Separata medios febrero 2015

ANEXO

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FEBRERO 2015

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

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SEPARATA ESPECIAL

Cese al fuego bilateral

• A las Farc les da pavor ser juzgadas”: procurador Ordóñez • “Unas son las necesidades políticas, otras, las soluciones jurídicas” • El cese unilateral de las Farc: una oportunidad con poca viabilidad • Cese al fuego bilateral • Lo que se esconde en el acuerdo con las Farc • Las FF.AA. y la Paz • ¿Francia avala el proyecto de ‘policía rural’ de Santos?

• ¿Quiénes hayan sido guerrilleros, pueden ser policías?

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Anexo febrero 2015

Colprensa/elpaís.com.co/Santiago de Cali/7 de diciembre de 2014 El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha hecho férreas críticas al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Según explica, lo hace para que el resultado no sean acuerdos de impunidad que hagan imposible una paz duradera y sin reconciliación.

“A las Farc les da pavor ser juzgadas”: procurador Ordóñez En entrevista con la Agencia Colprensa, el Procurador explica en qué consiste el ‘Pacto para la Paz’ que está proponiendo en distintos escenarios ahora que, dice, es inminente la firma de un acuerdo con las Farc. ¿Usted ha sido uno de los principales críticos del proceso de paz?

Recientemente su postura ha variado y ha señalado que es hora de hablar colectivamente de la paz. ¿Por qué?

No ha cambiado un milímetro. Las observaciones hechas por la Procuraduría, y que se mantienen, corresponden a los mínimos señalados por la Corte Constitucional en las dos sentencias que revisaron el Marco Jurídico para la Paz. Otra cosa es que ante lo que parece inminente, esto es la firma de un acuerdo, considero que es urgente buscar consensos para garantizar que el proceso permita la disolución de las Farc como aparato criminal, su reincorporación a la civilidad y el respeto por los derechos de las víctimas y la no impunidad. ¿Considera que ya es irreversible la firma de un acuerdo de paz con las Farc, como aseguró León Valencia?

El futuro de Colombia es la paz. El desafío que tenemos es que los acuerdos queden bien hechos para que se puedan cumplir.

Que sean legítimos para que los colombianos los respaldemos. Que no sea un factor de división y de nuevo conflicto.

Que sean sostenibles a largo plazo en lo jurídico y en lo político. Ese es el debate. ¿O acaso usted cree que a ‘Timochenko’ y a ‘Márquez’ no les pasa un frío de solo pensar en que se desmovilicen, entreguen las armas y luego la justicia penal internacional venga por ellos? ¿O terminen extraditados a los Estados Unidos? Y ese riesgo será inevitable si los acuerdos quedan mal hechos. Una paz mal hecha será una sin penas privativas de la libertad. Esta semana nos lo recordó la Corte Penal Internacional (CPI), hace dos años vengo insistiendo en el tema. Las más interesadas en que queden bien hechos los acuerdos del proceso de paz son las Farc. ¿En qué consiste ese acuerdo de paz?

Es un compromiso histórico con el fin de la violencia y la justicia.

Proponemos un Pacto para la Paz que haga viable la firma del acuerdo de terminación del conflicto, garantice su refrendación, asegure que lo que se firme se pueda cumplir y que convierta la paz en una política de Estado, no de gobierno. Hay que blindar los acuerdos. ¿Cuáles son los temas que deben discutirse en ese Pacto para la Paz? Los parámetros que deben atenderse los fijó la Corte Constitucional en sus sentencias. No se pueden saltar. Tienen que ver con que no exista impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y la verdad.

Además hay temas que requieren el mayor consenso posible; por ejemplo: ¿cómo evitar que la guerrilla convierta el proceso en una gigantesca operación de lavado

de activos? ¿Cómo asegurar que la Paz Territorial institucionalice el Estado en el territorio y no a las Farc en el territorio? ¿Cuál debe ser la duración de las penas privativas de la libertad? ¿Qué mecanismo de refrendación es el más adecuado? ¿Cómo cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas? ¿Qué límites imponer para la participación en política a perpetradores de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que respecto a los condenados por narcotráfico. Esos aspectos requieren la mayor coincidencia posible en el marco de un Pacto para la Paz. ¿Quiénes deberían participar?

En un Pacto para la Paz de esas características deben participar todos los sectores sociales y políticos. Nadie debe quedar excluido. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es definitivo que el presidente Santos y el senador Álvaro Uribe se pongan de acuerdo con base en los mínimos fijados por la Corte Constitucional. ¿Cómo se puede pretender acordar el fin de la violencia con las Farc, pero se es incapaz de hablar con los críticos del proceso? O ¿cómo se pudo hablar con las AUC para desmovilizarlas, pero se es incapaz de hablar de paz con el Gobierno? Los partidos políticos son importantes, pero más lo son los ciudadanos. El pacto es ante todo un compromiso histórico de las generaciones de colombianos que vivimos hoy. ¿Cómo lograr que el senador Uribe y el presidente Santos se sienten a hablar?

Hay que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos. Estamos trabajando en romper el hielo entre defensores y críticos del proceso de paz. Estamos mostrando que las cosas no son en blanco y negro y atentos a que las circunstancias permitan que, sin deponer los principios, se pueda alcanzar un pacto que garantice el fin de la violencia. Un recurso muy importante es promover la discusión pública de los acuerdos parciales alcanzados en La Habana. Discutirlos con seriedad es un primer paso. ¿Qué elementos se deben considerar para que los acuerdos de paz se cumplan y empezar a construir un proceso de reconciliación?

Lo primero es que los acuerdos se enmarquen en las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y persecución de los crímenes más graves. La reconciliación solo es posible si la paz no se confunde con impunidad, si los victimarios se reconocen como tales y cumplen penas adecuadas a sus atrocidades y si se hace sobre la base de la verdad. El problema es que las Farc le tienen pánico a afrontar su realidad de victimarios, le tienen pavor a que sean investigados, juzgados y condenados. Pero, sobre todo, no quieren que se conozca la verdad. La verdad los aterra. Segundo, un pacto

político que comprometa al país entero en la defensa futura de lo que se acuerde.

Repito, lo que se acuerde con las Farc se debe poder cumplir. ¿Les cree a las Farc?

Es difícil creerles si niegan los crímenes que todo el planeta reconoce cometieron, niegan su vínculo con el narcotráfico, niegan que son los principales terratenientes de Colombia. ¿Qué tal el informe publicado en medios de comunicación que indica que se han ubicado un millón quinientas mil hectáreas en manos de las Farc? Esa extensión es algo más de la tercera parte del territorio desmilitarizado de El Caguán en 1998 o un área superior a Timor Oriental, Chipre o Catar. Un solo predio tiene 900.000 hectáreas. Y no dicen ni una sola palabra sobre las riquezas acumuladas y la reparación de las víctimas. No se puede permitir que el proceso de paz sea una gigantesca lavandería del narcotráfico.

Ya hay un debate nacional sobre la ampliación del delito político, ¿hasta dónde debe hacerse?

A veces es difícil entender al Gobierno Nacional. Primero defendieron a capa y espada el Marco Jurídico para la Paz, pero ahora que la Corte Constitucional con motivo de la demanda que presentó un ciudadano le establece límites, al parecer ya no le gusta. Los límites a la participación política de desmovilizados es un asunto resuelto por la Corte Constitucional. En la sentencia señala que el Congreso, a la hora de indicar los delitos conexos, deberá respetar la esencia del delito político, esto es, en palabras de la Corte, el altruismo y el idealismo que lo inspira. ¿Qué altruismo hay en la bomba de El Nogal? ¿Qué altruismo hay en adoptar como política el secuestro de miles de colombianos? ¡No hay masacres altruistas! ¡Ni el narcotráfico es idealista!

¿Cree que los guerrilleros aceptarán que, tal como lo dice la CPI, deben pagar pena efectiva de cárcel?

No debe haber impunidad y se debe respetar el principio de proporcionalidad de la pena a imponer respecto a la gravedad del crimen cometido; los crímenes atroces deben tener prisión efectiva. Lo dijo el año pasado la Fiscal ante la Corte Penal Internacional y lo acaba de señalar nuevamente la propia CPI en su informe 2014. No escucharla es de necios tontos.

