Periódico edición 587 marzo 2019 by ACORE

ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Calle 70 No. 4-24

marzo de 2019 - Edición 587 - ISSN 0123-2894 Circulación nacional

XXIV Encuentro

nacional Acore 12 al 18 de junio

30 MARZO

SÁBADO

9 a.m.

Esperamos su asistencia

MOMPOX

BARRANQUILLA ¡Reserva activa le jala las orejas a Vivanco!

A través de un pronunciamiento público, el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa perteneciente a las distintas asociaciones y unidades simbólicas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional rechazaron enérgicamente la nueva campaña mediática de desprestigio en contra de las instituciones castrenses del país que adelanta José Miguel Vivanco, actual director para las Américas de la Human Rights Watch. Vivanco, señalan, “pone en

tela de juicio el nombre de nueve prestigiosos generales de la República, víctimas de imputaciones sin mayor sustento probatorio, como parte de la habilidosa guerra jurídica y mediática, que la extrema izquierda radical, nacional e internacional, en forma permanente y sistemática, ha venido realizando desde distintos escenarios, contra miembros de nuestras instituciones militares y de policía”. Página 13

¿Hacia dónde va Brasil? El ex militar Jair Bolsonaro da sus primeros pasos como presidente de Brasil centrado en una agenda que tiene como principales ejes la lucha contra la corrupción, el saneamiento de

Mindefensa escuchó preocupaciones de la Mesa de Trabajo Permanente Una selecta delegación de Generales y Almirantes que integran la Mesa de Trabajo Permanente del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (MTP) se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero Nieto, para expresarle las preocupaciones que aquejan a las instituciones castrenses del país y a sus integrantes en el retiro. Durante la reunión se ahondaron temas de interés institucional como: la seguridad jurídica de la Fuerza Pública frente a la Jurisdicción Especial

para la Paz; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Ley de Veteranos; el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares; el derecho operacional y fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza y la ley de seguridad y defensa nacional. También se dedicó especial atención a la Política de Defensa y Seguridad y la irretroactividad de la acción disciplinaria para miembros de la Fuerza Pública como está planteando la Procuraduría General de la Nación, entre otros temas. Página 12

la maltrecha economía brasileña, el alineamiento con los Estados Unidos en el plano exterior y un discurso de mano dura frente a la inseguridad pública. Página 18

Editorial Preocupaciones institucionales

Nuevo Código Disciplinario Único y la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria El gobierno nacional acaba de sancionar una nueva ley que deroga la ley vigente expedida en el 2002, a través de la cual se establece el Código General Disciplinario. Esta disposición remplaza a la Ley 734 de 2002 y en uno de sus apartes (Título III, cor-

Actividades en Acore

Taller de espiritualidad y vida Curso de pintura Tertulia

respondiente a la exclusión de la acción y de la sanción disciplinaria, con otro parágrafo adicionado al artículo 33) determina que los términos prescriptivos considerados en la ley anterior quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique Colombia. Página 3

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Opinión

Proteger a los colombianos y promover desarrollo, prioridad del país Se necesita diálogo sobre riesgos que se enfrentan. Tema de seguridad requiere acciones concretas. POR: JUAN CARLOS PINZÓN BUENO EL TIEMPO

uando hay políticas institucionales, de Estado, de largo plazo, los resultados positivos para la sociedad resultan evidentes. En el caso de la seguridad, desde el Plan Colombia, los gobiernos y la sociedad han destinado recursos y apoyo institucional a nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar el terrorismo y el crimen, y así proteger los ciudadanos y proyectar el desarrollo del país. La seguridad ha sido y debe ser una prioridad nacional. Por ello es necesario mantener vivo un diálogo realista entre los colombianos sobre los riesgos que se enfrentan. La experiencia me permite señalar que los resultados, el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades superan los discursos y las frases con lugares comunes. La transformación permanente de las FF. AA. es un esfuerzo de adaptación que requiere de planes efectivos, presupuesto, capacidades y un marco normativo que dé garantías a los uniformados en la aplicación de la ley. A mediados del 2015, las FF. AA. se encontraban en el mejor momento de su historia reciente con 466.000 efectivos y capacidades navales, fluviales, aéreas, terrestres y policiales más modernas. Gracias al esfuerzo económico de los colombianos y a una estructura de fuerza desarrollada durante 15 años, militares y policías lograron golpes decisivos contra las organizaciones ilegales (118 jefes de estructura 2011-2015), y la mayor erradicación de cultivos e incautación de droga frente a la producción potencial –2 de 3 toneladas producidas– entre 2012 y 2013. Estos éxitos no se consiguieron de la noche a la mañana, son el resultado del esfuerzo de gobiernos sucesivos y múltiples gestiones. Como testigo de excepción por 20 años, puedo asegurar que el trabajo de una generación completa de militares, policías y tecnócratas extraordinarios dio lugar a planes metódicos que disminuyeron dramáticamente el secuestro y el homicidio, acabaron la capacidad terrorista de destruir pueblos y masacrar comunidades, y reforzaron la ocupación del territorio, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La suspensión de las distintas formas de lucha contra el narcotráfico (Catatumbo 2013/fin de aspersión 2015) generó espacios y recursos para la adaptación de grupos ilegales, la definición de retaguardias estratégicas y el desarrollo de alianzas. Lamentablemente no fuimos escuchados frente a los riesgos que implicaba debilitar la lucha contra el narcotráfico y la acción decidida de las FF. AA., tanto para la negociación con las Farc como para el futuro del país.

La desestimación del impacto que esto tendría sobre el incremento de la violencia y el control social y económico en las regiones por parte de grupos ilegales estuvo acompañada de decisiones que terminaron debilitando las FF. AA., como la caída del presupuesto a 3,1 % del PIB en 2018 y la disminución del pie de fuerza del Ejército y de la Policía. La restricción a las autoridades operacionales, la pérdida de capacidades de la inteligencia militar y el freno a la recuperación de la seguridad jurídica de las FF. AA. también limitaron la disuasión frente a engaños en la negociación. Asimismo, se congelaron la inversión en construcción y adquisición de equipos. En un contexto de seguridad cambiante, dichas decisiones evolucionaron en un panorama complejo que ahora debemos enfrentar con urgencia. Lo demás es historia. Los desafíos Un desafío clave es el narcotráfico, combustible de todos los males del país, responsable de la actual violencia y la futura. En 2018, el Simci reportó 171.000 ha de coca y el Mindefensa, una baja de las incautaciones de cocaína en 20 toneladas. Esto significa millones de dólares para la criminalidad. Prueba de esto es el fortalecimiento acelerado del Eln en integrantes y presencia territorial. Debido al narcotráfico –y de la minería criminal– también se han incentivado la reincidencia de excombatientes y el posicionamiento de la retaguardia dejada por las Farc en el oriente del país y la frontera con Venezuela. La disminución del pie de fuerza dio lugar al debilitamiento del control territorial, aumentando la violencia y el terrorismo. En 2018 crecieron los homicidios en zonas cocaleras y mineras, los actos terroristas (150) y atentados contra infraestructura crítica (125), así como los asesinatos de líderes sociales. El fortalecimiento policial entre 2007 y 2014, el cual incorporó 45.000 policías adicionales, incrementó la movilidad, la tecnología y la activación de 16 Policías Metropolitanas, sumado al fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, lo cual impulsó la protección de los ciudadanos. Entre 2012 y 2018 hubo una reducción efectiva de 3.598 homicidios, de los cuales un 88,4 % se registró en las grandes ciudades, pero no como consecuencia del acuerdo de paz como se aseguraba (11,6 % de muertes asociadas al conflicto). Tras la reducción sostenida del homicidio hasta 2017, este delito aumentó en 604 casos, siendo el peor resultado desde 2015. Igualmente aumentaron las diferentes modalidades de hurto -persona (251.492) y comercio (54.903) los de más impacto-, manteniéndose la tendencia al alza. Estos

resultados evidencian el debilitamiento del esfuerzo en fortalecimiento y deterioran la percepción de seguridad. Las encuestas Cómo Vamos, en Bogotá, han mostrado un 57 %, Cali (34 %) y Medellín (25 %) en 2018 frente a años anteriores, principalmente por el microtráfico y el aumento de la delincuencia con uso de violencia. A partir de 2007 se adquirieron, construyeron y modernizaron las capacidades militares para proteger nuestra soberanía, un proceso de modernización y fortalecimiento que se frenó principalmente por razones fiscales, aumentando los riesgos a la soberanía. De los 142 incidentes fronterizos registrados desde el año 2000 en la frontera con Venezuela, 32 ocurrieron solo en el 2018, y la integridad territorial en nuestras aguas del Caribe enfrenta una amenaza creciente. El entrenamiento y asesoría brindados a países en la región y la relación con EE. UU. y la Otán son acciones significativas en la construcción de seguridad regional, pero no suficientes para proteger la nación. La defensa de los intereses de Colombia no es delegable a nadie y depende de sus propias capacidades. Más aún en un escenario geopolítico enrarecido, con crimen transnacional, riesgos territoriales con Nicaragua y total inestabilidad de Venezuela. Retomar la vanguardia En buena hora, el Gobierno quiere darle prioridad a la seguridad y protección de los colombianos. La cúpula militar y policial está conformada por oficiales a quienes reconozco por su conocimiento, profesionalismo y desempeño, que tienen una tarea que requiere apoyo pleno y decidido de los colombianos y del Estado. La reciente publicación de la Política de Defensa y Seguridad es un paso en la dirección correcta. Nos alegra que esta haya tomado como base el compendio de 8 tomos, Fuerzas Armadas, más fuertes que nunca, publicado en junio de 2015 y que definió los lineamientos de una visión estratégica para los siguientes 20 años. No obstante, hay que decir las cosas como son. La vigorización de la iniciativa estatal sobre la seguridad y la protección de los colombianos requieren de planes enfocados, el fortalecimiento del pie de fuerza, la moral de la tropa, las capacidades y la diplomacia de la seguridad. Preocupa la poca claridad sobre los recursos que se destinarán a esto tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Política. Nada más peligroso que quedarse en el discurso.

Recuperar la iniciativa Enfrentar el actual contexto de seguridad requiere de acciones concretas: Recuperar los 20.000 soldados disminuidos al Ejército y aumentar los efectivos policiales a 200.000, dando la posibilidad a los alcaldes de financiar el aumento del personal policial bajo el mando de la Ponal. Implementar planes de educación, cultura y deporte en las áreas de influencia de organizaciones ilegales. Fortalecer la inteligencia técnica y robustecer los programas de información y recompensas. Recuperar la operatividad de los ingenieros militares y relanzar el programa de desmovilizados. Aumentar la disponibilidad de jueces, fiscales y cupos carcelarios (40.000). Desarrollar centros de comando y control que integren sensores, cámaras y drones para la seguridad ciudadana. Implementar un sistema de registro, control e identificación de armas. Renovar la flota de aeronaves de superioridad, garantizar el alistamiento helicoportado y adquirir un sistema de defensa aérea. Reactivar el fortalecimiento de capacidades oceánicas, fluviales, blindadas, de contramedidas, de ciberdefensa y ciberseguridad. Atender las necesidades de los miembros de las FF. AA.: actuar frente al déficit de sanidad militar y policial, invertir en la defensa técnica especializada de los uniformados, aprobar las leyes estatutarias de la Justicia Penal Militar y del veterano. Aprobar la Ley de Seguridad y Defensa Nacional. El Gobierno tiene la inmensa responsabilidad de retornar a una visión estratégica exitosa que hizo inviables a las Farc y desmanteló organizaciones criminales, aumentó la protección de los ciudadanos y ha disuadido los factores externos que amenazan la nación. El reto para el Congreso y la sociedad es velar por la ejecución de una política pública que interprete esa visión y brinde garantías a las FF. AA. La seguridad y defensa es para el beneficio y protección de todos los colombianos. El impulso a la inversión, el empleo y el turismo serán las consecuencias de avanzar en este frente. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/juan-carlos-pinzon-hablade-asuntos-para-mejorar-en-la-seguridaden-colombia-329788

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Editorial

Preocupaciones institucionales

Nuevo Código Disciplinario Único y la imprescriptibilidad de la acción y la sanción disciplinaria

l gobierno nacional acaba de sancionar una nueva ley que deroga la ley vigente expedida en el 2002, a través de la cual se establece el Código General Disciplinario.

Esta disposición remplaza a la Ley 734 de 2002 y en uno de sus apartes (Título III, correspondiente a la exclusión de la acción y de la sanción disciplinaria, con otro parágrafo adicionado al artículo 33) determina que los términos prescriptivos considerados en la ley anterior quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique Colombia. Sobre este particular, Colombia efectivamente ha suscrito tratados internacionales como el Estatuto de Roma, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y convenciones contra la Tortura y la Desaparición Forzada, que tiene que ver con crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales establecen que este tipo de delitos no prescriben, y en tales circunstancias, el Estado colombiano se encuentra obligado a dar un cabal cumplimiento. Sin embargo, desde el punto de vista penal, es importante aclarar lo concerniente a la vigencia de estos compromisos internacionales, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Estatuto de Roma se hace efectivo a partir del 2002, fecha en la cual entra en vigor la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sobre el entendido que todos sus efectos corresponden hacia el futuro y que en ninguna circunstancia podrán serlo hacia el pasado. Consecuente con esto, hay que anotar que el estado de derecho que rige en el país, entre otras garantías, establece plenamente la figura de la irretroactividad de la norma jurídica o de la ley penal como parte fundamental de lo que corresponde al principio de legalidad. Pretender buscar la aplicabilidad del delito de lesa humanidad como tal, sobre hechos o conductas acontecidas antes del año de 2002, viola flagrantemente este principio, generando una gran desfavorabilidad para quienes se hayan vistos incursos en procesos penales o disciplinarios realizados en la época. El Estado de Derecho establece también todo lo referente a la irretroactividad de la ley penal, el principio de igualdad, la presunción de inocencia, el principio de favorabilidad, la calificación apropiada del delito, la carga de la prueba debidamente sustentada, el dolo o culpabilidad demostrada, el debido proceso, etcétera.

calificados como de lesa humanidad, debe ser reconsiderada por cuanto no sería aplicable, ya sea por no estar vigente al momento de la comisión de tales hechos o porque la norma internacional no establece tipos penales, sino solamente el deber de sancionar una serie de conductas, que al no estar tipificadas en el ordenamiento interno, mal podrían ser penalizadas en virtud del principio ya anunciado de legalidad. Respecto a los tratados internacionales, es también conveniente aclarar que no pueden ser fuentes directas en materia de derecho interno. Para que tengan efecto, en todo su contenido, requieren ser incorporados al ordenamiento jurídico interno mediante los trámites legislativos de rigor y la expedición de la ley correspondiente. Consecuente con esto, las convenciones internacionales no autorizan la suspensión del principio de legalidad. Ninguna disposición en tal sentido, puede restringir, menoscabar, derogar derechos reconocidos o vigentes en la legislación nacional. Por todo lo anterior, no es entendible que la Procuraduría General de la Nación resuelva revocar una decisión interna que declara prescrita una acción disciplinaria contra tres miembros del Ejército Nacional, al considerar que se omitió de manera manifiesta la regla de imprescriptibilidad internacional sobre crímenes de guerra contemplada sobre este tipo de delitos; se desconoce así principios fundamentales de legalidad y favorabilidad totalmente vigentes en nuestra legislación. Frente a esta situación, no sobra señalar que la Constitución Política de Colombia establece que no habrá penas imprescriptibles. Para este propósito, el Estado dispone dentro de su normatividad de tiempo prudencial para investigar los crímenes (prescripción de la acción) y de otro para conseguir que el condenado cumpla efectivamente la sanción que le sea impuesta (prescripción de la sanción penal). En tales condiciones, hay que entender que la norma constitucional determina claramente una manifestación expresa de que las personas señaladas de cometer un delito o falta disciplinaria, no deben esperar indefinidamente a que su situación jurídica o disciplinaria sea resuelta. La sociedad, igualmente, no puede aguardar por siempre a que el Estado cumpla con su deber de descubrir y sancionar a quienes sean los responsables.

