Separata conversatorio Pacto por la Paz marzo 2015 by ACORE

ANEXO

547 MARZO 2015

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE, convocó a sus Asociados al primer conversatorio de 2015, que denominó ‘Pacto para la paz’, relacionado con los diálogos para la terminación del conflicto armado con las Farc y la importancia de la Fuerza Pública en un eventual posconflicto. La reunión se llevó a cabo el 10 de febrero en la sede nacional de ACORE, en Bogotá. Fueron panelistas del conversatorio el procurador

Conversatorio ‘Pacto para la paz’ General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado; Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático, exalcaldesa de Bogotá y excandidata a la Presidencia de la República 2014-2018; Carlos Holmes Trujillo García, miembro del

Centro Democrático, excandidato a la Vicepresidencia de la República, 2014-2018; Alto Consejero de Paz, 1994-1995; Luis Fernando Velasco Chávez, senador de la República; León Valencia Agudelo, miembro del Grupo de Memoria Histórica,

director de la Fundación Paz y Reconciliación; y Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, excandidata a la Presidencia de la República, 2014-2018. Además, de la propuesta del Pacto para la paz, la partici-

pación de los panelistas discurrió sobre el Acuerdo General para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera; el posconflicto, el Marco Jurídico para la Paz y la Justicia transicional, y concluyó con la situación de la Fuerza Pública en un eventual escenario de posconflicto. Por considerar de interés las intervenciones de nuestros panelistas, en esta separata publicamos los principales partes de sus razonamientos.

Palabras del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera en la apertura del Conversatorio Pacto para la paz, llevado a cabo el pasado 10 de febrero en la Sede nacional de ACORE.

Si no hay entrega formal de armas, no hay garantía de no repetición

El propósito de este conversatorio, Pacto para la Paz, es el de discutir en este importante auditorio, un tema que ha sido motivo de interés, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también de carácter nacional. De todos es conocido que existen distintas posiciones respecto a lo que se ha venido haciendo con este proceso, donde lo único que nos identifica, es que todos queremos la paz. De esto no hay la menor duda. Desde la Reserva Activa frecuentemente hacemos algunos cuestionamientos, los cuales deben ser entendidos como un buen aporte de carácter constructivo, o un buen consejo para evitar cometer los mismos errores del pasado. Nosotros tenemos la experiencia suficiente porque hemos vivido la guerra, hemos estado en diferentes rincones de la patria enfrentan-

do distintos fenómenos de perturbación y alteración del orden público. También hemos vivido varios procesos de paz que se han querido realizar pero que lamentablemente han terminado en rotundos fracasos. Por todas estas vivencias y experiencias, hoy desde la Reserva Activa, queremos aportar al proceso que se lleva a cabo en La Habana, el mejor consejo que nos permita negociar con dignidad y respeto todo lo que significa el futuro de la patria. No somos grupo político de oposición como equivocadamente se nos ha querido señalar. Nuestra participación, nuestra posición, es eminentemente institucional. Tiene que ver con valores supremos relacionados con seguridad y defensa nacional. En esto somos expertos. Quienes ahora portamos el traje de civil y quienes ahora continúan con el uniforme,

conformamos una misma institución. Cada día más fortalecida, perfectamente unida e identificada en la razón de ser de lo que nos corresponde por razón de nuestra especialidad: la defensa y la seguridad nacional. Esos son nuestros verdaderos aportes. Sobre el tema a discutir nos preocupa principalmente el punto final de este acuerdo. No tenemos claridad sobre lo que significa “dejación de armas”. Para nosotros, por nuestra experiencia y por lo sucedido en otras latitudes, si no hay entrega formal de armas, no hay garantía de no repetición. El General Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en este proceso, lo ha dicho claramente: “aquí vinimos a negociar la desmovilización y la entrega de las armas”. Sin embargo, la palabra “desmovilización” no figura en la agenda.

Nos preocupa, entonces, que esa figura signifique que los distintos grupos armados ilegales, con sus cabecillas respectivos, de un momento a otro, pasen con sus jefes naturales, a conformar organizaciones de carácter institucional, con funciones o con cierta autoridad de Policía. Podrían ser, según mensajes de algunos sectores afines al gobierno, guardabosques o Policía Rural en zonas de reserva campesina. Esto significa un simple cambio de etiqueta. Los anuncios de última hora, que repetidamente formula el señor Presidente de la República en cuanto el cese al fuego bilateral en forma tan apresurada y las inexplicables exigencias de la contraparte, de no entregar las armas y no someterse a ninguna forma de justicia, también es motivo de gran preocupación. Por esta razón, no vemos suficiente claridad en este proceso.

Finalmente, para la Reserva Activa el cese al fuego bilateral debe ser el resultante de un proceso claro de negociación, si se desmovilizan y entregan la totalidad de las armas. Este sería el fin del conflicto, asumiendo que ya no estarían en condiciones de causar ningún daño, ni de generar actividad criminal o terrorista contra la población civil, o contra la infraestructura vial y energética del país. Todos estos temas, motivo de discusión en este conversatorio que hemos programado con tan selecto grupo de panelistas, vistos desde diferentes ángulos de la política y de importantes instituciones del Estado, nos van a alimentar y seguramente aclarar, las dudas y preocupaciones que tenemos respecto de este proceso. Ojalá que al final no salgamos más confundidos de lo que actualmente nos encontramos.

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Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación El pacto para la paz es una propuesta concreta, un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y sostenibilidad política de lo que se convenga con las Farc. Pretende garantizar que lo que se firme con las Farc se pueda cumplir.

El Pacto para la paz no es un pacto de impunidad Celebro la realización de este foro de ACORE sobre la propuesta de la Procuraduría de un pacto para la paz. Debo decir, primero, que ACORE es una Asociación dice en voz alta lo que muchos de nuestros militares activos piensan y que por razones constitucionales no deben decir; y segundo, que las Fuerzas Armadas no son beligerantes, pero durante más de medio siglo se han convertido en las principales defensoras del orden constitucional. Por lo tanto, en el seno de ACORE seguramente hay puntos de vista diversos sobre los temas relativos a la guerra y a la paz; pero hay una coincidencia que quiero resaltar como es que todos sus integrantes conocieron la guerra, la vivieron y la padecieron, pero todos están comprometidos con la búsqueda de la paz. Otra cosa es que tengan criterios diferentes u observaciones críticas al proceso de La Habana. Acudo a esta invitación en cumplimiento de la misión constitucional de la Procuraduría que comprende la defensa del orden jurídico y velar por la vigencia plena de los derechos humanos, en especial los derechos de las victimas producidas en el conflicto armado interno. Quiero destacar que este tipo de escenarios deben permitir una aproximación más racional que pasional no nos estamos escuchando, no nos oímos, es hora de desescalar los espíritus,

