1 de octubre Día Internacional de la Persona Mayor Declaratoria de la Red Centroamericana del Caribe Envejecer con Dignidad Los derechos humanos fueron dañados con algunas de las medidas tomadas de cuarentena y aislamiento durante la pandemia. Según datos de Cepal (2020) en América Latina el 28% de la población corresponde a personas mayores, la COVID 19 vino a relucir lo que desde hace muchos años se ha venido exponiendo por quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos; las grandes brechas, desigualdades y discriminación existente que viven los grupos vulnerabilizados, y este escenario no escapa a las personas mayores. Es importante destacar que la vulnerabilidad no es un estado permanente ni exclusivo de la población mayor y no es conveniente referirse como “vulnerables” a todas las personas mayores de forma invariable ni generalizadora, puesto que esto conlleva a reforzar mitos y a reproducir en el imaginario social ideas negativas hacia la vejez. “Vale decir, lo que realmente está en juego hoy en día es la protección del derecho a la vida. Esto exige su respeto, con independencia de la edad, así como su defensa y promoción. Por lo tanto, es inadmisible que los sistemas de salud —como ha ocurrido en países europeos— se reserven el derecho a admitir pacientes con determinadas características. Las personas mayores enfermas por COVID-19 deben ser atendidas aun cuando no tengan los mismos recursos clínicos que las más jóvenes. Una sobrevaloración de la juventud como criterio para la asignación de recursos y atención es equivalente a valorar unas vidas por sobre otras” (Aronson citado por CEPAL, 2020) Recordamos el llamado que hace la normativa internacional desde la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en su Artículo 6: Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, estableciendo que los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población (OEA, 2015) "Las personas mayores tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todos los demás, las decisiones difíciles en torno a la atención médica que salva vidas deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos". (António Guterres secretario general de la ONU) Marco General de la pandemia en los países que integran la Red Envejecer con Dignidad y algunos efectos hacia las personas mayores.
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Belice Pocas personas mayores forman parte de los planes de pensiones contributivas y no contributivas del Gobierno y la Seguridad Social. Referente a la atención en hospitales y centros asistenciales muchas personas mayores han manifestado temor de acceder a los sistemas de salud por miedo al contagio.
Las personas mayores y el personal de los hogares residenciales son evaluados por un geriatra interno y tienen acceso a medicamentos disponibles gratuitos del Ministerio de Salud en todo el país, así como a la adquisición y difusión de mascarillas y productos de seguridad, y al desarrollo, distribución y difusión de guías, facilitando apoyo psicológico según fuera necesario. Costa Rica A la fecha se tiene un total de 73 314 casos, de los cuales 4 955 han sido personas mayores con 584 lamentables fallecimientos, (de la población total contagiada han fallecido 861, más de la mitad han sido personas mayores). De acuerdo con el número de personas fallecidas de 60 o más años es probable que el virus se comporte especialmente agresivo en función de las edad y patologías que suelen ser de mayor ocurrencia en la vejez, pero también en Costa Rica ha quedado demostrado en los meses de pandemia que puede ser igual de perjudicial para personas de todas las edades incluso sin otros factores de riesgo asociados. Desde el inicio de la pandemia el Estado, ha intentado posicionar la generación de medidas, lineamientos y estrategias de naturaleza sanitaria para contener el avance del contagio entre la población. Algunas de las medidas tomadas es posible que restrinjan libertades y derechos, y que condicionen a la población a restringirse incluso en las actividades de generación económica. En el caso de la población adulta mayor ha sido categórico al declararla como población especialmente vulnerable y, por tanto, sujeta de medidas especiales de cuidados, incluyendo principalmente el aislamiento físico y el confinamiento al interior de sus hogares. El gobierno de Costa Rica aún tiene un largo camino por recorrer en relación con su accionar en torno a la pandemia y las personas adultas mayores. Quedan por definir cuestiones bioéticas de gran importancia, sobre todo previendo que el sistema de salud podría experimentar un importante colapso y que las autoridades sanitarias tendrían que tomar decisiones sobre la atención de todas las personas desde un enfoque de derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud y todos los demás asociados a ella. El Salvador El gobierno tomó medidas extremas de prevención anticipadas que fueron criticadas por varios sectores, pero se mostró como acertadas y necesarias, prueba de ello es el bajo índice de contagios y fallecimientos a la fecha comparado con otros países. Pero en su aplicación se dieron muchos errores y aciertos. Las ayudas económicas, en insumos agrícolas y alimentos que entregó el gobierno fueron útiles, con errores e insuficientes. La ampliación indefinida del confinamiento total o focalizado [justificable cuando la gravedad para la salud es evidente] creó también muchos problemas en la población y rozó/pasó los límites del respeto a los derechos humanos.
