Periódico edición 588 abril 2019 by ACORE

ESPECIAL RESUMEN ASAMBLEA

abril de 2019 - Edición 588 - ISSN 0123-2894 Circulación nacional

XXIV Encuentro

nacional Acore 12 al 18 de junio

MOMPOX

BARRANQUILLA

Asamblea General Ordinaria 2019 El reconocimiento unánime a la actual administración de Acore fue la nota predominante durante la reciente Asamblea General Ordinaria 2019, en la que se dieron cita los presidentes de 12 seccionales y 47 asambleístas. Otros 127 acorados otorgaron poder a sus compañeros y amigos para que los representarán en este encuentro. Por espacio de seis horas, los asambleístas debatieron temas de interés institucional relacionados con la seguridad jurídica

y el bienestar de los miembros de Acore, en un ambiente caracterizado por la camaradería, la sana discusión y el respeto. El Teniente Coronel (RA) William Santiago, presidente de la seccional Tolima, fue elegido para presidir la reunión con 121 votos. La asamblea tuvo lugar en la sede nacional de Acore la mañana del sábado 30 de marzo. El día anterior se efectuó la tradicional reunión con los presidentes de las seccionales, quienes entregaron un positivo balance de su gestión en 2018. Página 11

La lucha de los militares Editorial Asamblea General Ordinaria 2019 para ser reconocidos La satisfacción del como víctimas deber cumplido

El desconocimiento de los funcionarios encargados del reconocer a una persona como víctima o la cultura que existe en la Fuerza Pública son parte de los obstáculos para que los uniformados también tengan acceso a la verdad, reparación y no repetición. Contra viento y marea, a los militares y policías se les reconoció su condición de

víctimas del conflicto armado, pues han sido afectados por varias infracciones al DIH, como los secuestros o minas antipersonales. Si bien la ley los califica como víctimas, los miembros de la Fuerza Pública tienen aún que luchar para ser reconocidos como tal por parte de las organizaciones sociales y, principalmente, las entidades del Estado. Página 4

¿Conejo a los veteranos? Hay un proyecto de ley en curso en el Congreso de la República, conocido como: “Ley del Veterano”, que busca rendir homenaje y otorgar beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública, a

través honores, beneficios en programas del Estado, oportunidades de empleo y otras medidas que resultan apropiadas para exaltar el sacrificio de nuestros héroes y sus familias. Página 5

De manera exitosa se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria el pasado 30 de marzo del año en curso, evento en el cual, sin contratiempo alguno, tuvimos la oportunidad de dar a conocer y debatir importantes temas de interés gremial e institucional, que marcarán la hoja de ruta para el presente y futuro inmediato de nuestra asociación. En el informe correspondiente al periodo estatutario 2018 - 2019 se dieron a conocer las actividades más destacadas realizadas por la Presidencia

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y Junta Directiva Nacional y departamentos administrativos, siendo aprobado por unanimidad y sin objeción alguna. Sobre este particular, es importante destacar el cumplimiento estricto que se ha venido realizando al Plan de Acción, que en su momento (hace siete años) pusimos a consideración de los asociados, cuando nos postulamos para ejercer los cargos directivos que actualmente desempeñamos. Página 3

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Opinión

No negar lo sucedido, no aceptar lo inaceptable POR: MAYOR GENERAL (RA) JAIRO DUVÁN PINEDA NIÑO Foto: Desde abajo

uego de analizar los delitos de homicidio agravado en persona protegida o ejecución extrajudicial, con base en los fallos ejecutoriados desde los puntos de vista de la historia, la sociología, la política, las normas legales y la doctrina militar, el Observatorio Conflicto y Verdad (CEV) llega a unas conclusiones sobre lo ocurrido con los falsos positivos que ha afectado las fibras más sentidas de la Fuerza Pública. En cuatro tomos se aborda el fenómeno de lo sucedido con las víctimas de Soacha, el nordeste colombiano, Antioquia y Urabá, bajo el título Verdad herida: no negar lo sucedido, no aceptar lo inaceptable. Documentos valiosos aportados por la corporación Defensoría Militar para conocimiento de la ciudadanía en general, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), como contribución al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (Sivjrnr). El fenómeno publicitario comienza el 29 de octubre de 2008 cuando el país despertó alarmado por las pantallas de televisión. En rueda de prensa, la voz del Comandante General de las Fuerzas Militares rompía el silencio matutino para llamar a calificar servicio a 20 oficiales, entre ellos tres generales, y a 7 suboficiales, señalados lamentablemente de violar el procedimiento legal consagrado en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000. En la lectura de los libros se puede

analizar las causas del eufemismo, las cuales son de diferente índole: 1) La degradación del terrorismo y la carencia de principios y valores de unos pocos militares movidos voluntariamente por intereses individuales y en concierto para delinquir que engañaron a sus superiores. 2) El cambio de la estructura militar, el crecimiento del pie de fuerza, la carencia de cuadros y de capitanes para comandar compañías, dualidad de funciones operacionales entre el Ejército y el Comando General, incremento de las operaciones diarias en el nivel territorial, la neutralización de la Justicia Penal Militar desplazada por la Fiscalía gracias al nefasto acuerdo firmado el 14 de junio de 2006 entre el ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal y el Fiscal General Mario Iguarán Arana. 3) El conducto regular y la disciplina sufrieron serios cambios doctrinarios en la cadena de mando. 4) El fanatismo religioso como política de adoctrinamiento de un comandante del Ejército en 2005 fue un distractor peligroso en la conducción operacional. 5) Las Fuerzas fueron sorprendidas por cambios inesperados, unos buenos y otros en contra de la doctrina militar como fue pretender crear siete comandos conjuntos en forma permanente, concepto muy diferente a operaciones conjuntas que ha sido beneficioso para la operaciones. La extrema izquierda y algunas ONG han aprovechado estas situaciones, a las que se suma la demora de la justicia, para deslegitimar al Estado Social de

Derecho y a la Fuerza Pública sin lograrlo por fortuna. Todo ello con la gran ayuda de los medios de comunicación y de personajes que, por desconocimiento o interés político e ideológico, tomaron partido sin conocer las intimidades del fenómeno. Definitivamente este no es como se lo han mostrado al imaginario colectivo nacional e internacional. La investigación de los hechos ilícitos deja claridad y demuestra que conceptos foráneos como la sistematicidad, la responsabilidad mediata, la responsabilidad del mando, el hombre de atrás y la conformación de aparatos criminales organizados de poder, no aplican en nuestro sistema de justicia, toda vez que se trató simplemente de una asociación para delinquir entre civiles (reclutadores) y unos pocos militares que faltaron al honor, engañaron a sus compañeros y superiores, ocultaron su accionar delictivo con perjuicio para la imagen institucional y beneficio personal. Algo que se desconoce es que ninguna unidad militar participó dolosamente en los ilícitos. Estos homicidios los realizaron militares que no hacían parte de una unidad militar en específico, bien en concierto para delinquir, en forma individual y en ocasiones con apoyo de civiles (reclutadores) de víctimas. Ni siquiera actuaron como parte de la unidad militar más pequeña en la organización del Ejército, es decir una escuadra (un cabo y 10 soldados). A diferencia de la Policía que puede cumplir la función a través de un solo individuo, en el Ejército

Los falsos positivos, un escándalo publicitario y de oportunismo político. Después de 10 años sin conocer claramente los hechos por carencia de fallos, la justicia ordinaria por fin sorprende con decisiones judiciales. Confesiones, sentencias anticipadas y declaraciones, permiten conocer la realidad sobre este eufemismo. Es una verdad herida que ha galopado desde 2008 sobre intereses políticos sesgados y el martirio de militares, muchos de ellos inocentes. las operaciones se hacen por unidades: divisiones, brigadas, batallones, compañías, pelotones o escuadras. A muchos soldados los engañaron haciéndoles disparar sus armas hacia las montañas, sin darse cuenta del delito que tres, cuatro o cinco militares cometían en la penumbra, pasándolos como bajas en combate en forma lícita. Engañaron a los comandantes de batallón, informándoles sobre la operación y de paso solicitándoles el pago de la información para quedarse con el dinero. Todo se hacía con la mayor reserva, sigilo y deslealtad, sólo después de una década se sabe por las confesiones de los autores ante la Fiscalía la forma cómo cometían los delitos, donde el mando era totalmente engañado. Leer los libros dejan claridad acerca de qué pasó. El análisis de los fallos judiciales es la prueba que las especulaciones de los mal llamados falsos positivos deberían ser apreciados en su verdadera realidad. Se trató de deslegitimar al Ejército Nacional en el nivel nacional e internacional, pero el pueblo conoce a sus soldados y por ello su favorabilidad en las encuestas siempre pasa del 70% superando a todas las instituciones. Le sobra razón a Manuel Tamayo y Baus al afirmar que “no hay mentira más prejudicial que la verdad disfrazada”. Es lo que ha venido ocurriendo con los llamados falsos positivos. En palabras de Jacinto Benavente: “Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos”.

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Editorial

Asamblea General Ordinaria 2019

La satisfacción del deber cumplido

e manera exitosa se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria el pasado 30 de marzo del año en curso, evento en el cual, sin contratiempo alguno, tuvimos la oportunidad de dar a conocer y debatir importantes temas de interés gremial e institucional, que marcarán la hoja de ruta para el presente y futuro inmediato de nuestra asociación. En el informe correspondiente al periodo estatutario 2018-2019

se dieron a conocer las actividades más destacadas realizadas por la Presidencia y Junta Directiva Nacional y departamentos administrativos, siendo aprobado por unanimidad y sin objeción alguna. Sobre este particular, es importante destacar el cumplimiento estricto que se ha venido realizando al Plan de Acción, que en su momento (hace siete años) pusimos a consideración de los asociados, cuando nos postulamos para ejercer los

1. Jurisdicción Especial para la Paz y su aplicación a los miembros de la Fuerza Pública. 2. Comisión de la Verdad y aportes institucionales. 3. Rechazo a la no prescripción de la acción disciplinaria. 4. Formalización del derecho operacional y los fundamentos jurídicos para el uso de la fuerza. 5. Proyectos de Ley Antiterrorista y de Seguridad y Defensa Nacional. 6. Reestructuración del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 7. Proyecto de Ley del Veterano. En cuanto a la activa participación, iniciativas y proposiciones de algunos asociados en desarrollo de esta asamblea general, se tendrá en cuenta aspectos relacionados con: PERIÓDICO

Fundado en 1961

Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C.

cargos directivos que actualmente desempeñamos. En estas circunstancias, hemos logrado el posicionamiento al que aspiramos, como ente visible y representativo de la reserva activa de nuestras Fuerzas Militares, como también la condición de grupo de presión institucional ante distintas instancias de orden nacional y, ante todo, como instrumento real de unidad e integración, a través de las distintas asociaciones del Cuerpo

de Oficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, integrantes de la ya muy conocida Mesa de Trabajo Permanente (MTP). Como producto de esta asamblea general y de la reunión previa realizada con los presidentes de las diferentes seccionales de Acore, la hoja de ruta que nos proponemos será debatida en esta MTP sobre temas de interés institucional, en aspectos de seguridad jurídica y social, relacionados con:

1. Revisión del Avode a través de la comisión designada para el efecto. 2. Formalización e instauración del voto electrónico aprobado por la asamblea general ordinaria del periodo estatutario anterior. 3. Estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva Nacional de los proyectos que sean presentados con propósitos de integración de la reserva activa, participación de acorados en algunas líneas de investigación académica sobre conflicto político militar, aportes al proyecto de Ley del Veterano y estudio sociológico sobre el tema militares y la política. ¡Acore compromiso de todos! Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional de Acore

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera. Secretario General: BG Guillermo Bastidas Ordoñez

Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres. Administración y logística: Leydi Liliana Romero.

Directora: TC Rosa María Llovera Terradas. Editor General: CO José Obdulio Espejo Muñoz. Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso. Periodista Ángela Romero Chinchilla.

Impresión: Casa Editorial El Tiempo S.A Dirección: Avenida Calle 26 No 68 B 70 Teléfono: 2940100 Ext 4602

Fotografía: Depto. Comunicaciones, Seccionales

Distribución: Uniexpress LTDA Dirección: Calle 180 No. 8C - 66 Teléfono: 6730835

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

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Víctimas

La lucha de los militares para ser reconocidos como víctimas El desconocimiento de los funcionarios encargados de reconocer a una persona como víctima o la cultura que existe en la Fuerza Pública son parte de los obstáculos para que los uniformados también tengan acceso a la verdad, reparación y no repetición.

l General (r) Luis Mendieta se refiere a él en tercera persona cuando se presenta, pero vuelve a la primera cuando habla sobre víctimas. Empieza a contar su historia en un tono sereno, aunque el contenido sea abrumador: “Mayor General en retiro Luis Mendieta. Tomado como rehén y secuestrado el 1° de noviembre de 1998, cuando el grupo terrorista de las Farc, con armas no convencionales, atacó e hizo una acción violenta en Mitú, Vaupés”. Recuerda que estuvo 11 años, 7 meses, 13 días y 19 horas secuestrado. Rememora sus años en cautiverio con un profundo dolor que aún no cesa y explica cómo durante ese tiempo dejó de ser un héroe para convertirse en víctima: “Ellos construyeron jaulas de concentración, similares a las que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial de Hitler, y ahí nos tuvieron, en las peores condiciones y estuvimos sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fui afectado por los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad que cometieron los terroristas de las Farc. Desde entonces soy una víctima”. La primera vez que los militares y policías fueron considerados víctimas fue en 2005, cuando se aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz. En ella se estipuló que, como las demás víctimas, los miembros de la Fuerza Pública también debían saber la verdad y ser reparadas en caso de haber sido afectados por las acciones de organizaciones armadas al margen de la ley. Posteriormente se expidió la Ley 1448 de 2014, o Ley de víctimas, que le permitió a Colombia avanzar en su reconocimiento y reparación. En ella quedó establecido que las víctimas son todas “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o normas internacionales de Derechos Humanos”. Por supuesto, explica la Mayor María Fernanda Cifuentes, oficial de víctimas del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, los militares y policías entraron en esta definición, pues han sido afectados por varias infracciones al DIH, como los secuestros o minas antipersonales. En esta ley quedó claro que, al igual que las demás víctimas, la Fuerza Pública afectada también tendrá derecho

a la verdad, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Su reparación económica, en cambio, se realiza de acuerdo con su régimen especial. Si bien en las normas existe un reconocimiento como víctimas del conflicto armado, aun los miembros de la Fuerza Pública tienen que luchar con las organizaciones sociales y, principalmente, las entidades del Estado para ser reconocidos, pues se cree que, por ser parte de un actor del conflicto armado, no son afectados por infracciones del DIH en medio de los combates. Cifuentes asegura que los obstáculos aparecen, en primer lugar, cuando el ministerio público (Procuraduría, Personería, etc.), encargado de realizar el proceso de recepción de solicitudes de declaración y trámite a la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), les niega la posibilidad de hace el proceso de declaración. La respuesta más recurrente cuando se acercaban a estas instancias, dice la mayor, es “no pierda su tiempo, usted no es víctima”. De hecho, la mayor Cifuentes señala que esa situación obligó a que se realizará en todo el país jornadas especiales coordinadas con la UARIV, para que los militares y policías pudieran ser escuchados por los funcionarios. Después de la declaración hay otra etapa: el reconocimiento. Un grupo de funcionarios de la UARIV valora si el declarante es o no víctima de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. En este proceso los uniformados también deben enfrentar una batalla porque sus procesos tardan años. Para la mayor Cifuentes, una de las causas es que no hay profesionales especializados en estas normas internacionales y mucho menos las leyes que señalen que los miembros de la Fuerza Pública también son víctimas. “Dichas decisiones requieren de un conocimiento profundo sobre la materia, para poder definir la inclusión o no en el Registro Único de Víctimas (RUV)”, puntualiza Cifuentes. También hay otro problema. El coronel en reserva Carlos Arturo Velásquez, asesor de la ONG Mil Víctimas, que asesora y acompaña a víctimas militares y sus familias, explica que para ser reconocido se necesitan varios papeles que respalden que las afirmaciones de las víctimas son ciertas y que los hechos sí ocurrieron. En ese caso, las entidades locales e in-

