Separata medios diciembre 2015

Publicado en: Revista Semana | Autor: Marcela Prieto Botero | Fecha: 9/11/2015

Artículos y notas de interés publicados en otros medios sobre el proceso de paz y otros temas coyunturales

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

SEPARATA DE MEDIOS

¡Cuidado con los falsos testigos!

Hoy existen los instrumentos jurídicos para procesar a los falsos testigos, sin embargo, es preciso equipararlo con el daño que puede provocar a nivel personal, profesional y humano.

El fenómeno de los falsos testigos es un cáncer que está devorando la credibilidad del sistema de justicia colombiano, ya que abre las puestas para que se cometan terribles injusticias con personas inocentes. Por lo tanto, se trata de un fenómeno que no solo acaba con la honra y el buen nombre de los individuos que se ven afectados por el testimonio de un testigo falso, sino que acaba con la credibilidad de las instituciones de justicia y esto es lo peor que le puede pasar a un país que pretende consolidarse como un Estado de Derecho.

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El abismo y el puente entre las Farc y los empresarios Publicado en: La Silla Vacía | Autor: Juanita León | Fecha: 9/11/2015 El presidente Santos recibió del Consejo Gremial una serie de reflexiones sobre el proceso de paz. Aunque les dijo que 'suscribía hasta la última coma' en realidad las dudas planteadas son muy estructurales frente a lo ya pactado.

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Referendo, plebiscito o consulta Publicado en: El Colombiano | Autor: Luis Fernando Álvarez | Fecha: 20/11/2015 Mucho se ha escrito sobre el tema. Se destaca, por su claridad conceptual, el editorial de El Colombiano del pasado martes 17 de noviembre. Sin embargo, para que el lector pueda elaborar su propia opinión, es necesario proporcionar una explicación lo más clara posible sobre cada una de estas instituciones y su posibilidad de ser utilizadas como instrumentos para adoptar decisiones definitivas sobre los temas que se acuerden en las conversaciones que se vienen adelantando en La Habana.

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Otros artículos de interés…

• Los retos militares en el posconflicto ............................................................................... Pág 3 • Pardo, el gerente del posconflicto .................................................................................... Pág 4

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El abismo y el puente entre las Farc y los empresarios Publicado en: La Silla Vacía | Autor: Juanita León | Fecha: 9/11/2015

El presidente Santos recibió del Consejo Gremial una serie de reflexiones sobre el proceso de paz. Aunque les dijo que 'suscribía hasta la última coma' en realidad las dudas planteadas son muy estructurales frente a lo ya pactado.

El fin de semana, la revista Semana dijo en uno de sus confidenciales que en los próximos días algunos cacaos irían a la Habana a reunirse con los negociadores de las Farc. La Silla supo que aún no hay fecha para el encuentro, pero si se realiza, sería un paso más en un diálogo que se abrió desde hace unas semanas entre el Consejo Gremial y los guerrilleros y que muestra dos cosas: que existe un abismo entre las posiciones de las Farc y los empresarios pero también que se ha creado un puente para cruzarlo.

Estas son las principales diferencias y la forma cordial en la que las manifestaron tanto el Consejo Gremial en sus reflexiones sobre el proceso de paz de la Habana que le presentaron al presidente Santos hace unas semanas como en las “valoraciones” sobre la misma que hicieron las Farc el martes pasado, y que ganan relevancia en víspera del viaje empresarial a la Habana: 1. La justificación de las negociaciones Para los empresarios, las razones para negociar con las Farc son esencialmente humanitarias, mientras que para las Farc se trata de superar “las causas” objetivas de la violencia como la pobreza y la desigualdad. Por eso, para los empresarios el fin último de la negociación debe ser la desmovilización de los guerrilleros para evitar los daños causados por sus acciones terroristas, mientras que para la guerrilla se trata de crear un nuevo “escenario democrático”.

Empresarios: “Durante los últimos 35 años, a lo menos, todos los gobernantes de Colombia han intentado procesos de paz con los alzados en armas, algunos de los cuales tuvieron éxito. Tal persistencia conduce a preguntarse: ¿por qué negociar? No porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República.

En lo esencial, las razones son humanitarias.

La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales. También se negocia para evitar los daños que, mediante atentados terroristas, estos grupos siguen ocasionando al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y, en general, a la economía nacional”.

