Separata medios febrero 2016

EDICIÓN

556 ¿Se firmará la paz el 23 de marzo?

Artículos y notas de interés publicados en los medios de comunicación sobre la venta de Isagén, el proceso de paz y otros temas coyunturales.

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

SEPARATA DE MEDIOS

FEBRERO 2016

La paz es irreversible pero el plazo se ve casi imposible. El 2016 empezó con un buen ambiente para negociar los grandes temas que faltan, pero el factor tiempo se avizora como el peor enemigo.

Publicado en: Semana | Autor: Nación | Fecha: 16/01/2016

El 31 de diciembre pasado, a las ocho de la noche, cuando la delegación de paz de las Farc en La Habana empezaba los preparativos para festejar el año nuevo, entró una llamada desde Anapoima, Cundinamarca, para Timoleón Jiménez, máximo jefe de esa guerrilla.

Al otro lado de la línea estaba el presidente Juan Manuel Santos. Luego de un saludo cordial, Santos le manifestó a Timochenko que seguía pensando que el 23 de marzo debería ser la fecha para firmar el acuerdo de paz. En esa fecha podrían asistir dos de los más importantes líderes del mundo. Santos no mencionó nombres pero se sabe que uno de ellos es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el otro puede ser alguien de la talla del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, o el propio papa Francisco.

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Una finca de 900.000 hectáreas, entre la inmensa fortuna de las Farc Localizaron bienes de cuatro de los frentes más poderosos. Efectivo está invertido en el exterior.

Publicado en: El Tiempo | Autor: Unidad investigativa | Fecha: 24/11/2014

Un grupo élite de inteligencia, conformado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, acaba de hacer un significativo hallazgo sobre la fortuna que oculta la guerrilla de las Farc, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, según la revista Forbes.

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“La parábola del coronel Edilberto Sánchez Rubiano” El excomandante del B2, hombre clave en las desapariciones en la toma del Palacio de Justicia, fue condenado a 40 años de cárcel. Su caso encarna lo que será la simetría entre guerrilleros y militares en la justicia transicional.

Publicado en: Semana | Autor: Nación | Fecha: 16/01/2016

Al coronel Edilberto Sánchez Rubiano lo condenaron por la desaparición de dos trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia Bernardo Beltrán y Carlos Rodríguez. El fallo aclara que no hay ninguna prueba directa en su contra.

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Otros artículos de interés Cambio de rumbo.........................................................................................Pág 2 El desafío de los presos en la paz...............................................................Pág 3 Negociaciones, cesiones y sumisiones.........................................................Pág 4

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“La parábola del coronel Edilberto Sánchez Rubiano”

El excomandante del B2, hombre clave en las desapariciones en la toma del Palacio de Justicia, fue condenado a 40 años de cárcel. Su caso encarna lo que será la simetría entre guerrilleros y militares en la justicia transicional.

Publicado en: Semana | Autor: Nación | Fecha: 16/01/2016

Al coronel Edilberto Sánchez Rubiano lo condenaron por la desaparición de dos trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia Bernardo Beltrán y Carlos Rodríguez. El fallo aclara que no hay ninguna prueba directa en su contra.

La pena de 40 años de cárcel que un juez de Bogotá le impuso al coronel Edilberto Sánchez Rubiano por los excesos en la retoma del Palacio de Justicia entraña una gran paradoja. En los últimos meses, las investigaciones sobre esa tragedia parecen haber avanzado más que en los 30 años que han pasado desde que sucedió. Y, sin embargo, ad portas de la firma de la paz es muy poco probable que esos fallos, que las víctimas han esperado décadas, se traduzcan en poner a los altos mandos militares detrás de las rejas.

La condena a Sánchez Rubiano era lógica y lo que sorprendía era por qué no había sucedido antes. El coronel comandaba el B2 de la Brigada XIII, la unidad encargada de realizar los trabajos de inteligencia militar, a la que se le asignó la labor de recibir a los sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En teoría, Sánchez Rubiano es el alto mando militar que más tuvo que ver con las más de diez personas que pudieron salir vivas del Palacio de Justicia y de las cuales, salvo contadas excepciones, sus familiares no tienen rastro aún. Al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Jesús Armando Arias Cabrales los condenaron a 30 y 35 años de cárcel por omisión y por la responsabilidad que implicaba su posición en la cadena de mando.

Por eso, ambos militares siempre habían dejado saber que no entendían cómo ellos estaban presos por omisión, cuando desempeñaron otras tareas durante la retoma, mientras que la unidad que tenía la labor de identificar si había miembros del M-19 entre los liberados era el B2, dirigido por Sánchez. De hecho, la Corte Suprema sustentó con ese argumento, entre otros, la absolución del coronel Plazas Vega el pasado mes de diciembre.

En el caso de Sánchez el fallo también reconoce que “no está demostrado que haya sido el autor directo o inmediato de las desapariciones forzadas” y agrega que no existe “ninguna prueba directa, objetiva y concreta” al respecto.

Sin embargo, el juez determinó que el coronel sí pudo recibir la orden para realizar un tratamiento irregular con los “sospechosos”.

La ‘prueba reina’ es una conversación y una mujer. En unas interceptaciones se identificó un cruce de instrucciones entre Arcano 2, identificado como el coronel Sánchez, y Arcano 5, el coronel Luis Carlos Sadovnik (ya fallecido). Los mensajes eran los siguientes: “Arcano 2: No, negativo únicamente pudimos obtener inclinación sobre un sujeto... es abogada y ya fue reconocida por todo el personal. Arcano 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco”. Esta última frase se ha convertido en el símbolo de que sí hubo desapariciones.

