Separata medios abril 2015

ANEXO

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ABRIL 2015

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

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SEPARATA ESPECIAL

La larga ruta del Desminado

• Desminar Colombia • Desminado tardaría 10 años y costaría US$ 200 millones • La larga ruta del desminado • Colombia quiere paz... sin impunidad • Así las Farc muestren sus minas, no hay cómo sacarlas • Oír a los expertos • Dos Farc, dos momentos de Colombia • Iván Márquez ante su propia impotencia • La paz está difícil • Gaviria y la guerrilla • ¿Se negociará al Ejército?

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Anexo abril 2015

Desminar Colombia Sembrar una mina antipersona es, ante todo, dejar al azar la posibilidad de muerte, mutilación o serias heridas a un inocente.

Es de las más injustas prácticas de la guerra moderna porque iguala a combatientes, civiles, niños, mujeres y hombres en la tragedia; esparce muerte sin ninguna consideración.

En Colombia, el uso de minas ha estado determinado por la asimetría de la guerra, por el desesperado intento de evitar lo inevitable: cubriendo retiradas, delimitando territorios, protegiendo cultivos ilícitos y laboratorios de drogas ilícitas.

Así, nuestro país fue el segundo del mundo con mayor número de víctimas de minas antipersona en 2.013 según el Monitor Internacional de Minas

y Munición de Racimo, luego de Afganistán y antes de Pakistán, con 368 personas heridas o muertas. De estas, 165 eran civiles y el 35 % niños. De hecho, entre el año 1.990 y 2.014 unas 11.015 personas han sido víctimas de minas antipersona en Colombia, el 61,6 % miembros de la fuerza pública, unos 6.792, y el 38,3 % civiles, unos 4.223, de acuerdo a cifras de la Agencia de Acción Contra Minas del Gobierno Nacional.

Del territorio nacional, solo San Andrés y Providencia se encuentran libres completamente de minas antipersonal; el minado ha sido un fenómeno indiscriminado en el que casi todos los actores armados –aunque principalmente las guerrillasse han visto involucrados. De

acuerdo a cálculos del Gobierno Nacional, cientos de miles de minas aún corrompen el territorio nacional y aunque el esfuerzo del Estado para limpiar estas zonas ha sido extenso, el proceso es lento, peligroso y costoso.

Por eso es tan importante el anuncio del pasado siete de marzo hecho por los equipos negociadores de Gobierno y Farc desde la Mesa de La Habana sobre un acuerdo para desminar a Colombia. El problema, sin embargo, fue que ante la satisfacción del anuncio vino la decepción de los detalles –las Farc, como el diablo, suele ganar en los detalles-, pues la guerrilla solo ayudaría en tanto señale en qué lugares creen que se pueden empezar las labores

de desminado. Es decir, no correrán ni con el riesgo, ni con el costo de quitar las minas que ellos mismos sembraron.

Ahora el presidente Santos anuncia un cese en los bombardeos a campamentos de las Farc por un mes, bajo la lógica del desescalamiento del conflicto y abriendo campo, con seguridad, a un futuro cese bilateral al fuego. El problema de todo esto es que las Farc continúen con esa combinación de anuncios grandilocuentes seguidos de hipócritas afirmaciones sobre

Foto: santanderextremo.com

Santiago Silva Jaramillo/El Colombiano/12/03/2015/www.elcolombiano.com/ desminar-colombia-IJ1478381

sus irresponsabilidades ante la violencia y los cientos de miles de víctimas nacionales. En sus cabezas, las tragedias del país han sido causadas por un huracán de injusticias, un desastre natural inevitable del que ellos, si mucho, solo fueron espectadores, no autores.

Las minas, como los “tatucos” o la siembra indiscriminada de hoja de coca no fueron cosas “que dio la tierra”, tienen que tener responsables. Pero es que las Farc –como el diablo- nunca reconocen sus culpas.

Sección Política/El Tiempo/9/03/2015/http://www.eltiempo.com/politica/procesode-paz/desminar-colombia-costaria-us-200-millones/15361216

Cálculos preliminares indican que por lo menos 688 municipios están amenazados.

Desminado tardaría 10 años y costaría US$ 200 millones La subcomisión de generales activos y guerrilleros de las Farc logró este primer acuerdo para desescalar la guerra en Colombia.

Sin duda, el acuerdo logrado entre Gobierno y Farc para limpiar el campo colombiano de minas antipersonas es trascendental e histórico, pero su cumplimiento podría tardar por lo menos 10 años y costaría más de 200 millones de dólares.

No es una tarea fácil. El primer paso que se debe dar es el mapeo de las zonas amenazadas por estos artefactos de guerra, lo cual –de hecho– se acordó en La Habana, y para materializarlo se tiene que cruzar información de distintas fuentes que, por supuesto, luego deberá corroborarse en el terreno.

Ya en el campo, es necesario aislar las zonas en las que estén las minas. Para un extensión de 4 a 10 metros cuadrados, por ejemplo, los operadores pueden tardar más de 24 horas realizando el proceso, que no necesariamente implica la desactivación efectiva del artefacto.

Estudios preliminares dan cuenta de que por lo menos 688 municipios, casi el 63 por ciento del territorio nacional, tienen algún grado de riesgo en sus áreas rurales por culpa de un artefacto de guerra que desde 1990 ha dejado 11.043 vícti-

mas, entre ellas 1.110 menores de edad.

En este momento, el país dispone de 500 militares plenamente capacitados para realizar este tipo de labores, pero la tarea es tan descomunal que el propósito es en pocos años tener con la preparación suficiente a por lo menos 10.000 uniformados.

El ministro del Posconflicto, el general Óscar Naranjo, quien de hecho será el encargado de diseñar las políticas necesarias para hacer una realidad el trascendental acuerdo logrado en La Habana el sábado, enfatizó en que no es un tema sencillo de realizar.

“Vale millones de dólares y tardaremos por lo menos dos lustros desminando el país”, precisó el general (r) Naranjo.

A esto se le debe sumar que varios de los denominados explosivistas de las Farc han muerto en combate, lo cual pone cierto grado de dificultad sobre la información que otros guerrilleros puedan dar acerca de la ubicación de las minas.

Y, como lo advirtió Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas, se debe tener en cuenta, además, que hay territorios que comparten las Farc y el Eln en los que estos artefactos se han sembrado, pero esta segunda gue-

rrilla aún no ha entrado en una negociación de paz y no se sabe hasta qué punto querrá colaborar en este tema.

Claro que, precisamente, en el acuerdo logrado en La Habana se indica que guerrilleros vestidos de civil y sin armas acompañarán las operaciones de desminado que liderará el Ejército, con el fin de identificar planamente las zonas amenazadas.

Este proceso también tendrá el apoyo de la comunidad internacional, que, como se sabe, es un aliado incondicional de la búsqueda de la paz en Colombia.

De hecho, hace pocas semanas estuvo en Bogotá un grupo de diplomáticos de distintos países para analizar qué tipo de acciones pueden impulsar.

Y, además, su apoyo económico será clave. El general (r) Rafael Alfredo Colón, director del Programa Presidencial contra las Minas, reveló ayer que todo el proceso tendrá millonarios costos.

“Es un asunto muy complejo, porque las operaciones tienen varias aristas. Hay que evaluar equipos técnicos y logísticos, temas de movilidad, salarios, entre otros. Tenemos cálculos de que esto puede costar más de 200 millones de dólares”, enfatizó el general (r) Colón.

Todos estos temas son analizados en la subcomisión del fin

del conflicto, integrada por generales de la República activos y guerrilleros de las Farc. Es más, esta decisión de acordar el desminado de las zonas rurales es su primera decisión concreta que apunta al desescalamiento de la intensidad de la guerra.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró: “Este acuerdo demuestra que el proceso de paz es irreversible, que estamos en un punto de no retorno”.

Si todo sigue su curso, como las partes esperan, a partir del 17 de marzo próximo –cuando se reanudan los diálogos con el comienzo del ciclo 34 de conversaciones– se deben analizar nuevas medidas que, a la larga, desembocarán en un cese bilateral y definitivo del fuego.

Para las Naciones Unidas, según un comunicado divulgado ayer, el acuerdo de limpiar de minas a Colombia “tendrá un impacto casi inmediato en la mejoría de las condiciones de vida, de trabajo y de movilidad de decenas de miles de colombianos”.

Colombia firmó hace unos años el Tratado de Ottawa y se comprometió a limpiar su territorio de estos artefactos antes del 2021, pero la realidad del conflicto evidencia que eso no se podrá cumplir. Sin embargo, el paso dado en Cuba hace pensar que a partir del 2025 se lograría esa meta.

Así se identifica una mina Sobre cómo se realiza el proceso de desminado en el país, expertos consultados por El Tiempo afirmaron que la labor depende de la geografía del terreno y que no hay un cálculo exacto sobre cuánto se demora en despejar un área minada.

Señalaron que el primer paso es hacer un despeje de la capa vegetal, al tiempo que se hace una exploración en la tierra que llega a los 15 centímetros de profundidad. En este proceso se usan detectores de metal.

“Es una tarea cuidadosa, que se debe hacer sin ninguna presión. El desminador debe estar preparado sicológicamente para poder estudiar el terreno”, comentan.

La verificación del área también se hace con el apoyo de un canino que ha sido entrenando para ubicar los artefactos.

Una vez se encuentra la mina, se produce a cerrar el área y luego se estudia qué tipo de explosivo tiene y cuál es su mecanismo de activación. Con base en esa información, se procede a su destrucción. En ese proceso se han podido identificar artefactos elaborados con tarros de talco, botellas de gaseosa, latas de leche en polvo, entre otros.

La mayoría de las minas se activan con una jeringa que al pisarla genera presión y estalla, aunque hay otras que usan mecanismos electrónicos.

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Luisa Fernanda Ciro Moreno/lasillavacia/8/10/2012/http://lasillavacia.com/historiainvitado/36384/luisaciro/la-larga-ruta-del-desminado

La larga ruta del desminado Colombia ocupa el segundo lugar en número de víctimas de minas antipersonales en el mundo. Para salir de esta deshonrosa lista firmó una Convención que ordena el desminado total del territorio, pero el proceso para lograrlo no avanza al ritmo que se requiere. La financiación, la incertidumbre en la normatividad y el conflicto son las principales dificultades.

En junio pasado (2012), la Procuraduría Delegada en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos cambió su posición respecto al desminado realizado por civiles. El proceso para llegar a esta instancia empezó en 1997 con la Convención de Ottawa, un instrumento internacional que busca solucionar uno de los problemas humanitarios más graves.

De acuerdo a la Convención, el país debía estar desminado en 2011, pero las dificultades para lograrlo llevaron al gobierno colombiano a pedir una ampliación del plazo a 2021.

Pero el desminado debe avanzar rápidamente no sólo por la petición de la comunidad internacional, sino por las cifras de víctimas en el país, que en 2010 y 2011 rondaron las 500 anuales, sólo superados por Afganistán con 1.000 víctimas anuales. En Afganistán el desminado también se hace en medio del conflicto.

Los militares, que son los únicos que están haciendo el

desminado en Colombia, ya destruyeron las minas que tenían en su poder. Sus resultados no son despreciables: el aumento del área desminada en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, de 4.831 m2 en 2005 a 328.730 en 2011.

Pero el número de víctimas, que decrecía cada año, frenó su reducción entre 2010 y 2011.