‘Timochenko’ tiene dos posibilidades: o acepta que debe ser investigado, juzgado o condenado por los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de los cuales es responsable, con una pena alternativa, razonable y con las garantías de seguridad que se requieran, o firma un acuerdo que le dé impunidad, no tenga pena privativa de la libertad o la pena que se señale sea una simple simulación, caso en el cual tendrá asegurado que en unos años deberá responder ante la justicia internacional. A los que más les conviene cumplir pena de cárcel efectiva es a los señores de las Farc.

Es la única garantía de seguridad jurídica. ¿Por qué dice que al parecer, el Marco para la Paz no le está funcionando al Gobierno?

Porque al parecer no les gustó que la Corte Constitucional lo restringiera, al señalar que no se puede suspender totalmente la ejecución de la pena, es decir, que frente a ciertos delitos se debe cumplir pena de cárcel, y a que se ratifique que el delito político es incompatible con las atrocidades. El Gobierno quería que todos los miembros de las Farc, sin importar la gravedad de la barbarie cometida, pudieran tener el derecho a gobernar a Colombia. Algo inaceptable. La paz no puede ser a cualquier precio.

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Cecilia Orozco Tascón/Especial para El Espectador/Política/ 20 diciembre 2014 El experto en derechos humanos, Alejandro Valencia Villa, explica cómo los acuerdos del proceso de paz colombiano podrían chocar con los tribunales internacionales.

“Unas son las necesidades políticas, otras, las soluciones jurídicas” Si algunos crímenes de lesa humanidad no fueran sancionados aquí debido a los acuerdos a que lleguen las partes en el proceso de La Habana, ¿la Corte Penal Internacional u otros tribunales en el exterior podrían investigar y castigar a amnistiados colombianos?

La CPI es complementaria de la justicia nacional si esta no quiere o no puede castigar a los responsables. Para investigar la situación de Colombia, la CPI debe evaluar esos criterios, y la responsabilidad de los líderes.

Si los delitos más graves perpetrados por los máximos responsables no gozan de medidas de justicia transicional con altas dosis de verdad y reparación, se puede activar la competencia de la CPI, eventualmente. Habría que analizar casos concretos para determinar una posible competencia de ese tribunal.

No hay que olvidar que la Corte conoce de hechos perpetrados por Colombia o por colombianos a partir del 1º de noviembre de 2002 cuando entró en vigor en el país pero también, de otro lado, que el Estado hizo una salvedad que le impide a la CPI conocer los crímenes de guerra perpetrados antes del 31 de octubre de 2009. ¿Es decir, el entonces presidente Uribe se arrepintió en 2009 de lo que firmó el Estado en 2002?

Cuando Colombia aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional hizo una declaración señalando que los crímenes de guerra perpetrados en el país durante los primero siete años de entrada en vigor del Estatuto, no serían de competencia de la CPI. Esta es una declaración que fue autorizada por el propio Estatuto pero que no ha sido utilizada sino por

dos países: Francia que propuso ese artículo y Colombia. Francia la retiró después. Aquí tuvo la vigencia de los siete años. Por eso los crímenes perpetrados entre el primero de noviembre de 2002 y el 31 de octubre del 2009 no pueden ser de competencia de la CPI. ¿No es vergonzosa y huidiza esta actitud de Colombia a la luz del respeto por el derecho internacional?

Si llama mucho la atención porque los crímenes más propios del contexto colombiano son, precisamente, los crímenes de guerra debido a la existencia del conflicto armado. ¿Significa, entonces, que quedarían excluidos de la competencia de la CPI los llamados ‘falsos positivos’ de esa etapa de la historia nacional en la que, precisamente, ocurrieron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales que se están investigando?

Podría ser pero algunos de los crímenes de guerra cometidos entre el primero de noviembre de 2002 y el 31 de octubre de 2009 también podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad si se demuestra que dichas conductas ocu. rrieron en un contexto de carácter generalizado o sistemático contra la población civil. Por su carácter masivo y planificado, los ‘falsos positivos’ podrían estar comprendidos en esta última categoría. ¿Los crímenes de guerra cometidos por las Farc entre 2002 y 2009 también estarían cobijados por esa reserva que Colombia le puso a la intervención de la CPI? Esa reserva cobija los crímenes de guerra cometidos por las partes en conflicto, ya sea agentes del Estado o miembros de los grupos no estatales.

Refiriéndose a las Farc, el Presidente y el Fiscal han hablado de ‘conexidad’ entre el delito de narcotráfico y el delito político ¿Cómo ve esta tesis, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por el país?

Pueden ser considerados como delitos conexos con los delitos políticos los que están vinculados y relacionados de manera directa con acciones propias de una confrontación armada, como por ejemplo el porte ilegal de armas, la utilización ilegal de uniformes e insignias, la utilización de equipos transmisores de comunicaciones y aquellos que se presentan en combate siempre y cuando no sean actos de terrorismo, ferocidad o barbarie. Por esta razón, es bastante osado considerar el narcotráfico como un delito conexo, en particular, cuando en el contexto internacional existe una larga tradición de persecución contra este crimen, incluso en tratados internacionales de los cuales Colombia es parte, como por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Santos y el ministro Reyes ha aclarado que no se trata de desaparecer la calificación de delito para el narcotráfico y que esa conexidad se establecería, no para cesar acciones penales sino para permitir la participación política de quienes firmen la paz.

Hay que hacer el debate. Yo empezaría formulando una serie de preguntas sobre esa conexidad: ¿es el narcotráfico una derivación directa y necesaria del delito político? En el caso de las Farc, si se demuestra otra finalidad del narcotráfico en que ellas incurrieron, distinta a la del delito político ¿se calificaría

“El territorio extranjero ya no es refugio para criminales”

Un colombiano que haya cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y que haya sido amnistiado o indultado en un acuerdo de paz interno ¿puede ser objeto de investigación y condena en los tribunales internacionales?

Si como resultado del proceso de paz, los agentes del Estado o los miembros de las organizaciones guerrilleras son objeto de beneficios que impidan la sanción de crímenes internacionales, como los de guerra y lesa humanidad, nada obsta para que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para conocer de esos crímenes.

No es descabellado pensar que, en los próximos años, se inicien juicios en el exterior contra colombianos con base en el principio de la jurisdicción universal. Si no hay una respuesta efectiva de la justicia colombiana, cada vez resultaría más factible que otro Estado, a través de una autoridad judicial, se declare competente para hacerlo. Ni siquiera la CPI puede impedir que cualquier Estado invoque el principio de la jurisdicción universal para investigar crímenes que eventualmente puedan ser de competencia de la propia Corte. El territorio extranjero ya no es un refugio seguro para los criminales internacionales.

de delito conexo? En el contexto del proceso de paz ¿qué se entiende por el término “narcotráfico”?

El fiscal Montealegre ha dicho que los procesos por los delitos cometidos por las Farc deben tener criterio de ‘prioridad’, es decir, se investigarán unos y otros no ¿Es compatible la justicia selectiva con las normas del Derecho Internacional?

La imposibilidad real de que en un esquema de justicia transicional sean resueltos todos los delitos cometidos por diversos grupos de personas, permite establecer una política de gestión de casos en que se prioricen y seleccionen algunos de ellos.

Mediante la priorización, se da un orden a la investigación y mediante la selección, se autoriza a renunciar a la persecución penal en ciertos casos. En el contexto externo, la utilizan los tribunales penales de otros países y la Corte Penal Internacional (CPI). En Colombia, la Ley de Justicia y Paz y la Fiscalía han adoptado también ese criterio.

Criterio que podría ser arbitrario ¿Cómo se garantiza transparencia e imparcialidad a las víctimas para que todas, y no solo algunas, tengan derecho a justicia, verdad y reparación?

Siempre, los criterios de selección y priorización deben salvaguardar los derechos de las víctimas y hay que otorgarles garantías de que así será. La primera sentencia que declaró constitucional el Marco Jurídico para la Paz (MJP), señala, entre otras garantías, la existencia de un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y priorización de su caso; el derecho a conocer la verdad, aún en el evento de que su caso no haya sido priorizado; si el caso no recibió prioridad, se deberá garantizar la verdad a través mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales; el derecho a la reparación y el derecho a conocer en dónde se encuentran los restos de sus familiares.