La mujer de la que hablan es Irma Franco.

La guerrillera era una joven estudiante de la Universidad Libre que estaba haciendo una práctica en la Secretaría del Consejo de Estado, probablemente como inteligencia para el M-19.

Varias víctimas cuentan que en el momento de la toma ella les apuntó con un arma y los condujo hasta uno de los baños. Allí, más de 70 personas, entre ellos varios magistrados, pasaron la noche secuestrados por el comandante del M-19, Andrés Almarales.

El baño se convirtió en un escenario dantesco de esa tragedia. Quienes estuvieron allí la recuerdan como una “monita pecosa” que vestía botas, medias negras y falda escocesa, y que intentaba tranquilizar a los rehenes y les indicaba cómo evitar que las explosiones les reventaran los oídos. Cuando la situación se volvió incontenible, ella fue una de las que le pidieron a Almarales que permitiera la salida de los heridos y las mujeres. Así logró salir infiltrada con ellos.

En la Casa del Florero, quienes habían sobrevivido en el baño (en el que murieron varios magistrados) la identificaron como miembro del M-19.

Más de cinco personas aseguraron haberla visto en el segundo piso. El soldado que la custodiaba, Édgar Moreno, le contó al juzgado que Irma le escribió su teléfono en la mano y le pidió que se comunicara con su familia para avisarles que estaba bien. El joven, que solo estuvo un par de horas con ella y luego fue relevado de esa misión, cumplió esa promesa sin saber qué pasó con ella después. Uno de los testigos señaló que salió escoltada el 7 de noviembre de 1985 alrededor de las seis de la tarde en un campero.

Agregó que se decía que pudo haber dado información sobre lugares donde se reunía el M-19 y acciones que el grupo tenía en mente, y que después la habrían asesinado y enterrado en el sitio donde hacían actividades de polígono.

El fallo reconoce que el caso de Irma Franco es excepcional. En este tipo de delitos no se suele dejar rastro, sin embargo, su proceso “cuenta con abundante prueba directa para tener certeza de su desaparición forzada”. Incluso, el coronel Alfonso Plazas reconoció que ella podía ser la única víctima de ese crimen y señaló varias veces que el B2 era responsable de lo que le ocurrió. A pesar de eso, y de que Sánchez reconoció que tenía a la abogada en su poder e Irma nunca apareció, no lo condenan por esta desaparición pues había sido ya objeto de un fallo previo.

En efecto, la condena al coronel se fundamenta en la desaparición de dos empleados de la cafetería: el administrador Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, uno de los meseros. Al primero lo reconoció su familia en un video saliendo del Palacio de Justicia y un magistrado auxiliar dijo haberlo visto luego en la Casa del Florero. Beltrán, por su parte, fue mencionado por Yamid Amat en el listado de sobrevivientes y luego también resultó identificado en un video.

Sobre las personas de la cafetería un dato adicional deja mal parado al coronel. Varios familiares aseguraron que, en ese entonces, él les dijo que no buscaran más pues sus parientes no eran víctimas sino miembros del M-19. “El tipo charló buen rato con nosotros. Después él manifestó que los nueve de la cafetería estaban desaparecidos, pero porque se habían ido para el monte… que ellos habían sido los encargados de haber entrado uniformes, comida y municiones”, dijo Jairo Arias, el esposo de Lucy Amparo Oviedo, una de las trabajadoras de la cafetería cuyos restos aparecieron hace unos meses por cuenta de las investigaciones de la Fiscalía.

Esos testimonios para el juez sustentan las sospechas sobre las personas de la cafetería y que, por lo tanto, ellos también pudieron haber sufrido interrogatorios y posteriormente ser víctimas de desaparición forzada. Por eso, el coronel fue condenado a 40 años de cárcel como coautor de esas desapariciones.

Sin embargo, no es muy probable que el militar cumpla esa condena. Primero, porque esta llega 30 años tarde, cuando Sánchez tiene cerca de 70 años y, según su abogado, sufre graves quebrantos de salud y ha perdido más del 90 por ciento de la vista. Esto hace posible que al coronel le permitan cumplir su pena cuando esté en firme en alguna guarnición militar o en su casa.

Pero, más allá de eso, no se ve posible que ad portas de la firma de la paz, cuando muchos guerrilleros podrían recibir penas simbólicas, un miembro de las Fuerzas Armadas que se excedió y cometió crímenes por combatir la insurgencia termine 40 años tras las rejas. El coronel tendrá la posibilidad de acceder a los mecanismos de justicia transicional en los que los militares contarán con beneficios simétricos a los de las Farc.

Así, esos 40 años podrán terminar en una pena mucho menor que no implique necesariamente cárcel. Pero el mecanismo tiene un problema que Sánchez y los demás militares judicializados tendrán que enfrentar. El requisito fundamental para obtener esos beneficios es contar la verdad, que en otras palabras significa reconocer su responsabilidad. Este es un dilema moral para las Fuerzas Armadas y muchos altos mandos seguramente preferirán estar en la cárcel que admitir que cometieron delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, en el acuerdo de justicia que el gobierno firmó con las Farc hay varias garantías para ellos. La primera es que en los mecanismos de justicia transicional no se aceptarán las teorías de la cadena de mando y la responsabilidad mediata que han sustentado las condenas del coronel Plazas Vega, el general Arias Cabrales y, en parte, el coronel Sánchez.