La participación de los civiles en el desminado humanitario es un tema polémico en todos los países con este problema. En Colombia había sido cuestionado no sólo por la Procuraduría, sino también por el senador Jorge Enrique Robledo. El motivo de preocupación se resume en la seguridad de los desminadores. Pero la alternativa a dejar de recibir dinero de gobiernos extranjeros por parte del ejército, o de estados de la Unión Europa por parte de las ONG internacionales significaría un aumento del gasto del gobierno colombiano en este rubro.

En la solicitud de prórroga del plazo dado por la Convención de Ottawa en 2010, Colombia planteó que esperaba aumentar el número de pelotones de 9 en 2011 a 18 en 2015 y a 25 en 2020, lo cual representará una inversión estimada de US$92 millones. En cuanto a las ONG esperaban que la inversión que harían en 2011 alcanzara unos US$180 millones.

El inicio de labores de las ONG tiene otro obstáculo: la

crisis económica europea y sus implicaciones en el presupuesto de cooperación internacional.

No sólo las tres ONG que realizarían el desminado reciben donaciones de gobiernos europeos, sino también otras que realizan trabajos en educación del riesgo. Para Richard Hartill de MAG (una de las tres ONG que salieron temporalmente del país por el fallo inicial de la Procuraduría) los recursos del gobierno belga en 2012 se fueron para otros países. MAG (Mines Advisory Group) y DDG (Danish Demining Group), fueron las dos ONG que salieron del país tres meses después del concepto del primer concepto Procuraduría. Se quedó la ONG inglesa Halo Trust, cuyos fondos de emergencia le permiten seguir en el país.

El desminado realizado por civiles es una práctica común en otros países afectados como Afganistán, Camboya, y buena parte de los estados del África Subsahariana. Sin embargo, la resistencia en Colombia se explica con esta frase del primer concepto de la Procuraduría: “las eventuales víctimas ajenas al conflicto deben ser indemnizadas”. Esta preocupación es controvertida en un concepto jurídico de Manuel José Cepeda, que recomienda que “las organizaciones demuestren, por ejemplo mediante los contratos laborales, que las personas que participarán en el desminado

han consentido a hacerlo de manera libre e informada”.

Antes del concepto de la Procuraduría, se suponía que se había consolidado la normatividad que iba a permitir la participación de civiles en el desminado humanitario, con el decreto 3750 de 2011, que cumple con el mandato del Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010.

La seguridad de los desminadores según las ONG está garantizada por los procedimientos estandarizados y la capacitación que recibirían. La preocupación es que lo hagan campesinos que corran los mismos riesgos de los erradicadores de coca y terminen ellos mismos siendo víctimas. El Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (Gicdh, por sus siglas en inglés) realizó un estudio en 2004 sobre el riesgo del desminado en Camboya, donde trabajan Halo y MAG, dado que las últimas cifras se remontan a 1998 en Afganistán (antes de la intervención de 2001). En el caso del estudio de 1998, la probabilidad de accidente era más baja para el personal de

foto: ingenierosmilitaresdecolombia.wordpress.com

desminado que para los trabajadores de construcción. El Gicdh sugiere la necesidad de herramientas mecánicas para desminar, para disminuir los riesgos y hacer más eficiente el proceso.

Las ONG tienen la experiencia de haber trabajado en países en conflicto como Angola, Sri Lanka y Afganistán. Pero generan suspicacias en los sectores que están en contra del desminado por parte de civiles, por haber firmado memorandos de entendimiento con el Programa para la Acción Integral contra las Minas Antipersona (Paimac), una institución que depende de la Vicepresidencia de la República, antes de la aparición de la ley 1421 en 2010 que daba el impulso inicial al desminado por parte de civiles. Además suele haber una puerta giratoria entre funcionarios de dichas ONG y el gobierno nacional. Sin embargo, el problema es tan grave que su participación se vuelve determinante como complemento de la labor gubernamental para lograr desminar el país aún en medio del conflicto.

Óscar Alberto Díaz García/Diario del Otún/12 de marzo de 2015/http://www. eldiario.com.co/seccion/opinion/colombia-quiere-paz-sin impunidad1503.html#. vqgehyuex1g.gmail

Colombia quiere paz... sin impunidad esas costumbres por cambiar es la indiferencia que permite un desastre: entregar la patria.

No la entregaremos; vamos a luchar por ella.

Invocar el derecho a la vida y a la paz, como bienes superiores y funciones esenciales del estado, para justificar actos y hechos ilegales, es una enorme contradicción. Es evidente que dos más dos son cuatro, que Dios existe, que la vida es sagrada, y que la paz es un derecho superior. Pero es obvio que la verdadera paz proviene de la justicia y el equilibrio social.

Cuando un grupo minoritario de la sociedad siembra el terror, asesina, secuestra, daña la infraestructura eléctrica, la del petróleo y sus oleoductos, lanza bombas a diestra y siniestra, embosca cobardemente patrullas militares, asesina civiles y

policías, y de contera hace narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y de remate dice que no entrega las armas, que solo hace dejación y se niega a reconocer sus crímenes, disque para garantizar su supervivencia, así haya dejado de disparar sus fusiles durante un trimestre o dos, ese grupo minoritario no puede decir que está haciendo un cese unilateral del fuego. Sus armas siguen vigentes, al hombro de cada bandido, amenazantes, coercitivas; efectivas en sus propósitos y en sus resultados.

Para que las Farc sean medianamente creíbles, no basta con que hagan dejación de las armas; tampoco bastaría con el show estilo M19, que hace veinticinco años entrego mil fusiles y escopetas viejas, y le heredó al ELN y a las Farc las que si servían.

foto: ejercito.mil.co

La justicia es elemento esencial para la paz; justicia es decir no a la impunidad. Estamos viendo como a escala nacional, se está conformando un movimiento ciudadano denominado Colombia quiere, que busca reivindicar derechos conculcados por el actual gobierno, y su manera ambigua de resolver la democracia. Justicia sin impunidad, no más terrorismo, no al cese bilateral del fuego, no a la figura de la dejación de las armas cuando lo correcto sería su entrega, y paz sin impunidad, son las propuestas que orientaron la marcha nacional del sábado 14 de marzo. El movimiento ciudadano del cual hago una síntesis, promueve ideas entre la sociedad civil para motivar los cambios de las costumbres que impiden el desarrollo de la comunidad, de la nación. Una de

El cese bilateral del fuego es una estupidez, si se lleva a cabo antes de que las Farc hagan entrega total de sus armas. Al decir del Presidente Santos, ninguna guerrilla del mundo entregaría sus armas para ir a pagar cárcel. Y se queda impávido; ¿su aseveración no amerita nada? ¿Ninguna protesta? Pues sí. Precisamente el Movimiento

Ciudadano Colombia Quiere, le está gritando al gobierno: queremos paz, sin impunidad. A Santos le increpo con una frase: Ningún ejército del mundo estaría dispuesto a renunciar a su función constitucional, cometiendo un acto antijurídico al dejar sus armas, para ir a parar a la cárcel por no cumplir con su deber.

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Andrés Bermúdez Liévano/lasillavacía.com/12 de diciembre de 2014/http:// lasillavacia.com/historia/asi-las-farc-muestren-sus-minas-no-hay-comosacarlas-49283

Así las Farc muestren sus minas, no hay cómo sacarlas En momentos en que en La Habana se comienza a discutir cómo desescalar el conflicto y que uno de los puntos centrales serán las minas antipersonal, por más que las Farc se comprometan a dejar de sembrarlas y a revelar dónde están, el Gobierno está en pañales para enfrentarse al que será -si se firma un Acuerdo final- uno de los grandes retos del posconflicto.

Prueba de la desidia en la que ha caído durante el gobierno Santos la lucha contra las minas antipersonal y las municiones sin explotar, que tienen a Colombia como el tercer país con más víctimas en el mundo, es que el puesto del que la lidera lleva seis meses vacante. O llevaba, ya que la próxima semana lo asumirá el general retirado Rafael Colón.

Cuando Colón llegue a la Dirección de Acción Integral contra las Minas (Daicma) -una de las patas del futuro ‘Ministerio del posconflicto’ que liderará el general Óscar Naranjo- se encontrará una entidad completamente descuadernada, sobre todo dada la falta de interés que el tema tuvo bajo el vicepresidente Angelino Garzón.

De hecho su último director Daniel Ávila era tan cercano a Angelino -tras haber sido su mano derecha en la embajada ante la ONU en Ginebra- que aun siendo director de Minas acompañaba con frecuencia -según le contaron a La Silla cuatro personas- al vice para servirle de traductor. Ávila, quien es diplomático de carrera, se fue en julio como ministro consejero a la embajada en Washington y desde entonces el puesto ha estado en encargo.

La Silla supo que Colón estuvo el miércoles presentándose a su equipo y que su mensaje principal fue que la lucha antiminas es prioritaria para el proceso de paz, en línea con los mensajes de los negociadores Naranjo, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Este brigadier general de la Armada es un militar progresista, conocido por haber sido uno de los primeros que se enfrentó a los paramilitares dentro del Ejército y quien llega con el reconocimiento de su trabajo de Consolidación en los Montes de María. Además dirigió el Programa de Cultivos Ilícitos del gobierno, en donde le tocó lidiar con el tema de desminado para los erradicadores de coca.

Estos son los nueve chicha-

rrones que el general Colón encontrará en minas:

Colombia aún no sabe cuántas minas tiene ni dónde están Colombia se comprometió a liberar de minas todo su territorio antes de 2021, pero no sabemos cuál es la situación real porque nunca se ha medido. “Todas son especulaciones, sin una base científica”, dice una persona que trabaja en prevención.

Técnicamente Colombia no es uno de los países con mayor número, ya que -a diferencia de Afganistán o Mozambique- no son millones de minas aunque sí miles desperdigadas por unos 700 municipios. Con 11.777 víctimas oficialmente reconocidas por la Unidad de Víctimas, es uno de los países más afectados.

Para llenar ese vacío se acordó crear una línea base que permita gradualmente identificar las zonas con precisión, para luego diseñar una estrategia con metas fijas y presentársela a los potenciales donantes internacionales. La idea era llevar esa propuesta de mapeo de minas a la tercera conferencia de revisión de la Convención de Ottawa en Maputo (Mozambique) en junio, aunque al final el Daicma -que pasó de ser Programa (Paicma) a dirección- terminó sacándola de su plan de acción.

“Hay que saber la dimensión del problema, porque mientras tanto todo son golpes a ciegas”, dice otra persona del sector.

No ha crecido el número de desminadores En 2010 Colombia pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa y firmó dos compromisos: incrementar la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército -que no da abasto hoy- y vincular a organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desminado. Cuatro años después, no ha cumplido ninguna de las dos promesas y, como dice un experto en minas, “sale en los acuerdos de La Habana, pero nadie mira si hay desminadores”.

El batallón militar de desminado, que debería crecer en dos pelotones cada año, hasta ahora solo ha sumado tres en cuatro años por falta de recursos.

Aunque ha mejorado en calidad y ha aumentado su efectividad, dos personas que conocen el sector dicen que su ritmo es aún demasiado lento y que las ONG de desminado son más rápidas.

Defensa le dijo a La Silla que una de las principales razones para no haber logrado ese ritmo de crecimiento del Batallón es que les ha tocado también brindarles protección a los funcionarios de la Unidad de Restitución que hacen trabajo de campo identificando predios. Y aclaró que también están desminando en lugares puntuales donde las comunidades identifican minas, así no estén en los municipios priorizados.

