Revista Pastoral Popular Nº321

Marzo / Mayo 2011 -Año 60 - Nº 321 - $1.200 IVA incl.

Movimiento ciudadano

INDIGNACIÓN Y RESISTENCIA

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La Concertación, entre dos modelos normativos de democracia

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Educación Superior: ¿Quién paga la cuenta?

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Los Estados Unidos son la peor de todas las crisis

a Pastoral Popular ISBN 0716-4769, Santiago de Chile Año 60, Nº 321 Marzo - Mayo 2011 Director y Representante legal Raúl Rosales Consejo Editorial José Aldunate s.j.

Claudio Rammsy Raúl Rosales Juan Sepúlveda Pedro Zavala Leonardo Cáceres Patricio Véjar Ute Seibert Etna Atero

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SU M ARIO Editorial Indignación y resistencia ................................................................ 3 La Concertación, entre dos modelos normativos de democracia ...................................................................................4 Alvaro Ramis Movimiento ciudadano: ¿Nueva fuerza ética en Chile?.........................................................6 Pamela Suárez Antonio Delfau: “Ha llegado la hora de que los cristianos sean adultos en la fe” .....................................................................10

Consejo Redacción Manuel Ossa, María Palma,Raúl Rosales, Loreto Fernández, Doris Muñoz, Alvaro Ramis, Arianne Van Andel.

Educación superior: ¿Quién paga la cuenta?..............................11

Diseño y diagramación Ana Muga Sáez anamuga@gmail.com

Stéphane Hessel: El imperativo de indignarse ............................17 Reseña de Manuel Ossa

Colaboradores Gloria Tobar (Secretaria) Mª Cristina Valencia (Administración) Impresión digital Gráfica Funny S.A. Fono: 544 0351 - 5440358 Fax: 551 6841 Email: jsolo@123.cl - grfunny@gmail.com Pje. Santa Graciela 166 Santiago de Chile.

Pastoral Popular es propiedad de la Corporación de Estudios Teológicos Centro Ecuménico Diego de Medellín.

Monseñor Romero, profeta y mártir ............................................16 Hervi Lara

Los Estados Unidos son la peor de todas las crisis .......................19 Miguel d’Escoto Brockmann Indignarse para amar ....................................................................23 Pablo Fontaine ss.cc.

REFLEXIÓN Todo está por empezar ...................................................................25 Loreto Fernández M. Don Samuel Ruíz En el corazón del pueblo indígena ................................................27 Gustavo Gutiérrez Mística y política Con mirada y corazón de mujer ...................................................28 María Angeles Martínez

Suscripción Anual: Chile $6.500, América Latina US$30, Europa US$ 35.

Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la revista.

Se autoriza la reproducción siempre que se indique la fuente y se envíe un ejemplar la redacción.

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Editorial

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Tres artículos del presente número de la revista hacen un llamado a la indignación. ¿Por qué? Porque demasiado a menudo comprobamos que las autoridades y los medios de comunicación se esfuerzan en disimular inequidades, vergüenzas o manejos dudosos de personajes públicos, y de ocultar injusticias cometidas en los negocios de las grandes compañías. El ocultamiento de la verdad es una forma de manipulación que deja sin efecto la responsabilidad ciudadana y la participación democrática. Indignarse y resistir se vuelve entonces un imperativo ético. Tres autores nos lo recuerdan.

Pablo Fontaine acusa la inequidad que le salta a la vista todos los días desde hace más de quince años en la sureña localidad de La Unión. Su indignación viene apoyada por las lágrimas de quien, en la última etapa de su vida, como él dice, se pregunta si ha hecho lo suficiente para despertar en la sociedad de los opulentos el amor de Jesús para con los más pobres a quienes, en la ciudad donde vive, igual que a lo largo de todo el país, no se les concede la calidad de vida a la que tienen derecho. Su indignación es amor y su amor es indignación en un solo tirón. Es un grito que denuncia de una vez todo el ancho espectro de nuestra inequidad como país: el de los muchos con demasiado poco, y de los pocos con casi todo.

Miguel d’Escoto denuncia con valentía la inutilidad e inoperancia de las Naciones Unidas, donde él trabaja, acusando a poderosos grupos de interés y de presión estadounidenses de manipular las decisiones políticas en que se juega el presente y el futuro del planeta. Son grupos económicos y financieros que se escudan en los miles de accionistas cuyos intereses dicen defender indentificándolos con los del país, para esconder así su propia avidez de ganancia. Al hacerlo, tuercen u obstaculizan muchas decisiones de la Organización de las Naciones Unidas hacia objetivos que resguardan en realidad solo los intereses particulares de productores de armamentos o de otros bienes estratégicos. Falsean así la finalidad misma de esta institución internacional y la reducen a la inoperancia. Para ocultar sus objetivos reales, invocan hipócritamente la supuesta misión salvadora mundial a la que los Estados Unidos estarían llamados.

Stéphane Hessel, un antiguo militante de la Resistencia francesa, llama la atención sobre varias situaciones que amenazan la convivencia y hasta la vida sobre el planeta - lo que sucede con el agua, el aire, los alimentos, la energía, la relaciones entre judíos y palestinos - situaciones condicionadas por intereses de dominación imperial de grupos poderosos. Ellas deberían despertar en todos nosotros una indignación semejante a la que electrizó a una parte de la juventud de su patria para resistir contra las pretensiones imperialistas, explotadoras y exterminadoras del racismo elitista del Tercer Reich alemán.

