Periódico documento Diferendo Colombo-Nicaragüense junio 2012

junio 2012

Edición

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DOCUMENTO ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Diferendo Colombo - Nicaragüense

¿Cambiará la frontera marítima colombiana y perderemos mar territorial, islotes y cayos?

RAMIRO ZAMBRANO CÁRDENAS*

Aceptamos la propuesta de Nicaragua para concurrir a la Corte Internacional de Justicia y ahora deberemos acatar su fallo Hemos afirmado siempre, en la academia y en los medios, que Colombia ha carecido de una política de Estado en el campo de sus relaciones internacionales y que nuestra política exterior ha obedecido, en sus aciertos y en sus errores, al pensamiento o al capricho transitorio de los gobiernos de turno. Esta aseveración cobra nuevamente vigencia ante la inminencia de un fallo de la Corte Internacional de Justi-

cia que posiblemente cambiará nuestra delimitación marítima con Nicaragua. ¿Por qué fuimos a La Haya en 2007, si sobre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que sobre los cayos, islotes y espacios marítimos al oeste del meridiano 82, tenemos títulos justos y posesión pacífica e ininterrumpida desde el nacimiento de la República? ¿Quién asume la

responsabilidad por esa determinación equivocada?

Lamentablemente, la falta de interés de los colombianos por su acaecer internacional hizo que, frente a esa determinación, solo unas voces aisladas (Alberto Lozano Simonelli, Jaime Pinzón López y quien escribe) elevaran sus críticas que nadie escuchó y apenas dos medios de comunicación registraron. Para esas fechas, en la Casa de Nariño se tomaban decisiones omnímodas e incontrovertibles; la Cancillería, obsecuentemente, se limitaba a cumplir con celeridad las instrucciones recibidas y buena parte de nuestra juven-

tud no se interesaba por tales asuntos, ya que desde los años sesenta un Presidente, reputado como intelectual y humanista, había promulgado un decreto que eliminó de nuestro pénsumes educativos la historia de Colombia.

En cuanto a lo que no se ha mencionado, o se ha mencionado muy poco en Colombia, pero mucho en Nicaragua, dentro de contados meses, luego de las recientes audiencias, en las cuales se han escuchado las argumentaciones de Colombia y Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará respecto a la delimitación marítima entre las

dos naciones, y cabe presumir que el meridiano 82, establecido como límite (a solicitud de Nicaragua dentro del proceso de ratificación del tratado Esguerra-Bárcenas), cederá el paso al que establezca la Corte, cuyas últimas determinaciones han sido adoptadas dentro del criterio salomónico de equidad para las dos partes litigantes.

La reciente pregunta del juez Bennouna (en audiencia pública) “¿Cuál considera Colombia que debe ser la extensión que genere el mar territorial de una isla? solo contribuye a aumentar nuestra legítima preocupación.

A partir del lema escolar

2 del sandinismo, “con ese, se escriben sandinismo, Serrana y San Andrés”, y de la publicación de mapas oficiales (que consideraban a San Andrés como nicaragüense), desde hace treinta años, se ha acrecentado en los diversos sectores de ese país, una “conciencia de pertenencia,” de lo que la historia y el derecho confirman que no les pertenece.

No obstante para esa nación, expandir su territorio, anexándole el Departamento insular colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos e islotes adyacentes, se ha constituido en una razón de Estado, para la cual ha diseñado políticas, cuidadosamente seguidas, por sus diversos gobiernos, de diferentes orientaciones políticas.

Tal planificación, ha llevado a Nicaragua a elevar sendas protestas contra Honduras y Costa Rica por la suscripción de tratados para definir sus límites marítimos con Colombia y tampoco ha faltado la estrategia de abrir licitaciones internacionales para adjudicar espacios de exploración petrolera en aéreas marítimas colombianas. Obviamente, el desconocimiento del tratado de límites, la publicación de los mapas, las incursiones en aguas colombianas y las licitaciones nicas, han originado, en sus respectivos momentos, las protestas diplomáticas colombianas correspondientes.

