Separata medios octubre 2015

SEPARATA

OCTUBRE 2015

PATRIA - UNIÓN - PROGRESO

ACORE 55 años

SEPARATA ESPECIAL

Artículos y notas de interés publicados en otros medios sobre el proceso de paz, jurisdicción especial para la paz y otros temas coyunturales.

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Así se armaría la Jurisdicción para la Paz con las Farc El Espectador revela los pormenores del acuerdo de justicia que terminan de afinar el gobierno Santos y la guerrilla. Se escogerían 25 magistrados, cinco de ellos extranjeros.

Por: Juan David Laverde Palma / Publicado en El Espectador / 17 de octubre de 2015

Desde hace 25 días el país político no habla de otra cosa que del acuerdo de justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). La pepa de la controversia ha orbitado en torno a que se desconocen los detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz. “El diablo está en los detalles”, se oye decir tanto a tirios como a troyanos en Colombia. El Espectador conoció todos los

detalles del acuerdo de justicia, algunos de los cuales, sin embargo, están todavía terminándose de afinar por parte de los negociadores en la isla. El objetivo es blindar este proceso de la intervención de tribunales internacionales mientras se equilibran las verdades de la guerra y las penas a los actores de un conflicto de medio siglo. Página 2

Lo que hizo ayer Rafael Correa, presidente de Ecuador, al ratificar la realización en su país de seis reuniones entre delegados del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), con miras a iniciar un proceso de paz, es la confirmación de un rumor que viene corriendo desde mediados del año, cuando después de un largo período de exploraciones y pocos avances en la cons-

trucción de una agenda común a negociar, la dinámica cambió y las conversaciones comenzaron a fluir a un mejor ritmo. Tan es así que en agosto, el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino —en una entrevista publicada en internet— se declaró optimista y sostuvo que la fase pública de los diálogos estaba a punto de comenzar. Página 4

Diálogos con el Eln, cada vez más cerca

Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las Farc en La Habana Por: Consejo Gremial Nacional / Fecha: 20 de octubre de 2015

Con fundamento en los principios del Consejo Gremial Nacional, los empresarios de Colombia acogen la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece la Constitución.

Entienden la paz no como la ausencia de conflictos sino como el discurrir de una sociedad que cuenta con los mecanismos institucionales para resolverlos. Página 7

Otros artículos de interés…

Colombia avanzó 5 lugares en competitividad global ................................

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Historia judicial de la violencia .......................................................................

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Los sexalecentes .................................................................................................

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“El Presidente pide poderes dictatoriales” ....................................................

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Dolorosa derrota después de la victoria .......................................................

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La ganadería no se rinde ..................................................................................

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La violada ............................................................................................................

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SEPARATA MEDIOS/ Octubre/2015

Este es el esqueleto de la propuesta

Así se armaría la Jurisdicción para la Paz con las Farc El Espectador revela los pormenores del acuerdo de justicia que terminan de afinar el gobierno Santos y la guerrilla. Se escogerían 25 magistrados, cinco de ellos extranjeros.

Por: Juan David Laverde Palma / Publicado en El Espectador / 17 de octubre de 2015

Desde hace 25 días el país político no habla de otra cosa que del acuerdo de justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). La pepa de la controversia ha orbitado en torno a que se desconocen los detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz. “El diablo está en los detalles”, se oye decir tanto a tirios como a troyanos en Colombia. El Espectador conoció todos los detalles del acuerdo de justicia, algunos de los cuales, sin embargo, están todavía terminándose de afinar por parte de los negociadores en la isla. El objetivo es blindar este proceso de la intervención de tribunales internacionales mientras se equilibran las verdades de la guerra y las penas a los actores de un conflicto de medio siglo.

El acuerdo de justicia tiene 27 páginas y está dividido en cuatro partes: la primera desarrolla principios jurídicos generales en contextos de guerra; la segunda se refiere a los parámetros de amnistía, indulto y tratamientos diferenciados para integrantes de las Fuerzas Armadas; la tercera reglamenta la competencia y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; y la cuarta compendia las sanciones aplicables a los postulados a este sistema de justicia transicional.

El texto tiene 75 numerales. Allí se esboza con todo detalle este abecé jurídico que está terminando de cocinarse varias semanas después del histórico apretón de manos del 23 de

septiembre pasado entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.

La Jurisdicción Especial para la Paz estará integrada por 25 magistrados, cinco de los cuales serán jueces internacionales.

Este punto ha causado mucha roncha en las altas cortes colombianas, hasta el punto de que algunos magistrados han expresado privadamente que tienen sus reservas sobre este modelo de justicia pero, sobre todo, se han quejado porque perciben una especie de usurpación de sus funciones. En contraste, la idea de que magistrados extranjeros puedan impartir justicia en Colombia, tal como ocurrió en otros tribunales, como el de Sierra Leona y la Antigua Yugoslavia, parece gustarles mucho a varios sectores que, en principio, consideran que estos juristas no fallarían desde una orilla del conflicto, en tanto podrían ser más impermeables a la polarización de un país en guerra.

“Esta Jurisdicción para la Paz fue pensada para todo aquel que directa o indirectamente haya cometido o apoyado crímenes internacionales y graves violaciones de derechos humanos. Se creó para ayudar a desmontar las estructuras que reproducen la guerra. No es un sistema para la impunidad. Aquí fue necesario construir un balance entre el propósito de la paz y las demandas por la justicia, es una juris-

Del puesto 66 el país pasó al 61

dicción que va más allá de las posibilidades que brinda el actual ordenamiento constitucional. Por eso es concebido como un sistema integral en el que se habla de sanciones y no de penas para aquellos que se someterán voluntariamente a este pacto de justicia transicional”, le contó a El Espectador una fuente que conoce bastante bien las minucias de La Habana.

Al interrogarlo sobre cómo serán elegidos los 25 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma fuente contó que serán escogidos con un método similar al que será utilizado para integrar la Comisión de la Verdad. Es decir, tanto el gobierno como las Farc nombrarán una comisión previa de selección que tendrá la responsabilidad de elegir por su perfil y trayectoria a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos jueces extranjeros. En ese contexto, en estricto rigor, no serán las Farc o los integrantes de la Fuerza Pública que decidan acogerse a este modelo de justicia quienes elegirán a dedo a sus jueces, tal como ha venido denunciándose.

Sin embargo, el desafío de imparcialidad que encarará esta comisión será definitivo, no sólo para evitar la mano de la Corte Penal Internacional en el futuro, sino para que Colombia pueda pasar a la página de la reconciliación, al tiempo que cicatriza su pasado.

Este diario conoció que la Jurisdicción Especial para la

Paz tendrá cuatro salas: una de verdad y reconocimiento de responsabilidad, en donde se evaluarán los testimonios entregados por los postulados; una segunda sala que definirá la situación jurídica de los procesados, a fin de valorar si perpetraron crímenes internacionales de competencia de esta jurisdicción; una tercera sala encargada de acusar formalmente a estos actores de la guerra, tal cual como hoy lo hace la Fiscalía General de la Nación; y una cuarta sala dedicada a estudiar amnistías e indultos y que valorará casos de guerrilleros o agentes de la Fuerza Pública ya condenados, los delitos conexos a la rebelión, y la facultad de archivar expedientes que todavía no han sido fallados por la justicia ordinaria.

Esta última sala, si así lo define, puede negar indultos y enviar esos expedientes al Tribunal Especial para la Paz. Este tribunal, que constituye el corazón de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá a su turno tres salas que muy seguramente serán ocupadas por los 25 magistrados de este sistema de justicia transicional. La primera sala impondrá las penas restaurativas o sanciones con cárcel, según se defina, de acuerdo con los estándares de verdad aportados por los postulados, al tiempo que contrastará sus confesiones con las constancias históricas de la Comisión de la Verdad. La segunda sala operará como una segunda instancia para dirimir los conflictos

más álgidos en torno a la valoración de ciertos crímenes y las penas. Y una tercera sala de revisión que podría examinar, reconsiderar e incluso anular sentencias contra generales de la República, parlamentarios con nexos con grupos ilegales y miembros de la sociedad civil que patrocinaron, agazapados o no, los ejércitos ilegales de medio siglo de guerra.

“Esta Jurisdicción para la Paz descansa sobre el ofrecimiento de verdad, el reconocimiento de responsabilidad y las garantías de no repetición por parte de todos los actores del conflicto.

A partir de allí se definirán las sanciones a imponer, entre 5 y 8 años para quienes confiesen todo, y hasta 20 años de prisión para los que terminen siendo vencidos en juicio. Todo ello en un contexto en el que la restricción de la libertad resulte efectiva, al tiempo que se privilegian procesos de reparación. Es una mezcla de justicia restaurativa y prospectiva”, señaló, a modo de conclusión, otra fuente que ha venido acompañando este catálogo jurídico que pretende hallar fórmulas para la reconciliación. Al margen de la controversia, en La Habana todo parece ir conforme a lo planeado.

En Colombia, sin embargo, el avispero político está más alborotado que nunca. Estos son unos primeros datos para aportar al debate.