Lo que estos tres escritos tienen en común es que se constituyen, desde diversos puntos de vista, en un llamado a una suerte de levantamiento - casi una subversión - contra la orientación perversa del poder, a la vez imperial y difuso, de las finanzas mundiales.

Porque las situaciones a que aluden Fontaine, d’Escoto y Hessel son consecuencia de una perversión común. Es ésa la que está en el origen de la indignación que ellos articulan y a la que nos llaman.

Este llamado se vuelve hoy más urgente, si miramos lo que está pasando en el ámbito de la energía nuclear. Durante la semana que siguió al terremoto en Japón, se ha avivado la polémica en torno a la instalación en Chile de plantas nucleares de generación de electricidad, en vista de las graves averías causadas en los reactores por el sismo y el tsunami. A una semana del sismo, las averías han sido ya oficialmente catalogadas en el grado

INDIGNACIÓN Y RESISTENCIA 5 de una escala de 7, es decir, como “causante de varias muertes por radiación”1. Todo esto no ha impedido que, a horas de esta comprobación, se firmara un tratado de cooperación nuclear con los Estados Unidos. Es cierto que se le ha bajado el perfil: no lo firmaron los Presidentes, sino el Embajador y el Canciller. Al tiempo de firmarlo, el Canciller Moreno afirmó que “Chile no está en condiciones de tener energía nuclear y lo que ha sucedido en Japón no ha hecho nada más que ratificar esa situación”, y el ministro Golborne declaró que el tratado “no es un paso más para instalar una planta nuclear en Chile” y que “durante este gobierno no se tomará una decisión al respecto”.

Sin embargo, la puerta no ha quedado del todo cerrada. Hay grandes intereses comerciales en juego y se han ejercido hábiles presiones en pasillos gubernamentales por parte de las firmas nucleares francesa - Areva, norteamericanas - Westinghouse y General Electric - y rusa - Intermash - que llevan ya varios años acreditadas en Chile. Firmas muy afectadas en estos días por enormes pérdidas en sus valores bursátiles, y por tanto deseosas de afianzar posiciones en mercados hasta ahora vírgenes, como el chileno. Se alega que, además, hay vastos territorios desérticos e inhabitados, aptos para recibir centrales atómicas, sin peligro para nadie... Estos intereses van a seguir presentes y harán sentir su peso cuando hayamos bajado la guardia y cuando la “opinión pública” se haya convencido, gracias a las habituales políticas comunicacionales del gran capital, de que nosotros, usted y yo, el hombre o la mujer común, sin títulos académicos en ciencias económicas, ni menos en física atómica, no tenemos derecho a opinar.

Para entonces, habrá que evitar que las declaraciones actuales de nuestras autoridades vayan cambiando en la línea acomodaticia y servil de muchos de los peritajes e informes de impacto ambiental que se han llevado a cabo en Chile bajo el alero de algunas Coremas y de la Conama, informes fuertemente apoyados en favores políticos y financieros. Todos conocemos lo sucedido en el caso de Pascua-Lama. En otros países parece que se toman decisiones más claras. La autoridad alemana, atenta a la preocupación popular, decretó el 14 de marzo el cierre inmediato de dos plantas nucleares y anunció una moratoria de tres meses respecto a la decisión de prolongar la vida de otras. Sin embargo hoy en Alemania se reúnen firmas para asegurar que la declaración de intenciones llegue a materializarse en el cierre definitivo de los programas nucleares de generación de energía.

Es hora, pues, que nos levantemos a resistir, en solidaridad con la resistencia que se levanta en varios frentes mundiales - el nuclear es solo uno de ellos - contra ésta y otras servidumbres que se pretende imponernos desde el poder del dinero. Nuestra solidaridad va también a los hijos de nuestros hijos que serán dados a luz un día para habitar en este país. Ellos querrán vivir aquí sin sobresaltos nucleares. Podemos y debemos evitárselos. Ya tendrán suficiente con los que les vengan de las placas tectónicas en movimiento, pues es probable que éstos seguirán siendo inevitables.

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Así define el grado 5 la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas.

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LA CONCERTACIÓN, entre dos modelos normativos de DEMOCRACIA

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El gobierno de Sebastián Piñera ha completado su primer año inmerso en una crisis de credibilidad que se traduce en un alto rechazo tanto a la figura presidencial como al conjunto de su administración. Esta situación podría implicar un fortalecimiento de la oposición pero las encuestas nos muestran que la Concertación sigue muy abajo en los sondeos. Más aún, todos los partidos políticos se ven ante la opinión pública como las instituciones menos confiables del país. Según el Centro de Estudios Públicos el 76% de los chilenos considera que los partidos políticos no tienen ninguna virtud. El 61% piensa que privilegian los intereses propios por sobre los del país. Paradojalmente un 62% de los encuestados en ese estudio cree que plebiscitos son una buena forma de decidir materias importantes, lo que indica un reclamo de representación directa de sus in-

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Álvaro Ramis

quietudes.

Si analizamos el curso de los acontecimientos de este año se puede comprender muy rápidamente esta situación. ¿Quién ha ejercido fácticamente el rol de oposición en este período? ¿Lo han hecho los partidos en su rol parlamentario o lo han ejercido organizaciones de ciudadanos que han incidido de forma autónoma, desde agendas propias? Este contraste entre una ciudadanía activa y movilizada frente a partidos burocratizados, inmersos en acuerdos vergonzantes con el gobierno, parece justificar la percepción de desconfianza.