Otra interpretación favorable podría ser que la condición de contar la verdad no necesariamente requiere confesar los crímenes, sino que la persona entregue su versión de lo que sucedió.

En ese escenario, estos militares podrían tener una segunda oportunidad. Así, es muy probable que los procesos del palacio que parecen estar terminando vuelvan a comenzar, pero en el tribunal que se establezca para la paz.

Dirección URL: http://www.semana.com/nacion/articulo/ caso-de-coronel-encarna-justicia-transicional/456789-3

Cambio de rumbo

Luego de un proceso sistemático de deterioro de la economía se ha llegado a un punto crítico.

Publicado en: El Espectador | Autor: Eduardo Sarmiento | Fecha: 16/01/2016

El dólar asciende a $ 3.250. Las exportaciones caen 40%. La industria continúa en índices negativos y la agricultura sin café crece igual que la población. El déficit fiscal asciende a 3,5% del PIB. La inversión en edificaciones, en maquinaria y equipo desciende más de 5%. La resistencia de los neoliberales a reconocer el verdadero estado de la economía ha impedido avanzar en un mínimo acuerdo sobre las causas y, sobre todo, en las soluciones de la crisis.

En los círculos oficiales la caída de la economía se presenta como un fenómeno intempestivo que no tiene responsables y se corrige con las medidas monetarias y fiscales tradicionales. Así, las prioridades oficiales se orientan a contener los brotes inflacionarios y reducir el déficit fiscal.

Tanto la inflación como el déficit fiscal son el resultado del desplome del modelo económico que

se configuró durante varios años. La verdadera causa del retroceso es el cuantioso déficit en cuenta corriente de 7% del PIB, inducido por el predominio de las commodities, la revaluación y el desplome de los precios del petróleo. Por lo demás, la devaluación causada por la escasez de divisas ha sido infructuosa por la alta participación de las commodities y la estructura industrial de elevadas importaciones y endeudamiento con respecto a las exportaciones. La monumental depreciación coincidió con una caída de más de 40% de las exportaciones y con el aumento del déficit en cuenta corriente. La economía quedó abocada a la devaluación persistente y una fuerte contracción de la demanda que desembocaron en un estado de estanflación.

dustria y la agricultura, le asigne prioridad a la producción, el empleo y la balanza de pagos, y reconozca el desequilibrio fiscal.

Se cayó en el grave error conceptual de enfrentar el problema en las manifestaciones. El alza de inflación se busca contrarrestar con el incremento de las tasas de interés y el déficit fiscal con la elevación del IVA. Ambas medidas incrementarán la caída de la actividad productiva, no afectarán mayormente las tendencias inflacionarias y acentuarán la inequitativa distribución del ingreso.

La solución de fondo es el cambio de modelo de comercio internacional y equilibrio monetario que puede sintetizarse dentro de tres pilares centrales. En primer lugar, se requeriría una política industrial de protección escalonada y otra agrícola de activación de los aranceles a los cereales y armonización de pequeños y grandes agricultores; segundo, intervención del tipo de cambio para situarlo por debajo de $2.700 y darles tratamiento distinto a las exportaciones industriales y agrícolas; tercero, ampliación del déficit fiscal financiado con emisión.

Lo que se plantea en sana lógica es actuar sobre la raíz del problema, que es el déficit en cuenta corriente. Su reducción morigeraría la devaluación y bajaría la presión sobre la inflación, y evitaría el efecto sobre la demanda efectiva.

Aún más importante, marcaría el comienzo de un nuevo modelo que les dé liderazgo a la in-

Es claro que el libre comercio y el equilibrio monetario que le da prioridad a la inflación sobre cualquier otro propósito configuraron una organización comercial de exportaciones rudimentarias de baja de demanda y elevadas importaciones, y más, excesivamente dependiente de las commodities y expuesta a grandes revaluaciones y devaluaciones. Esta estructura es una de las razones por las cuales el país, al igual que la región, no ha podido aprovechar las oportunidades de crecimiento de las economías que van al alcance de las naciones desarrolladas.

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EDICIÓN 556 / FEBRERO 2016

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El desafío de los presos en la paz Publicado en: La Silla Vacía | Autor: Juanita León | Fecha: 22/01/2016

Hoy quedarán en libertad los guerrilleros que faltan para completar los 30 indultados de las Farc que fueron perdonados como un gesto unilateral del gobierno para “construir confianza” con la guerrilla. Esta medida se ha convertido en un piloto de la excarcelación masiva de guerrilleros que se dará cuando se firme un acuerdo de paz con las Farc y lo que ha quedado claro es que en este frente el desafío también será mayúsculo.

La puesta en libertad de los 14 guerrilleros condenados por rebelión que saldrán hoy de la cárcel y que se suman a los 16 liberados ayer fue un proceso engorroso, que se demoró dos meses después de que el presidente Santos lo anunció el 23 de noviembre a pesar de que estaba a la cabeza una de las funcionarias más eficientes de ese gobierno.

Las dificultades que enfrentó la oficina del Comisionado de Paz para seleccionar a los guerrilleros que iba a indultar el Gobierno y gestionar su libertad dan una idea del reto que se avecina cuando ya no se trate de excarcelar 30 sino los dos mil guerrilleros presos que se estima oficialmente que tiene las Farc tras las rejas.

