo la desconfianza hacia el Ejército es atávica, existen campesinos dispuestos a alertarlos así sea con un gesto imperceptible.

“Te pueden murmurar que evites ir a un área y uno ya sabe que la guerrilla algo planea”, recuenta un uniformado.

La carretera pavimentada que están construyendo los soldados, conectará con esta calle empedrada y polvorienta del corregimiento de La Gabarra.

Y un comerciante me dice que valoran a los coroneles del Batallón de Ingenieros que son cercanos con la gente y piensan que terminar la vía es lo importante. Lo de acabar la coca, para más adelante.

Destino cocalero Al poner en la balanza el esfuerzo económico y las vidas en juego, la pre-

gunta que ronda en la zona es si merece la pena una carretera que casi no va a ninguna parte, mientras que la que une Tibú con Cúcuta es pésima.

En realidad la escogieron por descarte. En los acuerdos para levantar el paro campesino del 2013 propusieron construir la de Tibú-El Tarra, municipio de mayor población y proyección, si un día desaparece la coca. Pero un viejo contra-

to con la constructora San Simón, inacabado, suponía un obstáculo legal. De ahí que optaran por La Gabarra.

“Es la población más olvidada y señalada por la violencia. Pero tiene las joyas de la corona: petróleo y carbón. Por eso es que la eligieron, no hay otra explicación”, opinó un alto funcionario de la alcaldía de Tibú.

“Son asombrosas las altas especificaciones técnicas de lo que están construyendo, la cimentación profunda de los muros de contención. No tiene sentido cuando es deplorable la vía de Cúcuta a Tibú, donde somos 45.000 habitantes”.

Un destacado líder local abunda en la idea de que “es un retazo que no conecta con nada, un dinero gastado que casi no produce riqueza, será para que la cerveza llegue más rápido a las cantinas. Y no hay un trabajo social en La Gabarra que la justifique”.

Justo lo contrario del Corredor Vial La Gran Alianza, iniciativa de 120 juntas de acción comunal, empresas y diversas organizaciones civiles que se unieron para promover la construcción de 113 kilómetros que unirían Tibú, El Tarra y Sardinata y transformarían de fondo el campo. Creen que tendría más sentido. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/construccion-de-viaentre-tibu-y-la-gabarra-ha-dejado-variosmuertos-por-atentados-371156

Día de la madre El presidente nacional de Acore, Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera, hace entrega del premio que se rifó este día entre las mamitas que asistieron a esta celebración.

La ocasión fue aprovechada para presentar a los nuevos integrantes de la asociación.

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Prospectiva

Una visión de futuro para Colombia POR: CORONEL (RA) MANUEL JOSÉ SANTOS PICO

L

a corrupción, el conflicto armado y la inseguridad, son los tres problemas identificados que afectan el desarrollo económico del país, por lo que aquí se propone priorizar en esta dirección, los esfuerzos del gobierno para construir nación. Los tres tienen que ver con la justicia como factor determinante en corregir conductas y en cambiar el contexto interno, especialmente para construir bases sólidas de futuro.

La Justicia es una de las ramas del poder público que el sistema en Colombia debe ser modificado desde la base. El primer paso está en modificar el sistema de penas y castigos, endureciendo su aplicación como la aprobación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Es necesario construir cárceles más grandes que puedan ser modelos de corrección de conductas y que no sigan siendo escuelas del crimen, donde no solo se puedan aislar criminales sino emplear a los presos en trabajos manuales, cuando hayan modificado conductas agresivas o hayan pasado procesos de aislamiento propios de una escala de valores del castigo que se establezca en el sistema carcelario.

Suprimir el sistema de casa por cárcel, considerado como propio de un proceso que genera corrupción desde el mismo sistema de Justicia.

El narcotráfico es el segundo problema que debe ser atendido con prioridad, para debilitar los grupos armados, corregir conductas ilegales presentes en problemas de corrupción, conflicto armado e inseguridad. La extensión de los cultivos de coca que ha llegado a superar las 200 mil hectáreas, debe ser disminuida en el mediano plazo, utilizando el sistema de glifosato por aspersión aérea, no en todo el territorio, sino en aquellos sectores dominados por las bandas criminales identificadas y aisladas de población civil, manteniendo el sistema de erradicación manual tal como se vienen haciendo, pero suprimiendo el empleo de soldados y policías en esta labor, formando un cuerpo civil uniformado, autónomo, que podría llamarse Guardia Civil Antinarcóticos.

De esta manera se tendría un cuerpo especializado con dedicación absoluta, dejando mano de obra policial libre para emplearla contra el crimen organizado y común, y aislando la tropa de trabajos que no corresponden a la función principal de las Fuerzas Militares, la cual podría enfocar sus esfuerzos para derrotar la amenaza principal, concentrada en combatir al ELN que operan como fuerza principal del conflicto armado interno.

La tropa no debe continuar siendo utilizada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este es el principal error del sistema actual, que vulnera la moral institucional y pone en riesgo la seguridad del país al exponer el principal recurso de seguridad en un contexto donde la corrupción y el crimen son el ambiente principal.

Frente al conflicto armado interno, la

nación se encuentra en la última etapa de su finalización, la cual requiere un esfuerzo mayor para superar las dificultades propias de la neutralización de todos los grupos armados que se encuentren vinculados a causas políticas e ideológicas.

El crecimiento del ELN y los grupos armados disidentes en los tres últimos años, desde diciembre de 2016, cuando se inicia la desmovilización de las Farc, muestra que de no atenderse este problema con los mecanismos requeridos el conflicto armado puede mantenerse y prolongarse, en un contexto sociopolítico donde existen factores que pueden ser explotados por una izquierda socialista que en las últimas elecciones alcanzó una votación de más de ocho millones de votos.