Sin embargo no sería justo caer en una descalificación sistémica de los partidos políticos que desconozca el fondo teórico que explica esta dicotomía. No se trata solamente de “malos políticos” sino de una concepción de la democracia que condiciona a los partidos a ser lo que son, más

allá de las voluntades cambiantes de los parlamentarios y los militantes.

En este contexto ha llamado la atención la redacción por parte del colectivo Océanos Azules, que participó en la campaña de Eduardo Frei en 2009, de un documento crítico llamando a refundar la Concertación como una “Coalición de Ciudadanos por la Democracia”. El texto, más allá de elaborar una crítica demoledora a las prácticas parlamentarias de la oposición, evidencia un debate de fondo que merece profundización.

Océanos Azules señala que “Nunca fuimos partidarios del diseño de transición a la democracia que se impuso después del triunfo del NO en el plebiscito de 1988”. Cedimos en la “aceptación como un hecho de la Constitución de 1980”. “Intentamos cambiar las cosas desde dentro y no pudimos”. “No nos opusimos al reestablecimiento de un sistema político que circunscribió la democracia al simple funcionamiento de los poderes públicos.” No se trata por lo tanto de un debate sobre medios o sobre énfasis. Se trata de una discusión que pone en evidencia dos modelos normativos de democracia, como modelos en disputa, lo que implica un disenso sobre la naturaleza del proceso político.

Por una parte los partidos chilenos, sin excepción, se mueven dentro de una concepción liberal de la de-

Análisis mocracia que otorga una serie de derechos a los individuos, tratando de garantizar su “libertad negativa”, es decir, la no interferencia del Estado en sus intereses. Los individuos programan al Estado en las elecciones y después se retiran al ámbito de lo privado. En este esquema los actores de la política están altamente profesionalizados y se expresan en los partidos, entendidos como instituciones especializadas, que compiten en un “mercado” electoral. Entre el Estado y la sociedad civil existiría una brecha infranqueable, que sólo se puede amortiguar por mecanismos institucionales de contraloría institucional que eviten la personalización del poder.

Frente a esta concepción liberal, Océanos Azules parece adscribir a un modelo republicano de democracia, que más allá de garantizar las “libertades negativas” permita ejercer las “libertades positivas”, es decir, el derecho a la participación activa, constante y profunda en los procesos de deliberación pública. La democracia se entiende así como la autodeterminación de los sujetos, ejercida en un marco de diálogo racional. En este contexto los partidos políticos y la ciudadanía adquieren otro carácter. Jürgen Habermas, analizando este contraste, afirma que “según la concepción republicana el proceso de formación de la opinión y la voluntad política en el espacio público y en el parlamento no obedece a las estructuras de los procesos de mercado sino a las estructuras propias de una comunicación política orientada al entendimiento”1. Se trata de una concepción de la democracia que atestigua con Hanna Aredt que “Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político”.

Es natural entonces que entre el texto de Océanos Azules y la dirección de los partidos concertacionistas se produzca una incomprensión absoluta, ya que están debatiendo en claves totalmente diferentes y por lo tanto es necesario adentrarse en una discusión de fondo sobre que enten-

demos por democracia. Por ejemplo, si se analiza la concepción liberal de la soberanía popular se entenderán las elecciones como una forma de legitimar el ejercicio del poder político. Una vez que se ha accedido al poder de forma legítima, en elecciones justas, el representante sólo debe responder por el uso que hace de ese poder en el marco de las atribuciones que le da la ley. En cambio, la concepción republicana considera que el acto electoral no sólo habilita a ejercer un mandato, sino que compromete a cumplir un programa que se ha construido mediante el acuerdo de un conjunto de actores implicados.

Cualquier cambio en ese programa implica un proceso deliberativo con los ciudadanos que han validado ese programa.

Estas diferencias muestran que lo que se demanda a los partidos de la Concertación es algo que no se puede resolver con una foto publicitaria con representantes de la sociedad civil. Sería muy fácil reducir este

debate a un momento “cumbre” en que personalidades e instituciones sociales entreguen sus propuestas a los partidos de la oposición. Pero se trataría de un rito intrascendente, que más allá de las buenas intenciones entrañaría un autoengaño colectivo.

La demanda a la Concertación pasa por internalizar un profundo cambio de paradigma desde un modelo monológico de acción política a un modelo dialógico, donde la ciudadanía sea capaz de incidir en las decisiones de los partidos, orientándolos en una determinada dirección, sin por ello subsumirse en su institucionalidad ni perder su autonomía. Este cambio también supone repensar lo que se suele entender como dialogo entre el Estado y la sociedad civil.

Una democracia republicana exigiría garantizar institucionalmente diversos espacios públicos autónomos y procedimientos de formación de la opinión y la voluntad ciudadana que se puedan sostener autónomamente frente al poder del sistema económico y al poder del Estado. Una transformación de esta envergadura no se puede hacer en el marco de la actual Constitución y de la actual institucionalidad, pero los partidos opositores podrían prefigurarlos en su propia práctica si tuvieran la voluntad de repensar su concepción de la democracia. Lamentablemente, se trata de un ejercicio que no parece estar a la altura de sus actuales dirigentes.

Nota: 1 HABERMAS, J. “Tres modelos normativos de democracia” en “La inclusión del Otro”. Paidós. Barcelona.

1999. p. 233.

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movimientos sociales se apaguen y con ello las nuevas formas de política”, sentencia Aguiló. Trabas que fueron muy estudiadas por la derecha, con la finalidad de no facilitar la participación de los movimientos sociales en política, menos permitir nuevos tipos de política provenientes de la propia base social.