Los desafíos de una excarcelación masiva Cuando se firme el acuerdo final, la mayoría de guerrilleros que están presos hoy quedarían libres. Unos porque no cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad y serán amnistiados.

Y los demás, porque se acogen a la justicia transicional para contar la verdad y reparar a cambio de penas alternativas.

Pero una cosa es que tengan derecho a quedar libres y otra que efectivamente logren salir de la

cárcel pronto como lo demostró el indulto que se concretó hoy.

La primera dificultad que se enfrentó para lograr sacar a los indultados es que no se sabía con certeza cuáles son los presos que tienen las Farc, en qué cárceles están ubicados y por qué delitos están pagando una condena.

Esta información se tuvo que comenzar a levantar porque no todos los guerrilleros que están presos fueron juzgados por rebelión. Algunos están por terrorismo, otros por extorsión y la base de datos del Inpec no cruza todos estos datos.

Además, las cárceles distritales no dependen del Inpec y es posible que algunos guerrilleros estén presos allí por delitos menores.

Tener claro este censo de guerrilleros presos antes de la firma de la paz podría evitar que en el futuro suceda con las Farc lo que sucedió con los paramilitares y por lo cual el Alto Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, terminó en líos judiciales y exiliado: que se terminen colando en el proceso delincuentes que compren a compañeros de celda su ‘carnet’ de las Farc para obtener los privilegios judiciales y de reintegración y que el Gobierno los termine certificando por error.

El otro ‘hueco’ que tiene el sistema y que quedó en evidencia en este indulto es que es muy difícil saber realmente la totalidad de los delitos por los que está siendo juzgado un guerrillero porque, con frecuencia, los procesos están dispersos por todo el país y aunque la Fiscalía ha modernizado mucho sus sistemas de información, los datos están todavía lejos de estar centralizados y de fácil consulta.

Los sistemas de información de la Fiscalía so-

bre las condenas están más o menos completos, sobre todo en lo que respecta a los delitos cometidos a partir de 2005. Pero falta información y no se sabe cuánta respecto a si el condenado es de las Farc.

Por eso, varios de los guerrilleros inicialmente preseleccionados para el indulto se terminaron descartando porque les aparecieron a última hora delitos diferentes a la rebelión, un tema que se puede volver un palo en la rueda a futuro para la justicia transicional.

Por ejemplo, en todo el proceso de Justicia y Paz de los paramilitares, el hecho de que a los desmovilizados les siguen saliendo procesos cuando ya están a punto de terminar su condena se ha convertido en una fuente de inseguridad jurídica muy grande y también de frustración.

A estos vacíos de información que existen, una vez se firme la paz y estos casos de excarcelación de guerrilleros entren a ser competencia de la nueva jurisdicción de paz se agregarán nuevas dificultades.

Una de las más grandes es que el Acuerdo sobre Justicia Transicional logrado en la Habana dice que quien debe entregar a la nueva jurisdicción las sentencias que existan contra los guerrilleros para que la Sala de Reconocimiento, la de Definición Jurídica o la de Amnistía defina el curso del caso es el Consejo de Gobierno que se supone reemplazará al Consejo Superior de la Judicatura.

Pero según confirmó La Silla, técnicamente es imposible que la Rama Judicial identifique y aporte estas sentencias.

El Consejo Superior de la Judicatura hoy por hoy tiene unas bases de datos que recopilan una información agregada pero carece de información de caso por caso a nivel nacional.

“No tiene cómo identificar los casos que han sido juzgados con sentencia ni mucho menos conseguir físicamente la sentencia”, explicó a La Silla una persona que ha conoce este tema de primera mano.

Esto porque después de pasado un tiempo a partir de la condena, los expedientes son enviados a unas bodegas y encontrar un caso específico allí para un juez requeriría mucha gente y mucho tiempo, dos activos de los que carecen.

“Tendrían que ir a unos lugares que ni siquiera los jueces saben dónde están”, agregó la fuente.

Según el Acuerdo, cada una de estas salas tendrá mínimo seis magistrados. Suponiendo que la de Amnistías tenga 10 y que los jueces sean tan eficientes que logren leer y evacuar un caso por día tardarán mínimo un año en tramitar las 1500 solicitudes que como mínimo les llegarán.

Para manejar la frustración de los presos que saben que tienen el derecho a estar libres pero que por la congestión pasarán meses antes de abandonar la celda es que la pedagogía en las cárceles es otra de las tareas de alistamiento en las que ya sabe el gobierno que tiene que trabajar antes de que se firme la paz. Se supone que algunos de los indultados hoy –como los cuatro que viajaron a La Habana– se echarán esa tarea al hombro.

Dirección URL: http://lasillavacia.com/historia/el-desafio-de-los-presos-en-la-paz-52848

¿Se firmará la paz el 23 de marzo?

La paz es irreversible pero el plazo se ve casi imposible. El 2016 empezó con un buen ambiente para negociar los grandes temas que faltan, pero el factor tiempo se avizora como el peor enemigo.

Publicado en: Semana | Autor: Nación | Fecha: 16/01/2016

El 31 de diciembre pasado, a las ocho de la noche, cuando la delegación de paz de las Farc en La Habana empezaba los preparativos para festejar el año nuevo, entró una llamada desde Anapoima, Cundinamarca, para Timoleón Jiménez, máximo jefe de esa guerrilla. Al otro lado de la línea estaba el presidente Juan Manuel Santos. Luego de un saludo cordial, Santos le manifestó a Timochenko que seguía pensando que el 23 de marzo debería ser la fecha para firmar el acuerdo de paz. En esa fecha podrían asistir dos de los más importantes líderes del mundo. Santos no mencionó nombres pero se sabe que uno de ellos es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el otro puede ser alguien de la talla del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, o el propio papa Francisco.