El crecimiento de hombres en armas del ELN, de 2.000 a 4.000 en estos tres años, requiere una acción armada militar que los obligue a llegar a una negociación final, tal como se logró con las Farc. La presencia de estos grupos en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en Arauca, Cesar, Bolívar (parte Sur), Boyacá, Casanare, Santander, Antioquia (regiones del Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Norte Antioqueño), Cauca y Nariño, entre otros, muestra una dispersión de fuerzas que las FF. MM., y especialmente el Ejército puede derrotar. Para ello es necesario que esta institución abandone prácticas y tareas propias de otras instituciones (como el narcotráfico, la deforestación, el patrullaje de pueblos y ciudades en apoyo de la Policía contra el crimen organizado), que la desvían de su tarea principal y si coloca a los mandos en situaciones de desprestigio que afecta la moral de la institución, al colocar soldados frente a civiles y criminales. No más soldados en tareas contra el crimen.

Esta debe ser una consigna que se vuelva viral en los medios de comunicación, en las escuelas de formación y capacitación de las Fuerzas Militares y en fin en todas las unidades militares.

La modernización de las FF. MM., especialmente del Ejército, es otra prioridad que parte de la adquisición de equipo para aumentar las capacidades disuasivas frente a amenazas externas de gobiernos dictatoriales con capacidades de agresión con medios en blindados y misilísticos que deben ser alcanzadas por un ejército moderno. La tecnología en armas y equipo es un recurso que permite liberar hombres para ser utilizados en otras instituciones, como la misma Policía que debe crecer exponencialmente para enfrentar el crimen organizado. El Ejército debe mantener la estructura adquirida en aviación y fuerzas especiales, así como la capacidad de contraguerrillas, para actuar en el campo frente a este tipo de amenazas.

El pie de fuerza alcanzado no debe ser disminuido como parece que se está dando, al reducir recursos asignados por

el gobierno, siendo el principal error del presidente Duque, hasta que se modernice la fuerza y se finalice el conflicto armado interno.

Por último, uno de los riesgos más impactantes en la sociedad colombiana actual es el problema de la migración venezolana, que está desbordando las capacidades económicas de la nación frente a los mismos problemas que tiene la población colombiana, llegando a un nivel que el Estado no puede controlar, situación que obliga al gobierno del presidente Duque a tomar decisiones poco compartidas por sectores de la opinión pública nacional e internacional, entre ellas, el bloque de las fronteras para impedir la continuación del ingreso de población venezolana, que a la fecha está en el orden de un millón 800 mil ciudadanos. La deuda por salud en ciudades como Cúcuta, por atenciones a población venezolana pasó a cifras de billones que no puede ser atendida por el Estado co-

lombiano.

Si hacemos lo que se propone en este artículo, en tres años el ELN se transformará en un partido político con un puesto en el Congreso, el Ejército logrará su derrota militar. Con una Guardia Nacional Antinarcóticos, el narcotráfico disminuirá su extensión de cultivos ilícitos a no más de 50 mil hectáreas donde Perú y Bolivia le disputarán el mercado mundial de la coca a las mafias existentes en los EE. UU. y Europa. La Policía Nacional pasaría de 180 mil hombres a unos 300 mil para disminuir el crimen organizado a niveles internacionales; el Ejército y las FF. MM recibirían la primera entrega de equipo para su modernización adquiriendo una real capacidad disuasiva ante las amenazas existentes. Así Colombia entraría en una etapa de transformación que su población aspira desde que se empezó a pensar que la paz podía ser una realidad en este siglo.

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Opinión

Objetividad y libertad de información

“No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso.

No te resignes”: Walt Whitman.

POR: CARMEN ISABEL PEÑA VISBAL

“

Sean objetivos. Siempre”, nos repetían sin cesar durante los primeros años de ejercicio periodístico. Yo me preguntaba, y aún me lo pregunto, ¿qué es la objetividad? Porque diversas visiones confluyen alrededor de ese término. ¿Se refiere a la objetividad ética? ¿A la objetividad ontológica? ¿A la objetividad epistémica? ¿A la objetividad material?

La primera de ellas está ligada a los valores éticos (morales, por lo general) de quien emite un concepto o transmite una información, la segunda hace referencia a la descripción cierta o real (cualidad inherente) de aquello que es relatado o analizado, la tercera versa sobre la conceptualización, es decir, constituye hipótesis acerca de lo que se habla o escribe, y la última tiene que ver con la comprobación fáctica.

Si la vemos desde el punto de vista jurídico, la objetividad es la “actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos o conductas”.[1] Podría decirse que para ser objetiva es indispensable carecer de prejuicios y ser ‘neutral’ respecto del tema abordado.

