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Créditos
ACOMPAÑANDO VÍCTIMAS, TESTIGOS Y SUJETOS PROCESALES EN CASOS JUDICIALES DE ALTO IMPACTO Caso: Genocidio de Guatemala
Personas involucradas en esta publicación: Claudia Virginia Samayoa Coordinadora General UDEFEGUA Sistematización Rafael Herrarte Angela Fuentes Equipo de Seguridad Antonio Catalán Antonio Caba Angela Fuentes Preguntas a: UDEFEGUA 1 calle 7-45 zona 1, Guatemala, Guatemala www.udefegua.org; udefegua@udefegua.org Julio, 2014
Indice Siglas Utilizadas ..................................................................................................................... 4 Presentación ............................................................................................................................ 5 Antecedentes........................................................................................................................... 6 El proceso penal...................................................................................................................... 7 El origen del riesgo ................................................................................................................................ 8 El esquema de nuestra intervención ....................................................................................... 8 Objetivo general: .................................................................................................................................... 8 Objetivos específicos: ........................................................................................................................... 9 Metodología: ............................................................................................................................................ 9 Estructura organizativa involucrada en el proceso ............................................................... 10 Las victimas y los testigos .................................................................................................... 11 Las mujeres, testigos y víctimas de violencia sexual ............................................................. 11 Abogados y peritos ............................................................................................................................. 12 Campaña mediática ............................................................................................................................ 12 Presencia Internacional .................................................................................................................... 13 Otras coordinaciones:........................................................................................................................ 13 Las formas de intervención................................................................................................... 13 Atención psicosocial........................................................................................................................... 14 Acompañamiento en seguridad y protección .......................................................................... 14 Acciones de incidencia política:..................................................................................................... 14 El apoyo de organizaciones nacionales de la sociedad guatemalteca .................................. 15 La presencia en Tribunales ................................................................................................... 15 Las características de la intervención ................................................................................... 16 Innovaciones realizadas ........................................................................................................ 19 Lecciones aprendidas ............................................................................................................ 21 Observaciones y recomendaciones ....................................................................................... 22 Conclusiones......................................................................................................................... 23
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Siglas Utilizadas ACOGUATE AJR. Asociación Justicia y Reconciliación AVEMILGUA. Asociación de Veteranos Militares de Guatemala BJDH. Bufete Jurídico en Derechos Humanos CAI. Conflicto Armado Interno CALDH. Centro para Acción Legal en Derechos Humanos CUC. Comité de Unidad Campesina MP. Ministerio Público OACNUDH. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad sobre Derechos Humanos PBI. Brigadas de Paz Internacional PDH. Procuraduría de Derechos Humanos PNC. Policía Nacional Civil UDEFEGUA. Unidad para la Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
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Presentación La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala tiene 14 años de estar acompañando defensores y defensoras de derechos humanos generando esquemas de auto-protección y dialogando con el gobierno para la creación de Políticas Públicas de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La ausencia de los últimos ha obligado a generar mecanismos para la protección de defensores y defensoras en momentos de riesgo alto. En el año 2011, empezamos a acompañar a defensores y defensoras de derechos humanos antes, durante y después del desarrollo de casos paradigmáticos en torno a violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y en la actualidad. De allí se empieza a desarrollar un mecanismo de protección articulado con el acompañamiento psico-jurídico a víctimas y testigos así como el acompañamiento a partes procesales. A inicios del 2013, el anuncio del inicio del debate oral y público en torno a la acusación en contra de Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez (Jefe de Facto del Estado de Guatemala 1982-1983 y Jefe de Operaciones del Ministerio de la Defensa 1982-1983, respectivamente) por los delitos de genocidio y actividades en contra de los deberes de humanidad generó el inicio de un proceso de acompañamiento a víctimas, testigos y partes procesales que superó las dos centenas de personas y que requirió del desarrollo de procesos de coordinación tanto con autoridades dispuestas u obligadas a proteger, fiscales, querellantes adhesivos y psicólogos. El siguiente documento realiza una sistematización de la experiencia con el objeto de compartir con defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones e instituciones que están obligadas a generar mecanismos de protección ante el desarrollo de procesos judiciales de alto impacto y que por su naturaleza generan un riesgo muy alto en momentos específicos de tiempo. Esta sistematización hace énfasis en la intervención a emergencias, para la protección y seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos inmersos en la dinámica del juicio. Otro componente corresponde al área de defensa y protección, sus integrantes desarrollaron procesos de seguridad y protección, de tal forma que aseguraran la integridad personal de los participantes del caso y fueron los encargados de las siguientes acciones: documentar agresiones, comunicar el conocimiento adquirido, con la finalidad de enriquecer futuras acciones de índole similar. Uno de los aportes de esta sistematización, es contar con conocimiento adquirido durante el proceso de apoyo en la protección y seguridad en las situaciones de amenazas, ataques, criminalización, difamación, intimidación y confrontación que se experimentaron a lo largo del juicio, intentando comprender las razones por las cuales se llevaron a cabo estas situaciones hostiles y en especial dando a conocer las estrategias y herramientas utilizas que permitieron alcanzar los objetivos de protección a los actores del juicio y las acciones llevadas a cabo.