En cuanto a la favorabilidad, es importante destacar que la ley permisiva o favorable, aun cuando el hecho motivo de investigación sea posterior, se aplicará sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. En igual sentido, el Código de Procedimiento Penal Colombiano en su título preliminar “Principios Rectores y Garantías Procesales”, hace mención de esta favorabilidad como un matiz del principio rector de legalidad.

Cuando el Estatuto de Roma señala que las infracciones de las que deba ocuparse la Corte Penal Internacional no prescribirán, lo que claramente se restringe es lo que tiene que ver con la prescripción de la acción penal sobre aquellos delitos de lesa humanidad sobre los cuales tiene competencia. Sobre este tema hay que destacar que esta competencia se aplica única y exclusivamente cuando se pueda comprobar que el Estado ha omitido su compromiso de investigar y sancionar este tipo de infracciones.

En estas circunstancias, la preeminencia del Derecho Internacional de DD. HH. y del DIH sobre las normas de derecho interno, como es el caso de la prescripción en cuanto a delitos

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional Acore

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Análisis

Norma incluye imprescriptibilidad de la acción disciplinaria

Sorpresiva modificación de la Procuraduría en nuevo Código Disciplinario

POR: BRIGADIER GENERAL (RA) JAIME RUIZ BARRERA

l Ejecutivo acaba de sancionar la nueva Ley 1952 de 2019, con la que se deroga la Ley 734 de 2002, y se expide el Código General Disciplinario. La norma trae inmerso el principio de legalidad y una modificación sustancial en relación con la prescripción e interrupción de la acción disciplinaria, contenida en el artículo 33, parágrafo en el que se indica que los “términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique Colombia”. Tal como se ha venido afirmando, Colombia efectivamente ha suscrito tratados internacionales que conminan al Estado a dar su estricto cumpimiento. Esta nueva normativa trae en el título XII la transitoriedad, vigencia y derogatoria, en la que se indica: Transitoriedad (artículo 263): “Las indagaciones preliminares que estén en curso al momento de entrada de la vigencia de la presente ley, se ajustarán al trámite previsto en este código”. Vigencia y derogatoria (artículo 265): “La presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y

publicación y deroga las siguientes disposiciones: Ley 734 de 2002(…)”. El artículo 33 “(…) relativo al procedimiento reflejado en este código entrará en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación”. Consecuente con lo anterior, surgen varias preocupaciones en relación con la aplicación de esta ley y su posible retroactividad respecto a aquellas actuaciones disciplinarias que fueron objeto de archivo por prescripción de la acción, en la que los investigados sean integrantes de la Fuerza Pública. De ser así, es factible que se reabran procesos, que a la fecha podrían estar bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En estas condiciones, es claro que los tratados internacionales de derechos humanos ratifican el principio de legalidad el cual se considera como principio rector y bajo ningún caso se puede restringir, menoscabar o derogar principios fundamentales de carácter universal. Por todo lo anterior, sorprende que la Procuraduría General de la Nación resuelva revocar una decisión que declara prescrita una acción disciplinaria con-

tra tres miembros del Ejército Nacional, al considerar que se omitió de manera manifiesta, la regla de imprescriptibilidad internacional sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, en relación con hechos que ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la nueva ley disciplinaria. Es de anotar que su vigencia inicia el 28 de mayo de 2019 y artículos como el 33 hasta el año 2020. También se desconoce

el principio de legalidad de la Ley 734 de 2002, que ha sido derogada por la nueva disposición. Ante los efectos de esta nueva disposición, algunos miembros de la Fuerza Pública afectados en procesos disciplinarios ya preescritos, han iniciado acciones de cumplimiento, basadas en el principio de favorabilidad, frente a la anomala situación que se presenta.

La ruta primaria de la libertad APORTE: CORONEL (RA) HERNANDO GÓMEZ

l 12 de agosto de 1818, en Angostura, el Libertador Simón Bolívar asciende a Santander a General de Brigada y con este rango es designado comandante para Casanare. El 15 de agosto de este año, también en Angostura, el Libertador ofrece liberar a los granadinos del dominio español, mediante sentida, memorable e histórica proclama en la que anuncia que no se cumplirá un año más sin que se vean libres del dominio peninsular. El 17 y 19 de agosto de 1818, el Libertador impone órdenes a Juan Galea (comandante del Casanare) y le notifica su decisión al General José Antonio Páez: “... he tenido a bien enviar a la provincia del Casanare al Señor General de Brigada Francisco de Paula Santander con un parque de armas y municiones bien provistos de cuanto es necesario por ahora para libertar a la Nueva Granada... Todas las autoridades locales de la provincia del Casanare quedan sujetas y obedecerán las órdenes del jefe del ejército, General Francisco de Paula Santander...(SIC)”

En vísperas de marchar Santander, Simón Bolívar le concede la credencial que lo identifica como jefe de la vanguardia del ejército libertador, que a la letra dice: “Cuartel General de Angostura, a 25 de Agosto de 1.818 Simón Bolívar, Jefe Supremo de la República, Capitán General de los ejércitos de Venezuela y La Nueva Granada... Al benemérito Señor General de Brigada, Francisco de Paula Santander. Teniendo en consideración los méritos, servicios y aptitudes de usted, he tenido a bien conferirle el mando de jefe de la vanguardia del Ejército Libertador de la Nueva Granada. Dado y firmado de mi mano, y refrendado por el Secretario de la Guerra Simón Bolívar J.G. Pérez Secretario de la Guerra (SIC)”.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Opinión

El comandante de las FF. MM. Hasta su nombramiento, muy pocos habían escuchado hablar del general Luis Fernando Navarro Jiménez. Una excelente decisión del presidente Duque al colocarlo al frente de las Fuerzas Militares. POR: CORONEL (RA) JOSÉ OBDULIO ESPEJO MUÑOZ

urante mi corto, pero satisfactorio trasegar por la noble carrera de las armas, tuve el privilegio de trabajar al lado de grandes hombres y mujeres. Oficiales, suboficiales y soldados que alimentaron mi ser y mi espíritu con un maravilloso cúmulo de principios y valores que me acompañarán hasta la tumba. Algunos de aquellos oficiales llevaron sobre sus hombros los soles que los elevaron a la categoría de generales de la República. Uno de ellos es Jorge Enrique Mora Rangel, egregio y respetado oficial en cuyo comando el Ejército Nacional se mantuvo monolítico y cohesionado como en ninguna otra época de su historia bicentenaria. De rostro adusto, mirada calculadora y voz recia, el general Mora Rangel era (aún lo es, claro está) respetado por todos los integrantes del Ejército, inclusive en el seno de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, así como en las filas de la institución policial. Configuró una excelente llave de éxito con el también general Fernando Tapias Stahelin, quien fuera designado por aquel entonces como comandante de las Fuerzas Militares. Este dúo trabajó con armonía y la historia será generosa al reconocerles los más contundentes golpes a las guerrillas colombianas a finales de los noventa, en especial aquellos asestados a las Farc y al ELN. Compaginaron de tal forma que, tras el honroso retiro de Tapias Stahelin, Mora Rangel lo relevó en el Comando General. Después del general Mora Rangel asumieron el comando de las Fuerzas Militares otros virtuosos oficiales generales y de insignia, verbo y gracia, los generales Padilla de León y Navas Ramos. El primero dinamizó la doctrina de las operaciones conjuntas, llevándolas a su

máximo esplendor. El segundo, cual el mejor de los alquimistas, amalgamó preceptos de honor e hidalguía con su campaña ‘Fe en la causa’, calando muy hondo en los corazones de todos y transversalizando el grueso de los soldados de tierra, mar, río y aire. Ambos, arquetipos de caballeros y patriotas, cuyas ejecutorias institucionales para gloria de la patria merecen esculpirse sobre lozas de mármol. Pero ninguno de ellos, a mi modesto juicio y con el más profundo respeto, alcanzó la ascendencia que tuvo el general Mora Rangel en el conjunto de las Fuerzas Armadas, ¡hasta ahora! Y escribo “hasta ahora”, porque podríamos estar asistiendo a un caso muy similar al de Mora Rangel. Aclaro que para nada quiero herir susceptibilidades ni mucho menos demeritar trayectorias, por lo que procederé a explicar mi postura. En mi opinión, el Gobierno acertó en gran medida al designar como comandante de las FF. MM. al mayor general Luis Fernando Navarro Jiménez. Quizás otras voces más avezadas disientan de los postulados de este escrito, máxime cuando no fui un oficial de “combate” o de “fila” como se dice en el argot castrense. Es más, tras el nombramiento del general Navarro Jiménez, muchos colegas de los mass media me llamaron para preguntarme quién era él y si su designación no constituía un gran “palo”. Un no rotundo fue mi respuesta, por supuesto. Les conté que trabajé con él cuando yo tenía el grado de mayor, con similar cercanía a la que en su momento tuve cuando serví bajo órdenes directas del general Mora Rangel. Les dije, además, que ambos tienen similitudes y puntos de encuentro en su forma de comandar y

liderar a los hombres y mujeres puestos bajo su mando. Al igual que Mora Rangel, Navarro Jiménez talló su escalera ascendente en la milicia de manera silenciosa y humilde. Como él, sentó peldaño a peldaño utilizando dos ingredientes esenciales: el trabajo meticuloso como base de cada escalinata y la honestidad como mortero indisoluble de su éxito. Ninguno de los dos proviene de una familia con títulos y abolengos, mucho menos sus apellidos hacían parte de la baraja de delfines del universo castrense para la época en la cual fueron llamados a ocupar el solio de las Fuerzas Militares. El trabajo meticuloso y sin mayores pretensiones y aspavientos ha sido su mejor carta de presentación, pues nunca ha buscado figurar y jamás les interesaron los homenajes y mucho menos rodearse de áulicos o aduladores. Su ascendencia en la tropa es indiscutible, como indiscutible su capacidad de unir y amalgamar a las Fuerzas Militares en torno a causas comunes. Jamás ha cohonestado con la corrupción y menos con algún tipo de comportamiento contrario a la ley. En otras palabras, un oficial sin tacha en quien el sustantivo honor define su línea de conducta.

Quizá el nombre del nuevo comandante de las FF. MM. no les diga mucho a los ciudadanos del común y a la prensa especializada, pero sin duda constituye una prenda de garantía para la gloria de las instituciones armadas del país y para el presente y futuro de Colombia. Su sincronía con el comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, es absoluta y vital en la actual coyuntura. Estoy convencido que en un país que navega en mares de incertidumbre, entre las alborotadas aguas del posconflicto/ posacuerdo y la necesidad de combatir el terrorismo del ELN y los embates de las disidencias y del crimen organizado, el nuevo comandante de las FF. MM. sabrá encontrar los caminos para reducir a los violentos, cualquiera que sea su naturaleza. Hasta ahora los resultados podrían estar dándome la razón, aclarando, por su puesto, que otros vientos soplan en el país en materia de defensa y seguridad nacional con el nuevo Gobierno. ¡En hora buena! https://lasillavacia.com/silla-llena/red-dela-paz/historia/el-comandante-de-las-ffmm-70130

Homenaje a la Fuerza Aérea Colombiana POR: CORONEL (RA) HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO

ara conmemorar el centenario de la Fuerza Aérea Colombiana este próximo 14 de marzo, el Coronel (RA) Héctor José Corredor Cuervo, del arma de artillería, compuso este poema en el que el autor destaca el uso de metáforas con el águila harpía o arpía, símbolo de esta fuerza.

A la Fuerza Aérea Colombiana Como el Águila Harpía hoy surcan los cielos las naves orgullo de nuestra nación llevando en su vientre los grandes anhelos de paz, desarrollo, libertad y unión. Su cuerpo lo forman seres corajudos que arriesgan la vida sin miedo a morir entre los ciclones de los testarudos que arrasan los campos y obligan a huir. Sic itur ad astra, son palabras bellas que anima a valientes al hacer el vuelo,

con luz de esperanza de alcanzar estrellas y fe de patriotas para ir hasta el cielo. Resguarda el espacio como un gran vigía sin temor a nieve, nimbos ni tormentas portando en cucardas la soberanía de una patria libre, sin temor ni afrentas. En días de lluvia y sombras en collado extiende sus alas con señal de amor dándole alegrías al necesitado que sufre la angustia por hambre y dolor En horas de ataque con recios soldados

emplea sus garras con tino y valor para atrapar a los hombres malvados que arruinan la tierra con odio y terror. En tiempos de paz, de unión y de alegría vuela por los aires haciendo proezas con gracia y arrojo cual rayos que un día dejaran festones de luz sin tristezas. En el firmamento hay lampos de victoria en lema grabado con letras de honor para que pilotos alcancen la gloria por izar en nubes el gran tricolor.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Sanidad militar

Evitar rumores y desinformación en las veedurías de salud POR: BRIGADIER GENERAL (RA) GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ

core ha sido desde siempre el abanderado número uno de la reestructuración del Sistema de Salud de las FF. MM. Doy fe de ello como testigo de excepción: en 1997, estando aún en actividad, por encargo del comandante de las FF. MM., General Harold Bedoya, y con el aval del entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, lideré el grupo de profesionales que redactó y tramitó la Ley 352 que creó el Sistema de Salud Militar y Policial, como un sistema especial exceptuado de las limitaciones que tiene el sistema general de salud. Acore hizo parte de las mesas de trabajo para la creación del sistema desde el inicio del proceso. En los debates suscitados en las comisiones en el Congreso defendiendo el proyecto y hasta su promulgación en diciembre de ese año, Acore siempre estuvo allí. Somos los más interesados, porque somos quienes más necesitamos un buen servicio por la edad. Hemos estado siempre presentes en todo tiempo, cuidando el subsistema especial y mal haríamos ahora en tratar de destruirlo. Hago esta afirmación categórica porque una veeduría de salud nos compartió amablemente un audio que contiene de una reunión que tuvo lugar en Ibagué, donde se hicieron afirmaciones temerosas en presencia del Director General de Sanidad Militar, según las cuales Acore quiere acabar con el servicio de Sanidad Militar, para lo cual propone enviar a los usuarios de la reserva activa a una EPS del sistema general de salud, lo cual eso es absolutamente falso. Al averiguar sobre estas afirmaciones,

el presidente de la veeduría, que es una persona seria, me dijo que efectivamente eso había sucedido y que la información era vox populi entre los suboficiales de las veedurías e inclusive en el Congreso algunos senadores lo sabían. Eso no es cierto, es absolutamente falso y Acore considera que esa desinformación hay que aclararla ya. Acore y yo en particular −como representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud− luchamos en forma permanente por la seguridad social y jurídica de los afiliados y, por esta razón, nos convertimos en una piedra en el zapato para la anterior administración y su staff por nuestra dura posición frente al derroche presupuestal y patrimonial en la Dirección General de Sanidad en medio de semejante crisis financiera por la que atraviesa el subsistema. Como representante de los oficiales en retiro ante el Comité de Salud, desde hace más de seis años damos la pelea por el presupuesto de servicios. Nuestro principal interés es cooperar para cuidar y fortalecer nuestro servicio de salud y conservarlo a como dé lugar, con sus características especiales, claro está exceptuando las limitaciones que afectan al Sistema General de Salud. ¡De eso que no quepa la menor duda! En septiembre y octubre del año pasado fuimos duros frente a los desmanes en el manejo del presupuesto de salud (ver periódicos de Acore, ediciones 583 de septiembre de 2018, página 14, “El presupuesto de la sanidad militar no tiene doliente”, y 584 de octubre de 2018, páginas 10 y 15, “Implicaciones del traslado de la Dirección General de Sanidad Militar”).