Pero, la realidad es que, ante el millón de temas p o s i b l e s y v e r d a d e s aparentes, seleccionamos unos pocos para desarrollar Si hablamos de hechos judiciales, ¿cuántas denuncias son instauradas cada día ante autoridad competente? Por ejemplo, por casos de violencia de género, al menos, 50; por delitos informáticos, 30 en promedio; por hurto a personas, más de 1.000; por corrupción, 100…

Y así sucesivamente. ¿Cuántos de esos hechos se transforman en noticia? ¿Por qué escogemos un caso para reportarlo en la prensa? ¿Por qué ‘transformamos’ algunos de esos en ‘casos emblemáticos? Como el caso de la niña torturada y violada por Rafael Noguera en Bogotá DC, mientras otros hechos similares se pierden en el pasar de páginas, como el aberrante delito ocurrido en Campo de la Cruz, Atlántico, cuando 12 menores –entre ellos seis adolescentes– violaron a una niña de 12 años mientras grababan toda la ‘faena’. La Fiscalía les investiga por acceso carnal violento agravado y pornografía. ¿Por qué algunos hechos son ‘usados’ para rellenar las páginas de los periódicos o de las webs, los tiempos al aire de los noticieros y programas especializados en televisión, o ratos de noticias en los noticieros radiales? Acaso, ¿porque la libertad de información nos lo permite y porque la objetividad nos guía o porque nuestro ‘olfato’ periodístico nos impulsa? o ¿porque quienes ejercemos el periodismo nos dejamos tentar por los temas que nos apasionan?

La Libertad de Información ¿es la libertad de quién? ¿De quien investiga, de quien reporta, de quien edita, de quien decide si se publica o no? Ahí es, precisamente, donde incurrimos en error. La libertad de información no se refiere a quien reporta o al medio que informa, sino al derecho de la ciudadanía a conocer la realidad del entorno, el manejo de la ‘cosa pública’, el gasto del erario y el comportamiento de quienes ejercen la función pública. Por ello, Naciones Unidas considera que “la libertad de información es el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas”. [2] Por supuesto, esa libertad se deriva del derecho fundamental de la libertad de expresión, [3] que, a su vez, incluye los derechos de investigar, redactar, analizar, opinar y difundir por cualquier medio sin restricción alguna.

En este punto, los empresarios de los medios y quienes ejercemos el oficio tenemos el deber de evaluar qué y cómo lo hacemos.

Cierto ha sido que cada día, en los medios de comunicación ‘cuelgan’ a diario cientos (por no decir miles) de informaciones que reportan los ‘carga-ladrillos’.

Normalmente se considera que esa labor es potestad de quienes ejercen jefaturas.

Hoy, como ayer, cada medio elige su orientación, pero no siempre de acuerdo con sus principios. Por supuesto, otros factores, como el comercial, influyen en la toma de decisiones. Además, no imagino a la senadora Paloma Valencia siendo columnista de ‘Voz’, ni al senador Iván Cepeda escribiendo con libertad en ‘La República’, por citar a algunos. Esa sí sería una revolución mediática que pro-

movería el debate de ideas.

Hace un par de décadas se reconocían los diarios por su orientación política: El Tiempo, El Espectador y El Heraldo eran liberales; El Siglo, La República, La Prensa, El Colombiano y Diario del Caribe eran conservadores; Voz Proletaria era comunista. Desde esos periódicos ejercían la ‘defensa’ de las ideologías de sus fundadores, aun cuando sus directivas aseguraban que no avalaban las acciones de los candidatos y funcionarios de sus respectivos partidos. Eran evidentes las oposiciones a ultranza a los gobiernos contradictores, y los obvios ‘apoyos’ a las administraciones de sus gustos. Sólo veían lo que querían (o podían) ver. En alguna época se afirmó que, si “Samper no cayó, fue porque Hernando Santos lo sostuvo”.

Hoy, sin embargo, esa línea claramente identificable no es evidente para los lectores, escuchas o televidentes, porque se pretende (con justa razón) que toda la prensa sea transparente, honesta y objetiva, teniendo en cuenta que la libre circulación de la información y de las ideas es un derecho colectivo y un pilar fundamental del sistema democrático.

Otros intereses –no propiamente ideológicos– predominan en los medios de comunicación. El deber ser de éstos se desvanece, entre otras razones, ante las exigencias editoriales de los nuevos propietarios, a la carga que representa la necesidad de financiar las operaciones periodísticas, a la desbandada de patrocinadores, a la deserción de los usuarios (lectores, oyentes, televidentes) que optan por ‘enterarse’ de lo que está pasando sin tener que invertir para obtener un servicio informativo relevante y, lamen-

tablemente, a causa de la urgencia de subsistir dignamente de los reporteros y redactores que –en muchos casos– aceptan condiciones salariales deprimentes o imposiciones editoriales que contraían el objetivo del oficio.

En este escenario, la libertad de información y la esperada objetividad son apabulladas por la conformidad de muchos para quienes parece ser suficiente lo que se dice en las redes sociales o se anuncia en medios radiales, digitales o televisivos, pero resulta increíblemente insuficiente para tener una visión contextualizada de la realidad o para fortalecer el oficio de informar, opinar o analizar.

Como si esa libertad fuese utilizada para promover el silencio sobre lo que es clave… Lo cierto es, repito, que ante el millón de temas posibles y verdades aparentes apenas son seleccionados unos pocos para desarrollar en las salas de redacción. La verdad, entonces, es sacrificada día a día sin que nos demos cuenta. ______________________

[1] Cabanellas de Torres, Guillermo.

‘Diccionario Jurídico Elemental’.

[2] La Libertad de Información es parte integrante del derecho fundamental a la Libertad de Expresión. Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1946) y Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos(1948).

[3] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969). h t t p s : / / w w w. c i u d a d p a z . c o m / s i n gle-post/2019/06/03/Objetividad-yLibertad-de-Informaci%C3%B3n

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Nos escriben

Mensaje del Coronel (RA) Oswaldo Caraballo

“Cartagena de Indias, 31 de mayo de 2019 subversión y de los partidos políticos afines, además se contribuiría a evitar la deforestación de la Amazonia y Orinoquia.

Señor Mayor General DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA DE COLOMBIA E.S.D.

a) Plan general de sustitución de cultivos de coca, marihuana y amapola por productos alimenticios y de uso industrial.