comenzando por el Gobierno nacional y la oposición. El pacto para la paz no corresponde al nuevo pacto social al que el presidente Juan Manuel Santos se refirió en su discurso de posesión. No corresponde ni en su forma, ni en su alcance, ni en su contenido, menos en la forma de alcanzarlo. El pacto para la paz no es un enunciado que se refiera a un país próspero y con equidad, el pacto para la paz tampoco es un pacto de impunidad, que busque una simetría de beneficios a los victimarios sean estos de las guerrillas de las autodefensas ilegales o de aquellos miembros de la Fuerza Pública que deshonraron a la institución militar, por violaciones a los DD.HH o al DIH. Los militares de Colombia no piden impunidad exigen justicia, sus investigaciones y sus juicios no pueden desarrollarse a espaldas del derecho operacional o del DIH. El pacto para la paz es una propuesta concreta, un acuerdo de mínimos sobre lo fundamental y esencial de la democracia y del Estado de derecho, que permita garantizar la seguridad jurídica y sostenibilidad política de lo que se convenga con las Farc, pretende garantizar que lo que se firme con las Farc se pueda cumplir, el éxito de un proceso de paz no es la firma de un acuerdo de terminación de conflicto sino de lo que se acuerde se pueda hacer realidad. Mientras el Gobierno, es entendible, puede estar afanado

por firmar un acuerdo con las Farc, muy seguramente ellas estarán afanadas para garantizar que lo que se firme, se cumpla. Nada se obtendría si el acuerdo que se logre con las Farc se convierta en una burla para ese grupo, o si los compromisos que la guerrilla adquiera terminan siendo una burla a la sociedad colombiana. Cualquiera de esos dos escenarios conduciría a un retorno de la violencia y a un debilitamiento del estado de derecho y de las instituciones democráticas. Difícil aceptar que se firme un papel para que se quebranten los compromisos que contenga y se termine impulsando el retorno a las armas de quienes deberán desarmarse para reincorporarse a la vida civil. Del mismo modo sería inaceptable que las Farc incumplieran los acuerdos para mantenerse en la combinación de la acción política y la violencia en aras de imponer una revolución. El éxito del proceso de paz no es la firma del acuerdo, es que lo que se firma se pueda cumplir. Para eso se necesitan dos cosas: primero, reconocer que la sostenibilidad del acuerdo que se alcance entre el Gobierno y las Farc tienen un elemento político y otro jurídico; si bien se trata de un conflicto de naturaleza política, también es cierto que, a diferencia del pasado, no se puede resolver mediante un acuerdo que dependa exclusivamente que uno y otros así lo convengan. La realidad jurídica impide que una mesa de

negociación sea soberana, sea fuente de derecho, esté por encima de principios inderogables que se desprende del respeto a la dignidad humana y que están consignadas en instrumentos de derecho internacional de DD.HH. La mesa de negociación no está por encima de la jurisdicción penal internacional, se puede decir lo que se antoje, lo que quieran; pero la realidad jurídica es otra. Es de ingenuos convencerse que los miles de actos atroces de las Farc puedan quedar sin castigo o que basta simplemente el trabajo social o las excusas públicas de los máximos responsables, para decir que hubo justicia frente a los miles de secuestrados, los miles de homicidios, los miles de niños reclutados forzosamente, los cientos de miles de desplazados, los miles de desaparecidos; aun pactándose un marco de impunidad con sanciones simbólicas en la mesa de conversaciones, aun consiguiéndose que este fuera refrendado por el voto popular, aun realizando una asamblea nacional constituyente, que hipotéticamente, como lo sueñan los perpetradores, elevar a la Constitución la impunidad, nada de eso nada sería un plan eficaz. En un evento convocado en Medellín por la Corte Constitucional, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI, recordó que ya ha habido en otros países referendos y reformas constitucionales para intentar proteger y blindar la impunidad

de los máximos responsables de crímenes masivos, y no funcionaron, y cita un ejemplo: en Uruguay los jueces procesaron a los máximos responsables a pesar de que una ley amnistía del 86 había sido votada en un referendo favorable -los referendos favorables del 89 y del 2009-, aprobado mediante voto directo del pueblo uruguayo, dos veces, y se cayó. Algunos ven esto como un obstáculo para la paz, quienes así razonan desconocen que la paz es fruto de la justicia, el respeto al DIH, es el mejor candado de seguridad para los acuerdos, y para la paz, pretender que a ella se puede llegar sacrificando el derecho de las víctimas a la justicia, seria tomar partido por una lógica auténticamente maquiavélica. Estas reflexiones hacen obligatoria una conclusión, el primer aspecto que se debe tener en cuenta para que lo que se acuerde se cumpla y se pueda cumplir, son los estándares internacionales en materia de justicia no impunidad y derecho a las víctimas. Hay quienes piensan que solo a punta de sentencias decretos o leyes se blindan estos aspectos, equivocados están. Mañana la Corte Constitucional, la Corte Interamericana o Corte Penal Internacional, pueden tomar la decisión que implique procesar finalmente a la cúpula de las Farc. Así son las cosas, paradójicamente una vez se firme el acuerdo de terminación del conflicto, acontecerán dos cosas: con el paso del tiempo se consolidará lo acordado y a medida que eso suceda, los acuerdos serán vulnerables en materia de justicia, si no los blindamos jurídicamente. Los más interesados, los más beneficiados

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<< VIENE PROCURADOR pág. 3 con este blindaje jurídico, con la ade-cuación o la aceptación de los estándares internacionales, son las Farc. Entre más tiempo, más posibilidades habrá de que un acuerdo con impunidad se caiga. Seamos francos, entre más tiempo pase más difícil será a las Farc tener el musculo para reclamar el cumplimiento de los acuerdos a menos que se tomen el poder. Ahora bien ¿cómo blindar la vulnerabilidad en materia judicial que pueden tener los acuerdos? Como lo indiqué: adoptando un modelo de justicia transicional que se adecue a las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de justicia y derecho de las víctimas. Es ajustar la legislación interna a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. Los mecanismos de justicia transicional deben observar los estándares señalados en la CPI y deben atenerse a los mínimos reconocidos por la Corte Constitucional colombiana en dos sentencias: la 579 del 2013 y la 577 del 14. Al parecer las Farc se hacen las que no entienden. Según estos señores es inadmisible que el Estado sea juez y parte, es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el ordenamiento jurídico vigente. Imposible para ellos cumplir una pena, imposible aceptar el marco jurídico para la paz, y la jurisprudencia constitucional, hay que cambiarla, dicen, ambas delegaciones de plenipotenciarios. A ellas mismas –las Farc- son a las que convienen penas razonablemente reduci-

das, pero efectivas de prisión, que se podrían suspender parcialmente y sustituir por penas alternativas según los establece la sentencia C 579, pero con penas privativas de la libertad. Pero ¿cómo resolver esto? Insisto hay que buscar fórmulas imaginativas. Una podría

ser que cumplan su pena en una cárcel extranjera, complementado con otro elemento que busca blindar su situación ante la jurisdicción internacional, con el cumplimiento de las condiciones de reclusión que las verifique permanentemente la Fiscalía de la CPI; una

