Separata medios septiembre 2016 by ACORE

Separata

SEPTIEMBRE 2016

PATRIA - UNIÓN - PROGRESO

ACORE 55 años

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

SEPARATA ESPECIAL

Artículos y notas de interés publicados en los medios de comunicación sobre el plebiscito y el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

Plebiscito colombiano: la pregunta clave Los colombianos van a votar sí o no. Para eso son los plebiscitos. El Gobierno hace una pregunta, por ejemplo: “¿Quiere usted ponerle fin a la guerra en Colombia?”, y la gente manifiesta su criterio. Por: Carlos Alberto Montaner

Como los colombianos no muestran mucho entusiasmo, el Gobierno se las ha arreglado para que baste con que el 13% de los electores voten afirmativamente para

Medio: El Nuevo Herald Fecha: 21 de agosto de 2016

echar las campanas al viento y declarar el estallido de la paz. No será necesario el 50% más 1 del censo electoral, como sucede en otras consultas y en otras latitudes.

El propósito del presidente Juan Manuel Santos y de Timochenko, el cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es le-

gitimar los acuerdos de paz forjados en La Habana. Las FARC, para entendernos, son el brazo armado del partido comunista colombiano.

Colombia tiene la palabra Por: Rafael Rodríguez Jaraba

La lectura leal y rigurosa del llamado ‘Acuerdo Final’ permite concluir, que el Gobierno terminó sometién-

Medio: El País

dose a las Farc, y no las Farc al Estado Social de Derecho. Lo que empezó como una negociación para la desmo-

Fecha: 2 de septiembre de 2016

vilización de un grupo criminal, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligan

a una nación a reformar su Constitución y sus leyes a cambio de la quimera de dejar de delinquir.

Por qué el Sí, por qué el No Por: Humberto Mendieta

Medio: El Heraldo

Fecha: 2 de septiembre de 2016

salpicado de rencores y odios, está a la orden del día. El Sí y el No se roban los titulares de prensa, los programas de radio y televisión, las conversaciones de esquina y los intensos y apasionados debates de grupos de Whatsapp.

Otros artículos de interés Plebiscito colombiano: la pregunta clave Colombia tiene la palabra María Isabel Rueda: Votaré ‘Sí’ porque al ‘No’, no le encuentro utilidad Advertencia de César Gaviria a las FARC Por qué el Sí, por qué el No El fallo sobre el plebiscito masticado El Acuerdo con las Farc: una oportunidad histórica Los miedos de los empresarios ante la justicia transicional Fumigaciones: el primer grito de independencia del fiscal general Justicia transicional: cal y arena

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SEPARATA MEDIOS/ septiembre / 2016

Medio: El Nuevo Herald

Como los colombianos no muestran mucho entusiasmo, el Gobierno se las ha arreglado para que baste con que el 13% de los electores voten afirmativamente para echar las campanas al viento y declarar el estallido de la paz. No será necesario el 50% más 1 del censo electoral, como sucede en otras consultas y en otras latitudes.

El propósito del presidente Juan Manuel Santos y de Timochenko, el cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es legitimar los acuerdos de paz forjados en La Habana. Las FARC, para entendernos, son el brazo armado del partido comunista colombiano. Para Santos y su Gobierno es la manera definitiva de ponerle fin a una guerra sangrienta de medio siglo de duración, en la que han muerto o han sido asesinadas cientos de miles de personas, ha producido el desplazamiento forzoso de varios millones de campesinos que hoy deambulan por las ciudades sin oficio ni beneficio, mientras miles de colombianos han sido secuestrados y maltratados durante años, incluidas numerosas muchachas adolescentes convertidas en esclavas sexuales de los guerrilleros. El precio de la paz es aceptar que estas narcoguerrillas comunistas “no paguen un día de cárcel” –como insisten los jefes de las FARC–, vulnerando la ley y el código penal vigentes, para lo cual se re-

Fecha: 21 de agosto de 2016

currirá a una elástica “justicia transicional”, dulce galimatías que sustituye los calabozos por unas ambiguas manifestaciones de culpa sin arrepentimiento, porque ni siquiera a eso están dispuestos los gallardos combatientes marxistas-leninistas.

Para ellos esas muertes y esos crímenes, o el tráfico masivo de cocaína, son inevitables gajes del oficio. Daños colaterales producidos durante la batalla por conseguir un mundo mejor y más justo. Como dice Timochenko: no tienen que pedir perdón por nada. Él, y todos los oficiales que lo acompañan en La Habana se sienten felices y orgullosos de ese medio siglo de horrores y sacrificios. El error de Santos es no entender las razones de sus enemigos para sentarse a negociar. ¿Por qué lo hacen? Anotemos las principales.

Primero, se sentían derrotados. La muerte en poco tiempo de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano por medio de bombardeos aéreos los convenció de que era una cuestión de tiempo que la plana mayor fuera diezmada. La doctrina de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, [presidente entre 2002 y 2010] tenía éxito.

A esta irritante convicción no fue ajena la aparición de los drones. A los líderes pronto les sería muy difícil esconderse.

La tecnología militar los liquidaría en un periodo breve. La reunión en La Habana era para buscar otras formas de obtener los mismos resultados. Segundo, existía una alternativa para lograr el triunfo comunista. La había proporcionado el chavismo. Si se hacía la paz y las FARC se insertaban en el mundo político, podían llegar al poder siguiendo un guión ya probado: nueva Constitución para cambiar las leyes a la medida del nuevo objetivo, candidato de izquierda respaldado por las FARC, como hicieron en El Salvador con el periodista Mauricio Funes, hombre cercano al Frente Farabundo Martí, y captura del Poder Judicial, algo en lo que habían avanzado mucho. Tercero, una vez en el poder, desatarían una tremenda ofensiva populista para crear rápidamente las redes clientelares, a base de transferirles cuantiosos recursos “al pueblo”, aunque el aparato productivo se arruinara totalmente en el proceso. Se conoce la secuencia: dos años de gloria redistributiva y toda una vida de penurias posteriores.

Eso no importa. Lo fundamental es constituir un enorme ejército de estómagos agradecidos, partirles el espinazo a la democracia liberal y a la economía de mercado, y crear una nueva burguesía revolucionaria con los dineros y propiedades arrancados a los personeros del “viejo régimen”. No hay nada más grato

Colombia tiene la palabra Por: Rafael Rodríguez Jaraba

Medio: El País

La lectura leal y rigurosa del llamado ‘Acuerdo Final’ permite concluir, que el Gobierno terminó sometiéndose a las Farc, y no las Farc al Estado Social de Derecho.

Lo que empezó como una negociación para la desmovilización de un grupo criminal, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligan a una nación a reformar su Constitución y sus leyes a cambio de la quimera de dejar de delinquir. Según el contenido y alcance del Acuerdo Final, son incontables las obligaciones que el gobierno asume con las Farc y las concesiones y prebendas que le otorga, sin que a cambio las Farc reconozcan los crímenes cometidos, muestren el

Fecha: 2 de septiembre de 2016

menor asomo de arrepentimiento, acepten repararlos, se comprometan a indemnizar a las víctimas y renuncien al narcotráfico. Una cosa es perdonar crímenes y otra bien distinta es premiarlos y gratificarlos, y además, convertir en legisladores a los criminales. Y eso es lo que dice de manera velada y desvergonzada el llamado ‘Acuerdo Final’. No siendo poco lo anterior, el presidente Santos ha revelado la pregunta que se formulará en el plebiscito, la cual es descontextualizada y desleal por sugestiva y conclusiva: “¿Apoya el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”.