Teniendo en cuenta los mismos propósitos, Nicaragua ha mantenido en La Haya a Carlos Arguello, como embajador o como Agente Especial ante la Corte, dado su conocimiento sobre la materia y su buen desempeño en la coordinación del bufete de abogados que obtuvo éxitos notorios en litigios con Estados Unidos y con Honduras. Alguna vez, durante una conversación en La Haya, Argüello, nos manifestó que seguiría en esa ciudad, “hasta que llegara un negocito” y el negocito llegó. Obviamente hubiera podido no llegar, en el evento de que Colombia (con justo titulo y posesión notoria e ininterrumpida) no hubiese accedido a llevar el caso ante la Corte, como lo ha hecho Irán con Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, que difícilmente accederá a llevar a La Haya el litigio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia. A propósito, ya se cumplieron treinta años desde el congelamiento de las conversaciones colombovenezolanas, en la solución binacional que se buscó con la Hipótesis de Caraballeda y nada positivo se conoce, salvo que Venezuela sigue ejerciendo posesión y dominio, y mantiene su extraña teoría de la

DOCUMENTO ‘Costa Seca’, según la cual, cuando existen dos estados ribereños con costas enfrentadas, las aguas que los separan pertenecen solamente a uno de ellos. Para Venezuela lo anterior es parte de su política de Estado sobre fronteras y Colombia, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, carece de políticas que generen y mantengan en el tiempo objetivos, estrategias, planes, metas y calendarios.

Como se recordará, en el caso de Nicaragua, el 24 de marzo de 1928, Colombia y Nicaragua suscribieron el Tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual nuestro país renunció a sus pretensiones sobre la costa de la Mosquitia e islas Mangle Grande y Mangle Chico (que administró por varias décadas, como legatario de las divisiones territoriales españolas anteriores al momento de independencia) y Managua manifestó que renunciaría a las suyas respecto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cayos e islotes adyacentes. Debe recordarse también que, dentro del proceso de ratificación de dicho tratado, culminado dos años después, (6 de marzo de 1930) el congreso nicaragüense propuso y Colombia aceptó como limite marítimo entre los dos países el meridiano 82, y que en el texto del tratado se hizo alusión a que los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, se hallaban “en litigio entre Colombia y Estados Unidos”.

Medio siglo después, el primer gobierno de Ortega declaró unilateralmente (4 de febrero de 1980) la nulidad del tratado, con el pretexto de que cuando se suscribió y ratificó había presencia de marines estadounidenses en su territorio, y trazó la estrategia para conseguir que Colombia concurriera a la Corte de La Haya. Amparadas por el desconocimiento del tratado Esguerra-Bárcenas (en contravía del principio universal sobre la intangibilidad de los tratados), patrulleras nicaragüenses incursionaron en nuestras aguas, apresando pesqueros colombianos al oeste del meridiano 82, hechos violatorios de nuestra soberanía, que obligaron a Colombia a reforzar su presencia armada en el archipiélago de San Andrés.

Los pesqueros colombianos, sistemáticamente, han sido objeto de toda suerte de despojos (capturas producto de sus faenas, aparejos y equipos de radio) y correspondió al consulado colombiano en Bluefields, durante el tiempo que Nicaragua permitió su existencia en ese lugar, dar asistencia a los marineros retenidos, hasta cuando los armadores pagaban las multas impuestas, y en la mayoría de los casos, su primera gestión fue la de vestirlos, ya que, al llegar a la cárcel, sus captores oficiales les habían hurtado el calzado y los vestidos exteriores.

Es obvio, que para los países que concurren a la Corte de La Haya, los costos

Colombia ha carecido de una política de Estado en el campo de sus relaciones internacionales del litigio resultan onerosos, por ser tasados generalmente en euros y por medias horas de trabajo de los bufetes, los cuales, por su exclusividad, no son baratos. Debido a ello y para contribuir al pago de tales honorarios, Nicaragua optó por imponer una sobretasa especial a las importaciones provenientes de Colombia y de Honduras. Así, por amarga ironía, nuestros exportadores han ayudado a financiar, en alguna parte, los costos de un pleito contra su propia nación.