¿Qué se debe discutir? Se ha dicho reiteradamente que nada está acordado hasta que todo este acordado, es la cláusula que rige la negociación, y la que igualmente posibilita que todos los estamentos de la sociedad discutan, disientan o aprueben el contenido de los acuerdos revelados por el Gobierno. Lo que se debe provocar es un amplio debate nacional al cual la mesa de conversaciones debería estar atenta, muchas observaciones podrían contribuir a que la paz quede bien hecha, entre los asuntos estarían: • La hoja de ruta de la refrendación, es esencial que esto se convenga para la legitimidad de los acuerdos. Pretender sustraer los acuerdos de una refrendación popular sería garantizar su fracaso; en eso coincido con el Gobierno. • Se necesitan fórmulas imaginativas que faciliten la disolución del grupo como aparato violento, respetando con rigor el ordenamiento jurídico. • Señalar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como avanzar respetando requisitos mínimos derivados de las sentencias. • Este pacto por la paz debería contener los derechos de las víctimas, su reparación. El Estado debe concurrir a ella, pero las Farc no pueden evadir esa responsabilidad, la verdad es innegociable, el régimen de sanciones y penas alternativas a imponer a quienes de uno u otro lado cometieron graves violaciones a los DD.HH. • Deberá pactarse el desarme total y la desmovilización absoluta, la reintegración de los miembros de la guerrilla, su vinculación plena a la vida social y económica del país. • La institucionalización del Estado, no de las Farc en el territorio, la paz territorial no puede convertirse en el pretexto para institucionalizar las Farc, en las zonas donde hoy pretenden el dominio territorial. • La entrega de las riquezas de las Farc proveniente de la actividad ilícita. • El desmonte del narcotráfico. • Las garantías para que el grupo se convierta en un partido político y pueda competir en elecciones auténticamente democráticas y transparentes

cárcel localizada en un Estado que les asegure que su reclusión no es una maniobra disfrazada para extraditarlos una vez estén cumpliendo la pena privativa de la libertad; otra cosa distinta son las causas judiciales pendientes que tengan con la justicia estadounidense, ese es otro tema que deberán resolver con ese país; un Estado que les dé certeza que una vez cumplan la pena podrán con todas las condiciones regresar a Colombia.

Las Fuerzas Armadas El marco jurídico para la paz estableció la posibilidad de diseñar mecanismos de justicia transicional para los miembros de las Fuerzas Armadas, dentro de un trato diferenciado respecto a los grupos armados organizados al margen de la ley. Tal trato diferenciado obedece a que no se pueden poner en el mismo plano a las FF.MM. y de Policía que defienden el orden constitucional y los derechos de los colombianos con un grupo dedicado a perpetrar atrocidades por más de medio siglo. La legitimidad de la Fuerza Pública es incuestionable. Es inaceptable que se pretenda igualar institucionalmente a la Fuerza Pública con las Farc, manipulando en discursos el DIH. Otra cosa es que miembros de la Fuerza Pública hayan faltado a su deber, que no es otro que la defensa de los DDHH y el cumplimiento riguroso de la constitución: si un miembro de la Fuerza Pública cometió una grave violación a los derechos humanos o una grave infracción al DIH, entonces no actuó como militar o Policía, actúo como criminal, y en esa situación la

responsabilidad individual exime a la institucional. Así, este individuo deberá someterse a la justicia transicional, siempre que los delitos cometidos sean con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Sin embargo en materia de justicia transicional si bien se debe tener un trato diferenciado esto no significa que los beneficios jurídicos que recaigan en miembros de la guerrilla sean menos severos que los que cobijen a soldados y policías. Otro asunto, la ausencia con relación al servicio que excluye un caso de la Justicia Penal Militar y lo remite a la ordinaria no puede aplicarse a la justicia transicional. La razón, conforme a la jurisprudencia de la Corte, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no tienen relación alguna con el servicio, en la medida que implican una grave violación a los DDHH o una infracción al DIH, sin embargo, son precisamente esos delitos los que deben ser cobijados por medidas de justicia transicional, que respetando los derechos de las victimas den un trato penal alternativo a los miembros de la Fuerza Pública responsables de los mismos. A los miembros de las Fuerzas Militares y de policía se les debe dar seguridad jurídica, plena certeza del marco jurídico que se les aplicará, y de ninguna manera dejarlos al vaivén de los acontecimientos futuros. La Fuerza Pública, su estructura, funcionamiento, tamaño, capacidades, adaptación a los cambios de la amenaza, es una decisión de las instituciones democráticas, jamás puede resultar de una negociación con las Farc o el Eln.

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Clara López Obregón, presidenta del Polo Democrático “Este ha sido un conflicto que ha degradado todo y todos tenemos algo que mostrar en materia de verdad y en la búsqueda de una salida para que podamos mirar el futuro con optimismo y esperanza y ponernos en esa dura tarea de convertirnos en una sola sociedad”.

El pacto para la paz tiene que rebasar la interpretación jurídica Coincido con el general Ruiz, no pongo en duda que todos queremos la paz, entre otras razones porque todos hemos vivido la violencia en carne propia. En Colombia se olvida que la guerra la han sufrido los integrantes de nuestra Fuerza Pública con qué dolor y con qué sacrificio. Por estas razones, a todos ellos y sus familiares va nuestro saludo de solidaridad. Pero la guerra también la ha sufrido la insurgencia en armas, donde también hay hijos de colombianas que han caído abatidos en esta guerra. Entonces, me quiero referir a esos actores del conflicto que no se mencionan demasiado, que también han sufrido en carne propia los rigores de la guerra, y me refiero a quienes hemos hecho política desde la oposición, de la izquierda democrática, absolutamente desarmados, y que hemos sido víctimas de la intolerancia oficial, y también del desvío del ejercicio de la doctrina militar por algunos sectores de la Fuerza Pública. Lo único que puedo decir es que no hay guerra buena, y esta que ha durado tanto, ha degradado a casi todos sus protagonistas, los ha degradado moralmente, sentimental y emocionalmente y, a algunos, los ha degradado incluso políticamente. La revista Semana decía hace poco que somos un país enfermo y tiendo a coincidir con ellos. Colombia es un país sobre el cual se ocupan muchas líneas a las bajas en las cotizaciones en la bolsa, pero que no tiene cabida, como corresponde, para aquel anciano que muere por exposición en la calle. Por eso, el pacto para la paz tiene que rebasar el tema del aspecto de la interpretación jurídica, porque sé que no es una posición que compartan todos, pero que si la pueden compartir muchos. Esta guerra no tiene solamente causas políticas de exclusión de muchos, en el ejercicio del derecho a expresarse y a participar en la política, sino que tiene profundas causas sociales que el país no ha querido ni ha podido enfrentar debidamente, entre otras razones, por el conflicto armado. Quiero plantearle al Procurador que el pacto para la paz tiene que ser una pacto