Foto: Vanguardia Liberal

POR: LAURA DULCE ROMERO – EL ESPECTADOR/COLOMBIA 2020

cluso la memoria colectiva de las comunidades es muy útil. Para los militares, es más difícil reunir estas versiones porque, por su ejercicio, son trasladados y casi nunca vuelven ni conocen a los habitantes de las zonas donde ocurrieron los hechos victimizantes. “No hemos podido construir nuestra memoria, nuestra verdad”, advierte Velásquez. Por otro lado, explica el coronel, hay centenares de uniformados que fueron víctimas antes o después de prestar su servicio a la Fuerza Pública. Por ejemplo, un soldado profesional que antes de entrar al Ejército fue desplazado por la violencia o le asesinaron a su padre o su madre. Para ellos, el proceso de reconocimiento también es muy complejo. “Es como si haber sido militares les haya borrado su condición de víctimas”, puntualiza Velásquez. En la actualidad, de acuerdo con el RUV, hay 207.645 militares incluidos por homicidios, actos terroristas, utilización de medios y métodos prohibidos por el DIH, desplazamiento forzado, desapa-

rición forzada, despojo de tierras, secuestro, tortura, lesiones personales físicas y psicológicas, y pérdidas de bienes. Sin embargo, todavía faltan más reconocimientos. Según las cifras del Ejército, a la fecha no han sido reconocidos 8.960 casos, aunque hayan sido afectados por los mismos hechos victimizantes. Para el general Mendieta, el problema no sólo radica en las entidades, sino también al interior de la institución. Aun en los altos mandos existe el dilema de catalogar a los uniformados como héroes y no como víctimas, un acto cargado de buenas intenciones, pero con consecuencias nefastas. “En su momento, se seguía considerando que eran héroes, a pesar de que habían sido profundamente afectados. Entonces se les daba un condecoración y seguramente una prestación económica mínima. Pero ya. No se daban cuenta de la importancia de categorizarlos como víctimas y de que el Estado les otorgue una reparación, como SIGUE PÁGINA 5

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Opinión

¿Conejo a los veteranos?

POR: JOSÉ JAIME USCÁTEGUI

ay un proyecto de ley en curso en el Congreso de la República, conocido como: “Ley del Veterano”, que busca rendir homenaje y otorgar beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública, a través honores, beneficios en programas del Estado, oportunidades de empleo y otras medidas que resultan apropiadas para exaltar el sacrificio de nuestros héroes y sus familias. Paradójicamente, a pesar de que el proyecto fue muchas veces mencionado por el presidente Iván Duque durante su campaña política, el actual texto que hace trámite en el Congreso es de autoría del Gobierno anterior y se acumuló con otro proyecto similar de autoría de la hoy senadora María Fernanda Cabal. Más allá de la paternidad o maternidad de la norma, todo indica que existe un acuerdo, más o menos generalizado, entre distintos sectores políticos sobre la necesidad de tener una herramienta legal que reconozca y enaltezca la labor de los veteranos. Ahora bien, me preocupan dos cosas: 1) El actual Ministerio de Defensa no ha hecho explícita su opinión sobre el proyecto de ley, tanto así que han transcurrido varios meses desde que se radicó la ponencia para segundo debate y a nadie parece interesarle que ese trámite concluya, muy a pesar de que el presidente Duque lo estableció como “victoria temprana” de su administración. 2) Quien sí ha manifestado su opinión frente al proyecto de ley es el actual Ministerio de Hacienda que, en oficio dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, expresó que “el proyecto contempla unas medidas en materia presupuestal cuya implementación generaría unos gastos adicionales con cargo al Presupuesto

General de la Nación, y cuyos recursos no se encuentran contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que se abstiene de emitir concepto favorable a esta propuesta legislativa”. Es bien sabido que la ausencia de concepto favorable del Ministerio de Hacienda es una sentencia de muerte para una iniciativa como la Ley del Veterano. ¿Dónde queda entonces la promesa de expedir una ley de esta naturaleza como tantas veces lo mencionó el presidente Duque durante la campaña electoral? No quiero pensar que se le está haciendo conejo a los exintegrantes de la Fuerza Pública y por eso le radiqué esta semana una solicitud de audiencia al presidente con el propósito de revisar este asunto y definir los pasos a seguir desde el alto gobierno, en coordinación con el legislativo y el personal de la reserva activa. Conociendo las reservas que tiene el Ministerio de Hacienda, en relación con al menos 9 artículos del proyecto de ley (artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 21), es necesario que todo el equipo de gobierno busque alternativas para responder a la deuda histórica y moral que tiene el país con los veteranos y sus familias. Estoy seguro de que el presidente Duque lo hará como un homenaje a la entrega y sacrifico de este sector de la población que con paciencia ha esperado la reivindicación de sus derechos. Estamos en el año del bicentenario y es más que justo que quienes lo han entregado todo por la defensa del país, sus instituciones, su soberanía y el bienestar de todos los colombianos reciban a cambio un sentido y nutrido homenaje que esté a la altura de su labor.

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en estos procesos. Lo mismo ocurre con la segunda compuerta, donde se espera que no haya impunidad. Los responsables deben pagar por sus acciones, ya sea en la justicia ordinaria o en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y, finalmente, la tercera es clave para que puedan ser compensados por el daño sufrido y continuar con sus vidas e, incluso, pueden entrar dentro de procesos de restitución, pues muchos militares han sido desplazados, o de rehabilitación, ya que muchos han sido afectados por minas antipersonales”. Pero no sólo los miembros de la Fuerza Pública son afectados. Sus familias también deben lidiar con las decenas de trámites. Ese fue el caso de Bibiana Garay, esposa del sargento primero Jesús Alfonso Sol Rivera, quien fue secuestrado y luego asesinado por la extinta guerrilla de las Farc. Aunque se demostró que el sargento fue torturado con inyecciones de cianuro y luego fusilado, el Estado tardó años para reconocerla como vícti-

indemnización, créditos blandos, salud, educación y, principalmente, las garantías de no repetición”, dice Mendieta. El honor militar que tanto les inculcan, advierte Anderson Javier Hernández, abogado de la ONG Mil Víctimas, deriva en que los militares no se cataloguen a sí mismos como víctimas. Y este es uno de los mayores problemas porque nunca son reparadas y continúan sus vidas con un sinnúmero de dificultades. ¿Qué ocurre cuando un militar es reconocido como víctima? Hernández explica que se abren tres compuertas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral: “La primera es muy importante, porque ellos también quieren saber qué sucedió en la guerra. Ahora, con los nuevos mecanismos de justicia transicional, su reconocimiento les permitirá participar

ma de la guerra. Ahora que entró en funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado después del acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, los entrevistados consideran urgente que estos obstáculos se remuevan del camino. Al igual que las víctimas de civiles o grupos al margen de la ley, los militares y sus familias esperan conocer lo que sucedió, ser reparados, encontrar a sus desaparecidos, pero sobre todo tener garantías de no repetición, que les permita una verdadera reconciliación. Aunque hizo parte de las mesas de negociación del acuerdo de paz, el general Mendieta teme que sea invisibilizado en el sistema. Denuncia que hasta ahora no se ha sentido escuchado y pide un mayor protagonismo y una reparación integral en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por

Desaparecidas. El dolor en sus exigencias es evidente: “Espero, principalmente, verdad. Pero no sólo de mis hechos, sino también de otros secuestrados de la Fuerza Pública, sobre todo de aquellos que fueron desaparecidos. También nos preocupa la reparación. Hasta que este punto se resuelva, es muy difícil sentarse como víctima enfrente del victimario ¿a qué se va a ir? ¿a escuchar su justificación por los delitos que cometieron? Es que sin eso es imposible que haya perdón. Perdóneme, pero esto no es como “amárrese las personas durante doce años a arboles con cadenas y luego nos vemos 12 años después para darnos un abrazo de reconciliación”. Es una ofensa… ¡En 12 años perdimos tanto! la libertad, las posibilidades de estar con la familia, las oportunidades de crecer en el trabajo y estudiar ¿cómo se va a reparar eso?... escúchennos. Estamos cansados de que por ser víctimas muchas veces somos excluidos”.

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Sanidad militar

Para el período 2019 - 2021

A elegir nuestros representantes ante los organismos de control del Sistema de Salud Militar y Policial POR: REDACCIÓN

l 28 de mayo próximo se llevarán a cabo los comicios nacionales para elegir a los representantes de los oficiales y suboficiales de la Reserva Activa y de los empleados civiles activos y retirados para integrar los organismos de control del Sistema de Salud Militar y Policial, período 2019 – 2021. Los organismos de control del Subsistema de Salud Militar, SSFM, son tres: 1. El Consejo Superior de Salud. 2. El Comité de Salud de las FF.MM. 3. El Consejo Directivo del Hospital Militar.

Postulación de candidatos Acorados

En cada uno de estos organismos hay representantes del ministerio de Defensa, del Gobierno Nacional, de los comandos de Fuerza y debe haber un representante de los oficiales de la Reserva Activa. El delegado ante el Consejo Superior de Salud

1. Representante de los oficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública ante el El Consejo Superior de Salud:

Capitán de Navío (RA) Fabio Cuello Cogan Durante su vida laboral ha ocupado los siguientes cargos: gerente general de Sempmira y miembro de la junta directiva (actualmente); gerente general de Rinboh Electronics - Equipos de alta tecnología para la salud (2009-2013); asesor grado 14 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; miembro del comité técnico que creó la Comisión Colombiana del Espacio (2005-2008); jefe de estado mayor de la Fuerza Naval del Caribe (2003-2004); director de la Escuela Naval de Barranquilla (2002-2003); director de la Dirección de Instrucción y Entrenamiento de la Armada Nacional (2000-2001); Comandante de la Fragata ARC Almirante Padilla (1999-2000). Posee los siguientes estudios: Master of science in international resource planning and management de la Naval Postgraduate School de Monterey, California (1999); magister en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana (1998); curso de estado mayor de la Escuela Superior de Guerra (1995); ingeniero naval de la Escuela Naval de Cartagena (1992); y graduado del Naval Staff College del Naval War College, en Newport (1992).

puede ser de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Los integrantes de Acore interesados en representar a los oficiales de la Reserva Activa que son usuarios del sistema en estos comicios ya se inscribieron y avalaron su postulación con una fotografía reciente y el respaldo de 100 firmas de oficiales retirados que sean usuarios aportantes del Sistema de Salud Militar y Policial. La postulación fue voluntaria.

Los asociados de Acore que hasta el momento han manifestado su deseo de postularse para representar a los oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares ante los organismos de dirección y control del Subsistema de Salud Militar y Policial, son los siguientes:

2. Representante de los oficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública ante el Comité de Salud de las Fuerzas Militares:

3. Representante de los oficiales de la Reserva Activa de la Fuerza Pública ante el consejo directivo del Hospital Militar Central:

Capitán de navío (RA) Germán Arango Jaramillo

Coronel (RA) Guillermo Rodríguez Guzmán

Profesional con formación académica y experiencia (por más de 25 años) en las áreas de gerencia, con énfasis en dirección empresarial, orientación y planeación estratégica, con habilidades de liderazgo en administración del talento humano, control interno y desarrollo organizacional e implementación de proyectos . Amplio conocimiento en contratación estatal, logística y cadena de suministros. Director de Sanidad Naval de la Armada Nacional entre 2013 y enero 2017. Jefe de Control Interno de la Armada Nacional en 2012. del Hospital Militar Central. Cargos desempeñados en el servicio de salud Militar: Director Hospital Naval de Leguízamo 1999 a 2000 Director del Centro de Medicina Naval en Bogotá 2006 a 2008, Director Administrativo y Financiero de Cotecmar 2009, Director del Hospital Naval de Cartagena 2009 a 2010, Jefe de Control Interno de la Armada Nacional 2012, Director de Sanidad Naval 2013 a 2017

Oficial del Ejército Nacional en el arma de infantería. Contador titulado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con numerosos cursos, diplomados y vasta experiencia en el área de auditoría y revisoría fiscal. Se desempeñó como auditor operacional del Hospital Militar Central y revisor fiscal del Club Militar de Oficiales, de Acore y del Club Casamata. Comandante de la División Córdova (1992-1995) y presidente de la Asociación Veteranos de Corea. En los últimos años ha colaborado como representante de los oficiales de la Reserva Activa de las FF. MM. en el Consejo Directivo del Hospital Militar Central.

