¿De quiénes dependen los Bancos Centrales “Autónomos”?
Neoliberalismo y Crisis Económica
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Álvaro Ramis
S
i algo deberá quedar en limpio después de esta tormentosa crisis financiera internacional es la comprobación empírica y constatable de la insensatez de las políticas neoliberales. En los cuatro años que han transcurrido desde la quiebra de Lehmans Brothers en 2008, las tesis que la escuela de Chicago y sus adláteres habían proclamado como “verdades científicas” se han reducido a dogmas revelados, que sólo se pueden defender con el escudo ideológico de la fe del carbonero, que no acepta hechos ni evidencias. Entre estas nociones que han caído al nivel de las creencias mitológicas hay algunas que gozan en Chile de particular asidero y veneración. Es el caso de la autonomía del Banco Central. Tanto la derecha en el gobierno, como la oposición concertacionista, comparten una fervorosa adhesión a este planteamiento ya que concuerda con una de las creencias más asentadas en los últimos treinta años, que afirma que la única función de un banco emisor debe ser el control de la inflación. Recordemos que la autonomía de Banco Central chileno se concretó por medio de una ley orgánica constitucional aprobada en octubre de 1989, a pocos meses del fin de la dictadura militar. Se trató de uno de los acuerdos de la transición más tensos y complejos ya que la intención de Pinochet era designar íntegramente el nuevo directorio con el fin de hipotecar la política económica del nuevo gobierno dePastoral Popular
mocrático. Finalmente se llegó a un compromiso con la designación de Andrés Bianchi como presidente de un primer directorio que contó con la anuencia de ambas partes. La nueva ley estableció un método de designación del directorio que distribuye “binominalmente” su composición, y que garantiza que el Banco no esté sujeto ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni a la de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tampoco se le considera parte de la Administración del Estado. Cabe por tanto la pregunta del poeta clásico Juvenal ¿Quis custodiet ipsos custodes?, ¿Quién vigila a nuestros vigilantes?. Ya en 1975 la dictadura militar había impedido, por medio de una reglamentación interna, que el Banco Central proveyera financiamiento al sector público y al sector privado no financiero, vetándole la promoción del crecimiento y el empleo. El argumento, propuesto antes por monetaristas como Kydland y Prescott o Woodford, radicaba en que su única tarea debía consistir en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. En cierto modo esta normativa fue anticipándose a un proceso que con posterioridad acabaría involucrando a la inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo. En la actualidad el Banco Central de Chile no sólo continúa ejerciendo su rol bajo esta orientación, sino que además realiza un activo proselitismo de esta política. Su afán “adoctrinador” llega al