de ciudadanía por reconstruir las bases fundamentales de la sociedad colombiana, para que volvamos a sentir que el pobre que no tiene empleo, el de la clase media que pierde su trabajo también viene siendo víctima de un conflicto social profundo que es parte de este conflicto armado, al cual aspiro que podamos ponerle fin. Vemos sentadas en la mesa de La Habana dos partes, yo no adjetivo, la realidad ha llevado a dos partes enfrentadas a sentarse al lado: la insurgencia armada inicialmente con un profundo contenido y motivación de carácter político y social, y por otro, el Estado colombiano que ha defendido la legitimidad constitucional a lo largo de esta guerra. Estas dos partes tienen algo en común y solo una cosa, que ninguna ha vencido a la otra en el campo de batalla: ni la guerrilla puede exigir y sacar de la mesa de La Habana reformas estructurales a la Fuerza Pública, del modelo económico, de la constitución ciudadana, porque no las ha conquistado en el campo de batalla, como sucedía en las guerras civiles del siglo XIX; pero tampoco el Estado colombiano ha vencido a la guerrilla para exigir su rendición como culminación del proceso de negociación. Esas son realidades duras a las que tenemos que abocarnos cuando tratamos temas tan complejos, como el de la justicia transicional. Plantee que hay justicia con las víctimas del conflicto, pero qué hay de la justi-

cia que le debemos al resto de la sociedad, también víctima de este enfrentamiento fratricida. El tema con la justicia transicional es demasiado preocupante porque entiendo y comparto la preocupación porque dentro de diez años se abra la caja de pandora. Entonces, quién tendrá garantizado que la interpretación de la letra menuda, no implique a un comandante guerrillero o a un general de la Fuerza Pública, o a un empresario que también participo del conflicto, o algún colega del Congreso de la República, que no haya sido procesado dentro del marco de la parapolítica. Este ha sido un conflicto que ha degradado todo y todos tenemos algo que mostrar en materia de verdad y en la búsqueda de una salida para que podamos mirar el futuro con optimismo y esperanza y ponernos en esa dura tarea de convertirnos en una sola sociedad. Las víctimas El tema de las víctimas, sin duda, en esencial. Aquí hay víctimas de todas partes; hay víctimas de la insurgencia armada, hay víctimas de quienes desviados del honor militar cometieron actos atroces excediéndose en la defensa de la institucionalidad. Una de las claves sí es el marco jurídico para la paz, la justicia transicional, de la cual soy partidaria - aquí tengo que hablar a nombre de personalidad democrática, para no comprometer a los integrantes de mi partido, porque es un tema

que estamos discutiendo y por lo tanto no hemos adoptado una posición definida. Creo que la justicia transicional debe cobijar a todos los actores de esta guerra fratricida; pero, se tiene que diferenciar porque no es lo mismo un insurgente, un miembro de la Fuerza Pública, un particular, un empresario, un juez o un fiscal, todos con acciones en los procesos judiciales del conflicto. Tiene que haber una justicia diferenciada según la calidad de cada cual, pero a la hora de la verdad, señor Procurador, yo rescato algo que usted desecha, tiene que haber simetría en las consecuencias y me refiero a todos los actores de este conflicto armado, así estén o no estén sentados en la mesa de La Habana, no hay otro camino. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho -no sé si lo estoy citando fuera de contexto- las interpretaciones del derecho o el derecho no pueden ser obstáculo para la paz, y ninguna institución jurídica puede ser camisa de fuerza para impedir la construcción de paz. Debemos buscar fórmulas jurídicas que permitan dar el paso de la guerra a la paz y, por eso, recurrir a la justicia transicional en los términos de diferenciación por sujeto activo. Y eso que dicen que la refrendación debe ser puntual, caso por caso. Un referendo que lleve cada uno de los puntos de La Habana a una refrendación popular garantiza que en vez de construcción de paz vayamos a una gran discusión, un en-

frentamiento, porque si “nada está acordado hasta que todo este acordado” el mismo pacto o acuerdo que se firme (que es el objeto de las negociaciones que está escrito en el primer documento) es para ponerle fin al conflicto armado y ha habido amplia demostración de que se avanza en esa dirección. No hay salida distinta a una refrendación de carácter político que diga que si o que diga que no, después de una deliberación publica democrática, el que quiera verdaderamente la paz va a tener que tomar, ese día, esa decisión, me atrevo a decirles que esa refrendación política de los acuerdos de paz va a salir ampliamente respaldada por el pueblo colombiano. Hoy se dice no a la impunidad, pero pregunto ¿a la impunidad de quién? porque en el enfrentamiento entre unos y otros vamos a pasar el resto de nuestra historia señalándonos mutuamente sobre quién tiene la culpa y creo que llegó el momento de que nos miremos a la cara y nos reconozcamos como parte de una misma sociedad. Por ello, la refrendación tiene que ser solamente el principio de un gran acuerdo ciudadano por la paz, que nos embarque en la construcción de una sociedad equilibrada, una sociedad donde el ejercicio de la oposición sea posible, sin estar uno mirando sobre el hombro pensando que algo le va a pasar a cada palabra o a cada instante… este es el momento de la verdad, de construir un pacto ciudadano en que todos tengamos un lugar bajo el sol.

La Fuerza Pública Y si nos preguntamos qué va a pasar con la Fuerza Pública después del pos acuerdo; soy partidaria de una Fuerza Pública profesional dedicada a defender nuestras fronteras y a poner el hombro en la construcción de la paz y la reconciliación. Para ponerle fin a la guerra fría, vamos a tener que ponerle fin al señalamiento del enemigo interno en todo él que piensa distinto al que exprese inconformidad social y política, o a convertirlo objetivo militar; vamos a tener que democratizarnos. No estigmatizo a la Fuerza Pública, ha hecho un gran sacrificio, y reconozco su comprensión de la democracia colombiana. Los quiero invitar a una democracia mucho más amplia; quiero invitar a los alzados en armas a esa democracia; es, desafortunadamente, quien tiene el fusil al hombro el que siempre piensa que tiene la verdad, cuando la democracia es discusión abierta, es disentimiento con respeto y mutuo reconocimiento, y ese gran pacto ciudadano va a tener que sentar las bases para una sociedad más justa.

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Carlos Holmes Trujillo García, miembro del Centro Democrático ¿Cómo no vamos a poder hacer un pacto para la paz sin que los hipotéticos o eventuales acuerdos a los cuales se llegue sean puestos en consideración de la gente para que esta se pronuncie a favor o en contra de lo acordado?