Contrasta la sensibilidad y el entusiasmo general de seis millones de nicaragüenses por su litigio, con el relativo desconocimiento de más de cuarenta millones de colombianos por el mismo. Para Nicaragua, una de los hitos cruciales en su estrategia fue el obtener que Colombia accediera a concurrir a la Corte Internacional de Justicia y Colombia lo hizo.

Estamos ciertos de que los naturales y residentes de nuestro archipiélago prefieren ser colombianos antes que nicaragüenses, pero eso obliga a la nación entera a contribuir a su desarrollo y a coadyuvar en la preservación de sus ecosistemas. Lo anterior sería solamente una mínima compen-

sación por el olvido absoluto a que estuvo sometido desde 1810 hasta los años cincuenta del siglo pasado.

Muy interesante resultaría, que durante estos meses, cuando en Nicaragua se agitarán sentimientos nacionalistas, con las noticias provenientes de La Haya, Colombia entera se sintiera más comprometida con nuestros connacionales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; los raizales y los que, nacidos en el interior, han fijado su residencia, junto al ‘mar de los siete colores’, que tanto entusiasmara a Germán Arciniegas y al cual legó sus versos y sus cenizas Simón González, después de gobernar el archipiélago. Finalmente, conviene recordar que San Andrés, como todos los territorios de la provincia colombiana, por desgracia, no ha sido inmune a los intereses personales, las intrigas y la corrupción política, que han influido en su administración y generado voces de protesta contra la discriminación, la exclusión y la sobrepoblación. * Ex embajador de Colombia en Holanda, la Unesco, Corea, Filipinas e Irán; ex director de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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DOCUMENTO

De la Cumbre de la Américas a la Corte Internacional de La Haya Coronel DARIO RUIZ TINOCO

Dos acontecimientos no menos trascendentes para Colombia enmarcan el presente nacional, el primero por los resultados de la reciente VI Cumbre de las Américas y, el segundo, las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, definitivas en la preservación o pérdida de soberanía sobre territorios marítimos e insulares de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia.

El escenario internacional más importante que ha tenido Colombia en las últimas décadas ha sido, sin lugar a equívocos, la VI Cumbre de las Américas y de ello no queda duda. El país y su presidente, Juan Manuel Santos, lograron un importante reposicionamiento internacional en todos los órdenes y en momentos en que nuestra economía ocupa el cuarto lugar en América Latina, después de Brasil, México y Argentina, de acuerdo con los reportes del Fondo Monetario Internacional. Es decir, Colombia está superando por escaso margen a Venezuela en materia de ingreso económico, sin tener la condición privilegiada de gran exportador de petróleo.

Las críticas que se han hecho contra la Cumbre por el alto costo económico resultan injustas por cierto, (casi treinta millones de dólares), cifra que no se compara con los resultados, económicos y políticos obtenidos; se dio inicio al TLC con los Estados en toda su di-

mensión y el país reafirmó su credibilidad internacional en el tema de la lucha contra las drogas, sin contar con el liderazgo político internacional ejercido en toda la región. La condición de país anfitrión obliga a no escatimar en gastos y atenciones a los invitados, porque lo que se estaba jugando en el fondo era el prestigio del país.