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Antecedentes “La consideración, por parte del ejército, de que la población del área Ixil era la base social, en cuanto fuente de alimentación, cantera de reclutamiento y lugar de refugio de la guerrilla, fue, sin duda, el factor desencadenante de la represión, ya que un objetivo estratégico del ejército era negar el acceso de los guerrilleros a la población que constituía su base de apoyo. El ejército denominó el área como “Triángulo Ixil”, es decir, utilizó la denominación del grupo étnico, para identificar un área de combate que fue creada por las fuerzas militares. También creó en 1982 la Fuerza de Tarea Gumarcaj, para que operara principalmente dentro del área Ixil. Así mismo, formó una compañía integrada únicamente por Ixiles”. Resumen del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En consonancia con esa apreciación que el ejército tenía del involucramiento de la población en el área Ixil, implemento planes de campaña dirigidos contra población civil desarmada, los cuales fueron ejecutados con toda severidad en los primeros años de la década de los ochenta, siendo estos los años más duros del Conflicto Armado Interno (CAI). El conocimiento de dichos planes, nos sirven para entender y sobretodo comprobar que existió una planificación detallada y ejecutada con precisión por parte del alto mando militar durante el gobierno del General José Efraín Ríos Montt, para acabar por todos los medios, con comunidades enteras. Los planes de campañas, Victoria 82 y Firmeza 83 y el Plan de operaciones Sofía, son evidencia de que las acciones punitivas del ejército no responden a una actuación deliberada donde entran a funcionar el andamiaje táctico, los servicios de inteligencia, los apoyos logísticos y la acción operativa para concretar la tierra arrasada y el exterminio de poblaciones enteras. A pesar de este holocausto, los sobrevivientes con el acompañamiento de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, fueron abriendo camino en un largo recorrido para buscar el conocimiento de la verdad de lo ocurrida y lograr justicia contra los responsables directos de este genocidio. A más de treinta años de los hechos, las víctimas tuvieron ocasión de expresarse y dar a conocer al mundo la verdad de los sucedido, lo cual es una expresión de valor y de necesidad de liberarse de la pesada carga que representaba el silencio. El pueblo de Guatemala y el mundo por fin pudo conocer durante los meses de marzo y abril del año 2013, la verdad de las víctimas, la cual permaneció soterrada por más de 30 años bajo una pesada loza de indiferencia, ellos por su entereza y coraje son
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los actores principales de haber superado infinidad de obstáculos para llegar a lo que ahora se ha dado en llamar el juicio del siglo y seguramente lo serán de otros judiciales que estarán por venir.
El proceso penal En el año de 1999, la Asociación Justicia y Reconciliación, presenta ante los Tribunales de Justicia del municipio de Nebaj, Departamento del Quiche, la denuncia en contra de militares responsables de la muerte de varios pobladores indígenas Ixiles, siendo el principal actor demandado el general retirado José Efraín Ríos Montt, junto a quien en ese entonces fuera el Jefe de Inteligencia Militar (G-2), José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos acusados de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad. En el año 2010, la Corte Suprema de Justicia crea los Juzgados de Alto Riesgo con sus respectivos Tribunales y Salas de Apelaciones, con la intención de conocer casos de alto impacto, tales como los delitos antes mencionados. En el año 2011, la Corte Suprema de Justicia accede a la petición del Ministerio Publico, de trasladar la denuncia presentada en el municipio de Nebaj, al Juzgado Primero de Mayor Riesgo, y en septiembre de ese año se les imputa cargos a dichos generales. En enero de 2012, el ex general José Efraín Ríos Montt pierde su inmunidad como legislador del Congreso, la cual gozaba desde el año 2,000; esto permite continuar con el caso, dando como resultado que el Juez a cargo lo ligue a proceso y se le decrete arresto domiciliario por cárcel y se le otorgue una mediad sustitutiva a través de una fianza. El tribunal a cargo ordena el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez para dar inicio el 19 de marzo del 2013 y finalizando con la sentencia condenatoria emitida el 10 de mayo del mismo año. Este juicio representa un acontecimiento histórico, por ser el primer juicio de genocidio que se desarrolla en el sistema de justicia del mismo país donde se cometieron los hechos; la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA) junto con otras instancias legales consideraron como parte de su mandato realizar el diseño y aplicación de estrategias de protección que consisten en el acompañamiento, asistencia legal, psicosocial y de comunicación. En el proceso de aplicación de estas estrategias se fue generando información, la cual dio pautas para actuar de manera preventiva ante potenciales amenazas. El desarrollo del juicio desde su inicio hasta el final, nos permite hoy, exponer la experiencia y el conocimiento obtenido, de manera que pueda servir de aprendizaje y orientación, tanto para quienes participaron en el mismo, como para aquellas personas o entidades que deseen iniciar acciones similares. Esta labor y el trabajo desarrollado representan para UDEFEGUA un compromiso, hacia nosotros como defensores y defensoras de Derechos Humanos, pero principalmente hacia las víctimas que en mínima forma fue reparada su dignidad con este juicio y con la sociedad guatemalteca que tuvo ocasión de conocer una verdad negada por más de tres décadas.
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El origen del riesgo Los responsables de las estructuras operativas y de inteligencia que en el pasado fueron responsables de orientar y consumar actos de genocidio en Guatemala, gozan de libertad y se encuentran insertos en la dinámica política y social del país; en la actualidad varios de ellos ocupan cargos importantes en la administración pública y otros se desempeñan en el mundo empresarial. Por otra parte, en los últimos años, en Guatemala, se ha producido un surgimiento de grupos de tendencia fascista, integrado por ex militares y familiares, quienes durante el conflicto jugaron un papel protagónico se dedican ahora a través de esas agrupaciones a promover la violencia y a propagar discursos de odio contra aquellos que defienden derechos y buscan justicia. Áreas como el “triangulo Ixil” denominada así por el ejército, con la mayor concentración de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en el país, presenta en la actualidad manifestaciones contradictorias en su dinámica política, por una parte, la incidencia de los planes contrainsurgentes, la formación obligada de patrullas de autodefensa civil y los poderes locales copados por personas afines al ejército y sus expresiones de extrema derecha, han logrado propiciar la división entre la población, la violencia como método de resolución de conflictos y el autoritarismo como estilo de los gobiernos municipales, siendo estos algunos de los costos del conflicto. Por otra parte, esta la postura perseverante de las víctimas que a lo largo de décadas no han desmayado por tener justicia, como una manera de respetar la memoria de sus muertos, para que estos hechos no se queden perdidos en el ancho camino de la impunidad y sobre todo, para que después de tantos años no vuelvan a repetirse. Los aspectos mencionados generaron un contexto de alto riesgo que se valoró, en febrero del 2013, que incrementaría su intensidad en la medida del desarrollo del juicio y, particularmente, ante la emisión de la sentencia.