VOTACIONES

MARTES 28 DE MAYO ÚNICO DÍA

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Análisis

De la guerra a la paz POR: CORONEL (RA) MANUEL JOSÉ SANTOS PICO

sí se titula un libro que acaba de publicar Planeta, escrito por Eduardo Pizarro, con un excelente contenido sobre qué sucedió entre 1996 y 2018 en esta Colombia golpeada por una confrontación bélica de grupos armados organizados que fueron activados desde 1964. Como lo menciona Malcom Deas en el prólogo, el libro viene a llenar un vacío, entre muchas razones, por “la profunda ignorancia y pereza de los civiles en analizar temas de seguridad” y termina afirmando: “… Lo que si ofrece es un marco que hasta ahora ha faltado para la discusión inteligente entre civiles y militares sobre los problemas de seguridad, fundamentales para el futuro de la nación”. Es indiscutible que, a lo largo de la historia, los ejércitos han tenido que enfrentar diferentes tipos de guerra de acuerdo con las transformaciones culturales que inciden directamente en la técnica, la táctica y la estrategia militar y política, así como los adelantos tecnológicos con gran impacto en las armas, poder de combate y organización de las fuerzas armadas. De ahí que sea tan importante entender por una nación, por sus dirigentes políticos y militares, por su pueblo –donde se ubican periodistas, académicos, intelectuales y gente del común– el tipo de confrontación armada que les ha tocado vivir para poder encontrar un final decoroso al tipo de guerra que les tocó enfrentar y reconocer que la paz siempre es posible, pero requiere de grandes esfuerzos. El diccionario enciclopédico Agostini define así el vocablo paz: “Ausencia de guerra, estado de concordia con los miembros de un grupo. Cese de las hostilidades. Tratado que pone fin al estado de guerra…” Sobre la guerra precisa: “Forma violenta de dirimir un conflicto entre sociedades humanas recurriendo a la lucha armada. Cualquier clase de lucha o pugna entre personas. Acción encaminada a destruir o poner fin a algo…” Clausewitz define la guerra como “la continuación de la política por otros medios”. “No es otra cosa que un combate singular amplificado”. “La guerra es, pues, un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad”. ¿Qué pasó en la Colombia de los siglos 20 y 21? ¿Estuvimos en guerra? El título del libro complementa la frase con la expresión: “Las Fuerzas Militares entre 1996 y 2018”. ¿Qué tipo de guerra tuvimos? La ciencia militar ha identificado una tipología de la guerra bastante amplia para poder estudiar y entender los sucesos este fenómeno humano a través de la historia. Cuando se habla de guerra al interior de un país se tiende a calificar esta de guerra civil, lo cual no es cierto, ya que este tipo de guerra requiere de una declaración formal de guerra por parte del gobierno y tiene que tener tres características que no se encuentran en la situación vivida en Colombia, entre

ellas la existencia de dos gobiernos, dos ejércitos y la división del país en dos regiones controladas por estas dos fuerzas. El libro se detiene en el capítulo IV titulado “Las nuevas guerras y la renovación del pensamiento militar a nivel global”, donde se puede encontrar una respuesta a esta situación ambivalente sobre la existencia de una guerra en este país. Realmente Colombia vivió una guerra de cuarta generación según la teoría de Willian Lind y su grupo de estudio, que aquí aceptamos como real, frente a los sucesos ocurridos entre 1964 y 2018 durante el conflicto armado interno que la nación vivió entre los grupos armados organizados (Farc, ELN, EPL y M19, entre otros) que le declararon la guerra al Estado social de derecho con el fin de cambiar el sistema político democrático capitalista por un sistema comunista de corte marxista–leninista. Vivimos una guerra de cuarta generación en un estado de paz-guerra, donde la guerra no fue declarada por el Estado, pero sí tuvo que emplear sus fuerzas armadas contra acciones de guerrilla, terrorismo, guerra sucia, subversión, ac-

ción sicológica, política y de masas. Todas estas acciones están contempladas en las explicaciones que se dan para identificar situaciones de “guerra asimétrica”. Con el acuerdo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc, firmado en diciembre de 2016, se puso fin al enfrentamiento con el grupo armado de mayor peso en el conflicto armado, pero se continua con una situación de conflicto armado donde el Estado enfrenta acciones de guerrilla y terrorismo ejecutadas por el ELN con 2.300 hombres en armas y elementos armados reconocidos como disidentes de las Farc con aproximadamente 1.900 hombres en armas de los frentes Primero, 7, 14 y 44 del Bloque Oriental que se mantienen en armas, cambiando su objetivo político por uno económico proveniente del narcotráfico, situación que dificulta el empleo de las Fuerzas Militares y transforma el contexto político del conflicto armado. Otro elemento de difícil manejo es la presencia del Clan del Golfo o Clan Úsuga ubicado entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba con

2.400 hombres en armas, Los `Pelusos con 250 hombres en Norte de Santander y los ´Puntilleros con 180 en el Meta y Guaviare, todos vinculados al narcotráfico. Todo indica que en Colombia se continúa con la existencia de un conflicto armado de baja intensidad, asimétrico, con niveles mínimos de violencia centrados en acciones terroristas contra el sistema energético, donde los grupos desmovilizados de las Farc están en el proceso de integrarse a la sociedad con una legislación de justicia transicional que tiene al país dividido en dos bloques, ya que las condiciones acordadas en los acuerdos políticos firmados no tienen la aceptación total de las corrientes políticas existentes en la nación, dando lugar a enfrentamientos en el Congreso, diferencias en la aplicación de procedimientos y sanciones frente a los procesos judiciales en curso, que colocan al país en un estado de incertidumbre. Entonces, podemos concluir que los proceso políticos, económicos y sociales que se presentan en el tránsito de una guerra a la paz, como el título de este libro que estamos comentando, no son fáciles de realizar, especialmente cuando las heridas de las víctimas no han sanado y hasta el momento empiezan un tratamiento que se proyecta en cerca de 10 años, donde se presentarán enfrentamientos que deben mantenerse en el plano político democrático, sin llegar al uso de las armas nuevamente, las cuales no tienen sentido. El gobierno del presidente Iván Duque tiene la grave responsabilidad de contribuir en la búsqueda de soluciones democráticas para consolidar el acuerdo con las Farc y así lo está haciendo. Se requiere también lograr un acuerdo con el ELN o buscar la derrota militar mientras se neutralizan los demás grupos armados, con una acción integral contra el narcotráfico. No es tiempo de disminuir el pie de fuerza de las Fuerzas Militares que debe mantenerse hasta la neutralización de todos los grupos armados organizados irregulares, mientras la Policía Nacional reestructura su organización y fortalece su rama antinarcóticos. De ahí la necesidad de utilizar todos los medios de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos. La asignación presupuestal en materia de defensa y seguridad para el 2019, muestra una disminución preocupante que está en contra de mantener una fuerza suficiente para alcanzar los objetivos estratégicos definidos. Tal vez por eso no se ha podido controlar los desórdenes y manifestaciones indígenas que bloquean el sur del país. ¡Qué lástima! Se pueden perder todos los esfuerzos hechos anteriormente. ¿Sera posible poner fin a un estado de confrontación armada total? ¿Será posible alcanzar un estado de concordia entre los miembros de una población que lucha por el desarrollo y la transformación durante el siglo 21? ¿Será posible un cese total de las hostilidades entre el Estado y los grupos armados ilegales? ¿Será posible erradicar el narcotráfico? ¿Será posible alcanzar la paz en esta Colombia del siglo 21? Buen trabajo profesor Eduardo Pizarro como aspiración de un colombiano.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Jurisdición Especial de Paz

El genocidio político

Con la apertura del caso No. 006, a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, la JEP estaría habilitando un adefesio jurídico y jurisprudencial de la Justicia. POR: CORONEL (RA) JOSÉ OBDULIO ESPEJO MUÑOZ Foto: Canal Trece

s amplio el historial de micos que se han colado en las leyes colombianas. En el Congreso han desfilado primates de diferentes especies y tamaños, pero con una característica morfológica común: favorecer los intereses de zutano o perencejo. Micos para beneficiar narcos y mafias. Micos para asegurarle el negocio a poderosos grupos económicos. Micos para pasarse la ley por la faja en componendas y negociados. Micos para favorecer los intereses de partidos y movimientos políticos. En fin, una población que bien podría superar la tasa de monos que habita la turística Isla de los Micos en nuestro exótico Amazonas. Mientras el país político y jurídico se polariza alrededor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, uno de esos micos –con la envergadura de un mandril u orangután, diría yo– da pasos de gigante y se abre camino en la vorágine de nuestra abrumadora coyuntura. Me refiero al genocidio por razones políticas. Aquí entró en terreno de arenas movedizas, pues muchos me podrán tildar de negacionista, ‘milico’ y defensor de ‘paras’. En mi tutela diré que soy un fervoroso creyente de la vigencia del imperio de la ley, por lo que procederé a explicar esta postura académica y personal. Mientras la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el artículo seis del Estatuto de Roma de 1998 definen el crimen de genocidio como una serie de actos “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, la Ley 589 del 7 de julio de 2000 le adicionó el vocablo “político” a la hora de tipificarlo en nuestro ordenamiento jurídico. Quisiera señalar que el trámite de esta norma se dio de manera simultánea con el curso y discusión del proyecto de ley del nuevo Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), que, a la postre, lo incluiría como parte de su articulado (101). Ahora bien. a través de sus sentencias (C-488/09, C-177/01, C-675/01 y C-290/12), la Corte Constitucional ha respaldado y moldeado la inclusión del criterio “político” en los elementos del crimen de genocidio, discernimiento de juristas criollos que, subrayo, no cuenta con reconocimiento internacional. Hasta aquí todo pareciera ajustado a derecho. De hecho, soy partidario de que cada episodio de victimización de dirigentes, seguidores y simpatizantes de la UP ?1.623 en datos de la Fiscalía, 6.201 para el CNMH y 6.613 según la Corporación Reiniciar? debe ser investigado por las autoridades, esclarecido al

ciento por ciento y, los autores, juzgados y sancionados. Claro está, la primera tarea sería clarificar y ponderar las cifras si se quiere avanzar en una investigación seria; la segunda, determinar con certeza cuántos militares, activos o retirados, están realmente involucrados en estos hechos, a fin de que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Lo que sí llama poderosamente la atención es el nombre con el que la JEP bautizó el caso No. 006: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. En otras palabras, el infortunio de la UP –a juicio de los tribunales de la transición– fue fruto exclusivo de un elaborado plan de exterminio promovido desde el Estado, usando agentes estatales y, para tal fin, privilegiando el actuar de una mano negra desde las entrañas de las Fuerzas Militares. Me uno, entonces, a aquellas voces que concluyeron que el legislador adicionó el criterio “político” para favorecer la persecución penal de los militares y policías colombianos por presuntas conductas delictivas cometidas en contra de los miembros de la UP. Algo de esperar en un país donde las altas cortes están politizadas como ninguna otra institución del Estado. Qué cómoda resulta esta posición que desconoce trabajos periodísticos, literarios, judiciales y académicos, según los cuales, algunos asesinatos de dirigentes y

militantes de la UP estuvieron motivados por cuestiones non sanctas. Uno de tantos hechos probados lo constituyen las retaliaciones que ordenó el Cartel de Medellín y, particularmente, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, luego del robo de un millonario alijo de cocaína, autoría de las Farc en Caquetá. Respuesta esperada en esa sangrienta época en el entendido de que la UP nació como brazo político del otrora movimiento alzado en armas. Pero volvamos al tema. La razón por la cual se aceptó la adopción de un nuevo elemento configurador del crimen de genocidio se encuentra en la exposición de motivos de la Ley 589. El legislador dijo apoyar su tesis en contextos antropológicos, históricos y sociológicos a fin de otorgar protección adicional a la ideología grupal y, por extensión, a la vida de las personas que conforman un grupo poblacional específico, como vendría ser uno de carácter político. Qué coincidencia que uno de los principales teóricos de la idea de acomodar a nuestra realidad la definición sobre genocidio sea el sacerdote jesuita Javier Giraldo. En un blog de su autoría, sustenta la tesis del genocidio político en el escrito Genocidio en Colombia: tipicidad y estrategia. En esta elaborada disertación –atestada de retórica, dialéctica e interpretación jurídica amañada–, Giraldo apela al concepto de “grupo nacional” contenido en la Convención y el Estatuto de Roma para dar visos de legalidad a

sus argumentos. “La identidad nacional hay que buscarla entonces en el orden jurídico al que se acogen los asociados en nación, en cuanto expresión de unos ideales, objetivos e inspiraciones comunes que motivan a vivir en común. La misma Constitución Política es la que traza esos ideales, objetivos e inspiraciones, a través de muchos de sus artículos”, escribe. “Las personas que han sido víctimas de estos crímenes (genocidio), lo han sido por pertenecer a conjuntos de población civil catalogados por los sujetos activos de los crímenes (Fuerzas Militares) como grupos que no se someten al parámetro de nacionalidad que ellos defienden, por cuanto estas víctimas se ubican en áreas de influencia, física o ideológica, activa o pasiva, supuesta o real, efectiva o afectiva, fundada o infundada, de grupos insurgentes que reivindican con métodos violentos una concreción práctica alternativa de nación. Esto hace que dichas poblaciones civiles sean victimizadas en cuanto grupos nacionales, según la interpretación autorizada, ya citada, de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU”, agrega. Si Giraldo está en lo cierto, entonces la JEP debería abrir de oficio otros casos para ser consecuente con las decisiones del Legislativo y el Judicial sobre genocidio. Propondré algunos: caso No. 007 “Genocidio de ciudadanos de Bojayá por parte del secretariado y el frente 58 de las Farc”; caso No. 008 “Genocidio de ciudadanos de Machuca por parte del Coce y el frente ‘José Antonio Galán’ del ELN”; caso No. 009 “Genocidio de los socios del club El Nogal por parte del secretariado y el frente 22 de las Farc” y caso No. 010 “Genocidio de integrantes de la comunidad militar y policial y sus familias por parte del secretariado y los frentes y cuadrillas de las Farc”. Cada una de las víctimas de estos actos terroristas hacen parte de un “grupo nacional” en cuanto tenían y tienen un “parámetro de nacionalidad que ellos defienden”, llevando a que “dichas poblaciones civiles sean victimizadas en cuanto grupos nacionales, según la interpretación autorizada”, parafraseando al mismo Giraldo. Resulta claro que nuestra aproximación al genocidio es ampliamente cuestionable, toda vez que el articulado de los tratados y convenios internacionales sobre la materia difiere del texto aprobado en el Congreso de la República y que fue avalado por la Corte Constitucional. En consecuencia, deberían prevalecer aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano sobre la legislación nacional, a la luz del llamado Bloque de Constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución), e inaplicar por inconstitucionalidad el artículo 101 del Código Penal. El debate está abierto. Con todo, estoy seguro de que el ‘Hombre de las leyes’ se debe revolcar muy seguido en su bicentenaria tumba y si tuviera la posibilidad nos recordaría aquella frase que nos heredó para la posteridad: “Colombianos: las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad”. Mas poco hemos hecho caso de esta máxima con atisbos de sabio consejo, pues nuestra Justicia actúa con infames intereses políticos.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Jurisdición Especial de Paz