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La población más vulnerable; personas mayores y personas con discapacidad entre otros, fueron excluidas y discriminadas del acceso a la información inclusiva, a la participación y atención integral apropiada durante el Covid19. Al no tener en el país un sistema de protección social universal y haber desmontado los pocos programas sociales de los dos gobiernos anteriores, la vulnerabilidad ante la pandemia fue mucho mayor y el primer nivel de atención no fue priorizado. En el ámbito de la salud mental, se dieron expresiones de miedo, terror, angustia, soledad y depresión que dificultó la vida personal y familiar normal sin recibir la atención apropiada del estado. Las personas con enfermedades crónicas de todas las edades y las personas con discapacidad fueron abandonadas en su atención integral y en el mejor de los casos solo tuvieron acceso a la medicina. Las enfermedades crónicas empeoraron y con un número importante de fallecimientos. La Coalición Nacional por la Dignidad de las personas mayores seguimos trabajando de forma virtual, con las asociaciones miembros, en la relación con el Congreso y el Ejecutivo, así como con la participación en diversas conferencias virtuales nacionales e internacionales. Nicaragua En un inicio no se tomaron medidas de cuarentena en el país manteniendo las fronteras abiertas, promoviendo eventos masivos, manteniendo las clases presenciales o la falta de distanciamiento social. Se llegó al extremo de criminalizar el apoyo y la solidaridad tanto de individuos como de organizaciones para aquellas personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad ante la Covid 19. Hubo estereotipos hacia las personas de manera general para aquellas que usaban mascarillas; se les gritaba en las calles “Coronavirus, coronavirus”, incluso en algunos medios oficiales se promovía violencia para aquellas personas que se protegían de la Covid 19. La gran mayoría de las personas mayores en Nicaragua no tienen Seguridad Económica y tampoco están cubiertas por ningún sistema de pensión No Contributiva, lo que no garantiza una cobertura médica ni farmacéutica gratuita. Muchas personas mayores deben salir a trabajar día a día porque no cuentan con ningún ingreso económico, exponiendo sus vidas sufriendo discriminación, abandono, prejuicios y viejismo, principalmente por parte del Estado en su falta de acción en la Legislación y Política Pública. La pandemia desnudó el frágil sistema de salud, los colapsados hospitales más que centros de atención a la salud llegaron a ser “salas de espera para morir” así lo manifestó una ciudadana en la ciudad de Bilwi, Caribe Norte luego que ingresaran a su papá de 73 años con sospecha de Covid 19 y muriera dos días después. República Dominicana En el boletín #193, emitido el 19/09/2020 por el Ministerio de Salud Pública, se precisa que han fallecido en total 2,093 personas en la República Dominicana. La media de edad siendo de 68 años.
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Se evidencia una gran centralización de la atención en salud en la prevención del contagio, fue clara la falta de efectividad para establecer mecanismos y protocolos de prevención del virus y atención eficaz a los casos de contagio en personas adultas mayores. Ante las situaciones de brotes en hogares de larga estancia, incluso llegó a suceder que la realización de pruebas y atención primaria, no hubiese llegado oportunamente de no ser por la alerta emitida por diferentes medios de comunicación y redes sociales. Actualmente, los asilos gestionados por el estado están operando con limitación de visitas, y las actividades de índole social están prohibidas en todos los centros del territorio nacional, hasta nuevo aviso. Cabe destacar lo sucedido en varios hogares de Cotuí, San Francisco de Macorís e incluso Santo Domingo, en los que la llegada de elementos de protección tales como mascarillas, guantes y batas desechables, fueron entregados al personal médico y a las personas dedicadas al cuidado de personas mayores, cuando ya se habían registrado varios decesos por causa del virus. En cuanto al acceso a la información estadística, nunca fue presentado un balance por rangos de edades, mucho menos desagregado por sexo, no se realizó un balance de la situación de la población mayor en cada provincia del país y/o de los hogares permanentes para conocer el impacto y la proporción real de personas mayores que presentaron contagio del virus.