Dirección URL: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-searmaria-jurisdiccion-paz-farc-articulo-593336

Colombia avanzó 5 lugares en competitividad global Por Enrique Lequerica Otero / Publicado en La gran noticia / 16 de octubre de 2015

Los periódicos nos han venido acostumbrando a que las buenas noticias nacionales, deben ser revisadas con dudas y hasta escepticismo, dada la facilidad y certeza con que acogen los comunicados de muchos funcionarios oficiales, los cuales nunca someten al escrutinio previo de una simple investigación. Este es el periodismo facilista, el del relleno de una cuartilla como tarea, pero carente de la noble intención de informar y ayudar a crear opinión veraz.

El Índice de Competitividad

Global (ICG) se puede definir de muchas maneras, pero quizá una de las mejores sea: “La competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de libre comercio y condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo” (OCDE, 1996)

Me he tomado el trabajo de revisar un poco en que con-

siste esta mejoría en el Índice de Competitividad Global (ICG) que publica el Foro Económico Mundial –FEM- desde el año 2004, y ante todo vale la pena recordar que este índice es el producto de la medición de doce pilares: cuatro básicos, seis de eficiencia y dos de innovación, cada uno de los cuales se evalúa desde los variados indicadores de desempeño, pero que al final producen dos importantes calificaciones: a) un índice o calificación sobre un máximo de 7, y b) una posición

de escalafón que da el lugar obtenido con respecto a la totalidad de países que intervinieron en la medición.

En el 2014 ocupamos el puesto 66 entre 144 países medidos; en el 2015 ocupamos el puesto 61, mejoramos las cinco posiciones, pero que pena, ¡solo se midieron 140 países! ¿Qué es lo realmente valioso, el índice o calificación obtenida?, pues no importa ser el primero en el escalafón si la calificación es mediocre, como tampoco debe im-

portar si se está en una posición media del escalafón pero con calificaciones muy buenas; el país viene avanzando en pequeños pasos, algo tímidos y casi imperceptibles, pero al fin y al cabo, son avances. En el 2008, el país obtuvo 4,04/7, en el 2010 la calificación fue de 4,05/7, en el 2012 el índice llego a 4,20/7, en el 2014 obtuvimos una calificación de 4,23/7 y en el 2015 la calificación mejoró a 4,28/7, como se observa, son pasos medidos en milésimas, pasos >> SIGUE COMPETITIVIDAD pág. 3

Edición 554

/SEPARATA MEDIOS

Historia judicial de la violencia Una sentencia judicial parece declarar como indicio grave de delito la negociación con los paramilitares. Quienes celebran esto por ser contra un opositor deberán mirar su propia situación.

Posteriormente se anunció un acuerdo, aún secreto y cuyos alcances no se conocen, para constituir una jurisdicción especial de paz por fuera de los cauces establecidos en la Constitución aún vigente, compuesta por magistrados colombianos y extranjeros cuyo proceso de elección también se oculta a los colombianos, para que procesen, juzguen y condenen a todos los que de una u otra forma han intervenido en el conflicto interno, no solo a la guerrilla.

Quien piense que aquellos in-

<< VIENE COMPETITIVIDAD pág. 2 que podrían ser mejores. En resumen, durante los últimos 8 años, hemos logrado mejorar en ¡24 milésimas!

El sentido común invita a revisar en cuales de los 12 pilares no hemos podido avanzar, en cuales se deberían concentrar los grandes esfuerzos del aparato productivo y los dirigentes nacionales, y al detallar la lectura, saltan a la vista: el pilar básico Instituciones con índice de 3,3/7 y ocupando el puesto 113 entre 140 países, el pilar básico Infraestructura con índice de 3,7/7 ocupando el puesto 87 entre 140 países y el pilar Innovación con índice de 3,2/7 ocupando el puesto 76 entre 140 países.

Haciendo revisión de las evaluaciones, encontramos en Instituciones que se está midiendo el entorno institucional dado por el marco legal y administrativo en el que interactúan los individuos, las empresas y el Gobierno Nacional para generar ingresos y riqueza en la economía. La calidad y el desempeño de las instituciones públicas tienen una notoria influencia sobre la competitividad global y el crecimiento económico del país, que incide sobre las decisiones de inversión, la organización de la producción y sobre la distribución de los beneficios y costos de

formes de la Comisión Histórica del Conflicto que recogen las posiciones ideológicas de la guerrilla no servirán de criterio inspirador para esta jurisdicción especial “de Paz”, pecan de grave ingenuidad.

De hecho, de forma inmediata al anuncio de esa jurisdicción especial el fiscal general, Eduardo Montealegre, notificó que uno de sus procesados sería el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por supuestas actuaciones que se le atribuyen como gobernador de Antioquia.

Paralelo a todo esto, el pa-

las estrategias y políticas de desarrollo.

Son también esenciales las conductas del Gobierno Nacional con respecto de los mercados internos y externos, las libertades y la eficiencia de las operaciones del sector privado, normalmente agiles para responder a las variaciones económicas. El exceso de burocracia y de trámites burocráticos, la híper-regulación, la rampante corrupción, la deshonestidad en la contratación pública, la falta de transparencia y confiabilidad, junto a la pérdida de independencia del sistema judicial, impone significativos costos a los negocios y bloquea el proceso de desarrollo económico. La gestión de las finanzas públicas incide también sobre la confianza en el entorno de negocios. La crisis financiera mundial del 2008 puso de relieve la significación de las normas contables, de exposición, de auditoría y de transparencia para mantener la confianza de los inversores y consumidores, así como para prevenir el fraude y la mala gestión, tanto a nivel público como privado. El Gobierno Nacional deberá ser más cuidadoso con la suma de impuestos que agobian al ciudadano común y las personas jurídicas, pues esos excesos fomentan la informalidad, la evasión, la corrupción y ahuyentan la inversión en bienes productivos.

el expediente, al expresidente Álvaro Uribe. Este, con razón, ha señalado que se le procesa y condena sin fórmula de juicio, sin posibilidades de contradicción.

Llama la atención que en la sentencia se le reproche una y otra vez la negociación con los paramilitares. Quienes celebran desde el ámbito político este arrinconamiento judicial al exmandatario, deben poner en remojo sus propias barbas: los mismos argumentos podrán ser aplicables en el inmediato futuro a quienes negociaron con la guerrilla.

Por: Editorial / Publicado en: El Colombiano / Fecha: 18 de octubre de 2015

Por lo menos la mitad de los 12 integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), que se constituyó en la mesa de conversaciones con las Farc en La Habana, atribuyeron en su Informe Final la responsabilidad del conflicto interno al Estado colombiano, a sus gobiernos y a sus dirigentes.

La otra mitad, en sus análisis histórico-políticos, también señalaron las responsabilidades que por acción y omisión le caben al Estado.

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sado viernes se conoció una sentencia, fechada el 24 de septiembre de 2015, elaborada por el magistrado Rubén Darío Pinillla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en la cual repite, y declara judicialmente probado, que la responsabilidad por el surgimiento y actuación del paramilitarismo corresponde, junto con sus cabecillas, al Estado colombiano y a sus agentes, en especial a los miembros de las Fuerzas Armadas.

La sentencia, de 786 páginas, se atribuye expresamente la función de constituir una historia judicial del paramilitarismo,

Con base en el requisito esencial de una auténtica voluntad política para afrontar el llamado Proceso de Paz, el Gobierno Nacional deberá exhibir un notorio cambio para contribuir a mejorar la calidad institucional del sector público, pues no parece factible que la forma como se ha manejado la economía y las Instituciones durante los 60 años del conflicto interno, sean garantía para mejorar las posibilidades para obtener una notorio avance en este pilar de los indicadores económicos; el Gobierno Nacional requiere de una profunda re-ingeniería estructural que le permita ser eficiente, que se tenga estabilidad en la estructura tributaria, que no se afecte la estabilidad jurídica requerida por el sector privado y los inversionistas extranjeros para un buen ambiente de inversión a largo plazo; el Gobierno Nacional debe ser capaz de reformar todas las instituciones cuyo costos de funcionamiento sobrepasen de lejos a todos los posibles beneficios comunitarios; el Gobierno Nacional debe difundir información pública, oportuna y transparente, implementar estructuras y procesos administrativos coherentes y no amañados, gobernar con pocos profesionales realmente capaces y no con una pléyade de recomendados políticos sin ninguna preparación para los cargos suplidos, así como, el Gobierno

pues al asumir su contenido dentro de los lineamientos de la justicia transicional, incorpora el principio de contextualización, y por ende no se limita a juzgar los hechos de los desmovilizados de justicia y paz que son objeto del proceso penal, sino que expande su actuación hasta límites similares a los de la Comisión Histórica del Conflicto, pero enfocada a la historia de los paramilitares.

En esta sentencia se hace un juicio concreto y directo, con atribución a título de responsabilidad directa a pesar de no ser sujeto procesal ni parte en

Nacional deberá promover la participación y el control ciudadano, en todos sus procesos públicos.

Pero no es solo el Gobierno Nacional que requiere reformas, el Legislativo ha demostrado su inoperancia y la facilidad para no comprometerse con los verdaderos asuntos que se reclaman; el Legislativo en sus tres niveles, es oneroso y está demasiado “gordo”, con periodos diseñados para las épocas del transporte por mulas, con demasiados componentes electos basados en factores que bien podrían revisarse y ayudar a que al menos se reduzcan en un tercio de lo actual. El Legislativo en sus tres niveles, se mantiene ocupado “haciendo política”, generando homenajes y condecoraciones para toda clase de personajes de la vida nacional, pendientes de mejorar sus ingresos y de colgar nuevos impuestos a la ciudadanía.

