A modo de presentación

En el concierto latinoamericano y caribeño, Uruguay es un país emblemático e inspirador para la sociedad civil organizada en torno a reivindicaciones étnico-raciales y territoriales afrolatinocaribeñas. La manera como hasta hoy se avizoró el desarrollo de una agenda afrodescendiente y la creación de mecanismos de equidad racial dentro de la institucionalidad estatal uruguaya recibió elogios de muchas organizaciones que con su trabajo de abogacía o de implementación de todo tipo de programas sociales o antirracistas —financiados y desarrollados por los Estados o por la Cooperación Internacional— lideraron y, aun lideran, transformaciones políticas y culturales a favor de la gente negra de ascendencia africana que viven en el extremo occidente.

En varios países de América del Sur, de América Central y el Gran Caribe es aceptado y reconocido que la República Oriental del Uruguay lideró el aporte latinoamericano y caribeño durante la Conferencia de Durban realizada en Sudáfrica en el año 2001. En este sentido, no es de extrañar que la agenda Afrodescendiente en este país tenga significativos avances en los últimos años.

No obstante, cuando se tiene en frente a una población que acumula de manera histórica sufrimientos, humillaciones, múltiples y entrecruzadas desigualdades, opresiones, rezagos, brechas sociales, territoriales, generacionales, genéricas, educativas, económicas y políticas; los avances pueden no ser tan llamativos, o a lo sumo, no ser percibidos de manera categórica en la vida concreta y cotidiana de la gente negra racializada. Como parte esencial de la elaboración de este Plan se desarrollaron asambleas regionales con el fin de recoger insumos desde las vivencias de la población afrodescendiente del país. Aquí, asistentes expresaron que han visto a algunas instituciones del Estado moviéndose en nombre de ellas y que se sienten invitadas a muchas reuniones que se convocan pero no en calidad de protagonistas; asimismo, expresan que si bien sus condiciones de vida hacen parte de las estadísticas nacionales, no entienden porque las agresiones raciales parecieran aumentar ejemplificando qué en el mercado laboral se continua afirmando que carecen de una supuesta buena presencia para ocupar ciertas ocupaciones u oficios. Tampoco se explican por qué hay tan pocos profesionales afrodescendientes en un país que valora tanto la formación universitaria, y entienden menos las razones por las cuales el sistema educativo parece expulsar a sus hijos e hijas a partir de la secundaria. En efecto las investigaciones y los estudios técnicos que conducen las distintas instituciones estatales en este sentido confirman que la mayoría de la población afrodescendiente vive en condiciones menos favorables y tienen una baja inclusión social comparada con el resto de la población uruguaya. Los indicadores de educación, vivienda, salud, y mercado laboral en la población afrodescendiente presentan importantes brechas respecto a aquellos de la población no afrodescendiente, por este motivo las políticas universales del Estado uruguayo deben ser sensibles a las diferencias y desigualdades étnico-raciales que sufre esta población a menudo subestimada como minoritaria, cuando representa la minoría racial de mayor peso en el país, alcanzando un 8,1% del total poblacional (de este porcentaje el 59,3% indica que la afrodescendencia es su principal ascendencia racial). El presente Plan Nacional de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia supone un reto tanto en su diseño como en su implementación dado que tiene como misión que la población afrodescendiente sienta en sus biografías de vida y sus rutinas diarias la presencia de un Estado garante de sus derechos. Esto requiere que a lo largo de todo el entramado institucional uruguayo se conciba a la población afrodescendiente y afrodescendiente como un grupo relevante en las preocupaciones de la política pública nacional y territorial, no sólo como mero objeto de la mismas sino también como aliado en el fomento de una ciudadanía que haga de su emblema la igualdad en el respeto y la tolerancia a la diferencia. El Plan Nacional de Equidad Étnico Racial y Afrodescendencia supone un reto porque para aportar a la construcción de una sociedad libre de los efectos del racismo y la discriminación étni-

co-racial, debe empoderarse el pasado, presente y futuro de la población afrodescendiente en todo el territorio nacional.

Por todo lo anterior la política pública nacional enfrenta también grandes desafíos hacia la construcción de una ciudadanía universal y diferencial que combata las diferencias de origen a la vez que brinde el capital necesario a las personas afrodescendientes para hacer frente el racismo estructural, institucional y cotidiano. En este sentido, el reconocimiento de los impactos del racismo y las prácticas de discriminación existentes y, el despliegue de medidas de inclusión social que enfrenten la reproducción histórica de la desigualdad en clave étnico-racial, han de basarse en una perspectiva de equidad étnico-racial, de empoderamiento, generación de autonomía y potenciación de las fuerzas internas y del propio poder de la población afrodescendiente, y no desde una mirada que la re-victimice.

Claudia Mosquera Rosero-Labbé, PhD

Consultora Internacional PNUD