Por ello, este proceso va a ser más lento que en otros países de la región, pero sin duda la lucha de los movimientos sociales se va a transformar en una fuerza política, porque esta forma de lucha trae cambios, no así los partidos políticos imperantes que sólo han reproducido un sistema muy injusto que la gente quiere desechar. Estos cambios provenientes de los movimientos sociales no necesariamente buscarán fortalezas u apoyos en la política, pueden caminar en forma independiente. “Es evidente que estos movimientos no van hoy de la mano de algún partido político, pudo haber sido natural pensar que cuando se ganó el plebiscito y se logró terminar la dictadura, fuera la Concertación la que acogiera, potenciara y promoviera a estos movimientos sociales, pero con su actuar extinguieron los movimientos sociales porque constituían una presión muy fuerte para sus gobiernos”, precisa el diputado Aguiló.

Por ello, no será la Concertación la que acoja o potencie a estos movimientos sociales, probablemente serán nuevos partidos políticos o bien puede ocurrir que sean estos mismos movimientos los que con su renovada fuerza política, exijan y presionen a los actuales partidos para que se generen cambios reales en ellos en post del bien ciudadano.

* Periodista, Licenciada en Comunicación Social (suarez.pamela@gmail. com)

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Antonio Delfau:

“Ha llegado la hora de que los cristianos sean adultos en la fe” ¿Qué signos de esperanza se abren hoy en Santiago para la iglesia, luego de la resolución en el caso Karadima?

“Creo que la resolución del caso Karadima desde la Santa Sede marca un nuevo tiempo para la Iglesia chilena. La obliga a no sobreestimar a sacerdotes y obispos y a centrarse debidamente en las víctimas de los abusos.

Los denunciantes son verdaderos héroes, cuyo sacrificio personal y persistencia tuvo siempre como norte evitar daños a otras personas. El caso Karadima marca también un cambio en los procedimientos de investigación, en la agilidad de ellos. Deja como gran lección no juzgar por apariencias o supuestos prestigios. En el fondo nos va a ayudar a todos a guiarnos más por los criterios del Evangelio”. ¿Cómo ve la nueva fase que se abre con la llegada de monseñor Ricardo Ezzati?

“Creo que a monseñor Ezzati le va a tocar un tiempo complicado y difícil en la iglesia. La credibilidad de la Iglesia según todas las encuestas se ha resentido mucho debido no sólo a los casos de abusos sexuales sino sobre todo al modo en que la jerarquía los ha abordado e investigado.

Recuperar la confianza no es tarea fácil. Reunificar al clero tampoco lo es. Además, estos lamentables casos han vuelto a los medios de comunicación más perspicaces, agudos e inquisitivos respecto a las condenas de la Iglesia y su modus operandis, lo que representa un enorme desafío para las comunicaciones tanto al interior como hacia fuera de la Iglesia. Los argumentos de autoridad, los secretos, las “razones de Estado”, ya no se pueden usar. Transparencia, claridad, un estilo directo, es lo que hoy se le exige a la Iglesia”. ¿Existe en Chile la política liberadora al interior de la iglesia?

“No lo sé. No lo tengo claro. Creo que el protagonismo de los laicos debe ser cada día mayor y que se lo deben tomar, no esperar que se lo den.

Creo que el clero tiene que ser más transparente, menos autoritario y más humilde. Se debe tener completa claridad en que la Iglesia somos todos los bautizados y la construimos entre todos”. ¿A su juicio, cómo podemos recuperar la iglesia para que esté verdaderamente al servicio de una ciudadanía cada vez más activa?

“Creo que ha llegado la hora de que los cristianos sean adultos en la fe.

Que sean tratados como adultos por el clero y a la vez que se comporten como adultos sujetos de su historia, la participación eclesial debe reflejarse en la participación en la sociedad. Los cristianos tenemos el deber de luchar por un mundo mejor y más humano. Eso pasa por el respeto de la persona humana, de su conciencia, la participación política, la lucha por el bien común. Si no hay participación al interior de la Iglesia es difícil que el católico se interese por participar como tal en la sociedad”.

Análisis

EDUCACIÓN SUPERIOR ¿Quién paga la cuenta?

Manuel Riesco

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El desmantelamiento del sistema nacional de educación pública tras el golpe militar de 1973 y su sucesiva privatización, es la causa principal de su crisis actual. Ha reducido la matrícula general en relación a la población total, deteriorado severamente la calidad de la educación y descargado sobre las familias la mitad del costo de la misma y casi el total en el nivel superior. Es imperioso terminar con una política que privilegia la privatización y reconstruir el sistema nacional de educación pública gratuita en todos sus niveles. En lo que sigue se abordan algunos aspectos de

un punto de este programa: la reconstrucción del sistema nacional de educación superior gratuita.

Origen de la crisis actual: El desmantelamiento del sistema nacional de educación pública Hacia 1973, el Estado de Chile matriculaba un 30 por ciento de su población total en establecimientos gratuitos y de reconocida buena calidad, pertenecientes al sistema nacional de educación pública en todos sus niveles. Constituyó uno de los principales logros históricos de la bien notable obra desarrollista de una sucesión de gobiernos, de variados colores políticos. Principalmente aquellos que, a lo largo del medio siglo que va desde el 11 de septiembre de 1924 hasta el 11 de septiembre de 1973, transformaron de arriba abajo la socie-

dad chilena, de una vez y para siempre.