Las investigaciones por crímenes de lesa humanidad como los que se han cometido en Colombia - y cuyo castigo penal es obligatorio según el Estatuto de Roma ¿pueden ser objeto de ‘priorización’?

Aunque el derecho internacional no impide la priorización y selección, estos criterios deben aplicarse en un sentido restrictivo ya que un Estado debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para que, precisamente, las conductas

más graves, como los crímenes de guerra y de lesa humanidad, sean investigadas y sancionadas.

Simultáneamente con el proceso de paz, en el Congreso se aprueban proyectos que parecen contradictorios: fortalecimiento del fuero militar, ampliación de la competencia de la justicia militar y creación de un tribunal que revisaría las sentencias civiles contra militares.

Propuestas como los dos proyectos de ley y los tres actos legislativos que actualmente cursan en el Congreso y que buscan que la justicia penal militar tenga competencia para investigar y juzgar las infracciones al DIH y ciertas violaciones de derechos humanos, no hacen otra cosa que llamar la atención de la Fiscalía de la CPI. Se podría estar activando la complementariedad de la CPI por falta de voluntad del Estado y ante la ausencia de independencia e imparcialidad en la administración de justicia. ¿En el marco del derecho humanitario pero también de un proceso de paz que busca la reconciliación nacional, ¿es posible aplicar justicia transicional a agentes del Estado, o sea, militares y policías ya condenados o investigados?

El Marco Jurídico para la Paz establece que los agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado podrán gozar también de un tratamiento diferenciado. Esto sería posible siempre y cuando cumplan los postulados de reconocimiento de su responsabilidad en los hechos, contribución a la verdad, reparación y también cooperen en el desmonte de los factores estructurales que posibilitaron la comisión de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH y su participación en esas infracciones. No obstante, no es posible equiparar la responsabilidad de un agente del Estado con la de un miembro de un grupo armado al margen de la ley: el primero representa la legalidad y el segundo, precisamente, es un ilegal. El deber de respeto y garantía de los derechos humanos está en cabeza del Estado, según el Derecho Internacional de los derechos humanos y, por tanto, se entiende que hay una mayor exigencia de respeto en el caso de los funcionarios públicos y, por ende, un mayor reproche a sus conductas violatorias. ¿Cuáles son las condiciones y para cuáles delitos y miembros de grupos armados son aplicables las amnistías totales o los indultos?

El actual estado del derecho internacional considera inadmisibles las autoamnistías (similares como los de los regímenes militares para ellos mismos) y las amnistías generales y sin condiciones. Las amnistías solo son permitidas para los delitos

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<< VIENE NECESIDADES pág. 3 políticos y los delitos políticos no son violaciones de derechos humanos. Tampoco las violaciones de derechos humanos constituyen delitos políticos.

En otras palabras, no pueden incluirse como delitos políticos y mucho menos como delitos conexos con estos, las violaciones de derechos humanos o las infracciones graves al DIH. Le voy a poner un acto del conflicto sin decir el nombre de quien lo cometió, y usted me dice si es factible indultarlo o amnistiarlo: tener personas encerradas durante años en un espacio cercado por alambres de púas en medio de la selva…

En esa hipótesis y a la luz del DIH, por lo menos se estarían cometiendo tratos inhumanos o degradantes contra quienes sufren esa situación que usted describe e, incluso, se puede predicar la tortura. Si, además, por la privación de libertad de esas personas se exige algo a cambio, se estaría ante una toma de rehenes. Esos hechos constituyen por lo menos, crímenes de guerra y si gozan de sistematicidad o generalidad, podrían eventualmente ser crímenes de lesa humanidad.

El indulto, o sea el perdón para un condenado, ¿es aplicable tanto para guerrilleros como para militares que pagan pena?

En la medida en que los indultos suponen el perdón de la pena y benefician a una persona en concreto, es posible otorgar esta medida para cualquier miembro de los distintos grupos armados al margen de la ley que haya sido parte en el conflicto armado y condenado judicialmente por delitos políticos y sus delitos conexos. Como según la Constitución colombiana, los indultos son para los delitos políticos, un militar no podría ser beneficiario de esta figura.

Precisamente, Santos ha dicho que no permitirá que los militares tengan menos beneficios que los guerrilleros ¿Cómo compaginar las necesidades políticas con la legislación internacional?

Una cosa son las necesidades políticas y otras las soluciones jurídicas. No se puede generalizar, sin límite, el concepto de responsabilidad de derechos humanos para aplicarla indistintamente a acciones de agentes del Estado o a acciones de los alzados en armas. El Estado es quien posee el monopolio de la fuerza y si utiliza esa fuerza para violar derechos humanos es un asunto de mayor condena porque tiene mayor responsabilidad.

Según el Derecho Internacional ¿cuáles miembros de grupos alzados en armas contra el Estado podrían participar en política con plenos derechos y cuáles estarían limitados en los derechos de elegir o

ser elegidos?

El derecho internacional no dice nada al respecto pero el Marco Jurídico para la Paz sí, al igual que la sentencia C – 577 de 2014 de la Corte Constitucional.

Agrega el MJP que “una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política”. Para que un miembro de una organización guerrillera participe en política debe no haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, a menos que participe después de que cumpla la pena. Después de que la persona pague la pena, si podrá participar en política. ¿Son aplicables, para el caso colombiano y la solución pacífica del conflicto armado, las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad, es decir, a la cárcel que se impondría como castigo a los máximos responsables de la guerrilla?

El MJP permite la imposición de la pena reducida con condiciones. La modalidad punitiva a establecer dependerá del tipo de crímenes cometidos de acuerdo al papel del responsable ya sea miembro de un grupo al margen de la ley o agente del Estado. La gran inquietud es si la reducción de la pena puede llegar hasta el punto de no privar de la libertad a la persona. Algunos sostienen que por lo menos quienes por su posición en la organización y dominio del hecho tienen la mayor responsabilidad, deben pagar una pena privativa de la libertad aunque sea reducida.

Esa es la opinión también de la actual Fiscal de la CPI. El Estado colombiano parece estar partiendo de la base de que las soluciones políticas que se apliquen aquí para llegar a un acuerdo entre los contrarios del conflicto, serán aceptadas por la justicia internacional ¿Es cierta esta hipótesis?

El Estatuto de la CPI establece la cláusula de “los intereses de la justicia”. El Fiscal de esa corte debe valorarla para proceder o no a una investigación

en un país específico. En la medida en que los criterios de selección y priorización, así como el tratamiento especial punitivo, salvaguarde los derechos de las víctimas, y que los beneficiarios del Marco para la Paz contribuyan de manera efectiva y real al esclarecimiento de la verdad y a la reparación, pareciera que la cláusula de los intereses de la justicia está, en principio, satisfecha. La aplicación de penas alternativas o sanciones extrajudiciales u otras medidas de justicia restaurativas no son contrarias a la justicia transicional, máxime cuando esta busca precisamente construir una paz sostenible.

Le pido que aclare: ¿quiénes pueden ser denominados “combatientes” y cuándo se puede llamar legítimamente a otro “prisionero de guerra”?

Son combatientes los miembros de las fuerzas o grupos armados en un conflicto armado internacional. Este estatuto no se reconoce en conflictos armados internos debido a que el ‘derecho a combatir’ no se predica de los miembros de los grupos armados no estatales pues estos son considerados delincuentes, y pueden ser juzgados como tales. En un conflicto armado internacional, los combatientes tienen un derecho legítimo de combatir y en caso de caer en poder del enemigo, tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra.

Los miembros de los dos lados de un conflicto interno, ¿tienen estatus de ‘iguales’ o los que representan al Estado son “superiores” y por qué?

El DIH establece unas reglas objetivas que deben ser respetadas por igual por todas las partes de un conflicto armado sin importar la naturaleza legal o ilegal de las mismas. Como el DIH pretende proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, respetar bienes que no representan ninguna ventaja militar y asistir a las víctimas, la aplicación de sus normas no depende de la actitud de la otra

parte en el conflicto armado.