Farc: "El objetivo supremo de los diálogos de paz, además de sus razones humanitarias, es generar las condiciones mínimas para que las chocantes diferencias económicas, políticas y sociales que nos separan y nos enfrentan, las podamos resolver mediante el debate civilizado en un nuevo escenario político democrático, que supere el limitado marco actual, que asfixia y violenta la participación de las grandes mayorías del país".

2. La estructura de la negociación Para el Consejo Gremial, como el objetivo de la negociación es desmovilizar a la guerrilla, la negociación no es entre iguales, como sí lo es para las Farc.

CG: “De lo dicho se desprende que la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país. No negocian los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno de ellos ha podido vencer. Lo hace el Estado para acoger dentro

de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella y para fortalecer la capacidad de las instituciones y continuar avanzando en la conquista de una Colombia mejor”.

Farc: “Si los diálogos de paz deben tener alguna asimetría, ha de ser a favor de esos millones de colombianos por siempre excluidos.

La ampliación de la democracia es lo que hará innecesaria la confrontación armada entre compatriotas. La ampliación de la democracia es lo que hará innecesaria la confrontación armada entre compatriotas”.

3. El marco de la negociación Para los empresarios, la negociación consiste en crear las condiciones para “reintegrar” a los guerrilleros dentro de la legalidad y por lo tanto, el marco de la negociación es la Constitución.

Para la guerrilla, en cambio, como se trata de crear en la mesa de negociación un nuevo orden democrático el ‘marco’ de la negociación es lo que se pacte en la mesa.

Empresarios: “Tal como lo ha expresado reiteradamente el Gobierno, no se está negociando la creación de un nuevo orden político y social. En consecuencia, es evidente que la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos. Este principio se postula, tanto con relación a las cláusulas sustantivas, que son las que versan sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y organizan los poderes públicos, como aquellas que regulan su reforma.

Dicho de otra manera: el Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo con las Farc”.

Farc: "El objetivo supremo de los diálogos de paz, además de sus razones humanitarias, es generar las condiciones mínimas para que las chocantes diferencias económicas, políticas y sociales que nos separan y nos enfrentan, las podamos resolver mediante el debate civilizado en un nuevo escenario político democrático, que supere el limitado marco actual, que asfixia y violenta la participación de las grandes mayorías del país".

4. Las reformas sobre el agro Si bien los empresarios reconocen que el desarrollo rural es una deuda del Estado con el campo, consideran que el modelo de desarrollo no es negociable, que la participación comunitaria no puede equivaler a coadministración y que el objetivo central debe ser promover el desarrollo empresarial en el campo por lo cual se oponen a las zonas de reserva campesina, uno de los puntos de honor de la guerrilla.

Las Farc no entran en su carta a discutir estos aspectos puntuales. Solo reconocen que "algunos de los aspectos contenidos en los acuerdos logrados, así como de los temas por abordar, generan inquietudes y tensiones sociales, algo por demás lógico en una nación donde históricamente las desigualdades han sido abismales y la violencia ha sido el instrumento predilecto de los poderosos para la defensa de sus ventajas y la imposición de políticas ajenas a los intereses nacionales”.

5. Las salvedades Los empresarios preguntan si las Farc han desistido de las salvedades que en numerosos documentos han expresado. Las Farc contestan que no.

6. La jurisdicción para la paz Mientras para los empresarios, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz es una “concesión” del Estado para someter a la justicia a quienes hayan cometido crímenes, para las Farc es un camino para la reconciliación.

El presidente Santos recibió del Consejo Gremial una serie de reflexiones sobre el proceso de paz.

Empresarios: “Aún cuando no se conoce el texto del documento que contiene este acuerdo, su importancia es innegable, por cuanto sería la primera vez en la historia republicana de Colombia que un gobierno que goza de la legitimidad que dimana del proceso democrático pacta con quienes se encuentran al margen de la ley la creación de una jurisdicción especial. Una concesión de tal magnitud se justifica si permite someter a la justicia penal transicional o restaurativa a quienes hayan cometido crímenes en desarrollo del conflicto armado".

Farc: "Superar por la vía del diálogo un conflicto que sobrepasa el medio siglo, implica derrotar los odios y las ansias de venganza. La justicia restaurativa es el camino para lograrlo".

7. Quiénes serían juzgados Los empresarios creen que el Tribunal debería juzgar a quienes participaron directamente en el conflicto armado, mientras que para las Farc (y para el gobierno que lo negoció así) el tribunal tiene competencia sobre gente que también participó de manera indirecta.