El problema es que la entrada al país de esas ONG internacionales va aún más cruda, debido a que el proceso de acreditación se está demorando dos años y a que ha encontrado mucha resistencia entre los militares (muchos de los cuales incluso no ven con buenos ojos que el Ejército desmine).

A la británica Halo Trust, la mayor en desminado en el mundo y con una larga experiencia en Afganistán y Camboya, le tomó dos años surtir el proceso y ya está trabajando en un par de municipios del Oriente antioqueño. Ya tienen 150 personas, casi todos colombianos (algo importante ya que una de las reticencias entre los militares es que sean extranjeros los que asuman el desminado).

Las otras están lejos de arrancar. La Fundación Suiza para el Desminado (FSD) -que trabaja en siete países- superó hace un año las primeras dos fases pero pidió un plazo de un año para la fase de evaluación en terreno, que requiere reclutar desminadores, entrenarlos y comprar equipos, por falta de plata. Ayuda Popular Noruega (NPA) -que está en 18 países- está preparando los papeles, mientras que la francesa Handicap International está pensando arrancar. El Grupo de Desminado Danés (DDG) que manifestó interés en 2012 no ha empezado.

Otras dos, la multinacional de seguridad G4S y el consorcio Indra-atex (entre la española Indra y la Asociación de Técnicos en Explosivos colombiana), fueron desestimadas tras año y medio de proceso. Y la inglesa Mines Advisory Group (MAG) estuvo un par de años en el país pero se fue ante los retrasos.

Encima de eso, el proceso estuvo frenado durante un año, después de un informe de la Procuraduría a finales de 2011 que argumentaba que traer a civiles a desminar violaba los derechos humanos. Al Gobierno le tomó seis meses persuadir a

Alejandro Ordóñez que, por el contrario, no desminar aumenta el nivel de riesgo de la población y que solo en Afganistán hay 8 mil civiles haciéndolo.

Por eso el reto para Colón será agilizar los trámites, que en otros países demoran unos meses, para que los civiles puedan desminar.

No se mapean minas si no se puede desminar Que no tengamos una foto exacta de las minas en Colombia es, en parte, el resultado de una idea que hizo carrera en el Gobierno en los últimos dos años.

El proceso de desminado comprende dos etapas: primero se hacen una serie de estudios llamados ‘no técnicos’, que permiten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas. Tras esa etapa de diagnóstico, vienen el despeje y la destrucción de las minas.

Normalmente ambas tareas se hacen a distintos ritmos (ya que el despeje es más demorado), pero desde que arrancó el gobierno Santos I no se puede hacer uno sin el otro inmediatamente después.

El argumento del Ministerio de Defensa -donde el desminado está a cargo del vice Jorge Bedoya- y también de Ávila es que no se deben hacer estudios técnicos si no hay plata para desminar, porque -si le llega a suceder algo a alguien- el Estado podría ser penalmente responsable. Esa idea, que en derecho se llama ‘quedar en posición de garante’, viene de una sentencia del Consejo de Estado en 2012 que condenó a las Fuerzas Militares por la muerte de un soldado que pisó una mina sembrada por el propio Ejército frente a una base.

No hacer más estudios ha impedido que en muchas regiones se puedan encontrar y señalizar las zonas sospechosas y, por lo tanto, educar a las comunidades que viven allí sobre los riesgos.

Eso es un retroceso porque ubicar las minas ya es un gran paso, que no se puede dar por lo que uno describe como la filosofía del “es mejor no saber para no ser responsable”. (Una discusión similar también se dio en el primer gobierno de Álvaro Uribe, cuando el Paicma sostenía que señalizar las minas ya le podría acarrear responsabilidad al Estado).

“El desminado es en realidad un problema de información. Si uno sabe, no va y se le para encima [a la mina]. El estudio no

le dice en qué lugar exacto, pero sí que en estos 10 mil metros cuadrados no te pares. Solo saber que en esos 10 mil metros es una ganancia. Lo importante es que esas comunidades estén informadas de dónde está el riesgo”, dice una persona que conoce el sector. Y que también cuestiona la interpretación jurídica de esa sentencia, argumentando que la condena al Estado es por no hacer nada y que prevenir ya es actuar.

Bajo esa lógica, hay todavía 300 mil metros cuadrados de minas, identificados desde hace varios años, que siguen esperando el desminado.

No hay plata para las minas El desminado también va lento porque no hay plata internacional para hacerlo, en parte porque -como ha contado La Silla- la cooperación que recibe Colombia se ha venido reduciendo a raíz de la crisis financiera en los países donantes y a nuestro nuevo estatus como país de renta medio alta.

Pero también por esa falta de una estrategia clara a mediano y largo plazo, que hace que los países no vean incentivos para donar y escojan otros temas del posconflicto que pueden garantizar más resultados, como la restitución de tierras en el caso de los gringos o las víctimas mujeres en el de los suecos.

Eso dificulta la entrada de nuevas ONG de desminado, ya que la sola fase de evaluación de terreno -donde entrenan y arman su primer equipo- cuesta aproximadamente 500 mil dólares, que inicialmente esperaban recibir de la cooperación y que ahora deben poner de su bolsillo. Como el Gobierno solo les asigna un par de municipios a la vez y solo tras estar acreditados, es muy difícil que puedan pedir plata. Las excepciones son Halo Trust (que tiene su propio capital) y la Ayuda Popular Noruega, que tiene la ventaja de que -al ser uno de los dos garantes del proceso de paz en La Habana- su gobierno está interesado.

Esa falta de recursos es otra de las razones por las que muchos sectores militares son reticentes al desminado hecho por civiles, aunque en realidad no compiten por plata. Esto porque los países que tienden a donar a ONG desminadoras -como Suiza, Noruega o el Reino Unido- son distintos a los que, como Estados Unidos o Canadá, apoyan a las Fuerzas Armadas.

De todos modos, la entrada de los civiles sí ayudaría a bajar algunos costos, ya que esas ONG suelen comprar sus equipos fuera del país a un precio de costo mientras que los militares lo hacen acá a un costo dos o tres veces mayor (ya que >> SIGUE MINAS pág. 5

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María Clara Ospina/El Colombiano/18 de marzo de 2015/http://www. elcolombiano.com/opinion/columnistas/oir-a-los-expertos-HK151858

Oír a los expertos

Por estos días han visitado a Bogotá toda clase de personalidades internacionales que han venido a tomarle el pulso

<< VIENE MINAS pág. 4 son importados). Es así como un detector de metales sencillo cuesta acá 15 millones de pesos, pero la mitad afuera. Con un radar de penetración el costo es tres o cuatro veces eso.

Se está desminando donde menos se necesita En este momento el Daicma tiene una lista con 72 municipios prioritarios para desminar, que paradójicamente no reflejan la foto real del impacto por minas en el país.

Eso sucede porque la mayoría no está entre los más afectados. Muchos, como El Cocuy (Boyacá), no tienen reportes desde los tempranos años noventa y en algunos casos ni siquiera de incidentes, sino de incautaciones de minas artesanales a personas. No están zonas cruciales como el Catatumbo, Caquetá, el Bajo Cauca antioqueño o Putumayo. Como dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, “están poniendo el remedio donde no está el dolor”.

El criterio para escogerlos de primero es que son municipios seguros y sin presencia de guerrillas o paras. O “verdes” según el semáforo de Defensa que determina dónde se puede proceder y que termina dejando por fuera casi todo el país, cuya situación de orden público es “roja” o “amarilla”.

Halo Trust, por ejemplo, está trabajando en los municipios antioqueños de San Rafael, Nariño y Carmen de Viboral, todos con números bajos. En La Unión terminó tras un mes, sin encontrar nada. Y aunque es importante liberar todo el terri-

a las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc. Han llegado a ver y oír de primera mano cómo avanza el proce-

torio, como prometió Colombia, muchas personas proponen que se mezclen esos municipios de menor riesgo con otros seguros pero muy afectados. Eso incentivaría más a las ONG, que necesitan mostrar resultados a sus donantes y que hoy solo pueden escoger de una veintena que le propuso el antiguo Paicma.

“El desminado tiene que dejar de ser visto como un problema de seguridad nacional y más bien como un tema humanitario”, dice Álvaro Jiménez de la Campaña Colombiana contra Minas, la mayor ONG de prevención y monitoreo del país.

“Santos va a tener que decidir si quiere una paz militarizada donde no pierdan espacio los militares o una donde se enfrenten los problemas de fondo de la mejor manera”.

Pero para involucrar más a los civiles Colón tendrá que vencer las reticencias de los militares, que son al final -con su visto bueno obligatorio- quienes tienen la última palabra sobre dónde se desmina y quiénes pueden hacerlo.

No se pueden escoger zonas, sino municipios enteros El mapa de los 72 municipios tiene otro problema: obliga a desminar todo el área municipal para poder declararla libre de minas, sin permitir escoger aquellas zonas donde se sabe que está el problema. De ahí que hoy solo haya cuatro libres de minas en todo el país.

Esa es otra de las mayores peleas en el sector, con muchos expertos recomendando que se pueda seleccionar -o ‘microfocalizar’- ciertas veredas estratégicas para trabajar, como lo

so y a ofrecer su ayuda y sus conocimientos para lograr que dichas negociaciones lleguen a buen término, que haya una verdadera reconciliación y la paz que se firme sean duradera, respetuosa de los derechos humanos y aceptable para los tribunales internacionales.

Creo que es sensato oírlos y tener en cuenta sus experiencias y consejos. Sería realmente absurdo desperdiciarlos.

Teniendo en cuenta su profundo conocimiento con lo ocurrido en otras negociaciones, como las de Sierra Leona y Timor, el Premio Nobel de la Paz y exsecretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, luego de participar en Bogotá en un foro organizado por la revista Semana, se entrevistó con los negociadores del gobierno y las Farc, en La Habana y advirtió: “un acuerdo de paz debe contemplar justicia para los crímenes cometidos en el conflicto armado, de lo contrario puede intervenir la Corte

hace la Unidad de Restitución también con el aval obligatorio de seguridad de Defensa. Y como se desmina en la mayoría de países, donde se habla de predios y tareas.

Si se combina la estrategia de hacer estudios no técnicos, se podría liberar territorios más rápido y a un menor costo. El caso de San Francisco lo muestra: tras seis años desminando, este municipio antioqueño está cerca de ser declarado libre.

Allí hubo 16 veredas sin ningún impacto, que hubiesen podido ser liberadas desde 2008 con estudios y sin llevar todo un pelotón.

Porque, a este ritmo, liberar 700 antes de 2021 -con o sin proceso de paz- pinta muy difícil.

Los técnicos se fueron en desbandada Durante todo el gobierno Santos I -pero sobre todo durante el último año y medio- el Paicma fue perdiendo a la camada de técnicos expertos en temas de minas, muchos de los cuales habían incluso tenido capacitaciones en Camboya. La mayoría se fueron por no compartir las decisiones de Ávila y muchos dejaron del todo los temas de minas.

Solamente entre octubre y noviembre del año pasado, renunciaron las tres personas que lideraban los tres temas centrales en minas y que seguían a Ávila en jerarquía: el coordinador de desminado Pablo Parra, el director de los programas de prevención César Laverde y la encargada de las víctimas de minas Diana Sorzano.