El esquema de nuestra intervención Para una mejor comprensión del hilo conductor llevado en esta sistematización es importante el conocimiento de los objetivos que se planteó UDEFEGUA desde el inicio de la intervención en la seguridad y protección a los participantes en el juicio. Estos objetivos se delimitaron de la siguiente manera. Objetivo general: a. Generar condiciones de seguridad y protección para Defensores/as de Derechos Humanos en el marco de la Recuperación de la Memoria Histórica, de la Verdad y la Justicia.
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Objetivos específicos: b. Apoyar en la generación de medidas de seguridad/protección a defensores/as de derecho a la verdad y la justicia, quienes participan en el Caso sobre Genocidio, antes y durante el proceso. c. Verificar y acompañar de forma oportuna los incidentes de seguridad que puedan sufrir los defensores/as del derecho a la verdad y justicia. d. Desarrollar junto a los testigos planes de seguridad, para protegerse en el proceso, antes, durante y después de la sentencia, en articulación a los mecanismos de acompañamiento que se desarrollen desde la perspectiva psicosocial. Metodología: Previo a la firma de los Acuerdos de Paz y a partir de la sentencia condenatoria contra los autores materiales e intelectuales del asesinato de Myrna Mack, se han venido articulando diversos procesos judiciales, entre ellos el más paradigmático: contra los responsables del delito de genocidio. En el año 2013, se inicia y apertura el proceso judicial, en contra de los dos generales implicados de estos hechos. Por la calidad de la acusación y las implicaciones políticas que tiene un juicio por genocidio, en las condiciones de impunidad que prevalecen en el país, se dejaba entrever serias complicaciones para la integridad personal de los actores de este proceso judicial. La premura del tiempo determinado por el anticipo del inicio del proceso al mes de marzo cuando inicialmente estaba previsto para agosto, determinó que la planificación se diera sobre la marcha, para establecer medidas de actuación acertadas tanto en la región Ixil, como en los traslados de testigos; durante su estancia en la ciudad y en la participación en las audiencias, cuidando con particular atención cualquier situación de riesgo que pudieran presentarse contra las víctimas, querellantes, testigos y demás acusadores, durante todo este proceso. El punto de partida fue el diseño de una propuesta de intervención por parte de la coordinación y sub coordinación general de UDEFEGUA, para que este fuera la base para estructurar planes específicos que elaboró el área de defensa y protección, para proteger y garantizar la integridad personal y emocional de las personas involucradas en el juicio. Por otra parte, en caso de ataques se definieron medidas para la verificación de los mismos, se preparó un plan concreto de acompañamiento psicosocial y auto cuidado. El conjunto de estas actividades se implementaron por medio de reuniones, talleres de análisis de riesgo que dieron la pauta para elaborar planes de seguridad.
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Las estrategias y planes de protección perseguían garantizar el buen desempeño de los actores procesales en el juicio y buscando fortalecer las capacidades para nuevas gestiones de seguridad. Con la planificación definida, UDEFEGUA socializó con las diversas organizaciones involucradas en el juicio la propuesta de intervención siendo estas: CALDH, AJR, Bufete Jurídico de Derechos Humanos y ECAP; con sus componentes de protección, seguridad, información y acompañamiento. Estas mismas organizaciones por medio de sus coordinaciones generales, orientaron la aplicación de las medidas de protección y seguridad involucrando en la ejecución a los equipos de trabajo; teniendo particular atención hacia los testigos del proceso, según las necesidades requeridas. Con ellos se llevaron a cabo 20 acompañamientos durante el mes de marzo y las primeras dos semanas de abril de 2013, estos acompañamientos implicaron la atención a 133 testigos, quienes se involucraron de manera activa en la gestión colectiva y auto-gestión de su seguridad, tanto en sus comunidades, así como en los traslados, estancia en la ciudad y en la Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, durante el inicio del proceso hasta la culminación de este. Estructura organizativa involucrada en el proceso UDEFEGUA, con base a la experiencia adquirida y la especialización de sus equipos de trabajo, asumió la responsabilidad de coordinar, asesorar y conducir el proceso de acompañamiento en seguridad y protección, a las organizaciones y víctimas involucradas. Para cumplir con las dimensiones de la intervención se vio involucrado una parte del equipo de la organización – 5 personas - y durante la sentencia la participación fue de todo el personal de UDEFEGUA. Por su parte, el equipo de CALDH, facilitó la comunicación entre testigos, para asegurar condiciones de logística y seguridad participando 5 personas involucradas de manera directa en la ciudad y 3 en la región Ixil y un abogado querellante; ECAP brindó el acompañamiento Psicosocial asignando un equipo de 5 Psicólogos y promotores comunitarios, 3 en la región y 2 Psicólogos en sala de vista, y el BUFETE JURIDICO DE DDHH teniendo a su cargo la representación jurídica del caso con 3 abogados litigantes. Ubicación geográfica y zonas en donde se desarrolló el proyecto En la Ciudad de Guatemala En los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, del departamento de El Quiche En el Municipio de Suchitepéquez, del departamento de Suchitepéquez En el Municipio de Pochuta, del departamento de Chimaltenango. Actores principales a quienes se les brindo seguridad
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Dentro de este proceso, podemos determinar claramente los principales actores que participaron, siendo estos las víctimas y testigos, peritos nacionales y extranjeros, abogados litigantes.