El Congreso hace buenas leyes que luego no reglamenta ni controla; las Asambleas raramente impulsan una iniciativa propia o de conveniencia para su región; y los Consejos Municipales tienen los nortes perdidos y la pobreza de sus debates es cada día más notoria y lastimosa. En general la rama Legislativa ofrece los argumentos suficientes para sus bajos niveles de aceptación popular; son organismos cuyo benefi-

Hace poco, también el expresidente Andrés Pastrana fue condenado patrimonialmente por un tribunal del Chocó a indemnizar a las víctimas de la masacre de Bojayá, ordenada y ejecutada por las Farc. Pero los políticos andan ocupados en sus propias mezquindades.

Cuando a todos ellos les sean aplicadas por analogía estas decisiones judiciales, y a todos les sean endilgados por acción u omisión los múltiples crímenes de guerrilla y paramilitares, de pronto recordarán que hubo una época en que tuvieron en sus manos la posibilidad de mantener en pie un verdadero Estado de Derecho.

Dirección URL: http://www.elcolombiano.com/historia-judicial-de-la-violencia-BA2893146

cio esperado no es sombra de los costos reales para el Erario.

La rama Judicial es caso aparte pero de resultados similares a las anteriores, se ha politizado al extremo que existe sistema judicial selectivo; es paquidérmico, y no tiene un sistema de autocontrol eficiente, lo cual permite amañar fallos a conveniencia o interpretar las normas de acuerdo con la necesidad del cliente.

¿Por que serán las instituciones tan reacias para mejorar en sus calificaciones? ¿Por que son los funcionarios públicos tan reacios para adelantar la propia crítica?

La cualidad de un líder se refleja en las exigencias que pone a sí mismo, pero todo indica que no tenemos suficientes lideres interesados en hacer las gestiones que les hemos encomendado; todo indica que hace falta mayor compromiso del sector público para realmente mejorar nuestra competitividad global.

En el periódico El Tiempo del pasado 30 de septiembre se publicó en la sección de Economía y Negocios, un artículo con el mismo titular de este ensayo, que se puede consultar completo en el link:

http://www.eltiempo.com/economia/ sectores/foro-economico-mundial-colombia-avanzo-cinco-lugares-en-competitividad/16390713

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SEPARATA MEDIOS/ Octubre/2015

Ecuador sería sede de la mesa de negociación

Diálogos con el Eln, cada vez más cerca Entre los delegados de esa guerrilla estarían “Pablo Beltrán”, “Ramiro Vargas” y “Antonio García”. El jefe negociador del Gobierno sería Frank Pearl. Anuncio sería oficializado en próximos días por el presidente Santos.

Por: Redacción Política / Publicado en: El Espectador / 16 de octubre de 2015

Lo que hizo ayer Rafael Correa, presidente de Ecuador, al ratificar la realización en su país de seis reuniones entre delegados del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), con miras a iniciar un proceso de paz, es la confirmación de un rumor que viene corriendo desde mediados del año, cuando después de un largo período de exploraciones y pocos avances en la construcción de una agenda común a negociar, la dinámica cambió y las conversaciones comenzaron a fluir a un mejor ritmo. Tan es así que en agosto, el máximo comandante de esa guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino —en una entrevista publicada en internet— se declaró optimista y sostuvo que la fase pública de los diálogos estaba a punto de comenzar.

Ayer, durante el Segundo Seminario sobre el Delito Político y Situación de los Presos en Colombia, realizado en el Centro de Memoria Histórica en Bogotá, se difundió un video en el que Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, segundo al mando en el grupo guerrillero,

aseguró que están listos para arrancar con la fase pública de las negociaciones, previa solución, de lo que llamaron algunos inconvenientes. “Mientras el Gobierno dice que tiene una voluntad de paz, se llama un gobierno de la paz, todas las medidas punitivas contra la protesta social, contra los líderes sociales, contra el movimiento izquierda, arrecian”, dijo.

Además, el Eln insiste en que se debe incluir a la sociedad civil para que, de verdad, el objetivo de los diálogos esté centrado en resarcir a las víctimas.

“De todo lo que hemos sufrido los colombianos, el que más tiene víctimas es el Estado. En este sentido, como Ejército de Liberación Nacional, estamos en la disposición voluntaria de reconocer nuestros errores”, agregó el jefe guerrillero.

Precisamente, según conoció El Espectador de fuentes cercanas al proceso, Pablo Beltrán sería uno de los delegados en la mesa de conversaciones a nombre del Eln, junto a Eliécer Chamorro Acosta, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Antonio Vargas, y otras dos per-

Los sexalecentes Publicado en: Retos femeninos / Fecha: 16 de agosto de 2015

SI miramos con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que antes no existía: la gente que hoy tiene alrededor de sesenta años: Es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra “sexagenario”, porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, de la “adolescencia”, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del S. XX para dar identidad a una masa de niños desbordados, en cuerpos creciditos, que no sabían hasta entonces dónde meterse, ni cómo vestirse.

Este nuevo grupo humano que hoy ronda los sesenta o setenta, ha llevado una vida razonablemente satisfactoria. Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace

mucho tiempo y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura latinoamericana le dio durante décadas al concepto del trabajo. Lejos de las tristes oficinas, muchos de ellos buscaron y encontraron hace mucho la actividad que más le gustaba y se ganan la vida con eso.

Supuestamente debe ser por esto que se sienten plenos; algunos ni sueñan con jubilarse.

Los que ya se han jubilado disfrutan con plenitud de cada uno de sus días sin temores al ocio o a la soledad, crecen desde adentro. Disfrutan el ocio, porque después de años de trabajo, crianza de hijos, carencias, desvelos y sucesos fortuitos bien vale mirar el mar con la mente vacía o ver volar una paloma desde el 5º piso del departamento.

Dentro de ese universo de personas saludables, curiosas y

sonas, presumiblemente mujeres.

Del lado del Gobierno, entre sus negociadores estarían el exministro y ex comisionado de Paz Frank Pearl, quien ha liderado toda la fase exploratoria; el ex general del Ejército Eduardo Herrera Berbel, y alguien de la Comisión Facilitadora, que integran Jaime Bernal Cuéllar, Horacio Serpa, Antonio Navarro y Alejo Vargas, y que es la que ha trabajado para propiciar un ambiente favorable a los diálogos. Sobre la agenda, fue el mismo Antonio García del Eln, quien en una entrevista para el diario El Tiempo de Argentina reveló los puntos a abordar: participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones necesarias para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación de los acuerdos y refrendación.

Lo cierto es que las declaraciones conocidas ayer en voz de Pablo Beltrán dejan claras, en gran parte, las expectativas del Eln frente a un proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, frente al que todavía hay mucha desconfianza. “Buscamos que las clases dominantes se comprometan a hacer cambios que traigan una activas, la mujer tiene un papel rutilante. Ella trae décadas de experiencia de hacer su voluntad, cuando sus madres habían sido educadas a obedecer y ahora pueden ocupar lugares en la sociedad que sus madres ni habrían soñado en ocupar.

Esta mujer sexalescente pudo sobrevivir a la borrachera de poder que le dio el feminismo de los 60′, en aquellos momentos de su juventud en los que los cambios eran tantos, pudo detenerse a reflexionar qué quería en realidad.

Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras que siempre habían sido exclusivamente masculinas, algunas estudiaron una carrera universitaria junto con la de sus hijos, otras eligieron tener hijos a temprana edad, fueron periodistas, atletas o crearon su propio “YO, S.A.”. Este tipo de mujeres nacidas en los 50s. no son ni por equivocación las clásicas “suegras” que quieren que los hijos/ as les estén llamando todos los días, porque ellas tienen su propia vida y ya no viven a través de la vida de los hijos. Su cami-

mejor situación de bienestar. En la mesa se toman esas promesas y se logran acuerdos. Eso es muy distinto a entender que la guerrilla está buscando un sistema judicial especial, ese no es el objetivo, el objetivo es buscar justicia social, el fin del conflicto armado interno para que continuemos la lucha por la vía política”, indicó.

Y fue en el Quinto Congreso Nacional del Eln donde se logró el consenso de aceptar la negociación, teniendo como objetivo la lucha por el poder, ya no por las armas sino a través de la política. “Esto es un asunto de dos y queremos ver si el régimen, más allá del presidente Santos, tiene voluntad. Creemos en este gobierno, pero vemos que no hay una voluntad de paz más allá de la retórica (...) también pensamos que si vamos a parar la guerra, es que las dos partes dejen de hacer la guerra.

Eso nos lo exigen a nosotros, pero el establecimiento no lo hace”, agregó Pablo Beltrán.

Todo indica que los pasos hacia la instalación de una mesa de negociaciones con el Eln son cuestión de días o máximo semanas. Y que Ecuador, al menos en un comienzo, sería el país

no no ha sido fácil y todavía lo van diseñando cotidianamente.

Pero algunas cosas ya pueden darse por sabidas, por ejemplo que no son personas detenidas en el tiempo; la gente de “sesenta o setenta””, hombres y mujeres, maneja la compu como si lo hubiera hecho toda la vida.

Se escriben, y se ven, con los hijos que están lejos y hasta se olvidan del viejo teléfono para contactar a sus amigos y les escriben un e-mail con sus ideas y vivencias. Por lo general están satisfechos de su estado civil y si no lo están, no se conforman y procuran cambiarlo. Raramente se deshacen en un llanto sentimental.