A ellos se les suman todos

Penal Internacional”.

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, también premio Nobel y quien fuera el mayor artífice de las negociaciones de paz en Centro América, en su reciente visita a la capital colombiana fue muy directo y conciso en afirmar que para llegar a la paz: “las Farc deben entregar las armas”. Por su parte, Shirini Ebadi y Jody Williams, ganadoras del Nobel por su activismo en la lucha contra las minas antipersonal y por promover la reconciliación de los pueblos y los derechos de las mujeres, advirtieron que es necesario que las Farc reconozcan su responsabilidad en crímenes de violencia sexual para que los diálogos en La Habana se fortalezcan.

En televisión oímos la entrevista de Yamid Amat al general salvadoreño Mauricio Ernesto Vargas, quien luego de haber sido comandante del ejército durante la guerra en El Salvador, participó en las negociaciones de paz con el Frente Farabundo Marti y en el seguimiento del posconflicto. El general certeramente aconsejó: “Si hay paz,

Colombia no puede reducir sus fuerzas armadas”. Según Vargas, el ejército del posconflicto deberá aumentar su tamaño para poder controlar las zonas que serán despejadas por la guerrilla y poder tener una función pacificadora y reconstructora en ellas.

Vale la pena también destacar el discurso del senador Navarro Wolf, al celebrar los 25 años de la firma de la Paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero M19, en el cual él militó. Wolf recomendó a las Farc, entre otras cosas, tratar de ganarse a la opinión pública con actos y palabras de buena fe. Cada uno de estos personajes nos ha dado valiosos consejos. Cada uno desea aportar su grano de arena. Sus recomendaciones se basan en la experiencia invaluable que tienen sobre negociaciones de paz, reconocimiento de culpas, justicia para criminales en este tipo de conflicto, reconciliación y posconflicto. Oigámoslos. Ojalá las Farc lo hagan y tengan la inteligencia de comprender la importancia de sus consejos.

La restitución de tierras sigue coja por las minas La restitución de tierras, una de las banderas de Santos, encontró en las minas un enemigo tan poderoso como los despojadores.

Esto porque -como contó La Silla- un número muy alto de solicitudes de restitución está paralizado por estar en zonas con presencia comprobada o sospechada de minas, que ponen en jaque el regreso de las víctimas, la seguridad de los funcionarios de la Unidad de Restitución y el desarrollo económico de esas zonas. De hecho, dada la precariedad de los datos de minas, han descubierto nuevas áreas sospechosas en sus visitas de campo.

La Unidad que dirige Ricardo Sabogal no ha podido avanzar -pese a que la seguridad ya lo permite- en el Catatumbo, el sur del Tolima y el sur del Meta, todas zonas con altos índices de despojo y presencia histórica de las Farc y el Eln, los dos grupos que han usado las minas como armas estratégicas de guerra.

En otras como Putumayo o Cauca ni la restitución ni el desminado han avanzado por el conflicto.

No hay información pública sobre minas Aunque la información sobre dónde están las minas es bastante precaria, sigue siendo el único indicio oficial que tienen muchas veces las comunidades locales en áreas minadas. Por eso muchos en el sector cuestionan la decisión que tomó hace un año y medio el Paicma de retirar de su página web la base de datos donde organizaciones de víctimas de minas, alcaldías o líderes de resguardos y consejos comunitarios podían consultar con facilidad en qué fechas y lugares se habían registrado accidentes con minas o municiones.

Hoy en día lo único que aparece en la página del Paicma son gráficas que indican el número de incidentes en cada municipio por año, sin que sea posible filtrarlas por fecha o -más importante aún para las comunidades- saber en qué vereda ocurrió.

Con el argumento de que es información de seguridad nacional, esa información ya no está en línea y cualquier persona que quiera consultarla -incluidas las ONG de prevención o las organizaciones de víctimas de minas- tiene que pasar un proceso de acreditación.

los técnicos que se fueron en los dos años anteriores: Ana María Díaz, Verónica Ríos y Angélica Serrato en víctimas, Kathy Paton y María Angélica Jaramillo en desminado, María Elisa Pinto en prevención y María Andrea Leyva, quien estructuró el proyecto de cooperación de la Unión Europea que ha sostenido todo el programa.

Es decir, Colón tendrá que llegar a armar equipo técnico.

En lugares como el Oriente antioqueño, el Paicma y Restitución han priorizado el desminado de zonas que pasarían luego a restitución, aunque todavía hay mucha falta de coordinación entre todas las entidades del Estado involucradas. De todos modos, quien decide si se puede restituir -igual que desminar- sigue siendo el Ejército.

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Anexo abril 2015

Cristina de la Torre/El Espectador/10 de marzo de 2015/http://www.elespectador. com/opinion/dos-farc-dos-momentos-de-colombia-columna-548414

Dos Farc, dos momentos de Colombia No han pasado las Farc incólumes por nuestra historia: el tránsito de la dictablanda del Frente Nacional al narcotráfico trastornó también el ADN de esa guerrilla.

Es que en el nuevo escenario aparecieron nuevas razones del conflicto, nuevos actores, nuevos móviles en sus protagonistas. Y hoy cobra todo su vigor la discusión sobre las causas de la guerra. Identificarlas es caminar hacia la paz, pues implica señalar las transformaciones que ésta impone. Ya remitan ellas a los años 60 y 70, ya a las tres últimas décadas.

Dos interpretaciones descuellan en el informe de los historiadores a la mesa de La Habana. Una sitúa el origen de la contienda en la cerrazón del Frente Nacional que, temiendo a la democracia, habría empujado a muchos a empuñar las armas, en medio de la Guerra Fría que enfrentaba a capitalismo y comunismo. Otra no cree que el

conflicto obedeciera al choque de concepciones de sociedad sino al duelo de élites regionales y paramilitares contra guerrilleros, por hacerse con los recursos de poder en la periferia del país. Con cooptación a la brava de la gente por narcotraficantes y por guerrillas a la vez, en este frenesí de crimen y violencia fue la población civil la que puso casi todos los muertos. Por otra parte, han desenfundado las Farc su argumento fundacional para justificar el alzamiento armado: el legítimo derecho de rebelión contra el tirano; contra un Estado terrorista, dicen, al servicio de la oligarquía y del imperialismo norteamericano.

Pero, ya lo decíamos, las Farc de hoy no son las de ayer. Ni las circunstancias son las mismas.

Ni podrá entonces su discurso ser unívoco. La Colombia del Frente Nacional que vio nacer a las Farc en 1964 no podía asimilarse a dictaduras latinoameri-

canas que bien merecían aquel señalamiento. Aunque el grupo guerrillero —y otros más— sí era denuncia viviente de un régimen que excluía de la política legal a fuerzas distintas de las tradicionales; que abusaba del estado de excepción para cercenar libertades y criminalizar al movimiento popular, que preservaba la injusticia esencial del modelo social y económico.

Pero estaba lejos de ejercer terrorismo de Estado. Tampoco representaban las Farc vanguardia alguna de levantamiento popular, por más que la pepa de su programa fuera la lucha centenaria por la tierra. Otras son las Farc que desde los años 80 se reinventaron al calor del narcotráfico, se entregaron a la guerra sucia y, en su disputa con ‘narcos’ y ‘paras’ por el poder regional, violentaron a los civiles inermes. Así, en su segunda etapa, pareció el ideal político del grupo armado desaparecer

tras la nube negra del crimen, para disiparse sólo ahora con su disposición a la paz y sus acuerdos de reforma.

El Frente Nacional no fue un bloque homogéneo. Mucho dice que un reformador como Carlos Lleras se midiera con la caverna, precisamente en aquellos tiempos. Así resultara su propuesta agraria derrotada por la misma derecha ventajosa y violenta que abatió en su hora la de López Pumarejo. La misma que vocifera hoy contra la paz porque ella dizque amenaza su ubérrima -¿robada?- propiedad privada. Lecciones deja Lleras

que bien podrían retomarse con beneficio de inventario. Y no sólo en materia agraria, también en perspectiva de industrialización como estrategia orientada desde el Estado.

El elemento que da solución de continuidad a los dos estadios descritos es el anhelo de una reforma rural. Está pactada.

También lo está la apertura de la democracia a todas las tendencias políticas, tan tacaña que lo fuera en el FN. Y el compromiso de las Farc de renunciar al narcotráfico, combustible del horror en estos 30 años. Nunca hubo tantas razones para la esperanza.

Sorpresas que da la vida El destape de Plinio Autor: Plinio Apuleyo Mendoza Publicado en: El Tiempo Fecha: 9 de abril de 2015 http://www.eltiempo.com/opinion/ columnistas/sorpresas-que-da-la-vidaplinio-apuleyo-mendoza-columnista-el-tiempo/15544361

Nunca llegué a imaginar que mi pasada columna desatara las iras del presidente Santos. Solo me proponía con ella mostrar algunas de las exigencias que en La Habana están formulando las Farc. No son un secreto, pues sus comandantes las lanzan a los cuatro vientos ante cámaras de televisión y redes sociales. Dos de ellas parecen tener luz verde: la desactivación de las armas, pero no su entrega, y el no pago de cárcel para las Farc. De hecho, el propio fiscal Montealegre acepta este punto como algo propio de una justicia transicional. No sabemos lo que va a pasar con las restantes exigencias.

Ahora bien, el ‘vaciadón’ que me pegó el presidente Santos, según palabras de Poncho Rentería, tiene dos explicaciones. Por una parte, nuestro Primer Mandatario no parece perdonarle hoy a un columnista expresar dudas e inquietudes sobre el proceso de paz.

Las califica de ‘panfletos’. Por otra, de manera equivocada, da por sentado que uno lo está acusando de aceptar exigencias de las Farc, tales como la reducción del Ejército. Pero no es así. Justamente, las he llamado callejones sin salida porque resulta difícil que el Gobierno las acepte.

Enardecido por lo que debió interpretar como una embestida contra su proceso de paz,

además de las dudas que me permití expresar en torno a la ausencia en La Habana del general Mora, el Presidente llegó al extremo de asegurar ante las cámaras que yo había dejado de ser partidario suyo porque me canceló un contrato. Supongo que esto suele ocurrir en el mundo político, donde él se mueve, cuando a un partidario suyo le quita de pronto la ‘mermelada’. Por fortuna, como soy completamente ajeno a tales prácticas, ese no es mi caso.

Sí, es cierto, fui un entusiasta partidario suyo. Voté por él. Lo veía como el mejor sucesor de Uribe y el más fiel continuador de su política de seguridad democrática. Pero, como todos hemos visto, no fue así. Su inesperado viraje se hizo visible cuando le tendió la mano a Chávez. Más tarde, sus promesas incumplidas, el reparto de prebendas y otros giros similares de su gobierno me movieron a expresar críticas en mi columna. En suma, no dejé de ser santista por la cancelación de un contrato, sino por una decepción compartida con millones de colombianos.

A propósito, ¿cómo y por qué surgió tal contrato? Vale la pena que se sepa. Lo convinimos con el expresidente Uribe cuando renuncié a la embajada en Portugal. Allí, empeñado en combatir los infundios que cier-

tas ONG en Europa difundían en los medios de comunicación, logré hacer un minucioso registro de los periodistas europeos que cubrían la información internacional para divulgar entre ellos reportes y publicaciones en español, inglés, francés, alemán e italiano sobre lo que realmente estaba sucediendo en Colombia. El Presidente decidió entonces que prosiguiera esta tarea, ya de manera independiente. Y así lo hice.