El presupuesto es de los usuarios y no de las fuerzas. Ni al mando militar, ni al Comité de Salud del Subsistema, se nos informó de ese proyecto. Conocer y pre aprobar el presupuesto, las transferencias y vigilar la ejecución de los proyectos de inversión son, entre otras, las principales funciones de ese organismo. La Dirección General de Sanidad regaló el mobiliario y salió del edificio Bachué, donde pagaba 86 millones de arriendo al mes y se fue a pagar más de 280 millones de pesos mensuales de alquiler. Allí arrendó 314 oficinas amobladas, abriendo un hueco fiscal de más de 2.100 millones anuales en medio de la crisis financiera por la que atraviesa el servicio. A fecha 30 de noviembre de 2018, el déficit fiscal sobrepasaba el año pasado los 230 mil millones de pesos; al Hospital Militar se le adeudan más de 160 mil millones de pesos del año pasado, causándole problemas de iliquidez. El déficit financiero en el servicio de salud es cada vez mayor, pero no valieron ni clamores ni reclamos. El Comandante General saliente justificó el traslado, porque, según él, los empleados de esa Dirección estaban trabajando en el Bachué en condiciones infrahumanas y no había comodidad para la multitud de usuarios que tenían que ir a gestionar autorizaciones y reclamos. No estamos en contravía de la comodidad de los empleados y mucho menos de la de

Convenios de salud en Acore un beneficio para los Afiliados POR: BRIGADIER GENERAL (RA) GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ

n el audio sobre el cual hice referencia en el artículo anterior se mencionó la cooperativa Coodintegral. Resulta oportuno aclarar que se trata de una organización privada de integrantes de la reserva activa que no es Acore, ni es de Acore, ni está en Acore. Su portafolio ofrece a civiles y a militares retirados un plan complementario de salud, que muchos han tomado de manera voluntaria y tiene código de descuento con Cremil. Como muchas cooperativas que ofrecen servicios o productos a la reserva activa, en una oportunidad pagó publicidad en el Periódico de Acore (edición 530 de junio de 2013) y se le autorizó porque ante la situación crítica por la que atra-

viesa sanidad es una alternativa útil para atender urgencias y atención especializada. También distribuye publicidad en volantes y en ninguna parte dice que es de Acore. En cumplimiento del objeto social de velar por el bienestar de sus afiliados, Acore ha suscrito convenios de servicios médicos con EPS y empresas y cooperativas de medicina prepagada y planes complementarios para sus asociados y sus familiares, sean o no usuarios del SSMP. Actualmente están vigentes convenios con Colmedica, Méd Plus, Emermédica, Cafam, Colsubsidio y Compensar con precios especiales para los asociados y se descuenta del pago de la nómina de Cremil o Mindefensa.

Hay muchos acorados que, a través de Acore, afilian a EPS privadas a los hijos solteros o a beneficiarios que pierden el derecho a la sanidad militar por las causales de rigor, para beneficiarse del precio especial del convenio y los descuentos de nómina los efectúan Cremil, que, por su parte, también ofrece estas alternativas directamente a los afiliados. ¿Sabía usted que más del 40% de los oficiales en actividad y en retiro pagamos medicina prepagada por física necesidad? No por lujo, sino por la crisis que padecemos en la sanidad militar. Muchos tenemos dolencias que requieren atención rápida y especializada en cualquier lugar del país o del exterior y la cobertura y coordinación del servicio de la sanidad fuera de Bogotá es precaria, complicada y casi inexistente.

los usuarios; duele es que ese sobregasto salga del presupuesto del subsistema de salud. ¡Qué bueno fuera que ese alquiler lo pagara el Comando General! El sobrecosto del alquiler de 314 oficinas amobladas en el edificio nuevo es del orden de 2.100 millones de pesos. Para cubrirlo demoraron este año la contratación de servicios y trasladaron presupuesto de recurso humanos a gastos de funcionamiento. Muchas son las cosas que en materia de servicios de salud le tenemos que envidiar a la Policía Nacional. Es nuestro sistema gemelo por la similitud de usuarios, de presupuesto y de características y complejidades. Esta institución sí implementó la Ley 352; tienen el servicio totalmente sistematizado y en línea, lo que brinda grandes facilidades a los usuarios; está regionalizado; gestó un plan de desarrollo consistente; desarrollo sus regionales con una red hospitalaria envidiable; tiene su dirección en instalaciones de la institución. Reitero que el compromiso de Acore y el mío, respecto a la preservación de los derechos de seguridad social y jurídica de los afiliados y al servicio de salud, es y ha sido siempre apoyar en lo que se pueda al fortalecimiento de nuestra sanidad militar, para conservar la categoría de sistema especial de salud. Eso no lo podemos perder jamás. ¡Debemos trabajar unidos y en la misma dirección! El subsistema está quebrado, pues el déficit ya va en más de 230 mil millones de pesos y aún falta liquidar diciembre de 2108. Si no hay reforma total que estructure un sistema de salud con unidad de gestión como lo ordena la Ley 352, la solución está muy lejos, pero tenemos que seguir bregando. La indolencia del ministerio, la falta de voluntad política de las cinco cabezas que mandan en el servicio de salud y, sobre todo, la carencia de un sistema de información, impiden consensuar e implantar cualquier reforma por buena que sea. Hay muchos intereses en juego. Durante una reunión con el exministro Luis Carlos Villegas, Asoproetica, la veeduría de los oficiales, conminó al funcionario a gestionar y conseguir recursos adicionales para solucionar el déficit. Al decirle que “los usuarios estaban desesperados al punto de que más del 40 por ciento estaba pagando salud prepagada”, ramplonamente dijo: “¿No les parece mejor? Menos gente para atender y menos quejas”.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Opinión

Doble moral en la burocracia de la paz Para integrar cualquier organización instituida para la paz en Colombia, su cerebro debe pensar con el hemisferio izquierdo. Si detectan siquiera que escribe con la mano derecha, seguramente será vetado y podría no obtener el cargo. POR: CORONEL (RA) JOSÉ OBDULIO ESPEJO MUÑOZ Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

risteza, desesperanza, desasosiego, incredulidad, impotencia, frustración. Podría enumerar otros tantos sustantivos que definen las sensaciones que me produce la doble moral que estilan en su proceder la inmensa mayoría de plataformas y organizaciones de derechos humanos en Colombia, muchas veces con la anuencia y el aplauso silencioso de instituciones del Estado, incluidos algunos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Lo paradójico es que estas organizaciones tienen mandatos claros relacionados con la protección de los derechos de las víctimas que en su conjunto dejó y deja nuestro conflicto armado. Hablan públicamente de reconciliación, pluralismo, respeto por la diferencia y coexistencia con las ideas del otro, mas su actuar está matizado por la exclusión, la discriminación y los estereotipos. El catálogo de derechos que pregonan no aplica para la contraparte y la anulación de la idea contraria es su pan de cada día. Estas ONG apoyaron el proceso de paz con las Farc y el SÍ, justificando su postura en la imperiosa necesidad de construir un país pluralista donde todos los colombianos tuviéramos cabida, teniendo como eje central a las víctimas. Lo que nunca nos dijeron es que en ese país no entrábamos todos y que no todas las víctimas merecían su atención y esfuerzos. Eso sí, arropan sus causas con el dolor, las necesidades y la sed de justicia integral de la totalidad de víctimas de este conflicto fratricida, lo que les permite

acceder a la millonaria danza de euros y dólares que literalmente llueven de Europa y el norte de América, fruto de donaciones de ciudadanos de buena fe y libre pensadores de los países del llamado primer mundo. Alzan sus voces de protesta y al unísono cuando alguien que no comulga con su línea ideológica es postulado o nombrado para ocupar un cargo en la burocracia de la paz. Es el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y el frustrado nombramiento de dos candidatos a suceder Gonzalo Sánchez: Mario Fernando Pacheco y Vicente Torrijos −el primero vetado por su forma de pensar y el segundo supuestamente boicoteado por sus pergaminos−. También se opusieron sin éxito a la nominación del historiador Darío Acevedo, cuyo nombramiento oficializó el pasado martes el presidente Iván Duque, tras asegurar que es una ficha del uribismo. Claro está, ninguna de las sesenta organizaciones que firmaron estas cartas de rechazo se han pronunciado por la designación de María Tila Uribe en la Unidad de Víctimas. Conocida con el remoquete de ‘tía Lila’, ella militó en el ELN en la década del setenta y su nombre fue relacionado con el asesinato del general Rincón Quiñónez. Otro exmilitante eleno ingresó no hace mucho en el ministerio del Posconflicto: el médico ocañero Alonso Ojeda. Aquí tampoco hubo indignación ni veto. Ambos fueron beneficiarios de la ley de amnistía de Belisario Betancur en 1982. Jamás diría que hay que excluir de la

sociedad a las personas que en el pasado se alzaron en armas contra el Estado. Hay casos exitosos de exguerrilleros que han ocupado cargos públicos en el ejecutivo y el legislativo. Pero fuentes que consulté aseguran que ‘tía Lila’ y Ojeda continúan llevando en su corazón el ideario eleno. Sí, el mismo que en los últimos días nos heredó el atentado terrorista en la General Santander, un par de secuestros, el asesinato selectivo de policías y algunas voladuras al sistema de oleoductos que acrecientan su prontuario ecocida. Volviendo a la burocracia de la paz, al parecer, los episodios de exclusión que se dan en la memoria histórica se estarían repitiendo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV. Hay tres casos puntuales donde se me aseguró que las personas no habrían pasado filtros o habrían sido retirados dada su inclinación ideológica. El primero nombre es sonado: Jean Carlo Mejía Azuero. Una fuente de la Comisión me dijo que hubo una fuerte oposición a su ingreso en este fortín de la izquierda. La cercanía de este asesor y consultor en derecho internacional, DD. HH. y DIH con el sector Defensa habría sido la causa de su veto. El segundo caso corresponde al del coronel retirado Carlos Arturo Velásquez. Él fue contratado en la Comisión para ser una especie de enlace con la Fuerza Pública. Quince días después de su vinculación envío un chat a través de la red social WhatsApp −yo fui uno de los destinatarios− en el que se colocaba a disposición e invitaba a los militares ac-

tivos y retirados a compartir su verdad en el seno del organismo, argumentando que esta era una gran oportunidad para construir una verdad equilibrada de la guerra. Otra fuente de la Comisión me aseguró que el chat le llegó mes y medio después al padre Francisco De Roux, precipitando la salida de este oficial. El tercer caso es el del joven abogado Emerson Rojas. Él fue presentado por el comisionado Carlos Guillermo Ospina Galvis −el único militar retirado escogido como comisionado− para que apoyará el trabajo relacionado con las víctimas provenientes de la Fuerza Pública. Todo parece indicar que el activismo de este abogado y su familia, en especial de Esperanza Rojas, su madre, cabeza visible de Acomides −una ONG que reivindica los derechos de militares y policías víctimas de desaparición forzada−, sería la causa de su cese de actividades en la Comisión. Quise conocer la posición oficial de la CEV, para lo cual me reuní por espacio de media hora con el padre De Roux, presidente de este organismo. Sobre el caso de Mejía Azuero señaló que efectivamente su nombre fue propuesto por el comisionado Ospina para el cargo de coordinador de terreno de la Comisión en la subregión de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. “Jean Carlo es una persona de nuestro aprecio; un académico, un intelectual, un estudioso con posiciones críticas, pero muy respetables; examinamos su postulación y concluimos que su perfil superaba el cargo”, dijo. “La Comisión está abierta a considerar su candidatura (la de Mejía Azuero) en el campo de la investigación; así quedó consignado en actas”, agregó. En relación con los casos del abogado Rojas y del coronel Velásquez, De Roux precisó que su salida obedeció a la “culminación de sus contratos” (029-2018, entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, y O45-2028, del 8 de octubre al 31 de diciembre de 2018, en forma respectiva). De hecho, puso a mi disposición los contratos y un documento en el que Velásquez les presentó un proyecto que, con los buenos oficios de la Comisión, “tendría el apoyo de la embajada de Noruega”. “Escuchar, comprender y reconocer” son los tres pilares que el presidente de la Comisión fijó para cumplir el mandato del organismo que tiene la responsabilidad mayúscula de escribir la verdad del conflicto armado en Colombia. Una tarea bien difícil, sobre todo si se dejan en anaqueles y se prescinde de la verdad que pueden aportar otros sectores de esta sociedad pluriétnica y pluricultural. Quienes servimos en las Fuerzas Militares y trabajamos con honor y principios y valores, esperamos que esa verdad que relate la CEV y la memoria que se construya desde el CNMH, contengan una narrativa equilibrada. Esto sólo será posible si nuestra voz también es escuchada en estos escenarios. Quiero seguir caminando por la calle con la frente en alto y que, en un futuro, mis pequeños hijos, ya en edad adulta, digan con orgullo que su padre fue un honesto oficial del Ejército y un patriota. https://colombia2020.elespectador.com/ opinion/doble-moral-en-la-burocracia-dela-paz

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

11 años al servicio de los acorados

¿Por qué viajar con Acore?

Objeto social

El éxito del programa

Aquí encontrará un decálogo de ventajas:

Usted viaja en compañía de personas con las que comparte experiencias de vida, tanto profesionales como familiares. Compañeros de armas y de las Fuerzas que estarán ahí cuando usted los necesite.

Cuándo usted paga todo el paquete en ‘Viajando con Acore’, es “toooodoooo el paquete”. Claro está, por regla general, la hora del almuerzo es libre y así estilan todos los promotores turísticos, pues generalmente a esa hora los viajeros están en recorridos guiados.

iajar es uno de los grandes placeres de la vida y nada mejor que hacerlo en la más grata compañía, sobre todo si es en familia. Esa fue la razón que motivó la creación hace once años del programa ‘Viajando con Acore’, además de responder a una de las piedras angulares del objeto social de nuestra asociación: el bienestar. A la fecha, ‘Viajando con Acore’ registra 18 viajes nacionales y 20 internacionales, con una tasa de satisfacción del ciento por ciento entre los 1.644 viajeros en los más de dos lustros de su existencia como alternativa para que nuestros asociados y sus familias y allegados disfruten de un turismo seguro y confortable. A la hora de programar un viaje, los

Siempre será alojado en hoteles de muy buena categoría, limpios, cómodos y seguros.

Se programan recorridos descansados, teniendo en cuenta la edad de los integrantes del grupo. Mínimo se pernocta dos noches por ciudad o destino.

Calidad sobresaliente del seguro médico; garantiza la presencia de un profesional en el hotel que se encuentre en cualquier ciudad.

Los paquetes turísticos se adquieren directamente con los operadores. No hay intermediarios.

Desplazamientos terrestres garantizados, con excelente calidad y seguridad en vehículos modernos y con una hoja de vida impecable en relación con mantenimientos preventivos y correctivos. Al volante van conductores profesionales, respetuosos y cordiales.

costos son un factor importante, mas no decisivo. El transporte puerta a puerta, los trámites legales ante las autoridades migratorias, el confort, la alimentación, la asistencia en salud o el ingreso a museos y otros sitios de interés turístico, entre otros, son eslabones de una cadena que no debe tener fisuras, a riesgo de que pueda romper y genere malos ratos y situaciones que hagan desagradable nuestro viaje. Quizá usted encuentre planes turísticos más económicos en agencias de viajes y oficinas del ramo en las cadenas de grandes superficies, pero no olvide que se trata de intermediarios y no de operadores que, por ejemplo, en caso de una enfermedad durante su travesía, seguramente lo dejarán a su suerte.