A diferencia de los jóvenes; los sexalescentes conocen y ponderan todos los riesgos.

Nadie se pone a llorar cuando pierde: sólo reflexiona, toma nota, a lo sumo… y a otra cosa.

La gente mayor comparte la devoción por la juventud y sus formas superlativas, casi insolentes de belleza, pero no se sienten en retirada. Compiten de otra forma, cultivan su propio

que la acogería. Pero también es claro que los retos por superar son varios y difíciles. Por ejemplo, el Gobierno cree que en algún momento esta mesa tendría que converger con la de las Farc en La Habana (Cuba), donde se han logrado avances vertiginosos en los últimos tiempos, por lo que sería muy complicado hacerlas coincidir. Una propuesta que se ha tocado es que los diálogos con el Eln se inicien abordando los temas de justicia y fin del conflicto.

Sin duda, lo de los tiempos es un asunto neurálgico. Según dijo Gabino, en respuesta a una carta que le envió la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), “ponerle plazo perentorios al acuerdo final lo vemos riesgoso, porque sin haber concluido las discusiones y definido acuerdos específicos, esos tiempos se vuelven una camisa de fuerza y generan falsas expectativas que luego se convierten en un bumerán contra los firmantes”. El reto es gigantesco, pero en el Gobierno y el Eln creen que la fase exploratoria ya se agotó y que llegó la hora de las definiciones en una mesa formal. Y por lo visto, el presidente Santos, como lo dijo hace poco, está dispuesto a jugarse todo su capital político por la paz con las guerrillas.

Dirección URL: http://www.elespectador.com/noticias/politica/dialogosel-eln-cada-vez-mas-cerca-articulo-593215

estilo… Ellos, los varones no envidian la apariencia de jóvenes astros del deporte, o de los que lucen un traje Armani, ni ellas, las mujeres, sueñan con tener la figura tuneada de una vedette.

En lugar de eso saben de la importancia de una mirada cómplice, de una frase inteligente o de una sonrisa iluminada por la experiencia. Hoy la gente de 60 o 70, como es su costumbre, está estrenando una edad que todavía NO TIENE NOMBRE, antes los de esa edad eran viejos y hoy ya no lo son, hoy están plenos física e intelectualmente, recuerdan la juventud, pero sin nostalgias, porque la juventud también está llena de caídas y nostalgias y ellos lo saben. La gente de 60 y 70 de hoy celebra el Sol cada mañana y sonríe para sí misma muy a menudo… hacen planes con su propia vida, no con la de los demás. Quizás por alguna razón secreta que sólo saben y sabrán los del siglo XXI. Dirección URL: http://www.retosfemeninos.com/profiles/blogs/los-sexalecentes

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“El Presidente pide poderes dictatoriales” Por: Alfonso Ospina / Publicado en: El Colombiano / Fecha: 18 de octubre de 2015

En otra semana repleta de pugnas por el avance del proceso de paz con las Farc, el expresidente Andrés Pastrana Arango entonó una de las voces más críticas contra esas conversaciones y contra el proyecto de Acto Legislativo que discute el Congreso, con el fin de desarrollar el eventual acuerdo.

Las críticas de Pastrana no son menores. Dice que el gobierno del presidente Santos mudará a una dictadura, si ese proyecto resulta aprobado en los próximos meses y llega a decir que ese sería el primer paso para vivir una situación política como la venezolana.

Además llama la atención sobre los detalles que se han conocido de cómo se llegó al acuerdo final de justicia, con unos días intensos de reuniones en Bogotá, entre los delegados del Gobierno y los de las Farc: “Es muy curioso que en 50 horas hayan resuelto el asunto más delicado de toda la negociación”. Sobre esas críticas y sobre esas dudas, que lo llevaron a renunciar a la Comisión Asesora de Paz, el expresidente Pastrana habló con Colprensa. ¿Cuáles son sus razones para renunciar a la Comisión Asesora de Paz?

Son dos cosas. La primera es que llevamos cinco años en un proceso de paz en La Habana, durante los cuales hemos avanzado en tres puntos importantes, de los cuales hay muchas dudas y muchos asteriscos sobre lo que queda pendiente, que posiblemente es tanto o más importante que lo que ya se ha acordado.

Entonces, es muy curioso que el acuerdo más importante, el de justicia –aunque vale aclarar que sin que lo conozcamos, porque solo han lanzado ideas– se haya hecho en Bogotá, que sea el Pacto de Bogotá y no el Acuerdo de La Habana y que no haya sido hecho por los plenipotenciarios del Gobierno, sino que dos juristas –los doctores Cepeda y Henao– hayan resuelto en 50 horas, el asunto más delicado de toda la negociación.

Dijo que hay dos razones…

Sí. Claramente acá hay una violación de la Constitución. He sido claro con el presidente Santos: ‘Acompaño el proceso si todo está dentro de la Constitución y la Ley’. Pero aquí se presenta un Acto Legislativo; se violan los tiempos para hacer una reforma constitucional; se busca revocar el Congreso, con un congresito que incluso tendrá gente de afuera; se desconoce la justicia colombiana y se le monta un tribunal elegido por las Farc, por el Gobierno y por un tercero y el presidente pide poderes dictatoriales, para asumir funciones del

Ejecutivo y del Legislativo. Como presidente, como expresidente y como ciudadano, juré defender las instituciones, la Constitución y la Ley, eso es lo que hago al renunciar. ¿Qué infiere usted de lo que se conoce de la negociación sobre justicia?, ¿qué cree que pasó en esas 50 horas de las que habla?

En 50 horas nadie puede resolver un problema de esta magnitud, ¡nadie! ¿Por qué en esa discusión en Bogotá no estaba el doctor De la Calle?, ¿por qué la hicieron en Bogotá?, ¿por qué no la hicieron los negociadores de las Farc, sino sus representantes para este tema? Ahí hay algo muy oscuro.

Ante ese panorama, según su opinión, ¿qué es lo que deben hacer las instituciones?

Creo que el Congreso debe ser el primer garante de que no se viole la Constitución. Ella estableció ocho debates para una reforma constitucional, porque se busca que no se abuse. Debemos evitar esos excesos y defender nuestras instituciones, porque lo que le estamos diciendo al mundo, al formar un nuevo tribunal, es que acá no hay justicia, que Colombia es un Estado fallido, y eso no es verdad. En Colombia tenemos una justicia, buena, mala, regular, como la queramos, pero justicia, y que ha juzgado y ha condenado a políticos, a militares, a paramilitares y a guerrilleros y que también ha amnistiado a guerrilleros. Por eso las preguntas son: ¿Por qué las Farc hoy no creen en esa justicia?, ¿qué es lo que teme? ¿Qué piensa del apoyo internacional que sí ha recibido el acuerdo, especialmente en Estados Unidos, incluyendo al presidente Obama, al Departamento de Estado y a la fiscal Loretta Lynch?

Creo que no conocen el acuerdo y que es un apoyo apresurado.

Estados Unidos dio con el Plan Colombia diez mil millones de dólares para luchar contra el narcotráfico y ¿ahora resulta que se trataba de un delito conexo?, eso no lo van a entender. Hay una contradicción dentro del propio Departamento de Estado, que fue el que calificó a Timochenko como el narcotraficante número uno de Colombia y que tiene a las Farc en la lista de terroristas. ¿Cómo puede Estados Unidos apoyar un tribunal como este, cuando ellos mismos ni siquiera reconocen la Corte Penal Internacional?

Sus críticas resultan coincidentes con las que hace el expresidente Álvaro Uribe. ¿También hay una coinciden-

cia de acciones entre ustedes?

No, son posiciones muy distintas. El presidente Uribe tiene sus motivos y yo tengo los míos, que al final puede que nos hagan coincidir, sobre todo en defensa de la Constitución y porque estamos viendo que este ha sido un proceso en el que durante 60 años la guerrilla de las Farc fue la victimaria y nosotros las víctimas y ahora todos somos víctimas. Me llama la atención que Iván Márquez diga que ellos van a hacer una declaración colectiva (para reconocer culpas). ¿Cómo así? Acá hay unos miembros de las Farc acusados de delitos de guerra y de lesa humanidad y otros que son jóvenes que fueron secuestrados para ir a la guerrilla, eso debe ser individual.

Pese a todas estas críticas, todo conduce a que habrá un acuerdo con las Farc. ¿Hasta dónde, según su opinión, debe estar dispuesto el país a ceder ante la guerrilla?

Todo lo que hagamos en el proceso de paz debe estar dentro de la Constitución y de la Ley. La paz la firma el Estado, no el Gobierno; las Farc también han empezado a entender que el consenso entre los colombianos es lo único que va a garantizar que el acuerdo sea estable en el tiempo. De lo contrario, en tres años llega otro presidente, piensa que esa es la paz de Santos, no la del pueblo colombiano y no la cumple; ahí perdería todo el país. Por eso hago una propuesta que quiero resaltar: El presidente dice que lo que tenemos que refrendar a través del voto popular son los acuerdos de La Habana; creo que no, lo importante de refrendar son las reformas que salen de ese acuerdo. Porque nadie está en contra de la paz, lo que es importante para el proceso y para la guerrilla, siguiendo el ejemplo de otros países, es que refrendemos las reformas que nacen para que esa paz pueda perdurar en el tiempo. ¿Cómo es esa propuesta suya de refrendación?