Al término de la dictadura de Pinochet, dicha proporción se había reducido a 25 por ciento, considerando a todos los matriculados en establecimientos educacionales, públicos y privados, en todos los niveles. Hoy en día, alcanza al 27 por ciento de los habitantes del país.

Es decir, hay menos chilenas y chilenos de todas las edades estudiando hoy, que los había hace cuarenta años, en proporción a la población total. Si paralelamente se ha logrado aumentar la cobertura en

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los distintos niveles educacionales, como proporción de las cohortes de edades correspondientes, ello se debe exclusivamente a que los jóvenes han reducido considerablemente su número en relación a la población total.

La dictadura ocupó y destruyó con saña el sistema nacional de educación pública, considerada una plaza estratégica del “enemigo interno.”

Azuzados por la vieja elite agraria y sus vástagos, tras recuperar por mano ajena los privilegios que creyeron perdidos irremediablemente. Lo culpaban de haber promovido los cambios políticos, al haber despertado al pueblo de la siesta secular de su vida campesina tradicional. No dejaban de tener razón.

Intervinieron colegios y universidades, reemplazaron rectores y directores por oficiales, expulsaron distinguidos académicos, profesores y alumnos, cerraron escuelas, departamentos y facultades, incluido el Instituto Pedagógico, prohibieron autores y ¡quemaron libros! Redujeron el presupuesto de educación a la mitad y los sueldos del magisterio a la tercera parte. Al cabo de una década, había menos alumnos matriculados, especialmente en las universidades.

Posteriormente, desmantelaron su estructura nacional desperdigando colegios y universidades por municipios y regiones. El último acto administrativo de la dictadura consistió en regalar el Instituto Nacional de Capacitacion Profesional, INACAP, con todos sus bienes a lo largo del país, a

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una secta religiosa.

Implementaron un esquema de financiamiento de inspiración neoliberal, cuyo objetivo principal es debilitar los establecimientos públicos y subsidiar los privados. Dicho esquema ha sido mantenido hasta hoy en lo esencial, con la complicidad de los tecnócratas y algunos políticos democráticos estrechamente relacionados con los así llamados “sostenedores” educacionales privados.

El esquema ha llegado al absurdo que actualmente, el Estado aporta más subsidios educacionales a algunos de éstos, que los que aporta a sus propios establecimientos. Especialmente, a aquellos que dependen de instituciones religiosas. Por ejemplo, los colegios dependientes de la Fundación del Magisterio de la Araucanía reciben mas subsidios educacionales que aquellos dependientes de la Ilustre Municipalidad de Santiago, la Congregación Salesiana más que las municipalidades de Talca, Rancagua, San Bernardo, Puerto Montt o Calama y la Iglesia Adventista del Séptimo Día más que los municipios de Temuco, Concepción o Punta Arenas.

Ciertamente, no se trata de negar el apoyo público a instituciones educacionales privadas que, como las mencionadas, no tienen fines de lucro. Algunas de ellas, como los Salesianos por ejemplo, ostentan una distinguida vocación educacional más que centenaria. Incluso otras con un prestigio menos reconocido pueden

merecerlo, aunque parece discutible cuando ostentan posiciones manifiestamente reñidas con la ciencia y la razón, como el agresivo rechazo de la teoría de evolución de las especies, de que hace gala una de las instituciones arriba mencionadas.

El problema de la política actual no es que subsidie establecimientos privados. Su distorsión radica en haber desmantelado el sistema público, cuyo engrandecimiento debería ser su objetivo principal. Peor aún, éste ha sido deliberado: se argumenta que colegios y universidades públicas gratuitas y de buena calidad constituyen una “competencia desleal” para la industria de educación privada.

El fomento de esta última ha sido el verdadero Norte durante las últimas décadas. Sigue siéndolo.

“Sostenedores” y “Capitales Humanos” Su piedra angular es el concepto de “sostenedores” educacionales.

Esta palabreja - uno de los aportes del pinochetismo a la cultura universal, puesto que no existe en el idioma castellano; bastante poco elegante por lo demás -, pretende igualar a los establecimientos educacionales públicos y privados. Asimismo, iguala estos últimos sin fines de lucro con aquellos que lo persiguen. Seguidamente, el Estado se obliga a tratar a todos los “sostenedores” por igual en todos los aspectos. Olvida de ese modo que es el propietario de los colegios públicos, que abandona a su suerte al tiempo que estimula generosamente la inversión de propietarios privados en los suyos.

En el caso de la educación superior, el concepto central que inspira la política de privatización es el “capital humano.” Asume que el gasto en educación constituye una inversión privada para los educandos, que reditúa ganancias y rentabilidad como un negocio cualquiera. Justifica de este modo el cobro de matrículas. Incluso, otorgar aval del Estado al financiamiento de las mismas mediante créditos bancarios. Algo así como el fomento de PYMES.

Las “ganancias” netas podrían medirse por el incremento en las remuneraciones debido a la mayor calificación, menos el costo de la capacitación requerida para lograrla, ambas expresadas en valor presente.

La rentabilidad de dicho “negocio” se podría medir asimismo en la razón entre las “ganancias” netas y el “capital” invertido en solventar el período de capacitación, así calculados. Alternativamente, como la tasa interna de retorno de todos los flujos descritos, negativos y positivos, lo que viene a ser exactamente lo mismo.