Las victimas y los testigos Los 133 hombres y mujeres sobrevivientes, testigos y víctimas, provenientes de 35 comunidades, de 7 municipios de 3 departamentos. Fueron atendidos y visitados en sus comunidades antes del inicio del juicio. Previo al inicio del juicio, se elaboró una encuesta dirigida a los testigos, para tener una idea de cómo se encontraban anímicamente y cuales eran los aspectos vulnerables a los que se debía ponerles atención. En el consolidado de esta encuesta se pudo establecer que: - 62 testigos y víctimas no tiene miedo de participar en el juicio, 89 entrevistados determinaron tener los recuerdos de la guerra, mientras que otro grupo de 10 estableció que las represalias en su contra, son lo que más miedo les da. - 97 entrevistados contesto que el lugar donde más se siente seguro es dentro de su comunidad. - Con relación a establecer, cuáles pueden ser los peligros de seguridad al ser traslado a juicio, 57 entrevistados no identifico peligros. - Y al ser consultados sobre ¿Qué es lo que les da seguridad y fortaleza?, 33 entrevistados respondieron que el hecho de estar organizados les anima a continuar en el proceso, 26 respondieron que también les fortalece contar con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, 14 respondieron que contar la verdad y buscar la justicia, estos son los tres criterios mencionados en las entrevistas. Las mujeres, testigos y víctimas de violencia sexual Dentro de las víctimas y testigos, ellas fueron las que enfrentaron mayor riesgo durante el desarrolló el juicio, padeciendo consecuencias colaterales por su participación en el proceso tales como, violencia intrafamiliar, violencia psicológica por parte de sus parejas, hijos, familiares o personas cercanas. Las agresiones se expresaron en manipulaciones emocionales, insultos o amenazas, rumores, difamación, desacreditación, dando como resultado que las victimas sufrieran trastornos de estrés postraumáticos, siendo esta la reacción más frecuente en las victimas de guerra. Estos trastornos emocionales se atendieron en conjunto con el personal de seguridad y protección de UDEFEGUA, CALDH y Psicólogos del
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ECAP. Los involucrados en atender estas manifestaciones, tomaron medidas preventivas en salud mental y física, que dieron como resultado, que las mujeres Ixiles a la hora de presentar sus testimonios ante el tribunal se vieran fortalecidas, desafiantes, logrando romper con los paradigmas y estereotipos culturales, religiosos y sociales producto del sistema patriarcal ancestral. Abogados y peritos En el marco de seguridad y protección, a abogados litigantes en el caso, se realizó previo al juicio, un análisis de riesgo que permitió establecer planes de seguridad, logrando identificar el punto más vulnerable para ellos en ese momento, a los núcleos familiares. La medida emprendida fue que personal experto en seguridad de UDEFEGUA, realizará visitas domiciliares a las familias de los abogados: asesorándoles en torno a la seguridad personal y de sus habitaciones, brindándoles herramientas de prevención para la protección; asimismo a los abogados involucrados en el caso se les brindó una guía rápida con medidas de seguridad. Se dieron casos, en donde algunos de los abogados manifestaron no necesitar apoyos en materia de seguridad y protección. Aun así, UDEFEGUA siendo la institución responsable de proteger y salvaguardar su integridad, brindó el apoyo debido y creó las condiciones propicias para desarrollar medidas de protección con la finalidad de prevenir o disminuir los riesgos. En cuanto a la protección y seguridad de los peritos se realizaron reuniones bilaterales tanto presenciales como virtuales, para darles asesoría en la materia y con ellos se mantuvo comunicación constante para monitorear su seguridad. Campaña mediática Otro componente de la intervención fue la realización de una amplia campaña difundida por varios medios de comunicación. La intención de este componente fue dar una respuesta acertada a situaciones que surgieron producto de amenazas, campañas de desprestigio, estigmatización, incitación a la violencia, discursos de odio, y criminalización que circularon por medio de artículos de prensa, columnas de opinión, comunicados anónimos y públicos, campos pagados, publicaciones en redes sociales y medios tradicionales, tales como prensa escrita, radio y televisión. Ese cumulo de mensajes coincidían en negar el genocidio, deslegitimar el contenido de los testimonios y posturas de testigos y víctimas, abogados querellantes en el proceso, así como los dictámenes de peritos. La campaña de desprestigio fue encabezada por la Fundación contra el Terrorismo, organización vinculada a la extrema derecha del país, lo que se evidencia por medio de las publicaciones como: “Las Farsa del Genocidio en
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Guatemala”. Esta fundación que ya cuenta con personería jurídica, se autodenomina como una organización que promueve “la paz, el respeto y el verdadero patriotismo” basados en sus “principios de libertad y justicia. Otras agrupaciones de extrema derecha que calzaron comunicados y spot de radio fue la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala –AVEMILGUA- y Familiares de los acusados en el juicio. Esa campaña también perseguía desarrollar una estrategia política que apoyara la estrategia jurídica, la cual se basó en acciones procesales para detener y entorpecer el juicio. A pesar de las maniobras intentadas por la defensa y las organizaciones que la apoyaban, no lograron entorpecer el desarrollo del juicio y el proceso continuó hasta la sentencia del 10 de mayo. Presencia Internacional Es importante también hacer mención que los acompañamientos para la protección y seguridad brindados a los involucrados en dicho proceso, no solo fueron realizados por equipos organizaciones nacionales, sino que también se contó con el apoyo y presencia de instancias internacionales, como ACOGUATE, PBI, entre otras, siendo estas dos entidades quienes tuvieron una estrecha coordinación con UDEFEGUA, para un efectivo acompañamiento para la protección y seguridad. La sensación de seguridad que daba el aporte de estas organizaciones fue una importante contribución para que los testigos, abogados y peritos tuvieran las condiciones básicas para realizar su labor. Otras coordinaciones: En casi todo el desarrollo del proceso, se establecen mecanismos de coordinación y comunicación entre el equipo logístico de Ministerio Publico, protección a testigos del MP, CALDH, UDEFEGUA. Esta coordinación tuvo la potestad de asegurar la seguridad en los traslados desde la comunidad de residencia hacia la ciudad y la estancia de testigos involucrados. Ellos garantizaron la presencia de los participantes en las audiencias en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, lugar donde se llevó a cabo la vista pública del caso, previniendo o evitando que algún tipo de incidente se diera y que fuera afectar en alguna medida en el desarrollo del proceso.