Guía personalizada desde que se sale de Bogotá hasta su retorno al país o la ciudad, según se trate de un viaje internacional o doméstico. Además, servicio de guía en cada lugar y en español.

Acore otorga un descuento y además les facilita una buena financiación a sus asociados.

Asesoría en los trámites previos al viaje: expedición de tiquetes; asesoría respecto al proceso de obtención de visas; diligenciamiento de formularios y, si el viajero así lo solicita, alquiler de vehículos.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Seguridad nacional

Apuntes sobre la ‘Política de Defensa y Seguridad’

POR: BRIGADIER GENERAL (RA) ADOLFO CLAVIJO

n el Fuerte Militar de Tolemaida, el presidente Iván Duque promulgó el 6 de febrero de 2019 su ‘Política de Defensa y Seguridad’. Esa política contempla sus propias ideas y visiones sobre aspectos trascendentes de la vida nacional, algunos de los cuales ha difundido en varias de sus intervenciones. También incluye los trabajos adelantados con base en sus propias percepciones por el ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Consejería de Seguridad Nacional. Distintas instituciones como la Escuela Superior de Guerra, la Universidad Militar Nueva Granada y otras más han incursionado en esta misma temática, realizando estudios sobre la seguridad nacional, algunos de cuyos resultados al parecer también fueron considerados para la estructuración final del documento publicado. Se contó, además, con aportes de autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Esta ‘Política de Defensa y Seguridad’ abarca todos los aspectos que en una u otra forma inciden en la defensa y seguridad del país, incluidos todos sus organismos. Hace referencia a las amenazas internas y externas y a las fuentes de criminalidad nacional y trasnacional, al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, al contrabando, a la minería ilegal y a la paz que debe reinar en Colombia. De otra parte, la política en mención tiene en cuenta aspectos vitales como el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, es decir, establece metas de seguridad para proteger y preservar los recursos naturales. La política contiene seis capítulos: 1.- Amenazas. 2.- Seguridad para la legalidad, emprendimiento y equidad. 3.Ejes de la trasformación estratégica. 4. - Principios de la política. 5.- Propósito de la política. 6.- Objetivos estratégicos y líneas de la política. Igualmente, comprende cuatro puntos clave: Primero. Acabar con las negocia-

ciones con grupos ilegales. Segundo. El agua, la biodiversidad y el medio ambiente pasan a ser de interés nacional. Tercero. Los pilares del sector defensa. 4. Rechazar los ceses bilaterales al fuego. Tomando en consideración la idoneidad de las entidades comprometidas en este trabajo de defensa y seguridad nacional y las investigaciones que esas entidades llevaron a cabo para configurar la política mencionada, hay que reconocer que se llegó a la determinación de las causas y los factores que vienen generándole a la nación la criminalidad, la violencia y la inseguridad en todas sus formas y estratos. El hecho de haber logrado establecer políticas como reconocer a la biodiversidad y al medio ambiente como activos estratégicos de la nación, instituir la seguridad cooperativa para garantizar los derechos de los ciudadanos, estimular el desmantelamiento de las economías ilícitas, recuperar territorios dominados por organizaciones violentas, infundir la innovación, la ciencia y la tecnología para contrarrestar el crimen trasnacional y, a través de la seguridad, implementar la equidad, es una ganancia de primer orden para Colombia. Las acciones Una política no soluciona por sí sola los problemas. Establece normas, conductas, hojas de ruta, lineamientos, maneras

de actuar, pero no puede considerarse como un plan o un proyecto concreto orientado a solucionar en forma definitiva una dificultad, un conflicto estipulado. Una política como la enunciada en este caso por el Gobierno no establece una misión de alcanzar una meta determinada sino de adoptar unos comportamientos requeridos. Aquí no se están ventilando esquemas que conduzcan a una solución que se logra mediante procesos de planeamiento, dirección, presupuesto, supervisión y control. No se indica un qué hacer, un quién lo hace, un cómo se hace, un por qué se hace ni un cuándo y dónde se hace, con relación a cada uno de los problemas críticos que afectan la normalidad. De todas maneras, es claro que ante esta política del gobierno todos los estamentos oficiales, en especial los que tengan alguna clase de responsabilidad estatal en seguridad deben encuadrar sus misiones y objetivos constitucionales y obrar en consecuencia, pero lo más seguro es que los problemas que se ventilan en esa política sigan subsistiendo, ya que como medida para eliminar radicalmente las amenazas y la violencia en general, es insuficiente. Entonces, para completar esta ‘Política de Defensa y Seguridad’ se hace indispensable diseñar instrumentos legales que fortalezcan al Estado y reduzcan a cero las capacidades de las organizaciones criminales. Esto es posible con

Fondo de Empleados Cooperbase PUBLIREPORTAJE

ste año, Cooperbase nace como fondo de empleados para personas que trabajaron en el sector Defensa después de operar durante 75 años como Cooperativa de Empleados de la Base Aérea de Cali. Con capital de más de 8.500 millones de pesos y 1.691 socios, Cooperbase es una entidad sólida que ofrece los siguientes servicios: ahorro pro-

gramado (4% efectivo anual), CDAT (hasta del 6.75% efectivo anual), créditos de libre inversión (tasa de interés

desde el 0,98%), créditos educativos y convenios con entidades prestadoras en seguros, salud, telefonía celular y

una ley de seguridad y defensa y una estrategia integral. La ley no existe en el país desde hace muchos años. Si se formalizara ahora se proveería al Estado de un soporte legal que le permita garantizar una paz estable a través de operaciones de la Fuerza Pública y entidades pertinentes, diseñando planes, metodologías, estrategias, presupuestos, controles y procedimientos que conduzcan a acciones que garanticen una estabilización del país en todos sus órdenes. Esta ley, además, debe corregir las deficiencias que en este sentido ha tenido el Estado por más de 55 años. El buen cumplimiento de esta ley sí debe mostrar resultados tangibles en cuanto a soberanía y seguridad nacional, es decir, en cuanto a la erradicación definitiva de la criminalidad y la violencia organizada. El otro instrumento fundamental para la defensa y seguridad nacional es una estrategia integral que cubra las áreas afectadas por la violencia, el narcotráfico, la minería ilegal y la inseguridad existentes. Estas estrategias, una para cada caso, deben sustentarse en bases políticas, diplomáticas, jurídicas, sociales y militares que eliminen el potencial y la capacidad de daño de las organizaciones criminales y neutralicen los efectos de los entes que las apoyan. Asimismo, debe negarles a los violentos los espacios que han permitido su accionar, a la vez que proporcionarle al Estado los instrumentos que lo fortifiquen. También debe reforzar la voluntad política y la firmeza en la decisión gubernamental para eliminar inconsistencias institucionales y consolidar la coherencia estatal a fin de darle término a las inestabilidades políticas, sociales y económicas del país como la impunidad, la corrupción, la deficiencia en la gestión y el desenfoque estatal en el manejo de los procesos oficiales, y darle al Estado la dirección exacta y los alcances propios para una estabilización permanente. Del mismo modo, las estrategias que se diseñen deben combatir todos los fenómenos de violencia, la subversión armada y política, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia común y organizada, la minería ilegal y el daño ambiental. Lo que indica que debe complementarse con la Ley de Seguridad y Defensa que se propone. Existen centros de análisis de la seguridad nacional que han elaborado proyectos sobre una ley de seguridad y defensa y sobre una estrategia integral.

bienestar. Cooperbase incentiva la cultura del ahorro, otorga auxilios a sus socios (calamidad y fallecimiento, entre otros) y ofrece créditos promocionales a asociados con capacidad de pago sin tener en cuenta mínimo de aportes o tiempo de antigüedad, sin cobro de seguro de vida ni estudio de crédito. La sede principal está situada en la carrera 8 # 52-60, en el barrio La Base, en Cali, teléfonos 3087199 y 4437711. Así mismo, para atender a los asociados en Bogotá, abrió oficina en la calle 44 A # 53-67, en el barrio La Esmeralda, teléfonos 7047924 y 3243232.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Memoria histórica

¿Santafé o Santa Fe?

Pocas veces se encuentra un vocablo cuyo uso se estile de diferente manera como Santafé o Santa Fe al hacer referencia a la ciudad fundada en el Nuevo Reino de Granada. ¿Cómo se escribe está palabra? ¿Cuál es la forma correcta? POR: CORONEL (RA) MANUEL JOSÉ SANTOS PICO

uando los Reyes Católicos aceptaron la propuesta de Cristóbal Colón de buscar un camino diferente por occidente para llegar a la India, elaboraron un documento conocido como las Capitulaciones, que fue firmado el 17 de abril de 1492 en la población de Santa Fe, en la provincia de Granada. Este otorgaba a Colón el título de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios descubiertos durante su expedición y se le otorgaba el 10% de los beneficios obtenidos. El nombre de la población se escribe con palabras separadas: Santa Fe. La historia narra que, en su viaje al centro del Nuevo Reino de Granada, Jiménez de Quesada construyó 12 cabañas y una capilla en la plaza de las Yerbas o Chorro de Quevedo, situada en el sector de Thybzaca o Tybsaquillo, hoy Teusaquillo. Allí realizó un acto simbólico de fundación de una población el 6 de agosto de 1538 con el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces no es cierto que haya bautizado este pueblo con el nombre de Santa Fe, en memoria de la ciudad donde él había nacido en España, como lo afirman algunos historiadores. Sin embargo, existe un debate aún inconcluso sobre la fecha de la fundación de la ciudad y la forma correcta de escribir su nombre, máxime cuando la legislación española de la época ordenaba que al momento de fundar una población o ciudad debía establecerse un Cabildo, nombrar regidores, otorgar el derecho de posesión de las viviendas, trazar las calles e, incluso, identificar el

punto de ubicación de una plaza mayor. Así no acaeció aquel 6 de agosto de 1538, como quiera que sólo se realizó un acto de posesión militar y se celebró una misa. En 1539, con la llegada de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmann a la sabana de Bogotá, se suscitó una discusión sobre esta fundación y los derechos de cada uno, bajo los conceptos jurídicos existentes para los conquistadores españoles. La diferencia fue solucionada inicialmente con un acto jurídico celebrado el 27 de abril de 1539 y protocolizado el 13 de mayo de ese año con la elaboración de la primera acta que creaba un cabildo y nombraba a Hernán Pérez de Quezada como gobernador, capitán y justicia mayor. En el primer párrafo de este documento se lee: “En la ciudad de Santafé que es de este Nuevo Reino de Granada, provincia de la ciudad de Santa Marta a los trece días del mes de mayo de mil quinientos treinta y nueve…” En este documento, el nombre de la ciudad aparece como una palabra compuesta. En el libro titulado Cabildos de Santafé de Bogotá, publicado en marzo de 1957 por el ministerio de Educación Nacional −con una nota que dice “Tomado del Boletín de Historia y Antigüedades número 52, de 1908, Año V, página 230 y 231”− se transcriben las actas del Cabildo de Santafé desde 1539 hasta 1810. La mayoría de los escribanos registran la palabra como Santafé, unida y con tilde; con todo, existen tres actas donde aparece consignada la expresión Santafé de Bogotá −actas del primero de abril de 1661, del 20 de mayo de 1761 y

del 7 de diciembre de 1809−. ¿Por qué lo hicieron? ¿Errores o imprecisiones involuntarias? Históricamente se afirma que mediante Real Cédula del Emperador Carlos I, se elevó la condición de pueblo a la de ciudad de Santafé el 27 de julio de 1540. En estos relatos se usa también la palabra Santafé unida. En la actualidad se está localizando este documento, toda vez que no existe en el Archivo General de la Nación ni en el Archivo de Bogotá. Revisado el Índice de Reales Cédulas y Órdenes existente en el Archivo General de la Nación, no se encontró este documento, siendo el primer registro de 1541. En este índice, que contiene todas las Reales Células existentes en el Archivo General de la Nación, se encontró que al referirse al nombre de la ciudad, esta se escribe unida y con tilde. En un mapa del Nuevo Reino de Granada elaborado por orden del Virrey José Espeleta con fecha 1742 y corregido en 1756 aparece la palabra Santafeé, unida, con doble e y acento en la segunda e. En cartografía se encontró un cambio en 1796 en una litografía bajo el título de Carta del Virreynato de Santafé de Bogotá, copia de Mr. D´Anville y en un plano de la ciudad de 1791 aparece la palabra Santa Feé, separada y con doble e, la segunda con tilde. Entonces, ¿cuándo y por qué se empezó a escribir de manera separada el nombre de la ciudad fundada en el Nuevo Reino de Granada? Según un texto de Felipe Guamán Poma de Ayala, bajo el título de Nueva Crónica de 1615, se escribe “Santa Fe de Bogotá, ciudad tiene gouernador (sic)” en forma separada. ¿Fue aquí? ¿Error involuntario o impre-

cisión de este autor? Se conoce con certeza que el origen de esta palabra es español. Fue tomada para bautizar otras dos ciudades en América: Santa Fe, capital del estado de Nuevo México, en los Estados Unidos, fundada en 1610, y Santa Fe, en Argentina. Entonces, ¿cuándo se alteró o cambio la forma de escribir esta palabra en Colombia: Santafé por Santa Fe. Hasta hoy nadie lo sabe con precisión; veamos: En el Memorial de Agravio elaborado por Camilo Torres el 20 de noviembre de 1809 aparece este vocablo unido. Así también se registró en el Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810 que se encuentra en la Biblioteca Nacional en una litografía adaptada del original a pluma de José Simón Cárdenas (1853), donde aparecía escrita unida y con tilde. El 30 de agosto de 1821, cuando se formalizó jurídicamente la creación de la República de Colombia, durante la aprobación de la constitución de Cúcuta, se reemplazó el nombre de Nueva Granada por el de Cundinamarca con Bogotá como su capital. En ese entonces se suprimió la palabra Santafé. A partir de este momento siempre se utilizó sólo la palabra Bogotá para referirse a esta ciudad. En 1991, la nueva Constitución determinó que la capital de la república era Santa Fe de Bogotá (artículo 322), primera y única vez que se oficializó esta expresión en dos palabras, situación que fue cambiada nuevamente en el año 2000 por el de Bogotá. En esta ocasión se utilizó la expresión separada. ¿Por qué se insiste en este error? Esta corta investigación permite concluir que la palabra correcta para referirnos al nombre original de Bogotá es Santafé, tal y como quedó protocolizado el día exacto de su fundación (13 de mayo de 1539). El uso lingüístico “Santafé de Bogotá” corresponde a una expresión popular, sin fundamento jurídico en los registros oficiales −salvo los tres escribanos mencionados párrafos arriba−. Ha sido utilizada esporádicamente por algunos periodistas, escritores o historiadores, como en la portada del libro Cabildos de Santafé de Bogotá, y en las placas de piedra colocadas en el primer piso de la Alcaldía Mayor de la ciudad como información turística.