Este gasto o más bien inversión, compensa ampliamente el beneficio obtenido y me hace recordar por ejemplo, lo poco significativo que resulta, frente a los treinta millones de dólares que perdió Colombia en su momento, cuando el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, condonó tal deuda en dólares de la época a Nicaragua, tal vez para ganar la amistad de un país que no la ha merecido o pensando más bien que con ello este pequeño y pobre país centroamericano renunciaría a sus pretensiones sobre San Andrés. No solo perdimos ese dinero que mucha falta le hacía al país, si no que a lo mejor Nicaragua lo gastó para contratar los abogados que demandaron a Colombia ante La Corte Internacional de Justicia de la Haya. Hoy estamos ad portas o en riesgo de perder parte del pleito con Nicaragua, si la Corte Internacional de Justicia de la Haya llega a pronunciar esa sentencia salomónica como la que anticipadamente ha anunciado nuestra canciller, María Ángela Holguín, agregando en sus declara-

ciones que Colombia acogería tal sentencia, que resulta ser a la luz del Derecho Internacional de obligatorio cumplimento para las partes. No hay que olvidar el hecho que cualquier declaración que públicamente de la figura de un Canciller puede resultar jurídica y políticamente vinculante.

Estas declaraciones han generado gran expectativa nacional y escepticismo en algunos sectores, en especial entre la comunidad isleña, que no tardó en exigirle a la Canciller una rectificación (Fuerte regaño del representante a la Cámara Julio Gallardo Archbold a la canciller Holguín) No obstante, como he venido insistiendo en varios artículos sobre este tema, Nicaragua no tiene nada que perder en este pleito, puesto que no está arriesgando absolutamente nada, en cambio Colombia podría perder un pequeño cayo en el mar Caribe, o un islote, o el meridiano 82 como frontera con Nicaragua por decisión salomónica de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, basado en una fuente auxiliar del Derecho Internacional como es la Equidad.

La sentencia anticipada anunciada por nuestra ilustre Canciller sobre lo que podría ser un fallo de la Corte, ha generado una reacción negativa por parte de los sanandresanos, que en el pasado no muy lejano observaron la pérdida del Bajo de Rosa Linda, ubicado al norte

del paralelo 15º, en el Tratado del 2 de agosto de 1986, negociado con Honduras, a espaldas de la comunidad sanadresana y de la propia Armada Nacional, en las postrimerías de gobierno de Belisario Betancur, siendo canciller Augusto Ramírez Ocampo y cinco días antes de entregar su mandato a Virgilio Barco Vargas. Esto debido al ejercicio de esa tradicional diplomacia excluyente e inconsulta que se desarrolla en Colombia cuando se trata de asuntos relacionados con la preservación de nuestro perímetro nacional, es decir, con nuestras fronteras.

A la postre, hay que tratar de entender en el fondo los sentimientos de los sanandresanos, porque representan a los colombianos que tienen mayores intereses y sentimientos sobre estos alejados territorios, que forman parte de su historia y de su patrimonio económico y cultural y, por consiguiente, ha sido un error no haberlos tenido en cuenta o al tanto de lo que ha venido ocurriendo en la Corte, para evitar precisamente esas malas interpretaciones y reacciones negativas.

No se puede descartar la posibilidad de afectación de nuestra Constitución Política, Artículo 101, si por la determinación de un Tribunal Internacional se varían lo actuales límites de la República en detrimento de la soberanía nacional. No hay que olvidar que el Artículo Tercero de la Constitución anterior era

4 mucho más específico en materia de Tratados de límites.

En consecuencia, no es de extrañar que como consecuencia de esta expectativa generada, resurjan las peligrosas corrientes separatistas y recalcitrantes en San Andrés, que no desperdiciaran oportunidad para presionar desde ya al alto gobierno para que rechace cualquier fallo salomónico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que no satisfaga el mínimo interés de los sanandresanos, so pena de amenazar con una separación de San Andrés del territorio nacional.

Cualquier cosa se puede esperar.

La cuestión de límites y de pleitos territoriales es un asunto verdaderamente sensible y no debe ser objeto del debate público y mucho menos de explotación de falsos y mal sanos nacionalismos, surgidos por la ignorancia casi generalizada que sobre este tema ha existido en toda Colombia, o de la propia desinformación, pero estimo que por razones de trasparencia y de interés nacional, se han debido haber tenido en cuenta las diversas opiniones de expertos internacionalistas, que desde la propia academia desde hace muchos años han planteado y propuesto estrategias diferentes para contrarrestar la acción de Nicaragua. Ojalá que para bien de la Patria, la sentencia de la Corte no toque para nada un solo centímetro de nuestro legítimo territorio soberano.