Cuando un guerrero es puesto prisionero por el otro bando en medio del conflicto y sin que se haya decretado cese de hostilidades, ¿puede calificarse ese acto como “secuestro”? Si no, ¿cómo debería llamarse?

Se pueden presentar situaciones en que personas sean privadas de la libertad por motivos relacionados con un conflicto armado. Según el DIH, quien haya participado directamente en las hostilidades y sea privado de la libertad por motivos relacionados con el conflicto y para obtener su libertad o su seguridad, se exige algo a cambio, sería un rehén. La Corte Constitucional en su sentencia C – 291 de 2007 resalta que la “toma de rehenes” se configura

Perfil

Alejandro Valencia Villa es abogado dedicado a los derechos humanos desde hace más de 25 años. Es consultor independiente, profesor de la Academia de Derecho Humanitario de American University en Washington y es profesor de varias maestrías y especializaciones en universidades colombianas. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto en Colombia como en Latinoamérica.

También ha sido perito ante la Corte Interamericana. Fue asesor del proyecto de recuperación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del

en contextos de conflicto armado mientras que el “secuestro extorsivo” se configura en contextos distintos al de un conflicto como, por ejemplo, que un delincuente común prive de la libertad a una persona. Vale la pena señalar que el artículo 148 del Código Penal establece el delito de toma de rehenes. ¿Un guerrero sin armas y de civil tiene un estatus diferente ante el enemigo que cuando está armado y uniformado? ¿Si está de civil y desarmado sigue teniendo el carácter de “blanco legítimo” para capturarlo o atacarlo?

Determinar si un miembro de las fuerzas armadas estatales o de un grupo armado ilegal es protegido si no participa directamente en las hostilidades, no es punto de consenso para el DIH. La posición más garantista y de hecho mayoritaria, señala que cualquier persona es protegida mientras no participa directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas estatales o de los grupos armados ilegales.

Otros señalan que tanto éstos como aquellos, cumplen una función continua en el combate y que, por ende, pueden ser atacados en cualquier momento y circunstancia. ¿Cuándo, o nunca, se puede utilizar el término “prisionero político”?

Esta expresión no es propia del DIH. El término “preso político” es más una calificación política, valga la redundancia, que precisamente se reserva para quienes han cometido delitos políticos y se encuentran privados legalmente de la libertad personal por parte de un Estado. conflicto armado colombiano, asesor general de la Comisión de la Verdad de Ecuador, consultor de la Comisión de la Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Tuvo a su cargo el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Fue abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington y de la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, hoy Comisión Colombiana de Juristas. Ha publicado varios libros sobre derechos humanos y derecho humanitario como autor, editor o compilador. En suma, es una verdadera autoridad en el tema.

FOTO: ELESPECTADOR.COM

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Juanita León/lasillavacia.com/18 diciembre 2014 Tras el fin del último ciclo del año de conversaciones en La Habana, las Farc anunciaron que harían un cese del fuego unilateral e indefinido.

El cese unilateral de las Farc: una oportunidad con poca viabilidad El anuncio de las Farc de que harán un cese al fuego unilateral e indefinido a partir de este viernes ha sido celebrado como histórico por la mayoría de líderes de opinión justo el mismo día en que Estados Unidos pone fin al aislamiento de Cuba. Es una decisión estratégica de la guerrilla que muestra que las Farc están comprometidas con las negociaciones y que, bien aprovechada, podría crear oportunidades para acelerar la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, por la forma como fue declarado tiene pocas opciones de prosperar.

El comunicado leído por el jefe guerrillero Iván Márquez es largo pero la parte importante dice así: “En homenaje a todas la víctimas ocasionadas en razón del conflicto que buscamos superar, y en consideración al trabajo que nos compromete cada día más con el espíritu trazado en la parte motiva de la agenda de La Habana, y, en atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz acompañado de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformase en armisticio.

Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de Unasur, Celac, el CICR, y el Frente Amplio por la Paz. Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Es nuestro anhelo que el pueblo soberano asuma también y de manera protagónica esta veeduría, dado que con ella se busca el beneficio de la patria lacerada y un homenaje a las víctimas de ayer y de hoy.”

De esta manera, las Farc le ofrecen a los colombianos lo que desde todas las orillas – sobre todo la uribista- les vienen pidiendo desde que arrancó la negociación: un cese del fuego y a las hostilidades unilateral y además, indefinido.

Esto, en principio, significa que a partir del 20 de diciembre, las Farc no hará ninguna acción ofensiva: no atacará oleoductos, no emboscará a las patrullas militares, no reclutará niños, etc.

Las complejidades Precisamente por las vidas que se salvan un cese del fuego unilateral siempre es una buena noticia. Pero si no se hace bien, puede convertirse en una nueva fuente de frustración con la salida negociada y a la larga, demorar la firma de la paz definitiva.

Esa es una de las conclusiones de uno de los estudios más completos que se han hecho sobre los ceses de fuego en el mundo. La académica Virginia Page Fortuna revisó docenas de conflictos armados que terminaron con declaraciones de cese de hostilidades y acuerdos negociados de paz, usando una base de datos de 94 casos de ceses de fuego en 60 guerras civiles entre 1989 y 1999.

Ella identificó que existen cinco condiciones mínimas para que un cese del fuego sea exitoso: que sea específico acerca de lo que se permite y lo que no se permite durante este período; que sea una declaración formal y por escrito; que los grupos armados en conflicto estén localizados y separados de los otros; que exista una misión internacional que verifique el cese del fuego y que ayude a los combatientes a mantener la paz; y que exista algún mecanismo para resolver los episodios que ocurran por accidente para que no arruinen el cese del fuego.

El cese del fuego declarado por las Farc prácticamente no cumple sino con una de estas condiciones y es que fue una declaración formal. Esto hace que sus posibilidades de ser realmente exitoso sean más bajas, si sigue los patrones de otras guerras.

Sobre todo porque las Farc puso como condición que este cese unilateral “se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública”.

Varios analistas han dicho que esta es una condición obvia porque tampoco se les puede exigir que si el Ejército los ataca ellos se sacrifiquen y no muevan un dedo. Sin embargo, esa condición contrasta con declaraciones unilaterales de fuego no condicionadas de otros grupos armados como el del grupo terrorista vasco ETA o incluso con la evaluación que hizo la misma Farc de su cese

unilateral durante la navidad del 2013: “No obstante la campaña de guerra sicológica y la manipulación mediática empleadas por la cúpula militar, el alto gobierno y algunas organizaciones funcionales a su propaganda, podemos aseverar que los escasos hechos de guerra en los que se vieron involucradas unidades nuestras durante el mes de cese al fuego, correspondieron a acciones de legítima defensa producidas ante la persecución y asedio delirantes que tropas y unidades policiales practicaron sin tregua durante el mes que se cumple.”

En su comunicado, las Farc no dijeron que si eran atacadas por el Ejército responderían en “legítima defensa”, sino que acababan el cese del fuego.

Lo que en la práctica supone, entonces, que para tener éxito, el cese del fuego tiene que ser bilateral, algo a lo que el gobierno de Santos se ha opuesto hasta el momento y que difícilmente podría aceptar ahora sin que se le genere un problema político y una insubordinación militar.

No es claro el alcance del cese del fuego El comunicado de las Farc no es específico sobre qué comprenderá exactamente el cese del fuego y eso genera unas “zonas grises” complicadas, según dos fuentes expertas consultadas.

Por ejemplo, ¿significa esto que suspenderán las actividades de narcotráfico? En términos estrictos, cultivar coca o venderla no es una hostilidad ni es una actividad bélica. Pero es ilegal. ¿Si el Estado les fumiga un cultivo, se considera que “han sido objeto de ataques” y suspenden el cese del fuego?

En muchas zonas, las Farc extorsionan a transportadores, contratistas y comerciantes. ¿Significa esta declaración que a partir del viernes suspenderán las extorsiones? ¿Suspenderán la minería ilegal? ¿O se considera que las actividades ilegales y que afectan a la población civil pero que son “necesarias” para su sostenibilidad económica no están comprendidas dentro del cese del fuego?