Logré interesar a una productora española para que realizáramos un documental sobre el terrorismo que padecía Colombia por culpa de las Farc.

Recuerdo que varias veces visité a Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, para obtener videos e informes incautados a la guerrilla, así como pruebas de sus acciones terroristas que me había propuesto difundir en Europa.

No me extrañó entonces que Santos, recién elegido, me diera su aprobación para que estas operaciones informativas prosiguieran en su gobierno.

De ahí que no entendiera por qué el Presidente lo calificara como contrato indebido. Esta colérica reacción suya contrasta con la de Humberto de la Calle, cuando decidió responder en este mismo diario a mis inquietudes confesando que le daba gusto debatir con altura distintas posiciones frente al proceso de paz. El presidente Santos, en cambio, prefirió sustituir esta opción por la de un feroz látigo verbal.

Realmente no me lo esperaba.

Sorpresas que da la vida.

Autor: William Calderón Zuluaga Publicado en: noticiassuper.com Fecha: 14 de abril de 2015 http://www.noticiassuper.com/entretenimiento/el-destape-de-plinio.html

El Tiempo del 9 de abril prendió las alarmas con el despliegue de página dado a Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los más contumaces críticos de la administración del camarada ‘Juampa’.

El escritor y periodista, que no tiene pelos en la lengua y llama pan al pan y vino al vino, dijo que Santos y las Farc estaban de la mano, pretendiendo imponer para Colombia un nuevo modelo político, económico y social: ¿”Quién iba imaginar que todas estas ilusiones se desvanecerían y que hoy en día el viejo mito que había naufragado en Europa aparecería en nuestro continente con un ropaje nuevo: el llamado Socialismo del Siglo XXI”.

Así profundiza Plinio “El neo comunismo se impuso con apoyo de Cuba en Venezuela y se extendió a países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Intentó imponerse en México y Perú; ha influido sin duda perniciosamente en Argentina, coquetea en Uruguay y comienza a tener una preocupante proyección en Colombia por lo que pueden significar las aspiraciones que albergan las Farc cuando se conviertan en partido político”.

(Texto tomado de El Tiempo del jueves 9 de abril de 2015, página 17). Mejor dicho, ‘Juampa’ --fiel a la memoria del padre Camilo Torres Restrepo su mentor espiritual y político-- lleva a Colombia al Comunismo.

El destape II (el de los patriarcas)

En esa misma edición del diario de la Avenida El Dorado apareció la extensa carta de los hijos de los ex presidentes Laureano Gómez, Mariano Ospina y Guillermo León Valencia, documento del que se ocupó el columnista Antonio Caballero en la última entrega de la Revista Semana, que dirige el sobrino del presidente ‘Juampa’, Alejandro Santos. Según Caballero Escobar, llaman ladrones a Santos y sus secuaces, además de innobles, ineptos, corruptos, tramposos, asaltantes con las manos viciadas hendidas en un pantano de impura mediocridad, de viscosa podredumbre. Los acusan de “faruates”, lo cual según el propio don Antonio suena tremendo.

El destape III (el de Vallejo) El escritor Fernando Vallejo, en la semana cultural por la paz de Colombia, fue el más ácido crítico de la voltereta ideológica del presidente ‘Juampa’. Ante un auditorio conformado en su mayoría por amigos del alcalde Gustavo Petro, el nuevo mejor amigo de Santos, Vallejo sacó una especie de escopeta de regadera verbal y con Alfredo Molano a su lado, no ahorró epítetos para descalificar a Santos y a sus camaradas, los de las Farc. Lo más particular del caso es que sea la Revista Semana la que en su versión digital dé a conocer el documento y lo acompañe con un video que desde La Barca les recomendamos.

Edición 548

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Eduardo Mackenzie/www.periodismosinfronteras/30 de marzo de 2015/http:// www.periodismosinfronteras.org/ivan-marquez-ante-su-propia-impotencia.html

Iván Márquez ante su propia impotencia Las Farc no están dispuestas a hacer la paz. No lo han estado nunca. Ellas dicen eso una y otra vez, en su estilo peculiar: de manera brutal o de manera sinuosa, según sea su interlocutor, según sea el momento político.

Lo dicen pero no les creemos, o no comprendemos. Entonces ellas vuelven a decirlo. Y nosotros volvemos a interpretar las cosas al revés y validamos de nuevo cada paso hacia el desmonte del Estado, y a favor de la narco-guerrilla. Ese es el proceso aberrante que vivimos desde hace cuatro años. Eso es lo que la propaganda de Santos llama proceso de paz.

Lo que ‘Iván Márquez’ dijo hace unos días en La Habana a un periodista argentino (1) es, de nuevo, lo mismo: que las Farc no están allá para negociar la paz. Carlos Aznares le preguntó si “las Farc de hoy” luchan “por la toma del poder y por la construcción del socialismo” como en los tiempos de ‘Tirofijo’. La respuesta de Márquez fue muy reveladora: “Si, estamos tratando de avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando esa lucha en condiciones mejores, pero nuestro propósito es el socialismo. De eso no debe caber ni la menor duda. Porque sabemos que ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, una paz estable y duradera y nos va a dar soberanía y dignidad.

Porque el socialismo es humanidad”.

‘Iván Márquez’ al decir eso piensa quizá en Cuba y en la difunda URSS y sus respectivos socialismos humanistas.

Pues está convencido de que la

abolición de las libertades es el proyecto más humanitario que haya conocido el universo. Eso cree él. Pero no las mayorías de Colombia.

En seguida, ‘Márquez’ barrió de un manotazo todo lo que el gobierno de Santos ha impulsado en esos diálogos tratando de dar la impresión de que en Cuba las dos partes están en un pulso tremendo para llegar a un acuerdo. Oigamos de nuevo a ‘Iván Márquez’: “Nosotros desconocemos plenamente el marco jurídico [para la paz] y la justicia transicional que el gobierno colombiano ha tratado de sacar adelante ante las cortes y ante el mismo Congreso de la República. Nosotros decimos que se está violando de esta manera el acuerdo general de La Habana que ha colocado a las dos partes en el mismo plano de igualdad”.

Después, ‘Iván Márquez’ sacó el refrito amenazante de que en Colombia todos somos culpables, salvo las Farc, y que por eso todos, desde los presidentes en vida, hasta los “actores responsables no armados”, deben ir a la cárcel, antes de que se firme la paz. Antes, claro, de que un solo guerrillero de las Farc ponga un pié en ese mismo lugar. Lo dice así: “Ahora nos dicen que es imposible en estos tiempos evadir, digamos, la Corte Penal Internacional. La presentan como un superpoder que lo arropa todo en el mundo.

Pero es que la CPI no conoce el conflicto colombiano, no sabe qué es Latinoamérica, qué somos los latinoamericanos. A los militares que están frente a nosotros, el General Mora y el General Naranjo, le hemos di-

cho con relación a este asunto que para las Farc este tema de los máximos responsables trasciende las comandancias de las distintas fuerzas y toca directamente el Palacio de Nariño que es donde están los determinadores, los autores detrás del autor”.

Esos autores son: “los presidentes, los ministros como responsables máximos, los partidos políticos, los terratenientes”. Para el jefe comunista, los responsables no son los actores armados: “Hay actores responsables no armados, y como dijo hace poco el expresidente César Gaviria Trujillo, tienen que responder también. Para que ocurra un cese judicial definitivo [dicen] que es necesario que los jefes guerrilleros se vayan a la cárcel, pero no nos mencionan para nada a los responsables desde el Estado. ¿Dónde están los presidentes?”.

El jefe terrorista estima que “las responsabilidades son colectivas” y que el propio presidente Santos “ha reconocido que el Estado es responsable por acción y por omisión”. Conclusión: “el Estado es la máxima instancia de imputación (…) es el máximo responsable”. E insiste en la impunidad total: “Nosotros decimos: para los guerrilleros cero cárcel, porque nosotros no hemos venido aquí a que nos metan presos”. ¿Qué diablos están haciendo entonces los jefes farianos y los enviados de Santos en La Habana? ‘Iván Márquez’ lo ha, por fin, revelado: negociando las mejores condiciones para imponer el socialismo en Colombia, un totalitarismo humanitario que será dirigido por

las Farc. Ese es el secreto bien guardado de la negociación de paz. Santos no ha desmentido la frase de ‘Márquez’. Y esa operación absurda sigue en Cuba, a espaldas de los colombianos.

Por eso el presidente Santos quiere que nadie se meta en esa discusión. Por eso persigue al Centro Democrático y por eso quiere imponerle una mordaza al procurador Alejandro Ordoñez. Por eso dice que la presencia del general Mora en La Habana “ahora es menos necesaria”.

En La Habana no hay, pues, perspectivas de paz, ni de negociación, ni reducción del conflicto. Y no solo por las razones que da Iván Márquez. Hay otra razón de mucho peso: porque ‘Timochenko’ y sus hombres no tienen el permiso de sus jefes más altos para hacer la paz en Colombia.

Lo de La Habana se da en un contexto mundial y éste prima sobre lo local. Las Farc son un instrumento de varios poderes que están jugando duro para cambiar la actual relación de fuerzas internacional. El proyecto anticapitalista de Cuba y de sus gobiernos satélites latinoamericanos cuenta con el daño que puedan hacer las Farc a la democracia colombiana para cambiarle la cara al continente. Unas Farc integradas al juego democrático colombiano es lo peor que podría ocurrirle a Cuba y al eje anti Estados Unidos que está montando la Rusia de Putin.

Las Farc no son libres. Al revelar que la acción en La Habana es para “avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando la lucha por el

socialismo en condiciones mejores”, ‘Iván Márquez’ exhibe su propia impotencia: no están autorizados para negociar la paz, ni para abandonar las armas ni para embarcarse en una lucha exclusivamente política.

Están allí para empujar a Colombia al bloque de países de democracia popular que Cuba y Venezuela tratan de erigir sobre las ruinas del sistema liberal latinoamericano. Las negociaciones de paz en La Habana están para eso y están dando excelentes resultados: Colombia perdió ya su libertad diplomática ante la mano de hierro de Unasur; ya perdió su posibilidad de extraditar a los narco-guerrilleros, ya comenzó a desmantelar sus fuerzas armadas (las parálisis de la Fuerza Aérea es un primer paso) y a cambiar de doctrina militar; ya ha aceptado la conformación de un sistema social y político distinto para la época de posconflicto (los acuerdos de junio de 2014). La crisis institucional, sobre todo judicial, que vive Colombia, es otro resultado de esa evolución. La lista de estragos es larga.

Las Farc quieren que las negociaciones duren varios años.

Entre más dure eso, más desmonte del Estado lograrán y más tensión social habrá en el país.

Es lo que necesitan los poderes que han invertido millones, durante décadas, en el proyecto Farc para sacar a Colombia de la esfera democrática.

Sería bueno que entendiéramos eso. No entender eso es seguir en la beatería actual, en la que los golpes contra el país los vemos como avances del proceso de paz.

‘Iván Márquez’ ante el parlamento británico, en que no se les puede aplicar la justicia transicional, sino una ‘justicia especial’ que les dé amnistía porque nunca atacaron deliberadamente a la población civil?