La llamada era una especie de gancho para que el máximo líder de las Farc mantenga esa fecha acordada por ambos en Cuba en septiembre pasado, cuando se suponía estaba cerrado el punto de justicia. Pero la Mesa de Conversaciones reabrió ese punto y solo a mediados de diciembre pasado se pudo culminar, por lo que la guerrilla ha cuestionado que para marzo logren acordar todos los puntos pendientes de la agenda.

Sobre la fecha, Timochenko no ha dicho que sí ni que no. Solo que la mesa trabajará para lograr ese objetivo, a pesar de que los temas que faltan por discutir son de gran calado y complejidad: el fin del conflicto, la refrendación, la implementación y las salvedades. Sin embargo, no es imposible que se logre porque hay algunos elementos a favor. Primero, el buen ambiente entre los negociadores en este nuevo ciclo. Segundo, que parece que va en serio la decisión de trabajar sin pausa. Tercero, que ya dos subcomisiones han avanzado el trabajo pendiente. Y por último, que tanto en el gobierno como en la guerrilla hay conciencia de que los tiempos políticos apremian, y no solo a Santos.

El temor de las Farc es que la presión del tiempo se convierta en una espada de Damocles para obligarlos a acoger lo que trae el gobierno prediseñado. Temen que si no se logra firmar el

23M, el país entero los culpe a ellos de esa frustración –y no a las circunstancias que rodearon el acuerdo de justicia- lo que golpearía su ya de por si precaria imagen pública. Y si las Farc han empezado a bajar las expectativas con la fecha es porque todavía hay posiciones muy distantes en algunos aspectos entre las partes.

El cese del fuego Esta semana, mientras la Mesa de Conversaciones entraba en cónclave en La Habana, de los Llanos del Yarí llegaban noticias de un incremento de combates entre guerrilleros de las Farc y la fuerza pública. Se percibía la inquietud de que algún incidente militar pasara a mayores y se acabara la sensación de fin de la guerra que ya se vive en todas partes. Por eso, la mayor urgencia es acordar todo lo relativo al cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo.

Hasta ahora, uno de los logros más importantes es que ambas partes están de acuerdo en que la ONU asuma la verificación por medio del Consejo de Seguridad. Este trámite va por buen camino, a juzgar por las declaraciones de Ban Kimoon, quien dijo que Colombia es una prioridad para ese organismo en 2016.

En otros aspectos de la verificación aún hay diferencias. Las Farc consideran que debe haber otro ente como la Celac y, sobre todo, que haya un monitoreo de personas u organizaciones nacionales, sean civiles o incluso algunas estatales como la Defensoría del Pueblo. El gobierno cree que algo así puede terminar por politizar los incidentes que ocurran durante el cese –que no son descartables– y convertirlos en materia de presión política o de deslegitimación de las partes.

En segundo lugar, ya hay preacuerdos sobre qué se entiende por cese al fuego, en este caso entre aparatos militares, y de hostilidades, en relación con las agresiones contra la población civil. Se ha avanzado también en definir la lista de lo que en el lenguaje internacional se conoce como actos prohibidos. Es decir, qué pueden y qué no pueden hacer tanto la guerrilla como los militares mientras dure el cese y en los lugares donde este

se hará efectivo.

Sin embargo, hay puntos críticos en los que las posiciones están aún distantes. El primero es el de la concentración. El presidente Santos citó al Congreso a sesiones extraordinarias para reformar la Ley de Orden Público. En el pasado, cuando la guerra parecía el único destino del país, y el fantasma del Caguán rondaba por toda Colombia, se modificó esa norma para prohibir la existencia de zonas desmilitarizadas y la posibilidad de levantar las órdenes de captura de los guerrilleros en zonas de concentración. El proceso de paz necesita de estos sitios. El gobierno tiene en mente unas siete de ellas, correspondientes a los bloques de las Farc. Se las imagina como zonas aisladas, pequeñas y de corta duración, con el único objetivo de garantizar la dejación de armas, y tratando de que generen la menor controversia posible.

Las Farc tienen en mente otra cosa muy distinta.

No les gusta la concentración tipo ‘corraleja’ y piensan más bien en lo que ellos llaman un “dispositivo en el terreno” donde se encuentran hoy los frentes, que son casi 80. Conciben este dispositivo en interacción con comunidades y admiten que ese modelo implicaría un fuerte monitoreo e incluso la entrega de inventarios de armamento a los verificadores antes de la dejación de armas.

También creen que una propuesta como la de los Territorios Especiales de Construcción de Paz, Terrepaz, que han sido pensados más para la reintegración de la guerrilla, sirvan como zonas para la dejación de armas. “Nosotros no vamos a desmovilizarnos sino a movilizarnos políticamente”, dicen las Farc. Ellos no conciben la reintegración como una beca o un taxi, ni como una ruta de asistencia psicológica. Lo ven como un proyecto colectivo, productivo y político.

El gobierno, por su parte, cree que hay que separar zonas de concentración para el desarme de lo que serían las zonas para la reintegración y la construcción de paz en las regiones. Y que en todo caso, si los Terrepaz llegaran a existir, sería para una guerrilla ya sin armas. No obstante, algunos observadores piensan que entre una posición y otra hay puntos intermedios y que se podrán acercar los puntos de vista.