Los grupos no estarán separados Quizás lo más difícil de esta declaración, es que la guerrilla no va a estar concentrada en un

lugar específico sino esparcida – como está hoy- por todo el país.

Esto hace que incluso si el Gobierno estuviera dispuesto a no atacarlos, en términos prácticos no sería tan fácil dejar de hacerlo dado que las Farc no son el único grupo armado ilegal que existe. En Arauca, para citar un ejemplo, las Farc comparten el mismo territorio con el Eln, e incluso hacen a veces operaciones conjuntas como el ataque perpetrado a la estación de Policía de Puerto Rondón en mayo del 2014. En otras zonas, están al lado de las bacrim. ¿Cómo hace una patrulla de la Fuerza Pública para diferenciar entre el grupo que si puede atacar y el que no, si no están localizados?

No tiene cómo ser verificado Este cese del fuego, declarado de un día para otro, difícilmente podrá ser verificado internacionalmente, que es lo que más garantizaría su éxito.

Las Farc, además, escogen ellos mismos sus veedores en cambio de facilitar la verificación de un grupo que sea considerado neutral por la otra parte y que, además, tenga la capacidad de hacerlo.

Difícilmente cumplen estas condiciones la Unasur, Celac o el Frente Amplio por la Paz, ninguno de los cuales tiene experiencia en este campo ni la capacidad logística para hacerlo cuando los guerrilleros no van a estar concentrados en un solo lugar.

Como tampoco se pactaron mecanismos para resolver los incidentes que surjan, probablemente de aquí en adelante una parte importante de la discusión en el país girará alrededor de si están violando el cese del fuego o no y cualquier episodio, así sea fruto del error, podría tirar por la borda esta oportunidad.

La oportunidad Aún con estas limitaciones y serios riesgos, fuentes conocedoras de estos temas consideran que igual este gesto de las Farc podría ser aprovechado para hacer ciertas experiencias piloto que le generen confianza a la población e incluso a las fuerzas militares en el proceso.

“Esto abre la posibilidad de desminar en zonas donde están ellos”, dijo a La Silla Álvaro Jimenez, el director de la Campaña Colombia contra las

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Minas.

O se puede ensayar en zonas específicas lo acordado, por ejemplo, frente a los cultivos ilícitos en el punto 3 sobre drogas.

Por otro lado, como dijo off the record a La Silla otra fuente que conoce bien el proceso de paz, “las Farc se están imponiendo un paso bien grande porque le están mandando a su gente un mensaje duro y distinto al de otros momentos. Una cosa es que se defienda si algo y otra cosa que planee cosas. En la guerra esas dos cosas son muy pero muy diferentes. Y les están diciendo que esa nueva actitud es indefinida”.

La reacción del gobierno Todo lo anterior es desde el punto de vista humanitario, que en el fondo es el más importante. Desde el punto de vista estrictamente político, la declaración de las Farc pone al Gobierno en una posición difícil, tan compleja que a la hora de cierre de este artículo a la medianoche, todavía no existía una reacción oficial a la declaración hecha por Márquez al mediodía.

Es difícil porque exige del Gobierno una decisión sobre seguir atacandolos o reducir la ofensiva, algo que ya en la práctica se está haciendo por parte tanto de la guerrilla como de las Fuerzas Militares.

Pero si da la orden explícita de suspender la ofensiva, generará aún mayor insatisfacción dentro de las Fuerzas Militares. También una andanada de críticas por parte del ex presidente Uribe y sus seguidores, que a pesar de que llevan meses exigiendo un cese unilateral del fuego rechazaron este en particular como una artimaña de las Farc.

Hacer un cese bilateral –así sea de facto y no reconocido públicamentesin las condiciones de concentración y verificación y sin que el proceso ya esté ad portas del Acuerdo Final (que como contó La Silla es cuando más funcionan los ceses del fuego) podría ser interpretado como la ‘caguanización’ de todo el país, fuera de las dificultades que supone el hecho de que existan otros grupos armados ilegales.

Pero si, por el contrario, aprovechando la ventaja militar que da que la guerrilla no tenga una actitud ofensiva, las Fuerzas Militares se dedican a bombardear los campamentos y a mostrar guerrilleros muertos, la voluntad de paz del Gobierno se pondrá en duda pues parecerá que en cambio de acoger el camino del menor costo en vidas y de propiciar la reconciliación, se aferra a la opción más guerrerista.

Por eso, una vez más, las Farc ha puesto al gobierno ante una encrucijada. En los próximos días, se sabrá si el Gobierno la supo aprovechar en beneficio de los colombianos.

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Anexo febrero 2015

Rafael Nieto Loaiza/elcolombiano.com/20 enero 2015

Cese al fuego bilateral El Gobierno dijo que los diálogos de La Habana estaban separados de lo que ocurría en el “campo de batalla” y que el Estado mantenía su ofensiva contra la guerrilla. En distintas ocasiones el Presidente sostuvo que “la decisión de (hablar en medio del conflicto) fue deliberada”, reiteró que “no habrá cese al fuego” y resaltó que “la guerrilla siempre lo aprovecha para fortalecerse”. La lógica implícita era que el Gobierno no podía perder la ventaja militar que, hasta el inicio de las conversaciones, tenía frente a las Farc, y que no se debía darles oportunidades. Y que la presión armada sobre la guerrilla se traduciría en una mejor posición estatal en la mesa.

De paso, se pretendía blindar las conversaciones de lo que ocurriera en la confrontación, de manera que los crímenes de las Farc no dieran al traste con los diálogos. La expresión infame de tal postura la dio Santos cuando afirmó que solo “haría explotar el proceso (...) un atentado a una figura importante”.

En esa lógica, las Farc venían

justificando sus acciones sobre la base de que las reglas de juego eran las de negociar en medio del conflicto.

Sin embargo, al mismo tiempo las Farc y buena parte de la izquierda han venido insistiendo en un cese al fuego bilateral.

El Gobierno se había negado.

Pero ahora, de repente, ha abierto la puerta. Santos, después de una reunión con asesores internacionales, dijo que en adelante no debería haber una “desconexión” entre La Habana y lo que suceda en Colombia.

Fue tal la confusión que trajeron sus palabras y tal la agitación e incertidumbre que produjeron en la Fuerza Pública, que sus funcionarios estrella con ascendiente sobre militares y policías, el ministro Pinzón y el general Naranjo, debieron salir a precisar que la Fuerza Pública seguirá cumpliendo con su deber constitucional de combatir a los violentos y que “no hay ninguna decisión que haya alterado ese mandato”. ¿Fueron por libre y enmendaron al Presidente? ¿O convencieron a Santos de su error? No lo sé. Pero parece, al

menos por ahora, que no habrá tal cese al fuego bilateral.

Y sería un despropósito que lo hubiera. Primero, porque significaría “caguanizar” todo el país. Un cese al fuego bilateral ata las manos a la Fuerza Pública que, en adelante, no podrían actuar contra los bandidos. Segundo, porque mientras que el Eln siga actuando, la Fuerza Pública deberá seguir combatiéndolo y en el terreno es imposible distinguir una guerrilla de otra. Tercero, porque efectivamente el cese al fuego bilateral hace perder la poca ventaja militar que le queda al Estado. Ya han ganado mucho las Farc con los diálogos (entre otras cosas, y por cierto, con autorización presidencial, poniendo por fuera del país y del alcance de la Fuerza Pública a todo el Secretariado), como para que además el resto de sus estructuras sepan que están a salvo de la acción estatal.

Cuarto, porque mientras que los criminales sigan en su accionar violento a la Fuerza Pública, diga lo que diga el Presidente, no le queda sino cumplir con

su mandato constitucional de combatirlos. Quinto, porque el cese al fuego bilateral debe ser el punto final del proceso y solo debe adelantarse cuando haya certeza de su éxito.

Esos son los puntos fundamentales. Por un lado, un cese al fuego bilateral es solo factible a la terminación feliz del proceso, con verificación independiente y con concentración geográfica de la guerrilla para su desarme definitivo y su desmovilización.

Lo demás es una tomadura de pelo.