De lo que se trata el plebiscito, no es saber, “si se apoya" o “no se apoya" el documento denominado Acuerdo Final. De lo que sí se trata el plebiscito, es de saber, “si se está” o “no se está” de acuerdo con lo negociado entre el Gobierno y las Farc y consignado en el Acuerdo Final. En consecuencia es abusivo y por demás aventurado, afirmar en la pregunta, que el Acuerdo Final terminará el conflicto, y, peor aún, predecir que servirá para la construcción de una paz estable y duradera, cuando esos efectos son hipotéticos, futuros e inciertos.

Una pregunta, así formulada, está proscrita en el Derecho moderno contemporáneo, por incluir hipótesis que inducen a una respuesta afirmativa, predecible y previsible. De la simple formulación de la pregunta se puede advertir su respuesta, y esto es lo que la Ciencia Jurídica denomina, pregunta conclusiva, la cual se considera desleal por sugerir o provocar una respuesta esperada.

Al final, el plebiscito más que determinar el apoyo al Acuerdo Final, permitirá que

que hacer la revolución con los recursos de los enemigos.

Cuarto, generar los mecanismos para conservar el poder permanentemente. La alternabilidad y el cambio de gobierno y de sistema son zarandajas tontas de los demócratas, impropias de verdaderos revolucionarios que tomen en serio las enseñanzas del padrecito Lenin. Como sucede en Cuba, el poder nunca se entrega. ¿Y cómo se logra todo esto? Pues con ingentes cantidades de dinero como las que proporciona el narcotráfico. Las FARC son el tercer cártel de drogas del planeta. No renunciarán a ello. No pueden y no quieren. La revolución comunista lo justifica todo. Nadie dispone de más “mermelada”, como le dicen en Colombia a la plata dedicada a sobornar y comprar conciencias. En definitiva: ¿se vota sí o no? A mi juicio, la pregunta honrada sería la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que las FARC abandonen la lucha armada y se dediquen por la vía política a intentar destruir la democracia liberal y la economía de mercado, y a tratar de construir una dictadura como la cubana o la venezolana en Colombia, o prefiere combatirlos hasta derrotarlos totalmente?”. Ese sería un verdadero plebiscito. URL: http://www.elnuevoherald.com/ opinion-es/opin-col-blogs/carlosalberto-montaner/article96691312. html#storylink=cpy

los colombianos manifiesten de manera cívica y pacífica su condena y repudio a las atrocidades cometidas por una banda narcoterrorista que quiere llegar al poder a como dé lugar. El plebiscito evitará que se premie el crimen, se gratifique la fechoría, se violente la Constitución, se legitime la ilegalidad, se entronice la impunidad, los criminales terminen legislando y Colombia convertida en una narcocracia. El No, será el triunfo de la razón y el derecho sobre la violencia y la impunidad, así como rotunda condena a la violencia y mandato claro para rectificar el Acuerdo Final.

Si queremos una paz verdadera, debemos tener claro, que la violencia no cesará renunciando al imperio de la justicia, quebrantando la ley, premiando la villanía, burlando la inocencia y cediendo el control de las instituciones a los violentos. El camino no es la paz con impunidad; el camino es el fortalecimiento de la educación y la justicia, únicas capaces de propiciar y mantener el orden, garantizar la libertad y la igualdad, y perpetuar la vida en paz. URL: http://www.elpais.com.co/elpais/ opinion/columna/rafael-rodriguez-jaraba/ colombia-tiene-palabra

Edición 563

/SEPARATA MEDIOS

María Isabel Rueda: Votaré ‘Sí’ porque al ‘No’, no le encuentro utilidad Medio: Kienyke

Fecha: septiembre 4, 2016

Crítica frente a los diálogos con las Farc, explica por qué se suma al plebiscito. La periodista María Isabel Rueda, quien ha hecho duras críticas y cuestionamientos sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, sorprendió este domingo, cuando anunció que se sumará al ‘Sí’ por el plebiscito el próximo 2 de octubre. “He decidido votar Sí al plebiscito porque después de reflexionarlo mucho, y de estar emocionalmente inclinada por el No, no le encuentro a este ninguna utilidad”, afirmó.

En su columna en el diario El Tiempo, Rueda asegura que aunque el acuerdo con esa guerrilla no traerá una “paz

estable y duradera en Colombia”, como bien lo plantea la pregunta que deberán responder los ciudadanos para refrendar los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba, e incluso la palabra paz ha sido desvalorizada y mal usada, la negativa en el plebiscito no resolvería las problemáticas del país. No obstante, en su texto no deja a un lado las objeciones que tiene sobre los puntos más álgidos de los acuerdos.

“Es cierto que todo eso se logrará a costa de la impunidad de los delitos atroces cometidos por las Farc (…) El homicidio, el secuestro, el narcotráfico, las vacunas, los hurtos, delitos que no se inventaron

propiamente las Farc, no desaparecerán del país. Los seguirá practicando la delincuencia común, sin cilindros, sin pescas milagrosas, sin toma de pueblos, sin voladura de oleoductos ni de clubes sociales”, escribió la periodista. Asimismo, resalta como válidos los argumentos del Centro Democrático para oponerse y califica como “repugnante” que estigmaticen a los miembros de esa colectividad como amigos de la guerra.

“Voy a votar Sí para tener la autoridad moral de señalar los peligros y los abusos que nos esperan. Voy a votar Sí para derrotar a las Farc en las urnas. Voy a votar Sí porque es ético tenderle la mano al enemigo que nos la tiende. Pero también para poder mirarlo a los ojos

cuando nos traicione”, son algunos de los argumentos que expresa para darle su voto positivo al plebiscito.

Los comentarios de Rueda han abierto la polémica en el país. Uno de los más recientes, tras la firma del cese bilateral al fuego y la dejación de armas en junio pasado. “Yo no quiero ser aguafiestas pero como periodista tengo la obligación de ser realista (…) Yo sí quedé muy preocupada con el ‘reality’ que nos montaron, llenaron con 160 lagartos un avión, lograron arrastrar a la burocracia y las Naciones Unidas”, dijo en esa oportunidad. http://www.kienyke.com/noticias/ maria-isabel-rueda-voto-si-plebiscito/

Advertencia de César Gaviria a las FARC El jefe del ‘Sí a la paz’ exige a la guerrilla entregar a todos los menores que aún están en su poder. Por: Nación

Medio: Semana.com

Fecha: septiembre 5 de 2016

César Gaviria le envió un mensaje a la guerrilla para que salgan todos. Lo calificó como un gesto necesario antes de la implementación de los acuerdos.

"No se pueden quedar con absolutamente ningún niño, nos los deben devolver a todos, no deben existir niños en la guerra, todos deben volver a estudiar y ayudarnos a construir la Paz ese él es compromiso y toda Colombia los estamos esperando" señaló Gaviria. Luego de que el equipo negociador de las FARC anunciara que para el 10 de septiembre del 2016 comenzará la salida de los menores de 15 años de las filas del grupo guerrillero, el expresidente

Tras el anuncio de las FARC muchos se preguntan qué será de la suerte de los menores de 16 y 17 años.

"El Gobierno espera que en los próximos días las FARC devuelvan a los niños, los tienen que devolver, no más niños en la guerra" dijo el jefe del Sí a la Paz, César Gaviria.