Dicen que se puede empezar a redactar el acuerdo sobre víctimas. Pero mientras se empeñen en negar que, por justa que crean su causa, para cumplirla llenaron ejemplarmente cada ítem del artículo 8 del Estatuto de Roma (crímenes de guerra) y varios del artículo 7 (crímenes contra la humanidad), no solo el acuerdo sobre víctimas, sino un avance sustancial del proceso son imposibles.

Al Estado también le llegó la hora. Para avanzar en la negociación, habrá que empezar a hablar de responsabilidad institucional. Y de graves crímenes,

no solo por acción, sino por omisión: cuando se tiene la obligación de proteger, mirar para otro lado cuando los paramilitares iban a cometer una masacre es tan grave como cometerla (y, por lo que se sabe, no solo ‘omitieron’, sino que ‘hicieron’ miles de veces. Y no solo ellos).

De este lado hay la misma resistencia a rendir cuentas que del otro. Las investigaciones sobre ‘falsos positivos’, que apuntaban a varios generales, languidecen en la Fiscalía. Salvo los ya presos, el estamento militar luce más inclinado a insistir en los tres proyectos que navegan raudos en el Congreso para blindarlo (ampliación del fuero, tribunal especial para revisar todos los casos y reforma de la justicia militar), que en echarse a la piscina de la justicia transicional.

Álvaro Sierra Restrepo/El Tiempo/13 de marzo de 2015/http://www.eltiempo.com/ opinion/columnistas/la-paz-esta-dificil-alvaro-sierra-restrepo-columnista-eltiempo/15387458

La paz está difícil Muchos están entusiasmados con los anuncios recientes de la paz. ¡Militares y guerrilleros desminando juntos! Parece ciencia ficción, pero es cierto. ¡Cese temporal de bombardeos contra las Farc! Salvo quienes creen que los Super Tucanos son indispensables para combatir la extorsión, casi todos asumen que es el paso lógico después de tres meses de ‘juicio’ de las Farc con su cese unilateral de acciones militares (que no de hostilidades, como la extorsión).

El anuncio presidencial de redoblar el combate contra las llamadas bandas criminales co-

incide a la letra con una cláusula del punto 3 de la agenda de La Habana, que justo empezaron a discutir comandantes militares y guerrilleros: “el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo”. Y las Farc no han dicho esta boca es mía por la muerte en combate (no en bombardeo) del jefe del frente 57, José David Suárez, ‘Becerro’, el hombre más importante que les han matado los militares en mucho tiempo.

Hasta la negativa del Presidente de extraditar al jefe paramilitar ‘Julián Bolívar’ se

interpretó como otro gesto para tranquilizar a las Farc. Y qué tal la Comisión de Paz con Pastrana a bordo y el Procurador llamando al expresidente Uribe a entrar.

En fin. Parece como si se apilaran los anuncios que indican que la paz marcha al galope hacia feliz final y pronto cese bilateral.

Grave error. La paz está en su momento más difícil.

Porque llegó la hora de la verdad. Y les llegó a todos.

Las Farc enfrentan una decisión existencial. ¿Van a aceptar que son rebeldes que co-metieron crímenes imperdonables o persistirán, como

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Anexo abril 2015

Rafael Nieto Loaiza/El País/4 de abril de 2015/http://www.elpais.com.co/elpais/ opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/gaviria-y-guerrilla

Fue mi profesor en la especialización en derecho constitucional en la Universidad Javeriana.

En clase, las discrepancias fueron muchas, pero siempre respetuosas. Al final del curso me dio la máxima calificación, aunque mi ensayo construía una argumentación abierta y absolutamente contraria a la suya en materia del alcance de los derechos de las poblaciones indígenas. Ese era su talante.

Así que esta columna se escribe desde el respeto al maestro. Las críticas que aquí expreso no son contra él, sino contra algunas de sus ideas que, creo, tanto mal han hecho en nuestro país. En particular una, aquella en la cual defendía el “crimen altruista”, el delito cometido por quien se levanta en armas contra el Estado, y su tratamiento benevolente. Si bien es una tradición propia del derecho colombiano, que desde siempre ha establecido la figura del tratamiento preferencial para el delito político y la posibilidad de amnistías e indultos para quienes los cometen, Gaviria fue mucho más allá.

En efecto, en su salvamento

de voto en la sentencia C-456 de 1977 el entonces magistrado defendió que los homicidios y otros delitos cometidos por la guerrilla en combate no fueran penados. En su lógica, asesinar policías o soldados en combate era de la naturaleza de quien combatía contra el Estado y esos delitos debían quedar subsumidos bajo el delito de rebelión.

Por cierto, buena parte de su argumentación se basaba en una interpretación equivocada del derecho internacional humanitario, interpretación que olvida que el DIH de los conflictos no internacionales establece de manera expresa que “no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”.

Gaviria cometía otro gravísimo error jurídico: confundía el combatiente típico de los conflictos armados internacionales, con el rebelde del derecho

interno, y pretendía para los rebeldes el tratamiento de los combatientes: “en el contexto del derecho interno, el rebelde es homólogo del combatiente”, dijo. No es poca cosa: a los combatientes los estados que los capturan no pueden investigarlos, juzgarlos o condenarlos. En otras palabras, al final Gaviria pretendía que a los guerrilleros el Estado no los juzgara ni condenara. Es el mismo tratamiento de “prisioneros de guerra” que siempre ha buscado la guerrilla.

Más adelante, ya en su papel de candidato presidencial (no me cansaré de señalar los problemas de legitimidad y el daño a la credibilidad de la Constitucional que se generan cuando los magistrados de esa Corte saltan de sus cargos a la política y hacen campaña con la sentencia en la mano), Gaviria fue incluso más allá. Como bien recuerda Eduardo Mackenzie, en un debate televisivo con Luis Carlos Restrepo sostuvo que “el delincuente político ni siquiera es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera ganado no sería delincuente sino

foto: hsbnoticias.com

Gaviria y la guerrilla

gobernante”.

La tesis que Gaviria defendía ha tenido un costo terrible para nuestra sociedad. Con base en ella, los guerrilleros, esos hombres equivocados que “ni siquiera son delincuentes”, se han sentido legitimados para asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores y abusar sexualmente de ellos, poner bombas y acudir al terrorismo, y cometer toda clase de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Si no se toman el

poder, creen que igual todo les debe ser perdonado. No se trata solo de que el fin no justifica los medios y que el Estado debe perseguir y sancionar a quien acude a medios ilícitos, al crimen, sea cual sea su propósito.

No, es más: en una democracia no hay justificación política alguna para matar y matar por razones políticas es tanto o más condenable que hacerlo por cualquier otro motivo. Si no lo aprendemos, no habrá proceso de paz que valga ni que sirva.

María Isabel Rueda/El Tiempo/5 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/ opinion/columnistas/se-negociara-al-ejercito-maria-isabel-rueda-columnistas-eltiempo/15517398 Si eso fuera verdad, en aras de la discusión, el general Mora lo sabría y no andaría tan sonriente

Esta semana, el Gobierno puso al general Jorge Enrique Mora a reírse mucho –cuando él nunca se ríe– y a soplar velitas de cumpleaños. Esas dos cosas tan forzadas buscaban convencer a la opinión de que las relaciones Mora-Santos van divinamente, y de que su papel en la negociación de La Habana sigue vigente, así por ahora ya no arrime por allá.

Pero que Mora no haya vuelto a la mesa –el general Óscar Naranjo tampoco, pero por razones distintas– ahonda la crisis de credibilidad sobre la agenda que se está discutiendo con las Farc, que los enemigos del Gobierno condimentan con inexactitudes para sacarle la piedra al Presidente –lo cual últimamente se ha vuelto muy fácil– y poner nerviosos a los colombianos.

Una de las cosas que más oímos es que en La Habana se está negociando la disminución del presupuesto y del tamaño de nuestras Fuerzas Militares. Si eso fuera verdad, en aras de la

discusión, el general Mora lo sabría y no andaría tan sonriente.

El Presidente lo ha desmentido en múltiples ocasiones, para no decir que casi todos los días (“¿en qué idioma quieren que hable?”).

Pero las Farc se han encargado de que parezca cierto. Se la pasan recordándonos que el tema forma parte de los “pendientes” que no se han discutido y que deberán discutirse, o no firmarán el acuerdo de paz. ¿Y por qué hablamos de que el tema ha quedado pendiente, si no figura en ningún punto de la agenda oficial que se discute en la mesa? Porque, hábilmente, las Farc vienen desdoblando esa agenda. En tres de los cinco puntos que ya se han discutido, ha quedado una lista de “pendientes” a los que las Farc pretenden regresar. En esa lista figuran 28 temas, según asegura desde el uribismo el senador Alfredo Rangel, incluyendo cosas tan exóticas como revisar los TLC que ha firmado Colombia, renegociar las con-

cesiones minero-energéticas y una eventual participación de las Farc en sus utilidades.

Al lado de esas cosas, que, estoy segura, el Gobierno no discutirá jamás con las Farc, existen otros “pendientes” por los que, en cambio, es muy factible que volverán a pasar los negociadores. Entre ellos, la extensión de las zonas de reserva campesina (las Farc piden 9,5 millones de hectáreas) y su autonomía judicial, política, ambiental, administrativa y fiscal; la concreción de la política antinarcóticos y los límites a la propiedad de la tierra (la existencia de latifundios localizados en las zonas más productivas del país); así como la cifra mensual o anual con la que contribuirá el Estado para la manutención de los desmovilizados y su acceso a educación y a fuentes de trabajo, por solo mencionar algunos de los “pendientes”. ¿En qué calidad está el “pendiente” de las Fuerzas Militares? ¿En el rango de discutible, o en el de no discutible? En esto

Foto: caracol.com.co

¿Se negociará al Ejército?

prefiero creerle ciegamente al Presidente: en el de no discutible. Así le toque repetirlo todos los días y en todos los idiomas, el futuro de nuestro Ejército no puede ser, y por lo tanto no será, objeto de negociación en La Habana.

Para que eso no ofrezca duda alguna es por lo que Mora debe regresar a La Habana. Y ya se está haciendo tarde para que el Gobierno vaya montando una mesa especial con los militares que comience a discutir, precisamente para no hacerlo en La Habana, cómo será la aplicación de la justicia alternativa para ellos, porque si algo no van a permitir (doctrina Mora) es que se les dé un tratamiento judicial equivalente al de la guerrilla.

Al tema de la reducción del tamaño del Ejército o del presu-

puesto de las Fuerzas Armadas no le veo ningún futuro, mientras exista Maduro y eventualmente tenga que recurrir a una locura militar para no caerse, y mientras el posconflicto se desarrolle con todos los peligros de derivar en delincuencia organizada que promete este proceso de paz, al igual que pasó con la desmovilización de los paramilitares.

Considerar alguno de esos dos puntos sería un suicidio peor que el del piloto del avión de Germanwings, porque llevaría a pique a millones de colombianos desconcertados.

Entre tanto... Palabras del papa Francisco que son ejemplo para el presidente Santos: “El futuro de la unidad de la Iglesia es caminar unidos en las diferencias”. Lo mismo que el del país.

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Autor: Política/El Tiempo/27 de marzo de 2015/http://www.eltiempo.com/ politica/proceso-de-paz/crean-grupo-para-justicia-transicional-de-militares-ypolicias/15474555

Comisión de alto nivel ya diseña justicia transicional de uniformados También se anunció desde La Habana que el desminado comenzará en Antioquia y Meta.