Buscar un mecanismo de refrendación, sea plebiscito o referendo, pero en vez de poner en la pregunta si estamos o no de acuerdo con el proceso de paz en La Habana, que en eso todos podemos estar de acuerdo, preguntemos sobre lo que es más importante: las reformas en el tema agrícola, en el tema político, sobre qué va a pasar con la extradición, sobre qué va a pasar con el narcotráfico.

Usted ha sido especialmente crítico con la decisión de considerar el narcotráfico como delito conexo al accionar político…

Acá se está hablando del narcotráfico como delito político conexo y eso está prohibido por la propia Convención de Viena.

Ese tratado, de 1988, que es la ‘Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas’, es clarísimo en su Artículo 10, que dice que los delitos tipificados, estamos hablando de narcotráfico, “no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados”. Esa Convención es ley de la República de Colombia, así que acá debemos tener mucho cuidado. ¿El acuerdo sobre narcotráfico también sería violatorio de la Constitución?

Sobre ese acuerdo lo que hay que resaltar es que no hay ninguna concesión de las Farc hacia nosotros, hacia el pueblo colombiano. No ha hablado de que vaya a entregar los dineros, no ha dicho que vaya a entregar laboratorios, no ha hablado de entregar jefes de carteles, simplemente ha dicho que va a dejar el negocio de la droga; entonces ¿dónde están las concesiones? Vuelvo a decir, es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que dice que ‘Timochenko’ es el mayor narcotraficante de Colombia, es el que dice que la guerrilla presiona a los campesinos, es el que ha calificado a las FARC como cartel de las drogas. ¿Qué espera del acuerdo sobre víctimas?, que se supone está a punto de ser anunciado en La Habana.

Lo principal es un reconocimiento por parte de las Farc. El problema de esta negociación es que comenzó entre victimarios y víctimas y estamos terminando en un acuerdo de víctimas con víctimas. Se lo dije al presidente Santos en una carta: son las Farc las que se tienen que someter a las instituciones de Colombia, no las instituciones las que se tienen que someter a las Farc.

Las críticas suyas las comparten otros. Pero al escucharlas, cuesta pensar que las personas que están en el Gobierno, empezando por el presidente Santos y los negociadores, vayan a entregarle el país a las Farc. ¿Qué motivaciones tendrían para hacer algo así?

Sobre eso lo que hay que pensar es que no se puede hacer la paz por la paz, sino mirando cuál es el tipo de paz que queremos.

Coincido con usted en que esto es muy curioso, pero veo que en todos los acuerdos somos nosotros, los colombianos, los que cedemos ante las Farc, y no encuentro nada que las Farc hayan cedido ante los colombianos.

Insisto, lo importante es hacer

una paz que dure en el tiempo, no hacer la paz por hacerla.

Usted es de los que cree que el presidente Santos esté empeñado en la paz, por el reconocimiento internacional; como se bromea, por ganar el Nobel…

Espero que eso no sea cierto. No creo que el presidente Santos vaya a entregar el país por ganar un Nobel, eso no le puede caber en la mente a nadie. La preocupación que tengo, y lo que me lleva a retirarme de la Comisión Asesora de Paz, es que estoy viendo a un Gobierno que quiere revocar al Congreso, que quiere revocar a la Justicia y la base de nuestra democracia es la división de poderes, con ese proyecto de acto legislativo que está presentando Santos, va a concentrar todos los poderes.

En ese punto, tengo que decirlo, miren lo que está pasando en Venezuela, con esa Constitución que llamo ‘de bolsillo’. ¿Realmente cree que podemos llegar a una situación como la de Venezuela?

Sí, claro, sobre eso es que estoy llamando la atención. Si se revoca el Congreso, si se revoca la justicia y si se le dan poderes dictatoriales al presidente, será el comienzo de lo que está pasando en Venezuela. Un tribunal como el que propone el acuerdo de justicia no puede ser. Creo en la justicia colombiana, claro que tiene problemas, pero ha sido tan magnánima que la narcoguerrilla del M-19 masacró a la Corte Suprema y luego esa corte los perdonó. ¿Cuál es el temor, entonces, de las Farc a que sea la justicia colombiana la que juzgue a los colombianos? ¿Qué piensa de que esté cerca de iniciar otro diálogo, ahora con el ELN?

Con lo que estamos viendo hoy, lo curioso es que el ELN no se haya plegado, porque conseguir más concesiones es muy complicado.

Ahora que está fuera de la Comisión Asesora, ¿qué va a hacer ante el proceso de paz?

Seguiré saliendo a defender la Constitución y la ley; es mi objetivo principal, como expresidente y como ciudadano. No podemos permitir que violen los principios fundamentales de nuestra democracia. Tenemos que llamar la atención del Congreso, que no puede estar cediendo sus facultades al Ejecutivo, ni podemos cederle las facultades de la justicia, no podemos dar esas facultades dictatoriales. El país tiene que recapacitar y empezar a comprender qué es lo que está sucediendo.

Dirección URL: http://www.elcolombiano.com/el-presidente-pide-poderesdictatoriales-FC2895575

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SEPARATA MEDIOS/ Octubre/2015

Dolorosa derrota después de la victoria Jaime Eduardo Botero Gómez / Publicado en: Opinión Libre / Fecha: 17 de octubre de 2015

El presidente Santos repite una y otra vez que las FFMM ganaron la guerra militar y que esa es la razón para que las Farc estén en la mesa de La Habana.

En contraste, Timochenko, Márquez y otros de los voceros de esa organización terrorista lo desmienten todos los días. Si se analiza la información que se conoce sobre las negociaciones de paz, en materia de justicia transicional, se puede llegar a la conclusión que las Farc tienen razón. Claro que, otros días, depende de para qué lado sople el viento, dice el Presidente que no se las podría derrotar ni en otros 50 años.

Recientemente escuchamos, de Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, una inocente afirmación que es la demostración de su desconocimiento sobre la guerra subversiva, que contiene estrategias como la combinación de todas las formas de lucha: “La victoria en el campo de batalla no será un derrota jurídica para la Fuerza Pública”. Y posteriormente dice, más o menos, “sobre la verdad se reconstruirá la reconciliación de los colombianos”. Veamos porque no es así.

En el gobierno del presidente Uribe, el ministro Camilo Ospina, acabó con el Fuero Militar y con la Justicia Penal Militar, al firmar un convenio con el fiscal Mario Iguarán, para que fuese la fiscalía quien investigara las bajas de guerrilleros producidas en combate, tarea esta que constitucionalmente

correspondía a la justicia especializada para militares. Este es un hecho gravísimo. ¿Cómo un simple convenio administrativo podría cambiar la constitución?

No, no la cambiaron, pero como si lo hubieran hecho, hicieron caso omiso de la existencia del Fuero y empezaron a juzgar a los militares en la justicia ordinaria, violando la constitución y las leyes descaradamente.

Pasado el tiempo, después de una persecución contra militares desatada desde la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, que aún no termina, apoyada en muchos casos por carteles que fabrican los testigos falsos y los procesos, como lo reconociera en alguna ocasión el Fiscal Montealegre, quien advirtió que perseguiría a esos carteles sin cuartel (no paso de ser un anuncio), el gobierno de Juan Manuel Santos decide reformar la constitución para reformular el Fuero Militar, argumentando que recuperaría este derecho para los Militares que están expuestos a inmensos riesgos jurídicos en razón de su misión.

Resulta curioso que, para esta reforma constitucional, el gobierno se demorara casi 4 años, lo que demuestra la poca importancia que le dan a las FFMM, cuando en lapsos mucho menores se aprobaron reformas constitucionales relámpago, para facilitar el otorgamiento de impunidad a las guerrillas y, como ya es habitual, en nombre del proceso de paz, que tanto preocupa a muchos colombianos,

precisamente porque se están discutiendo y materializando cambios exigidos por la guerrilla que el presidente Santos juró jamás se producirían.

Curiosamente José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, se manifestó de acuerdo con la reforma al Fuero que fue aprobada. Este hecho es por lo menos sospechoso o quizás un indicador que debería preocupar mucho a nuestros militares, pues esto indica que “ahí hay gato encerrado”. Los militares activos no se atreven a mencionar la trampa mortal que está en camino. Hay sutilezas en el nuevo fuero, que nuevamente deja a los militares a merced de la justicia ordinaria.

Pero esta última reforma parece constituirse la mayor de las burlas para nuestros militares a raíz de los diálogos de La Habana. Dejarán, nuevamente, sin Fuero a los militares, al igualarlos con las Farc y pretender que sean juzgados por un Tribunal Especial de Justicia Transicional. Macabra institución, que creímos se planeaba para juzgar a las Farc y parece que es para juzgar al resto de los colombianos, especialmente militares y políticos molestos, en la cual los “magistrados” serán nombrados por el gobierno y por las Farc, en forma paritaria, y que, como la cereza que corona el postre, tendrá unos magistrados extranjeros, no nos sorprendería que, personajes oscuros como el ex-juez español Baltazar Garzón, sancionado en

La ganadería no se rinde Por: José Félix Lafaurie

La Región Andina se incendia abrasada por el sol, en uno de los más intensos veranos de los últimos tiempos, que además se prolongará hasta 2016, mientras en la Región Caribe ya no hay siquiera vegetación que se pueda quemar.