El pasado 15 de mayo, la Mesa de Negociaciones llegó a un acuerdo en torno al procedimiento y la verificación para la entrega de menores, pero dicho proceso había quedado congelado. Eso generó una oleada de críticas a las FARC, que tras el cierre del Acuerdo Final aseguraron que los niños y niñas se encontraban bajo condición de protegidos en los campamentos. El viernes, con un comunicado conjunto divulgado desde La Habana, se informó que el sábado 10 de septiembre se iniciará el proceso de salida de menores de los campamentos guerrilleros.

Las partes reiteraron que la recepción de los menores de edad se efectuará por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Serán trasladados a los centros de acogida temporal en los que residirán hasta que las instituciones

Por qué el Sí, por qué el No Por: Humberto Mendieta

Medio: El Heraldo

Cuán leguleyos somos, los colombianos no desaprovechamos ninguna situación para argumentar y discutir, aún sin conocer con absoluta claridad lo que se argumenta y discute. La pasión nacional por el pleito y el protagonismo, salpicado de rencores y odios, está a la orden del día. El Sí y el No se roban los titulares de prensa, los programas de radio y televisión, las conversaciones de esquina y los intensos y apasionados debates de grupos de Whatsapp.

Nunca dos palabras habían producido tantas discusiones y agresiones verbales en el país. Sin leerlos, en muchos casos, los acuerdos de La Habana son el plato principal del menú diario nacional.

Fecha: 2 de septiembre de 2016

Una mayoría no los leerá nunca, pero sin embargo seguirán en la pelea contradictoria de las pasiones.

Por estos tiempos un mensaje tras otro se constituyen en una especie de sinfonía de golpes de nocaut al usuario del popular y adictivo Whatsapp, incluyendo argumentos insólitos que dejan perplejo al entendido, o al desentendido receptor. En Colombia la razón va en contravía de los análisis absurdos. Una patética reflexión criolla es que quienes se jactan de demócratas y defensores del Estado de derecho son los que llevan la bandera de la exclusión y el sectarismo.

El repetido adagio de que es preferible un mal arreglo a un buen pleito podría caber aquí, pero no se trata de justificar el denominado Acuerdo Final firmado en Cuba. Ni se trata de ganar una larga y costosa guerra en la mesa de negociaciones. Se trata de que no se repitan modelos de acuerdos como el del Pacto de Ralito en julio de 2001. O la Ley de Justicia y Paz de 2005 con Uribe, en el que se dio un golpe más publicitario que efectivo. Mientras los cabecillas de las AUC se entregaron por pagar ocho años de cárcel, miles de sus soldaditos quedaron regados por toda la geografía nacional. Es claro, que el Acuerdo de La Habana demoró casi cuatro años porque de eso se trata. De que la soldadesca de las

competentes decidan los lugares en los que se procederá a realizar el proceso de reincorporación e inclusión social. Según lo pactado el 15 de mayo, los menores que salgan de las filas de la guerrilla serán considerados víctimas. Los menores de 14 años no podrán declararse penalmente responsables, sin embargo, a los que tengan entre 14 y 18 años se les aplicará el beneficio del indulto por rebelión y delitos conexos. El reclutamiento de menores es un crimen de guerra por el que deberán responder los jefes de las FARC en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se calcula que en poder de la guerrilla hay unos 21 menores de 15 años. URL: http://www.semana.com/nacion/ articulo/cesar-gaviria-exige-a-las-farcque-entreguen-todos-los-menores-deedad/492577

Farc no se quede regada en Colombia delinquiendo porque miles de hombres que están acostumbrados a las armas no saben hacer otra cosa que usarlas, y más cuando han estado escoltando cargamentos de droga y en las mochilas de sus comandantes hay rollos de dólares. Por lo menos lo que se ve es que en este tiempo el conflicto bajó, que muchos guerrilleros desertaron de sus filas y otros tanto se desmovilizaron.

Parte de la estrategia del No suena a pataleta jurídica con una demanda por una firma. O una calumnia con inventos inverosímiles o una peste de miedo que da risa, pero que logra asustar a una pequeña burguesía que teme que le quiten sus privilegios bien o mal ganados. Todavía no me imagino a un cachaco, mezcla de bogotano con londinense, como Juan Manuel Santos, nacido en el rancio curubito santafereño, entregando el país o militando en la izquierda. ¡Ni por el chiras!

SEPARATA MEDIOS/ septiembre / 2016

El fallo sobre el plebiscito masticado Por: Juanita León

Medio: La Silla Vacía

La Corte Constitucional publicó el viernes pasado la sentencia sobre el plebiscito. Son 337 páginas, de las cuales La Silla leyó las últimas 220 en las que la Corte desarrolla su posición. Estas son las conclusiones a la que llega la Corporación y que constituyen el marco para entender lo que se permite y lo que se prohíbe en la campaña del plebiscito: 1. No es un plebiscito sobre la paz o la guerra

El presidente Santos y los promotores del Sí han querido enmarcar este plebiscito como una decisión entre la paz y la continuación de la guerra. La Corte rechaza de entrada ese enfoque y es clara en que el propósito del plebiscito “es someter a la validación o refrendación del Pueblo la decisión política del Presidente de la República relacionada con una salida negociada del conflicto armado, que se materializa en el Acuerdo Final. En ese sentido, no se está sometiendo a discusión del electorado el derecho a la paz…” 2. La pregunta es sobre el Acuerdo Final

De lo anterior la Corte concluye que la pregunta del plebiscito es si el que vota “avala el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. No se está cuestionando al Pueblo si está de acuerdo con que el derecho a la paz continúe vigente o cuál debería ser su alcance, sino únicamente si avala un Acuerdo en específico suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal”. La Corte también es explícita en que la “pregunta no puede ser tendenciosa o equívoca, pues se debe evitar que la voluntad del ciudadano pueda ser manipulada o dirigida. Tampoco puede estar formulada de manera tal que induzca a la persona a una respuesta en un sentido específico.” 3. Se debe votar en bloque

Los uribistas han abogado desde un principio para que, como sucede con los referendos, en este plebiscito los colombianos pudieran votar por aparte cada uno de los puntos del acuerdo. Por ejemplo, votar a favor del punto sobre desarrollo rural y en contra el de justicia. La Corte dijo explícitamente que “que “El Acuerdo Final, en tanto decisión política, debe ser entendido como un todo, integrado por asuntos transversales, no separables. De allí que resulte justificado que la integralidad del Acuerdo Final y no sus componentes particulares, sean sometidos al escrutinio del Pueblo. […] En consecuencia, si el elector está parcialmente en desacuerdo con la agenda de acción política fruto de la negociación del Gobierno, deberá ponderar dicho desacuerdo frente a una visión integral sobre los contenidos del Acuerdo Final, a fin de decidir si opta por apoyarlo o rechazarlo.” 4.No incorpora el acuerdo automáticamente en la Constitución

Personas como el abogado de las Farc

Fecha: 17 de agosto de 2016

Álvaro Leyva habían defendido la idea de que con la votación del plebiscito el acuerdo logrado con las Farc debía entrar automáticamente a formar parte de la Constitución Nacional. El Gobierno ya había ganado ese pulso con el Acto Legislativo para la Paz pero la Corte reforzó su posición al decir que la decisión del Pueblo de ninguna manera supone la inmediata inclusión de normas jurídicas en el ordenamiento, ni es un mecanismo a través del que se puedan introducir reformas a la Constitución”. Para eso, hay que hacer unos pasos posteriores previstos en la Constitución. 5. Las leyes del fast-track también pasan por la Corte

La Corte reiteró que “las leyes expedidas como implementación posterior para dotar de eficacia el mandato político [contenido en el plebiscito] deben ajustarse al contenido de la Constitución, so pena de ser declaradas inexequibles” 6. Solo el Presidente puede negociar

El argumento de los uribistas para que la gente vote No es que si la votación es contundente en ese sentido, se puede volver a la mesa a negociar “un mejor acuerdo” que incluya cárcel para los que cometieron crímenes atroces y su no elegibilidad política. Algunos del Centro Democrático han dicho que la negociación, entonces, sería también con ellos. La Corte parecería “bajarlos del bus” en esa aspiración.