Curiosamente, esta burda transposición de conceptos elementales de evaluación de proyectos, sólo se aplica para justificar el pago privado de la educación terciaria, mientras se deja de lado en los niveles pre-escolar, básico o medio, que tienen un impacto aún mas significativo sobre las remuneraciones. Posiblemente, dicha omisión se fundamenta en los evidentes obstáculos de infantes, niños y adolescentes al aprendizaje de matemática financiera, sin la cual difícilmente pueden evaluar debidamente los pros y contras y asumir libremente una decisión de “inversión” que podrían lamentar a lo largo de toda su vida laboral.

A decir verdad, no es la primera vez que entusiastas filisteos intentan extrapolar a otros campos algunos conceptos básicos de la teoria microeconómica ¡estuvo tan a la moda en las últimas décadas! Se han escrito y publicado sesudos tratados y fundado escuelas teóricas, sobre la base de aplicar estos mismos conceptos de negocios, por ejemplo, al amor entre los seres humanos y sus relaciones de parejas ¡El cretinismo Neoliberal da para todo!

Sin embargo, los porfiados hechos pronto revelan infinitamente mas riqueza, colorido y sorpresas, que la mejor y más elegante de las teorías.

Con mucho mayor razón, dan al trasto con este tipo de engendros conceptuales en menos que canta un gallo. Ciertamente, no parece buen consejo para un adolescente enamorado que aborde a su amada con sesudos cálculos de costo-beneficio; mejor le lleva flores.

Algo parecido ocurre cuando uno de nuestros encalillados “capitales humanos” se enfrenta en el mercado con el capital de verdad. Cuando intenta venderle su ahora calificada fuerza de trabajo, se encuentra con la dura realidad que aquel no le ofrecerá por ella ni un peso más de lo que vale; eso si tiene suerte y no hay muchos cesantes disputando la misma plaza.

En otras palabras, le paga lo que requiere en ese momento para vivir junto a su familia, en las condiciones que se consideren normales para otros “capitales humanos” como él, en ese país y en ese tiempo. El mercado se encargará que así sea, por simple oferta y demanda. Al igual que en el caso de las materias primas, maquinarias y otras mercancías, que el mismo capital compra concurrentemente con la contratación de para organizar un proceso productivo, comercial o financiero. Cuando le ofrecía préstamos de estudios lo llamaba “capital humano,” ahora lo denomina “mano de obra.”

Otra cosa bien diferente es el valor agregado que nuestro “capital humano” va a incorporar con el sudor de su frente, junto a sus compañeros trabajadores - ahora el capitalista los denomina “obra de mano”-, a los bienes o servicios producidos en el curso del proceso aquel. Ciertamente, va a ser muy superior al valor de su fuerza de trabajo, condición indispensable para

que los contraten en primer lugar.

En eso consiste precisamente el capital. No es una máquina o un edificio, ni mucho menos la fuerza de trabajo, por muy calificada que sea.

Es la relación social que se establece mediante la contratación privada masiva de trabajo asalariado con la finalidad de obtener ganancias.

El valor agregado por los “capitales humanos” se realizará en el mercado donde se transa los bienes y servicios producidos, que es bien diferente a aquel donde se transan aquellos y se determinan sus salarios.

Sin embargo, si se trata de mercados competitivos, en ambos opera la misma ley: lo que en ellos se transa se vende por lo que cuesta, ni un peso mas, ni un peso menos.

De este modo, nuestro sufrido “capital humano” descubrirá que su negocio se fue a las pailas. Sólo por azar, su salario va a cubrir los costos de su educación, así como su mantención mientras estudiaba. En los hechos, lo que va a reponer es lo que le cueste a él mantener su propia familia, más o menos en las condiciones que se consideren aceptables en ese momento para su categoría ocupacional. Incluidos los costos de educar a sus propios hijos.

Si es afortunado, el mayor salario debido a su educación terciaria compensará los costos totales de haberla completado, pero lo probable es

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que guarden muy poca relación con aquella. De las “ganancias” prometidas por los “economistas de la educación” mejor se olvide. No verá nunca un peso.

Sin embargo, lo que si va a tener que pagar todos los meses, es la cuota del crédito que contrató con el banco para solventar sus estudios. Intereses incluidos. Esos no perdonan, porque el banquero es un capitalista hecho y derecho, no un simple “capital humano” como él. En otras palabras, va a tener tres descuentos fijos de su planilla: la AFP, la ISAPRE y la cuota del crédito de estudios. Aparte de los impuestos a la renta, le caerán encima con la regularidad del día y la noche.

Dicho de otro modo, el famoso negocio del “capital humano” no es otra cosa que una forma de financiar parte del sistema educacional mediante una suerte de impuesto adicional a la planilla de remuneraciones de los profesionales. Igual que la previsión, la salud y el seguro de desempleo.

Se trata de un método de financiamiento económicamente ineficiente y socialmente injusto. Es ineficiente porque encarece específicamente la planilla de remuneraciones, afectando la competitividad de la economía.

Es injusto porque los salarios se van a determinar por lo que cueste reproducir la fuerza de trabajo calificada en cada momento del tiempo y según las condiciones politicas y sociales prevaleciente entonces.

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Pueden tener o no relación con las que prevalecían en el momento de cursar esa fuerza de trabajo su educación superior. Del recuerdo de aquel, solo incidirán en la determinación de los salarios de ese momento, el costo de servir los créditos educacionales que esos trabajadores calificados estén pagando.