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La Red Envejecer con dignidad hace un vehemente llamado a: 1. Que se comprenda que el distanciamiento ante la emergencia mundial por la pandemia obedece a un distanciamiento físico y no social, y que este no debe convertirse en una excusa para el abandono, el maltrato, la violencia, discriminación y negligencia hacia la población mayor, ya sea por parte de familiares o personas cercanas o desde el mismo Estado y las instituciones que le representan. 2. Que se priorice la prevención y la promoción de la salud, la salud mental y el autocuidado, sin dejar de lado las enfermedades crónicas, en el sistema de salud de cada país, que involucra no solo las redes hospitalarios, sino también los centros de cuido y los hogares de larga estancia, en el entendido de que la salud es un derecho humano al que no todas las personas mayores han tenido acceso y no puede estar sujeto a recursos ni a códigos de bioética por un factor de edad; lo cual resultaría discriminatorio y violento. 3. Que se fortalezcan los sistemas de protección social universal integrales en los países de la región, desarrollando modelos económicos inclusivos más justos, humanos y equitativos. Haciendo un especial llamado al uso ético de los fondos y recursos destinados a trabajar la pandemia ante los insistentes informes de casos de corrupción. 4. Que se respeten los derechos humanos de las personas mayores en el marco del llamado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las personas mayores y el Consenso de Montevideo, así como las cartas de San José y de Ypacaraí y sus respectivas declaraciones desde sociedad civil, la COVID 19 no se podría usar como una excusa para disminuir los recursos y los fondos para trabajar en programas dirigidos hacia la
población mayor, estas acciones irían en detrimento de la progresividad de los derechos. 5. Que se desarrollen y fortalezcan los mecanismos de participación democrática e inclusiva que permita un empoderamiento ciudadano no solo para las personas mayores, sino para aquellas con discapacidad, pueblos indígenas, afro descendientes, con deterioro cognitivo o demencias y personas LGBTI. 6. Que se respete, en el marco del derecho a la autonomía e independencia, que las personas mayores pueden decidir si desean trabajar, como parte de su proyecto de vida; pero también para algún segmento de la población no representa sólo una decisión sino una necesidad, un medio de subsistencia; porque no cuentan con una pensión o porque esta es insuficiente, por lo tanto se deben proveer oportunidades de ingresos dignos apropiadas para la edad. 7. Que el manejo de la información y la comunicación debe estar transversalizado por el enfoque de envejecimiento activo y derechos humanos, para avanzar en la construcción de una verdadera dignidad integral y multidimensional del envejecimiento y la vejez en donde se elimine cualquier forma de edadismo. 8. Que el acceso a la tecnología es un derecho para todas las personas, sin importar la edad y que ante el llamado al distanciamiento físico, muchas personas mayores se han visto aisladas de lo que sucede en sus contextos comunales y sin la posibilidad de participar activamente desde la virtualidad. 9. Que existan datos reales, actualizados y formales sobre la situación de las personas mayores en la región, desde la elaboración de estadísticas, informes y censos que den cuenta de las necesidades, los retos, alcances y limitaciones tomando en cuenta que las personas mayores no son un grupo homogéneo y por lo tanto los datos deben estar segregados por rangos de edad y otras características como género, orientación sexual, discapacidad, etnia y condición socioeconómica entre otros. 10. Resaltamos la exigencia de un trato digno hacia las personas mayores y el reconocimiento de sus derechos sin discriminación de ninguna índole a partir de los principios de autonomía, independencia, libertad y justicia.
Desarrollemos y profundicemos las conquistas logradas hasta hoy. Ni un paso atrás.
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