“Dada la índole del compromiso que se contrae y sus repercusiones para el futuro de la colectividad, el contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquella que tiene a su cargo la conducción del orden público. Se trata de decisiones de alta política reservadas, por tanto, al fuero presidencial y que, dada su naturaleza, no son delegables”, dice la sentencia. En conclusión, el ex presidente Uribe podría sentarse a negociar con las Farc un “mejor acuerdo” solo si Santos lo delega para ello o hacerlo en el 2018 si el candidato del Centro Democrático gana las elecciones presidenciales y lo nombra como negociador. 7. Un mes diferente al de Santos para convocar el plebiscito

Como el gobierno necesita presentar el proyecto de ley de reforma tributaria a más tardar el 3 de octubre, tenía en sus cuentas que el plazo máximo para finiquitar el acuerdo con los Farc sería el 29 de agosto para poder convocar la votación del plebiscito a más tardar el 30 de septiembre. La Corte, sin embargo, dice que “la convocatoria al plebiscito no puede tener lugar sino después de un mes contado a partir del momento en el que el Congreso, expresa o tácitamente, manifieste su aval.”. Es decir que si el Congreso no manifiesta su aval casi el mismo día en que el Presidente se la mande –asumiendo que no lograrán terminar el acuerdo antes de diez días- el

Maria Victoria Calle Correa, presidenta corte constitucional.

plebiscito coincidiría con la presentación de la reforma tributaria, que es lo que el Gobierno quisiera evitar.

8. La abstención sin privilegios Dado que la Corte aprobó el cambio del umbral participatorio del 50 por ciento al aprobatorio del 13 por ciento, dice que se eliminan “los efectos jurídicos de la abstención activa. El efecto práctico de eso es que solo las campañas por el “Sí” o por el “No” contarán con las garantías de la ley. 9. Las reglas de la campaña

La Corte dice que “los promotores a favor o en contra de la iniciativa, así como los partidos y movimientos con personería jurídica, tendrán derecho a:

•Dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la votación, a por lo menos dos espacios institucionales en cada canal nacional de televisión. El Gobierno Nacional si lo desea, dispondrá de tres espacios en cada canal para que presente su posición sobre la materia; y el tiempo asignado a los promotores de la iniciativa no podrá ser inferior al promedio del asignado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.” • Las campañas se podrán hacerse desde el momento en que se fije la fecha de la votación hasta el día anterior. • Los que vayan a hacer campaña deben contarle al Consejo Nacional Electoral dentro de los 15 días posteriores al día que se publique el decreto convocando el plebiscito. • El Consejo Nacional Electoral fijará los topes de las campañas. 10. Los funcionarios públicos pueden hacer campaña salvo el Procurador y otros pocos. Como no se busca elegir a alguien sino respaldar una política pública, la Corte permitió que los servidores públicos hagan campaña a favor del Sí o del No. Pero exceptuó a los que tendrán que ver

directamente con vigilar que se cumplan las reglas o dirimir los conflictos que surjan. En concreto, dijo que “aquellos funcionarios y servidores que pertenecen a los organismos de control, la Rama Judicial, la organización electoral y los cuerpos civiles de seguridad, no puedan hacer parte de las campañas del plebiscito, bien sea a favor del sí o del no.” Tampoco las Fuerzas Militares. El principal damnificado con esta exclusión es el procurador Alejandro Ordóñez que lleva meses pronunciándose en contra del Acuerdo de Paz y cuyos argumentos rebaten a lo largo de toda la sentencia. 11. Pueden usar los recursos públicos pero no abusar

Uno de los temores de los promotores del No es que la competencia les resulte muy desventajosa pues los funcionarios públicos tendrán a su disposición todos los recursos del Estado para promover el Sí. La Corte puso algunas cortapisas pero dejó margen para que hagan campaña con recursos del Estado

“No se muestra inconstitucional que los funcionarios y empleados públicos que adelanten campañas por el plebiscito puedan utilizar aquellos bienes y recursos públicos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los servidores”, dijo la Corte. Pero puso algunos límites como que “no podrán alterarse las partidas presupuestales existentes a fin de dotar de recursos a dichas campañas, lo cual también estaría prohibido por la regla antes analizada, que prohíbe utilizar en dichas campañas bienes y recursos del Tesoro Público.” Además, dijo que por hacer campaña los funcionarios no podrán “suspender las tareas propias de la función pública con el fin de participar en el plebiscito. Ello en razón a que el tiempo destinado al ejercicio de las actividades del Estado, las jornadas laborales y, en general,

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la función ejercida por los servidores públicos, tiene un significado y costo concreto en términos de recursos del Estado. De allí que lo mismos no puedan ser desviados para su propósito específico, que es la adecuada prestación de las funciones de cada institución estatal.” También dijo que no podrán hacer lo que suelen hacer varios alcaldes y gobernadores en época electoral y es obligar a los funcionarios y contratistas a participar en las campañas o a votar de una manera determinada bajo amenaza de perder el empleo o el respectivo contrato.

La Corte, sin embargo, dejó una gabela clave para el gobierno y es que permitió que accedan a medios “con el fin de expresar su posición sobre el plebiscito especial”.

También permite que use las páginas web de “las entidades públicas de la rama ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, incluyendo las Fuerzas Militares” para hacer campaña a favor del plebiscito. La única obligación que le impone al Gobierno si lo hace es que “debe expresarse de manera clara que lo publicado tiene la finalidad de incidir en la vocación de voto del ciudadano. Ello en aras de garantizar el principio de veracidad y la libertad del elector, quien debe ser notificado con transparencia del tipo de información que está recibiendo.” 12. El plebiscito no puede ser plataforma electoral

Aunque ya es evidente que para muchos políticos la campaña de plebiscito servirá de “primarias” de varios partidos, la Corte fue enfática en que “será completamente inadmisible, en razón de su inconstitucionalidad, utilizar el plebiscito especial para promover un partido o movimiento político particular, o menos aún para apoyar una candidatura a cargos en corporaciones públicas”. 13. Los colombianos pueden votar en el exterior La Corte determinó que los colombianos que viven por fuera podrán votar en el plebiscito y permitió para ello que se puedan inscribir hasta los dos meses anteriores a la respectiva elección (es decir desde ya) y que puedan votar durante toda la semana anterior, salvo que el Consejo Nacional Electoral decida que lo tienen que hacer el mismo día que el resto de colombianos. 14. Pueden tener las armas, pero no usarlas

Aunque durante el fin de semana varios medios dijeron que la Corte obligaba a que las Farc hubieran dejado las armas para el momento de la votación del plebiscito, eso no es lo que dice el fallo. Lo que sí exige es que ya un cese bilateral definitivo, que significa que no haya hostilidades a pesar de que mantengan las armas en su poder. “La Corte advierte que la suscripción de dicho Acuerdo, que tiene por objeto la terminación del conflicto armado, supone el cese de las hostilidades y la renuncia integral y definitiva a la actividad armada, así como a la amenaza del uso de la fuerza, como presupuestos

/SEPARATA MEDIOS

para la aceptación por parte de los miembros del grupo armado ilegal del orden constitucional democrático.