Constitucional, pero inconveniente POR: ALFONSO MONSALVE SOLÓRZANO

Foto: Corporación Latinoamericana Sur

a oposición debería decir con argumentos por qué las propuestas de Duque violan el tratado y ponen en peligro la paz. Repito, no con gritos, paros, insultos. Sino con argumentos. No entiendo la reacción hostil a las 6 objeciones y tres reformas mediante actos legislativos que propuso el presidente Duque a la JEP, a saber: la obligación clara de reparar a las víctimas, que se establezca con diafanidad que sea el Alto Comisionado de Paz quien verifique quienes son las personas que se incluyen en el proceso, la definición de las circunstancias en las que la justicia ordinaria suspende sus investigaciones sobre personas sometidas a la JEP, que no se renuncie a la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, que no se exijan pruebas para extraditar a desmovilizados que hayan cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, y que no haya término para el ofrecimiento de la verdad a cambio de no extradición. ¿Hay alguien partidario de la paz que se oponga a esas objeciones? Que ya pasaron el control de constitucionalidad, dicen, y es cierto; pero una cosa es

que una norma sea exequible y otra, muy diferente, que sea conveniente para el país. De hecho, hay innumerables ejemplos de normas que siendo constitucionales han sido claramente inconvenientes. Una norma es socialmente aceptable cuando es a la vez, constitucional y conveniente. Y el presidente tiene derecho a objetar por inconveniente una norma que se presume constitucional. En una democracia, una norma no sólo deber ser legalmente producida; debe, además, servir al interés general, que es el ámbito de la política y el de la ética pública. Veamos algunos ejemplos de normas válidas constitucionalmente pero abiertamente inconvenientes por injustas: las de los nazis que expropiaban los bienes de los judíos; las de Lenin, que arrebataban la tierra a los campesinos propietarios (todo propietario era catalogado como rico) y que produjo una hambruna que mató a más de ocho millones de personas. Y las que objeta Duque. O ¿es atentar contra la paz exigir que quede absolutamente claro cómo un desmovilizado reparará a las víctimas, que según nos

han dicho, son el “centro” del acuerdo?; o ¿que se fije, más allá de toda duda cuándo cesa la acción de la justicia ordinaria, para evitar que los reinsertados sigan delinquiendo impunemente hacia el futuro? Y en el mismo sentido, ¿es bueno para la paz que no se cumplan los tratados de extradición, para favorecer a exguerrilleros que narcotrafican? ¿Y va contra la paz exigir que los delitos de lesa humanidad, que por ley internacional reconocida por Colombia no prescriben, sean castigados? Y hablando de castigo, recuérdese que todo el país está de acuerdo con una ley de justicia transicional, que por definición reduce ostensiblemente las penas en aras de la paz. Aquí nadie está pidiendo las condenas ordinarias de larga duración, pero sí unas que manden el mensaje a la sociedad y a los criminales de que el delito no paga. Una condena es no sólo una sanción a un individuo, sino un mensaje a la sociedad entera. Un mínimo de prisión efectiva, como la que se aplicó a las autodefensas, de ocho años, cumple la doble condición de ser una señal de paz y generosidad con el criminal y una indicación de que la institucionalidad prevalece. Pero lo que aprobó Santos fue la renuncia a cualquier sanción efectiva y conllevó el mensaje de que los delincuentes eran moralmente correctos, así asaltaran, violaran a sus niñas, destruyeran pueblos, en fin, pisotearon los derechos humanos de los colombianos. Y como fue un compromiso a nombre del estado colombiano, a pesar de su reticencia y la repugnancia que le debe producir ese acuerdo, las modificaciones que Duque,

que es respetuoso de la ley, propone, no alteran el fondo de lo pactado. Apenas lo precisa, para que la impunidad no sea mayor. Y lo hace con las herramientas que le entrega la institucionalidad, para que, admitida su constitucionalidad, sean lo más convenientes posibles para la paz del país, que detesta la impunidad que a diario se está viendo en razón de los acuerdos. Y en cuanto a los tres actos legislativos que presentará, y que sólo se aplicarán a futuro, hay que decir que es la oportunidad de oro para que otros grupos sepan que la puerta de la paz está abierta, pero que la impunidad ya no es negociable. En palabras del propio presidente: “La exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”. Además, “debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”. Y también “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia Ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición”. La oposición debería decir con argumentos por qué las propuestas de Duque violan el tratado y ponen en peligro la paz. Repito, no con gritos, paros, insultos. Sino con argumentos. Quizá sea la oportunidad de debatir en serio y escucharnos. Soñar no cuesta nada.

advirtió que sus discursos eran una clara intervención en política. Vale recordar que Ruiz reveló, en una acalorada sesión, las relaciones de Marín con grupos armados en Santander, razón de más para desatar su ira contra el militar. Otro tanto hizo el senador Raimundo Emiliani, quien afirmó que “[…] el problema de este país es que los militares se ponen a estudiar y comienzan a conspirar”. La respuesta del general fue enfática: “[…] la prohibición de deliberar no puede con-

vertir a los militares en ciudadanos de segunda clase”. Lamentablemente, las inquietudes del general Ruiz Novoa fueron hábilmente neutralizadas por élites políticas empleando argumentos retóricos que convertían lo verdadero, en reprobable e insípido, y lo falso, en atractivo y creíble. Una forma elocuente para distraer las discusiones sobre lo fundamental. Una técnica empleada por una clase política de la cual han cambiado los nombres, pero no las malas costumbres.

Violencias recicladas POR: CAPITÁN (RA) CÉSAR CASTAÑO RUBIANO

l 7 agosto de 1962, asumió como presidente el conservador Guillermo León Valencia. El político payanés, segundo mandatario del llamado Frente Nacional, era famoso por su intemperancia verbal y su desmedida afición por la caza. Recién posesionado, nombró al general Alberto Ruiz Novoa como ministro de Guerra. Dos años más tarde, decidió retirarlo del servicio activo. Tal vez tuvo celos de aquel preparado militar que parecía conocer más del Estado y sus necesidades, que la propia clase política. Eran tiempos del bandolerismo, derivado de la violencia sectaria alentada por los partidos políticos. A mediados de agosto de 1962, Ruiz Novoa encomendó al teniente coronel Álvaro Valencia Tovar una evaluación sobre el libro La violencia en Colombia. En su informe, Valencia presentó un análisis del impacto de la obra para el país y las implicaciones que esta tenía en relación con la labor de las Fuerzas Armadas. Emitió además algunos conceptos favorables sobre el texto, razón por la cual los sectores conservador-

es declararon que estos constituían un ataque al partido. El documento, que había sido dirigido al ministro de Guerra, con clasificación ‘secreta’, había llegado inexplicablemente a manos del senador conservador Darío Marín Vanegas quien lo hizo público. Los reclamos no se hicieron esperar. En un debate citado por los conservadores, el 13 de diciembre, Ruiz Novoa hizo una férrea defensa del Ejército y del coronel Valencia Tovar. Pero además, pronunció un dramático llamamiento a la clase política y dirigente invitándoles a deponer los odios y evitar más señalamientos: “Trescientos mil muertos por la violencia os piden paz, paz, paz. […] Estamos al servicio de los colombianos y no permitiremos que las Fuerzas Armadas sean puestas al servicio de intereses políticos”, dijo el general en forma emocionada, para concluir un discurso que causó honda impresión entre los asistentes. Ante sus intervenciones, en las que eran frecuentes las críticas a la clase política, los conservadores enfilaron baterías contra el oficial. Marín Vanegas,

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Guerra jurídica

POR: JAIME EDUARDO BOTERO GÓMEZ

rango, buscando momentos o coyunturas políticas especiales, cuando existen álgidos debates en la vida nacional. Efectivamente, hace un par de semanas, HRW hizo público un informe en el que cuestiona al gobierno colombiano por haber promovido a nueve generales, quienes supuestamente están investigados por falsos positivos, pero que en realidad no es cierto. No importa si es cierto o no; lo importante es la acusación y el eco que ella tenga. En esta ocasión, entre los altos oficiales se encuentra el actual comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Nicasio de Jesús Martínez Espinel. Por años han desarrollan una teoría según la cual, coroneles y generales deben ser considerados responsables de cualquier posible delito que pueda cometer alguno de sus soldados. Una cláusula parecida sobre la responsabilidad del mando se intentó dejar en el Acuerdo para la Paz firmado entre Santos y las Farc. Este es un objetivo claro: arrodillar a las cúpulas militares y hacer las acusaciones sin importar las pruebas. No importa, después habrá tiempo de fabricarlas. He aquí la segunda fase. No importa cuánto tiempo se tome; comienza a continuación de que se han señalado a los oficiales por parte de la ONG internacional, en este caso HRW; luego aparecen algunas ONG colombianas, también supuestamente dedicada a la “defensa de los derechos humanos”, las cuales en realidad son, como las definiera algún cono-

cido político colombiano, mercaderes de los derechos humanos. Son especialistas en conseguir falsos testigos, en fabricar pruebas y en hacer montajes; hacen las denuncias en la Fiscalía y empieza el calvario para estos oficiales. Muchos de ellos caen presos rápidamente y a algunos otros los tienen en capilla por años. Hay una constante: todos terminan arruinados porque la defensa les costará todo su patrimonio. Estas mismas ONG –llenas de abogados expertos en estos temas– logran muchas veces condenas internacionales contra Colombia, incluso antes de que la justicia colombiana haya fallado los casos contra los oficiales e incluso aquí nuca llegan esos fallos. Así se enriquecen estas ONG y aunque no fuera por esta vía, tienen la financiación de los grupos a los que sirven. En todo caso, a través de esas condenas, logran conseguir ingentes indemnizaciones para las víctimas y se quedan con una buena tajada. Ya sabemos que en muchos casos, las víctimas han sido inventadas por las ONG. Recordemos a Mapiripán, supuesta masacre por la que condenaron al Estado por 59 víctimas, de la que finalmente se supo habían sido 6 los homicidios en 2 días distintos y en diferentes lugares, lo que hace poco creíbles, casi hasta ridículas, las versiones de una supuesta incursión paramilitar con la supuesta complicidad de los militares, que dicen aportaron una logística de guerra exagerada para estos resultados. Cuenta la leyenda que hubo hasta dos aviones que trans-

portaban la tropa de asesinos. ¿Para qué semejante logística si para lo que, supuestamente hicieron, se necesitaba un sicario o máximo dos? Pues el resultado de esta patraña tiene al general Jaime Uscátegui condenado a 37 años sin tener siquiera jurisdicción sobre la zona de Mapiripán cuando ocurrieron los hechos. Existen diferentes motivaciones para este tipo de montajes: el desprestigio de las FF. MM., minar la moral de las tropas, los dineros que obtienen de las demandas contra el Estado y casi siempre buscan distraer la atención de los colombianos en momentos álgidos de la vida nacional. Por estos días hay dos temas que quisieran sacar del radar de las noticias: las objeciones que hizo el presidente Duque de la Ley Estatutaria de la JEP y la exagerada expansión de los cultivos de coca producto de los acuerdos que hiciera el anterior presidente con las Farc. Como podemos ver, la estrategia es diabólica y muy efectiva. Se producen varios efectos buscando minar al Estado, casi siempre atacando a las FF. MM. ante la mirada indiferente de muchísimos colombianos que no saben qué pensar. Es tal el bombardeo, que mucha gente termina creyendo que los militares son culpables, delincuentes de la peor laya y asesinos, desde el mismo momento en que se produce la noticia. Esta es la versión que nos venden y que apoya con toda consciencia la prensa colombiana. Durante todos los años en que se estuvo negociando el proceso de paz, tenían un buen grupo de generales en el sonajero de los acusados por delitos de lesa humanidad: eran casi 32. Hoy, aún, no ha pasado nada con ellos, pero los tienen distraídos, desmotivados y dedicados a defenderse. ¿Cómo podrían rendir así? Seguro algunos de ellos terminarán condenados injustamente y hoy entran en capilla los nueve mencionados por HRW. Esta guerra jurídica ya la ganaron los comunistas y tiene mucho que ver el origen ideológico de muchos de nuestros jueces y magistrados. Lograron acabar con el fuero militar y hoy, después de en una reforma constitucional, parecía que lo recuperaría, con la que los engañó Juan Manuel Santos durante casi cinco años, llegó la JEP para volver a derribar ese fuero constitucional, pues ahora los sentarán en el banquillo de los acusados equiparándolos con los guerrilleros de las Farc, esos si poderosos políticos que han alimentado toda esta estrategia con los recursos del narcotráfico.

Foto: CNN en Español

Foto: 360 Radio Colombia

El desprestigio Foto: Las2orillas

n actor muy importante en la guerra de jurídica, mediática y de propaganda, es la ONG internacional, millonaria y poderosísima, de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), liderada por el marxista chileno José Miguel Vivanco. Periódicamente toman la iniciativa y vuelven al ataque contra la cúpula militar en Colombia. Son batallas recurrentes que hace parte de la estrategia globalizada de la izquierda internacional, en su constante lucha por inclinar la balanza de los diferentes países hacia gobiernos socialistas o cualquiera de sus variantes autoritarias. La arremetida hace parte de una estrategia sistemática que hemos denunciado muchas veces en el pasado. Desafortunadamente, las FF. MM. en nuestros países no están preparadas para enfrentarla debido a que el Estado de derecho ha sido reformado paso a paso para tenerlo a merced de este tipo de ataques. Hace algunos años, los militares no sabían o no entendían cómo funcionaba, pero hoy –aunque muchos la conocen y un buen número de oficiales, suboficiales y soldados, la han sentido en carne propia–, no tienen la menor idea de cómo enfrentarla, ya que no cuentan con el apoyo de los políticos. Están tan indefensos como niños en el jardín, porque el mismo Estado y la sociedad, se ha encargado de quitarles todas las opciones de defensa. Hay varios elementos que los deja maniatados. El principal: la desaparición del fuero militar, el debilitamiento de la Justicia Penal Militar y el haber quedado a merced de la justicia ordinaria corrupta e ideologizada y de todo tipo de patrañas que han llevado a miles a las cárceles. Adicionalmente, existe una prohibición constitucional que les impide ser deliberantes, participar en política y opinar; no tienen forma de defenderse en los medios, donde son condenados sin formula de juicio y se ejercen todo tipo de presiones mediáticas sobre los jueces que, finalmente, los terminan condenando. La estrategia, planeada impecablemente, tiene varias etapas o fases. Las arremetidas iniciales están a cargo de estas ONG internacionales que se dicen de derechos humanos, pero realmente son instrumentos siniestros del comunismo internacional. En esta primera fase, la intención es señalar, acusar, “marcar” a su presa; algo que hemos visto con claridad en estos días (y en el pasado en otros muchos casos) consiste en acusar sin pruebas por una ONG a oficiales de alto

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Asamblea General Ordinaria 2019

Palabras del Primer Vicepresidente de Acore durante la Asamblea General Ordinaria 2019

CAPITÁN DE NAVIO LUIS JAIME CORREA PÉREZ

amento hoy la ausencia del señor General Jaime Ruiz Barrera y hago votos porque esté muy pronto con nosotros dirigiendo los destinos de nuestra asociación. Durante los cinco años en los que he acompañado al General en la Junta Directiva, he visto su dedicación para lograr los objetivos que se traza y considero que lo ha logrado con creces, colocando a ACORE en la posición que todos queremos, presente ante la opinión nacional y activo su pensamiento Militar. Como se destacó en el informe del Presidente, han sido muchas las realizaciones alcanzadas, por ello tengo muy poco que agregar, pero aprovecho esta oportunidad para comentar con preocupación, que en varias oportunidades he visto que la aspiración de candidatos a presidente y la forma de hacer las campañas han estado bajo el modelo de desprestigio a las labores realizadas por las actuales directivas. Con un mínimo con-

ocimiento de las actividades y tareas de ACORE, se lanza una plataforma de desacreditación, se critica entre otras cosas los pocos Afiliados, sin conocer que a hoy existen 5.143 oficiales retirados del Ejercito, 1355 de la Armada y de la fuerza aérea lo que nos indicó que de 7722 posibles socios tenemos 3000 afiliados, lo que equivale al 39% de los posibles socios; las otras críticas son hacia los gastos administrativos, sin conocer el interior de la organización. Yo exhortó a los aspirantes a ser Presidente de ACORE, a que basen su CAMPAÑA en la sostenibilidad de las metas alcanzadas, en proyectos futuros, mostrando y demostrando su capacidad de líderes y hombres de bien, y no tratando de desprestigiar a los antecesores. Somos un grupo de personas que debemos ser ejemplo de conciliación, capaces de prescindir de ambiciones personales para beneficio de Acore y de Colombia. Existen muchos oficiales que tienen

gran capacidad para este relevo y la asociación los necesita En mis años de trabajo he tenido la oportunidad de pertenecer a asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, y puedo nombrar una, que muchos de ustedes conocen y son los Rotarios; ellos tienen un gobernador en ejercicio; pero al tiempo tienen un gobernador electo y un gobernador postulado, lo que permite que tres años antes de ejercer su mandato estén involucrados en la organización y dirección. Este sistema hace que cuando se asume el cargo se tenga conocimiento real y se trabaje por hacer y no por destruir. En otro campo de mi vida empresarial pertenezco a una compañía que es distribuidora de Huawei donde he tenido la oportunidad de conocer su organización directiva; tienen un Director General y nueve directores de área que han sido nombrados año a año, para que durante nueve años sean directores y al noveno

año, ser el Director General, esto permite que cuando es nombrado director de área sabe que en 9 años será el Director General y tiene estos nueve años para conocer la compañía, su organización y planear como va a ser su año de Director General, ayudando a que cuando llegue, la compañía sea más grande y eficiente No quiero aquí proponer organización tan amplia, pero si quisiera sugerir a aquellos que desean ser los sucesores del Presidente de Acore usen su tiempo, acercándose a ACORE, desde ya, conociéndola, aprendiendo de los logros y posibles errores, colaborando en su desarrollo y progreso y así, basen su candidatura en una plataforma de desarrollo. Olviden las críticas que solo llevan a la desunión, rencores y heridas. Somos muy pocos, luchemos por hacer de ACORE una organización donde nos sintamos orgullosos de ser lo que somos y ser dirigidos por un gran compañero, para alegría y complacencia de todos (sic)”.