Empresarios: “Con relación a la materia de la que el Tribunal se ocuparía, se dice que ella versará sobre crímenes cometidos en el contexto del conflicto, de manera directa o indirecta. Para el derecho penal liberal, la imputación y, por lo tanto, la pena, dependen de actuaciones personales, bien sea como autores, materiales o intelectuales, cómplices o encubridores.

La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. Consideramos necesario, por lo tanto, que esta cuestión sea objeto de precisión".

Farc: "Alcanzar la reconciliación de la familia colombiana presupone una obligación moral y política para todos los sectores de la sociedad, con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición".

8. La reparación de las víctimas Los empresarios consideran que la reparación a las víctimas debe discutirse en la Habana es para garantizar que las Farc reparen a las suyas ya que el Estado ya asumió sus compromisos en la ley de víctimas. Las Farc coinciden en la centralidad de las víctimas en la negociación pero no se pronuncian sobre si las repararán económicamente. Hasta ahora el gobierno no ha logrado ese acuerdo en la mesa.

9. La comisión de la verdad A los empresarios no les gusta la Comisión de la Verdad porque creen que puede minar la legitimidad de las instituciones. Las Farc responden de manera genérica, pero en el acuerdo ya pactado, se crea la Comisión de la Verdad que abrirá el tipo de debate al que se oponen los empresarios.

CG: “Durante todo el horizonte temporal del conflicto se ha mantenido la continuidad democrática del Estado. Por lo tanto, un debate

retrospectivo sobre sus instituciones podría conducir a un injusto deterioro de su legitimidad. En este contexto es importante registrar que las razones que dieron origen a la creación de comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no se encuentran presentes en Colombia. En tales países se trataba de sustituir dictaduras militares por gobiernos civiles, o un régimen de exclusión racial por un Estado pluriétnico y democrático”.

Farc: “Alcanzar la reconciliación de la familia colombiana presupone una obligación moral y política para todos los sectores de la sociedad, con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición".

10. La sostenibilidad de los acuerdos Los empresarios y los guerrilleros coinciden en que la paz debe ser estable y duradera.

Empresarios: "En el acuerdo marco se ha establecido el compromiso de que las Farc dejen las armas al final del conflicto. El Consejo Gremial Nacional considera que esta estipulación implica la necesidad de realizar un inventario riguroso de las armas, probablemente efectuado por una agencia internacional que garantice neutralidad; y en segundo lugar, su destrucción o entrega a un tercero. Nada de esto se ha divulgado por la mesa de negociaciones.

Si bien es positivo que se estipule el momento a partir del cual se dará la dejación de las armas, también resulta fundamental establecer el momento en el que dicho proceso terminaría.

Para finalizar, el Consejo Gremial Nacional, como representante del sector empresarial colombiano, reitera su respaldo a los procesos de finalización definitiva del conflicto con grupos armados al margen de la ley. Creemos que la sostenibilidad en el tiempo de estos acuerdos, solo será posible en la medida en que se desarrollen dentro de un marco institucional sólido, basado en nuestros valores democráticos y republicanos.

Como representantes del sector empresarial, asumiremos un papel activo en la defensa de nuestros valores democráticos y en la construcción de unas mejores condiciones de vida que permitan una paz estable y duradera".

Farc: "Un estudio juicioso y desprejuiciado del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, de los acuerdos parciales y las salvedades, corrobora que ninguno de estos temas conspira contra la estabilidad de la nación y por el contrario, la fortalecen en la medida que generan condiciones para que los colombianos podamos dirimir nuestras diferencias por la vía democrática".

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EDICIÓN 555 / DICIEMBRE 2015

Referendo, plebiscito o consulta

Los retos militares en el posconflicto

Publicado en: El Colombiano | Autor: Luis Fernando Álvarez | Fecha: 20/11/2015

Publicado en: El Espectador | Autor: Redacción Política | Fecha: 10/11/2015

Mucho se ha escrito sobre el tema. Se destaca, por su claridad conceptual, el editorial de El Colombiano del pasado martes 17 de noviembre. Sin embargo, para que el lector pueda elaborar su propia opinión, es necesario proporcionar una explicación lo más clara posible sobre cada una de estas instituciones y su posibilidad de ser utilizadas como instrumentos para adoptar decisiones definitivas sobre los temas que se acuerden en las conversaciones que se vienen adelantando en La Habana.

El artículo 103 de la Constitución Política consagra el referendo, el plebiscito y la consulta, como mecanismos de participación del pueblo dentro de lo que se identifica como la democracia directa o participativa. La legislación y por supuesto la doctrina y la jurisprudencia establecen importantes puntos de diferencia entre ellos.