Por ende, en la medida en que la convocatoria del plebiscito es un acto posterior a la suscripción del Acuerdo Final, la Corte comprende que la ejecución de las campañas y la posible celebración del plebiscito se ejercerán bajo el supuesto del cese integral y definitivo del conflicto armado entre el Estado y el grupo armado ilegal que suscribe el Acuerdo.” 15. El Sí obliga al Presidente a ejecutar el Acuerdo

Si el 13 por ciento de los colombianos que pueden votar lo hacen a favor, el resultado es que el Presidente está obligado a activar “los mecanismos previstos en la Constitución y en la ley para la implementación de su decisión política vinculada al Acuerdo Final.”

La Corte nunca menciona el Acto Legislativo para la Paz, que es la reforma constitucional que incorpora el Acuerdo Final en la Constitución si el Sí gana el plebiscito. Pero se entiende que esto es lo que “activaría” el Sí. La Corte sí dice que “el deber de implementación [del Acuerdo Final] no puede rechazarse por el Presidente” [...] “Por ende, en caso que se considerase por parte el Gobierno que es necesario reversar la implementación y ante la comprobación del voto popular a favor del Acuerdo, sería obligatorio convocar nuevamente al Pueblo para esa labor, pues solo él tiene la ascendencia democrática suficiente para tal propósito una vez se ha expresado la voluntad del cuerpo electoral mediante plebiscito.”

El otro efecto del Sí sería, según la Corte, “que la refrendación popular de la decisión política del Presidente también involucra una garantía de cumplimiento de lo pactado.[…] A su vez, también contarán con la estabilidad jurídica derivada del hecho que el mandato de implementación no será revocado por el Presidente, pues resulta obligatorio para él.” 16. El efecto del No

La Corte dice que si gana el No o el Sí no alcanza el umbral del 13 por ciento el efecto sería “la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico, puesto que fue esa decisión de política pública la que se sometió a la refrendación popular.” Dice que el Presidente podría poner a consideración del pueblo un nuevo acuerdo “con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o la suscripción de uno nuevo, incluso con grupos armados ilegales diferentes a las FARC-EP." 17. La divulgación del Acuerdo

La Corte es enfática en que “de ninguna manera” el Gobierno puede usar los minutos gratis de televisión, radio y los impresos y páginas web de las entidades para nada diferente a divulgar el acuerdo y “bajo ninguna circunstancia para promover el apoyo de la campaña a favor del plebiscito”. “El Consejo Nacional Electoral está investido de la competencia para sancionar el incumplimiento del

Luis Guillermo Guerrero Pérez, vicepresidente corte constitucional.

deber de divulgación imparcial de los contenidos del Acuerdo Final.”

La Corte también aclara en que el Gobierno debe presentar el Acuerdo Final “en su versión integral y definitiva” al tiempo que el Presidente pide al Congreso convocar el plebiscito. Y tiene que dar como mínimo un mes para que la gente conozca el acuerdo. Por último, la Corte obliga al Gobierno a que el Acuerdo Final pueda ser conocido por todos los colombianos, en particular por los habitantes “de las zonas más apartadas del país que son las que han sufrido una mayor afectación del conflicto armado” y también por aquellos en condiciones de discapacidad y a aquellas comunidades que no se comunican en castellano. 18. No se necesita consulta previa ahora pero de pronto sí después

La Corte dijo que dado que el proyecto de ley del plebiscito es un mecanismo de aplicación general para todos los ciudadanos no se exige una consulta previa. Pero aclara que “esta circunstancia no obsta para que durante el potencial proceso de implementación normativa del Acuerdo Final, deba realizarse dicha consulta respecto de regulaciones específicas que sí conlleven dicha afectación directa.” Esta parte de la sentencia tendrá consecuencias para la definición de las circunscripciones de paz y para las medidas de reincorporación de los guerrilleros, entre otros, pues afectan territorios indígenas y afro. M1- Un mensaje para Vivian: le tumbamos su referendo

En varios apartes de la sentencia, la Corte reitera que “sería inconstitucional restringir los derechos fundamentales de las minorías a través de un referendo constitucional en tanto los derechos fundamentales no son susceptibles de ser reducidos en su alcance mediante mecanismos de participación ciudadana”. Como lo CONTÓ La Silla el mensaje implícito para la senadora liberal Viviane Morales que presentó un proyecto de referendo para prohibir la adopción por parte de parejas homosexuales es claro.

Mientras se mantengan los mismos magistrados, ese proyecto de ley no pasará en la Corte.

M2- Un mensaje para los uribistas: no sueñen con la sustitución

Esta Corte ha usado el concepto de “sustitución de la Constitución” de manera prolífica para tumbar todo tipo de normas. Sin embargo, en esta sentencia en la que el tema no era parte de la discusión, la Corte se adelanta a futuras demandas contra, por ejemplo, la Jurisdicción Especial de Paz, sobre la cual varios uribistas han dicho que sustituye la Constitución pues crea una justicia paralela a la estipulada en la Constitución. La Corte afirma que “La previsión de normas jurídicas, incluso constitucionales, que prevean instrumentos de transición hacia la paz no conforman per se sustituciones a la Carta Política. En cambio, estos mecanismos se muestran como instrumentos que están dirigidos a la restitución de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las víctimas. Por ende, superan la idea tradicional de la justicia retributiva como única alternativa de tratamiento penal, para adoptar una visión restaurativa de los derechos de las víctimas y fundada en la participación de las mismas, en tanto elemento central para el logro de la paz social.” También, como contó en su COLUMNA Héctor Riveros, la Corte, sin que le preguntaran, avaló uno de los temas más polémicos del acuerdo sobre justicia y es el de la posibilidad de que el Tribunal de Paz imponga penas diferentes a la cárcel a quienes cometieron crímenes atroces durante el conflicto.

Dice que ese deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados “solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan”. URL: http://lasillavacia.com/historia/elfallo-sobre-el-plebiscito-masticado-57564

SEPARATA MEDIOS/ septiembre / 2016

El Acuerdo con las Farc: una oportunidad histórica Por: Juanita León

Medio: La Silla Vacía

Fecha: 24 de agosto de 2016

Esta noche, cuando el presidente Santos anuncie que se cerró formalmente el acuerdo de paz con las Farc, culminan dos años de negociaciones secretas y cuatro de la Mesa en la Habana. Y se abre una oportunidad histórica para Colombia.

El término que usará es ‘cerrar’ la negociación pues, como lo anticipó La Silla hace más de un mes, esta noche no se firmará el Acuerdo Final. Se ‘antefirmará’. Es decir, que los negociadores le estamparán su firma al texto final para que se pueda enviar al Congreso. Según le confirmó a La Silla una directiva del Senado, la idea es que el martes esta corporación convoque el plebiscito para un mes después.

De esta manera, los colombianos podrán refrendar o no el Acuerdo a finales de septiembre o los primeros días de octubre, justo cuando se le vence el plazo al ministro de Hacienda para presentar la reforma tributaria que debe ser aprobada antes de que termine el semestre. Lo que explica el afán de los últimos días en la Habana por finiquitar la negociación y evitar así que la votación del plebiscito coincidiera con la discusión sobre el aumento de impuestos. Si el Sí logra el umbral del 13 por ciento del censo electoral y le gana al No, Santos y el jefe guerrillero Timochenko firmarán el Acuerdo Final con decenas de presidentes extranjeros a bordo. Ahí sí, el país que votó por el Sí podrá celebrar el fin de las Farc como grupo armado. ¿De qué se trata el Acuerdo?