Por el otro, aunque el Gobierno viene empeñado en vender la idea de que hemos

llegado a un punto irreversible, a un “no retorno” en las conversaciones con las Farc, lo cierto es que absolutamente todos los temas cruciales siguen pendientes: ¿habrá impunidad para los crímenes internacionales de las Farc? ¿Sus responsables podrán hacer política? ¿No habrá extradición para los narcotraficantes de la guerrilla? ¿Las Farc entregarán sus bienes para reparar a las víctimas? ¿O el proceso será un gran lavadero de su dinero? ¿Cuál será el mecanismo de refrendación de los acuerdos? Sin respuestas, el proceso seguirá, como está, colgado de un hilo.

dominio para tierras sin explotar y la expropiación acabarán con la inversión privada. ¿Quién va a invertir y a hacer empresa en el campo cuando el gobierno y las Farc acuerdan medidas de ese tipo? ¿Qué pasará con la actividad vinculada a la minería y el petróleo que se desarrolla en esas zonas?

8. Disimuladamente el informe admite que se concedió a las Farc administrar justicia: “Se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales”. Esto no es otra cosa que la posibilidad de impartir justicia en territorios en los que las Farc han organizado las comunidades y hoy de facto cumplen esa función.

Es importante comprender que en dichas zonas, ante la ausencia del Estado y consecuencia de que se trata de asentamientos humanos instaurados por la colonización armada y cocalera, la guerrilla controla las comunidades mediante diferentes mecanismos, entre ellos las juntas de acción comunal. Quien recorra Puerto Cachicamo o Piñuña Negro y hable con sus habitantes sabe de qué hablo. Esas organizaciones están articuladas a las Farc y son instrumentos claves en la “lucha de masas”.

9. El documento habla de economía “campesina, familiar y comunitaria”. Hasta dónde este concepto propugna por crear territorios en los que se de paso a propiedad comunitaria o colectiva, como lo pidió las Farc en una de sus propuestas. No hay que olvidar que estas figuras todas operarían en el marco de las Zonas de Reserva Campesina que las Farc quieren que sean regidas por las organizaciones que fundaron y dominan.

10. El tema central, las salvedades que mencionó las Farc, de acuerdo al informe, aún no está resuelto completamente.

Al parecer tiene que ver con las Zonas de Reserva Campesina, su número, extensión, ubicación, competencias, régimen que las regulará y relación con las entidades territoriales y las ramas del poder público. Para el Secretariado es la nuez del “Acuerdo”, pues de esto depende la forma en que proyectan articular poder, territorio, riquezas naturales y población. Es indispensable dentro del marco de su Plan Estratégico, al cual no han renunciado. Mucho más, si se tiene en cuenta que las Farc no firmarán ningún “Acuerdo” a menos que les sea útil para la toma del poder, así sea mediante las urnas o combinando urnas con fusiles.

Rafael Guarín/Revista Semana/15 julio 2013/ http://www.semana.com/ opinion/articulo/lo-esconde-acuerdo-farc/350959-3

Lo que se esconde en el acuerdo con las Farc El gobierno Santos y las Farc anunciaron un acuerdo histórico sobre el primer tema de la agenda de negociación, con el título “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral”. Las siguientes diez observaciones señalan lo que no se ha querido contar respecto al verdadero alcance de lo supuestamente acordado: El “Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones” deja varias cuestiones sobre la mesa: 1. El gobierno Santos acepta que la causa del llamado conflicto es la realidad rural y agraria de Colombia, desconociendo que el empleo de la violencia por parte de las Farc es resultado, desde su fundación hasta ahora, de una decisión voluntaria y consciente de emplear la combinación de todas las formas de lucha para tomarse el poder, según aparece en diversos documentos y declaraciones de los integrantes de esa organización.

Santos avala el mito justificador del terrorismo que inventó las Farc para ganar legitimidad.

2. El documento reconoce a las Farc como voceros de sus víctimas. Otorga al grupo un trata-

miento de representante de los millones de colombianos que mayoritariamente los rechazan en las zonas rurales, entre otras cosas, por ser victimarios.

3. Varios aspectos consensuados entre el gobierno y las Farc relacionados con un “Fondo de Tierras de distribución gratuita” afectan severamente la seguridad jurídica. Una cosa es la restitución de tierras a las víctimas, derecho que debe ser reconocido y defendido por el Estado y otra, muy diferente, acosar la propiedad adquirida conforme a las normas de derecho. El gobierno Santos confunde la propiedad conseguida por despojo con la de aquellos propietarios respetuosos de la ley. Asimila la propiedad adquirida por el narcotráfico con la lograda con décadas de esfuerzo y trabajo.

La desconcentración y distribución equitativa de la tierra no puede hacerse persiguiendo a los propietarios legítimos.

4. Extensos baldíos del Estado se adjudicarán a los cabecillas y las bases de las Farc. Tales territorios han sido objeto de colonización armada durante décadas por la guerrilla, a lo cual se

sumaron olas de colonos que llegaron para dedicarse a actividades relacionadas con el cultivo y procesamiento de coca.

Uno de los precios de la paz que ofrece Santos será premiar con tierra, no a campesinos despojados y víctimas, sino a muchos individuos que se han dedicado activamente al crimen.

5. Se van a reducir las zonas de reserva forestal para dar tierra a las familias farianas y cocaleras. El mismo objetivo se esconde tras la aparente inocencia del programa de “formalización de la propiedad rural”. Mientras a las Farc les dan tierra, el acuerdo deja a los legítimos propietarios bajo la amenaza de que les extingan su derecho.

6. Las Farc buscan que los territorios que se extraigan de zonas de reserva forestal y las tierras baldías que se entreguen en su órbita de influencia territorial se constituyan en Zonas de Reserva Campesina, cuya administración esté en cabeza de las organizaciones por ellos promovidas y controladas. Se trata de “legalizar” lo que ellos consideran es su territorio.

7. La extinción administrativa de

Edición 546

Revista Dinero/Edición 1/23 de 2015

Las FF.AA. y la Paz La eventual firma de un proceso de paz con las Farc ha llenado a la Fuerza Pública, y más particularmente a las Fuerzas Militares, de un sentimiento de zozobra e incertidumbre. En numerosas ocasiones la izquierda y las mismas Farc han afirmado que a las Fuerzas Armadas hay que reestructurarlas y cambiar su doctrina. Para una institución que lleva más de cincuenta años involucrada en un conflicto interno, estás afirmaciones amenazan su existencia. ¿Cómo planear una eventual etapa de posconflicto?

Garantizando hoy, para el futuro, un esquema que le permita fortalecer su core business –la seguridad–, y también generando posibilidades de desarrollo.

Es más, como lo aseguran algunos expertos, luego de la firma de un proceso de paz, las Fuerzas Militares deben salir fortalecidas en vez de reducidas. Incluso, ya se visualizan temas claves en el escenario de posconflicto. Uno, por ejemplo, que 1,6% del PIB que representa el gasto de Policía debe aumentar para acercarse a estándares internacionales.

El caso de las Fuerzas Militares es más complejo. Para que el proceso de paz funcione, es fundamental su compromiso con él. Si a los militares no se les logra vender una visión de cómo operarían y se modernizarían las Fuerzas Armadas, el proceso está condenado al fracaso. Como lo afirmó el mariscal francés Ferdinand Foch, al advertir que la Paz de Versalles firmada en 1919 y que terminó la Primera Guerra Mundial, fue solo un armisticio de 20 años: “la paz es demasiado importante para ser dejada a los civiles”. Una afirmación que recogía experiencias históricas como la del final de la Guerra Civil de los Estados Unidos, cuando, después de firmada la paz de Appottamox y tras el asesinato de Lincoln, fueron los generales Sherman y Grant los que obligaron al nuevo presidente Johnson a respetar los acuerdos.

Hablar del futuro de las Fuerzas Armadas en el posconflicto es complejo, pues sobre ellas recaerá el respeto del acuerdo.

De reestructurar a rebalancear La construcción de una visión de las Fuerzas en un escenario de paz es clave no solo para consolidar el proceso sino también para capitalizar el conocimiento de más de cinco décadas de conflicto. Por este motivo, es fundamental redireccionar el gasto militar o, como se dice en el argot técnico, rebalancearlo.