Se puede generar un espacio que permita identificar un mecanismo de refrendación

Respaldar la acción legítima de la fuerza del Estado no es una opción política, es una obligación de carácter constitucional y legal. La opción política son las conversaciones, son las negociaciones y, naturalmente, el éxito que ellas tengan depende de la coyuntura del clima social de los elementos que convoquen a las colectividades para sacar adelante empeños de tanta importancia como lo es la búsqueda de la paz. Si bien es verdad que pueden tratarse muchísimos temas, yo me voy a limitar a aquello a lo que fuimos invitados, es decir, al pacto para la paz que plantea el Procurador, en el entendido de que hay que hacer la paz bien hecha, para efecto de que esta tenga sostenibilidad política y jurídica. Se necesita un pacto para la paz entre quienes queremos y respaldamos la Constitución y la ley, de lo contrario será imposible avanzar con éxito en la identificación de coincidencias con las Farc, específicamente en ese caso, las posiciones que ha venido exponiendo el Centro Democrático por ejemplo ¿dan lugar o no a que haya un pacto para la paz? por supuesto que las posiciones que ha venido exponiendo generan condiciones para que alrededor de ella se haga un pacto que permita tener una vocería mayor, mas sólida frente a las Farc en la mesa de conversaciones en La

Habana. Se ha planteado, cese unilateral del fuego y hostilidades por parte de las Farc como condición para conversar, esa posición ha buscado entorpecer el proceso, ha impedido avanzar en la búsqueda de la paz. ¿Esa posición se les ha presentado a los colombianos con el dañino propósito de obstaculizar el logro de lo que la sociedad colombiana anhela, sueña y tiene derecho a obtener? No, todo lo contrario, es una posición que nace del análisis de nuestra historia, que nos enseña que, en general, los procesos que han tenido éxito en nuestro país, se han hecho previo cese de acciones violentas por parte del grupo armado ilegal correspondiente e, igualmente, nos enseña que los empeños con las Farc que se han hecho en medio de las balas han concluido siempre en frustraciones. El cese unilateral de acciones por parte de las Farc lo que busca es responder a un anhelo de la sociedad que naturalmente está dispuesta a apoyar esos esfuerzos, pero que para efectos de rodearnos de credibilidad requiere ver siempre resultados concretos. ¿Puede entonces buscarse alrededor de esta posición un pacto que nos conduzca a la paz? yo no tengo duda alguna, pero además veo surgir unas coincidencias de hecho. Las Farc han planteado cese unilateral indefinido de fuego y

hostilidades y plantear un mecanismo de verificación. Estoy seguro, de que si nos sentamos a conversar con buen ánimo, encontraremos la manera de identificar zonas de encuentro para la paz o zonas de concentración, que son fundamentales para rodear de seguridad y de credibilidad un proceso de esta naturaleza; y tengo la certeza de que si estamos todos de acuerdo en el sentido de que se requiere un mecanismo de verificación, también sería posible llegar al acuerdo de que ese mecanismo sea capaz, sea sólido, sea experimentado, tenga musculo político y no pueda ser señalado de ninguna manera de parcialidad. Con relación a esto, estoy seguro de que si se crean las condiciones, ahí hay un escenario para conversar y para identificar elementos que nos permitan avanzar en un pacto para la paz.

Y la justicia Con relación a la justicia, no busco obstaculizar el proceso pero, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es la de que el Estado se comprometió con unas normas que están contempladas en el Estatuto de Roma que le da vida a la Corte Penal Internacional y, en virtud de ellas, se obligó a investigar y juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esa es la realidad, no pode-

mos cerrar los ojos ante ella. ¿Será posible, entonces, un pacto para la paz en materia de justicia? Si buscamos dentro de las obligaciones que tiene el Estado de buscar caminos que nos permitan identificar acciones de transición que puedan tener seguridad, es decir, sostenibilidad jurídica y por lo tanto política, yo no tengo duda de que eso es posible. Lo único que no podemos hacer es desechar la existencia de esas obligaciones, señalar que la paz está por encima de todo y no importa el derecho internacional, ni importan las obligaciones del Estado. Por el contrario, lo que le corresponde a una sociedad que quiere de verdad la paz, es encontrar dentro de esos marcos los caminos apropiados; pero, además, se requieren seguridades de índole jurídica nacional e internacional. Respecto de la participación política se ha venido pidiendo en el Centro Democrático, participación, sí; pero sin que ello cubra a los culpables de los más graves delitos, es decir; a los culpables de los delitos que el Estado se obligó a investigar y juzgar. ¿Hay posibilidad de generar un escenario de conversaciones que nos permitan encontrar una fórmula de participación en política sin que ello implique la participación de aquellos culpables de graves delitos? Yo no tengo ninguna duda, pero se requiere crear las condiciones de un es-

cenario para efecto de que seamos capaces, con voluntad, de identificar esas acciones y esos mecanismos de transición en materia política.

La refrendación ¿Cómo no vamos a poder hacer un pacto para la paz sin que los hipotéticos o eventuales acuerdos a los cuales se llegue sean puestos en consideración de la gente para que esta se pronuncie a favor o en contra de lo acordado? Se puede generar un espacio que nos permita identificar un nuevo mecanismo de refrendación en virtud de que los existentes, o no son procedentes o tienen inmensas dificultades prácticas. Tengo la seguridad de que eso es posible, porque eventualmente debería hacerse un pacto político y de Estado para hacerse un nuevo mecanismo de refrendación de la consulta popular, porque tal como la tenemos concebida no nos sirve. La consulta popular sirve para poner en consideración de la gente políticas de interés para los ciudadanos y, además, tiene la limitación de que a través de ese mecanismo no se puede reformar la Constitución. El plebiscito es para poner a consideración de la gente, políticas que no deben ser aprobadas por el Congreso en materias de iniciativas del Ejecutivo. Por su parte, el referendo obliga a poner en consideración de la gente normas jurídicas, de naturaleza constitucional o legal, para efecto de que sea la gente la que diga si incorpora o deroga normas existentes, lo cual le daría a un acuerdo de semejante magnitud inmensas dificultades prácticas para su aplicación. ¿Qué surge entonces? dentro de la idea de que debe plantearse una refrendación popular para que sean los ciudadanos los que se pronuncien, puede generarse un gran acuerdo político y de Estado. ¿Por qué político? Porque debe comprometer a todas las fuerzas políticas, y ¿Por qué de Estado? Para que tenga sostenibilidad jurídica y también sostenibilidad política. Todo esto es posible. ¿Qué falta? No nos estamos escuchando. En lugar de generar mecanismos de aproximación y de identificación de acciones comunes, se está dividiendo a la sociedad colombiana, se la está dividiendo con el falso estigma de enemigos de la paz o de amigos de la guerra para confrontarlos con los amigos de la paz. Me parece que tenemos que actuar de consuno para que en lugar de generar las condiciones de identificación de puntos comunes, se siga dividiendo a la sociedad.

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León Valencia, miembro del Grupo de Memoria Histórica, director de la Fundación Paz y Reconciliación.

Estoy convencido que sin las Fuerzas Militares no hay paz, no se puede hacer la paz, ni contra las Fuerzas Militares ni sin ellas. Creo que no puede haber reconciliación sin el concurso del expresidente Álvaro Uribe, creo que representa una fuerza muy importante del país y se necesita para la reconciliación.