Asamblea General Ordinaria 2019 POR: SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA

l sábado 30 de marzo, a las 9 de la mañana, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria 2019, certamen que cada año congrega a los asociados de Acore y que contó con la participación de los presidentes de 12 seccionales, 47 asistentes presenciales que fueron en aumento a medida que avanzó la asamblea y 127 poderes debidamente registrados. La asamblea fue transmitida vía streaming para que pudiera ser observada por todos aquellos que no pudieron hacerlo en forma presencial. Se postularon tres candidatos para la presidencia de la asamblea: Teniente Coronel (RA) William Santiago, presidente de la seccional Tolima; Contralmirante (RA) Gabriel Arango Bacci, presidente de la seccional Bolívar y Coronel (RA) Juan Luis Gutiérrez, perteneciente a la seccional de Bogotá y Cundinamarca. Puestos estos nombres a consideración de los asambleístas, el resultado de la votación fue de 121, 20 y 8 votos respectivamente. Entonces asumió la presidencia de la asamblea el Teniente Coronel (RA) William Santiago Molina y la vicepresidencia el Contralmirante Gabriel Arango Bacci. Como Secretario de la Asamblea se designó al Brigadier General Guillermo Bastidas Ordóñez, Secretario General Ejecutivo de Acore. A renglón seguido se conformó la Comisión Revisora del Acta de la Asamblea, la cual quedó integrada así: Brigadier General (RA) Justo Eliseo Peña, Teniente Coronel (RA) Jorge Rodríguez González y Mayor (RA) Anselmo Escobar. Una vez culminado este preámbulo, el Capitán de Navío (RA) Luis Jaime Correa Pérez, Primer Vicepresidente de

Acore, presentó un resumen general del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2018 – 2019. También leyó un saludo en el que convidó de manera muy especial a los aspirantes a la presidencia de Acore para que basen sus campañas en la sostenibilidad de las metas alcanzadas, en proyectos estructurados auto sostenibles y financieramente viables; los convidó a poner de presente su capacidad de líderes y hombres de bien y a no caer en el error de desprestigiar y desacreditar a los antecesores, desconociendo y descalificando el trabajo realizado. “Somos un grupo de personas que debemos ser ejemplo de conciliación, capaces de prescindir de ambiciones

personales para beneficio de Acore y de Colombia. Somos muy pocos; luchemos por hacer de Acore una organización donde nos sintamos orgullosos de ser lo que somos y ser dirigidos por un gran compañero, para alegría y complacencia de todos”, dijo. En el marco del informe de gestión, el Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordoñez presentó un informe ejecutivo sobre la situación administrativa de la asociación, de los proyectos ejecutados y en ejecución, del Plan de Desarrollo y de los avances tecnológicos adquiridos para actualizar cada día más la asociación. Asimismo, señaló que el crecimiento y la solidez económica de

Acore obligaron a la consolidación de la información financiera de la entidad incluyendo todas las seccionales, de tal manera que permita dar cumplimiento a las nuevas disposiciones administrativas, laborales y tributarias vigentes aplicables a entidades sin ánimo de lucro y de las características de Acore. Como resultado de lo anterior fue necesario emitir políticas y directrices internas que permitan asegurar una gestión unificada orientada al logro del objeto social y al control, manejo y aplicación de los recursos, sin afectar la autonomía de los presidentes y juntas directivas de las seccionales en el desarrollo de su gestión.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Asamblea General Ordinaria 2019

Alba Lucía Cristancho, contadora principal

La actualización tecnológica en los medios de comunicación de la asociación ha sido una constante del departamento de Divulgación y Comunicaciones, que nos ha permitido facilitar cada vez más la difusión de la información. Esta asamblea, al igual que las realizadas en los últimos dos años, fue trasmitida en vivo y en directo vía streaming, brindando a los asociados que no pudieron asistir la facilidad de presenciarla e interactuar desde su casa. Durante la asamblea se realizó el lanzamiento de dos videos institucionales, elaborados directamente por Acore, los cuales se hicieron merecedores de aplausos y elogios por parte de los asistentes. La implementación del voto electrónico es uno de los proyectos que se encuentra en desarrollo durante el presente año, dejando atrás el sistema de votación tradicional de tarjetones y urnas; se aplicará en las elecciones del año entrante.

tivo y financiero de la entidad, el cual encontró ceñido a los estatutos de la asociación y a las normas legales vigentes en Colombia. La asamblea recibió con beneplácito el informe presentado por la revisoría fiscal externa y aplaudió el trabajo profesional realizado por la presidencia y la administración de Acore, que se evidencia por el desarrollo, la pulcritud y la solidez financiera de la asociación. A su vez, la Secretaría General Ejecutiva de Acore agradeció el excelente trabajo de fiscalización realizado por los profesionales de la Revisoría Fiscal y que se constituye en una verdadera garantía de confianza para Acore.

También se rindió un informe resumido de la gestión realizada por la Mesa de Trabajo Permanente, órgano compuesto por la unión de 18 importantes asociaciones de oficiales de la reserva activa de la Fuerza Pública, la cual, con el liderazgo de Acore, se ha posicionado como el grupo de presión más importante que tienen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para defender los derechos e intereses institucionales de la reserva activa en materia de seguridad jurídica y seguridad social.

A continuación, el Capitán de Navío (RA) Antonio Faccini Duarte, director del Departamento Administrativo y Financiero, hizo la presentación correspondiente al presupuesto de ingresos y egresos tanto de Acore como de Avode para la vigencia 2019, así como la distribución de los excedentes del ejercicio financiero vigencia de 2018 y el Plan de Desarrollo Quinquenal 2019 – 2023, los cuales, después de un detenido análisis y con la participación de los asambleístas, fueron aprobados en su totalidad por amplia mayoría.

En consecuencia, Acore ha logrado el reconocimiento nacional e internacional como la organización más representativa de la reserva activa de la Fuerza Pública en Colombia, constituyéndose en referente para la opinión pública y fortaleciendo su capacidad institucional para el cumplimiento del objeto social de Acore, que es el bienestar y la defensa de los derechos adquiridos en materia de seguridad social y jurídica de los asociados. La revisoría fiscal externa de la asociación, ejercida por la firma Latín Professional S.A.S., presentó su informe final correspondiente a la vigencia 2018, avalando en su totalidad la legalidad y transparencia del manejo administra-

Los estados financieros de Acore y de Avode fueron presentados a los asambleístas por la señora Alba Lucía Cristancho, contadora principal de Acore, siendo aprobados unánimemente por los asambleístas.

Por sugerencia de varios asambleístas, se aprobó la inclusión en el Plan de Desarrollo de una línea o programa especial dedicado exclusivamente a la investigación, con el propósito de que se puedan inscribir, analizar y desarrollar proyectos en temas que aporten beneficios institucionales relacionados con el objeto social de Acore. Los proyectos que se presenten deberán estructurarse de acuerdo con la ficha técnica establecida en Acore para tal fin, inscribirse en el banco de proyectos y someterse al análisis de factibilidad, viabilidad, conveniencia institucional, además de ser auto sostenibles para poder acceder a la asignación de recursos (claro está, sujetos a disponibilidad presupuestal).

Capitán de Navío (RA) Antonio Faccini Duarte, director del Departamento Administrativo y Financiero

Mayor (RA) Jaime Gómez Aponte

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Acorado de honor

Como es tradicional en el marco de la asamblea, la asociación hizo un justo reconocimiento al oficial elegido como Acorado de Honor por la Junta Directiva Nacional entre los candidatos postulados por las diferentes seccionales. En esta oportunidad fue homenajeado el Teniente Coronel (RA) William Santiago Molina, presidente de la seccional Tolima, a quien le impuso la distinción el Capitán de Navío (RA) Luis Jaime Correa Pérez, Primer Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional.

La Asamblea General Ordinaria 2019 se desarrolló en un ambiente de respeto, camaradería y seriedad; abundaron los comentarios de reconocimiento y elogio a la gestión realizada por la Presidencia, la Junta Directiva Nacional y los directivos y funcionarios de Acore. Al concluir el evento, el Departamento de Comunicaciones y Divulgación se lució con la presentación del nuevo video institucional del Himno de Acore, que emocionó a los asistentes, quienes honraron a sus autores con un sonoro y merecido aplauso.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Asamblea General Ordinaria 2019

Reunión de presidentes de seccionales

Compromiso: vincular a nuevos oficiales de la reserva activa POR: SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA

Antioquia

l pasado viernes 29 de marzo se realizó en la Sede Nacional de Acore la habitual reunión con los presidentes de las seccionales, quienes presentaron un balance de su gestión en 2018 y los estados financieros correspondientes al mismo período.

Fueron muchas las actividades realizadas para la integración de los acorados en este departamento, al igual que con las autoridades civiles y militares. También se realizaron coordinaciones permanentes con otras asociaciones de la reserva activa, de manera especial con Acorpol. En noviembre de 1969, en cabeza del Capitán (RA) Marco Tulio Acosta Rave, quien falleció el 7 de abril del presente año la seccional nació oficialmente. Por lo tanto, este 2019 se celebrarán las bodas de oro de la seccional. Su comité femenino, conocido como Davore, es especialmente activo en tareas relacionadas con los soldados detenidos y con familias necesitadas; siempre dispuestas a tender la mano con gran sentido de solidaridad.

Atlántico

Cauca Está integrada por un pequeño grupo de asociadas lideradas por el Subteniente (RA) José Édgar Velasco Arboleda, quien reemplazó a su hermano, el Mayor (RA) Mauricio Velasco Arboleda. Alrededor de unas onces, sus temas de conversación y de preocupación giran en rededor de la situación que se vive en el departamento y en el país. En 1983 se fundó esta seccional en la sede de la academia militar Tomás Cipriano de Mosquera, en Popayán.

Con aires de renovación, la presidencia de la seccional y su junta directiva han enfocado sus esfuerzos y expectativas a crecer, renovar y restablecer la buenas relaciones con los mandos institucionales del departamento, así como con la sociedad en general, enfocándose en generar entusiasmo por parte de muchos integrantes de la reserva activa para unirse a Acore y participar de manera más activa y eficiente en actividades institucionales, académicas, deportivas y sociales entre muchas otras. Fundada en mayo de 1972, su primer presidente fue el Capitán de Corbeta (RA) Carlos Troncozo Collazos.

Boyacá

Fue fundada en 1966 en la sede del Club Naval de Cartagena. Después de 18 años de presidencia comprometida, el Vicealmirante (RA) Guillermo Uribe Peláez entregó el cargo al Contralmirante (RA) Gabriel Arango Bacci, quien fuera su vicepresidente. El nuevo presidente ha continuado las excelentes relaciones con el mando militar y el personal que conforma la Base Naval en Cartagena. Los asociados que hacen arte de la seccional siguen participando con gran alegría de las reuniones de cumpleaños, almuerzos, juegos de cartas y de billar, noches bohemias, participación en conferencias y visitas guiadas a sitios de importancia en el departamento.

Bolivar

Fue fundada por el Mayor (RA) José Nicasio Navarrete Zambrano el 5 de septiembre de 1979. Se caracteriza por ser una sede móvil; su presidente actual, el Teniente Coronel (RA) Álvaro Macias Montoya recorre junto con el vicepresidente, Teniente Coronel (RA) Alirio Aponte Monroy, el departamento con un entusiasmo y alegría envidiables. Luciendo una ruana con el escudo de Acore bordado, visitan a los asociados, llevándoles sobre todo compañía, buen humor, diversión, risas francas y amistad incondicional. Mantienen excelentes relaciones con los mandos institucionales y las actividades formales parecen un festival del humor. Celebraron por todo lo alto los 100 años de la señora Sofía Rosselli de Roman, quien con una gran lucidez festeja cuanto chiste se le cruce y además recibe con mucho agrado una de Líder. Su joven presidente, el Mayor (RA) Manuel Antonio Romero Cabrera, ha asumido con entusiasmo la dirección de la seccional, que cuenta entre sus asociados con el Mayor (RA) César Jaramillo Arango, uno de los fundadores del Batallón de Infantería Ayacucho, acantonado en la bella y culta Manizales. Las reuniones mensuales ‒ya sea para celebrar cumpleaños, día de la madre, del padre, reuniones de la junta, elecciones‒ se realizan en las termales El Otoño, cuyo fundador es el Teniente (RA) Arturo Gallego Estrada, para quien es un inmenso placer atender a todos los integrantes de la reserva activa que deseen disfrutar de este balneario. Contando con el apoyo del Brigadier General (RA) Gabriel Puyana García, la seccional nace en mayo de 1987 de manos de su primer presidente, el Teniente Coronel (RA) Silvio Cardona Álvarez.

Caldas

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Asamblea General Ordinaria 2019

Huila A la reunión asistió el secretario de la seccional, Teniente (RA) Henry Gómez. Las relaciones con el mando militar son inmejorables; tienen un sitio especial en cada ceremonia, manifestación o actividad social y siempre unidos disfrutan de sus actividades de integración. La seccional fue fundada en 1996, siendo su primer presidente el Mayor (RA) Diofantes González Bermeo.

Risaralda

Norte de Santader Esta seccional labora desde 1970; el Capitán (RA) César Sandoval fue su primer presidente. En la actualidad cuenta con una sede muy bonita, la cual hace parte de un contrato de comodato con la Jefatura de Ingenieros de Ejército. La sede ha sido escenario de muchas actividades de integración entre los asociados, quienes mantienen unas excelentes relaciones con el mando militar. El Teniente Coronel (RA) Edison Salinas Molina y su junta directiva trabajan con ahínco para lograr alimentar el espíritu de cuerpo que nos identifica como reserva activa.

En su sede del Batallón de Artillería 8 ‘San Mateo’ y de manos del Coronel (RA) Gilberto Cano Laverde, la seccional continúa celebrando reuniones entre los asociados y con diferentes personalidades de la sociedad pereirana. En julio de 1990 se fundó; su primer presidente fue el Teniente Coronel (RA) José Ezequiel Yánez Ruíz.