ASUNTO: MEDIDAS PARA ACABAR CON UNA TRAGEDIA NACIONAL Los miembros de las Reservas Activas de la Institución que desempeñamos altos cargos con grandes responsabilidades, tenemos la obligación moral de sugerir consejos a quienes hoy conducen la Policía Nacional por caminos que lleven a esta Nación a la paz plena y completa.

b) Obtener apoyos económicos de los gobiernos de países consumidores a fin de dedicar el 50 % de estos a créditos a campesinos. c) Apoyo bancario controlado por gobiernos regionales a campesinos del programa. d) Creación de Centros de Acopio a cargo de la Fuerza Pública en las zonas de sustitución.

Miles de muertos, ríos de sangre, millones de dólares y pesos gastados, cárcel para muchas personas comprometidas en el ilícito negocio, Policías, Jueces, soldados, empresarios y banqueros asesinados por no ceder a las propuestas de la corrupción del crimen organizado y del narcotráfico.

e)Transporte aéreo y terrestre de las zonas a centros de consumo a cargo de la Fuerza Pública por el tiempo que sea necesario.

Un poco más allá de 1930, el presidente Roosvell de los Estados Unidos, con medidas de legalización, puso fin a la tragedia del consumo ilícito del alcohol, famosos criminales como Al Capone, Dillinger y otros pistoleros fueron muertos o encarcelados, así el negocio cedió y la ley se impuso.

g) Acción de la JEP para los campesinos que hayan estado involucrados en las siembras voluntarias u obligadas de alucinógenos.

Colombia en la década del 70 heredó por acciones del Gobierno Norteamericano y de los de Perú y Bolivia contra los cultivadores de coca y amapola, esta peste; sus climas y la tradición indígena en algunos departamentos con la coca, estimulo la extensión de cultivos y la semilla de la amapola llego con expertos y tecnologías a fin de producir alucinógenos, se enseñoreó en casi toda la Nación este nuevo delito.

i) Comprometer personal de las reservas activas en la coordinación y control de este programa nacional.

La Policía Nacional ha hecho el mayor esfuerzo para liberar al país de este demoniaco negocio. La institución podría hacer más si propone al Gobierno Nacional un plan que considere unas decisiones para eliminar el soporte económico de la

f) Construcción de vías para sacar los productos a los Centros de Acopio.

h) Programas de salud, educación y capacitación a las juventudes campesinas para que se involucren en los programas de sustitución de cultivos.

Cordialmente, CORONEL OSVALDO CARABALLO DÍAZ C.C. No. 130.041 Correo: guenolcaribe@hotmail.com (sic)”.

In memoriam

Carta de despedida al General Jorge Miranda Carpio (q.e.p.d.)

POR: MAYOR (RA) JUAN JOSÉ GARCÍA CABRA “Hay noticias que nos parten el corazón y nos aflige el alma y sin esperarlo una lágrima furtiva aflora en la mejilla.

Hoy 30 de mayo del 2019, falleció el señor General de infantería JORGE MIRANDA CARPIO, a la edad 76 años; uno de los orgullos del Curso JOSE DOLORES SOLANO, que se suma al apreciado general RODOLFO HERRERA LUNA, fallecido en 1997, a quien ayer recordábamos con gran afecto y fraternal aprecio.

Jorge, fue un gran compañero, un amigo incondicional; una persona franca y sincera, siempre con la sonrisa que demostraba la paz de su alma. Él nunca nos dijo lo que nosotros queríamos escuchar, nos dijo la verdad y lo que era mejor para nosotros. Sus virtudes militares, le permitieron recorrer con éxito la dura vida militar, hasta lograr la cumbre de verdaderos hombres de honor y lealtad con la Patria, ser General de la República.

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los

inmortaliza en el recuerdo.

La muerte es uno de esos temas centrales del ser humano; nacemos con una lápida a la espalda a la que tan sólo le falta ponerle la fecha. La muerte es la separación del cuerpo del alma, la muerte significa el final de la vida física, pero no del alma y la existencia. Sin quererlo, estamos llegando a la meta y “nos llega la cosecha”, como decía mi madre.

La muerte, es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Lo más seguro es que nadie puede librarse de ella.

Como cristianos esperamos la resurrección de los muertos, Así como Cristo nuestro Salvador un día resucitó, por su sacrificio en la cruz, nos dio la gracia de la vida eterna.

Para Blanquita e hijos y demás familia, nuestra solidaridad en estos momentos dolorosos y tristes, y tofo el fraternal afecto del Curso José Dolores Solano.

Bendiciones y fortaleza en nuestro Padre Dios” (sic).

¡Aviso importante!

El mayor Juan Fernando Rodríguez Uribe, oficial del Ejército Nacional en actividad y Jefe del área de Museos Militares del CCOET, está adelantando un doctorado en historia en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su trabajo de tesis doctoral está centrado en demostrar que las FF. MM. siempre han cumplido su misión bajo circunstancias adversas. Él requiere el apoyo de la reserva activa para contestar una encuesta virtual (totalmente anónima, confidencial y segura), a fin de validar su hipótesis. Este instrumento de medición les será enviado a todos los asociados de Acore por los canales de comunicación existentes. ¡Contamos con su apoyo!

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Institucional

NUEVOS ASOCIADOS

Los siguientes oficiales y beneficiarios han ingresado como asociados de Acore:

AFILIACIONES Gdo Co. Co. T.c.

My.