La Región Andina se incendia abrasada por el sol, en uno de los más intensos veranos de los últimos tiempos, que además se prolongará hasta 2016, mientras en la Región Caribe ya no hay siquiera vegetación que se pueda quemar.

Sus llanuras son desiertos cuarteados en donde mueren los animales por miles -más de 34 mil este año-, y desde que empezó esta tragedia de eventos climáticos extremos en 2009, entre Niño y Niña van más de 13 millones de

hectáreas afectadas y el hato nacional ya se redujo en un 10 %.

La producción de leche también ha sido golpeada, pero es todavía suficiente para abastecer a la industria, que solo acopia el 50 % de la producción total, mientras el otro 50 % -más de 3.000 millones de litros- se malvende en la informalidad, en detrimento de cerca de 300 mil pequeños productores que, además, no son objeto de crédito ni reciben asistencia técnica adecuada, porque tampoco están reunidos asociativamente para ser más productivos y fuertes frente al mercado. Mientras tanto, la industria aprovecha estas alarmas para invocar una escasez que no existe y convertirse en importadora para llenar sus bodegas a bajo costo, agravando aún más la crisis del sector.

En medio de este complejo escenario, 800 ganaderos colombianos se dan cita en Barranquilla, en el III Foro Internacional de la Leche, donde planteamos los casos de los principales productores mundiales -Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia y Alemania principalmente-, sus factores de competitividad y sus claves de éxito. Expertos de Brasil, Costa Rica y México presentaron también sus casos, más cercanos a nuestra realidad, y al final -tengo que decirlo-, hubo consenso en conclusiones ya conocidas.

Dicho de otra manera, sabemos lo que se debe hacer, pero el país no lo está haciendo. Es un deber ser planteado desde los Acuerdos de Competitividad de 1999, los Conpes de 2005 y los posteriores Programas de

su país por corrupción, terminaran en ese tribunal.

En este Tribunal, que se nutrirá en mucho con la información que entregue la poco confiable Comisión de la Verdad, no solo desaparece el Fuero Militar, sino la presunción de inocencia y aquel derecho de todo ciudadano que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares. Aquí se invierten los valore y se invierten los principios.

Los militares serán catalogados como “actores del conflicto”, según lo dicho sobre esta “novedosa” forma de justicia. Quien no confiese sus delitos y se le “comprueban” delitos más adelante, será condenado a pagar 20 años de cárcel. Ya hemos visto como hay algunas ONG expertas en la fabricación de los falsos testigos. Ahhhh, pero si confiesa sus “delitos” no será suficiente, a los militares les exigirán que deben “delatar” a sus superiores, como sucede hoy en la justicia ordinaria –que sigue juzgando a los militares a pesar de haber entrado en vigencia el nuevo Fuero-, aduciendo que su colaboración debe ser “eficaz”.

Así las cosas, las Fuerzas Militares pasarán de ser las fuerzas legítimas del Estado, a la categoría de “actores del conflicto” comparables con las Farc, pero discriminados de antemano o con menos derechos. Si las Farc confiesan sus muy conocidos delitos atroces, tendrán de 5 a 8 años de libertad vigilada para, posteriormente, cumplida su Transformación Productiva, pero aun así, la máquina de la reconversión no avanza, y ahora se le suma la necesidad urgente de una política pública de adaptación al cambio climático.

¿Qué han hecho esas potencias lecheras que nosotros no hemos hecho?

1.- Los gobiernos han asumido la producción y exportación de leche como un renglón de interés económico y obran en consecuencia, brindándole apoyo en investigación, ciencia y tecnología, asistencia técnica y políticas adecuadas de crédito. 2.- La dotación de bienes públicos -vías, servicios, energía, educación, etc.- concurre efectivamente a la competitividad y no a su deterioro. 3.- El acceso a tecnología y bienes de capital les permite a productores e industriales un proceso de innovación permanente. 4.- A partir de ese mayor nivel tecnológico, sus ganaderías han demostrado que con menos pueden hacer más. Menor hato que el nuestro

sanción, salir a hacer política. En contraste, los militares que confiesen sus supuestos “delitos” tendrán de 5 a 8 años de prisión entre los muros de un establecimiento penitenciario. Las Farc solo tendrán sanciones simbólicas por la comisión de delitos de lesa humanidad, mientras los militares acusados de “falsos positivos” no tendrán derecho a los beneficios de la justicia transicional. Entonces corrijo, a los militares no los igualarán con las Farc, estarán incluso, en una categoría inferior.

Pero atérrense queridos amigos, el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo, serán considerados, para las Farc, como delitos conexos con el delito político y estas ofensas contra la humanidad, serán indultadas, enterrando adicionalmente la posibilidad de extradición.

Debo reiterar lo que he dicho muchas veces: los militares irán a la cárcel y los terroristas al poder. Esto mismo, o muy parecido, ya sucedió en Argentina, Chile y Uruguay, para no nombrar a la mayoría de los países del Cono Sur, pero para no ir muy lejos también en Colombia –recordemos el Palacio de Justicia–.

Así que, señor Ministro, si se materializará la derrota política y jurídica después de haber obtenido la victoria militar. O quizás podríamos decir que así se cristaliza una nueva traición de Santos, esta vez contra nuestras queridas FFMM. Dirección URL: http://jebotero.com/dolorosa-derrota-despues-de-la-victoria/

o menos vacas en producción, pero con niveles óptimos de productividad y foco en la calidad. 5.- Sin perder el horizonte exportador, el mercado interno es la base del crecimiento sectorial, y así lo entiende su industria, que logra integrarse a los productores y explora nuevos mercados y líneas de negocio.

No se debería importar leche hasta no acopiar, cuando menos, el 75 % de la producción nacional. 6.- Los modelos asociativos con prácticas de buen Gobierno, han demostrado sus bondades para disminuir costos, facilitar la asistencia técnica y la innovación, e integrarse adecuadamente con la industria y con los mercados.

Colombia también puede hacerlo si hay verdadera voluntad del Gobierno y todos los eslabones, con el esfuerzo ganadero a la cabeza, que nunca ha de faltar, porque aún en las peores crisis, la ganadería no se rinde. http://www.contextoganadero.com/ columna/la-ganaderia-no-se-rinde

Edición 554

La violada Por: Rafael Nieto Loaiza | Publicado en: El Colombiano | Fecha: 18 de octubre de 2015

Mis preocupaciones sobre el proceso de La Habana no se centran en el presidente, allá él, sino en sus impactos en la democracia y en las instituciones. Como todos los colombianos, menos los que se lucran con la guerra, quiero la paz. Y por mucho que me llamen fascista, ultraderecha, tiburón, buitre o perro, comparto la idea de que en principio resulta mejor una solución negociada. Pero esta no puede buscarse de cualquier manera y a cualquier costo. Debe hacerse en el marco del estado de derecho y con respeto pleno de la Constitución y la ley y no torciéndoles el pescuezo. Y eso es precisamente lo que hace el Gobierno.

Antes, Santos le daba una puñalada a la Carta Política y a las instituciones con la propuesta de reforma constitucional que

busca crear el “congresito” y darle facultades extraordinarias al presidente para que haga lo que le venga en gana. Ahora Roy Barreras, viejo cargamaletas de Uribe y ahora sacamicas de Santos, es la marioneta gubernamental para proponer que las Farc tengan representantes en ese engendro usurpador, nombrados directamente por el presidente. A Barreras y al Gobierno no les basta con emascular al parlamento, con el aplauso servil de la mayoría de sus miembros, sino que además quieren que las Farc participen en la definición de la constitución y las leyes que, tras los acuerdos, nos quieren imponer.

La finalidad paralela es clara: el Gobierno busca que los terroristas renuncien a la constituyente y a cambio les entrega en bandeja su participación di-

recta, a dedo, sin elecciones, en el mecanismo espurio que acordaron en Cuba para la definición de la nueva carta política post Habana. La cosa es tan grotesca que incluso Claudia López, acérrima defensora del proceso, dijo que le parecía “un golazo y un mico indebido y abusivo, y por demás un mal mensaje para la paz, que lejos de ayudarla la debilita. Mientras no estemos seguros de que las Farc se desmovilicen, se desarmen y se reincorporen a la vida civil, se sometan a la justicia y les cumplan a las víctimas, es un error ponerse a ofrecerles curules para participación política”.

Y para que el Gobierno no diga que las críticas al proceso vienen solo desde este lado, Patrick Leahy, el más reconocido senador de la izquierda

/SEPARATA MEDIOS

demócrata, sostuvo que “las Farc parecen creer que la privación de la libertad significa que estarían restringidos en una amplia área. Eso no sería aceptable” y agregó que “no puede haber una situación en donde tú puedes cometer crímenes de guerra, disculparse y no sufrir una privación real de la libertad”. Leahy y Vivanco y Amnistía Internacional, que han exigido verdaderas penas privativas de libertad para responsables de crímenes internacionales, ¿son los “nuevos terroristas”, como nos acusó Roy Barreras? ¿O solo “perros”, señor presidente?

Por otro lado, ¿no sería mejor que Santos le aclarara y convenciera al fiscal de que el tribunal especial que se quiere crear en Cuba no tendrá competencia para juzgar a expresidentes?