El Ejército Nacional recuerda a sus héroes víctimas del ataque a El Billar 64 uniformados murieron, 19 resultaron heridos y 43 más fueron secuestrados en uno de los ataques más cruentos perpetrados por las Farc contra integrantes de la Fuerza Pública. POR: MARÍA JOSÉ MOLANO, PERIODISTA CEDEC 11, EJÉRCITO NACIONAL

l primero de marzo de 1998 se convirtió en el día que cambiaría la vida para 123 integrantes del Batallón Contraguerrillas Nº 52, adscrito a la Brigada Móvil Nº 3, que operaba en el departamento del Caquetá. La unidad había recibido la misión de desplazarse hacia el municipio de Cartagena del Chairá, con el fin de evitar una incursión guerrillera con la que se buscaba afectar las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo ese

fin de semana. Mientras los uniformados se desplazaban por la zona conocida como la quebrada El Billar, fueron atacados por aproximadamente 600 miembros de las Farc, quienes, mediante el uso de armas no convencionales, intentaron evitar el avance de las tropas. La superioridad numérica y el retraso en la llegada de refuerzos, dadas la condiciones meteorológicas y otros factores, hicieron que los com-

bates no cesaran sino cuatro días después. Como resultado de este ataque, 64 miembros de la Institución fueron asesinados, 19 resultaron heridos y 43 iniciaron un largo periodo de cautiverio. En el 2001, 38 soldados secuestrados retornaron a sus hogares; sin embargo, los cinco suboficiales (los sargentos José Ricardo Marulanda, Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, José Miguel Arteaga y William Pérez) permanecieron en poder de las Farc, sufriendo toda clase de bejámenes, al ser catalogados como “canjeables” por el entonces

grupo al margen de la ley. El 2 de julio del año 2008, gracias a la exitosa operación Jaque, tres de ellos recuperaron la libertad después de permanecer 10 años y cuatro meses en cautiverio; no obstante, los sargentos Luis Alfonso Beltrán y Luis Arturo Arcia continuaron secuestrados, completando 14 años y 27 días, hasta el día de su liberación que llegó finalmente el 2 de abril de 2011. El Ejército Nacional recuerda a sus héroes y a sus familias; su entrega y sacrificio jamás serán olvidados.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

XXIV Encuentro

Nacional Acore 12 al 18 de junio

MOMPOX El imponente pero sutil distrito del departamento de Bolívar, declarado patrimonio arquitectónico de la humanidad por la Unesco. ‘La Tierra de Dios’, como es mejor conocida, cuenta con inmensas casonas coloridas que permanecen en pie desde la época de la colonia y sus historias se cuentan, se cantan y se tocan en cada esquina.

BARRANQUILLA Es conocida como La Puerta de Oro de Colombia por haber sido el punto de entrada al país de adelantos como la aviación y el teléfono, de miles de extranjeros y de deportes como el fútbol y el béisbol.También se le conoce como La Arenosa y Curramba la bella.

Teresa Romero: 3450511 ext 118 - 3104800897 acoreturismo@hotmail.com

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Mesa de Trabajo Permanente

Mesa de Trabajo se reunió con Mindefensa POR: JUAN DAVID RAMÍREZ, SECRETARIO MTP

or invitación de Guillermo Botero Nieto, ministro de Defensa Nacional, el pasado 25 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el alto mando militar y una delegación de Generales y Almirantes de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional (MTP). La agenda propuesta por la MTP incluyó los siguientes temas: seguridad jurídica de la Fuerza Pública frente a la Jurisdicción Especial para la Paz; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; proyecto ley de veteranos; Sistema de Salud de las Fuerzas Militares; derecho operacional y fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza; ley de seguridad y defensa nacional; ley antiterrorista frente a las distintas amenazas de orden interno y externo que afectan al país; resumen de la Política de Defensa y Seguridad; irretroactividad de la acción disciplinaria para miembros de la Fuerza Pública y carta al de la República sobre la ley estatutaria de la JEP. El titular de la cartera de Defensa se refirió a cada uno de los temas propuestos. En primer lugar, señaló que su despacho avala el proyecto de ley que continúa su trámite en el Congreso de la República respecto a inclusión de 14 nuevos magistrados en la JEP para juzgar a los integrantes de la Fuerza Pública. Sobre la Ley de Veteranos dijo que se enviaron al Congreso nuevas propuestas y que se prevé la necesidad de obtener recursos del orden de 75 mil millones de pesos para su financiación. Respecto a los demás temas planteados en la agenda, el ministro Botero Nieto adquirió compromisos puntuales que contaron con la anuencia de los representantes de la MTP que se reunieron con él. Sanidad, capítulo aparte El ministro de Defensa dijo que la urgente solución a las deficiencias que presentan los sistemas de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, serán motivo de atención preferencial. Para ello, anunció un plan de trabajo en cabeza del viceministro Gustavo Muñoz Arboleda, responsable del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, Gsed. En relación con la inoperancia en la sistematización del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, Botero Nieto dijo que se ha recurrido a expertos ajenos a la institución a fin de realizar estudios internos de factibilidad y buscar así las adecuaciones necesarias. Sobre este particular, el Brigadier General Guillermo Bastidas, representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. insistió en la importancia de resolver de una vez por todas este problema, el cual afecta la distribución de los recursos de salud e impacta de manera directa las

finanzas del subsistema, en desmedro de los usuarios. El Brigadier General Bastidas Ordóñez le reiteró al ministro que el servicio de sanidad militar es el único del país que no está sistematizado, pese a que durante más de diez años se han ensayado alternativas costosas e inocuas, invirtiendo más de 120 mil millones de pesos. Por ejemplo, la firma Codaltec, contratista responsable de la vertical de salud, acaba de ser relevada del manejo del data center. El primer contrato se firmó en 2008 con la firma Red By Tech para implementar la plataforma SAP con plazo 2010. Esta es compleja, costosa e incompatible con los servicios de salud y ninguna EPS del mundo la utiliza, aspecto que no se verificó previamente. El Sisam y ahora Salud SIS, que es el mismo proyecto con otro nombre, es un bolsillo roto para el presupuesto nacional, un monumento al despilfarro y una tragedia de alto riesgo para los usuarios del subsistema. Ahora se dice que la solución se verá en el 2022, siempre y cuando se doble el presupuesto que ya se gastó. El sistema de información es el cerebro y el sistema nervioso de una EPS. Es la herramienta indispensable sin la cual no es posible la unidad de gestión y la integración funcional. Sin esta herramienta es deficiente la distribución acertada y el control de la aplicación de los recursos e imposible lograr la autorización y coordinación oportuna de servicios médico-asistenciales, tanto en la red interna como en la externa.

Si la información no es veraz y en línea, agregó el Brigadier General Bastidas Ordóñez, es imposible gerenciar con éxito un servicio de salud de cobertura nacional donde se debe suministrar el servicio de salud integral a más de 680 mil usuarios dispersos en el territorio nacional. La Dirección General de Sanidad Militar debe saber cuántos usuarios tiene, dónde están y de què se enferman para poder circunscribirlos por regiones y aplicar acertadamente los recursos. “Nadie administra un presupuesto de más de un billón trecientos sesenta mil millones de pesos sin un sistema integral de información”, agregó. El representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. dijo que si a esto se añade la ausencia de directivos especializados idóneos que administren el servicio y entiendan el concepto de sistema de salud, la crisis se agudiza. “La Dirección General de Sanidad Militar no tiene capacidad gerencial y se convierte en un ente burocrático que recibe el presupuesto, compra los medicamentos y los distribuye sin responsabilidad, tarea podría hacer mejor una fiducia”, precisó. Bastidas Ordóñez entregó, además, al Mindefensa, un documento con las observaciones y recomendaciones para la reorientación del servicio de sanidad militar y le reiteró que de todos los problemas que tiene el subsistema de

salud militar necesitan solución prioritaria urgente, y amerita una revaluación total por parte de una interventoría externa especializada, porque “se trata del alma y corazón del servicio y es el generador del caos organizacional, operativo y financiero”. Finalmente, el ministro Botero Nieto dijo que él recurrirá a la ayuda de empresas importantes como Colpatria, Carvajal S.A. y Bavaria, entre otras, a fin de adelantar una evaluación del proceso y definir qué se va a conservar de lo que se ha hecho en materia de sistematización del servicio de sanidad militar y qué hay que desechar. Por parte de la MTP asistieron a la reunión: General Alejandro Navas Ramos, excomandante de las FF. MM.; Almirante David René Moreno Moreno; ex jefe del Estado Mayor Conjunto; generales Hernán José Guzmán Rodríguez y Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar; excomandantes del Ejército Nacional; generales Alfredo Ortega Caicedo y Fabio Zapata Vargas, excomandantes de la Fuerza Aérea; Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, presidente nacional de Acore; Brigadier General Guillermo Bastidas Ordóñez; representante ante el Comité de Salud de las FF. MM.; contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña y vicealmirante Luis Ordóñez Rubio, de la Armada Nacional y General Luis Ernesto Gilibert Vargas, del consejo de exdirectores de la Policía Nacional, y Mayor General Héctor Darío Castro Cabrera, del cuerpo de generales de la Policía Nacional.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Mesa de Trabajo Permanente Pronunciamiento ante la Opinión Pública Nacional Persistente Agresión de José Miguel Vivanco a Nuestras Instituciones Castrenses

l Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa perteneciente a las distintas asociaciones y unidades simbólicas de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, aquí firmantes, rechaza una vez más en forma categórica la nueva campaña mediática de desprestigio urdida en contra de nuestras instituciones castrenses por parte del señor José Miguel Vivanco, actual director para las Américas de la ONG HUMAN RIGHTS WATCH. Esta nueva agresión se ha hecho pública mediante un escrito que circula profusamente a través de las redes sociales y distintos medios de comunicación bajo el título “COLOMBIA: Nuevos Comandantes del Ejército estarían vinculados con falsos positivos”. Para este caso en particular, pone en tela de juicio el nombre de nueve prestigiosos generales de la República, víctimas de imputaciones sin mayor sustento probatorio, como parte de la habilidosa guerra jurídica y mediática, que la extrema izquierda radical, nacional e internacional, en forma permanente y sistemática, ha venido realizando desde distintos escenarios, contra miembros de nuestras instituciones militares y de policía. Los supuestos hechos señalados como posibles conductas de tipo irregular, fueron suficientemente aclarados por el Ministerio de Defensa Nacional, y desde

tiempo atrás, son motivo de averiguación por parte de las autoridades judiciales de la nación. Por principios elementales de legalidad, y bajo el concepto de lo que significa la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, por ninguna circunstancia se faculta a esta ONG, supuestamente defensora de los derechos humanos, para violar flagrantemente y en forma tendenciosa, este principio universal del derecho internacional consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tales circunstancias, estas otras amenazas de José Miguel Vivanco, no son nada novedoso y antes por el contrario, perfectamente entendibles, dada su posición radical antimilitarista que ha mantenido desde tiempo atrás, con el supuesto argumento de ser uno de los grandes defensores de los derechos humanos a nivel internacional. Su injerencia indebida en decisiones soberanas de los Estados, tal como ha ocurrido no solamente en Colombia, sino en otros países de la región, donde lo han acusado públicamente de recibir financiaciones inapropiadas, o de asumir posiciones sesgadas para proteger intereses ajenos a la verdadera razón de ser de la ONG a la que pertenece, ha generado múltiples rechazos, que inclusive han dado pie a su expulsión de países donde ha actuado irregularmente. La mayor parte de sus procedimientos

y polémicas intervenciones, siempre han girado alrededor del caso colombiano, especialmente desde la época en que se desempeñó como asesor jurídico y abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos años, y en su condición de Director para las Américas de HUMAN RIGHTS WATCH, ha incrementado sus continuos ataques a nuestras instituciones castrenses, junto con algunas ONG de carácter nacional que le son afines, tales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organismo auspiciado por la Comisión Colombiana de Juristas, cuya posición ideológica de extrema izquierda radical, es ampliamente conocida. El abuso del poder mediático, habilidosamente utilizado por Vivanco para imputar graves acusaciones contra comandantes militares o policiales, sin aportar prueba creíble alguna, se ha convertido en un procedimiento habitual y sistemático, con el cual pone en la picota pública internacional a quienes ejercen o han ejercido responsabilidades de mando al interior de nuestras instituciones castrenses. Para confirmar buena parte de lo anteriormente expuesto, basta solamente consultar los distintos buscadores electrónicos que ofrece el internet, donde se señala lo que realmente puede existir detrás de esta ONG, su alineación y vínculos con ciertos grupos de presión intervencionista y sesgos

Primera reunión de la MTP POR: JUAN RAMÍREZ A., SECRETARIO EJECUTIVO MTP

l nuevo Código Disciplinario y el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre su intención de reabrir procesos contra miembros de la Fuerza Pública, que, a juicio de la reserva activa y a la luz de la legislación nacional, prescribieron, fueron los temas principales que se tra-

taron en el marco de la primera reunión de la Mesa de Trabajo Permanente, MTP. Así mismo, la MTP abordó temas relacionados con la memoria histórica y la necesaria participación del Centro de Análisis de la Reserva Activa creado por la MTP para aportar la verdad de la Fuerza Pública al Sistema Integral

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Bajo la premisa de la unión, la MTP tiene como objetivo vital integrar a la reserva activa e identificar las necesidades y problemáticas de la Fuerza Pública, para así definir estrategias concretas que lleven a las posibles soluciones de estas necesidades o preocupaciones. Queremos recordar a los lectores que la

políticos ideológicos que le restan credibilidad, independencia y autonomía. En representación del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones: Acore. Consejo de ex Directores y Comandantes de la Policía Nacional. Colegio de Generales de la Policía Nacional. División de Infantería “José María Cordova”. Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana “Asorfac”. Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol”. Grupo de Artillería Santa Barbara. Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva “Francisco José de Caldas”. Regimiento de Caballería “San Jorge”. Agrupación de Oficiales de Comunicaciones “Manuel Murillo Toro”. Unidad Simbólica Antonio Ricaurte. Asociación de Ex Alumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares Caem e Integral de Defensa Nacional Cidenal”Asocaci”. Colegio de Coroneles de la Policía Nacional. Asociación Oficiales Veteranos de Corea “Asovecor”. Asociación Internacional de Lanceros “Interlanza”. Asociación de Paracaidistas “Asipar”.

MTP está compuesta por 17 asociaciones y unidades simbólicas que aglutinan a representantes de la Reserva Activa de todas nuestras fuerzas armadas: Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional. Colegio de Coroneles de la Policía Nacional de Colombia, Ascorp. Colegio de Generales de la Policía Nacional. Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, Acorpol. Consejo de exdirectores y ex comandantes de la Policía Nacional. Asociación de Oficiales Retirados de la Fuerza Aérea Colombiana, Asorfac. Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares (Caem) e Integral de Defensa Nacional (Cidenal), Asocaci. Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, Acore. Asociación Colombiana de Oficiales Veteranos de Corea, Asovecor. Asociación Internacional de Paracaidistas de Colombia, Asipar. Liga Marítima Colombiana, Lincol. Las unidades simbólicas son: División de Infantería ‘General José María Córdova’. Grupo de Artillería ‘Santa Bárbara’. Grupo de Ingenieros Militares de Reserva ‘Francisco José de Caldas’. Regimiento de Caballería ‘San Jorge’. Unidad Simbólica Antonio Ricaurte. Asociación Internacional de Lanceros. Interlanza. Agrupación Gremial de Comunicaciones ‘Manuel Murillo Toro’, Agrucom.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Mesa de trabajo permanente

Nueva carta de la MTP al presidente Duque

“Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2019

relación con las observaciones que se formulan en el Anexo 2 de este documento, a fin de garantizar la seguridad jurídica y blindaje internacional, a militares y policías incursos en conductas penales por motivo del conflicto.