Fza Ejc Ejc Ejc Ejc

Nombres y Apellidos Carlos Joaquin Arevalo Garcia Jairo Sequera Duarte Edisson Dolcey Pantoja Ortiz Octavio Fabian Valderrama Gomez

Seccional Bogotá Bogotá Valle Bogotá

Acorados fallecidos entre el 15 de mayo al11 de junio de 2019

Cn. Bg. Sra. Sra. Sra. Tc. My. My. Co.

Arc Luis Fernando Díaz Correa Ejc Jorge Pelayo Miranda Carpio Cecilia Navarrete de Gutiérrez Helena Echandía de Torres Gloria Ma. Arciniegas de Narvaez Fac Jose Ilian Arias Giraldo Ejc Ciro Antonio Ochoa Díaz Ejc Victor Manuel Cañas Trujillo Ejc Jairo Mejía Román

Bogotá Valle Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Valle Valle

SEÑORES OFICIALES DE Ejército Armada Fuerza Aérea Integrantes de la Reserva Activa La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares – ACORE los invita a hacer parte de nuestra Asociación y de los beneficios que ofrecemos.

Visite nuestra página www.acore.org.co

Integración Fortaleza

Viajando con Acore en Turquía Entre el 27 de abril y el 10 de mayo, doce acorados, acompañados de seis familiares, realizaron un recorrido de ensueño por la riqueza cultural, arqueológica e histórica de Turquía, disfrutando lo mejor del encuentro de dos mundos: Europa y Asia.

El recorrido incluyó las ciudades de Estambul −la capital turca que muchos señalan de ser la mítica Troya− y Pergamo −gran centro cultural que

cuenta con los vestigios del famoso hospital del mundo antiguo dedicado al dios de la salud Esculapio−, donde vivió el célebre médico Galeno.

En Éfeso, los acorados evidenciaron la presencia de nombres tan importantes en la historia del mundo antiguo como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, nuestra Virgen María y Juan el Apóstol.

En Capadocia volaron en globo, todo un espectáculo.

Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

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Opinión

La renuncia del Fiscal y el honor de renunciar POR: CORONEL (RA) DARÍO RUIZ TINOCO

E

l 15 de Mayo Colombia fue sorprendida al conocer la noticia acerca de la renuncia irrevocable presentada por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, motivada, según el alto funcionario, por la determinación de la JEP de otorgar la libertad inmediata al narco terrorista integrante del partido Farc, alias Jesús Santrich, bandido incurso en el comprobado delito del narcotráfico cometido luego de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, suscritos entre el expresidente Santos con esta organización de terroristas, y que han dejado hasta el momento un amargo sabor a impunidad frente a la comisión de los crímenes más graves que consagra el Estatuto de Roma, del cual es parte Colombia. Obviamente el Estatuto de Roma no consagra el crimen de narcotráfico, que tiene desestabilizadores alcances transnacionales. Bueno Santos obtuvo a costa de estos acuerdos el Nobel de Paz, ¡Qué vergüenza y qué indignidad!

Frente al delito de narcotráfico cometido por Santrich, sectores de la propia justicia colombiana se han encargado de dilatar y evitar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos, previsto en el tratado suscrito entre los dos países, que es de obligatorio cumplimiento y el que la propia JEP lo ha querido convertir

en papel higiénico, a tal punto que han llevado el caso Santrich a un escenario de debate político, en sacrificio de la incuestionable verdad jurídica.

A propósito, cabe preguntarse: ¿Qué diferencia existe entre el video ya conocido por la opinión pública que demuestra, sin lugar a dudas, los vínculos de Santrich con el negocio del narcotráfico (10 toneladas de cocaína que pretendía ingresar hacia los Estados Unidos) y el de Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana, recibiendo fajos de dineros de la más dudosa procedencia (tal vez del narcotráfico), guardándolos en bolsas de plástico, haciendo gala de su indecencia y ordinariez? Pues ninguna o tal vez sí. Caben en consecuencia otras preguntas: ¿por qué razón Petro no está incurso en delitos relacionados con actividades mafiosas, cómo es el de recibir dineros de dudosa procedencia, y no haber podido dar convincente explicación?, ¿por qué razón Petro no ha sido investigado como a Santrich? y ¿por qué Iván Cepeda, su cómplice, guarda silencio? La respuesta está dada en los términos del contubernio que existe entre la izquierda colombiana −como siempre asociada con sus amigos naturales− y el despreciable partido de las Farc, integrado en su mayoría por asesi-

Diccionario de la coyuntura nacional POR: BRIGADIER GENERAL (RA) ADOLFO CLAVIJO Anarquía. Según la RAE: Ausencia de poder público; desconcierto, incoherencia, anarquismo (doctrina que propugna la supresión del Estado). Ejemplo: La que se aprecia en la Nación debido a la incapacidad en el cumplimiento de sus misiones por parte de los tres órganos del Poder Público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Cobre. El que mostraron, en el caso de Santrich, los magistrados de la JEP y todos los polarizados en contra del gobierno y de la democracia colombiana.

Decepción. Según la RAE: Pesar causado por un desengaño. Ejemplo: El sentimiento de dolor de los colombianos de bien por las molestias que les causa la inoperancia en todo sentido de quienes tienen el deber y la obligación de solucionar los graves problemas que afectan al país.

Extradición. Término que a los funcionarios de la JEP les suena como un madrazo cuando les piden que se manifiesten al respecto sobre Santrich u otros miembros de las Farc.

nos y ex mafiosos. ¡Todos ellos tapan su impunidad con la misma cobija!

Iván Cepeda, quien ostenta el inmerecido título de honorable senador de la República, saltó como serpiente enrollada a defender junto a sus secuaces del partido Farc al bandido de Santrich y ello conduce a reafirmar que quien apoya bandidos, defiende bandidos y tiene ojos y mirada de bandido, es también un bandido.

El ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez, por sus ejecutorias a la cabeza de la Fiscalía, fue objeto desde el inicio de su gestión de una oscura componenda para sacarlo de cargo, diseñada por parte de la recalcitrante izquierda colombiana en cabeza del senador Iván Cepeda y sus amigos del partido Farc; este senador, al enterarse de la renuncia del Fiscal, no tardó en regocijarse por lo que representaba para sus mezquinos intereses políticos el gran triunfo por la salida del funcionario, triunfo que resulta pírrico porque quieran o no, los amigos del bandido Santrich verán cómo será extraditado a los Estados Unidos como se lo merece; de ello no cabe la menor duda. El presidente Duque cumplirá sin duda alguna con este compromiso internacional y deber moral y constitucional.

La palabra renuncia representa algo que no es muy común en la naturaleza de algunos dirigentes colombianos; son contados los casos que se registran acerca de quienes han tenido el valor y la dignidad de renunciar cuando por cuestiones de ética y honor deben hacerlo. ¡Qué mal ejemplo dejó para las nuevas generaciones de colombianos la indignidad del expresidente Samper Pizano, incapaz de renunciar cuando se le comprobó sin la menor duda el vínculo de su campaña ‘Samper Presidente’ con el narcotráfico! y su profunda amistad con la narcotraficante conocida como la ‘monita retrechera’ como cariñosamente se refería Samper esta mujer, posteriormente silenciada sin investigación alguna.

Es bueno recordar que en 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo tramitó su renuncia formal ante el Congreso, cuanFastidio. Según la RAE: Enfado, disgusto, hastío. Ejemplo: El sentimiento de la mayoría de los colombianos cuando ven y escuchan por televisión a un expresidente, a determinados congresistas, a un jefe de un organismo de control y a varios periodistas, que lo obligan a uno a apagar el aparato o a cambiar de canal.

Incompetencia. Según la RAE: Falta de habilidad, talento o instrucción y también defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo u oficio. Ejemplo: La que saca a relucir el Ejecutivo al no imponerse e impedir tanta afrenta de sus opositores.

Liberación. Decisión tomada por la JEP para beneficiar a alias Santrich, con la no

do no se le quería aprobar un proyecto de reforma constitucional. En esa oportunidad, Colombia tembló y a los pocos días el propio Congreso por mayoría tuvo que aprobar esa reforma constitucional y reconsiderar la aceptación de la renuncia, porque a diferencia de Samper, cuando se le pidió su renuncia expresó : “Aquí estoy y aquí me quedo“. Lleras Restrepo, por el contrario, fue un hombre de honor, que conocía la palabra renuncia.

Rodrigo Llorada Caicedo renunció a su cargo de ministro de Defensa Nacional, cuando el presidente Andrés Pastrana no le quiso pasar al teléfono en un momento crítico de orden público, debido a que se encontraba atendiendo un evento social con muchos invitados, hecho muy frecuente durante su gobierno. Lo hizo, igualmente, el desaparecido y siempre bien recordado Mayor General Ricardo Cifuentes Ordoñez cuando dijo ”el presidente no merece mi apoyo, me retiro”, ante la impunidad evidente derivada del proceso ocho mil; al igual que en el caso que nos ocupa, el de Santrich, se buscó exonerar a Samper de toda responsabilidad y Colombia cayó en la narco democracia gracias a una mayoría de congresistas corruptos, incapaces de condenarlo.

Perú ha dado buen ejemplo al haber puesto en la cárcel a cuatro expresidentes y una candidata a la presidencia; Brasil y Panamá han hecho lo mismo.

Años más tarde, Samper continuó haciéndole daño a la patria con su contubernio abierto y descarado con los criminales de la Revolución Bolivariana de Venezuela desde su cómoda posición de Secretario General de Unasur. Samper, en esta oportunidad, jugó como peón del ajedrez geopolítico que contra la seguridad de Colombia montaron sus amigos y compinches Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Ahora el país se sorprende y a la vez se divide en opiniones por la renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, entre quienes creemos, como el que escribe este artículo, que fue una cuestión de honor, de dignidad, de ética, de entereza, valentía y decencia por la burla que magistrados de la JEP trataron de hacerle a la Fiscalía General de la Nación, otorgando libertad inmediata al delincuente alias Jesús Santrich, y otros que piensan equivocadamente o mal intencionadamente lo contrario, que su renuncia fue una salida para libarse de un supuesto escándalo por sus no comprobados vínculos con Odebrech. extradición incluida, que le sacó la piedra al país, le dio gusto a Santos y al equipo que firmó el acuerdo de La Habana, y reivindicó a las Farc. No hay que olvidar que la JEP es hija de esos acuerdos y tiene siempre que defender la matriz de su gestación y a sus padres, Santos y Farc.

Recaptura. Decisión certera y apropiada de la Fiscalía de apresar nuevamente a Santrich por delitos que no quiso tener en cuenta la JEP. Esta actitud les devolvió a los colombianos el ánimo y la confianza en la eficiencia de la institucionalidad.

Vandalismo. Actividad que está de moda en la vida nacional y que pareciera ser una especialidad adicional en nuestras universidades.

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Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

Institucional

¡Lea el periódico y entérese!

POR: REDACCIÓN

N

uestro medio de comunicación por excelencia es el Periódico Acore. Todos los asociados lo reciben en su casa, por lo que los invitamos a abrirlo y leerlo. A través de sus páginas se enterarán de los principales acontecimientos de nuestra asociación y del país, a través de noticias, análisis y columnas de opinión.