El Acuerdo logrado con las Farc busca tres cosas: por un lado, eliminar los factores que han sido caldo de cultivo para que la guerra en Colombia se haya prolongado y para que los grupos armados se reciclen uno tras otro.

Por el otro, crear las condiciones para que la guerrilla pase de buscar el poder a través de las armas para hacerlo a través de las urnas. Y por último, intentar satisfacer mínimamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Para lo primero, el Acuerdo tiene un capítulo extenso en el que el Gobierno se compromete a llevar desarrollo al campo, a titular las tierras de los campesinos y a darles tierra y a crear garantías para que cualquiera pueda ser un crítico acérrimo del Gobierno de turno y que no lo maten por eso. Las Farc, por su parte, se comprometen a dejar las armas en un término de seis meses a partir de su concentración en zonas que estarán bajo verificación de la ONU, a ayudar a desmantelar los cultivos ilícitos y a confesar sus crímenes, pedir perdón y reparar a sus víctimas.

Para lo segundo, el Acuerdo tiene un capítulo sobre participación política que le hace más fácil a las Farc convertirse en un partido político viable: le da curules directas en el Congreso (esta noche se sabrá cuántas), crea la posibilidad de que movimientos en sus zonas de influencia puedan postular candidatos que sean elegidos con menos votos que un candidato de un partido normal, les da acceso a medios de comunicación, le da garantías plenas a la protesta social. Y para las víctimas, crea una Comisión de la Verdad donde podrán contar lo que sufrieron; una Jurisdicción Especial de Paz que condenará a penas alternativas a los que cometieron los peores crímenes si confiesan sus delitos; y programas de reparación, que será en muchos casos simbólica. Es un acuerdo súper detallado, de más de 200 páginas, que sienta un precedente internacional importante porque se logra después de la firma del Tratado de Roma que creó unos estándares de justicia más altos para los criminales de guerra y que, de ser refrendado, lograría el fin de las Farc como grupo armado.

Aun así, es un acuerdo que ha inspirado muy poca emoción entre los colombianos, que estaban en su mayoría convencidos de que después de ocho años de Seguridad Democrática la guerrilla estaba prácticamente derrotada y solo merecía unos términos magnánimos de rendición.

Sin un acuerdo político previo al interior del Establecimiento, toda concesión –y hay varias, comenzando porque los que cometieron delitos de lesa humanidad pueden salvarse de la cárcel- ha sido vista como excesiva. “Es una paz resignada”, la describió Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas cuando la negociación iba a medio camino. Pero resignada o no, se logró llegar a un acuerdo de paz, algo que habían intentado infructuosamente los últimos cinco presidentes. Los factores de éxito

Varias cosas contribuyeron a llegar tan lejos.

Primero, una correlación militar favorable al Establecimiento. Los dos gobiernos de Uribe tienen mucho que reivindicar porque si bien la guerrilla estaba lejos de estar acabada sí llegó derrotada estratégicamente a la Mesa. No tenía una verdadera posibilidad de tomarse el poder, lo que la hacía más abierta a llegar a un acuerdo. Luego está la disposición de Santos de arriesgar todo su capital político con tal de llegar al final. Fue clave su habilidad para identificar el momento correcto para iniciar el proceso de paz, en el que las condiciones estaban dadas: la convicción

de la izquierda latinoamericana de tener mayores posibilidades dentro de la democracia; la certeza que tenía el presidente venezolano Hugo Chávez de que las Farc sería más funcional a la expansión de la revolución bolivariana como partido político legal que como guerrilla; la conclusión a la que había llegado una parte del Establecimiento de que era menos costosa la salida negociada que la militar después del episodio de los falsos positivos; el interés de Cuba de demostrarle a Estados Unidos que ya no era una incubadora de guerras sino todo lo contrario.

La fase secreta a cargo de Sergio Jaramillo y el guerrillero Mauricio Jaramillo fue definitiva para definir una agenda acotada y unas reglas de negociación tan claras que cuando el proceso se volvió público ya estaba “el ferrocarril para que se moviera el tren”, como le dijo una fuente a La Silla y la claridad “para evitar negociaciones tipo sanandresito”, como le dijo otra.

También contribuyó al éxito de la negociación el equipo altamente comprometido de la Oficina del Alto Comisionado que aportó los insumos técnicos al equipo negociador y el compromiso de todo el equipo negociador de persistir a pesar del sacrificio personal que implicó estar cuatro años en La Habana; y fue fundamental el método de negociación en la Mesa que les permitió construir acuerdos a pesar de no tener un mediador. El liderazgo, la habilidad y el respeto que inspiró dentro del equipo y por fuera Humberto de la Calle como jefe negociador le imprimió a la negociación una estatura política desde su arranque.

El aislamiento de Cuba y el profesionalismo de los cubanos junto con el rol que jugaron Noruega y Venezuela como garantes también fue crucial para llegar a donde se llegó. El que Barack Obama y Jhon Kerry le hubieran metido la ficha al proceso fue muy importante. Paradójicamente dado su ‘antiyanquismo’, la presencia del delegado del presidente de Estados Unidos Bernie Aronson fue una de las mayores garantías para las Farc. El rol que jugaron los generales Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo y también la subcomisión técnica de militares fue muy importante para calmar los temores del establecimiento militar.

Y la decisión de las Farc de meter a todo el Secretariado y llevar a Timochenko a la Habana a tomar decisiones en la fase final también posibilitó el éxito de la negociación. Lo que significa

Todo lo anterior permitió llegar a que hoy se de esta noticia que puede ser muchas cosas a la vez: junto con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y la caída de la dictadura de Rojas Pinilla

una de las tres noticias políticas más importantes en 70 años; el fin de la última confrontación inspirada en la guerra fría en América Latina; la esperanza de que la violencia será erradicada de la política en Colombia; la foto que todos los presidentes han esperado en los últimos 32 años; la consecuencia lógica de la derrota militar de la guerrilla o de su fracaso por tomarse militarmente el poder…o un pie de página en la historia si gana el No en el plebiscito. Sin embargo, como le dijo una fuente a La Silla Vacía, la sola noticia significa hoy cosas diferentes para cada actor de la sociedad colombiana. Para Juan Manuel Santos: es su éxito político más rotundo; es el pasaporte a un lugar destacado en la historia de Colombia;

Para las Farc: es su salida digna a la política y de la degradación del narcotráfico y del terrorismo. Significa su transformación en fuerza política en una coyuntura de falta de legitimidad de la clase política tradicional. Es la apertura de un espacio internacional. Para Álvaro Uribe: una derrota política, que está lejos de ser la definitiva.

Para la mayoría de regiones, las fuerzas políticas alternativas, el movimiento social y las víctimas del sector rural: es la esperanza; es la expectativa de acceso al poder y de lograr soluciones a sus carencias, necesidades y aspiraciones; es una opción de tener una voz y una parte en el destino de Colombia.

“Si se cumplen los acuerdos, Colombia entrará en una transición política porque habría una desconcentración de poder con unas expresiones regionales y locales de poder”, dijo a La Silla César Jérez, líder de las Zonas de Reserva Campesina.

Para las Fuerzas Militares: es el reto para transformarse en un ejército moderno para la Defensa Nacional y superar la etapa de ejército contrainsurgente; es la salida a miles de procesados y detenidos; es la posibilidad de pasar la página de las violaciones a los derechos humanos. Para los empresarios: es la situación deseada (sin las amenazas del conflicto) llena de incertidumbres sobre las nuevas condiciones para realizar negocios; en algunos sectores con más miedo que otros. Para los campesinos: es la expectativa de una vida digna en el campo y de que el sector adquirirá la prioridad que no ha tenido en las políticas públicas. La opción de dejar de ser ciudadanos de segunda.