Las formas de intervención A continuación se describen las diversas áreas de la intervención que permitieron atender de forma adecuada las amenazas y vulnerabilidades para reducir el riesgo que se vivía.
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Atención psicosocial Teniendo en cuenta que las secuelas emocionales de víctimas y testigos provocadas por los hechos violentos vividos y la dinámica de re victimización a los que se vieron sometidos por el proceso judicial, al tener que contar historias dolorosas de la vivido ante el tribunal, en presencia de los que se consideraban fueron los autores intelectuales de los hechos y el estar bajo la presión mediática que acompaño el proceso hacían esencial una atención psicosocial. En este marco la asistencia y el apoyo psicosocial tuvo como objetivo, afianzar el vínculo que era necesario tener para lograr la mayor estabilidad emocional posible entre la víctima, su red social y los acompañantes. Se buscó que el acompañamiento psicosocial contribuyera a preparar a las personas que intervendrían en las audiencias y apoyarlos para la superación de los efectos sociales y emocionales que representaba volver a abrir las heridas, otro aspecto básico a abordar en este acompañamiento fue la relación que se construyó entre acompañantes y victimas, como el motor y brújula del proceso, al propiciar confianza, estabilidad y seguridad personal a la hora de intervenir en la audiencia y como un apoyo clave para retomar la cotidianidad de las personas. La atención psicosocial permitió identificar situaciones relacionadas con el estado emocional de las víctimas, enfocándose en propiciar las condiciones necesarias para que tuvieran la mayor estabilidad posible, este abordaje se realizó por medio de talleres de preparación no solo psicosociales sino jurídicos para que las víctimas tuvieron una idea clara de la situación que iba a enfrentar y el por qué era necesario; además de mini talleres de terapia ocupacional, y diversas actividades recreativas con testigos y víctimas sobrevivientes. Acompañamiento en seguridad y protección Este fue un acompañamiento donde UDEFEGUA puso de manifiesto la experiencia acumulada institucional y la del equipo que a lo largo de los años ha logrado habilidades y destrezas que fueron empleadas para el proceso de protección y acompañamiento a las víctimas, testigos, abogados y peritos. Esta labor no solo consistió en el resguardo de la integridad personal de estas personas, sino también en la propia seguridad de los diferentes equipos que daban un acompañamiento especializado. Para tal fin, se elaboraron planes y estrategias creadas internamente en la institución, con el objeto de responder efectivamente ante cualquier situación que se presentase y figurando el contexto hostil en el que se desarrolló el proceso. Acciones de incidencia política: El desarrollo de la incidencia de carácter político durante el proceso, lo podemos ver en varios niveles:
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El cabildeo con organismos internacionales Se tuvo una permanente comunicación, compartiendo información sobre el desarrollo del proceso y en particular dando a conocer la situación de seguridad que enfrentarían los testigos y demás participantes en el proceso. Se buscó en esta acción de incidencia contar con el apoyo y respaldo, en lo económico y político de estos organismos, para garantizar la seguridad de los y las defensores, específicamente con la oficina del Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad sobre Derechos Humanos (OACNUDH), con representantes de la plataforma Holandesa, embajadas y oficinas de organismos internacionales.
El apoyo de organizaciones nacionales de la sociedad guatemalteca Respaldo y apoyo público de organizaciones sociales y campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), con organizaciones de mujeres y personalidades, con quienes se hicieron distintas coordinaciones para concretar un nivel de apoyo y presencia durante las diferentes audiencias que se desarrollaron durante todo el proceso. A raíz de los amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad por los abogados defensores de los acusados, los testigos participantes del proceso deciden manifestarse públicamente en contra de estas acciones que pretendías estancar el proceso, y lo hacen a través de plantones frente a la Corte de Constitucionalidad, así como marchas pacíficas, conferencias de prensa, caravanas de solidaridad con el pueblo Ixil, comunicados y campos pagados, dando a conocer de esta forma, su desacuerdo por las acciones llevadas a cabo para detener el proceso. En este marco, la UDEFEGUA emprende acciones de acompañamiento de protección, seguridad y apoyos psicosociales a diversos grupos que se involucran directamente en la movilización social.