El referendo es la posibilidad de preguntar al electorado para que se pronuncie sobre un texto constitucional o legal. La Carta concibe tres clases de referendo: (i) el aprobatorio, cuando se acude a los ciudadanos para que aprueben una nueva norma constitucional o legal. (ii) derogatorio, cuando el pronunciamiento popular tiene por objeto derogar una norma que se encuentra vigente y (iii) de ratificación, cuya finalidad, como su nombre lo indica, es ratificar un Acto Legislativo que haya reformado el Congreso, los procedimientos de participación popular o los derechos fundamentales.

El plebiscito consiste en formular al electorado una pregunta genérica sobre un asunto con significado político. En términos de participación ciudadana, es necesario que el tema objeto del interrogante sea susceptible de una respuesta positiva o negativa, sin que la opción que se escoja origine alguna violación a la Constitución o la ley.

La consulta ciudadana, regulada inicialmente en los artículos 104 y 105 de la Carta, busca un pronunciamiento nacional o territorial sobre un asunto de naturaleza administrativa.

Si las cuentas del Gobierno cuadran bien y los diálogos de paz con las Farc avanzan en la discusión de los temas pendientes, el 23 de marzo de 2016 se firmará un histórico acuerdo.

Sin entrar en discusiones sobre el número de votos afirmativos que en cada caso el gobierno requiere para lograr el apoyo que busca, surgen varias inquietudes que es menester resolver.

Sin embargo, ese será tan sólo el primero de los muchos pasos que habrá que dar en el camino hacia una paz estable y duradera. A partir de esa fecha, el trabajo se concentrará en la implementación y desarrollo de lo pactado, labores en las que no sólo será determinante el trabajo de las entidades del Ejecutivo, sino también el de las Fuerzas Militares.

No es posible acudir al mecanismo de la consulta para refrendar los acuerdos de Cuba, puesto que no se trata de un asunto meramente administrativo. Tampoco es posible que se acuda a un plebiscito, así se pretenda expedir una ley que establezca nuevas condiciones para facilitar un resultado favorable, pues los ciudadanos solo tendrían la posibilidad de pronunciarse sobre una pregunta genérica relacionada con la aceptación de los acuerdos de paz. Este tipo de pregunta no sería válida, por cuanto quienes respondan negativamente estarían violando el artículo 22 de la Carta, cuyo texto dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Además, es casi imposible que alguien le diga no a la paz.

Bajo estos presupuestos, solo queda la opción de convocar, mediante ley, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 378 de la Carta, un referendo, para que los ciudadanos se pronuncien sobre las preguntas que se les formulen respecto a las reformas constitucionales necesarias para refrendar los acuerdos de paz.

Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado. Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Ese fue el eje alrededor del cual giró el debate del foro realizado ayer por la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto de Ciencia Política y El Espectador, denominado “Una fuerza pública para un país en cambio”. La discusión no es menor y pone sobre la mesa la necesidad de evaluar y determinar la labor que cumplirán militares y policías en ese momento clave y los desafíos a enfrentar en un escenario de posconflicto.

Para Andrés Molano, investigador principal del Instituto de Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, aunque los cambios en materia de seguridad se han venido dando de tiempo atrás, la agenda ha estado tan “farcotizada” que no ha permitido ver otro tipo de fenómenos: “La transición exige una transformación en la lógica de respuesta frente a nuevas amenazas y hay temas específicos para pensar en términos de pos-Habana”. Uno de esos temas, según Molano, es la desinstitucionalización que se dará tras la desmovilización de las Farc en las zonas que históricamente habían estado bajo su control. “Las Farc han arbitrado el ejercicio de derechos y mercados; al desaparecer ese agente regulador habrá una

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desinstitucionalización que podría generar nuevas fuentes de violencia”.

En ese sentido la labor de la Fuerza Pública es determinante, pues, de acuerdo con el experto, exigirá esfuerzos en materia de inteligencia y contrainteligencia para descubrir instrumentos que permitan debilitar las estructuras de las organizaciones criminales que persisten y que podrían ocupar los vacíos de poder.

Pero más allá de los retos tras la firma del acuerdo final, hay quienes señalan que el tema debe pasar primero por una redefinición del rol de las Fuerzas Militares, que cada vez son más divergentes. “Dada la ausencia del Estado, en algunas regiones las labores se fueron recostando cada vez más en los militares. Les entregaron responsabilidades que no son de su naturaleza, relacionadas con control de movilidad, alimentos, combustibles e incluso control de armas”, explicó Daniel Rico, consultor en temas de seguridad, narcotráfico y lavado de activos.