Porque la experiencia nos indica que siempre, tras las apariencias, Montealegre y Santos están alineados. Valdría la pena también aclararle al Fiscal que es inaceptable y contrario a derecho que suspenda las investigaciones contra las Farc,

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como lo anunciara. Los pactos de La Habana no tienen ningún valor jurídico y no serán obligatorios hasta que no se hagan las reformas constitucionales y legales que sean necesarias.

Por supuesto, esos pactos no son los “acuerdos humanitarios” de los que habla el Derecho Internacional Humanitario, como con desconcertante ignorancia y para justificarse se atrevió a sostenerlo Montealegre.

Después de La Habana, a la Constitución del 91 habrá que llamarla “la violada”. …

Valiente y contundente el expresidente Pastrana. Su carta de renuncia a la comisión de paz es un compendio perfecto de las preocupaciones de la mayoría. …

La alegría de Eliseo Restrepo se fue de este mundo. Su ejemplo de empresario con vocación social debería ser seguido por todos. A propósito, ¿qué espera el país para hacerle a José Alejo Cortés el homenaje nacional que se merece?

Dirección URL: http://www.elcolombiano.com/la-violada-KA2893862

Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en La Habana

Con fundamento en los principios del Consejo Gremial Nacional, los empresarios de Colombia acogen la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece la Constitución.

Entienden la paz no como la ausencia de conflictos sino como el discurrir de una sociedad que cuenta con los mecanismos institucionales para resolverlos. http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_Mas.aspx?CustomID=948

RESUMEN • El Consejo Gremial Nacional respalda las negociaciones para la terminación del conflicto.

• Esta es una negociación entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley que se da por razones humanitarias, para evitar que haya más víctimas y daños a la sociedad, a la economía, a la infraestructura y a los bienes públicos.

• El acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho. No se está negociando la creación de un nuevo orden político y social, la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos.

• El Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo.

• Para el sector empresarial es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

• Los acuerdos en materia de Desarrollo Rural Integral deben ser consistentes y consecuentes con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado. El pleno desarrollo rural deberá consolidar agroindustria moderna con agricultura tradicional de pequeños y medianos propietarios.

• El sector empresarial espera una mayor precisión sobre puntos no conoci-

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dos sobre la jurisdicción especial para la Paz. El acuerdo sobre la reparación de las víctimas deberá asegurar que las FARC asuman su cuota de responsabilidad, tanto en la dimensión moral como en la económica.

La Comisión de la Verdad debe ser consistente con el hecho de que Colombia cuenta con un Estado legítimo, sustentado en unas instituciones democráticas y republicanas, a diferencia de las desarrolladas en dictaduras o Estados totalitarios, o del régimen de “apartheid” en Sudáfrica.

De acuerdo con los postulados del Estado de Derecho, las responsabilidades por crímenes relacionadas con el conflicto serán personales Es indispensable el cese efectivo de todas las actividades delictivas de la guerrilla, incluyendo terrorismo, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, contrabando y extorsión, al igual que la entrega de bienes y recursos asociados a actividades ilegales.

Cualquier mecanismo que se implemente para la dejación de las armas, deberá asegurar que dicha entrega sea total y verificable.

El sector empresarial colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional, respalda la negociación que se adelanta con las FARC, con el objetivo de dar por terminado el conflicto con esta organización.

Consideramos que los avances que ha tenido la mesa de negociación son valiosos.

Para el empresariado colombiano, el punto en el que se encuentra la negociación es crucial y por eso creemos que deben hacerse esfuerzos para que se adelante con

la mayor legitimidad y respaldo posible, no solamente desde los estamentos de las instituciones públicas, sino también desde todas las instancias de la sociedad civil y el empresariado colombiano. Dicha legitimidad pasa por la garantía de que habrá justicia, que se mantengan los principios constitucionales y el equilibrio institucional, en el desarrollo de los acuerdos.

Por lo anterior, los empresarios, sus gremios y el Consejo Gremial Nacional en el que estos últimos confluyen, como parte fundamental de la sociedad civil tenemos la responsabilidad, en el contexto de una democracia participativa y plural, de opinar sobre los temas prioritarios para la Nación.

Con estos fundamentos, este documento persigue aportar elementos de juicio sobre la negociación para la terminación del conflicto que se adelanta en La Habana.

Abrigamos la esperanza de que las apreciaciones aquí expuestas, inspiradas en el compromiso patriótico y democrático que siempre rige nuestras actuaciones, le sean útiles al Gobierno en aras de culminar una negociación que adelanta con particular consagración.

rias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales. También se negocia para evitar los daños que, mediante atentados terroristas, estos grupos siguen ocasionando al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y, en general, a la economía nacional.

De lo dicho se desprende que la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país. No negocian los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno de ellos ha podido vencer. Lo hace el Estado para acoger dentro de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella y para fortalecer la capacidad de las instituciones y continuar avanzando en la conquista de una Colombia mejor.

2. El acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho

1. Justificación de las negociaciones con las FARC

Tal como lo ha expresado reiteradamente el Gobierno, no se está negociando la creación de un nuevo orden político y Durante los últimos 35 años, a lo menos, social. En consecuencia, es evidente que la todos los gobernantes de Colombia han in- negociación debe transcurrir dentro de la tentado procesos de paz con los alzados en Constitución, y no por fuera de sus preceparmas, algunos de los cuales tuvieron éxito. tos. Este principio se postula, tanto con reTal persistencia conduce a preguntarse: lación a las cláusulas sustantivas, que son ¿por qué negociar? No porque se crea que las que versan sobre los derechos y oblila causa subversiva sea justa en sus mó- gaciones de los ciudadanos y organizan los viles y procedimientos; tampoco porque poderes públicos, como aquellas que regulos alzados en armas tengan la capacidad lan su reforma.

Dicho de otra manera: el Derecho no es de amenazar la estabilidad de la República.

En lo esencial, las razones son humanita-

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SEPARATA MEDIOS/ Octubre/2015

<< VIENE REFLEXIONES pág. 7

obstáculo para la conquista de la paz. Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo con las FARC. La propuesta de acto legislativo, que ha presentado el Gobierno para facilitar y garantizar los acuerdos que se logren en La Habana, busca modificar de manera sustancial aunque transitoria, el proceso de creación de las leyes y conceder facultades autónomas al Presidente de la República.

Aspiramos a que los debates se desarrollen en un ambiente sereno y respetuoso que garantice espacios adecuados a Gobierno y oposición.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que se cumpla el compromiso adquirido por el Presidente Santos de una refrendación popular de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

Igualmente, tales instrumentos no podrán establecer condiciones de excepción en desmedro de la presencia soberana del Estado de Derecho en todas sus manifestaciones.

El Desarrollo Rural verdaderamente integral, deberá conciliar, de una parte, las obligaciones del Estado frente a la pobreza rural y la producción minifundista, ampliando la oferta de bienes públicos en el campo y promoviendo decididamente la empresarización y asociatividad como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados, y de otra, los retos de competitividad en altas escalas de producción para aprovechar las ventajas comparativas del país frente a una creciente demanda mundial de alimentos, un asunto estratégico en la urgente política de diversificación exportadora.

En el comunicado conjunto del 23 de septiembre, las partes “reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano; Reforma Rural Integral”, “Participación política; Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Ayudaría a disipar las inquietudes existentes saber si esto significa que las FARC han desistido de las “salvedades” que en numerosos documentos han expresado.

Así mismo deberá precisarse el alcance de compromisos ya adquiridos que requieren cuantificación.

5. El deber de reparación de las víctimas Mediante la expedición de la Ley 1448/11 se consolidaron los compromisos del Estado colombiano para la restitución plena de los derechos morales y económicos de las víctimas. En consecuencia, si la reparación de las víctimas hace parte de la agenda que se discute en La Habana, ciertamente no es para confirmar unas obligaciones estatales que son sagradas, sino para asegurar que las FARC, en su condición de victimarios, asuman su cuota de responsabilidad en esa tarea esencial, tanto en sus dimensiones morales como económicas. Este es un punto central de las negociaciones respecto del cual no se conocen avances.

6. Conveniencia de repensar las funciones de la Comisión de la Verdad

Se ha divulgado recientemente un preacuerdo para la constitución de una “Comisión de la Verdad”. Allí se lee que su objetivo consistiría en establecer “las responsabilidades colectivas del Estado, in3. El Desarrollo Rural Integral: Una deucluyendo el Gobierno y los demás poderes da histórica públicos, de las Farc-Ep, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, Cerca de catorce millones de colomorganización o institución, nacional o inbianos viven en el campo y, las actividades ternacional, que haya tenido alguna paragropecuarias que desarrollan como sector ticipación en el conflicto…”. Durante tres económico, son componente fundamenaños, ese organismo realizaría audiencias tal de la economía nacional, no solo para a lo largo y ancho del territorio nacional. la generación de riqueza sino para la sePor supuesto, la búsqueda de la verdad guridad alimentaria del país. Lo acordado es una tarea fundamental una vez concluien el primer punto sobre Desarrollo Rural 4. Jurisdicción especial para La Paz do un conflicto armado interno como el que Integral solo tiene cabida o aplicación en Aun cuando no se conoce el texto del ha padecido nuestro país. Esa indagación tanto no riña con la línea roja de la no negociabilidad del modelo de desarrollo en documento que contiene este acuerdo, su por la verdad tiene dos dimensiones: La verdad judicial, que debe surgir de general, del cual hace parte. El Desarrollo importancia es innegable, por cuanto sería Rural Integral es una deuda del Estado con la primera vez en la historia republicana los procesos que se adelanten contra los el sector agropecuario y el campo en ge- de Colombia que un gobierno que goza individuos que sean máximos responneral, pero sobre todo, es una obligación de la legitimidad que dimana del proceso sables del conflicto, los cuales deberán ser democrático pacta con quienes se encuen- juzgados y castigados por la Jurisdicción constitucional.