El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de la Calle, anunció este viernes que ya hay una comisión del más alto nivel diseñando el mecanismo de justicia transicional que se les aplicará a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía en un escenario de posconflicto.

Este no es un tema menor, pues se trata de establecer cuáles serán las medidas jurídicas a las que podrán acceder los uniformados que tengan algún

tipo de responsabilidad en delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

Pero, por supuesto, no se les puede aplicar el mismo marco que a los miembros de las Farc, ya que la Fuerza Pública es estatal y constitucionalmente conformada. Esta diferenciación, de hecho, ya está establecida en el Marco Jurídico para la Paz. “Un grupo conformado por delegados de los ministerios de Defensa y de Justicia, el Comando de Transición de las

Fuerzas Militares, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y expertos nacionales e internacionales han venido trabajando con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policías”, precisó De la Calle.

Esta declaración se da al término de un nuevo ciclo de conversaciones en la mesa de La Habana y está cargada de significado, porque se produce

en momentos en que el propio presidente Juan Manuel Santos asumió el liderato de jornadas pedagógicas de paz en los cuarteles militares, para disipar cualquier duda frente a su futuro.

“No pueden terminar guerrilleros en el Congreso y la política y militares en la cárcel”, enfatizó este viernes De la Calle, quien añadió: “Si llegamos a un acuerdo final para la terminación del conflicto, este tiene que incluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad

jurídica para todos y permita la satisfacción de los derechos de las víctimas de todas las partes en el conflicto”.

De otro lado, el jefe de la delegación de paz también anunció que se logró un acuerdo con la guerrilla para que el desminado humanitario se comience en los departamentos de Antioquia y Meta.

“La realidad de este acuerdo es que está caminando y a la vuelta de la esquina”, puntualizó De la Calle.

Autor: Judicial/El Espectador/27 de marzo de 2015/http://www.elespectador. com/noticias/judicial/procurador-cuestiono-exclusion-de-generales-retiro-delarticulo-551759 Procurador cuestionó la decisión del Gobierno de excluir a los generales Mora Rangel y Naranjo afecta la transparencia del proceso ante las Fuerzas Militares. foto: blogs.eltiempo.com

Proceso de paz El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, presentó varios cuestionamientos a la exclusión de los generales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora Rangel de la mesa de negociación en el inicio del nuevo ciclo del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

El jefe del Ministerio Público se declaró “perplejo” frente a

la decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos ante lo que consideró un nuevo viraje dentro de las negociaciones que ya cumplen dos años.

Para Ordóñez, el Gobierno aseguró que este tipo de decisiones generan desconfianza den la opinión pública.

Recordó además que al inicio de los diálogos, el jefe de Estado se comprometió ante las Fuerzas Militares que los dos oficiales en

retiro iban a ser su garantía en el marco de las negociaciones, hecho pidió que se aclare si su exclusión es solamente por este ciclo o si es de manera definitiva.

En este sentido aseguró que la exclusión de los dos oficiales no contó con una justificación

suficiente, por lo que este tipo de decisiones afecta la transparencia del proceso ante las Fuerzas Militares y la ciudadanía en general, más aún cuando se negocia el tema de la justicia con dicho grupo guerrillero en el proceso que ya cumplió dos años.

“Al procurador Ordóñez Maldonado le preocupa que los retiros de los altos oficiales se den precisamente cuando en La Habana las FARC pretenden que se negocie la estructura y doctrina de las Fuerzas Militares, situación que debe ser atendida directamente por los plenipotenciarios allí presentes”, precisa uno de los apartes del comunicado.

Finalmente reiteró que continuará haciendo las observaciones que considere pertinentes frente a los acuerdos firmados en La Habana para que se respeten los derechos de las víctimas con “el propósito de construir un Pacto para la Paz que blinde jurídica y políticamente el proceso para lograr una paz bien hecha, sin impunidad y sostenible”.

Autor: Judicial/El Colombiano, Medellín/23 de abril de 2015/http://www. elcolombiano.com/csj-ratifico-absolucion-de-alias-timochenko-e-ivan-marquezpor-reclutamiento-de-menores-en-medellin-CM1781422

‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’, absueltos por reclutamiento de menores de menores de edad, en casos ocurridos en Medellín.

El alto tribunal ratificó la decisión del Tribunal Superior de Medellín que la que se había librado de responsabilidad a estas dos personas por el supuesto reclutamiento de cuatro menores de edad en territorio antioqueño por parte del Frente Noveno de las Farc que busca-

ban integrarlos a las milicias urbanas de la guerrilla.

“Se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación, al aplicar el principio de resolución de duda en su favor ante los vacíos probatorios al no haberse esclarecido quienes, cómo, y dónde habían reclutados los menores”, señaló la resolución de la sentencia.

foto: noticiasunolaredindependiente.com

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución y rechazó la demanda que se había hecho por la Fiscalía General de la Nación en contra de Rodrigo León Echeverry, alias ‘Timochenko’, máximo líder de las Farc y Luciano Arango, alias ‘Iván Márquez’ por el presunto delito de reclutamiento ilícito

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Anexo abril 2015

Autor: Justicia/El Tiempo/16 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/ politica/justicia/opinion-del-fiscal-general-de-la-nacion-por-muerte-de-11militares/15579424

'Las Farc deberán responder por muerte de los once militares': Fiscal Eduardo Montealegre también afirmó que se determinará si este acto constituye un crimen de guerra. madas y en general toda manifestación de violencia”.

Montealegre también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y con el Ejército Nacional.

El Fiscal General de la Nación manifestó que “considera que la guerrilla y el Gobierno Nacional deben persistir en sus esfuerzos por alcanzar la paz” y agregó que desde su posición, se deben continuar con los diálogos que se adelantan en La Habana.

Las investigaciones por este hecho serán asumidas por la Fiscalía Quinta especializada, seccional Cauca, según indicó Montealegre.

'Declaraciones del Fiscal no tienen fundamento': Farc Las Farc respondieron en un comunicado a las declaraciones del Fiscal Eduardo Montealegre.

El jefe guerrillero 'Pablo

Catatumbo', negociador de las Farc en La Habana, señaló que en un reciente debate en el Congreso sobre la reforma constitucional del Fuero Penal Militar "todos los poderes públicos estuvieron de acuerdo para que sean las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) las que se apliquen a las conductas de los miembros de la Fuerza Pública con relación al conflicto armado".

Asegura, entonces, que es bajo esta normativa que se deben juzgar los hechos relacionados con el conflicto. "¿De dónde saca entonces el fiscal Montealegre la tesis de que los miembros del Ejército entran en la categoría de persona protegida? ¿De qué crimen internacional nos habla?”, dijo ‘Catatumbo’.

El jefe guerrillero dijo que a

foto: vanguardia.com

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró que las Farc deberán responder por la muerte de los once militares en el Cauca.

Por estos hechos, aseguró, la Fiscalía está adelantando investigaciones en las que se determinará si el hecho “constituye un homicidio en persona protegida u otro crimen de guerra”.

Según el Fiscal, en estas circunstancias se presentó una “emboscada a los militares mientras estos descansaban” y por ello este caso se trataría de una infracción al Derecho Internacional Humanitario, puesto que por las condiciones, los soldados gozaban de estatus de persona protegida.

Además, condenó la acción de la guerrilla puesto que considera “inconcebible que se cometan ese tipo de acciones ar-

las Farc se les está negando la aplicación de los principios del DIH "de manera injusta".

'Pablo Catatumbo' añadió que, “dadas las circunstancias, con la negativa del Gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la

guerra, es el Estado”.

También dijo que “es falso” que el ataque de las Farc en Cauca, que dejó once militares muertos, se haya orientado desde La Habana. “Se trató de una acción totalmente defensiva, por cuanto las unidades guerrilleras estaban siendo cercadas para ser atacadas”, insistió.

sentido pésame a todos los familiares de los militares muertos en este ataque y a todos los que han muerto a manos de las Farc, en especial a aquellos

que han caído después de la mentirosa tregua anunciada en diciembre. ¡Cómo nos duele su muerte! El corazón de Colombia está con ustedes.

María Clara Ospina/El Colombiano, Medellín/22 de abril de 2015/http://www. elcolombiano.com/mentirosos-de-pura-cepa-HA1763018

Mentirosos de pura cepa Los cabecillas de las Farc, como siempre mentirosos, han incumplido su palabra una vez más, como lo han hecho por más de cincuenta años y los colombianos somos tan ilusos que aún nos sorprendemos.

En diciembre, con gran cobertura de los medios que les hacen juego, anunciaron un cese unilateral e indefinido del fuego. Realmente nunca lo cumplieron. Los ataques contra el ejército continuaron y los muertos aumentaron. Eso se venía diciendo desde un comienzo, pero a quienes lo denunciaban se les tildaba de enemigos de la paz.

Hoy, luego del asesinato de 10 soldados mientras descansaban en la noche, en Buenos Aires, Cauca, toda Colombia ha comprobado con dolor y consternación hasta qué punto estos narcotraficantes que se presentan como unos salvadores del pueblo son cínicos y mentirosos.

Yo quisiera saber qué respuesta les tienen a los padres, a las

esposas, a los hijos de los soldados muertos. Qué excusa les van a dar a los 19 soldados heridos.

Con qué mentira van a enfrentar a los campesinos, a los obreros, al pueblo, a los colombianos que habían puesto su confianza en la famosa tregua.

Estos son los asesinos a los que se les va a dar una amnistía total. Los que no van a pagar ni un día de cárcel por sus miserables crímenes, por lo que han hecho a Colombia durante estas desgraciadas décadas de guerra.

Son los mismos que no se han cansado en La Habana de decir que no tienen nada por qué pedir perdón. Los mismos que no hacen más que repetir que la culpa de lo ocurrido es de todos los colombianos. ¡Que todos los colombianos somos culpables!

Y lo peor es que hay algunos que son tan idiotas que están dispuestos a comerse ese cuento.

Estos hombres, que no han hecho más que aterrorizar, subyugar y matar campesinos, llevarse a sus hijos e hijas a

servir a la guerrilla, arrasar sus tierras y sus pueblos causando el desplazamiento más grande de nuestra historia, estos hombres son los mismos que hoy en La Habana se hacen pasar como liberadores de las gentes del campo. Mitómanos astutos. ¡Mentirosos de pura cepa es lo que son! Y lo peor es que algunos colombianos ¡todavía les creen! ¿Hasta cuándo les van a creer? Por lo visto hasta que acaben con el país.

Que este miserable ataque sirva para abrirnos bien los ojos. Que la muerte y las heridas de cada uno de estos valerosos soldados nos recuerde la calidad de asesinos con los que se está negociando. Que el sacrificio de estos militares sea un trompetazo de alarma. Porque la verdad es que cada vez más, durante estas negociaciones parece que a los colombianos de buena voluntad nos están llevando al matadero como mansos corderos.

Quiero manifestar mi más

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Carlos Holmes Trujillo García/El Nuevo Siglo/19 de abril de 2015/http://www. elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2015-carlos-holmes-trujillo-g.html-0 foto: diarioadn.co

No es el camino Réplica al ministro Cristo El dolor y la indignación que manifestamos los colombianos, a raíz del atroz acto de terrorismo cometido por las Farc contra miembros del Ejército de nuestra patria, no es la expresión de un propósito político indebido.