Dicho fenómeno, según indicó, ha permitido además que surjan ventanas de corrupción que plantean un reto evidente: la necesidad de una institucionalidad sólida y bien articulada con la población que permita una transformación real en las regiones.

Dirección URL: http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-retos-militares-el-posconflicto-articulo-598453?utm_source=Lyris&utm_ medium=Email&utm_campaign=NewsletterEE&cmp=11%2F11 %2F15

¡Cuidado con los falsos testigos!

Publicado en: Revista Semana | Autor: Marcela Prieto Botero | Fecha: 9/11/2015

Hoy existen los instrumentos jurídicos para procesar a los falsos testigos, sin embargo, es preciso equipararlo con el daño que puede provocar a nivel personal, profesional y humano.

El fenómeno de los falsos testigos es un cáncer que está devorando la credibilidad del sistema de justicia colombiano, ya que abre las puestas para que se cometan terribles injusticias con personas inocentes. Por lo tanto, se trata de un fenómeno que no solo acaba con la honra y el buen nombre de los individuos que se ven afectados por el testimonio de un testigo falso, sino que acaba con la credibilidad de las instituciones de justicia y esto es lo peor que le puede pasar a un país que pretende consolidarse como un Estado de Derecho.

la parapolítica y la narcopolítica, se desplomó del 61 al 28 por ciento. Rodrigo Uprimny se refiere al tema afirmando que “hay una tendencia creciente en la Rama Judicial a convertir la independencia judicial no en una garantía para los ciudadanos, sino en un instrumento corporativo para la defensa de los intereses personales de los jueces, incluso en detrimento del interés general.”

Y para ir más allá, de acuerdo a un estudio realizado por Gustavo Moreno, autor del libro Fasos Testimonios, en el 2015 el 61% de los encuestados respondieron que no creen en la justicia, el 81% respondieron que creen que el sistema judicial del país está permeado por una problemática de falsos testigos, y el 73% dijeron que creen poder ser víctimas de falsos testigos.

Casos tan aberrantes como los sucedidos con Sigifredo López, Luis Fernando Velasco, Nancy Patricia Gutiérrez son imperdonables, pero tristemente son cientos los casos de personas que no tienen los instrumentos necesarios ni la visibilidad para hacer valer sus derechos públicamente. La justicia colombiana hoy se ha constituido en un instrumento que promueve la desigualdad, la discriminación y la revancha política.

Se pueden identificar muchos elementos que pueden ser la causa del problema de credibilidad en nuestro sistema de justicia, pero en lo que tiene que ver directamente con los falsos testimonios, considero que hay dos elementos que tienen un impacto de gran envergadura: las calidades y formación de los jueces dentro del sistema penal acusatorio, y los incentivos perversos que se derivan del llamado principio de oportunidad como mecanismo para reducción de penas.

En los últimos cuatro años, la imagen negativa de la Corte Suprema de Justicia se duplicó: pasó del 30 al 63 por ciento. En el mismo lapso, la imagen favorable de esa corporación, reconocida históricamente por haber enfrentado azotes como

Si bien en la mayoría de los países del mundo las confesiones de los presos son consideradas poco confiables, en Colombia el sistema judicial de otorga un gran valor al testimonio. El problema se volvió tan común, que la Fiscalía creó en el

2012 un grupo especial para investigar a los más de 3.000 condenados que se cree que fueron encarcelados con base en falsos testimonios.

Desde cuando se creó este grupo especial se han resuelto unos cien casos. De hecho, algunos expertos atribuyen el surgimiento de los falsos testigos a la Ley de Justicia y Paz. Esta fue diseñada para garantizar la desmovilización de alrededor de 30.000 paramilitares. Bajo la ley, aprobada en el 2005, los ex paramilitares enfrentaron un máximo de ocho años en la cárcel por sus crímenes en el campo de batalla, pero su sentencia se podía ver reducida significativamente si delataban a sus superiores políticos o militares, lo que provocó que se multiplicaran los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir años de prisión.

El falso testimonio por lo tanto, se aprovecha de los vacíos y las fallas que han tenido la mayoría de sistemas jurídicos. Este se fundamenta en la naturaleza vengativa de los seres humanos o en los intereses e incentivos personales que puede haber detrás de llevar a cabo un crimen, sean estos sociales, morales, económicos o políticos.