Tolima Santander

Su actual presidente es el Coronel (RA) Alfonso Yunda Martínez, entusiasta por naturaleza. Él está guiando los destinos de la seccional efectuando actividades académicas, culturales y sociales en la que participan los asociados y estrechan lazos de amistad con el mando militar y la sociedad santandereana en general. Fundada en octubre de 1974, su primer presidente fue el Coronel (RA) Carlos Arturo Manrique Lara.

Quindío

Valle

En 1961, un grupo de oficiales retirados que en 1958 se había unido para participar de las actividades de la Tercera Brigada, fundó la seccional. Hoy, después del fallecimiento del Coronel (RA) Pinzón y de manos del Coronel (RA) Óscar Hernán García Arango, adelantan actividades para mantener y alimentar los lazos de amistad e integración, siempre encaminados a fortalecer la amistad características de la gran familia castrense que reside en Cali.

Su actual presidente, el Teniente Coronel William Santiago Medina, viene desarrollando actividades de integración con los asociados; no se pueden perder el San Pedro y posar con el traje típico, cultura, diversión, alegría, compaginadas con ceremonias militares y algunas academias. Nació en marzo de 1984; fungió como primer presidente el Teniente Coronel (RA) Jaime Polanco Ospina.

El Mayor (RA) Guillermo Pulido asistió en representación del Coronel (RA) Augusto Vejarano Bernal, presidente de la seccional, quien destinó un espacio de su empresa como sede y sala de reunión de los acorados. La seccional vio la luz el 11 de agosto de 1961 de manos de su primer presidente, el Coronel (RA) Benjamín Porras Peña.

De manos del Coronel (RA) Miguel Yunis Vega, su actual presidente, en la seccional se han reactivado muchas actividades para fortalecer los lazos de amistad entre los asociados, aprovechando los espacios de su sede en Armenia. Las relaciones con el mando militar son inmejorables y son muchas las actividades que desarrollan en conjunto. Nació el 10 de agosto de 1983 bajo el liderazgo de quien fuera su primer presidente, el Coronel (RA) Jorge Alberto Quintero Puentes.

Magdalena

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Internacional

Lo que el socialismo se llevó Hay dos Venezuelas: la de ayer, próspera y pujante. La de hoy: pobre, corrompida y a oscuras.

POR: EMMANUEL RINCÓN

enezuela es un país que ha cambiado mucho desde sus años dorados, aquellos en los cuales era la capital simbólica de América Latina, debido a su progreso, empuje y crecimiento económico sostenido. Hoy en día, Venezuela es el país más pobre de la región. Todo ello ocurrió tras 20 años de socialismo. Más allá de hacer una reflexión o análisis de esta situación, expongo algunos datos (unos muy relevantes, otros no tanto) que muestran el cambio radical con respecto a la Venezuela democrática de la década de 1980, y la Venezuela actual gobernada por el chavismo. Poder adquisitivo Año 1979: Los venezolanos saudí abarrotan las tiendas de Nueva York. Año 2019: Los venezolanos recogen agua de las cloacas y ríos para bañarse. Inmigración y emigración. Año 1979: Durante el proceso de matriculación de extranjeros, el Gobierno anuncia que se le otorgarán visas de residencia a los colombianos con más de cinco años en el país. Año 2019: Más de un millón de venezolanos radicados en Colombia en condición de refugiados

Inflación Año 1980: Se inaugura el nuevo Edificio Banco de Venezuela. Año 2019: Hiperinflación en Venezuela se ubica por encima de 10 000 000 %

Museo Histórico Militar Año 1981: Se crea el Museo Histórico Militar. Año 2019: El Museo Histórico Militar fue convertido en el Museo de Chávez.

Premio Rómulo Gallegos Infraestructura y servicio Año 1979: Se inaugura la Torre Oeste del Complejo Parque Central. En su momento fue el rascacielos más alto de América Latina. Año 2019: No llega agua a los edificios de Caracas.

Comunicación y libertad de prensa Año 1980: Se inician oficialmente las transmisiones de televisión a color en todo el país. Año 2019: 115 medios de comunicación cerrados desde la llegada de Nicolás Maduro al poder.

Importación y producción local Año 1980: Se publica en la Gaceta Oficial N°32.329 el decreto que alude la consigna “Compre venezolano”, con el fin de reducir el número de importaciones para favorecer a las empresas nacionales. Año 2019: Venezuela importa el 75% de los alimentos que se consumen en el país.

Año 1982: Luego de premiar a Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, y Carlos Fuentes, Fernando del Paso recibe la IV edición del Premio Rómulo Gallegos, otorgando un premio de 100 mil dólares. 2019: El Premio Literario más importante de América Latina fue suspendido de manera definitiva por el Gobierno Nacional.

Políticas sociales Año 1982: El Gobierno instituye el bono alimenticio, que consiste en una donación de 100 bolívares destinado a las familias más necesitadas de la población. Año 2019: El chavismo no creó las misiones sociales, ni la educación pública, ni los bonos alimenticios.

Museo de los Niños Año 1982: El Museo de los Niños abre sus puertas en Caracas. Año 2019: Niños de Caracas comen de la basura en las calles.

Tecnología y manejo de medios Año 1980: Entra en funcionamiento la Estación Terrestre de Camatagua II, con la que ya Venezuela posee pleno acceso al satélite Intelsat IV-A e Intelsat V. Año 2019: En VTV, y desde el partido de Gobierno, impulsan a los ciudadanos a sembrar sus propios alimentos y criar marranos.

Maracaibo Año 1982: Venevisión produce el primer Festival Internacional de la Orquídea en la Plaza de toros de Maracaibo. Los artistas obtienen trofeos en siete minerales distintos. Año 2019: Maracaibo registra apagones de más de 4 días en 5 ocasiones. Tampoco tiene suministro de agua.

Transporte Año 1983: El Metro de Caracas inicia sus funciones al público con la inauguración del primer tramo de la Línea 1 entre las estaciones Propatria y La Hoyada. Año 2019: Servicio del metro de Caracas no funciona debido a la falta de electricidad.

Infraestructura y servicios públicos Año 1983: Se inaugura la Plaza Caracas en las inmediaciones de las Torres del Centro Simón Bolívar. Su diseño es similar al de la Plaza de San Marcos de Venecia. Año 2019: Espacios públicos no poseen alumbrado, pintura, ni servicios básicos.

Cultura Año 1983: Inauguración del Teatro Teresa Carreño con capacidad para 2.900 personas. Es el mayor complejo cultural de Venezuela y el segundo de América del Sur. Año 2019: Gobierno “redecora” el teatro Teresa Carreño, colocando un tanque de agua industrial en la entrada.

Radio Caracas y libertad de prensa Año 1983: Radio Caracas Televisión celebra 30 años de transmisiones. Año 2019: Radio Caracas Televisión cumple 12 años cerrado tras expropiación ilegal de Hugo Chávez.

Educación Año 1984: Luego de 48 años, los maestros, profesores y docentes logran firmar su primer contrato colectivo con el Ministerio de Educación. Año 2019: Sueldo de maestros y profesores universitarios, no superan los 10 dólares mensuales.

Vaticano Año 1985: En la primera visita de un Papa a Venezuela, Juan Pablo II aterriza a las 15:53 procedente de Roma. Ese día sostiene una entrevista privada con el presidente Jaime Lusinchi.

https://es.panampost.com/editor/2019/04/01/lo-que-soc ialismo-llevo-venezuela

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Misceláneos

El metro y medio U La capacidad de ver al otro en las vías y de apreciarlo como un otro legítimo de cuidado y de protección es una premisa de seguridad vial. Pasar del egocentrismo de algunos conductores de vehículos motorizados a prácticas más tolerantes de la presencia de los otros, salva vidas. La Ley Pro-Bici en Colombia establece una distancia de adelantamiento a ciclistas no menor de 1,50 metros que pone a prueba las capacidades que tienen los conductores de identificar y respetar los límites y el espacio personal de los ciclistas. POR: GUILLERMO CAMACHO CABRERA

Foto:El Universal

na de las grandes dificultades para la promoción de la seguridad vial es la incapacidad que tienen algunos conductores de ver al otro en la vía; es decir, lo ven, pero no lo perciben como un otro legítimo de cuidado, atención, protección y respeto. Quienes hacen así, por lo general, son conductores acostumbrados a transgredir los límites, ya sea en su vida personal o social y en la conducción. No será difícil verlos cruzando un semáforo en amarillo o en rojo, excediendo la velocidad permitida, estacionando en sitios prohibidos, circulando por los carriles preferenciales del transporte público o pisando los pasos de cebra. Si son conductores de vehículos de transporte público en las ciudades, ya sean estos urbanos o intermunicipales, sus prácticas pueden ir desde exceder la velocidad hasta hacer entrecruzamientos riesgosos aprovechando el tamaño del vehículo, no respetar las luces amarillas o rojas de los semáforos, dejar y recoger pasajeros en sitios no permitidos y frenar bruscamente. Algo similar sucede con algunos conductores de vehículos de carga. Junto con la demarcación vial y las señales de tránsito instaladas en calles y avenidas, la capacidad de ver y respetar los límites es interna, va adentro de cada conductor, es una introyección que se proyecta en el comportamiento social. Igual sucede con la capacidad de ver al otro, de respetarlo y de cuidarlo. Las normas ayudan a que esos límites se materialicen en la vía. El respeto a las leyes también nace desde adentro, no es una construcción externa (o lo es con la aplicación de la ley, el control y la sanción); es más una introyección que se expresa en el acatamiento y acogimiento de la ley por parte de quien conduce. En Colombia, junto con los peatones y los motociclistas, los ciclistas son los actores más vulnerables en el sistema vial. La vulnerabilidad tiene que ver con su condición frente a los vehículos motorizados, a las velocidades que estos alcanzan y a las malas prácticas de algunos conductores de carro, bus o camión. He visto como pasajero de taxi cómo

algunos conductores pasan temerariamente al lado de los ciclistas para adelantarlos. Sin guardar ninguna distancia, sin clemencia, sin disminuir la velocidad, sin precaución; solo confiados en sus habilidades y ateniéndose a la posibilidad de que el ciclista siga su camino en perfecta línea recta y a velocidad constante, sin inmutarse por el paso del vehículo a motor, por el ruido que hace y por el aire que corta. Estos conductores están invadiendo el espacio personal del ciclista, igual a como trasgreden otros límites. La Ley 1811 del 21 de octubre de 2016 también conocida como Ley Pro-Bici, y que beneficia a peatones y ciclistas en Colombia, establece en su artículo 17, parágrafo 3º, modificando el artículo 60 del Código Nacional de Tránsito, que “… Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar el adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor de un metro con cincuenta centímetros (1,50 metros) del mismo”. Implica que cuando hay un ciclista circulando a orilla de vía, el conductor debe reducir la velocidad, mirar el espejo retrovisor lateral, asegurar una distancia de adelantamiento mayor o igual a 1,50 metros y adelantar cuidando al ciclista, admitiendo que es un legítimo otro en la vía. La presencia de los ciclistas en las vías de Colombia ya sean urbanas o intermunicipales, hace que el transporte sea sostenible; no contamina el aire ni la audición, y muestra cómo la necesidad de ir de un lugar a otro tiene soluciones tan válidas como las que implementa quien usa un vehículo a motor. La práctica del metro y medio no es costosa en términos de dinero ni de tiempo. Requiere una pizca de tolerancia y comenzar a introyectar al otro, su espacio personal y los límites a los cuales todos tenemos derecho, aún en un espacio público como la vía. La práctica del metro y medio salva vidas. La del ciclista y la del conductor al evitar que se vea involucrado en un siniestro vial. https://www.revistaenfoque.com.co/opinion/el-metro-y-medio

Diccionario de la coyuntura nacional POR: BRIGADIER GENERAL (RA) ADOLFO CLAVIJO Actitudes y conductas de tirria política que tienen en pugna y ascuas al país Arrebato. Impulso repentino, inesperado y generalmente violento que la oposición política organizó con comunidades indígenas y afros y cuyo resultado han sido paros en la vía Panamericana que han afectado en todo sentido el sur del país, poniendo en jaque al gobierno. Atropello. Abuso que la oposición política está cometiendo con comunidades indígenas y campesinas para atravesársele a la gobernabilidad del Estado.

Furia. Es la irritabilidad y la violencia que están sacando a flote los enemigos del gobierno para contraatacarlo por las objeciones del Presidente a la ley estatutaria de la JEP. Histeria. Estado de intensa excitación que les provocaron a los comunistoides las objeciones del Presidente a la JEP, y la propuesta de emplear nuevamente el glifosato. Odio. Aversión o repugnancia violenta de la izquierda política contra quienes atacan la impunidad y los beneficios de todo orden otorgados a los que le hi-

cieron tanto daño al país. Pasión. Sentimiento que demuestra que para los buitres políticos están primero sus insaciables intereses personales que los reales intereses del país. Sinrazón. Posición asumida por la Procuraduría y los representantes de la ONU y la UE frente a las objeciones del gobierno a la ley de la JEP. Violencia. Uso que hacen de la fuerza terrorífica quienes buscan ubicarse bien, pretendiendo ganar puntos en las próximas elecciones.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Institucional

Voto electrónico, una realidad en Acore POR: REDACCIÓN

omo informamos en la página 8 de la edición 586 del Periódico Acore, correspondiente a febrero de 2019, el voto electrónico será una realidad en los próximos comicios para elegir presidente de nuestra asociación el próximo año. Toda vez que se trata de un tema trascendente, que, además, cuenta con el beneplácito de la asamblea general de 2018, a todos los acorados nos corresponden responsabilidades. En primer lugar, la administración debe adelantar los procesos técnicos y tecnológicos que vuelvan realidad esta iniciativa, además de la socialización sobre los pormenores que nos permitirán ejercer nuestro derecho al voto. En segundo lugar, los asociados deben actualizar y verificar los datos personales registrados en la base de datos de la asociación, por ejemplo, la actualización de su dirección de correo electrónico. Esta información está bajo la tutela del Departamento de Socios.

4. El sistema bloquea su número de cedula. Así, Acore perpetúa su proceso electoral, el cual continuará siendo motivo de reunión para compartir o debatir ideas con amigos y compañeros, todo alrededor de un tinto. ¡También impera la Ley Seca! El voto electrónico también será sujeto de la auditoria exigida, por parte de la autoridad correspondiente. En la sede nacional estará a cargo de la revisoría fiscal externa y en las seccionales por los correspondientes revisores fiscales. Voto en línea Está destinado a facilitar el voto de

aquellos asociados que tengan registrada su dirección de correo electrónico en la base de datos de Acore y no quieran moverse de su sitio de residencia o trabajo. Al correo electrónico personal se les hará llegar un mensaje contentivo de un enlace en cuyo contenido estarán las instrucciones para votar. Los pasos son los siguientes: 1. A través del enlace que se le hace llegar, acceder a la página web de Acore para el voto en línea. 2. La plataforma le solicitará el número de su cedula. 3. Se habilita la opción de voto en la cual aparecen los candidatos y el

voto en blanco; marque su favorito. 4. El sistema bloquea su número de cédula. Reiteramos la importancia de tener un correo electrónico habilitado, ya que este será otro de los medios por los cuales se socializará todo lo relacionado con este nuevo sistema de votación. Si bien los cambios generan resistencia en grado sumo, esperamos que nuestros asociados depositen en este equipo administrativo su voto de confianza para dar este importante paso y que sobre todo su participación sea masiva. Por parte de la administración, la honestidad y la transparencia continuará siendo el eje fundamental de nuestra actuación.