Si la verdad es una verdad judicial, este proceso está condenado al fracaso Estuve en el conflicto y después de estar en él he trabajado en un proyecto con el gobierno noruego, durante 14 años; con las Fuerzas Militares realizamos unos conversatorios con los oficiales del curso de Altos Estudios y con los mandos, por esos eventos pasaron cerca de 1.100 altos oficiales, durante 14 años, por lo tanto, conozco ese mundo y me impresionó, después de estar en la orilla del conflicto armado al lado de las fuerzas insurgentes, compartir diálogos, a veces apasionados y candentes, con miembros de las Fuerzas Militares. Siento que estamos en un momento en que el país puede cambiar y estoy feliz de vivir en este momento. Esperé mucho tiempo que la insurgencia pudiera declinar las armas. Pero hoy, 23 años después de haber salido del Eln, incluidos tres en una negociación, no tengo ninguna solidaridad con las acciones de las guerrillas. Me retire precisamente con una crítica profunda a la violencia, no solo no creía que ese era el camino para llegar al poder, sino aún tenía la critica que si alguna vez hubiésemos llegado al poder, ese poder no nos iba a traer una gran ventura pues todos los poderes que nacen de las armas tienen un filo antidemocrático enorme. He sido más optimista sobre

el proceso de paz que el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, porque conozco la guerrilla por dentro. Estamos en un momento crucial y por eso creo que es muy oportuno discutir sobre un Pacto para la paz. Hay que discutir con realismo y tiene que ver con los dos lados: si el Presidente Santos y su gobierno de Unidad Nacional no se preocupa por tender puentes para unos acuerdos mínimos sobre este proceso de paz, creo que es un error muy grave, así tengan la legitimidad para acordar porque ganaron las elecciones. El Presidente Santos defendió un proyecto de paz, de negociaciones y lo sometió a voluntad popular y ganó, como se gana en las democracias. La oposición perdió esas elecciones, entonces no puede reclamar, y este es el realismo. No pueden decir hagan la paz como nosotros queremos que la hagan, cómo lo van a hacer si perdieron esa apuesta en la ciudadanía. Por su parte, los miembros de las Farc van a hacer la paz pero porque perdieron la ilusión del triunfo y porque ya no tienen la gran plataforma que tenían en el Caguán, donde ellos proponían un gobierno compartido. Las Farc saben que no van a triunfar por la vía militar y que la única forma de llegar a la civilidad es una

negociación en la mesa, realista, alrededor de unos puntos que ellos reivindican para adherirse a la vida civil; ya no tienen esa gran plataforma de diez puntos del Caguán. Ahora se vinieron por una reforma de puntos que ya están en la ley, como las zonas de reserva campesina que hace 20 años están en la ley; el tema de abrir el espacio político para su participación política, eso está inventado en Colombia para todos los lados, hoy hay en el Congreso personas que estuvieron en la insurgencia, y hasta están en las bancadas. En el Centro Democrático hay un guerrillero, ahora senador, Everth Bustamante, que no era cualquier guerrillero, dentro del M19 organizó una disidencia, era el jefe de la coordinadora de base, y les decía a Jaime Bateman y a sus amigos, que ellos eran unos blandengues y él era el duro del M19, porque los otros eran unos reformistas, unos negociadores. Se dice que las Farc hacen cosas horribles, ¡claro que sí! y ¿Quién defiende a las Farc? Nadie. Pero así hablábamos del M19 cuando se empezó a negociar con el Estado, estando muy cerca el asalto al Palacio de Justicia, una herida que está aún viva en la sociedad colombiana, pero el país tuvo la generosidad, no solo de acoger a

estos señores, que acabaron con la Corte Suprema de Justicia, si no que los apoyó por la desmovilización. Firmaron un acuerdo y luego obtuvieron una votación impresionante en la Constituyente. Antonio Navarro llegó a tener la mayoría en las encuestas en la campaña presidencial de 1990. La gente es generosa en estos procesos. Un pacto realista Tenemos que hacer un pacto realista. Si yo fuera a negociar la paz, sería muy distinta a la que está haciendo Santos; haría una paz con grandes reformas para el país, con una profunda reforma agraria, una paz con una transformación de la educación, una paz con un proyecto de equidad enorme para intervenir la banca, ¡esa es mi paz! pero no me la va a copiar nadie porque yo no he ganado ningunas elecciones. Lo contrario, como dicen algunos representantes de la izquierda, que esa es una paz de pacotilla, que las Farc se están entregando. A los del Eln, que reclaman que ellos sí van a hacer la negociación más profunda, les digo que esperen cuando lleguen a la mesa. Yo tuve que pactar una paz en un momento en que había amnistía, había indulto: nosotros no tuvimos que ir primero a la justicia. Hoy eso ya no es posible, hay

que ir a la justicia. Antes de ir al Congreso hay que hacer un tránsito por la justicia para todos y en eso, creo, que tenemos que pensar, en una generosidad para todos. Tenemos que doblar la página con un proyecto de reconciliación; eso no quiere decir que tenemos que ir a juicio, a condenas, tenemos que buscar penas alternativas. La verdad principal, el espacio de la verdad, es un espacio político no judicial. Si la verdad es una verdad judicial, este proceso está condenado al fracaso y tendremos que vivir otros cincuenta años de confrontaciones y de muertes. Este conflicto ha tenido más de 220 mil muertos, más de seis millones de víctimas, es más grande que cualquier guerra en América Latina. Las dictaduras del Cono Sur tuvieron 50 mil muertos, somos comparables solamente a la guerra de secesión de Estados Unidos en muertos, eso es un holocausto, es una vergüenza para el país. Tenemos que pararlo entre todos, yo tengo una responsabilidad moral, más que política y ética, y responsabilidad personal, porque estuve en este conflicto, pero no descansaré hasta que conquistemos un pacto de mínimos, como lo propone el Procurador, sobre la base de realismos para sacar a este país adelante.

Edición 547

Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa y excandidata a la Presidencia de la República “La figura de los tribunales mixtos brindarían garantías a las partes del ejercicio de sus derechos a la defensa, a solicitar y obtener pruebas, y le daría a la sociedad, la seguridad de que los crímenes cometidos no van a quedar en la impunidad”.

Hay que crear tribunales mixtos, temporales, para el juzgamiento de crímenes extraordinarios - hay cantidad de salvedades de las Farc, que no solamente no han asumido mayores obligaciones en los textos ya concluidos, puesto que casi todos los compromisos están a cargo del Estado, sino que las Farc insisten, entre otras, en la realización de una asamblea nacional constituyente.

A propósito de que se inicia la discusión del punto de justicia transicional, propongo que los negociadores del Gobierno y de las Farc, convengan la integración de tribunales mixtos, figura que ha demostrado sus bondades en experiencias internacionales como Sierra Leona, Kosovo, Camboya y en otros procesos. Los tribunales mixtos corresponden a la conformación de organismos jurisdiccionales temporales, cuya misión se limita única y exclusivamente al juzgamiento de los crímenes, y posibles violaciones de los derechos humanos, cometidos durante el conflicto, dichos tribunales estarían integrados por magistrados colombianos y extranjeros, y juzgarán ellos, los delitos y crímenes de guerra o de lesa humanidad que se hayan cometido durante el conflicto, y atenderán, entonces, no solamente a la legislación nacional, sino también a la legislación internacional. La figura de los tribunales mixtos brindarían garantías a las partes del ejercicio de sus derechos a la defensa, a solicitar y obtener pruebas, y le daría a la sociedad, la seguridad de que los crímenes cometidos no van a quedar en la impunidad pues creemos que la impunidad es, en sí misma, una violación de derechos humanos cuando por ineficacia del sistema judicial, la corrupción, o la discriminación, no haya acceso a la justicia. En este mismo sentido, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado, de 2014, señala que la impunidad y la ineficiencia del sistema ju-