Así las cosas, es inminente hacer un análisis profundo al modelo de justicia colombiano que presenta cada vez una mayor debilidad institucional y que en efecto se está prestando para incurrir en prácticas que no deberían ser propias de un Estado de Derecho. Es necesario que la investigación sea técnica y no esté motivada por incentivos perversos.

Es necesario que se haga una mínima evaluación por parte del ente acusador para determinar qué testimonios deberán ser considerados como mínimamente válidos en un proceso judicial.

No puede seguir pasando que personas sin escrúpulos lleguen a hacer señalamientos sin fundamento y con intereses de otra naturaleza.

En Colombia, lamentablemente la carga de la prueba la lleva el acusado, cuando la Constitución expresa lo contrario: “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Pero a éste diagnóstico le falta una pata y esa pata es la reparación a las víctimas de falsos testigos.

Dicha reparación debe incluir la retractación pública de los actores que los señalaron como culpables en su debido momento. Hoy existen los instrumentos jurídicos para procesar a los falsos testigos, sin embargo, es preciso equipararlo con el daño que puede provocar a nivel personal, profesional y humano. ¡Del mismo modo debe resarcirse el daño hecho al bien público! Es decir a la credibilidad misma de la administración de justicia así como de toda la institucionalidad de justicia. De no hacerlo a tiempo estaremos sujetos a que nos pase lo mismo que en Venezuela, donde le caso más emblemático y patético es el de Leopoldo López. No permitamos que esto nos llegue a pasar en Colombia.

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Pardo, el gerente del posconflicto Publicado en: La Silla Vacía | Autor: Andrés Bermúdez Liévano | Fecha: 9/11/2015

Anoche el presidente Juan Manuel Santos anunció que Rafael Pardo será el nuevo ministro para el posconflicto, un cargo crucial para el proceso de paz que está vacante desde que el general Óscar Naranjo renunció a él hace cinco meses.

Aunque se trata de un premio de consuelo poco después de haber perdido la Alcaldía de Bogotá, es un puesto que encaja perfectamente con su trayectoria política y su perfil y su nombramiento podría ayudar a darle al posconflicto un verdadero puesto en la agenda de este gobierno. Su primer desafío será navegar al interior de Presidencia.

La puja por la gerencia del posconflicto Sobre el papel, la misión de Pardo -que ya estuvo esta mañana en el consejo de ministros- será preparar el terreno para aterrizar los acuerdos de La Habana si se firma un Acuerdo final con las Farc. O, como dice el decreto que creó esa consejería, “articular la visión de conjunto del Gobierno sobre el posconflicto” y “asesorar al Presidente de la República en la formulación, estructuración y desarrollo de las políticas y programas relacionados con el posconflicto”.

Pardo llegará a una entidad que -por ahora- no tiene una misión bien delineada, precisamente una de las razones que llevaron a Naranjo a renunciar. Ese será, según cuatro personas del Gobierno a las que consultó La Silla, su mayor reto. “Se llamaba ‘ministro’ sin tener ministerio y sin que le pusieran mucha atención en el Gobierno y afuera”, le contó a La Silla una persona que vivió de cerca todo el proceso de creación del cargo con Naranjo. Algunas de esas dificultades ya se han superado. Por ejemplo, el General duró varios meses en lograr que en la Secretaría General le contrataran a la mayor parte de su equipo.

Ahora Pardo le hereda un equipo con tres directores que son una suerte de viceministros -en minas antipersonal (el general Rafael Colón), en cooperación internacional y sector privado (Alexandra Guáqueta) y en seguridad (un cargo que quedó vacante desde que Aníbal Fernández de Soto se convirtió en el nuevo viceministro de Defensa) y un consejero independiente en derechos humanos (el ex congresista Guillermo Rivera), pero que trabajará en llave con él.

Otros problemas, en cambio, son más estructurales.

Como contó La Silla, el rol de Naranjo era muy etéreo y eso hizo que se pisara las mangueras, en casi todos los temas que trabajó y pese a ser conocido como una persona conciliadora y adversa a las disputas, con el Ministerio de Defensa por un lado y con la oficina del Alto Comisionado Sergio Jaramillo por el otro. Con el equipo de Jaramillo los roces fueron casi inevitables, dado que su oficina ya estaba trabajando -desde antes de que Santos creara el cargo a la medida de Naranjoen temas como la arquitectura institucional para aterrizar los acuerdos de La Habana (como la Autoridad de tierras que manejará el fondo de baldíos).