Lo que no es deseable es que se

quiera desmantelar el Ejército.

El Ministerio adelanta el denominado Plan de Modernización y Transformación. Para estos efectos, el Ministerio creó una junta en la que participan expertos internacionales y locales que dan línea y permiten garantizar unas Fuerzas Armadas fuertes.

Un ejemplo de hoy con visión de futuro es el fortalecimiento de los ingenieros militares. Ya se creó el comando de ingenieros para coordinar a los 38 batallones de ingenieros que existen por todo el país y que ejecutan más de 200 obras en los sitios más difíciles y apartados, tales como Roncesvalles, en la entrada superior al Cañón de las Hermosas o en La Uribe, en el Meta. Como lo afirmó un alto oficial a esta publicación: “las brigadas móviles se van, pero el pavimento queda”.

De otro lado, el papel y conocimiento de las Fuerzas Armadas puede ser capitalizado en el exterior, donde Colombia ya tiene firmados varios convenios, como los que ha desarrollado con la Unión Europea y la Otán. De hecho, el ministro Pinzón, luego de Davos, viajará a Nueva York para firmar un acuerdo con Naciones Unidas.

La transformación de la Fuerza Pública también necesitará de un cambio en la relación entre medios humanos y tecnología. Hasta ahora, Colombia ha apostado por un modelo basado en el uso de masa humana y algunos elementos tecnológicos.

Algo que es muy común en las estrategias de contrainsurgencia.

Pero de cara al futuro, lo lógico sería evolucionar hacia un modelo más basado en la tecnología y progresivamente más reducido en términos de personal.

Otro tema para discutir es el modelo de reclutamiento; es decir, si se va hacia una fuerza completamente profesional o un modelo mixto de profesionales y conscriptos. Las Fuerzas Militares están evolucionando hacia fuerzas completamente profesionalizadas, que son más efectivas, y cuyo empleo resulta menos costoso políticamente.

Sin embargo, también vale la pena considerar los argumentos de los defensores de la conscripción que consideran que es un modelo económicamente más barato y que fortalece la cohesión nacional.

En los temas de colaboración con el sector privado, todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, todo el tema de modernización de infraestructura.

La manera de hacerlo va a ser con alianzas público-privadas donde se maximice el valor de la tierra que hoy posee el Ministerio de Defensa y busque

socios estratégicos que quieran hacer desarrollos de construcción. Siempre se habla de la Base Naval de Cartagena, el CAN, el Centro Internacional, El Pedregal –al lado de la Escuela de Infantería– como desarrollos que se podrán ver –algunos de ellos– este año, y son el inicio de unas nuevas formas de relacionamiento de las Fuerzas Armadas y el sector privado.

La modernización de las Fuerzas Armadas, aunada a la consolidación de su base empresarial, debe servir para producir una Fuerza Pública más capacitada, más eficiente y más sólida. La eventual consolidación del proceso de paz con la guerrilla de las Farc obligará a las Fuerzas Armadas a buscar nuevas formas de relacionarse con la comunidad, procurando llevar consigo seguridad y desarrollo.

La importante modernización de la base empresarial del sector defensa servirá para producir Fuerzas Armadas más modernas y profesionales. La visión clara en ese sentido y comprendida e interiorizada por los miembros de la Fuerza Pública es indispensable para un final exitoso del proceso de paz.

Resultados excepcionales El fortalecimiento de las Fuerzas que se viene dando desde finales de la década de los 90, con el Plan Colombia, ha producido resultados relevantes en los últimos años. Según cifras del Ministerio, las Farc han perdido cerca de 12 de sus estructuras y 47 de sus cabecillas de primer nivel –incluyendo su máximo jefe–; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha perdido a 16 jefes, contando miembros de su dirección nacional; y en el caso de las bandas criminales los que hace tres años eran sus jefes, hoy todos han sido capturados o abatidos.

2014 fue un año especial en materia de resultados.

Dinero conoció un informe del Ministerio de Defensa donde destacan las acciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando: las incautaciones de cocaína le quitaron al crimen organizado US$5.400 millones –más de los $10 billones que puede representar una reforma tributaria–; las aprehensiones de mercancías superaron los $300.000 millones; a la minería ilegal se le incautaron 34 bulldozer, 103 dragas y 405 retroexcavadoras, y 739 kilogramos de oro –la cifra más alta en toda la historia–, y se desarticularon 22 bandas de extorsión. Además, fue el año de menos homicidios en 29 años, y terminó con la tasa de homicidios más baja en 34 años.

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Eduardo Mackenzie/ Periódicodebate.com/28 enero 2015

¿Francia avala el proyecto de ‘policía rural’ de Santos?

Una medida absurda de Colombia seguirá siéndolo por más de que se la presente como respaldada por Francia.

El anuncio (a medias tintas) del presidente Juan Manuel Santos de que su gobierno creará una ‘policía rural’ cuando llegue la utópica era del postconflicto, y que esa nueva fuerza incluirá a los terroristas y subversivos de las Farc, convertidos, claro está, en pacíficos y eficientes agentes del orden, carece de sentido aunque venga apadrinado por el presidente François Hollande, como trata de hacerlo creer la prensa favorable a Juan Manuel Santos.

Ese respaldo no es cierto. O por lo menos no hay pruebas al respecto. En las declaraciones del mandatario francés durante la conferencia de prensa con Santos en París, Hollande no dijo una sola palabra sobre eso. Aunque el enviado de RCN le preguntó precisamente si la idea de incluir guerrilleros desmovilizados en la eventual policía rural era para proteger a esos individuos, el presidente Hollande evitó cuidadosamente tocar siquiera de lejos ese punto. Quien trató el tema fue el presidente Santos. Este reiteró que se trata de crear una policía particular en las zonas de guerra y que él no rechaza la idea de incluir guerrilleros en esa nueva policía y que todo eso podría “ser negociado” en La Habana.

Conclusión: Francia no respalda, al menos públicamente, esa absurda iniciativa. Por una razón: no hay en Francia un solo antecedente en ese sentido y la opinión pública no aceptaría tal cosa. La gendarmería, que es la fuerza que se ocupa de la seguridad en las zonas rurales y en la zonas periurbanas (la policía nacional se encarga de las zonas urbanas), y que es invocada ahora por Santos como modelo de lo que quiere hacer con su “policía rural (¿para desmontar a los carabineros?), siempre dependió del Ministerio de Defensa (ahora depende del Ministerio del Interior) y nunca incorporó en sus filas terroristas o criminales por más desmovilizados o arrepentidos que fueran.

No lo hubo cuando París firmó el fin de la guerra en Argelia, en 1962, ni lo ha hecho desde entonces, a pesar de que Francia ha desmantelado peligrosas estructuras terroristas en su territorio. El tratamiento que le dio a esas redes no fue de negociación, concesiones o acuerdos de paz. Lo que hace contra las redes djihadistas es otra cosa, como lo acabamos de ver tras las crueles matanzas islámicas del 7 de enero de 2015 en París y la rápida liquidación de los tres agresores. La gendarmería hace parte de las fuerzas armadas francesas. El estatus de sus miembros es militar y sus mis>> SIGUE FRANCIA pág. 8

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Anexo febrero 2015

Ariél Ávila/Fundación paz y reconciliación/ http://www.semana.com/nacion/ articulo/la-policia-rural-de-colombia-opinion-ariel-avila/415921-3/27 enero 2015

¿Quiénes hayan sido guerrilleros, pueden ser policías?

El presidente de la República ha anunciado lo que, al menos, para expertos y analistas, era algo obvio; la creación de una Policía Rural que deberá ponerse en funcionamiento una vez firmados los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las guerrillas del Eln y las Farc.

Una vez firmados los acuerdos de paz, el país tendrá, como mínimo, cuatro grandes temas que resolver en lo que a seguridad rural se refiere. Por un lado, el asunto de las economías ilegales. Las guerri-llas, además << VIENE FRANCIA pág. 7

iones son de carácter militar, judicial y administrativo.