Me he puesto a pensar en infinidad de oportunidades, cuál hubiese sido el escenario de hoy, si Colombia en vez de haber presentado de manera por cierto apresurada e improvisada las “excepciones preliminares”, destinadas a evadir la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 5 de diciembre de 2001, un día antes de la demanda de Nicaragua, (canciller Guillermo Fernández de Soto) hubiese demandado a

DOCUMENTO Nicaragua por la violación de un Tratado Internacional legítimo, regido por el Derecho Internacional (Esguerra Bárcenas Meneses del 24 de marzo de 1928) y, en consecuencia, por la violación del Pacta Sun Servanda (Los Tratados obligan a las Partes). Estoy seguro de que si hubiésemos tenido la condición de Estado demandante y no de Estado demandado ante la Corte, las intensiones de Nicaragua poco hubiesen prosperado. El Decano de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y abogado de Honduras, Manuel Sánchez Rodríguez, hizo en 2005 tal planteamiento y cuestionamiento sobre nuestra política temerosa y defensiva frente a Nicaragua.

Llevada la situación al extremo impensable y aventurado y a un escenario lejanamente posible, podríamos haberle reclamado a Nicaragua la Costa de Mosquitos y las islas del Maíz, por su renuncia al título adquisitivo de dominio, cuando declaró nulo el Tratado de 1928. A lo mejor para muchos esta no hubiera sido una posición seria, pero la de Nicaragua tampoco lo era y prosperó. No lo hicimos o más bien no lo hicieron quienes tenían esta histórica responsabilidad y hoy estamos viviendo la incertidumbre sobre el futuro de un fallo arbitral y las consecuencias de una diplomacia defensiva, por decir lo menos y de corto alcance en esta materia.

No se logra entender como en los 21 años que transcurrieron desde la declaratoria de nulidad del Tratado por parte de Nicaragua (4 de febrero de 1980) hasta la demanda de Nicaragua ante la Corte (5 de diciembre de 2001), Colombia no preparó y presentó una demanda contra Nicaragua, en vez de las frustradas “excepciones preliminares” que la Corte rechazó. Es este escenario nuestras posibilidades de

ganar la totalidad del pleito hubiesen sido muy altas. Porque la Corte, como lo hizo en su anterior sentencia cuando convalido la vigencia e intangibilidad del Tratado de 1928, dando así por terminada la controversia sobre San Andrés, también hubiese podido ratificar la intangibilidad de meridiano 82º como frontera.

En esta controversia es muy aventurado afirmar que Colombia está ganando. Colombia no ha ganado hasta ahora nada, ni va a ganar nada porque San Andrés ha sido parte indivisible del territorio nacional.

Que la Corte haya reafirmado

la validez de un Tratado, no es un triunfo, era lo que tenía que hacer, porque sus sentencias no pueden obrar en contra del Derecho Internacional. ”En la Corte cualquier cosa puede llegar a ocurrir” (Canciller Holguín). Lo anterior es una verdad innegable, muchos reconocidos internacionalistas lo han afirmado, entre otros Enrique Gaviria Liévano, la Corte es impredecible, y si es así, cabe preguntarse ¿por qué razón Colombia a sabiendas de ello, se ha corrido el irreversible riego de someter los inobjetables derechos soberanos de Colombia a una sentencia

internacional proferida por la CIJH, emanada de unas pretensiones, por cierto jurídicamente ilícitas de un país y unos gobiernos profundamente despreciables y anti democráticos como los que se han dado en Nicaragua? Aquí y dependiendo de cómo se dé la anunciada decisión salomónica, aceptada anticipadamente por Colombia, cabría una gran responsabilidad histórica entre quienes en Colombia han manejado este asunto tan complejo y delicado. Ojalá me equivoque en mis apreciaciones y nuestros agentes ante la Corte logren sacar incólume nuestro territorio.