Para la población urbana: grandes ilusiones para los sectores más organizados y progresistas; muy poco para la mayoría. Las oportunidades y los riesgos

Para Colombia la firma de este Acuerdo representa una gran oportunidad y también muchos riesgos.

“Es una oportunidad de pasar la página de un conflicto anacrónico”, dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. “Este conflicto, tanto simbólica como mentalmente, ha sido un fardo para la El acuerdo/ Sigue página 7

Edición 563

/SEPARATA MEDIOS

Los miedos de los empresarios ante la justicia transicional El presidente Santos responde que “ningún empresario honesto tiene por qué preocuparse”. Por: Édgar Artunduaga

Medio: Kienyke

Esta semana en Kienyke.com pusimos sobre el tapete de las discusiones la preocupación de los grandes empresarios por la forma como serían sentados ante la Justicia transicional contemplada por los acuerdos de La Habana, y dijimos en lenguaje coloquial que están “cabreados”. El propio ministro Juan Fernando Cristo admitió que “esta es una tormenta que se desató por la filtración de una lista”.

El exsenador José Renán Trujillo advirtió –al mediar la semana- que las observaciones y críticas del Vicepresidente Germán Vargas Lleras crecieron como espuma “y el Presidente Santos tuvo que salir a tratar de minimizar el impacto, al expresar que los empresarios no deben temer a la justicia transicional. Y fue en Cali donde

Fecha: 3 de septiembre de 2016.

debió ponerle la cara al asunto porque Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, lo cuestionó al conocerse un listado de 57 empresas cuyos funcionarios podrían ser puestos en la mira de la jurisdicción especial para la paz, acusados de ser financiadores de la guerra”. La revista Semana resume que el sector privado tiene tres miedos:

-En esencia el sector privado tiene tres miedos: El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos testigos que terminen

El acuerdo/ viene página 6

modernización del país. Este acuerdo es como un regalo. Dependerá de los colombianos lo que hagamos con él”.

“El Acuerdo abre también la posibilidad de un acercamiento al sector rural, para convertirlos ahora sí en verdaderos colombianos”, opina el investigador del conflicto Juan Carlos Palou.

“Es la oportunidad de salir de esa decadencia humana y espiritual en la que hemos caído por cuenta del conflicto armado” dice Manuel Ramiro Muñoz, director del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. “Los millones de víctimas son el reflejo de la barbarie de la guerra”. A la par con las oportunidades, hay múltiples riesgos de que la mucha o la poca ilusión que genera la firma hoy se convierta en una nueva frustración para los colombianos.

por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar “la verdad”. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos. El presidente Santos ha salido a responder con estas frases: “Ningún empresario honesto tiene por qué preocuparse. Sólo tienen que presentarse voluntariamente y quedarán limpios de por vida”. Y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez –también en semana- formuló los siguientes comentarios:

-La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en

El primer desafío tiene que ver con la capacidad del Estado de realmente asegurar el monopolio de la fuerza en los territorios que dejen las Farc. Su incapacidad de controlar a las bandas criminales o al Eln puede generar otro tipo de violencia. Máxime cuando el narcotráfico, que ha servido de combustible de esta guerra, está boyante.

El manejo menos punitivo de los cocaleros por parte de este gobierno ha hecho –según el último informe de la Onu- que los campesinos sientan una menor percepción de riesgo para cultivar y que, como dijo recientemente el alcalde de Puerto Rico, Caquetá, la gente haya comenzado a “naturalizar” el cultivo de coca.

Existe un riesgo real que ante ese menor riesgo de ser fumigados o encarcelados, los narcos empresariales vuelvan a

medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación. Pero, claro, hay otros que, según las investigaciones, contribuyeron voluntariamente a la guerra. Sobre ellos, tiene que recaer todo el peso de la ley. El Ministro del interior, Juan Fernando Cristo, expresó:

-El presidente ha sido claro en explicar que los empresarios que fueron extorsionados y que no han sido determinantes ni determinadores de crímenes de lesa humanidad no tienen de qué preocuparse. Hablan los empresarios:

incrementar los cultivos que habían relegado a los cocaleros de base.

Según le contó una fuente experta a La Silla, en sitios como Tumaco los capos locales ya están empoderándose e incluso se están haciendo “vacas” para colocar cargamentos en Estados Unidos.

La esperanza de muchos es que las Farc, que querrá evitar que otros grupos armados lleguen tras la coca a las zonas donde siempre han mandado, contribuya eficazmente al desmantelamiento de los cultivos. Pero está la duda de si su autoridad sobre la gente se derivaba solamente del miedo que inspiraban sus armas. También está el riesgo de que el Gobierno no tenga ni la plata ni el ‘alistamiento’ suficiente en las instituciones para cumplir los acuerdos. Para solo dar un ejemplo, la Agencia de

En el informe central de la revista, hablan los voceros de los empresarios:

Bruce Mac Master, presidente de Anif. La justicia transicional deberá garantizarles a todos los ciudadanos, dentro de ellos a los empresarios, un sistema confiable, justo y equitativo. No podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios.

Rafael Mejía, presidente de la SAC. Los empresarios quieren estar seguros de que con este nuevo sistema va a haber justicia, reparación y no repetición. Este es un sistema nuevo que debe ser mirado desde el lado positivo. En este momento lo más importante es estar pendiente de la realidad y no de la ficción.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco. Cualquier persona, natural o jurídica, puede ser investigada. Sin embargo, las personas jurídicas no delinquen, lo hacen las naturales. Lo importante es que gocen de garantías constitucionales. Somos más los que estamos seguros de que los empresarios no están incursos en ningún delito. URL: http://www.kienyke.com/ home/los-miedos-de-los-empresarios-ante-la-justicia-transicional/

Renovación del Territorio, que será la encargada de reactivar económicamente e integrar con el resto del país a las regiones más afectadas por el conflicto, solo arrancó a funcionar nueve meses después de su creación y tiene apenas cuatro funcionarios, incluyendo a su directora Mariana Escobar, como contó La Silla. Y por último, está la dificultad de promover una reconciliación efectiva cuando no se ha logrado construir un acuerdo político mínimo alrededor de esta negociación. Lo que crea el mayor riesgo para lo acordado: que en un mes gane el No. Por eso, la gran fiesta para celebrar el anuncio histórico que se hará a las siete de la noche tendrá que esperar. Hoy será solo un brindis. URL: http://lasillavacia.com/historia/elacuerdo-con-las-farc-una-oportunid

SEPARATA MEDIOS/ septiembre / 2016

Fumigaciones: el primer grito de independencia del fiscal general

Por: Nación

La propuesta de Néstor Humberto Martínez de volver a usar el glifosato acaba la luna de miel que había tenido su gestión y enciende toda una polvareda política. Medio: Semana

Fecha: 4 de septiembre de 2016

En el poco más de un mes que lleva Néstor Humberto Martínez como fiscal ha demostrado ser un funcionario proactivo contundente y que toma riesgos. Todas las medidas que había tomado hasta hace unos días habían caído bien. El giro que les dio a los principios de oportunidad del caso Interbolsa le produjo una agradable luna de miel, en una entidad que suele estar agobiada por las polémicas. Sin embargo, ese estado de tranquilidad cambió definitivamente el pasado fin de semana cuando se conoció su propuesta de reanudar las fumigaciones.