Sin embargo, este costo no afectará a aquellos cuyas familias lograron pagar en su momento su formación sin recurrir a créditos. Ello significa que, en promedio, el nivel de salarios no subirá lo necesario para reponer el costo del crédito para aquellos que si lo deben servir. Eso es muy injusto, puesto que el insuficiente nivel de salarios afectará a los profesionales hijos de la clase media o sectores populares, cuyos padres no lograron en su momento pagar su educación: estos “capitales humanos” van a “salir p’atrás.”

Las cosas pueden mejorar, por ejemplo, si se cambia la constitución y Chile se democratiza de verdad.

En ese caso los trabajadores van a acceder al parlamento, a los medios de comunicación y otros resortes del poder, cuyo equilibrio se va a modificar sustancialmente en su favor. En consecuencia, se van a modificar las leyes laborales y cambiar significativamente las condiciones de negociación en el lugar de trabajo. El nivel general de salarios es muy sensible a estos cambios institucionales, como

demostró en sentido contrario el golpe de Estado de Pinochet, tras el cual el nivel de salario medio real bajó a la mitad. Eso haría más llevaderas las calillas del “capital humano”, pero no más que aquellos trabajadores que no “invirtieron” en este “negocio”, dado que probablemente todas las remuneraciones van a subir en similar proporción.

Algunos números Según a sus balances públicos, los ingresos totales de las instituciones públicas y privadas de educación superior alcanzaron el 2009 a poco menos de 2,4 billones de pesos, de los cuales el 5,4 por ciento correspondió a sus utilidades operacionales. De ese total, las universidades declaran ingresos por 2,1 billones de pesos, los institutos profesionales (IP) cerca de 212.000 millones de pesos y los centros de formación técnica (CFT) 50.000 millones de pesos.

Considerando las matrículas respectivas, el gasto de los 872.849 alumnos de educación superior promedió $2,7 millones de pesos por alumno ese año. Los 576.600 estudiantes universitarios representaron un gasto promedio anual de $3,7 millones por alumno, cifra que en el caso de los 189.069 que estudian en los IP se reduce a $1,1 millones y para los 107.180 de los CFT baja a $459.000, anuales por alumno.

Según la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el financiamiento público a la educación terciaria alcanzó el 2009 a 407.789 millones de pesos de ese año. Suponiendo que el 80 por ciento de dicho de financiamiento se concentra en las universidades que componen el Consejo de Rectores, el financiamiento público representaría poco más de un quinto de los ingresos totales de las universidades que lo componen, que en sus balances, del 2009 declararon ingresos totales de 1,45 billones de pesos anuales.

Comparado con los ingresos totales declarados por las instituciones de educación superior el 2009, que suma poco mas de 2,4 billones de pesos, como se ha mencionado, el gasto

Análisis de uno a otro al finalizar cada clase.

Por estos motivos, financiar la educación principalmente mediante el cobro de matrículas ha sido desechado por todos los países del mundo menos uno: Chile. En la OECD en su conjunto, por ejemplo, mas del noventa por ciento de los alumnos, profesores, académicos e investigadores, pertenecen a establecimientos públicos, financiados por el Estado en una proporción similar. Chile es el único país del mundo donde las familias deben aportar la mitad del financiamiento educacional total y cinco sextos de la educación terciaria en general y practicamente el cien por ciento en la educación superior técnica. público en educación terciaria registrado por DIPRES el 2008 representa poco mas de un sexto.

El gasto público en educación terciaria registrado por DIPRES representa 467.193 pesos por alumno al año. Como referencia, el gasto público en educación superior alcanzaba en 1973 a casi 900.000 pesos de hoy por alumno-año, según cifras de CENDA basadas en una serie compilada por la UC. Es decir, hace cuarenta años un Estado y una economía mucho más pequeños que los actuales, invertía el doble por alumno de educación superior.

Las cifras anteriores muestran que las familias cargan hoy con el financiamiento de la parte del costo total de la educación superior, que como se ha dicho representó el 2009 un costo total de poco mas de 2,4 billones de pesos. Ello representa un impuesto anual de mas de un billon mayores de pesos al año 2009, que recae sobre los futuros profesionales y sus familias.

Es una carga completamente desproporcionada, especialmente si se considera que el total recaudado por concepto de impuestos a la renta pagados por empresas y personas, el 2009 alcanzó a poco más de 3,8 billones de pesos, según el Servicio de Impuestos Internos (SII). Es decir, esta suerte de impuesto a los futuros profesionales y sus familias equivale a más de un cuarto del total recauda-

do por impuestos a la renta.

Un cambio necesario Base de sustentación del trabajo intelectual En el caso de la educación superior hay que considerar un aspecto adicional, que resulta de importancia crucial. Las universidades son mucho mas que fábricas de profesionales.

Son las instituciones que en la sociedad moderna sostienen a la capa de personas que cualquier sociedad civilizada destina al trabajo intelectual, científico, cultural y artístico.

Evidentemente, el pretender que los alumnos financien este aspecto del quehacer universitario representa un absurdo. En el caso de Chile, al desmantelar las universidades públicas, se ha dañado severamente esta institucionalidad, que resulta vital para la economía y la sociedad.