El voto electrónico Como se informó oportunamente, la asamblea de 2018 aprobó la implementación del voto electrónico para las elecciones de presidente nacional y junta directiva en el 2020. Por tal motivo, informaremos cada avance para que todos estemos al tanto de cómo será en la práctica el ejercicio del derecho al voto, pero de manera virtual, electrónica a distancia.

El periódico será el medio por el cual todos nuestros asociados serán informados sobre el procedimiento. Igualmente, esta información la publicaremos en los otros medios: la página web www.acore.org.co, vía correo electrónico a quienes cuenten con este recurso y a través de los grupos de la red social WhatsApp a quienes libremente han aceptado pertenecer a alguno de ellos, a saber: EJC Acore, EJC Acore1, ARC Acore, FAC Acore, Seccionales y Junta Directiva.

Como ya informamos en dos artículos publicados en las ediciones de febrero y abril de 2019, en esta oportunidad vamos a dejar en claro algunos puntos: • Todos absolutamente todos los asociados tienen garantizado el derecho al voto por este sistema.

• No se requiere obligatoriamente de una cuenta de correo electrónico, pero si tiene una y aún no la ha registrado, hágalo a través del departamento de Socios.

• Podrá votar desde cualquier lugar en donde se encuentre; sólo requiere de internet.

• El voto también será presencial. Acore mantendrá los puestos de votación de siempre, tanto en la Sede Nacional como en las seccionales, pero no se utilizarán tarjetones ni urnas con cuatro candados.

• El personal administrativo tendrá la capacitación necesaria para atender los requerimientos de los electores.

• La revisoría fiscal externa también acompañará este proceso como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

• Uno de los requisitos que se le pedirá será su número de cedula de ciudadanía. Una vez usted haya votado, la cédula quedará bloqueada para este efecto.

• La información con el enlace para ejercer su derecho al voto se enviará a través de correo electrónico y de mensaje de texto al número de celular registrado.

• La información para ejercer el derecho al voto, en su momento, la encontrará en la página web de la asociación para que pueda hacerlo aún sin contar con correo o celular.

La administración de Acore jamás se prestará para que se presente ningún tipo de fraude. Todos somos personas honorables y quienes sean candidatos a la presidencia nacional y a la junta directiva cuentan con la misma honorabilidad. Estamos entre personas trasparentes y honestas.

Acore utilizará un sistema muy similar al utilizado por Cremil para las elecciones de representantes al Sistema de Salud las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, actividad totalmente virtual, muy sencilla para todos los afiliados a la caja y montada en su página web.

Algunos consideran que este no es ningún avance. Llama la atención que algunas de esas voces se dicen expertas en el tema, pero desconocen las características de nuestros asociados, toda vez que por el momento se va a conservar el voto presencial.

Señoras y señores asociados: para muchos de nosotros la tecnología es algo a lo que no queremos acceder y estamos en libertad de no hacerlo.

Por esa razón, esta administración, pensando en el derecho de todos nuestros asociados, mantiene el voto presencial.

Sólo para tener en cuenta: del total de nuestros asociados, 1.775 están entre los 70 y los 102 años de vida.

Muchos de ellos cuentan con correo electrónico y tiene teléfono celular, en tanto que algunos no quieren saber nada de la tecnología! ¡Para eso estamos nosotros: para ayudarlos!

Resultados elección representantes al Sistema de Salud de las FF. MM. y la Policía Nacional POR: CREMIL Desde las 8: 00 a.m. hasta las 4:00 p.m. del 28 de mayo de 2019 se realizaron las votaciones virtuales en el país para escoger a los representantes de oficiales, suboficiales y civiles pensionados ante el Sistema de Salud de las FF. MM. y la Policía Nacional para el periodo 2019-2021.

Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - Capitán de Navío (RA) ARC Fabio Cuello Coban: 944 votos.

- Teniente Coronel (RA) PONAL Javier Alexander Rodríguez: 190 votos.

En la votación, que se realizó a través del correo electrónico, mensajes de texto a los celulares y la página web, se contó con la participación de 7.044 sufragantes (cabe resaltar que esta participación ha sido la más amplia en Cremil en las elecciones ante el Sistema de Salud) en los siguientes organismos:

Comité de Salud de las Fuerzas Militares - Capitán de Navío (RA) ARC German Arango Jaramillo: 1.161 votos.

Consejo Directivo del Hospital Militar Central - Coronel (RA) EJC Guillermo Rodríguez Guzmán: 1.161 votos.

Cremil agradece a los usuarios que utilizaron las herramientas tecnológicas en estos ejercicios ciudadano en el que promovieron la unión de la reserva activa, demostrando que el uso de los medios digitales potencializó la participación de los afiliados, afianzando el compromiso que adquieren aquellos que serán elegidos.

Un saludo muy especial a las agremiaciones a nivel nacional quienes prestaron sus redes de comunicación para desarrollar la jornada con éxito.

El 29 de mayo de 2019, a las 9: 00 a.m., en las instalaciones de la Galería Bochica se llevó a cabo el escrutinio consolidado con la Caja de Sueldos de la Retiro de la Policía Nacional, Casur.

Periódico ACORE / Edición 590 / junio de 2019

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Salud

Beneficios del yoga para personas mayores POR: ATENCIONMAYORES.ORG

E

l yoga es una actividad física muy recomendable para personas de la tercera edad por sus beneficios, tanto físicos, psicológicos como sociales.

En personas mayores es bueno tener en cuenta esta práctica, la cual nunca es tarde para empezarla.