La institucionalidad propuesta en el tran al margen de la ley la creación de una Especial para La Paz bajo las reglas que toprimer punto de los acuerdos, así como jurisdicción especial. Una concesión de tal davía no se conocen.

Las causas y dinámicas del conflicto. las formas de participación comunitaria magnitud se justifica si permite someter a allí expresadas, deberán ceñirse a las ins- la justicia penal transicional o restaurativa En este caso, no puede haber una “verdad tancias contempladas para tal fin en la a quienes hayan cometido crímenes en de- única”. Los acontecimientos del pasado constituyen el campo de acción de los hisConstitución e incorporadas a la estruc- sarrollo del conflicto armado.

Sin embargo, nos preocupa la falta de toriadores. Del libre ejercicio de la tarea tura de funcionamiento del Estado, sin que la necesaria participación comunita- claridad sobre la competencia que ese or- intelectual que les corresponde, lo normal ria y veeduría ciudadana se conviertan en ganismo tendría en función de los factores es que surjan visiones distintas, inclusive, contrapuestas. La “Comisión histórica del coadministración u obstáculo a la acción temporal, material y subjetivo. En efecto: La jurisdicción especial tendría sentido conflicto y sus víctimas” produjo un condel Estado.

Las propuestas que se hagan sobre con relación a los crímenes cometidos en junto plural de visiones que le servirán Desarrollo Rural Integral y las solucio- desarrollo del conflicto. En declaraciones al país para entender su pasado reciente nes a la pobreza rural deben partir del recientes la comandancia guerrillera seña- aunque ellas ciertamente no agotan la marespeto a la propiedad privada garanti- la que el conflicto ha tenido una duración teria. La historia, como se sabe, es un libro zando la seguridad jurídica de la misma. “de más de sesenta años”, mientras que el por siempre abierto.

Bajo estas premisas, la “Comisión de la Infortunadamente, esto no ha sido así en el Gobierno ha admitido que su longitud supasado. Las razones han sido el desorden pera la media centuria. Es elemental que Verdad” prevista en un acuerdo prelimihistórico del Estado y la poca acción en la esta cuestión tiene que quedar definida nar genera especial preocupación por las siguientes razones: asignación y control de tierras baldías, el con claridad.

Así mismo, por tratarse de una jurisdicDurante todo el horizonte temporal del impacto de la violencia rural sobre la tenencia y propiedad de la tierra, el conflicto ción extraordinaria de carácter temporal, conflicto se ha mantenido la continuidad entre vocación y uso y la restitución a las tiene que establecerse con claridad el pe- democrática del Estado. Por lo tanto, un deriodo durante el cual ejercería sus funciones. bate retrospectivo sobre sus instituciones víctimas de despojo.

Con relación a la materia de la que el podría conducir a un injusto deterioro de su No se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre crite- Tribunal se ocuparía, se dice que ella versará legitimidad. En este contexto es importante rios y políticas excluyentes entre peque- sobre crímenes cometidos en el contexto registrar que las razones que dieron origen ños, medianos o grandes productores, sino del conflicto, de manera directa o indirecta. a la creación de comisiones de la verdad en sobre la consolidación de una clase empre- Para el derecho penal liberal, la imputación países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no sarial en sus diferentes tamaños y modelos y, por lo tanto, la pena, dependen de actua- se encuentran presentes en Colombia.

En tales países se trataba de sustituir que asegure el cumplimiento de la función ciones personales, bien sea como autores, social de la propiedad teniendo como fun- materiales o intelectuales, cómplices o en- dictaduras militares por gobiernos civiles, damento la importancia de promover el cubridores. La posibilidad de responsabili- o un régimen de exclusión racial por un dades indirectas nos genera preocupaciones. Estado pluriétnico y democrático. En ellos, desarrollo empresarial en el campo Por lo tanto, instrumentos como la ex- Consideramos necesario, por lo tanto, que además, se les otorgaron a tales comisiones funciones judiciales, opción que en buena propiación por motivos de interés social o esta cuestión sea objeto de precisión.

El comunicado del 23 de septiembre hora ha sido expresamente excluida en el de utilidad pública, y la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de establece, sin ningún tipo de limitaciones, caso colombiano.

Por último, el Consejo Gremial Nacional la función social y ecológica de la propie- que la jurisdicción de paz es universal; no dad, si bien preexisten en la legislación co- reconoce inmunidades ni fueros. Esto sig- reitera su posición en el sentido de que lombiana, deberán ser revisados y regla- nifica que funcionarios dotados de fuero cualquier persona que haya cometido mentados en su aplicación, en un marco de de acuerdo con la Constitución y la Ley crímenes relacionados con el conflicto argarantía del debido proceso y la legítima de- podrían ser procesados en ese Tribunal. mado, deberá responder ante la justicia. fensa de los propietarios legales de la tierra. Si así fuere, no sería una opción adecuada 7. Desmantelamiento de las actividades Los instrumentos de política pública para aclimatar la paz.

Un grado tal de generalidad conduciría, económicas de la guerrilla para la protección y apoyo a los pequeños productores del campo deben evitar una además, a que puedan ser llamados por el Colombia es el único país del hemisferio mayor segregación y aislamiento en zonas Tribunal personas de cualquier nacionalide reserva campesina y, por el contrario, dad distinta a la colombiana, que podrían, en el que subiste un fenómeno guerrillero. asegurar su adecuada integración a los de una u otra manera, haber estado involu- Ello ha sido posible gracias a la existencia de cuantiosos recursos ilegales para finanmercados y a los beneficios del desarrollo. crados en el conflicto colombiano.

ciarlo, tales como tráfico de drogas, apropiación de regalías, extorsión, minería ilegal, contrabando y secuestro.

En el acuerdo preliminar sobre drogas ilícitas se exponen ideas sensatas, entre las que cabe mencionar la necesidad de ofrecer oportunidades alternativas de vida a los campesinos cocaleros, tratar el consumo de drogas como un problema de salud, y el imperativo de contar con la comunidad internacional en su solución.

Preocupa, sin embargo, que la erradicación se plantee como un mecanismo voluntario que supone acuerdos previos con las comunidades involucradas; solo si ellos fracasan podría procederse a su eliminación forzada. Bajo esta metodología, que no contempla plazos y condiciones, la acción estatal podría quedar paralizada a término indefinido. Grave que así fuera cuando las cifras disponibles demuestran un crecimiento notable del área sembrada, lo cual se traduce en un aumento de otras acciones ilícitas.

De modo más general anotamos que no se conocen compromisos para entregar los bienes y rendimientos financieros asociados al portafolio de negocios ilegales.

8. Los tiempos para la dejación de las armas

En el acuerdo marco se ha establecido el compromiso de que las FARC dejen las armas al final del conflicto. El Consejo Gremial Nacional considera que esta estipulación implica la necesidad de realizar un inventario riguroso de las armas, probablemente efectuado por una agencia internacional que garantice neutralidad; y en segundo lugar, su destrucción o entrega a un tercero. Nada de esto se ha divulgado por la mesa de negociaciones.

Si bien es positivo que se estipule el momento a partir del cual se dará la dejación de las armas, también resulta fundamental establecer el momento en el que dicho proceso terminaría.

Para finalizar, el Consejo Gremial Nacional, como representante del sector empresarial colombiano, reitera su respaldo a los procesos de finalización definitiva del conflicto con grupos armados al margen de la ley.

Creemos que la sostenibilidad en el tiempo de estos acuerdos, solo será posible en la medida en que se desarrollen dentro de un marco institucional sólido, basado en nuestros valores democráticos y republicanos.

Como representantes del sector empresarial, asumiremos un papel activo en la defensa de nuestros valores democráticos y en la construcción de unas mejores condiciones de vida que permitan una paz estable y duradera.

Bruce Mac Master

Presidente CNG Presidente ANDI

Camilo Llinás Angulo

ACOLFA

Javier Díaz Molina

Rosmery Quintero Castro

Carlos Alberto Garay Sanclemente

Gustavo Galvis Hernández

Presidente ANALDEX Vicepresidente CNG ACOPI

ACOPLASTICOS ANDESCO

Santiago Montenegro Trujillo ASOFONDOS Santiago Castro Gómez

ASOBANCARIA

Luis Fernando Londoño Capurro

ASOCAÑA

Augusto Solano Mejía

Stella Villegas de Osorio

ASOCOLFLORES ASOFIDUCIAR

Juan Martin Caicedo Ferrer

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Juan Carlos Rodríguez Muñoz

COLFECAR

Sandra Forero Ramírez

Julián Domínguez Rivera

Gustavo Adolfo Toro Velásquez

Jorge Humberto Botero Angulo

Jose Félix Lafaurie Rivera

Jens Mesa Dishington Guillermo Botero Nieto Rafael Mejía López

CAMACOL

CONFECAMARAS COTELCO

FASECOLDA FEDEGAN

FEDEPALMA FENALCO SAC