El otro tema difícil para acordar es la manutención de los combatientes mientras dure el cese el fuego. En casi todos los procesos de paz lo normal es que el Estado asuma el sostenimiento de las tropas insurgentes mientras están concentradas. Así lo hizo también el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares en Ralito. Pero para las Farc eso no es aceptable pues consideran que sería entregarle al gobierno su autonomía política. Proponen una fórmula tripartita. Que haya un fondo que administren de manera concertada gobierno, Farc y comunidad internacional. Otra fórmula a explorar es si algún gobierno o entidad internacional podría asumir ese costo que en todo caso no es poco.

La dejación de armas En septiembre, Santos y Timochenko acordaron que la dejación de armas comenzaría dos meses después de firmado el acuerdo final. Eso quiere decir que si se logra la firma el 23 de marzo, en mayo ya habría guerrilleros deponiendo los fusiles. Las Farc han dicho que esta será una dejación progresiva. Esto tiene lógica, pero como ellos también son conscientes de que nadie en Colombia los va a tolerar en la política si siguen armados, tendrán que optar por un proceso de meses y no de años, si es que quieren convertirse pronto en un movimiento o partido.

También han dicho que no le entregarán las armas al gobierno. Algo que tampoco es para escandalizarse. Todas las guerrillas en Colombia le han entregado los fusiles a misiones internacionales que las han destruido. Esta vez no será la excepción. Posiblemente acuerden un grupo de países que reciban las armas y las guarden en depósitos seguros mientras se decide qué hacer con ellas.

El problema está en que las Farc no quieren una foto al deponer las armas ni una ceremonia pública al estilo M-19, por razones de dignidad. Pero eso es algo que difícilmente la opinión pública se tragará. Ahora, el desarrollo de los acontecimientos políticos puede hacer que las Farc recapaciten en esta materia. Sin una dejación de armas Pasa a la pág 4

4 - SEPARATA DE MEDIOS Viene de la pág 3 transparente difícilmente los guerrilleros podrán ser aceptados en la política, y entregar los fusiles en secreto es un búmeran que golpearía su propia credibilidad. A lo mejor en estos meses se convencen de que la dignidad de su lucha está en las ideas que han enarbolado y no en las armas que portan y que han causado tanto daño.

La dejación de las armas es quizá el punto que más desconfianza genera en el país. Muchas personas creen que la guerrilla guardará unas cuantas de ellas por si se siente traicionada. Así lo hizo el FMLN en El Salvador, cuyo arsenal de reserva fue descubierto cuando ya los guerrilleros estaban dedicados de lleno a la política y causó un gran bochorno. Esa suspicacia le arranca una sonrisa a Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado, quien dice que “eso sería un absurdo”.

Las Farc dicen estar dispuestas a dejar hasta el último balín. Pero también que lo hagan el Estado y el Establecimiento. Es decir, que no se repita la historia del paramilitarismo y que haya garantías de seguridad para los excombatientes, para los territorios y para el futuro movimiento político.

El dilema de los paramilitares Mientras el gobierno considera que en Colombia no hay paramilitares, sino simples bandas criminales que ejercen violencia en función de negocios ilegales y no por ideología, para las Farc eso no es tan así. Si bien reconocen el fenómeno

de las bandas, consideran que estas persisten por la corrupción que hay no solo en la fuerza pública sino en el sistema político. Creen que se debe hacer un plan piloto en una de las regiones de fuerte influencia de bacrim –por ejemplo en Tumaco– para demostrar que con mayor transparencia en la actuación de las instituciones es posible desarticular estas estructuras.

Consideran que en el país hay elites políticas y económicas que siguen usando la violencia para mantener sus negocios, sus redes corruptas o por simple intolerancia. De hecho, en la agenda de La Habana se habla específicamente de la obligación del Estado de parar este tipo de violencia. Ellos son conscientes de que el paramilitarismo es una mentalidad arraigada en muchos sectores y que no depende solo de Santos que se acabe esa violencia ni que esto ocurrirá de un día para otro. “No somos tan estrechos como para creer que ese monstruo que crearon actúa como una marioneta”, dice Lozada. Por eso la apuesta de ellos es un gran acuerdo nacional cuya esencia sea el “nunca más” de las armas en la política. Un pacto que requiere un diálogo con diversos sectores, incluso con los más radicales en contra de la paz, y al que también el gobierno está dispuesto a caminarle. Este sabe que el riesgo mayor del proceso de paz es que empiecen a matar a los miembros de las Farc, ya sin armas, o a sus bases sociales en las regiones, y que eso no depende de tener muchos escoltas sino de desactivar el odio sembrado en tantos años de guerra.

Finalmente, en el punto tres de la agenda de negociación está contemplado resolver la situación jurídica de los presos de las Farc. A pesar de que Santos anunció desde hace dos meses que indultaría a 30 de ellos, hasta ahora no lo ha logrado y eso se ha convertido en un conflicto público entre las partes. A través de Twitter, la guerrilla ha dicho que funcionarios negligentes han obstaculizado la salida de la cárcel de sus presos.

Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno, por su parte, respondió en una columna que las Farc no entienden cómo funciona la democracia. Este es apenas un pequeño incidente que permite ver cómo será de difícil llevar a la práctica todo lo acordado.