La presencia en Tribunales Se creó un equipo que mantenía presencia en tribunales de forma permanente con el objeto de observar la situación general, alertar a autoridades de situaciones de acoso o intimidación e interponerse entre familiares y amigos de los acusados que intentaban provocar a las víctimas del área. Esta presencia era coordinada entre las personas que acompañaban directamente a las víctimas tanto de UDEFEGUA como de CALDH y el personal de UDEFEGUA que participó en el esquema.
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El esquema dependía en buena manera de la presencia visible de la Coordinadora General de UDEFEGUA que al ser una figura pública era fácilmente reconocida por los grupos de extrema derecha así como por periodistas lo que permitía mitigar enfrentamientos así como la inmediata denuncia de posibles incidentes.
Las características de la intervención El esquema de protección que desarrolló UDEFEGUA en el marco del caso fue mucho más allá de demandarle a las autoridades de Gobernación, de la Corte Suprema de Justicia y del MP, la presencia de elementos de la fuerza pública. El esquema de protección buscó trascender el marco de la intervención puntual y aislada hacia el desarrollo de un proceso integral que garantizó las condiciones de seguridad mínimas para la movilidad y el desarrollo de las actividades vinculadas al proceso; en especial la seguridad física y emocional de los miembros de las organizaciones defensores/as del derecho a la verdad y justicia; así como víctimas y testigos, abogados y peritos. Y en el caso de aquellos y aquellas que viven en el área ixil, se buscó que su retorno a la normalidad no estuviera vulnerada por represalias por su participación en el juicio. La implementación de estrategias y planes de protección y seguridad alternativas y complementarias, a los que debiera aplicar el Estado de Guatemala, en situaciones especiales como la del juicio se hacía necesario por la fragilidad del programa de protección a testigos del Ministerio Público, el cual mostró serias y recurrentes deficiencias, tanto por su vulnerabilidad ante atentados contra víctimas protegidas así como su impertinencia cultural. Por otra parte, la confianza de los testigos a una seguridad brindada por el Estado estaba minada por los antecedentes nefastos que las víctimas habían vivido durante el conflicto armado. Ante estas condiciones, instituciones como UDEFEGUA, CALDH, ECAP, entre otras, se ven en la necesidad de articular esfuerzos, para contribuir al objetivo de generar condiciones de seguridad durante el desarrollo del litigio. Los tres componentes principales de la seguridad y protección consistieron en: 1. Seguridad y protección ante amenazas y ataques que pudiesen enfrentar defensores de Derechos Humanos (testigos, abogados y peritos), en el marco del proceso judicial. 2. Verificación de incidentes de seguridad que surgieron durante el proceso. 3. Respuesta inmediata por medio de la gestión de recursos económicos para atender la emergencia en seguridad y protección a los defensores en el
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desarrollo de sus actividades profesionales y testigos involucrados en el proceso. Según la planificación realizada, la intervención de seguridad y protección partiría del conocimiento previo de los testigos, abogados y peritos involucrados en el juicio, sobre sus inquietudes, dudas, riesgos y temores que ellos enfrentaban. Este diagnóstico se realizó por medio de la participación en los talleres de apoyo psicojurídico que se realizaron previo al juicio, en grupos diferenciados de acuerdo a comunidad de origen y tipo de testimonio. Dicho conocimiento previo daría la identificación de situaciones futuras que pudieran afectar el proceso. En un segundo momento, se definieron los mecanismos de comunicación e interrelación entre grupos de seguridad con los testigos, abogados y peritos, el medio para hacerlos fue a través de talleres psicosociales y jurídicos. Y un tercer momento se dio con el acompañamiento en viajes y permanencia durante el proceso, vistas, movilizaciones, retorno a las comunidades, con lo cual se analizaron los riesgos de seguridad y protección como una forma de retroalimentar el proceso. El esquema general del proceso fue el siguiente: Como ya fuera mencionado, dentro de este marco de seguridad, se consideró pertinente establecer un diagnóstico con testigos, abogados y peritos, involucrados en el proceso y como consecuencia de los resultados elaborar planes de seguridad, tomando como base lo que el diagnostico evidenciaba. Este proceso pretendió articularse con la elaboración de directrices para los involucrados en el proceso, plasmadas en guías rápidas de seguridad, tomando en cuenta que estas herramientas deberían tener la flexibilidad necesaria, para hacerles los ajustes y modificaciones a las medidas a aplicar que determinaran las evaluaciones semanales.
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Fue esencial para la intervención el tratamiento de la información de los sucesos que se dieron en torno al caso, el criterio rector del componente fue la recopilación de toda la información generada, permitiendo delimitar aquella información que ameritara un análisis por las consecuencias que esta tenía en vulnerar la seguridad de los involucrados en el juicio. La información fue la materia prima para realizar las evaluaciones periódicas, para cotejarla en relación a la efectividad de los planes de seguridad y para realizar las modificaciones según se fueran necesitando. El proceso de acompañamiento se estableció a partir de las necesidades específicas que tienen las organizaciones y familias, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad. El acompañamiento se realizó con grupos conformados para la seguridad, quienes entre otras atribuciones tenían a su cargo el análisis de las diversas situaciones que afecten la seguridad de los participantes en el juicio y con base a esos incidentes reforzar o modificar los criterios del acompañamiento. Los encargados del acompañamiento, tenían como principal objetivo intervenir en caso de conflictos, para resolverlo por medios no violentos. Dentro de este proceso UDEFEGUA realizó las coordinaciones para proporcionar a los participantes del juicio diversos apoyos en asesoría legal, atención psicosocial en crisis, atención psicosocial familiar, asesoría institucional y comunitaria. En este plano de coordinación conllevo la gestión de recursos para atender emergencias, apoyo moral, asesoría técnica en protección, y el acompañamiento de los involucrados en el proceso dentro y fuera del país. Por otra parte, se coordinó con el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil los momentos específicos en los que intervendrían estas instituciones tanto en materia de la seguridad perimetral, como en materia de reacción ante posibles incidentes de seguridad. El resultado de este proceso es satisfactorio en tanto la ausencia de incidentes graves de seguridad y 18
la reducción de las amenazas que se presentaron en un entorno muy hostil e intimidatorio.