Razón tiene el procurador Alejandro Ordoñez al exigir precisiones a Santos sobre ese proyecto de policía rural, pues ésta sería el fin de la policía nacional y el comienzo de la emergencia de otras policías. El ejemplo de México y de modelo de diversos cuerpos policiales autónomos -lo que es el mayor obstáculo en la lucha contra la criminalidad y los carteles de la droga-, sería también funesto en Colombia.

El énfasis que pone Santos en la creación de esa nueva policía con desmovilizados de las Farc revela que, como teme el procu-

de sacarles renta a estas economías, como la siembra de hoja de coca y la mine-ría ilegal, ejercen una función de regulación del mercado, es decir, verifican que las deudas se cancelen, regulan el precio de la pasta base o de la onza de oro, e incluso, controlan la convivencia en los caseríos donde la mercancía se comercializa.

En últimas, ejercen un papel e administración de justicia que mantiene estos territorios en cierta calma. La pregunta, en este punto, es ¿quién va a evi-

rador Ordoñez, el jefe de Estado colombiano sí se está negociando la estructura de la Fuerza Pública colombiana en Cuba. En esas negociaciones se está, diría yo, desmontando gradualmente la Constitución colombiana, con el agravante de que se mantiene a la opinión pública en la ignorancia y se ejercen presiones indebidas contra los voceros del ministerio público y hasta de la prensa. Es decir, contra quien se atreve a tocar ese nuevo tema, para que tal discusión, como las otras discusiones sobre los acuerdos de La Habana, no tomen forma.

Santos ha previsto que esa policía rural aplicará “los métodos y los sistemas” de la gendarmería francesa (en eso consistiría el apoyo que Hollande

tar una guerra entre criminales una vez las guerrillas dejen las armas?

El segundo asunto a resolver se refiere directamente al futuro de los combatientes. Si bien los miembros de las guerrillas, a diferencia de los paramilitares, son mucho más rurales y con aspiraciones de una vida campesina, lo cierto es que algunos de ellos van a querer continuar en la vida militar o al menos van a tener aspiraciones de continuar con una alternativa de vida en lo militar. Algunos de ellos pasarán a las estructuras de seguridad que se creen luego de los acuerdos y cuyo objetivo es preservar las vidas de los comandantes guerrilleros. Muy similar a los esquemas de seguridad que se montaron bajo la coordinación del DAS para proteger las vidas de los jefes del M-19. Otros, por el contrario, podrían pasar a formar parte de una estructura militar más estable.

Un tercer asunto se refiere a la protección de las zonas donde los guerrilleros y sus familias realizarán el proceso de incorporación a la vida legal y civil. Zonas que en su mayoría, y a diferencia del proceso de desmovilización paramilitar, son rurales. Además esta incorporación se realizará en municipios de categoría 6, en zonas del interior del país, donde la capacidad institucional es bastante baja. Incluso, se podría afirmar que los guerrilleros que salgan del conflicto y sus familias difícilmente dejarían que su seguridad esté en manos de quienes días antes eran sus enemigos a muerte. Este asunto no es menor, ya que los procesos de construcción de lazos sociales y de confianza son lentos y complicados entre sectores que

dice que le prestará a Colombia).

Esa nueva policía tendría funciones muy precisas: ocuparse, entre otras cosas, del mantenimiento del orden público y de la investigación penal y administrativa en las áreas rurales del país. Ese nuevo organismo sería el llamado a investigar y reprimir el delito de narcotráfico y los otros delitos y crímenes que se desprenden de esa actividad, fuera de los que cometerán las otras redes subversivas y terroristas, las cuales no desaparecerán de la noche a la mañana por el solo hecho de que el país haya entrado en la fase del llamado postconflicto.

La jugada de las Farc es muy astuta y de gran alcance: el vasto mundo rural de Colombia y, sobre todo, las llamadas “zo-

durante años estuvieron en disputa.

El cuarto asunto es un tema institucional. Se refiere a que la reforma a las Fuerzas Militares y de la Policía no fue un punto en la agenda de negociación, lo cual tiene sus argumentos positivos y negativos. Es positivo: se evitaría que se produjera una situación como la de El Salvador, donde se desmanteló el aparato militar y el posconflicto, algunos años después, tuvo repercusiones negativas, el mejor ejemplo es lo que sucede hoy en día con las pandillas. Pero lo negativo es que al no discutirse la reforma, la paquidermia institucional evitará que rápidamente la fuerza pública cambie de paradigma de seguridad y por tanto no se inscribiría en una lógica de posconflicto, con lo cual algunos temas como marchas campesinas y protestas se seguirán manejando bajo la lógica de orden público. En todo caso, ni reforma, ni reestructuración, es la realidad bajo la cual se negoció en La Habana.

Los anteriores retos descritos traen consigo la necesidad de pensar alternativas viables que permitan mitigar factores violentos. De ahí surge la idea de crear una gendarmería o policía rural. Para el caso colombiano hay dos ejemplos importantes a seguir.

Por un lado, se encuentra el modelo de Guardia Nacional de Estados Unidos. Este es un cuerpo militar de reserva que no opera de forma permanente, sino cuando este es convocado ante alguna amenaza militar o desastre natural. Este aparato fue reforzado en la época de la posguerra, ya que permitía al gobierno de Estados Unidos mantener controlados a los nas de reserva campesina” que los terroristas quieren crear, estarían bajo su directa dominación gracias a la presencia de sus hombres dentro de la eventual policía rural.

Cada día que pasa el proceso de paz de La Habana aporta su lote de barbaridades que el poder central colombiano trata de presentar como una panacea, como la gran solución, como la clave inteligente por fin hallada para obtener la paz con el mayor movimiento narco terrorista del continente. Tanta belleza no puede ser cierta.

Parece que Santos invitó al primer ministro Manuel Valls a realizar una visita oficial a Colombia dentro de unos meses. Durante la conferencia de prensa en París, el presidente

jóvenes que llegaban de la guerra y evitaban con eso que se produjeran actos de violencia.

También mediante el control y seguimiento se evitaba que se crearan estructuras criminales locales. Este modelo, al no ser permanente, se podría desarrollar para pequeños municipios y algunas zonas pobladas.

El otro modelo es el francés, básicamente desde el siglo XVI se creó un cuerpo policial permanente con capacidad militar.

Esta combinación de ser cuerpo policial y a su vez con capacidad militar sería ideal para el tema de control de las economías ilegales y protección de las zonas donde se producirá la dejación de armas, ya que puede cumplir función de patrullajes y vigilancia. Algo interesante de la gendarmería francesa es que está en cabeza del Ministerio de Defensa, quien es el encargado de organizar su funcionamiento. Pero también está en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, quien se encarga de las atribuciones y misiones, es decir, la doctrina.

Así las cosas, en Colombia se despliegan dos alternativas: o bien se crea una tercera fuerza compuesta por miembros del Ejército y exguerrilleros que cumplirían funciones importantes durante la aplicación de los acuerdos, o bien se reestructuran parcialmente la Policía y las Fuerzas Militares, como por ejemplo, independizando y cambiando la doctrina y atribuciones de la Dirección de Carabineros y seguridad rural, convirtiéndola en una fuerza integral de seguridad rural. Pero la discusión no es fácil, actualmente Colombia tiene cerca de 500.000 hombres y mujeres en la Fuerza Pública y crear una nueva fuerza fácilmente significa aumentar en por lo menos 50.000 miembros los aparatos de seguridad, lo cual no es el mejor mensaje en épocas de posconflicto y menos con un fisco tan apretado.

Hollande fue también invitado por Santos de manera informal. Empero, tras los trágicos hechos del 7 de enero en París, y de las enormes manifestaciones contra el terrorismo del 11 de enero en Francia, el gobierno socialista tendrá mucho cuidado de embarcarse en un proyecto confuso de seguridad en Colombia que al beneficiar a las Farc mancharía a la Gendarmería y a la política antiterrorista firme que Hollande y Valls están tratando de aplicar. Si lo hacen, la oposición en Francia no se privará de cobrarles electoralmente ese error a esos dos líderes y al Partido Socialista. (1).-http://www.dailymo-

tion.com/video/x2fnlbu_declarationconjointe-a-la-presse-avec-m-juanmanuel-santos-president-de-la-republique-de-colombie_news