Señor Doctor IVAN DUQUE MARQUEZ Presidente de la República Ciudad Referencia: Preocupaciones sobre Tratamiento Especial Diferenciado para miembros de la Fuerza Pública frente a la JEP. Señor Presidente: Cursa actualmente en su despacho para sanción presidencial el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como resultante del Acto Legislativo vigente, según acuerdos realizados con el hoy partido político de las FARC. Conscientes de la difícil determinación de objetar o no por conveniencia, este cuestionado proyecto de ley, en virtud de los múltiples reparos presentados, tanto por la Fiscalía General de la Nación, como por algunas bancadas del Congreso de la República, nos permitimos proponer: En caso de no ser objetado este proyecto de Ley, surge como alternativa una objeción parcial o un acto legislativo que modifique actualmente el vigente, en forma tal que la nueva ley estatutaria, corrija lo pertinente frente a los distintos reparos que se han formulado sobre el particular. Desde la reserva activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, en su momento oportuno hicimos ver al gobierno nacional (febrero de 2017), la importancia de garantizar la seguridad jurídica y el blindaje internacional para los miembros de la Fuerza Pública en situación subjudice por causa del conflicto. Dentro de este concepto se hace necesario establecer con claridad las reformas requeridas a este acto legislativo, con mecanismos apropiados que generen confianza y cumplan su cometido en el Tratamiento Especial Diferenciado para estos servidores de la patria. (Anexo 1: SEGURIDAD JURIDICA DE LA FUERZA PUBLICA FRENTE A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ- JEP-) Revisar el proyecto de Ley Estatutaria pendiente para sanción presidencial en

Consecuente con lo anterior, Señor Presidente, estaremos atentos a su determinación, esperando que esta propuesta sea tenida en cuenta para bien de nuestras instituciones armadas al servicio del país. Anexo 1: SEGURIDAD JURIDICA DE LA FUERZA PUBLICA FRENTE A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ- JEP-). Anexo 2: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA PENDIENTE PARA SANCION PRESIDENCIAL. Cordial y respetuosamente, En representación del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones: Acore. Consejo de exdirectores y excomandantes de la Policía Nacional. Colegio de Generales de la Policía Nacional. División de infantería ‘José María Córdova’. Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Asorfac. Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, Acorpol. Grupo de artillería ‘Santa Bárbara’. Grupo de Ingenieros Militares de Reserva ‘Francisco José de Caldas’. Regimiento de Caballería ‘San Jorge’. Agrupación Gremial de Comunicaciones ‘Manuel Murillo Toro’, Agrucom. Unidad Simbólica Antonio Ricaurte. Asociación Internacional de Lanceros. Interlanza. Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares (Caem) e Integral de Defensa Nacional (Cidenal), Asocaci. Colegio de Coroneles de la Policía Nacional. Asociación Colombiana de Oficiales Veteranos de Corea, Asovecor. Asociación Internacional de Paracaidistas de Colombia, Asipar (SIC)”.

Acore, importante grupo de presión Lejos de cualquier interés de carácter político, Acore debe continuar actuando de esta manera para cumplir la tarea que estatutariamente le corresponde. POR: BRIGADIER GENERAL (RA) JAIME RUIZ BARRERA

os grupos de presión siempre se caracterizan por ser organizaciones dedicadas a la defensa y protección de los intereses que le son comunes a todos los individuos que los integran. Sus principales acciones deben estar orientadas a influir en los distintos estamentos del Estado o en las respectivas ramas del poder, para obtener resultados que sean favorables a sus propios fines. En términos más coloquiales, no es otra cosa que hacer “lobby” o “cabildeo” para lograr lo que institucionalmente corresponde. En algunas ocasiones estos grupos de presión se alejan de sus intereses de carácter gremial y se convierten en movimientos de tipo político, para satisfacer intereses muy personalistas de quienes los lideran. Ese es el caso de algunas de nuestras asociaciones de la reserva activa que han perdido su norte y consecuentemente su razón de ser. En ninguna circunstancia, Acore puede incurrir en errores semejantes. A través de todas sus actuaciones debe ser con-

secuente con los objetivos y valores supremos que se fijaron desde el momento mismo de su creación. Su objeto social, debe ser inmodificable. En esto debe haber absoluta claridad para evitar confusiones o malas interpretaciones. En relación con este tema, es mucho lo que se ha dicho y escrito. Todos somos conscientes de la importancia de la unidad e integración de todas nuestras reservas, para que fortalecidos como gremio, nos constituyamos en un grupo importante de presión que nos permita llegar a toda las instancias del poder en procura de soluciones prontas y eficaces, frente a los múltiples problemas que nos afectan, tanto a nosotros, como a quienes se encuentran en servicio activo. En este sentido, siempre debemos recordar, que somos una misma institución, conformada por quienes ya no portamos nuestro uniforme y quienes por ahora, aun lo siguen portando. Todos tenemos los mismos intereses por los cuales hay que luchar y proteger. Fortalecernos como grupos de presión, es la tarea por cumplir y es lo mínimo

que esperan todos nuestros asociados. Para lograr este propósito, hay que ser supremamente cuidadosos. Los grupos de presión, aunque no son de carácter político, tal como ya se dijo, fácilmente pueden desviarse de sus objetivos y convertirse en movimientos de este tipo. Dentro de este concepto de unidad, siempre ha existido la inquietud de impulsar todos aquellos proyectos políticos que, desafortunadamente, se han quedado a mitad de camino en el pasado. A mi juicio, independientemente de esa indiferencia y falta de persistencia que nos ha caracterizado, el problema principal se ha presentado por la ausencia de una motivación adecuada, que arrastre, encause y motive todo ese descontento y nos haga ver con claridad la importancia de lograr cuotas mínimas de poder que se constituyan en el instrumento apropiado para la obtención de todo lo que nos propongamos. Para satisfacer esta inquietud, es importante revisar cuidadosamente todo lo que se ha hecho en épocas recientes, para evitar la comisión de los mismos errores. Debemos superar ciertos protago-

nismos e intereses personalistas, para lograr la unidad que tanto pregonamos. No es tarea fácil, pero tampoco imposible. Hay que intentarlo, y este es precisamente el principal reto que nos podríamos imponer frente a las actuales circunstancias. Si queremos una cuota de poder a través de la actividad política, hay que trabajarla. Quienes tengan la intención de participar en la próxima contienda electoral y postular su nombre para cualquier cargo de representación popular, debe llegar a acuerdos con quienes tengan la misma aspiración y establecer unas reglas de juego que se deban cumplir, para evitar la dispersión de esfuerzos, que es lo que habitualmente nos ha conducido a la derrota. Acore no tiene ni puede tener participación directa en este tipo de contienda por las razones ya expresadas. Sin embargo, podría actuar según las circunstancias, en condición neutral como facilitadora o mediadora, en la búsqueda de un buen entendimiento entre quienes aspiren a postularse, para lograr la unidad de esfuerzos entre los potenciales electores y buscar así, mejores resultados.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Instituciones

El objetivo es estar más cerca del ciudadano

Policía plantea horizontes estratégicos de seguridad

POR: BRIGADIER GENERAL RAMIRO ALBERTO RIVEROS AREVALO JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN POLICÍA NACIONAL

El proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y el desarrollo de alternativas viables para el avance institucional, determinan la hoja de ruta de la Policía Nacional en su Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

a planeación estratégica recurre a diferentes metodologías para definir el marco de la gestión de una Institución. La Policía Nacional siempre está en la búsqueda de hallar la mejor de todas, en función de su dinámica organizacional y en alineación con los parámetros del sector Defensa. Bajo estos preceptos y en coherencia con el proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y la Visión 2030 (‘Policía, autoridades y comunidad - hacia un desarrollo sostenible’) se definió el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 ‘Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad’ (PEI). El PEI plantea como mega para estos cuatro años cumplir con el servicio de policía a través de la unidad institucional, para responder a los diversos comportamientos generacionales que impacten en la convivencia, mediante la innovación, el uso de herramientas tecnológicas y la optimización de recursos. Además, se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 20192022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, la ‘Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad’, la ‘Política para la Estabilización’ y la ‘Política de Seguridad y Convivencia’ (en construcción), del gobierno nacional. Así, enmarcados en las nuevas políticas institucionales (educación e innovación policial, comunicaciones estratégicas, gestión del talento humano y cultura institucional, integral de transparencia policial y buen uso de los recursos), la Policía Nacional definió 20 objetivos estratégicos y marcó cuatro horizontes, bajo una organización transversal estructurada en torno al análisis y construcción de futuro, que se orientan a: la convivencia, la disrupción del crimen y reducción del delito, la participación cívica y la cooperación internacional integral y dinámica.

La convivencia Está definida en el Código Nacional de Policía y Convivencia como “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”. Bajo este horizonte estratégico, la institución busca optimizar el servicio de policía para el ciudadano en las calles. Como iniciativas se plantea la priorización de recursos para la vigilancia, el incremento de uniformados en actividades de vigilancia, la reestructuración del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes mediante la integración de las especialidades, inteligencia e investigación criminal; el robustecimiento de las capacidades tecnológicas; modernizar los CAI con una oferta de valor público de multiservicios y el despliegue del programa de mediadores policiales. Igualmente, se desarrollará un modelo de análisis predictivo del delito y herramientas para mejorar la capacidad de análisis, lo anterior unido a la plena implementación y apropiación del Código Nacional de Policía y Convivencia por parte del ciudadano. Para la gestión territorial de la seguridad se promoverá una mayor articulación y coordinación con las autoridades político-administrativas y judiciales y en coordinación con el ministerio del Interior se generará un modelo efectivo de articulación con los territorios que incluye asistencia y asesoría técnica para la estructuración y ejecución de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc), así como para su seguimiento y evaluación. Se mantendrá el Modelo de Construcción de Paz para la consolidación de los Acuerdos de Paz y el despliegue del Sistema Integrado de Seguridad Rural (Siser), a fin de velar por la convivencia del campesino y la seguridad en las áreas rurales. También se incluye

el despliegue progresivo y priorizado de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía de Turismo, la Policía Ambiental y Ecológica. El análisis y estudios para el abordaje de la conflictividad social y una línea de acción específica frente al tema de derechos humanos. Disrupción del crimen y reducción del delito Este horizonte hace referencia a las acciones enfocadas en reducir el delito, atacar el crimen y romper su cadena criminal; determinar acciones en contra de las economías ilícitas y renovar herramientas de análisis, georreferenciación y anticipación del delito, focalizando fenómenos, actores y el territorio para la gestión y planeación del servicio de policía a partir de estrategias operativas y la priorización, sumado al trabajo coordinado con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, entre otros. La lucha contra el crimen organizado exige un carácter sistémico y, por lo tanto, todas las estrategias, proyectos, planes, programas, capacidades y recursos institucionales que permiten luchar efectivamente contra las diferentes formas de criminalidad organizada, no pueden ser abordados de manera aislada. En consecuencia, la noción de disrupción del crimen hace parte de estas acciones, para lograr la ruptura de los componentes esenciales de las cadenas criminales y para interrumpir la activi-

dad delictiva. Este horizonte contempla además, mantener la ofensiva nacional contra el delito “El que la hace la paga”, a través de planes de choque y diferenciales por delitos priorizados en las principales ciudades, particularmente los que más están afectando al ciudadano e impactando en la percepción y confianza social. Los esfuerzos institucionales se enfocarán en el fortalecimiento de las capacidades operativas, de inteligencia, investigación criminal, de coordinación interinstitucional y entendimiento multilateral que permitan resultados más eficaces para afectar proporcionalmente todos los eslabones del crimen organizado y el delito, de la mano de los ajustes normativos y de la política pública con enfoque integral. Participación cívica La participación cívica es el tercer horizonte que se entiende como la vinculación voluntaria del ciudadano para el despliegue de acciones colectivas de prevención frente a hechos de violencia, ejecución de delitos y comportamientos contrario a la convivencia, a través del liderazgo de la Policía Nacional, de manera que se fomenten los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz. Este horizonte tiene como objetivo SIGUE PÁGINA 16

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Instituciones

VIENE PÁGINA 15

fortalecer tanto la participación cívica, a través de la oferta institucional en prevención, así como los canales para el relacionamiento entre policía, comunidad y autoridades político-administrativas, en función de la convivencia ciudadana. En primer lugar, la Policía Nacional, a través del Sistema de Prevención, Seguridad y Convivencia Ciudadana, implementará un renovado desarrollo metodológico que establece las pautas para orientar el servicio de policía en todos los niveles de despliegue. Parte de la definición de los verbos rectores que orienta la implementación de tres fases, así: fase 1: comprensión contextual del territorio (comprender, identificar, caracterizar, priorizar); fase 2: intervención y coordinación (intervenir); fase 3: evaluación y seguimiento (evaluar), desplegada en los niveles estratégico, táctico y operacional. Sumado a lo anterior, este nuevo enfoque en la prevención, y participación ciudadana requiere además del impulso de una Red de Participación Cívica, que “servirá de canal de comunicación en tiempo real entre la ciudadanía y las autoridades” (Bases del Plan Nacional de Desarrollo, DNP, 2018). En este sentido la Policía Nacional liderará acciones para vincular al ciudadano a las redes de comunicaciones (APK), las redes de interacción (WhatsApp, Avantel, radio), los frentes de seguridad local y empresarial y los encuentros comunitarios, para for-

talecer la comunicación oportuna entre la Policía Nacional y la comunidad, para un servicio más efectivo. La Red de Participación Cívica estará integrada además por todos los que participan en las campañas educativas, los grupos guardianes del turismo y patrimonio nacional, las vitrinas agroproductivas, las escuelas-taller de emprendimiento, los programas resembrando país y en la ruta del trabajo; o las actividades en favor del medio ambiente como escuchando al campo, expresa tu amor por el medio ambiente y ciudades verdes, entre otras.

de seguridad, como compromiso adquirido al país y a la comunidad internacional, se prevé una evolución de la cooperación internacional tradicional a una cooperación internacional técnica policial única, que permitirá dar continuidad en el escalafón de las entidades homólogas con mayor asistencia técnica policial, como fortalecimiento a la seguridad ciudadana. En conclusión, los cuatro horizontes del PEI mantienen concordancia con la

modernización y transformación de la Policía Nacional, la cual, más que una prolija iniciativa de fortalecimiento institucional es un proceso con todo lo que ello significa: ir hacia adelante en la construcción metódica de una hoja de ruta determinada por planes, objetivos y metas que tienen como propósito consolidar la confianza social mediante un servicio de policía más efectivo y cercano al ciudadano.

Cooperación internacional integral y dinámica La cooperación internacional policial más que una importante instancia para el intercambio de experiencias y capacidades es un verdadero instrumento de relacionamiento multilateral con otros cuerpos de policía. En este sentido, se busca aumentar y fortalecer aún más los mecanismos e instrumentos de cooperación como acuerdos, memorandos de entendimiento y convenios, además de materializar alianzas internacionales policiales, como un factor clave en sí mismo para lograr determinar objetivos comunes de orden global que lleven a garantizar la atención efectiva y multilateral de la criminalidad. En este contexto y con el objetivo continuar garantizando escenarios óptimos

2019, año del fortalecimiento doctrinal en todos los niveles de mando del Ejército Nacional POR: COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA – EJÉRCITO NACIONAL

as cinco direcciones que integran el Centro de Doctrina del Ejército (Cedoe) se encuentran llevando a cabo procesos con miras a continuar fortaleciendo la trasformación del Ejército. Es así como mantienen su constante evolución en pro de la Fuerza desde: la

revisión, actualización y jerarquización de las publicaciones doctrinales; la implementación de lecciones aprendidas y la reglamentación, estandarización, revisión de los términos y símbolos, distintivos, escudos y estandartes, utilizados por la institución.