Innovaciones realizadas UDEFEGUA ha acumulado experiencia en una atención integral a defensoras y defensores en riesgo o atacados, dicha atención se expresa en una diversidad de apoyos como el psíco-jurídico, de asesoría y acompañamiento en materia de seguridad en casos de alto impacto. Si bien se cuenta con la capacidad en la coordinación para la seguridad y en la logística para grupos de defensores en riesgo, estos no han superado un número de 30 personas. Por la cantidad de personas que requirieron protección y seguridad en el juicio se hizo necesario ampliar la coordinación con otras organizaciones, para cumplir con el cometido de proporcionar seguridad a testigos y demás personas involucradas. Esta coordinación interinstitucional, para garantizar el adecuado manejo del grupo, implicó una división del trabajo en tareas específicas en: seguridad, movilización, comunicaciones, coordinación, apoyo emocional y otros apoyos. Las organizaciones involucradas en el proceso, con base a un plan general de la intervención, realizaron una planificación específica. Los criterios fueron los siguientes: o Coordinación y articulación entre los equipos logísticos, técnicos y de coordinación entre CALDH, ECAP, el Bufete en Derechos Humanos (BDH), Asociación Justicia y Reconciliación –AJR- y UDEFEGUA- tanto en el área Ixil como en Guatemala. El total de personas involucradas en estas acciones fue de 32 personas distribuidas así: CALDH 8 personas, UDEFEGUA 10 personas, AJR 5 personas, BJDH 4 personas, ECAP 5 personas, que estuvieron involucradas de manera directa en la ejecución de actividades. o Coordinación que organizaciones con presencia territorial en el área ixil que no estaban relacionadas con el proceso de genocidio que podían proveer un análisis más amplio de la situación y podían respaldar a testigos y víctimas en caso de agresión. o Recopilación de información para el análisis de contexto y amenazas a nivel urbano y rural. o Elaboración de diagnósticos de preocupaciones y temores de los defensores/as de derechos humanos, testigos, abogados, peritos. o Elaboración de instrumentos y guías para atender situaciones emergentes o probables.
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o Acompañamiento psicojurídico y en seguridad/protección para testigos, abogados, familias, peritos y otros defensores/as de derechos humanos antes del juicio, durante y después del mismo. o Verificación de todo incidente de seguridad y acompañamiento en la colocación de la denuncia y generación de respuesta. o Acompañamiento en la búsqueda de recursos o respuestas ante emergencias. o Generación de análisis de riesgo y planes de seguridad para defensores de derecho a la verdad y la justicia después del juicio. o Visitas comunitarias a organizaciones para la evaluación y seguimiento de los planes de seguridad. o Implementación de casas de seguridad y protección a defensores/as, que consistió en crear espacios seguros donde se brindó apoyo para el resguardo de personas que presentaron vulnerabilidades durante el proceso. Desde las casas de seguridad, se brindó asistencia para resolver necesidades personales que los testigos y otros involucrados en el proceso presentaron, tanto en materia de seguridad, apoyo psicosocial o respuesta de emergencia, en los casos necesarios. Desde este espacio se mantenía el contacto y monitoreo continuo, del estado de situación de las partes y se tomaron acciones concretas para el resguardo de los involucrados o Durante el desarrollo del juicio se requirió del apoyo de la comunidad internacional para incidir, en la seguridad de los involucrados en el proceso, en ambiente cargado de tensión y de actitudes amenazantes por parte de personas allegadas a los acusados y por otra parte, la presencia de representantes de la comunidad internacional, inhibía en alguna manera a la defensa de los militares en hacer mal uso de los recursos legales, para entorpecer el proceso. UDEFEGUA, por otra parte, tampoco había previsto en sus planes y presupuesto la necesidad de esta intervención. Esto obligó a buscar apoyos de emergencia que llegaron a los US$ 30,000.00 y el uso de recursos propios de hasta US$ 50,000.00. La inversión se enfocó en garantizar las condiciones para el desarrollo de los planes de seguridad, la movilización segura de testigos y el resguardo de personas en riesgo. A los testigos y demás defensores provenientes de áreas rurales se les cubrieron los gastos de movilización y así como al personal que se vio involucrado en la logística y apoyos organizativos. Otras vías donde se canalizaron fondos fueron: - Para la presencia del entorno donde las personas involucradas en el juicio se desenvolvieron.