El calendario de la política Siendo optimistas, y a pesar de todo lo anterior, el punto del fin del conflicto podría concretarse en algunas semanas si se aprieta el acelerador.

Pero quedan sobre la mesa temas de gran envergadura: la refrendación y la implementación.

Las Farc no aceptan el plebiscito por ser una iniciativa unilateral y porque creen que no les da garantías suficientes para que se cumplan los acuerdos. Pero al parecer tampoco están en contra. Lo ven más como una posibilidad de legitimación del proceso de paz ante el país que como un blindaje a lo acordado.

El otro gran interrogante que hay en La Habana es cómo será el desarrollo normativo de los acuerdos. El gobierno cree que una vez aprobados en el plebiscito, una comisión especial del Congreso haría esta tarea, incluso con la posibili-

dad de que haya alguna participación de las Farc así sea con voz, pero sin voto. Pero eso tampoco les suena a los guerrilleros. Ellos insisten en un tipo de constituyente como espacio de desarrollo normativo y que esté basada en el gran pacto político nacional del que se habló antes. Un pacto político y un mecanismo constituyente para desarrollar pero no para cambiar lo acordado en La Habana. Ahora, a diferencia del pasado, esta no es una posición terca. Los miembros de las Farc manifiestan que están abiertos a explorar fórmulas viables. Lo mismo el gobierno. Incluso, han sugerido que la comisión jurídica que ayudó a desempantanar el acuerdo de justicia el año pasado siga funcionando, para ayudar a encontrar caminos en materia de refrendación y desarrollo normativo.

Llegar a firmar un acuerdo el 23 de marzo no es fácil, pero tampoco imposible. Pero ahora más que nunca depende de la voluntad política de las partes. A ambos lados de la mesa saben que esta no es una fecha fatal ni implicaría acabar el proceso. Todos quieren un acuerdo de calidad. Pero un aplazamiento les daría fuerza a los enemigos de la negociación, volvería a sembrar desconfianza sobre todo sobre las Farc, y posiblemente le quitaría al presidente Santos mucho del margen de maniobra que necesita para sacar adelante la paz. En conclusión, más vale que corran.

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Una finca de 900.000 hectáreas, entre la inmensa fortuna de las Farc Localizaron bienes de cuatro de los frentes más poderosos.

Publicado en: El Tiempo | Autor: Unidad investigativa | Fecha: 24/11/2014

Un grupo élite de inteligencia, conformado por miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, acaba de hacer un significativo hallazgo sobre la fortuna que oculta la guerrilla de las Farc, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, según la revista Forbes.

etapa exploratoria de los diálogos de paz, dieron la orden a todos los frentes de inventariar predios rurales y urbanos, maquinaria, infraestructura y semovientes para traspasarlos a terceros, en tres fases. Y ya van en la última”, aseguró un investigador judicial.

Se trata de un gigantesco predio de más de 900.000 hectáreas que toca los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, y que está concentrado bajo una misma matrícula inmobiliaria. La mega hacienda fue armada durante los últimos años a punta de decenas de predios privados, comprados por la guerrilla, pero también de baldíos que pertenecen a la Nación.

El plan trazado es casi perfecto y fue descubierto gracias a la colaboración de comandantes desmovilizados como Ely Mendoza, ‘Martín Sombra’, y a la interceptación de correos electrónicos, enviados entre el 2011 y el 2012, por Jaime Alberto Parra, alias el ‘Médico’, el reemplazo del ‘Mono Jojoy; ‘Carlos Antonio Lozada’, jefe político del Bloque Oriental (presente en Cuba) y ‘Rolando Romero’, del Bloque Sur.

Con este predio se completan más de mil vinculados a la fortuna de esta organización guerrillera, cuyos ingresos anuales superarían fácilmente los 600 millones de dólares, producto del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Y si bien inicialmente ese era el combustible para alimentar a un ejército ilegal de cerca de 18.000 hombres, hoy hacen parte de fortunas personales y colectivas que jefes de las Farc ordenaron ocultar y cuya entrega y destino aún no han sido abordados en la mesa de negociación de La Habana (Cuba).

“A finales del 2012, cuando se estaba iniciando la

A través de este mecanismo se ha identificado más de un millón y medio de hectáreas en bienes, entre urbanos y rurales, de los bloques 40, 53, 43 y del llamado bloque Yarí. Este último está ejecutando un plan de repoblamiento de fincas y baldíos para evitar que el Estado se los quite.

“Procedimos trayendo indios del Cauca (...).

Como resguardo, dan la pelea al Estado, pero las tierras son de las Farc”, le escribió alias ‘Rolando Romero’ al ‘Médico’.

Algunos de los predios ubicados por la Dijín y por la Unidad de Justicia y Paz en Bogotá,

Villavicencio y Antioquia fueron judicializados hace 48 horas y pertenecen a ‘John 40’, uno de los capos del narcotráfico de las Farc. Solo a él se le han ubicado 300 bienes por 8.000 millones de pesos y un título por un millón de dólares.

Otros bienes ya habían sido traspasados, por sumas irrisorias. Por ejemplo, Luis Eduardo Ríos Tobón vendió por 300.000 pesos, en el 2009, una de las fincas emblemáticas de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’.