dicial se mantienen hoy como las principales infracciones a los derechos humanos en Colombia. Los tribunales mixtos garantizarían el acompañamiento de la comunidad internacional y garantizarían también que se apliquen estas normas internacionales y no haya dudas sobre la posible intervención de la CPI, pues, por fortuna, el Tratado de Roma es una norma supranacional por encima de la legislación interna, y hace parte del bloque de constitucionalidad. Mi propuesta de crear los tribunales mixtos, va en paralelo y se complementa con la defensa del Fuero Militar y de la Justicia Penal Militar. Es importante que el Congreso se concentre en el trámite de la reforma del Fuero Penal Militar y de la Justicia Penal Militar, ojalá en esta legislatura. Tanto el Fuero como la Justicia Penal es sustancial, no solamente para mantener la moral de las tropas sino también para darles certidumbre sobre cuál es el marco en el cual ellos deben desempeñar su labor. He señalado que la negociación con las Farc comenzó prematuramente, había que continuar el camino que trazamos en 2002 para mantener la estrategia militar, adelantar acciones judiciales contra miembros de los grupos terroristas, profundizar en la desmovilización, lograr el punto de quiebre en las finanzas de los grupos terroristas; pero no podemos cambiar el pasado y asumo que los diálogos en La Habana debemos tomarlos con realismo y con disposición para servir a la

paz de Colombia.

Premisa equivocada Tengo reservas frente a varios de los puntos planteados de entrada, pero tengo también reservas frente a los silencios inaceptables que hay desde el comienzo. Considero un error plantear el diálogo sobre una premisa equivocada, como es considerar al Estado y a las Farc como partes iguales en la negociación. Cómo va a ser equivalente un Estado legítimo, representativo de la Unidad Nacional, cómo va a ser equivalente a una organización ilegal vinculada al narcotráfico, calificada como terrorista en la comunidad internacional. Las Farc no tienen hoy el apoyo del pueblo, no han tenido jamás la legitimidad de representar esta nación y ninguna ventaja militar frente a nuestras Fuerzas Militares. Han transcurrido dos años de negociación pero el pueblo continúa sintiendo las amenazas de las Farc, sin percibir ningún beneficio del proceso. Las Farc no han asumido el compromiso de terminar estos crímenes graves, entre otras razones, porque el Gobierno nacional nunca ha sido exigente suficientemente en esta materia, los mismos delegados de la guerrilla lo han afirmado en los medios. Pastor Alápe, lo dijo hace poco, estos temas de suspender los crímenes que van contra el DIH, no han sido abordados aún en La Habana. Preocupante contradicción. La repercusión de la errónea premisa también se refleja en los capítulos ya negociados en los que - a pesar de los avances, que muchos mencionan como

Trece inquietudes Primera. La transparencia de los criterios de priorización en la justicia transicional debe ser dada por una ley estatutaria. La participación de las víctimas en la justicia transicional debe ser primordial, hasta el punto que pueda tener una segunda instancia cuando consideren que en los procesos penales no ha habido criterios suficientes de verdad, justicia y reparación. Segunda. Para que se ponga en marcha el Marco Jurídico para la Paz es indispensable la dejación y entrega de las armas al Estado o a una comisión internacional y que su destrucción sea perfectamente verificable por las víctimas, el Estado y la comunidad internacional. Tercera. Aparte de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, también deben investigarse y sancionarse las demás violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, debe haber siempre una proporción entre la pena y la gravedad de los delitos cometidos. Cuarta. Los delitos transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y similares, no pueden ser crímenes sujetos a la justicia transicional, además, la desaparición forzada y la tortura, tampoco pueden hacer parte de este grupo. Quinta. Los bienes adquiridos de manera ilícita sin desplazamiento, por parte de las Farc, también deben ser declarados por estos, porque las Farc deben contribuir en la reparación de las víctimas, sobre eso hay silencio absoluto en los tres capítulos ya negociados. Sexta. La justicia transicional exige liberación de secuestrados y de menores en sus filas. Séptima. La participación en política dependerá estrictamente del cumplimiento de la condena impuesta en el marco de la justicia transicional. Octava. La sola manifestación

de tratar de colaborar para esclarecer el fenómeno de narcotráfico, no es verdad suficiente para confiar en que entregarán los bienes producto de dicha actividad ilícita, como tampoco que entregaran información sobre cultivos, rutas y socios internacionales. Novena. El hecho que las Farc manifiesten su intención de erradicar cualquier relación con el narcotráfico, no clarifica tampoco que ellos dejaran sus actividades terroristas, ni tampoco es claro cuál es su condición con relación a la cantidad de hectáreas que ellos están pidiendo que hagan parte de las zonas de reserva campesina. Decima. No es claro cuándo y cómo las Farc entregarán las armas, por lo tanto, genera gran preocupación la influencia que sus armas podrían ejercer en las comunidades en la elección de quienes ocuparan las curules de las circunscripciones especiales de paz y las posibles circunscripciones especiales de víctimas. Once. La eliminación del aval como requisito para la inscripción de candidatos y la obtención de recursos económicos y publicitarios por parte del Estado, sería un gran retroceso para la democracia, incentivaría la proliferación de partidos de garaje. Doce. El estatuto de la oposición no debe depender de un acuerdo con las Farc, por el contrario, debe ser un pacto de cumplimiento de la Constitución por parte del presidente Juan Manuel Santos, al igual que todos los gobiernos después de la expedición de la constitución del 91. Trece. La propuesta de las Farc de entregar las armas una vez comprueben la ejecución de los compromisos del gobierno, es inaceptable. Una veeduría armada por parte de las Farc sería una preocupación inaceptable para los colombianos. Sin entrar en alarmismo, llamo la atención en el interés de la guerrilla de prologar las diálogos de manera indefinida, ello nos lleva a preguntarnos sino ¿será que las Farc podrían llegar a buscar un eventual ruptura de las conversaciones para buscar el reconocimiento >> SIGUE MARTHA RAMIREZ

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Anexo marzo 2015

Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal He tenido la oportunidad de hablar con oficiales de las Fuerzas Militares que me han manifestado lo difícil que es mantener el orden público en muchas regiones del país, donde la única presencia del Estado son precisamente los soldados con sus armas. Eso es muy complejo.