Teóricamente Jaramillo se encarga de todo lo que viene antes de la firma final y el Ministro del posconflicto piensa el después, pero -como explicaba una persona- “en la vida real ambas se cruzan y el margen de maniobra que le quedaba era muy poco”. Eso hizo muy frecuente que, como contó La Silla, muchas reuniones del Ministerio del posconflicto y Jaramillo terminaran con algún asesor del segundo diciendo “tal cosa no se puede hacer” o “esto lo estamos haciendo nosotros”.

Sin embargo, esos ‘cruces de cables’ se fueron reduciendo a medida que perfilaron algunas de las misiones que podía cumplir el Ministerio del posconflicto. Por ejemplo, se le asignaron del todo las relaciones con el sector privado y con la cooperación internacional. O el aterrizaje del acuerdo sobre desminado humanitario que firmaron en marzo las Farc y el Gobierno, que coordina el programa de lucha contra minas antipersonal que pasó de la Vicepresidencia. Esos cruces deberían reducirse aún más con la llegada de Pardo, dado que en estos momentos se está discutiendo en Presidencia la estructura que tendrá a futuro el Ministerio del Posconflicto.

Aunque aún no se sabe cómo quedará exactamente, La Silla supo que se están pensando dos arquitecturas: una provisional (de aquí a un año) y otra definitiva (que seguramente requerirá nuevas facultades extraordinarias para reformar el Estado), ambas con una capacidad de decisión y una autonomía presupuestal que aún no tiene.

De cómo quede ese diseño, Pardo tendría mayor capacidad de ‘jalar’ a todas las entidades en una misma dirección, uno de los problemas que ha tenido hasta ahora el Ministerio.

“Si en efecto el horizonte de la firma es el 23 de marzo, se necesitan pies de plomo y hacer un despliegue inmediato del alistamiento. Porque ha habido mucha conceptualización y poco sentido práctico: y, ¿cuántos contratos toca hacer?, ¿cuánta gente hay que entrenar? ¿y cuántas oficinas hay que tener listas en territorio?”, dice una persona que ha estado involucrada en la planeación del posconflicto. La existencia de un plazo más concreto para la fase final del proceso de paz también le podría ayudar a Pardo a consolidarse como la figura central en la organización de las tareas del posconflicto, algo que evitaría situaciones que se han dado como distintas entidades compitiendo por misiones como el desminado o pidiéndole plata a los mismos donantes.

liderazgo del posconflicto a Pardo (quien a su vez es cercano al negociador jefe Humberto de la Calle y ambos al ex presidente César Gaviria) y a los liberales, éstos vuelven a ganar protagonismo en el Gobierno.

El factor Defensa Uno de los mayores retos para Pardo será lidiar con la reticencia del Ministerio de Defensa a perder protagonismo en muchos de los temas donde entra la variable de seguridad. Esa relación es clave, sobre todo porque una de las funciones de Pardo será coordinar con Defensa y formular las políticas del Gobierno en materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana.

Eso le costó a Naranjo duros roces con el ex ministro Juan Carlos Pinzón, que se oponía a que los temas de seguridad se discutieran fuera de Defensa. Y que resintió que el ex director de la Policía creara un grupo de expertos que se reunían para pensar cómo se podría garantizar la seguridad ciudadana en las zonas rurales donde arrancará el posconflicto (dado que este es uno de los temas fundamentales para el éxito del proceso de paz) y que todos los integrantes de ese pequeño tanque de pensamiento coincidían en que en el posconflicto la Policía debería estar por fuera de la órbita militar.

Aunque Pardo tendrá que lidiar con Luis Carlos Villegas -que viene de ser negociador de La Habana y está más sintonizado con el proceso que su predecesor- todavía hay muchos equipos técnicos al interior que se resisten a ese cambio de lógica, según una persona que conoce el sector. Sobre todo porque hay tres temas medulares de dependen del visto bueno de los militares, y de los que depende que se pueda arrancar el desarrollo rural integral y la participación de las comunidades que vienen con los acuerdos.

En estos momentos, el desminado, la restitución de tierras y la sustitución de cultivos de coca -que son fundamentales en las zonas que priorizará La Habana- solo se pueden hacer en las zonas que el Ejército marca ‘verde’ en el semáforo con que determina las condiciones de seguridad en el terreno. Y, como ha contado La Silla, muchas veces los militares han convertido ese visto bueno en un poder de veto y -en el caso del desminado- se han resistido a compartir la labor con los civiles.