Un computador habilitado le permite a los usuarios ingresar su cédula para habilitat las votaciones

Voto presencial ¡Si es posible!, pero seguirá siendo electrónico. Esto quiere decir que usted puede ir a la sede nacional o las seccionales, donde serán habilitados computadores que reemplazarán las urnas y los tarjetones. Habrá personas que le indicarán el procedimiento para que usted vote. Los pasos son muy sencillos: 1. Hacer presencia en el sitio de votación. 2. En el o los computares dispuestos, usted debe escribir su número de cédula. 3. El sistema muestra el tarjetón con los candidatos y el voto en blanco y usted marca a su favorito

El usuario accede a la web de Acore para votar en línea

Luego de votar el sistema bloquea la cédula para evitar volver a votar

El usuario debe asistir a las instalaciones de Acore

La plataforma solicita el número de cédula como identificación

Luego de poner el No. de cédula se habilitan las opciones de votación

Luego de votar el sistema bloquea la cédula para evitar vuleva a votar

Luego de poner el No. de cédula se habilitan las opciones de votación

9 de abril

Ejército Nacional entregó balance sobre militares víctimas Cerca de ocho mil miembros de la institución aún no han sido reconocidos como víctimas por la Unidad de Atención y Reparación. POR: MARÍA JOSÉ MOLANO

n el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Ejército Nacional, a través del Departamento Jurídico Integral, hizo un balance del panorama sobre los miembros de la institución que han sido víctimas de la confrontación armada interna. Es de anotar que en total

8.785.305 colombianos han sido víctimas de diferentes actos perpetrados por los grupos armados; de estos, 207.641 pertenecen al Ejercito Nacional. Actualmente, 8.961 integrantes de la institución están a la espera de ser reconocidos en el Registro Único de víctimas y no han podido acceder a los beneficios otorgados por la ley 1448 de 2011. Los hechos con mayor impacto durante la confrontación armada han sido el secuestro, la desaparición, el desplazamiento forzado, el homicidio y el uso de medios y métodos prohibidos por el DIH. Así mismo, el Ejército Nacional registra la cifra de 112 militares víctimas de desaparición, 325 integrantes de la Institución han sido víctimas de secuestro y 7.413 resultaron afectados por minas antipersonal. Con el fin de dar

un aporte a los mecanismos del Sivjrnr, la institución ha apoyado la entrega de dos informes con información detallada, acerca de estos tres casos. Frente a este escenario y dada la importancia de esta conmemoración, las unidades del Ejército Nacional hicieron un minuto de silencio en los principales puntos de cada ciudad, a las 12 meridiano, con el fin de honrar la memoria de cada uno de los colombianos, civiles y militares que fueron víctimas de la confrontación armada. Así mismo, el Departamento Jurídico Integral, a través de la Dirección de Análisis para el Fortalecimiento Institucional (memoria histórica y víctimas) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presentaron el libro Memoria y nostalgia. La obra recopila testimonios de militares

víctimas y sus familias, quienes sufrieron las afectaciones causadas por diferentes hechos ocurridos durante la confrontación armada (secuestro, desaparición, homicidio en estado de indefensión, mina antipersonal y uso de artefactos explosivos improvisados). Ellos, han querido contar sus historias, en representación de todos los héroes del Ejército Nacional y sus familias que no han sido visibilizados como víctimas. Durante la presentación de esta pieza se realizó un conversatorio con los protagonistas de estas historias, quienes hablaron de sus experiencias, antes, durante y después de ser víctimas, con el fin de dar a conocer la realidad vivida y destacar el valor y sacrificio de nuestros hombres y mujeres que a diario hacen un esfuerzo incansable por garantizar la seguridad y el bienestar de los colombianos.

Internacional

XXIV Encuentro

Nacional Acore 12 al 18 de junio

MOMPOX El imponente pero sutil distrito del departamento de Bolívar, declarado patrimonio arquitectónico de la humanidad por la Unesco. ‘La Tierra de Dios’, como es mejor conocida, cuenta con inmensas casonas coloridas que permanecen en pie desde la época de la colonia y sus historias se cuentan, se cantan y se tocan en cada esquina.

BARRANQUILLA Es conocida como ‘La Puerta de Oro’ de Colombia por haber sido el punto de entrada al país de adelantos como la aviación y el teléfono, de miles de extranjeros y de deportes como el fútbol y el béisbol.También se le conoce como La Arenosa y Curramba la bella.

Teresa Romero: 3450511 ext 118 - 3104800897 acoreturismo@hotmail.com

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Nos escriben

Carta del Comandante del Ejército Nacional

Nuevo presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

“Bogotá, D.C. 04 de marzo de 2019

“Bogotá, 01 abril de 2019

Señor Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA Presidente de Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares Bogotá, D.C. Permítame expresarle, en nombre de los Héroes Bicentenarios del Ejército Nacional y en el mío propio, mi respetuoso saludo de agradecimiento por las palabras de solidaridad y la manifestación pública de respaldo que ACORE me brindó con ocasión de las recientes declaraciones oprobiosas del señor José Miguel Vivanco Director para las Américas de la ONG HUMAN RIGHTS WATCH. Desde su creación, nuestro Ejército Nacional ha encontrado en ACORE un respaldo absoluto e incondicional por parte de todos sus integrantes, trabajando de la mano para el logro de sus más anhelados propósitos, siempre en busca del bienestar y el fortalecimiento institucional. Los oficiales de la reserva activa, siempre han demostrado una posición de liderazgo, respeto e influencia, de la cual hoy la Institución toma un gran provecho. Es por eso que me corresponde agradecer el inmenso aporte que han hecho y que continuarán haciendo en aras de su progreso y defensa de su legitimidad. Bien saben ustedes como soldados, que el Ejército Nacional ha sido, es y será siempre el soporte fundamental para la defensa nacional y garante del libre ejercicio de soberanía, constituyendo en forma permanente la salvaguarda del estado social de derecho. Pero era de esperarse que luego de la victoria militar que legítimamente alcanzamos frente a la organización narcoterrorista de las FARC, las Fuerzas Armadas particularmente el Ejército Nacional se vería asediado por una ofensiva de falsas imputaciones por parte de las organizaciones de extrema izquierda, por supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos; - nada más falso-, por excesos individuales se pretende mancillar el honor de nuestra institución y de nuestros soldados quienes han entregado lo mejor de su juventud en aras de la paz y de la libertad de nuestra sociedad. Su propósito no es otro que debilitar la moral de nuestros soldados, pues estos colectivos de izquierda, saben que los generales, soldados probos que han ganado el ascenso por sus méritos y servicios incuestionables a la nación, tienen el liderazgo de ras tropas y son ellos la cabeza visible de la unidad institucional. Es válido también recordar que los acuerdos para la terminación del conflicto, obtenidos como producto de nuestra gran victoria, trajeron consigo una reorganización de las tropas

con el único propósito de garantizar su cumplimiento. Somos ortodoxos en el cumplimiento de las leyes y de cualquier mandato que tenga como fin la consecución de los fines del Estado, para lo cual hemos y seguiremos luchando contra las organizaciones y los demás grupos armados al margen de la ley. Por eso, atendiendo la política de defensa y seguridad de legalidad con emprendimiento y equidad del señor Presidente de la República, que avanza tangible con gestiones y posiciones significativas de firmeza y con mucho pulso, continuaremos desarrollando operaciones encaminadas a detener el avance de estas organizaciones y a impedir la expansión del narcoterrorismo a zonas que gozan de la libertad y la legitimidad. No nos vamos a dejar intimidar del síndrome de la izquierda que pretende implantarse en el país. Vamos a seguir actuando con total contundencia. Contamos con el respaldo absoluto de las instituciones del Estado, con el total apoyo de los colombianos y la capacidad de nuestros soldados que son el mayor capital de la nación para su defensa. Estos Héroes Bicentenarios cuentan con todas las garantías jurídicas y sociales que les da la ley para entregarse de corazón en esta lucha. Los soldados de hoy, como también fueron ustedes en el ayer, nos reafirmamos en el camino de la defensa del estado representado en la democracia y el respeto de los derechos humanos, junto a la vocación de servicio como ideales de nuestra cohesión física, espiritual y moral. Todos los esfuerzos los centraremos en aprestigiar la limpia trayectoria del Ejército Nacional; de sus generales y de todos sus soldados. Somos los dignos herederos de nuestros antecesores, porque ustedes los oficiales de la reserva activa del glorioso Ejército Nacional, cimentaron con sus juiciosos actos y proceder a esta Institución Bicentenaria que jamás será disminuida moralmente en el cumplimiento de su misión por los ataques mezquinos de organizaciones de izquierda nacionales e internacionales. ACORE, encarna un inmenso espíritu de unión, de compañerismo y de hermandad, que nos hace más fuertes todos los días y que nos impulsa a luchar con más ahínco por la defensa, la seguridad y el progreso del país. Un abrazo con sentimientos de respeto y admiración (sic)”.

Señor Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro Acore Ciudad Señor General Ruiz: Por decisión de la Asamblea de la Corporación realizada el día 28 de marzo del año en curso, he recibido el honroso cargo de Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares para el período 2019-2021. Sea esta la oportunidad para hacerle llegar mi saludo cordial con los mejores deseos por el éxito de su gestión y participarle mi voluntad de servicio, con el entusiasmo que siempre me anima, en pro de los más altos intereses por la seguridad y defensa de nuestra Nación. Cordialmente, Vicealmirante LUIS ALBERTO ORDÓÑEZ RUBIO Presidente”

Mensaje al whatsapp EJC Acore Fecha: martes, 19 de marzo de 2019, 3:45 p. m. De: Coronel Álvaro Bonilla López Para: comunicaciones@acore.org.co “Mi apreciado Coronel Gutiérrez: Profeso por usted una gran admi ración, no solo por ser compañero de arma, sino porque nos unieron lazos afectivos alrededor de la adorada Tía, (q.e.p.d), pero como mi vida la he caracterizado por decir la verdad y expresar sin ambages lo que pienso y siento, debo manifestarle que admiro sus buenas intenciones y sus deseos del ACORE 2020, pero me preocupa que con el argumento de la reelección del General Ruiz Barrera, se esté debilitando la fuerza que necesita ACORE en estos momentos tan complicados y cruciales para Colombia. Estamos llenos de buenas intenciones, pero desde pequeño mis padres me enseñaron que “La Unión hace la fuerza” y precisamente tratar de debilitar a ACORE por el argumento reeleccionista actual no me parece. La reelección en nuestras organizaciones, especialmente las de cursos es usual, porque se buscan personas que le pongan amor a lo que hacen y si su trabajo da respuesta a las necesidades de la organización, no encuentro el porqué de la incomodidad para la reelección. El General Ruiz ha hecho

un trabajo importante, perfecto no lo sé, porque como humanos cometemos errores, pero sugiero no fomentar divisiones que debilitan y hacen daño. El General Ruiz conocerá mi posición después de este mensaje, porque no he hablado con el de este tema. Comprendo sus buenas intenciones, pero recuerde lo que ha pasado con la seguridad privada: han surgido gran cantidad de organizaciones, pero ninguna tiene la fuerza que se requiere, para exigir al gobierno lo que requerimos. Mi mensaje es recomendarle que con su carisma e inteligencia luche por acore, por su unión y fortalecerlo, y si se postula para presidente habrá una Asamblea y en franca lid puede lograr sus objetivos o lo que se propone. Si hay reelección será la Asamblea la que lo determine, pero por favor no nos di vidamos, busquemos puntos de unión y sigamos luchando por todos los reti rados que formamos parte de ACORE y para que nuestra reserva sea fuerte muy fuerte, porque es una necesi dad en el momento actual, cuando el Socialismo del Siglo XXI nos quiere aplastar y tomarse el país. Cordial sa ludo (sic)”.

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Institucional

NUEVOS ASOCIADOS

Los siguientes oficiales y beneficiarios han ingresado como asociados de Acore:

AFILIACIONES Gdo

Fza

Nombres Y Apellidos

Seccional

Co.

Ejc

Nelson Felipe Sánchez Gutiérrez

Bogotá

Co.

Ejc

Nemesio Bojacá Rojas

Bogotá

Ejc

Gonzalo Enrique Lizcano Valero

Valle

Ejc

Jairo Restrepo Correa

Valle

C.n.

Arc

Germán Arango Jaramillo

Bogotá

C.n.

Arc

Fabio Cuello Cogan

Bogotá

T.c.

Ejc

Daniel Mauricio Garcia Acosta

Bogotá

T.c.

Ejc

Abraham Camargo Vargas

Boyacá

T.c.

Ejc

Hernando Trujillo Amaya

Huila

T.c.

Ejc

Jorge Daniel Chavez Díaz

Quindío

T.c.

Ejc

Armando Ordoñez Santacruz

Tolima

My.

Ejc

Martín Verdugo Valderrama

Boyacá

My.

Ejc

Juan Carlos Serrano Gil

Valle

Te.

Ejc

Milton Harold Henao Sanabria

Valle

Te.

Ejc

Juan Pablo Valderrama Sanabria

Boyacá

Te.

Ejc

Miguel Antonio Orozco Ramírez

Caldas

Sra

Susana Ortegon Vda de Marín

Santander

Sra

Nohora Inés Monroy de García

Bogotá

Sra

Martha Inés Acosta Bonilla

Valle

Sra

Olga Villalba Tavera

Bogotá

FALLECIDOS Gdo

Fza

Nombres Y Apellidos

Seccional

Sra

Doris Navarro Vda de Torres

Bolivar

Sra

Rosa Ignacia Pareja de Dahl

Bolivar

Ejc

Alvaro Miguel Garcia Molina

Bogotá

Co.

Fac

Alvaro Sarmiento Landinez

Bogotá

Ejc

Hector Manuel Agudelo Neira

Bogotá

Ejc

Marco Tulio Acosta Rave

Antioquia

Fac

Fabio Rubio Duque

Bogotá

MAYO/ 2019

Hotel Tequendama Salón monserrate

AVODE - APORTE VOLUNTARIO POR DEFUNCIÓN AUXILIOS PAGADOS Fallecidos

Beneficiarios

BG. Jesús Eudoro Velásquez Carrillo

María Erna Lugard de Vásquez

$23.352.056

Soledad Silva de Jiménez

$ 9.261.842

Sergio A. Jiménez Silva

$ 6.946.382

Carlos A. Jiménez Silva

$ 6.946.382

Nohora Ines Monroy de García

$23.232.506

CO. Carlos Alberto Jiménez Carreño CO. Alvaro Miguel Garcia Molina

TOTAL

Valor Pagado

$ 69.739.168

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación. Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago CREMIL no les está haciendo el descuento correspondiente al pago del AVODE, deben hacer la cancelación por ventanilla en ACORE.