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- Para el personal que brindó acompañamiento continuo, en el resguardo y en las movilizaciones a casas de reubicación y que brindaran acompañamiento y apoyo psicosocial. - Considerando el desgaste emocional para varios testigos y peritos, provocado por el riesgo que representaba para ellos intervenir en el juicio, se hizo necesario trasladarlos dentro y fuera del país para salvaguardar la integridad física y para que se recuperara su estado emocional. - Proporcionar medios básicos, para que el equipo de campo tuviera una comunicación directa y segura con la coordinación de UDEFEGUA. - Apoyo para actividades realizadas por el equipo psicosocial, en el manejo de stress, el miedo, actividades de recuperación. -
Lecciones aprendidas Durante el proceso, las organizaciones involucradas encontraron en UDEFEGUA, un equipo que atendió distintas emergencias de seguridad, en los ámbitos urbano y rural; creando lazos de confianza con las víctimas que atestiguaron en las audiencias, siendo la comunicación y la explicación de las medidas de protección que se seguían un factor para fortalecer esos lazos de confianza. La calidad de la comunicación, en cuanto fluidez y sentido de oportunidad entre el personal en el campo y la coordinación general, permitió además de tomar decisiones oportunas, recopilar información de primera mano por parte del equipo de apoyo de UDEFEGUA, la cual fue analizando y posteriormente compartida con los involucrados en el juicio, represento un círculo virtuoso que contribuyó a mejorar su percepción de seguridad. Por su parte, el equipo técnico que se vio involucrado en la aplicación de los planes de protección y seguridad, tuvieron un alto grado de participación en las modificaciones de las previsiones iniciales, esto implicó aportar recomendaciones pertinentes, para la implementación de las mejores acciones de dicha planificación. Conforme se fue desarrollo el juicio, los riesgos, incidentes, actos intimidatorios fueron incrementándose, esto hizo que UDEFEGUA nombrara a una persona, responsable de atender la seguridad de los equipos y de las organizaciones que experimentaron una situación de mayor vulnerabilidad. El factor de riesgo llegó a la misma UDEFEGUA quien logró efectivamente desviar las agresiones hacia sí misma. La semana previa a la sentencia, la sede temporal de la organización en Nebaj fue allanada y un registro fue evidente; sin embargo, dicha sede no tenía ni información ni equipo susceptible a registro ya que medidas 21
de alto nivel fueron implementadas. Por otra parte, las oficinas centrales evidenciaron el desarrollo de un operativo de vigilancia que duró varios días y que involucró a seis vehículos que desembocó en el desarrollo de un operativo para atacar a la coordinadora general con la presencia de hombres armados con ametralladoras. Dicho operativo fue detectado a tiempo debido a las medidas de seguridad generadas institucionalmente; así como la coordinación con el Ministerio Público. UDEFEGUA, durante la dinámica de lo planificado, ratificó sus criterios sobre la seguridad como un conjunto de acciones y medidas para garantizar la integridad física y emocional, en este caso de testigos, querellantes, abogados y peritos que participaron en el juicio. La intervención fue una contribución para asegurar el buen funcionamiento de las partes involucradas en la querella en dicho proceso. Por su parte, los involucrados en el proceso colaboraron y se mostraron anuentes y receptivos en la realización de acciones de protección en torno a su seguridad de manera efectiva.
Observaciones y recomendaciones Es importante considerar para futuras intervenciones de este tipo, tres situaciones que requieren ser consideradas como momentos claves, estos fueron: el momento de la apertura del juicio, la sentencia y la audiencia de reparación. Dichos momentos fueron álgidos, por la expectación que contenían, por la gran concentración de personas y medios de prensa en la sala de vistas y por consiguiente los de mayor riesgo para los testigos, querellantes adhesivos y las organizaciones involucradas. En esos momentos, se evidenciaron algunas debilidades en la planificación de la seguridad, las cuales se deben de tomar en cuenta y considerarlas con suma atención para el futuro. En lo que respecta a la gestión y disponibilidad de medios necesarios para apoyar la planificación, la labor de los equipos logísticos de UDEFEGUA, fue óptima. La calidad de su labor estuvo determinada por una buena comunicación, esto permitió responder de manera eficaz, eficiente y transparente a las necesidades planteadas según la planificación y situaciones surgidas durante la emergencia. La infraestructura con la que contaba UDEFEGUA, para la protección de defensores, como las casas de acogida fueron importantes para albergar en ellas a familiares de querellantes adhesivos que recibieron amenazas, en un momento álgido del juicio, previo a la sentencia del 10 de mayo. El proporcionarles este apoyo dio tranquilidad y seguridad a los querellantes en la participación que tuvieron en esa etapa final del proceso. Estas casas de acogida contaron con los protocolos de seguridad requeridos y se procuró dotarlas de ambiente propicio para las familias albergadas.
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Conclusiones Históricamente, el problema en materia de protección y seguridad a defensores de Derechos Humanos, ha sido una debilidad en el país, debido al incumplimiento con la titularidad de obligaciones que le corresponde al Estado. Este vacío conllevó el surgimiento de UDEFEGUA, que ha contado con el apoyo de diversos sectores nacionales e internacionales, para el impulso de programas y proyectos dirigidos a la protección de defensores implementados de manera estratégica. La ausencia de garantías para los involucrados en el juicio, implicó que UDEFEGUA se encargara de brindar un apoyo permanente y constante a lo largo de duración del mismo; poniendo a disposición la experiencia acumulada y concentrando la mayor parte de sus recursos humanos y materiales en garantizar la integridad física y emocional de testigos, víctimas y demás personas participantes en el proceso. La ausencia de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y víctimas provoca que en casos judiciales de alto impacto se requiera de mecanismos desde la auto protección no solo para sujetos procesales sino para testigos y sus familias. Estos mecanismos pueden complementar aquellos que los sistemas judiciales dan de manera puntual, en torno a las audiencias. Durante la experiencia del juicio se demostró que la alerta temprana, la generación de redes de protección y el acompañamiento puntual previo, durante y después del proceso, permite elevar las fortalezas y reducir el riesgo que las amenazas generan. Ese proceso no requiere de una alta inversión en recursos humanos y físicos, su fortaleza radica en una alta calidad de interlocución política a nivel local, nacional e internacional; el conocimiento de las amenazas y de las formas de actuación para enfrentarla y en particular de la coordinación de los mecanismos estatales de protección, tanto con la fiscalía como con la procuraduría de los derechos humanos.
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