“Ese sistema [del semáforo] tiene lógica en un momento de confrontación, pero ahora hay que hacer una transición que lo saque del ‘yo soy el que dice dónde ir’ ”, dice una persona del sector.

Es decir, un reto que se parece al que a Pardo le tocó asumir como el primer Ministro de Defensa civil del país, un cargo en que tuvo éxito en garantizar la transición del ministerio castrense hacia un ente manejado por civiles.

El pasado de Pardo Pardo llega al cargo con el bagaje en temas de conflicto y posconflicto que le da haber sido director del Plan Nacional de Rehabilitación de Barco, negociador de paz de Gaviria con el M-19 y primer ministro de Defensa civil.

Aunque Pardo no ha estado vinculado activamente con el proceso de paz con las Farc, es un tema en el que ha venido pensando desde que inició su trayectoria en el sector público hace tres décadas. De hecho, cómo superar el conflicto ha sido la gran obsesión de su vida y ha escrito cinco libros sobre el tema, incluida una enciclopédica historia de todas las guerras de Colombia.

“El truco está en ser experto en seguridad y en desarrollo al mismo tiempo, porque el posconflicto tiene esos dos ingredientes. Y de esos no hay muchos”, dice una persona que conoce de cerca el trabajo de ese Ministerio y que prefiere no ser citada porque aún está en el Gobierno, que también resalta el talante conciliador de Pardo y su experiencia en cargos que exigen una visión estratégica.

Además, Pardo ha intentado ponerle fin a la violencia desde diferentes escenarios en el pasado.

Lo intentó primero atacando las ‘causas objetivas’ de la guerra como creador y director del Plan Nacional de Rehabilitación bajo el gobierno de Virgilio Barco. Pardo recibió el PNR cuando sólo era una idea en el papel y ni siquiera una terriblemente importante para el gobierno.

Por eso, Fernando Cepeda, el ex ministro de Gobierno en aquella época, escogió a su alumno -que entonces era un joven académico que lideraba un centro de estudios regionales en la Universidad de los Andes (el Cider)- y éste lo convirtió en el proyecto más ambiciosos emprendido por gobierno alguno hasta ese momento para atacar la pobreza en los sitios donde la guerrilla tenía presencia.

Guardando las proporciones, ese programa -cuyos tres ejes eran la rehabilitación de zonas marginadas, la normalización de las relaciones entre las regiones y el Estado, y la reconciliación- tenía una filosofía muy similar a la ‘paz territorial’ que conceptualizó Sergio Jaramillo y que atraviesa todo el proceso con las Farc.

“Ellos se presentaban en el territorio para hacer acuerdos en temas como la construcción institucional y la participación ciudadana. Eso yo lo echo mucho de menos, porque la relación Estado - región se terminó volviendo una de solo giros de recursos. El PNR era una construcción política, como lo es hoy la paz territorial”, dice Luis Fernando de Angulo, quien siguió el trabajo de esa entidad de cerca como encargado de relaciones con las comunidades de una petrolera que trabaja en esas regiones.

Más adelante, Pardo volvió a vincularse con estos temas como consejero de paz, cuando representó al gobierno de César Gaviria en los acuerdos de paz con el M-19 y logró la primera desmovilización exitosa. Luego, como primer Ministro de Defensa civil durante el gobierno de Gaviria, diseñó la primera política de sometimiento de Pablo Escobar y los demás narcos cuando los mafiosos habían declarado la guerra abierta contra el Estado.

Porque, como dice otra persona cercana al proceso de paz, “los problemas ahora no están por fuera del Gobierno, sino adentro. Hay muchas entidades que se resisten a las transformaciones, a la inclusión de nuevos actores y a modernizar la propia estructura del Estado. Y Pardo, que conoce ese tejemaneje del Estado, puede alinearlos”. Sobre todo porque él, que ha sido ministro dos veces y colega de gabinete de todos los actuales jefes de cartera, tiene una interlocución mucho más fluida con la mayoría de altos funcionarios que la que tenía un policía de carrera como Naranjo.

Esa experiencia acumulada de Pardo en temas de negociación de paz y de desarrollo de las regiones más abandonadas pueden ayudarle a darle al cargo un dinamismo que no ha tenido desde que nació.

A eso se suma una variable política: con el triunfo de Germán Vargas Lleras en las elecciones, el Partido Liberal siente que hay un desequilibrio dentro de la Unidad Nacional. Pero dándole el

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