Informes: 3450511 DEPARTAMENTO DE SOCIOS

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Sistema de Salud

Informe de gestión de Acore en el servicio de salud

POR: BRIGADIER GENERAL (RA) GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ

uienes en 1997 redactamos la Ley 352 que creó el Sistema de Salud Militar y Policial, SSMP, hemos observado de cerca el proceso de su implementación en el ministerio de Defensa y vemos con beneplácito que en la Policía Nacional sí se estructuró el subsistema de salud, similar al nuestro en número de usuarios, presupuesto y plan de servicios, de acuerdo con lo dispuesto por el legislador La Policía Nacional trazó desde el comienzo un plan de desarrollo que se ha seguido juiciosamente, apoyado con generosidad por la Dirección General, logrando desarrollar en dos décadas un sistema integral de información en salud que puede competir como uno de los mejores del país. Este se actualiza continuamente, opera con unidad de gestión, tiene organizadas sus regionales y está logrando desarrollar una infraestructura hospitalaria formidable propia. No es perfecto, como todo servicio de salud, pero cumple su misión y sabe para dónde va. En las FF. MM., por el contrario, observamos con tristeza y preocupación las grandes dificultades que tienen los directivos para suministrar el servicio de salud y los usuarios para recibirlo. Oficialmente lo llamamos Subsistema de Salud de las FF. MM., pero le faltan muchas características para serlo, si bien es cierto que se adoptó el nombre para respetar la nomenclatura taxativa ordenada en la ley y se creó la Dirección General de Sanidad Militar, Digsa. No se adoptó un modelo de atención integral de salud como tal; sólo se montó un servicio sobre la vieja estructura de la sanidad militar tradicional, donde la responsabilidad de la prestación del servicio esta en cabeza de la dirección de sanidad de cada fuerza y solamente atiende a sus afiliados. Para tener un verdadero sistema de salud es necesario que haya un modelo de atención integral de salud estandarizado, que funcione, sea verificable y que se pueda replicar en todos los establecimientos donde se preste el servicio. Debe tener un Sistema Integral de Información den Salud. Debe operar dentro de los principios fundamentales de unidad de gestión, eficiencia, accesibilidad, participación, pertinencia, oportunidad que dispone la ley y, sobre todo, de integración funcional de las capacidades y recursos disponibles en las tres fuerzas, para que los establecimientos prestadores de salud puedan interactuar entre si y el Subsistema se pueda complementar con los servicios de la red externa de salud en las regiones, y así suministrar con eficacia el servicio de salud integral a los usuarios de manera indiscriminada. Sobre la estructura básica existente no es factible implantar los principios fundamentales que determina la ley. Ni

siquiera tenemos un modelo de atención integral en salud, Cada dirección de sanidad depende de su comandante de fuerza y cada una tiene intereses y características diferentes, la Digsa depende del Comando General y el hospital militar del Viceministerio del Gesed. En este modelo no cabe la unidad de gestión y la regionalización que es indispensable para que un sistema de cobertura nacional pueda asegurar a los usuarios el acceso equitativo y oportuno al servicio en el lugar geográfico donde residan sin importar la fuerza a que pertenecen. Radiografía actual En estudio realizado en 2005 por el suscrito a solicitud de Acore, durante la presidencia del General (RA) Rafael Samudio Molina, se evidenciaron las falencias estructurales que tenía nuestro servicio de salud, trabajo que fue aplaudido por el equipo del ministerio de Defensa encabezado por el viceministro Hernán Sanín, porque planteaba las soluciones a corto, mediano y largo plazo para corregir las fallas, haciendo simplemente las modificaciones internas que permitan aplicar los principios ordenados por la ley vigente. Las recomendaciones de ese estudio no fueron tenidas en cuenta, están vigentes aún y son coincidentes con los resultados de múltiples diagnósticos posteriores. Las principales falencias son recurrentes en los estudios, según detalle: 1) No hay unidad de gestión; 2) No hay un modelo de atención integral que sea estandarizado, verificable y replicable; 3) No tenemos un sistema integral estandarizado de información como lo dispone la ley estatutaria de salud; 4) Ni siquiera hemos podido desarrollar el habilitador tecnológico (software, hardware y modelo conceptual) que capture, procese y analice los datos para tener una información exacta: 5) No hay regionalización geográfica de los usuarios para descentralizar y desconcentrar el servicio y proporcionarle al usuario el acceso fácil y oportuno a los servicio de salud; 6) Gasto burocrático excesivo por la proliferación de agencias de las direcciones de sanidad y duplicidad de esfuerzos en las regiones que se refleja en el déficit de más de $270.000 millones de pesos en el año 2018 que tendrán que pagarse con recursos de la presente vigencia. Gestión incansable El representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. Con el respaldo de Acore realizó ocho pronunciamientos e intervenciones en 12 sesiones del ente en el 2018, además de publicar 69 artículos en el periódico y otros medios de comunicación de Acore.

En los últimos seis años han escrito 124 páginas en documentos que contienen diagnósticos, sugerencias y recomendaciones al ministerio de Defensa y al mando militar para restablecer el sistema de acuerdo con los lineamientos y principios de la Ley 352 de 1997 y la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015. Asimismo, elaboró estudios especiales como la Bitácora de seguimiento del desarrollo fallido de la sistematización del servicio con los proyectos SISAM y SALUD. SIS 2010 – 2019. En estos proyectos se han invertido más de 120 mil millones de pesos, debían entregarlo en diciembre del 2018 y nada, es el único servicio de salud del país que no esta sistematizado. Ya anunciaron que sólo hasta el 2023 será una realidad, siempre y cuando se asigne una cantidad importante de recursos y no hay responsables de tanto descalabro, El presupuesto para la salud de los militares no tiene doliente. La última intervención como representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. tuvo lugar el 25 de febrero de 2019, ante el ministro Defensa y el mando militar, como quedó reseñado en la edición 587 del Periódico Acore, edición marzo. En esa oportunidad se entregó un documento de sugerencias de Acore para el restablecimiento de nuestro subsistema de salud, tomando como eje de gravedad estratégico los principios que determina la Ley 352. El escrito enfatizó sobre la necesidad de realizar una auditoria externa total al proyecto de sistematización y tomar las decisiones que sean del caso para sacarlo adelante, toda vez que se considera vital e indispensable para administrar y suministrar el servicio a más de 670.000 usuarios dispersos en el territorio nacional, en el entendido de que sin esta herramienta no hay manera de implantar el modelo de atención integral de salud y los cambios que estamos esperando para tener un verdadero sistema de Salud.. Soplan vientos de cambio Estamos a la expectativa de la reforma estructural propuesta por la consultoría internacional de la firma Ernest & Jhons, la cual acompañamos de cerca y aplaudimos llenos de esperanza en diciembre de 2015, toda vez que esta contempla la solución de las principales falencias diagnosticadas. La iniciativa se empantanó durante el tiempo que el ministro Villegas estuvo al frente de esta cartera por las mismas razones anteriores. Mientras tanto, los comandos de fuerza –conscientes de la necesidad de la reforma, pero renuentes a perder su autonomía– plantearon por su parte una revisión moderada del servicio a través de un CREI de salud.

Con todo, ante el descalabro financiero de la Digsa y el deterioro progresivo en la atención, seguimos insistiendo en la necesidad de la reforma total servicio de salud para los militares de acuerdo con la solución planteada por la consultoría. Afortunadamente, el ministro de Defensa Guillermo Botero, con el concurso del viceministro del Gesed y la secretaria de salud de la Dirección de Bienestar del ministerio, retomaron el asunto con gran impulso; todo parece indicar que se logró el consenso con el mando militar para el cambio estructural que debe plasmar el Consejo Superior de Salud en disposiciones y acuerdos para reformar sustancialmente el SSMP, apelando a cambios fundamentales que caben dentro de la ley vigente. Con el nuevo modelo operativo propuesto –donde el usuario es el centro del subsistema y cubrir sus necesidades en salud, el objetivo principal–, la reforma del subsistema será total. Habrá un modelo de salud integral estándar, verificable y replicable para dar cumplimiento a la ley estatutaria de salud 1751 de 2015. El Sistema de salud Militar y Policial y los dos Subsistemas Subsistema estará, como cualquier EPS, bajo la vigilancia de la Supersalud, a fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de la normatividad que rige la salud en Colombia, pero conservando el estatus de sistema especial. La Digsa será el ente asegurador y el dinero para la prestación del servicio al usuario no llegará a través de las direcciones de sanidad sino de las regiones donde estén circunscritos. Allí habrá atención equitativa para todos los afilados y sus beneficiarios, sin importar su condición de uniformado o no uniformado, activo, retirado o pensionado. Los usuarios deben tener acceso fácil a la información que les interese para la coordinación de sus requerimientos en salud. La implantación total del sistema será lenta –tal vez unos diez años– debido a la carencia de la herramienta tecnológica que permita integrar la información, la cual, como escribí, está en veremos. Las próximas sesiones del Consejo Superior de Salud dirán si efectivamente se logró el consenso con el mando y si hay voluntad política en el ministerio de Defensa para hacer los cambios cuanto antes sin modificar la Ley 352. No perdamos la esperanza, ¡Tengamos fe!

Periรณdico ACORE / Ediciรณn 588 / abril de 2019

Periódico ACORE / Edición 588 / abril de 2019

Salud

Alimentación sana y atractiva en la tercera edad

Durante la vejez se producen modificaciones fisiológicas que afectan en gran medida a la alimentación. Los cambios en la salud oral o en el aparato digestivo pueden requerir cambios en las texturas de los alimentos para minimizar riesgos y favorecer una ingesta suficiente y eficaz. Laura González, responsable de nutrición y salud de Nestlé, nos da las claves para una alimentación saludable en esta etapa de la vida. POR: EFESALUD.COM

as principales disfunciones que pueden aparecer durante la vejez son en la salud oral. “Es común que se produzca la disminución del flujo de saliva originando sequedad en la boca, además de la pérdida de piezas dentales, por lo que aumenta el uso de prótesis dentales, disminuyendo la eficiencia en la masticación”. En España casi el 40% de los ancianos tiene una pérdida dental grave. También son frecuentes los cambios en el aparato digestivo como la disminución de la capacidad de absorción de nutrientes y la disfagia o la dificultad para tragar los alimentos. “En este momento de la vida en el que podemos presentar problemas de masticación por falta de piezas dentales o al tragar es necesario preparar dietas con textura blanda y fácil de tragar a fin de conseguir una deglución segura, minimizando así el riesgo de atragantamientos y broncoaspiración y favoreciendo una ingesta alimentaria suficiente y eficaz”, destaca Laura González en su colaboración semanal con “El Bisturí”. Por ello es recomendable elegir texturas de alimentos que faciliten la ingesta como purés, sopas, huevos, lácteos, pescados sin espinas, verduras hervidas, frutas blandas, etcétera, en la que se incluyan todos los nutrientes. En relación con otro tipo de trastornos frecuentes de salud destaca la osteoporosis, sobre todo en las mujeres, y se asocia a mayor riesgo de fracturas. “La formación ósea requiere de la ingesta diaria de proteínas, calcio, fósforo, magnesio y flúor”, señala. En este sentido, recomienda la ingesta de lácteos como leche, yogur y algunos quesos, que suponen la mejor fuente de calcio, seguidos de vegetales, frutas y cereales. “Es importante saber que la absorción de calcio es mucho menor en estos últimos grupos de alimentos”. Otro problema de salud frecuente en la vejez es el estreñimiento. La experta en nutrición señala que este se puede reducir aumentando el consumo de agua, con el uso de aceite de oliva para aliñar los platos y mediante la ingesta de alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, cereales integrales, etcétera. La edad también va aparejada a la disminución paulatina de los sentidos del gusto, olfato, vista, audición y tacto que, en mayor o menor medida, merman según el estilo de vida que la persona

merosas ocasiones, una modificación de la dieta habitual como el abandono o disminución del consumo de alimentos proteicos, principalmente las carnes por la dificultad en la masticación, y esto contribuye la pérdida de masa muscular y además aumenta el riesgo de anemia a causa del déficit tanto de hierro como de vitamina B12. En general, las personas mayores necesitan una dieta de alta densidad de nutrientes y que sea lo más variada y equilibrada posible para garantizar que cubran todas sus necesidades. “Hablamos de alta densidad de nutrientes ya que las necesidades energéticas disminuyen, pero por contraparte aumentan las de vitaminas y minerales”. La nutricionista también enfatiza la importancia de tener cuidado con el consumo de vitaminas del complejo B como la tiamina, el ácido fólico, la vitamina B12, la vitamina C, el calcio, el hierro, y las proteínas. Ejercicio físico El ejercicio físico también es fundamental en esta etapa. Tener un día activo y realizar 30 minutos diarios de actividad física es fundamental. “Por ejemplo salir a caminar, nadar o algún deporte que sea de intensidad moderada y siempre que agrade a la persona. Cualquier ejercicio es mejor que nada, eso está claro, aunque se realice por periodos de 10 a 15 minutos”. También señala que si existe alguna limitación física es importante consultar a un profesional de la salud para realizar los ejercicios apropiados a la condición de cada uno. Por otra parte, la nutricionista advierte de que la práctica de actividad física rutinaria puede ser de gran ayuda para mantener su autonomía y elevar la calidad de vida y así reducir la dependencia de las personas adultas mayores, que suele aumentar con la edad. Hidratación

llevó y en función también de enfermedades presentes y de medicamentos utilizados. La disminución de los sentidos del gusto y el olfato altera la percepción de los sabores, y en algunos casos esto puede conducir a una disminución del apetito. Es por ello por lo que se aconseja preparar comidas en formas variadas y siempre atractivas, con combinaciones de colores, olores y sabores intensos, utilizando hierbas aromáticas distintas y “en cantidades generosas”. También es importante vigilar las temperaturas (ni muy frío ni muy caliente). En el caso de que exista algún tipo de problema de salud adicional más complicado, sería adecuado procurar que la persona adulta mayor coma acompañada de la familia o cuidador.

Pautas para alimentarse en la tercera edad En general hay que mantener una alimentación variada y equilibrada, como siempre, para asegurar un óptimo aporte de nutrientes y adaptar la energía suministrada al menor gasto energético que conlleva el envejecimiento y la reducción de la actividad física. “El objetivo de una adecuada alimentación en la persona adulta mayor es mantener un óptimo estado de salud que permita cubrir las necesidades nutricionales para evitar deficiencias, mantener el adecuado peso corporal, retardar la progresión de enfermedades relacionadas con la nutrición”. Los cambios fisiológicos comentados por Laura González originan, en nu-

Con la edad la sensación de sed disminuye y, por tanto, aumenta el riesgo de deshidratación. Por eso es muy importante beber agua a intervalos regulares aun sin tener esa sensación de sed. “El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión”. Se recomienda aproximadamente consumir un aporte hídrico de un litro y medio al día aunque no se tenga sed. Para facilitar esta tarea la experta propone alternativas al agua como las infusiones o el café descafeinado. “De hecho, en el almuerzo y en la merienda se puede optar por infusiones”. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, se recomienda disminuir su consumo a no más de una copa de vino tinto al día. Además, es muy importante recordar que el alcohol modifica el efecto de los medicamentos, y que el aporte hídrico no solo proviene de la ingesta de agua, sino también del consumo de frutas y verduras o de preparaciones como las sopas, las cremas o las ensaladas. https://www.efesalud.com/alimentacion-sana-tercera-edad/