Los académicos e investigadores requieren contratos estables y condiciones de trabajo adecuadas. En el caso de Chile, en cambio, la mayor parte de ellos, incluso en las universidades del Estado, trabajan en el mejor de los casos “a contrata,” es decir, con contratos que expiran y deben ser renovados cada año. La mayoría no cuenta ni siquiera con eso, sino que caen en la categoría de “profesores taxis,” que deben completar una remuneración que deja mucho que desear con diversos contratos precarios en distintos establecimientos, corriendo

La situación de la educación superior ha llegado a un punto en que no puede continuar como está. Los futuros profesionales y sus familias no pueden continuar sobrellevando esta carga financiera insensata. Los académicos y funcionarios no pueden continuar con sus niveles actuales de bajas remuneraciones, precariedad laboral y carencia generalizada de condiciones mínimas para el trabajo intelectual.

Esta situación se torna insostenible para académicos, estudiantes y funcionarios. Para aquellos que pertenecen a las universidades del Consejo de Rectores y también e las universidades privadas. Más aguda todavía es la situación de los que estudian y trabajan en los institutos profesionales y centros de formación técnica. El desmantelamiento del sistema nacional de educación pública los ha afectado a todos por igual.

Esto tiene que cambiar y cambiará. Las federaciones estudiantiles están empeñadas en levantar un gran movimiento que los incluya a todos.

Para ello, sugieren reconstruir el sistema nacional de educación superior pública y gratuita.

Ciertamente, ello requiere atender en primer lugar las justas demandas de los rectores de las universidades del Estado, en términos que éste

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aporte el grueso de su financiemiento. Adicionalmente, el Estado debe financiar aquellas universidades que, sin ser estatales, cumplan con los requisitos mínimos requeridos para ser consideradas como tales. Estos son ciertamente muchísimo más exigentes que los que hoy considera el sistema de acreditación, para el cual lo más importante consiste en demostrar capacidad de llevar bien un negocio.

Las verdaderas universidades públicas deben mostrar una adecuada relación entre la docencia, investigación y extensión. Deben respetar los derechos laborales de académicos y funcionarios, ofreciendo en primer lugar un trabajo estable y bien remunerado. En otras palabras, deben ofrecer condiciones adecuadas para el trabajo intelectual, científico, artístico y cultural. Deben ofrecer a sus estudiantes condiciones de estudio adecuadas y cobrarles un costo razonable, con topes establecidos por el Estado y cada vez menores, en la medida que se avanza a recuperar la gratuidad perdida.Deben ser realmente instituciones sin fines de lucro.

Su único Norte debe ser Chile y su pueblo, como exigía Andrés Bello.

La mejor garantía de todo ello se cumpla, es la efectiva autonomía y libertad de cátedra de las comunidades universitarias, basada en un gobierno interno democrático, que respete el derecho de todos los estamentos a una adecuada representación y participación en sus decisiones.

Este es precisamente el esquema que logró imponer la Reforma Universitaria de fines de los años 1960, que en menos de cinco años logró modernizar todas las universidades del país y duplicar su matrícula, al tiempo que multiplicó varias veces el número de académicos, especialmente los de jornada completa, cuyas remuneraciones y condiciones de trabajo mejoraron asimismo, considerablemente.

De este modo, todas las universidades del país, tanto las estatales como las privadas, conquistaron su autonomía, el cogobierno tri-estamental y democrático y un financiamiento estatal que permitió alcanzar practicamente la gratuidad de la educación superior.

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MONSEÑOR ROMERO, PROFETA Y MARTIR Hervi Lara Comité Oscar RomeroChile.

El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la eucaristía, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, cayó abatido por un disparo en el corazón.

Durante los tres años de su ministerio, muchos sacerdotes, delegados de la palabra, laicos y laicas, también murieron asesinados. Era el martirio de Jesús en nuestros días, porque “se mata a quien estorba… como mataron a Cristo”.

Entre sus muchas afirmaciones, dijo que “sería triste que en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes. Son el testimonio de una Iglesia encarnada en los problemas del pueblo”. (4-7-79). Todo esto, mientras la oligarquía y sus lacayos rayaban los muros y lanzaban panfletos con la consigna: “Haga patria: mate a un cura”, porque estos habían abierto los ojos de los campesinos frente a la opresión de que eran víctimas.

Monseñor Romero nunca rehuyó la persecución, porque “el pastor no quiere seguridad mientras no le den seguridad a su rebaño” (227-79). Es así que murió como pueblo y pensando en la liberación de éste. Tras haber recibido múltiples amenazas de muerte, en marzo de 1980 afirmó: “Que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad”. Porque para Monseñor Romero lo fundamental fue siempre la buena noticia de la liberación por la que hay que luchar y la buena noticia de Dios, cuya voluntad hay que seguir.

La Iglesia de liberación propiciada por Monseñor Romero supuso la encarnación histórica en las luchas por la justicia y por los derechos fundamentales del pueblo. No se podía ser Iglesia de los pobres y abandonarlos a su suerte. Inserta en los oprimidos, la Iglesia debía y podía ser medicina para sanar los subproductos negativos de la lucha.

Y con el espíritu del Evangelio, podría ser levadura que hace crecer y fermentar la masa. Por eso él trabajó para que los salvadoreños pudieran vivir como hermanos.

En El Salvador, los pobres y todas las personas de bien “nunca habían sentido a Dios tan cerca, al cristianismo tan verdadero, tan lleno de sentido, tan lleno de gracia y de verdad”, según Ignacio Ellacuría, quien sería más tarde asesinado junto a la comunidad jesuita.

La muerte de Romero sancionó para siempre su vida y lo ha convertido en buena noticia para el mundo de hoy y en el símbolo de la multitud de mártires de América Latina, constituyendo una esperanza de un mundo nuevo de solidaridad, de justicia y de fraternidad, haciéndose vida sus palabras: “Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño”.