Este año los avances estarán reflejados con la entrega de manuales que hacen parte de la tercera y cuarta fase de la doctrina Damasco, los cuales contienen diferentes temáticas como: seguridad militar, contrainsurgencia, actividades de gestión del espacio aéreo, tareas tácticas facilitadoras y operaciones aerotransportadas, entre otras. Su finalidad es seguir fortaleciendo las capacidades de la institución, alineadas con los objetivos estratégicos de la nación. De otra parte, el Centro de Doctrina del Ejército pondrá al servicio de los gestores de lecciones aprendidas de las unidades operativas mayores, menores, escuelas de formación, centros de capacitación y entrenamiento, la herramienta tecnológica que permitirá, entre otras tareas, producir estadísticas y conservar una memoria histórica a través de las experiencias ocurridas en el desarrollo de las operaciones militares y el entrenamiento de las unidades, lo que otorgará a los comandantes en todos los niveles del mando tener un instrumento de análisis para aprender de los errores y aciertos. Asimismo, documentos rectores que

permitirán establecer estándares para el fortalecimiento de los procesos de selección de profesores e instructores militares de la institución harán parte de los productos a entregar durante el transcurso de este periodo. Lo anterior, con el propósito de estandarizar la selección de este personal de acuerdo con la misionalidad y naturaleza de las diferentes unidades militares. Adicionalmente, en materia de términos, símbolos y cultura militar, se tiene previsto el lanzamiento de las reglas de graficación militar y de inspección de uniformes militares, herramientas destinadas a poner en práctica los conocimientos consignados en el Manual Fundamental del Ejército 1-02, conforme a la normatividad vigente. Además de la creación del Reglamento de heráldica y vexilología, que se integran al Plan Maestro anual del Cedoe. De esta manera, oficiales, suboficiales, personal de la reserva activa y civiles del Cedoe proyectan durante la conmemoración del Bicentenario, metas enfocadas en seguir contribuyendo con la misión institucional.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Misceláneos

Las comunicaciones y las instituciones armadas

ace ya algunos años un gran libre pensador francés emitió el siguiente concepto: “No hay nada nuevo bajo el sol”. Al pasar de los años, personas o grupo de científicos nos lo confirman en cada momento; en el espectro de las comunicaciones, como en el de muchos otros más, somos testigos del continuo avance que siempre nos lleva a la obsolescencia de algo que considerábamos non plus ultra. No ha mucho tiempo cuando nos comunicábamos vía Telecom con pares aislados que nos permitían velocidades estrafalarias de 9600 baudios (bits por segundo) y a la fecha son alarmantemente lentas. Hoy, en lo que ha dado en llamarse la cuarta generación en las comunicaciones se ve ya relegada con lo que se programa como la quinta generación o, en la moderna jerga, 5G. Las organizaciones se verán sumidas en un ambiente cada vez más complejo en el que las redes públicas virtuales (Virtual Private Networks, VPN) habrán de moverse eficientemente en múltiples plataformas de nubes con capacidades de procesamiento, localización y contenidos, en la actualidad inmersos en el incontrolable crecimiento de los datos. Nuestro país no es ajeno a la necesidad de acomodarse a tales nuevos requisitos pero, sin duda alguna, son las Fuerzas Armadas las llamadas a ser la punta de lanza en el nuevo ambiente. Consciente de los nuevos desafíos a los que nos veremos enfrentados, el Gobierno Nacional ha reaccionado rápidamente reorganizando su estructura. Comunicaciones y tecnología El antiguo ministerio de Comunicaciones, hoy de la Tecnología, de la Informática y las Comunicaciones, tiene una misión, visión y estrategias que han de aplicarse en todo lugar y circunstancias. Los estamentos relacionados con estos procesos son destinados a

POR: TENIENTE CORONEL (RA) MÁXIMO BARRERA LIZARAZO

llevar los recursos necesarios en el nivel nacional; instalarán, educarán, capacitarán y crearán conciencia en la población de las 32 capitales departamentales, 1.102 municipios a través del gobierno en línea con sus 16 ministerios. Las entidades gubernamentales educativas y de salud son la más beneficiadas de la implementación de planes y uso de la tecnología para los cerca de 46 millones de habitantes del país. Las entidades estatales deben propender por la instalación, desarrollo y resultados de los diferentes procesos que se cumplen a través del curso adecua-

do de las tecnologías vigentes. La industria digital debe incrementarse en los cuatro puntos cardinales en pro de su crecimiento a través de la planeación y desarrollo de la últimas tecnologías de punta disponibles por los diferentes operadores, como marcas, modelos, costos y capacidades vigentes, entre otros. El ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado recientemente, ha sido objeto de múltiples inquietudes. Reemplazará a Colciencias, hoy un departamento administrativo de la presidencia; su finalidad será la de propender por la ciencia y la tecnología en el país.

Se dice que es la educación la que debe estar adscrita al nuevo ministerio. El ministerio debe ser un lugar de encuentro y coordinación de la investigación a todo nivel y circunstancias, con participación y aceptación del resto del gabinete. Anualmente, en enero, los operadores, fabricantes y desarrolladores tanto de máquinas, aplicativos, programación, periféricos y accesorios presentan en Las Vegas (EE. UU.) la feria de la tecnología más importante del mundo. Allí se exponen no solo los modernos elementos disponibles sino las tendencias en cada una de las

áreas tecnológicas actuales y futuras que suministran a los asistentes una amplia visión de las tendencias futuras en cada uno de los espectros tecnológicos presentes. Por lo anterior y mucho más propendamos por que el ambiente de las comunicaciones sea optimizado dentro de las Fuerzas Armadas y evitemos la resistencia al cambio, desafortunada tendencia que se da no sólo en nuestro campo. Lo anterior y mucho más requiere de la toma de conciencia y el acertado empleo de los medios de comunicación vigentes en nuestras unidades.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Internacional

El ex militar Jair Bolsonaro da sus primeros pasos como presidente de Brasil centrado en una agenda que tiene como principales ejes la lucha contra la corrupción, el saneamiento de la maltrecha economía brasileña, el alineamiento con los Estados Unidos en el plano exterior y un discurso de mano dura frente a la inseguridad pública. POR: RICARDO ANGOSO

uando apenas lleva unas semanas en el poder, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se ha caracterizado por imprimir un estilo personal a su forma de hacer política y dejando bien claro que su llegada al gobierno significa una ruptura clara y rotunda con respecto al pasado izquierdista del país. Ya se ha declarado absolutamente contrario a la ideología de género y al predominio de la izquierda en la sociedad brasileña, sobre todo en lo relativo a los movimientos sociales y en la educación. También en estos días o semanas, el nuevo presidente ha querido dejar bien definido, en lo que respecta a la política exterior de Brasil, su alineamiento con los Estados Unidos sin fisuras, su rechazo y condena al régimen venezolano de Nicolás Maduro y el alejamiento definitivo del país de los antaño aliados de Lula en la región, tales como Bolivia, Cuba y Nicaragua. Bolsonaro como clara señal de por dónde van a ir los tiros a partir de ahora no invitó a su toma de posesión a los dictadores de Cuba y Venezuela. Enhorabuena al nuevo presidente de Brasil; así se hacen las cosas sin ambages. Estas primeras semanas el presidente mandó mensajes claros a sus vecinos y se reunió con los presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Claudio Macri, respectivamente, con los que pretende conformar una suerte de gran bloque político y económico en las Américas más allá de Mercosur, “club” al que no pertenecen los chilenos y que da señales de un agónico agotamiento. En uno de sus primeros viajes al exterior, tras haber estado en Argentina en un gesto que “irritó” a la diplomacia chilena, Bolsonaro viajó brevemente hasta el importante Foro de Davos, en donde dio un discurso más bien pobre, defendiendo la validez de sus ideas y la necesidad de poner fin a las políticas de izquierda en la región, al tiempo que llamaba a los empresarios extranjeros a invertir en Brasil.

¿Hacia dónde va Brasil?

Bolsonaro utilizó tan sólo seis de los cuarenta y cinco minutos que tenía asignados para dirigirse a la elite económica planetaria. A renglón seguido de estar en Davos, Bolsonaro tuvo que hacer frente a una catástrofe minera en Brasil que dejó más de 150 muertos. El presidente ya ha afirmado que el accidente será investigado y después del anuncio se sometió a una intervención quirúrgica debida a las secuelas que le dejó el atentado en la campaña electoral el año pasado. En el plano interno, el nuevo mandatario ha apostado por algunos perfiles muy conservadores al frente de algunos ministerios, como han sido los nombramientos de Ricardo Vélez, al frente de Educación; de Damara Alves, al frente de la cartera de la Mujer y Familia; del general Heleno Augusto Ribeiro, como titular de Defensa y hombre de su absoluta confianza, y de Paulo Guedes, a cargo del súper ministerio de Economía. Su discurso se centra en tres ejes fundamentales, como la lucha contra la corrupción, la liberalización económica y poner el enfoque en la seguridad pública, un asunto que preocupa especialmente a los brasileños tras haber llegado a una de las tasas de homicidios más altas de su historia. El año pasado hubo más de 60 mil en el país y se producen un promedio de 175 al día. Por lo pronto, el nuevo presidente ya ha aprobado y firmado un decreto que permite el acceso, la tenencia, el registro y la posesión de armas de fuego a todos los brasileños, en la creencia de que así podrán defenderse de los delincuentes y se frenará la inseguridad ciudadana (¿?). Dudas razonables al respecto mantienen muchos expertos, entre los que me incluyo, vistas las experiencias de los Estados Unidos en este asunto. El saneamiento de las cuentas públicas, cuando el país atraviesa un periodo de recesión o nulo crecimiento económico, pasa por la reforma del sistema de pensiones, una demanda de varios sectores económicos, y será un asunto prioritario en la agenda del presidente, pero sin perder de vista que Bolsonaro no cuenta con mayoría en el legislativo y que tendrá que tejer alianzas con otras

fuerzas para sacar adelante sus proyectos. El parlamento brasileño cuenta con 32 partidos y lograr sólidas mayorías requerirá una gran capacidad de diálogo por parte del ejecutivo del nuevo presidente, que apenas cuenta con un 10% de los miembros del legislativo en ambas cámaras –Senado y Cámara de Diputados− a su favor. Por lo pronto, a pesar de las dificultades iniciales, el país ha reaccionado bien ante las primeras medidas anunciadas por Bolsonaro y la Bolsa de Sao Paulo, el principal oráculo de la economía brasileña, la cual encadena diez récords históricos en el mes de enero. La tónica de febrero apunta al mismo camino. Los grandes retos de Bolsonaro Destacando el viento que sopla a favor, los principales retos que afronta el nuevo presidente son sobre todo económicos. El desempleo es, sin lugar a duda, el problema más grave que presenta la economía brasileña y que se dobló entre 2014 y 2018, pasando del 6% hasta casi el 13%, afectando a más de seis millones de brasileños. Además, el empleo que se crea es de mala calidad, pues las desigualdades salariales son muy altas provocando una poca o nula cohesión social y casi el 40% de los empleos creados son informales. La pobreza también aumentó en estos años de recesión, pasando de los 52 millones de pobres en 2016 a más de 55 en la actualidad, y afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres y los niños. Ligado a la pobreza está el asunto de las viviendas inadecuadas o infraviviendas, en las que viven millones de brasileños hasta llegar hasta el 13% de la población. “Más de un tercio de la población no tiene al menos uno de los tres servicios de saneamiento básico analizados: desagüe sanitario, abastecimiento de agua y recolección directa o indirecta de basura”, señalaba una nota de la BBC británica al referirse al estado de los servicios en Brasil y a las condiciones de vida de millones de ciudadanos de este país. Por último, en este cuadro de problemas

que afectan a la nación, hay que reseñar el mal estado de la educación, que tiene relación directa con el desarrollo social y económico y que es claramente muy deficiente, ya que solamente el 90% de la población infantil está escolarizada plenamente y la brecha entre la escuelas públicas y privadas es muy grande. Mientras que el 80% de los estudiantes que van a escuelas privadas, generalmente gentes de clase alta o media alta, llegan a la universidad, en las escuelas públicas, donde estudia casi mayoritariamente la población negra, solamente llegan a la enseñanza superior el 35% de los alumnos. La segregación racial, por tanto, se ve acentuada en el país por razones educativas. Los negros siguen siendo ciudadanos de segunda en Brasil y no parece que sus condiciones, a tenor de los datos objetivos y la cruda realidad, vayan a cambiar. En lo que se refiere a las acciones de “choque” importantes presentadas por este gobierno, Jair Bolsonaro ha anunciado que privatizará doce de los más importantes aeropuertos del país en una subasta a celebrar en marzo, lo que ayudará a sanear las finanzas públicas, y simboliza el comienzo de una nueva era en la que habrá una mayor apuesta por la iniciativa privada frente al intervencionismo estatal que caracterizó a los anteriores ejecutivos de corte izquierdista. La nota discordante y negativa en estas primeras semanas ha sido el escándalo del hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien hizo una serie de extraños y no explicados movimientos bancarios a la cuenta de su exchofer Fabrício Queiroz por cerca de 1,2 millones de reales −casi 32.000 dólares−. Bolsonaro, que es Senador de la República desde las elecciones de 2018, tenía contratado en su nómina como chofer y asesor a Queiroz, que llegó a efectuar un depósito de 24.000 reales en la cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente electo. Hoy, el hijo del presidente no ha dado unas explicaciones muy creíbles acerca del asunto y ha empañado el espíritu inicial que enarboló Bolsonaro de lucha contra la corrupción en su discurso de posesión.

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Internacional

Alarmas encendidas y advertencias oportunas POR: MAYOR GENERAL (RA) JUAN SALCEDO LORA

scudriñando los comentarios y artículos de la prensa nacional encuentra el lector no desprevenido, que hay argumentos, avisos que deben ser considerados por los conductores de la política nacional; por ejemplo, dice María Isabel Rueda que “Gustavo Petro nos pondría a recorrer el camino de Venezuela, por su temperamento autoritario y radical y porque es evidente que una vez llegue al poder no lo devolverá. Sí, Petro es un riesgo. Pero hay otros de carácter distinto que nos corresponde conjurar como sociedad” y a continuación enfatiza en su “cháchara sobre la equidad” emplazando al “mismo sistema legal es la génesis de la inequidad y de la ausencia de libertades materiales”. Tomando la reconocida columnista el tema internacional estruendoso del fracaso del comunismo en el mundo, agregaría el suscrito, que los camaradas de aquí aún no se han dado cuenta de ello, “la posibilidad de la igualdad de ingresos quedó como una teoría fallida. El revés que sufrió la humanidad con esas dictaduras no fue menor en términos de derechos, libertades y garantías. Peor aún fue la realidad palpable del incumplimiento de sus promesas, que enriquecieron a la cúpula burocrática y empobrecieron a la gran mayoría de la población, cuyas colas absurdas por un pedazo de pan siguen haciendo historia. La igualdad de ingresos consistió en que nadie tenía un rublo, o un peso o un bolívar. Este ha sido el caso de la antigua Unión Soviética, de Cuba y, más recientemente, de Venezuela. Esta tragedia humana, económica, política y social debe llevar a las sociedades liberales a garantizar no solo los derechos y libertades en abstracto, sino también los materiales, como los llamaba Sartre. Pero en países como Colombia, el mismo sistema legal es la génesis de la inequidad y de la ausencia de libertades materiales”. Ojo pues, esta es una alarma encendida con potentes reflectores, para el gobierno actual prioritariamente, pero igual para los líderes políticos, que, mirando

solamente sus intereses económicos y sus aspiraciones electorales próximas, no se ocupan de este tema tan necesariamente incluyente en sus agendas como conductores éticos y necesariamente responsables. Un cosa es llegar al congreso o arrasar en los procesos electorales y otra cosa, y bien distinta, es llegar a la masa electoral que hizo posible esas aspiraciones y colmarles las necesidades entre las cuales brilla sin luz y sin ningún valor, la equidad como alto valor. Los casos que cita María Isabel son hartamente conocidos, pero el inmediato, el de nuestro más importante vecino, el del bravo pueblo, no sólo es ejemplar sino también, el que nos afecta directamente. Maduro no conoce mucho de gobernar, se raja en democracia e irresponsabilidad para con el pueblo que lo eligió y arrastra en tales deficiencias a la fuerza armada, corrompida por Chávez, vuelta a corromper por Maduro. Por elemental conocimiento de muchos años, conocí el profesionalismo y capacitación de la milicia contemporánea con la nuestra, excelente preparación, ética y amor por su patria, sus instituciones, amigos en las relaciones profesionales, pero esa flor y nada fue reemplazada por ineptos. Miles de generales sin capacidad y preparación para serlo, están no actuando como tales, porque desconocen el arte militar, pero están subordinados a la milicia, esa sí, muy profesional importada y actuante en cada cuartel de la fuerza armada: los milicianos de Cuba. Desde otro ángulo, es grato leer y releer a Moisés Naím. Quién analiza y precisa, “que en los asuntos que atañen a Rusia, Estados Unidos y Venezuela no todo es política: también hay mucho dinero de por medio. Y petróleo. Venezuela le debe un montón de dinero a Rusia y Chávez y Maduro le han entregado algunos de los mejores yacimientos petroleros en parte de pago, así como el 49,9 % de las acciones de la empresa Citgo Petroleum, una codiciada subsidiaria estadounidense de la estatal petrolera PDVSA. Parecería, entonces, que Venezuela es