Vamos a tener que pedir la dejación de los twitter para ver si podemos conversar Para muchos, la paz es la ausencia de conflicto, para mí, es todo lo contrario: la paz es la posibilidad que puede tener nuestra sociedad para superar todos los conflictos, pero sin matarnos; que podamos tener espacios para vencer esos conflictos a través de la fuerza de la palabra y no de la fuerza de las armas. Hay que reconocer que una sociedad sin conflictos no solo sería terriblemente aburrida, sino sería una sociedad en la que no se avanzaría. Esa unidad de contrarios, esa tensión, es la que hace que la sociedad avance, pero esa tensión tiene que resolverse sin la lógica del crimen, sin la lógica de la sola fuerza sino con la lógica de la propuesta. El día que los colombianos no tengamos conflicto armado, no va a haber esa cortina de humo que evita que evadamos los verdaderos problemas del país. He tenido la oportunidad de hablar con oficiales de las Fuerzas Militares que me han manifestado lo difícil que es mantener el orden público en muchas regiones del país, donde la única presencia del Estado son precisamente los soldados con sus armas. Eso es muy complejo. Muchas veces -me decía un suboficial- nos sentimos casi que ilegítimos en esos sitios, porque hay campesinos quebrados por la pobreza que terminan en la triste realidad de los cultivos ilícitos. Entonces – decía el suboficial- llegamos nosotros a afectarles su realidad económica. La Fuerza Pública de nuestro país ha estado en las zonas donde están las condiciones que han llevado a mucha violencia. Allí llegan las Fuerzas Militares, << VIENE MARTHA RAMÍREZ

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del estatus de beligerancia, con el concurso, por ejemplo del gobierno venezolano?

Futuro de las FF.MM Somos 46 millones de colombianos que necesitamos tener confianza que la protección de nuestra vida y nuestras libertades son una prioridad para el Estado y las instituciones; de allí la necesidad indispensable de contar con la Fuerza Pública

con muy pocos recursos, a recuperar la confianza pública a recuperar la presencia del Estado, pero no solo con armas, sino con ingenieros militares, con agrónomos militares. Ese papel a mí me parece que es clave, porque el Estado tiene que recuperar Colombia y para ello es importante que exploremos e intentemos actuar sensatamente y en un Pacto para la paz. Ahí es donde debemos entrar a debatir la justicia que queremos. Si queremos continuar con la justicia de los falsos testigos que por salvarse, que por tener menos cárcel o por plata, terminan enlodando al último de los ciudadanos. Tenemos que hacerle un debate a la justicia, a esa justicia clasista. Tiene fuerza una condena con un solo testimonio cuando la vida de un hombre, civil o militar, demuestra todo lo contrario. Hagamos también el debate sobre la educación que queremos, y muchos otros debates que el conflicto no nos han dejado dar. Por eso creo que es tan importante que hagamos un Pacto para la paz, para que, si logramos sacar el conflicto de nuestra vida cotidiana, nos sentemos a construir un país en donde no solo todos quepamos sino que sea mejor. Hay algo que he querido compartir con ustedes y es pedirles que no le hagamos el juego a esa teoría de Roxin. Ese tema de que la cúpula tiene que responder por todo lo que han hecho sus subordinados, es muy peligrosa, además, porque si se las aplicamos a las Farc, luego la Corte se la termina aplicando a toda la sociedad. Hay que comenzar a repensar muchas cosas. Comencemos a hablar y

que tiene la facultad del uso de la fuerza y de las armas para cumplir su misión de proteger la democracia y la vida de los colombianos. Dada la especialidad de cada fuerza en el posconflicto, Colombia debe mantener una Fuerza Pública, robusta, profesional, eficiente, legítima y confiable que asegure el cumplimiento de los acuerdos y garantice que ningún lugar del territorio volverá a ser tierra apta para el florecimiento de ilegalidad, ni para grupos armados que pretendan

hagamos el pacto sobre unos mínimos específicos. Los mínimos para construir el escenario lógico para firmar los acuerdos. Los plenipotenciarios pueden construir el acuerdo que sea, pero si no tiene un respaldo de los ciudadanos, no solo de un sector si no del país en general, va a ser muy difícil sostenerlo en el futuro. Debemos ser capaces de construir unos mecanismos jurídicos para superar esos conflictos y para superar la verdad, justicia y reparación, pues creo que de esa manera ese proceso va a ser sostenible en el tiempo. El Procurador decía que no nos estamos escuchando, para ello creo que debemos desescalar los espíritus, inclusive, en algún momento, vamos a tener que pedir la dejación de los twitter para ver si podemos conversar. En 140 caracteres es muy difícil sostener un diálogo. Generalmente los 140 caracteres hacen que impacte la exclamación agresiva y no la idea

que nos acerca. Hay que sentarnos a dialogar y aquí no podemos tener vetos con nadie. No podemos seguir calificándonos entre enemigos de la paz y amigos de la paz. Vamos a tener que calificarnos como unos colombianos que podemos pensar distinto pero que en el fondo no creo que exista nadie que no quiera que llegue al fin de ese conflicto, que es la paz. Eso también tenemos que decirlo con claridad, ustedes saben que los espacios territoriales que deja una organización ilegal, sino construimos una estructura social, económica militar que los ocupe, alguien más los ocupará. Es aquí donde comienza el papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto. Salida jurídica Si vamos a buscar la salida jurídica eso va a ser muy complejo. Creo que para esa salida jurídica tenemos que pensar más, no con la toga del juez; sino con

la cabeza del dirigente político que quiere solucionar un problema. Si la miramos por la toga del juez ¡apague y vámonos! Va a ser muy difícil encontrarle esas salidas, y por ello es importante que se convoque un Pacto para la paz, porque un pacto, por esencia, es un acuerdo político. Yo sí quiero que ellos –las Farc- vengan al escenario político y respondan no solo por el futuro, si no por el pasado, porque la construcción política de un discurso tiene que ser coherente, no solo por lo que uno piensa hacer sino por lo que uno ha hecho. Entonces, ahí veremos qué responde el pueblo colombiano y veremos si quieren que esos señores sean los que nos gobiernen o si quieren que sean otros. Reconociendo que en el establecimiento se han cometido muchísimos errores y que también dentro del establecimiento público y también privado, hay grandes responsables de la violencia que hoy vive nuestro país.

algún grado de control territorial. Dada la extensión del territorio y la complejidad geográfica, no es realista pretender que en el posconflicto se reduzca el tamaño, sustancialmente, de la Fuerza Pública, aún desaparecidas las Farc y eventualmente el Eln, cualquier reducto del paramilitarismo (bacrim), el narcotráfico, la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada, podrían aprovechar la reducción de la Fuerza Pública para convertirse en una mayor y nueva amenaza para los ciudadanos.

En la transición de Colombia al posconflicto, seguramente veremos ajustes en la organización, funcionamiento y en la academia de las fuerzas, para evolucionar hacia una sociedad que enfrentará las amenazas de cualquier sociedad, el terrorismo nacional o internacional, el ciber terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, los desastres naturales, las amenazas externas. El planteamiento hecho por las Farc para la desmilitarización y reforma de las

Fuerzas Militares, como de la Policía, y los servicios de inteligencia, reduciendo el tamaño de la Fuerza Pública, disminuyendo el gasto en defensa al 1% del PIB, rediseñando las instituciones educativas militares, y haciendo una apertura pública de los archivos militares y de la Policía, debe estar fuera de toda consideración, y mucho menos la pretensión que nuestras Fuerzas Militares desmonten sus actividades de contrainsurgencia y se limiten a cuidar fronteras.