Se trata de un sentimiento compartido por la inmensa mayoría de ciudadanos, que está latente, y se manifiesta con intensidad cada vez que esa organización mancha con sangre el suelo de nuestro país.

Esa es una de las razones que explica que más del 80% de los encuestados se exprese, de manera constante, en los distintos sondeos de opinión que se hacen, a favor de que los culpables de delitos atroces sean castigados con cárcel.

Prácticamente todos queremos vivir en paz, transitar por las carreteras del país sin temores, y disfrutar la vida rural y urbana alejados de los peligros que nos acechan cuando merodean los criminales.

Es apenas natural, por lo tan-

to, que la violencia que hiere el alma nacional genere intensas expresiones de rechazo y condena.

Y, desde luego, cuando dichas expresiones delincuenciales se producen al mismo tiempo que se celebra un proceso de conversaciones en procura de alcanzar la paz, es inevitable que la gente tome posiciones y las exprese en forma legítima. Eso ha ocurrido siempre en nuestra historia.

Recuerde que situaciones como las que se padecieron esta semana condujeron a que se le pusiera fin a las negociaciones con la Coordinadora nacional guerrillera, durante la administración de César Gaviria, y a que el presidente Andrés Pastrana anunciara la terminación de los diálogos en el Caguán con las Farc.

De ahí que muchos hayamos señalado el riesgo y la inconveniencia de conversar en medio de las balas y las bombas, pues los acontecimientos del pasado

demuestran que ese camino ha conducido, hasta ahora, a fracasos y frustraciones.

En el mismo orden de ideas hemos sido defensores de las acciones dirigidas a construir un escenario en el que resulte posible dialogar previo cese de las acciones criminales por parte, en este caso, de las Farc, con concentración y verificación experimentada y capaz.

Como es evidente, la posición que le menciono tiene origen en las lecciones que han dejado nuestras experiencias y busca contribuir a que, en virtud de la clara expresión de voluntad de reconciliación que una decisión de dicho grupo en ese sentido reflejaría, se puedan buscar y encontrar acuerdos sin que si-

multáneamente se atente contra la vida y la integridad de los colombianos.

En consecuencia, sorprende mucho escucharlo a usted decir, en momentos en los que condenamos hechos atroces y reiteramos nuestra posición, que las propuestas que se hacen buscan que el proceso se acabe.

Se equivoca, señor Ministro.

La historia nacional avala la conveniencia de lo que planteamos, las condiciones que permitieron el éxito de otros procesos en el pasado demuestran que es posible buscar la paz en marcos de funcionamiento de las mesas distintos a los actuales, y las frustraciones que se han presentado en el pretérito son la evidencia del error que

representa volver a actuar en la misma forma en que ya se hizo y produjo fracasos.

Seguir dividiendo artificialmente a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz es una inmensa equivocación, como también lo es actuar con la idea de que quien no piense igual al Gobierno es partidario de la guerra.

Los hechos siguen demostrando que todas las advertencias que se han hecho tienen una razón de ser cuya seriedad mal puede descalificarse en forma ligera.

Ese no es el camino, respetado Ministro.

Reciba esta réplica como la voz de un compatriota que, igual que usted, quiere la paz.

Autor: Política/El Tiempo/24 de abril de 2015/http://www.eltiempo.com/politica/ proceso-de-paz/masacre-de-soldados-en-cauca-santos-exige-a-farc-pedirperdon/15622635

Santos les exige a las Farc que pidan perdón por la masacre de soldados en Cauca Dijo que la justicia transicional no es sinónimo de impunidad y que guerrilla debe acogerse a ella.

Humanos’, en el que se discutió sobre los procesos de justicia que se adelantarán tras la firma de los acuerdos de paz, Santos aseguró que como Presidente, ha cumplido sentencias relacionadas con “pedidos de perdón por homicidios ocurridos en gobiernos anteriores”.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno”, aseveró el Jefe de Estado.

Sobre justicia transicional el jefe de Estado afirmó que buscará que se cumpla con las obli-

gaciones internacionales vigentes y que trabajará por garantizar los procesos de verdad y reparación a todas las víctimas.

“Nada de esto puede confundirse con impunidad porque la justicia transicional, por encima de todo, es justicia, no podemos olvidarlo”, agregó el Mandatario.

El Presidente enfatizó en que no es posible la paz ni los procesos de reconciliación si no existe el reconocimiento de responsabilidades.

Guillermo Rivera, alto Consejero para los Derechos Humanos, también se refirió a la exigencia del Jefe del Estado asegurando que “las Farc deberían empezar a reconocer sus propias responsabilidades en cuanto a la violación de derechos humanos”.

foto: cenae.mil.co

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró desde Cartagena que espera que las Farc pidan perdón por los hechos ocurridos en el Cauca el pasado 14 de abril, donde 10 soldados perdieron la vida tras un ataque de la guerrilla “Así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se esperaría de las Farc es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles.”, advirtió el Presidente.

En el marco de la inauguración del seminario ‘Justicia Transicional y Corte Interamericana de Derechos

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EN CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Procurador pide identificar a los militares que actúan de mala fe El procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, le solicito al Presidente Juan Manuel Santos que precise los nombres de los miembros activos de las Fuerzas Militares y de

Policía que están actuando de mala fe, como lo aseguró ante las tropas en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Dice el Procurador que “Dada la gravedad de los acontecimientos, dicha información se

“Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República Respetado señor Presidente: Conocí sus declaraciones del pasado 1de abril en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Usted afirmó que “le duele tanto que dentro de las propias Fuerzas existan personas interesadas en dividirlos o actuando de mala fe”.

También mencionó un supuesto caso que adjudica a oficiales retirados.

En caso de que los supuestos hechos que menciona llegaran a involucrar a miembros activos de la Fuerza Pública, no solo podrían configurarse faltas disciplinarias, sino eventualmente delitos o, más aun, situaciones cuyo desarrollo pudieran poner en riesgo el régimen constitucional.

La Procuraduría recuerda el artículo 219 de la Constitución señala que “la Fuerza Pública no es deliberante”, prohibición que comprende a todos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, sin excepción.

A ningún miembro de la fuerza pública le es dado controvertir o poner en entredicho las ordenes de su Comanda en Jefe, el Presidente de la República, independiente de quien se trate.

requiere con carácter urgente para evaluar el posible ejercicio del poder preferente disciplinario y actuar toda severidad en defensa del orden jurídico, en caso de que llegaran a veri-

ficarse tales conductas en cabeza de miembros activos de la Fuerza Pública”.

A continuación transcribimos el texto de la carta enviada al Presidente de la República:

En las Fuerzas Militares y la Policía no puede haber personas cuya conducta tropiece, en el seno de esas instituciones, debates más propios de la actividad parlamentaria o de la naturaleza de los partidos políticos. La Constitución lo proscribe para quienes detentan las armas de la República.

En cumplimiento de las funciones constitucionales que corresponden a la Procuraduría, le solicito, señor Presidente precise si tales hechos comprenden a miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía, caso en el cual le pido informe a este despacho sus nombres, grado, unidad militar a la que estén adscritos y cargos en que se desempeñan.

Dada la gravedad de los acontecimientos, dicha información se requiere con carácter urgente para evaluar el posible ejercicio del poder preferente disciplinario y actuar toda severidad en defensa del orden jurídico, en caso de que llegaran a verificarse tales conductas en cabeza de miembros activos de la Fuerza Pública.

La defensa de la Constitución es una responsabilidad de todas las autoridades estatales, pero especialmente en la Procuraduría General de la Nación ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación”

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Autor: Judicial/Costa Noticias, Barranquilla/21 de abril de 2015/http:// costanoticias.com/santos-tiene-que-aprender-que-nunca-mas-puede-amarrara-las-ffmm-procurador/

El Gobierno tiene que aprender que nunca más puede ‘amarrar’ las FF.MM.: Procurador El Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, recordó al Gobierno que ya se cumplieron cuatro años del inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc, de inmediato y por causa de la conmoción que hay en el país por la masacre contra 11 militares del Ejército, le recordó algunas de las preguntas y advertencias sobre la mala experiencia de la que dijo Ordoñez, el gobierno tiene que aprender y argumentó que para que sea viable el proceso, según él, debe concluirse en un tiempo prudente de meses.

Dentro de las 45 preguntas que formuló la Procuraduría General de la Nación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, le cuestiona con la número 43, ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la decisión de adelantar conversaciones indefinidas con las Farc para firmar un Acuerdo? ¿O considera que debe haber una fecha límite?”

La Procuraduría además reconoce como una medida de corrección que el presidente dijera que “hay que ponerle plazos a este proceso”. Pero se necesita fijar con precisión una fecha límite para que se llegue a un acuerdo con las Farc, según el Procurador.

Sería muy inconveniente que esa declaración se convirtiera en un nuevo debate o propuesta para negociar en La Habana, que permita a las Farc alargar más las conversaciones, señaló el alto funcionario.

El Gobierno Nacional debe reconocer que el “desescalamiento” fracasó.

Aseveró que lo que se requiere es acabar la violencia, no legitimar la reducción de su empleo por parte de los criminales.

El “desescalamiento” parte de la base de que las Farc hacen concesiones en el empleo de la violencia que el Estado valida, cuando no existe legitimidad al-

guna para que la ejerza, aclaró el Procurador mediante comunicado enviado a los medios.

“Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir. Nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos”, asegura la Procuraduría sobre el supuesto de que lo ocurrido fue producto de engaños de las Farc al presidente de la República y a los negociadores en La Habana”.

Advirtió además el Ministerio Público que la decisión de condicionar y restringir el uso de las Fuerzas Militares y de Policía contra las Farc como producto de las negociaciones en La Habana demostró ser un modelo equivocado que no debe repetirse, entre lo que destacó que el Gobierno debe aprender la lección. No se puede amarrar nunca, nunca más a las Fuerzas Militares y de Policía suspen-

diendo los bombardeos.

Mientras se mantenga el conflicto, las Farc utilizarán decisiones de ese tipo con el fin fortalecerse y preparar nuevas acciones terroristas.

El Estado debe utilizar todos los recursos militares, policiales y de justicia para enfrentar a las Farc. No debe haber dudas en el empleo de la fuerza, ni concesión alguna hasta que el grupo firme el acuerdo, si esto llegare a darse.

El proceso de paz no puede ser excusa para debilitar la acción militar y policial contra las Farc enfatizó el dignatario.

Repitió nuevamente Ordoñez que la suspensión de bombardeos fue un muy grave error, así debe reconocerlo el Gobierno.

Esa decisión del presidente de la República y su equipo negociador permitió que campamentos de las Farc se convirtieran en santuarios de protección de los guerrilleros desde donde se

planearon atentados terroristas, como la masacre de los soldados en el departamento del Cauca.

La Procuraduría recuerda además, que advirtió públicamente al presidente Santos, en su momento, sobre las nefastas consecuencias de esa decisión.

Según el Procurador, insiste que se debe reconocer el engaño que las Farc hicieron al presidente de la República y a sus negociadores en La Habana.

Los indujeron a detener las operaciones de bombardeo mientras el grupo mantenía su decisión de preparar y ejecutar acciones terroristas como la masacre de soldados.

Es necesario que el Gobierno corrija. Lo ocurrido no se puede volver a repetir, porque nuevos engaños serán nuevas malas decisiones, con graves consecuencias para el proceso y la seguridad de los colombianos, advirtió finalmente.