el blanco perfecto para la intervención rusa. Debe ser delicioso para Vladimir Putin saber que puede influir sobre la política y la economía en un país situado a 10.000 kilómetros de distancia. Pero de la misma manera que el invierno ruso derrotó a las tropas invasoras de Napoleón en 1812 y a las de Hitler en 1941, el caos venezolano puede derrocar el intento ruso en la Venezuela del 2019”. Se apoya en el analista Vladimir Rouvinski, quién sostiene que “la relación de Rusia con Venezuela es una historia de oportunidades perdidas, arriesgadas inversiones multimillonarias, el sospechoso enriquecimiento de algunas personas y una vasta corrupción… Moscú no puede correr el riesgo de que Venezuela se convierta en un símbolo de uno de los mayores fracasos de Putin en la arena internacional”. En conversaciones con analistas propios, algunos han estimado que Rusia fracasaría en lo de Venezuela, pero que tratará en todo cuanto esté a su alcance, salvar las inversiones y suministros, con las remisiones de petróleo, oro, coltán y piedras preciosas, que ello será posible mientras Maduro esté en el poder, aún con la presencia y acción importante de Guaidó. No hay que desconocer la realidad que Rusia no peleará por Venezuela, tampoco lo hará China, pero ambas potencias tratarán de no perder grandes cantidades de dinero invertido en ese país, en armas y apoyos varios antes de la caída imparable y próxima de Nicolás Maduro. Eso es un puntal que sostiene a este desfigurado presidente. Como usando un afiladísimo bisturí, Naím está de acuerdo con otros analistas rusos cuando opinan lo contrario, por la existencia “en las altas esferas del Estado ruso de tres grupos que compiten por el apoyo de Putin a sus posiciones con respecto a Venezuela: los economistas, los oligarcas y los geopolíticos”. Para los economistas el inmenso costo que implica reparar la devastación que han dejado los gobiernos de Chávez y Maduro es prohibitivo y no justifica los beneficios que se derivarían de tener el tutelaje del distante país caribeño. En cambio, los

oligarcas patrocinados por Putin sueñan con el enorme beneficio personal que podrían derivar de tener el control del petróleo y los minerales venezolanos. Los geopolíticos sueñan con las posibilidades que le abriría a Rusia el tener un país satélite tan cerca de EE. UU. Ante esos escenarios y potencialidades Moisés Naím vaticina “que una Venezuela libre de las influencias de la autocracia rusa y de la dictadura cubana es un objetivo por el cual deben luchar todos los demócratas del mundo. Y no solo para liberar a Venezuela de la indefendible dictadura de Maduro, sino también para contener las aventuras internacionales de las autocracias que aun rondan por el planeta”. ¡Cómo sería de bueno, escuchar a nuestros economistas, a tantos oligarcas que tenemos y especialmente a los geopolíticos, si es que estos todavía piensan, para apoyar la causa de una Venezuela sin Maduro, sin golpes de estado, y sin invasiones militares! ¿Hay desconfianza en Latinoamérica sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos cuando fijan sus intereses en nosotros? Todas las izquierdas desconfían y hasta tienen razones por las actuaciones en nuestros espacios soberanos en el pasado. La política del gran garrote es el nombre con que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. El famoso “gran garrote” de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Pasó la historia, pero el recuerdo en la memoria de la izquierda latinoamericana perdura. Después de la segunda guerra mundial se provoca la desaparición de la actuación imperial en todos los espacios del globo terrestre, hoy el gran garrote, puede ser aplicado dentro de la diplomacia norteamericana, con otros medios. Y a tales medios es que se aferra Maduro para decir que tras la ayuda humanitaria viene la agresión armada de los Estados Unidos. No es creíble, pero es posible, cuando los halcones la insinúan. Observemos cómo un periodista normal, residente en los mismos Estados Unidos, trae a colación tal sentimiento latinoamericano. Los medios registran un reportaje al encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone. Él aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa” ante la crisis en Venezuela y, en particular, para hacer frente a los “problemas en la frontera” −como para corroborar lo anterior− y que cada quién lo interprete ante la pregunta del reportero Colombia Gómez Maseri: ¿No le preocupa que el activo rol que ha jugado EE. UU. termine por revivir el fantasma del intervencionismo estadounidense en la región y termine fortaleciendo a movimientos de extrema izquierda? “La posición de EE. UU. es la misma que la de la mayoría de los países en la región y por eso no comparto esa presunción. Adicionalmente, la tendencia que se ve en la región es completamente opuesta. Los días del socialismo del siglo XXl están contados. El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que empujó Hugo Chávez) SIGUE PÁGINA 20

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Economía

¿Ya tiene el dólar firmada su sentencia de muerte?

POR: DIARIO LA ECONOMÍA - SPUTNIK

as caídas en el mercado de valores estadounidense se suceden con el ya habitual temor de los inversores, lo que arrastra consigo los mercados de terceros países. El dólar sigue siendo la divisa más sobresaliente en el comercio internacional, pero cada año que pasa surgen más y más factores que acaban jugando en contra de ella. Es la conclusión a la que llega el Liberty Street Economics, el blog sobre actualidad económica de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las caídas en el mercado de valores estadounidense se suceden con el ya habitual temor de los inversores, lo que arrastra consigo los mercados de terceros países. Junto a cada una de esas caídas las voces que abogan por reformar el sistema internacional de divisas y encontrar una alternativa para el dólar se alzan cada vez con más fuerza, publica Liberty Street Economics. “El surgimiento de una alternativa al dólar plausible podría ser una señal de fuerza en otras economías y en otros sistemas financieros, lo cual es positivo”, señala el blog de la Reserva Federal. En concreto, se propone utilizar los derechos especiales de giro (DEG) de la Reserva Internacional de Divisas, un activo creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional. El DEG se puede intercambiar por monedas de libre uso. A octubre de 2016, el valor del DEG se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar, el euro, el renminbi /yuan VIENE PÁGINA 19

pende de un hilo. Y lo vimos en las elecciones recientes en El Salvador, donde la gente rechazó de manera categórica al candidato del (Frente) Farabundo Martí (para la Liberación Nacional). Lo que vemos es una tendencia regional de apoyo a la democracia, a la prosperidad, a los mercados libres. Es una alianza que está creciendo, de la que estamos orgullosos de pertenecer y que ahora quiere ver un cambio democrático en Venezuela”. clásica respuesta diplomática y universal. La equidad en términos de ausencia, que causa angustias. La realidad venezolana bajo la óptica de la economía, la oligarquía y la geopolítica y finalmente, el sentimiento latinoamericano hacia los Estados Unidos y los temores de Maduro a las invasiones humanitarias como disfraz de las armadas. Por allá en los tiempos en que se peleaba en Colombia la guerra de los Supremos, la confusión reinante era marcada y difícil de manejar, queríamos ser centralistas o federalistas, desconociendo la realidad de cada sistema, y como no nos pusimos de acuerdo, apelamos a las armas, mal empleadas, comandantes

chino, el yen japonés y la libra esterlina. Una docena y media de organizaciones regionales e internacionales utilizan el DEG como unidad de cuenta a la hora de fijar precios y tarifas. Con la idea crear una nueva moneda internacional basándose en el DEG, creado inicialmente para reemplazar al oro en las transacciones internacionales, se alzó ya en 2009 China. Pero a partir del estallido de la crisis y la posterior recuperación económica esa idea perdió actualidad. Hasta la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos, explica la columnista de la versión rusa de Sputnik Natalia Dembínskaya.

Los expertos siguen sin ponerse de acuerdo sobre si esa divisa artificial podría convertirse en la sustituta del dólar con todas las de la ley. Pero en todo caso los diferentes bancos centrales, mientras tanto, están adoptando medidas muy concretas para cerrar la puerta al billete verde, como reducir su participación en las reservas internacionales. Aquellos bancos centrales que mantienen una considerable parte de sus reservas internacionales en dólares comenzarán a deshacerse de ellos más rápidamente, según los expertos. “El estatus actual del dólar como principal divisa de reserva permite aislar a la economía estadounidense de las tur-

bulencias externas. Que pierda su papel de moneda dominante en el mercado internacional traerá consecuencias negativas, primero, al emisor, es decir, Estados Unidos”, explicó la vicepresidenta de la Reserva Federal de Nueva York, Linda Goldberg, en 2011. Además, como recordó a Bloomberg en octubre de 2018 Ulf Lindhal, director de A. G. Bisset Associates, para 2024 el valor del dólar caerá un 40% en relación con el euro. Los analistas del banco de inversión estadounidense JP Morgan Chase han calculado que esa caída comenzará a finales de 2019 y pronostican que la divisa no podrá romper esa tendencia.

mal preparados, cuerpos mal armados de lado y lado, pero eso sí, incitados a matarse entre los mismos colombianos. Ello duró bastante y aún se pelea, otras motivaciones y actores, ¿y de la conducción política y el compromiso de la gran política, que? Bueno es recordar la opinión de José Eusebio Caro1 en tales horas negras: “… La gran cuestión [del siglo] es la de moralizar al pueblo”. Es una tarea específicamente hispanoamericana ya que en países como Inglaterra o los Estados Unidos los desacuerdos de orden político se hacen posibles a partir del consenso moral vigente entre los miembros de esas sociedades. En cambio, señala Caro2: “hallareis que lo que separa los partidos de Venezuela y de la Nueva Granada” no es una cuestión de pareceres sobre cómo proceder al interior de las instituciones establecidas; acá lo que está en disputa “es la cuestión moral, la cuestión de orden público, la cuestión de los medios de que puede valerse la ambi¬ción, las cuestiones personales que tienen por origen y por motivo la cues¬tión moral”. Por lo tanto, “… La lucha es la de la seguridad contra la violen¬cia, la del

orden contra el desorden, la del gobierno pacífico y leal contra el motín y las puebladas. La lucha es la del voto con la palabra contra el voto con el puñal”. Los llamados partidos políticos en la región no son sino fuerzas morales, ya bien a favor del orden y la conservación o a favor de la anarquía y la disgregación. En medio del conflicto la ley necesita una expresión institucional. Es acá cuando Caro llega a su formulación más explícitamente política. Para este no hay más

que dos remedios: “o desistir del gobierno democrático, o adquirir las virtudes públicas y privadas necesarias para sobrellevar la libertad”. ¡Cada remedio es aplicable, Colombia sabrá escoger, los conductores políticos sabrán enseñar 1. República, tiempo incierto y moral en la primera mitad del siglo XIX neogranadino, Francisco Ortega, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Cundinamarca, Colombia. 2. José Eusebio Caro (1817-53).

Periódico ACORE / Edición 587 / marzo de 2019

Institucional

NUEVOS ASOCIADOS

Los siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado como asociados de acore:

AFILIACIONES Gdo

Fza

Nombres y Apellidos

Seccional

EJC

Oscar Iván Botero Flórez

Bogotá

ARC

Pablo Emilio Romero Rojas

Bolívar

ARC

Jaime Alberto García Pulido

Atlántico

ARC

Jorge Anibal Granados Arjona

Bolívar

AVODE- APORTE VOLUNTARIO POR DEFUNCIÓN Fallecidos MY. German Eduardo Gutiérrez Holguín

MY. Guillermo Alberto Quiñones Toro

MY. José Duverney Gil Vaca

Beneficiarios

Vr Pagado

Amparo Gutiérrez Moreno

$ 7.795.868

María Cristina Gutiérrez Moreno

$ 7.795.868

Diana Patricia Gutiérrez Espinos

$ 7.795.868

María Consuelo Mosquera de Quiñones

$ 7.765.868

Guillermo Alejandro Quiñones

$ 7.765.868

Francisco Alberto Quiñones

$ 7.765.868

Nelly Villaquiran de Gil

$ 5.771.560

Carlos Adolfo Gil Villaquiran

$ 5.771.560

María Patricia Gil Villaquiran

$ 5.771.160 $ 5.771.160

EJC

Ximena González Patiño

Caldas

Andres Fernando Gil Villaquiran

EJC

Carlos Ricardo González Pérez

Caldas

Luz Miriam Sánchez

$ 4.670.412

EJC

Camilo Ismael Gómez Hidalgo

Atlántico

Ana María Sopo Jurín

$ 4.670.411

ARC

Edgar Ignacio Torres Crump

Bolívar

Alvaro Mauricio Sopo Jurin

$ 4.670.411

EJC

Beatriz Martínez Quintero

Valle

Juan José Arango Sopo

$ 4.670.411

ARC

Manuel Guillermo Peña López

Atlántico

Slava Patricia Sopo Jurin

$ 4.670.411

SRA.

Ruth Zuluaga de Medina

Bogotá

SRA.

Sixta Esther Vivas de Roa

Bogotá

Mónica Soraya Castellanos

$23.297.604

SRA.

Martha Leonor Quevedo Vargas

Boyacá

SRA.

Beatriz Cuenca de Torrado

Bogotá

Luis Fernando Wells

$11.625.693

Mónica Alejandra Wells

$11.625.693

ARC

Henry John Blain Garzón

Bolívar

EJC

Juan Carlos Valencia Atehortua

Bogotá

EJC

Blas Oliverio Pinzón González

Boyacá

ARC

Agustín Alfonso Rodríguez Torrenegra

Bolívar

ARC

Ricardo Barón Moreno

Bolívar

EJC

Hugo Rodríguez Rodríguez

Bogotá

SRA

María Eugenia González de Gutiérrez

Bogotá

SRA

Ángela Bahamón Lozano de Amaya

Bogotá

SRA

Gladys Lievano de Lombo

Bogotá

EJC

Luis Carlos Rodríguez Victoria

Santander

EJC

Fabián Alexander Araque Barros

Norte Santander

MY. Alvaro Sopo Moreno

MY. Noel Ramiro Castellanos Castellanos MY. Juan Felix Wells Guzmán

TOTAL

$ 139.670.897

Almuerzo de compañeros en Acore Atlántico

FALLECIDOS Gdo MY

Fza EJC

SRA

Nombres y Apellidos José Bernardo Ortiz Pabón

Bogotá

Teresita Barraza de Barrera

Bogotá

FAC

Silvio Cardona Álvarez

Caldas

EJC

Edgar Manuel Leal Curtidor

Huila

EJC

Rodrigo Rojas Suarez

Valle

ARC

Guidberto Barona Silva

Bogotá

EJC

Ricardo Cifuentes Ordoñez

Bogotá

FAC

José Enrique Pinzón Vásquez

Valle

EJC

Héctor Manuel Medina Plazas

Bogotá

EJC

Eddie Alberto Pallares Cotes

Bogotá

ARC

German Plazas Dennis

Bogotá

EJC

José Gregorio Torres Ramírez

Bogotá

EJC

Héctor Hernando Mora Hurtado

Bogotá

Dora Isabel Diaz De Romero

Bogotá

SRA CF

ARC

Ramon Fernando Luna Nuñez

Bolívar

FAC

Luis Hernando Rodríguez Prieto

Bogotá

FAC

German Eduardo Gutiérrez Holguin

Bogotá

ARC

Gonzalo Parra Santos

Bolívar

EJC

Guillermo Quiñonez Toro