Ventas ficticias “Este es solo el comienzo. ‘Martín Sombra’ nos dijo que todos los predios, desde el caserío San Francisco de La Sombra (Meta) hasta La Macarena, son de ellos”, le manifestó a este diario una investigadora de la Dijín. Según la información disponible, la primera fase de ocultamiento de la fortuna guerrillera se ejecutó entre el 2012 y el 2013. Esta consistió en comercializar bienes, que aparecían a nombre de familiares de guerrilleros o de milicianos, para reinvertir el dinero en el exterior. La Fiscalía aún no se atreve a dar una cifra de cuánta plata salió por esa vía, pero sí sabe a dónde fue a parar: Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Panamá.

“La finca tiene 94 hectáreas y el afortunado comprador fue Ambrosio Gaitán León, que la traspasó por un millón de pesos al finquero Edilberto González Núñez”, explicó la Fiscalía, que ya inició la ocupación de este y de 64 bienes más, que superan las 150.000 hectáreas.

En el istmo, las Farc abrieron varias empresas, algunas de la cuales fueron ubicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre ellas, Construcciones Integrales del Istmo S. A., Obras Civiles y Vivienda Industrializada, Selwin International Inc. y Corvay Overseas Corp.

Ese paquete de bienes fue identificado por la Superintendencia de Notariado y Registro, en un trabajo conjunto con el grupo élite de inteligencia militar. Además de ubicarlas geográficamente, comprobaron que 17.000 hectáreas fueron vendidas por debajo de su precio; 97.000 habrían sido apropiadas falsificando firmas y 45.000, uniendo parcelas ilegalmente. La ‘Súper’ avanza en otro estudio, de 150.000 hectáreas más, que revelará en los próximos meses.

Al respecto, el procurador Alejandro Ordóñez ha insistido en que el tema de los bienes ocultos de las Farc se aborde ya en la mesa de La Habana, para que la paz no termine siendo una gran operación de lavado de activos.

Negociaciones, cesiones y sumisiones Publicado en: El Tiempo | Autor: Claudia Dangond-Gibsone | Fecha: 14/01/2016

No es propio de quien sinceramente desea la paz pretender que ella se edifique sobre revisiones amañadas de la historia.

Si en realidad la firma de un acuerdo negociado con las Farc se está acercando, y ciertamente el proceso de La Habana se encuentra en su fase final, ni la guerrilla ni las autoridades ni la sociedad en general deben perder el norte respecto de lo que significa vivir en democracia, hacer parte de un Estado de derecho y, por tanto, del significado que tienen las instituciones.

El orden y la autoridad no pueden olvidarse, rescindirse, cederse ni negociarse. Son ellos los garantes de una paz sólida y perdurable, de una paz verdadera y en la que todos puedan creer.

Los mensajes enviados hasta ahora dejan mucho que desear. Por una parte, el Gobierno y las autoridades del Estado han dado un pésimo ejemplo. Se ha demostrado que, en aras de la supuesta paz, el pacto social que establece la función, el rol y el significado de las tres ramas

del poder público pasó a un segundo plano. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial y mucho menos los órganos de control del Estado han sido protegidos.

Se ha negociado lo innegociable y se han ignorado los límites naturales, así como las funciones constitucionales y legales de cada uno de los poderes legítimos del Estado.

Ello se evidencia con la renuncia que hizo el Congreso — por iniciativa del Gobierno — a legislar siguiendo los procedimientos establecidos por la Carta Fundamental. La dudosa actuación que han tenido los distintos órganos de la Rama Judicial, que la tiene sumida en el más profundo desprestigio, generó una crisis de proporciones nunca antes vistas y suscitó la desconfianza de la ciudadanía. Como si lo anterior no fuera suficiente, el Ejecutivo sigue haciendo esfuerzos para obtener unos poderes más propios de regímenes totalitarios que de democracias liberales. En fin, se quiere supeditar el orden jurídico e institucional sin importar las consecuen-

cias que a mediano y largo plazos traiga esto para la gobernabilidad y, peor aún, para la paz.

Por su parte, las Farc no han dado muestras de querer acoger el orden democrático de la nación.

Todo lo contrario. Faltaron a su palabra, por ejemplo, al decir que cesaron los ataques o los secuestros cuando ello en realidad no sucedió, o cuando ante un hecho amistoso del Gobierno, como fue la aplicación del indulto a unos delincuentes políticos, no solo no reconocieron el gesto, sino que haciendo un berrinche buscan el bien para Colombia: criticaron y buscaron que no se aplicaran los procedimientos que la ley y la Constitución exigen para este tipo de medidas. O cuando solo reconocieron como víctimas de sus atroces delitos y del conflicto a sus más acérrimos amigos y defensores. No es propio de quien sinceramente desea la paz pretender que ella se edifique sobre revisiones amañadas de la historia.

A todo lo anterior se suma el cambio en las reglas aplicables al plebiscito que se quiere llevar a

cabo para que el pueblo se manifieste sobre los acuerdos suscritos en La Habana. Este hecho y la forma en la que se produjo le restan la importancia que debiera tener un pronunciamiento popular sobre la trascendental materia. Pareciera que se trata de manipular la voluntad ciudadana y de acomodar las mayorías para que por ningún motivo se ponga en riesgo lo pactado. Es decir, el resultado no producirá una legitimación verdadera de los acuerdos. ¿Será una cortina de humo y una excusa para seguir adelante con la implementación de lo firmado?, ¿o será una idea que se quiere dejar avanzar para que, tras la impopularidad y la irracionalidad constitucional e institucional, finalmente se haga de nuevo la voluntad de la guerrilla, esto es, una asamblea constituyente a la que también se invite al ELN, con quien ya se avanzaron negociaciones?

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