El tema es bastante espinoso. Por un lado, porque el viraje en la política de lucha antidrogas ha sido una de las banderas del gobierno Santos. La suspensión del glifosato es el símbolo de esa nueva era y goza de múltiples apoyos. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que esa sustancia puede ser cancerígena y la Corte Constitucional pidió dejar de usarla en un histórico fallo. Por el otro lado, para un importante sector de la derecha y buena parte de la opinión pública, ante el aumento desmedido de los cultivos ilícitos, la medida no está del todo justificada. Esos

escépticos consideran que a todo producto le sale algún estudio diciendo que entraña algún riesgo. Aseguran que lo mismo sucede con los teléfonos celulares y nadie ha dejado de usarlos por eso. Para ellos tiene más peso, como lo aseguró el mismo Martínez, que el país haya pasado de tener 47.788 hectáreas sembradas con mata de coca en el 2012 a lo que, según los cálculos, puede ser cercano hoy a 140.000.

Muchos consideran que ante ese panorama, el desmonte del glifosato no es más que la consecuencia de la supuesta obsesión del gobierno Santos de complacer a las FARC. El tema es tan importante para el proceso de paz, que es uno de los seis puntos del Acuerdo Final con esa guerrilla y quedará en el bloque constitucional una vez se refrenden los acuerdos y se tramite la ley habilitante. Sin embargo, el Jefe del Equipo Negociador, Humberto de la Calle, aclaró este lunes que la propuesta del fiscal está en armonia con los acuerdos. "Nunca dijimos que se tenía que prohibir de manera absoluta la aspersión", le dijo a la W radio. Por eso, el hecho de que el fiscal general quisiera meterse en esa pelea sorprendió a muchos. En primer lugar porque dada

la cercanía personal que hay entre él y el presidente, llamó la atención que el tema no haya sido consultado. Martínez, quien como fiscal forma parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, ni siquiera le dirigió esa petición a Santos, sino que envió semejante propuesta en una carta de siete páginas al ministro de Justicia, Jorge Londoño. En la misiva le pide al jefe de esa cartera convocar a una reunión de ese organismo.

Asumir de frente esta posición le garantiza continuar popularidad con la derecha, pero no con la izquierda. A pesar de que la noticia se hizo pública el domingo, cuando la mayoría de los colombianos descansa, las primeras reacciones del Gobierno fueron negativas, pero dada la gravedad de la situación no se sabe si serán las definitivas. Aun así, eso hizo pensar que la unanimidad que Martínez había conseguido con sus primeros anuncios la perdió con esta polémica propuesta. El procurador Alejandro Ordoñez pudo ser el más feliz. Desde una conferencia aseguró que fue “un error del Gobierno suspender las fumigaciones” y agregó que el país estaba “nadando en coca”.

La coordinación que se vio en el rechazo que varios ministros le dieron a la propuesta de Martínez dejó la impresión de que había sido por orden presidencial. El jefe de la cartera de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que "la aspersión aérea no soluciona nada". Agregó que no está de acuerdo con Martínez, pues "en el 2007 se asperjó de forma aérea con mucha intensidad y fue el año que más cultivos ilícitos hubo". El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también salió a criticar al fiscal. Explicó que una de las razones para prohibir el glifosato fue la confirmación de los científicos de que la sustancia puede ser cancerígena. “Según la OMS, la exposición al glifosato puede estar relacionada con la generación de linfoma no hodgkiniano, un tipo de cáncer del tejido linfático”. Agregó que la “implementación del Acuerdo Final hace innecesaria la erradicación con glifosato pues las FARC se comprometen a romper todo vínculo con narcotráfico”.

En un tono más conciliador salió el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Desde Putumayo afirmó que esta sustancia no sólo es nociva para la salud, sino que deteriora la inmensa riqueza natural

que tiene el país. “Hemos sido enfáticos y lo más técnicos posible sobre las consecuencias de la fumigación aérea. Estamos de acuerdo en que su uso controlado es posible, pero acompañado de erradicación manual”, explicó. Por su parte, la Policía asumió una posición más neutral e hizo público que existe un herbicida que podría reemplazar al temido glifosato. Se trataría de una sustancia conocida como glufosinato de amonio, que de ser aprobada, permitiría levantar la prohibición de la aspersión aérea.

En medio de la polémica, no faltaron quienes creyeron que dada su cercanía con Germán Vargas, el fiscal Martínez estaba simplemente reflejando lo que el vicepresidente piensa y abonándole el terreno para su llegada a la campaña del 2018. Sin embargo, todos los que conocen a Néstor Humberto saben que es demasiado independiente para ser la voz de otro. En todo caso, su propuesta generará un enorme debate y promete dar mucho de qué hablar. URL: http://www.semana.com/ nacion/articulo/nestor-humbertomartinez-pone-a-la-fiscalia-afavor-del-glifosato/492519

Justicia transicional: cal y arena

El paso de guerra a paz en una sociedad que ha experimentado un largo conflicto armado es un proceso de reingeniería de todos los componentes que forman la estructura social del Estado. La justicia transicional es sólo uno que en últimas tiene como objetivo lograr un compromiso entre la necesidad de pasar la página y la de no dejar en el olvido los estragos y atrocidades de la guerra, un compromiso entre el futuro y el pasado, entre las aspiraciones de las víctimas y las de una sociedad que quiere la paz. Por: Marcos Peckel

En la dinámica social del siglo XXI, solucionar un conflicto implica tanto silenciar la armas como resarcir a la víctimas, conceptos que históricamente han navegado en direcciones contrarias. Para lograr el primero se hace imperioso hacer concesiones en el terreno de la justicia entendida en su concepción tradicional, una aplicación moderna y humanizada de la ley del Talión, un castigo a la altura del crimen cometido. Los procesos de justicia transicional se han aplicado en dos instancias: el tránsito de dictadura a democracia y el

de guerra a paz. En el primer caso ha sido posible aplicar mayores estándares de justicia tradicional a los responsables de atrocidades por ser la sociedad con sus movilizaciones la que causó el final de la dictadura, una especie de vencedor y vencido, tal como ocurrió en Argentina y Chile.

Por otro lado, la justicia transicional en acuerdos de paz enfrenta desafíos más complejos, intereses enfrentados entre víctimas y victimarios, entre la ley internacional y los acuerdos de fin del conflicto. En El Salvador, la justicia transicional creada tras los acuerdos de Chapultepec reflejaba el equilibrio

de poder entre la guerrilla del FMLN y las fuerzas armadas: se privilegió la reconciliación entre los combatientes sobre la justicia a las víctimas, se marginó a la sociedad del proceso y finalmente el parlamento salvadoreño emitió en 1993 una ley de amnistía general que enterró la posibilidad de procesos judiciales, con lo cual, sin embargo, se facilitaba el tránsito a la paz.

En Guatemala, el mandato de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue más amplio, hubo mayor participación de la sociedad civil en el proceso de visibilización de las víctimas. La ley de amnistía no cobijó crímenes de lesa

humanidad, se destacó la persecución a las comunidades indígenas y, sin embargo, con el paso del tiempo se perdió el ímpetu de la justicia transicional, que se quedó corta respecto a sus expectativas, y hoy las prioridades del país son otras. La justicia transicional es un arte en construcción, por la compleja interacción entre los actores sociales. Algo se aprende de instancias anteriores, a la vez que se labran nuevos caminos, por lo que el intrincado y costoso sistema de justicia transicional que se ha negociado en La Habana podrá ser calificado únicamente tras los resultados, no a priori.