La práctica del yoga debe ser regulada. Los profesores expertos son los encargados de enseñar las posturas del yoga más adecuadas para la gente de la tercera edad y ayudar a corregir movimientos inapropiados para prevenir lesiones frecuentes y peligrosas en personas mayores.

Si se tienen problemas óseos o musculares es importante primero consultar con un médico para que le pueda indicar qué posturas son las más apropiadas para realizar los ejercicios.

Con la práctica regular del yoga pueden corregirse muchos de los problemas asociados con la edad como son el insomnio, la falta de iniciativa, circulación insuficiente, problemas digestivos, estimular la flexibilidad muscular y corregir la postura ayudando a mejorar el estado físico.

Practicar yoga ayuda también a obtener más energía y tener una actitud más positiva ante la vida.

A continuación, mostramos una serie de beneficios tanto físicos como psicológicos y sociales que se obtienen con la práctica regular del yoga.

Beneficios físicos Los beneficios físicos que se obtienen principalmente en la práctica de esta disciplina son: Aumento de la flexibilidad. Las personas mayores con el paso de la edad suelen ir perdiendo movilidad y flexibilidad. El yoga permite practicar algunos ejercicios sencillos de estiramiento que ayudan a disminuir este proceso.

Mejora del equilibrio. Para las personas de la tercera edad mantener el equilibrio es muy importante, ya que son propensos a caerse y sufrir lesiones óseas. La práctica de esta disciplina ayuda a mejorar el equilibrio y por tanto a reducir este problema.

Mantenimiento de la masa muscular.

Las personas que dejan de hacer actividad física van perdiendo fuerza. El yoga ayuda a las personas mayores a mantener su masa muscular.

Mejora de la respiración. El yoga enseña cómo respirar correctamente. Para las personas mayores saber respirar de manera adecuada es muy importante, ya que ayuda significativamente a relajarse y aliviar algunas enfermedades de carácter respiratorio.

Beneficios psicológicos Como se ha comentado en la introducción, el yoga no sólo mejora aspectos físicos, sino que también ayuda a ejercitar la mente. Algunos de los aspectos más beneficiosos a nivel psicológico son: Mejora de la memoria. La práctica regular de yoga ayuda a minimizar los problemas cognitivos y emocionales que

a menudo preceden al Alzheimer y otras formas de demencia.

Mejora el estado de ánimo. Debido al aumento de serotonina, la práctica regular de yoga, produce mejoras significativas en pacientes con depresión y ansiedad influyendo positivamente en el humor de quien lo practica.

Reduce el estrés. La práctica del yoga reduce los niveles de cortisol, la hormona encargada de regular las situaciones estresantes. Realizar esta disciplina ayuda a bajar los niveles de esta hormona, y por lo tanto, reducir el estrés.

Mejora el sueño. Una de las funciones de la serotonina es la de aumentar la producción de melatonina, hormona encargada de regular los ciclos del sueño.

La práctica del yoga aumenta los niveles de serotonina por lo que ayuda a dormir mejor.

Concentración y relajación. La práctica del yoga requiere concentración, es una actividad en la que cuerpo y mente están en armonía produciendo un estado de relajación intensa.

Beneficios sociales El yoga es una disciplina que se puede practicar en grupo. Puede utilizarse como herramienta para ayudar a la gente mayor a relacionarse con personas de la misma edad y pasar un rato en buena

compañía.

Reduce el sentimiento de depresión y soledad. La depresión tiende a aislarnos y en estos casos la soledad es mala compañera. En este sentido, la práctica del yoga ayuda a relacionarnos con otras personas y conocer a gente nueva por lo que ayuda a combatir la depresión y la soledad.

Mejora las relaciones sociales. El yoga y la meditación ayudan a mantener la mente feliz y relajada ayudando a afrontar de manera sensible nuestras relaciones diarias con la familia, amigos o seres queridos. Cuando uno se encuentra bien se relaciona con los demás con mayor amabilidad y tiene la capacidad de construir relaciones más equilibradas y profundas.

Recomendaciones a la hora de practicar yoga Hacer los ejercicios bajo la supervisión de un profesional para evitar lesiones.

En caso de tener problemas óseos o musculares primero consultar con un médico para que le pueda indicar qué posturas son las más indicadas para practicar.

Si tienes lesiones o cirugías previas, lo mejor es que se lo comentes a tu profesor al llegar a la clase.

Deja que tu cuerpo se adapte a los nue-

vos ejercicios, a los nuevos movimientos, sin forzar. Descubrirás músculos que no sabías que existían y que nunca has ejercitado. Con la práctica irás haciendo poco a poco, cada vez más.

Pregunta todas las dudas a tu profesor.

Es preferible entender bien algo antes de hacerlo.

Para tener la concentración necesaria para poder realizar una postura correctamente es importante, en la medida de lo posible, centrar tu mente y tu atención en la respiración.

Disfruta de la relajación final. La relajación al final de una clase de yoga es fundamental para completar la toma de conciencia de nuestro cuerpo.

Realizar la clase en un sitio abierto y al aire libre te permite poder ver el amanecer, escuchar el sonido de la naturaleza, sentirlo, olerlo, observarlo… sin duda un momento único.

Trate de comer pequeñas cantidades antes de practicar yoga. Lo ideal es comer un par de horas antes de hacer yoga, si esto no es posible se recomienda ingerir alimentos al menos una hora antes de la práctica de las posturas.

La ropa para practicar yoga tiene que ser cómoda, que permita moverse libremente. h t t p : / / a t e n c i o n m ayo re s . o r g / b e n e f i cios-del-yoga-para-personas-mayores/