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Leganés
fue inteRpuesta en su día poR la AsOciAción sAnitAriA EspAñOlA (asaes) El Juzgado admite a trámite una denuncia por “homicidio” contra el Hospital Severo Ochoa
■R. Resino
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Leganés ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Agrupación Sanitaria Española (ASAES), por “homicidio“, contra la Dirección del Hospital Universitario Severo Ochoa. El magistrado ha incoado diligencias previas contra cuatro directivos del complejo hospitalario, que deberán declarar el 4 de junio.
La denuncia se fundamenta en la gestión de un hospital que, según los denunciantes, “carecía de un Plan de contingencia” durante la primera ola de la pandemia, lo que habría derivado en “una total improvisación, un descontrol y una ausencia de actuaciones por parte de los responsables a la hora de afrontar las duras condiciones”.
Los denunciantes explican que los médicos de las UCIs del Severo Ochoa desconocían los “criterios”, y presentan como prueba que “el chat del WhatsApp de los Jefes de Servicio de la UCI permanecía inactivo a partir de las 22.00 horas, no funcionando por las noches”, lo que a su juicio “tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos 20 vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos”.
Los denunciantes insisten en que desde marzo hasta junio del pasado año “hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por Covid”.
“La Dirección se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando”.
También recuerdan la falta de protección entre los trabajadores sanitarios. “En ningún momento se llevaron a cabo medidas de control para evitar la expansión del virus entre los trabajadores, no se les sometió a pruebas de detección y se les dejó contagiarse y contagiar a todos los pacientes”.
El magistrado que lleva el caso ha incoado diligencias previas contra cuatro directivos del complejo hospitalario
Exteriores del Juzgado de Instrucción número 4 de Leganés no entienden que el ayuntamiento lO hAYA pErMitiDO
Imagen de antenas de telefonía instaladas en el barrio de Leganés Norte
Vecinos de Leganés Norte alertan de la instalación de otra antena 5G en el barrio
■R. Resino
La Plataforma Vecinal 5G de Leganés ha alertado de que se va a instalar una cuarta antena de telefonía en el número 14 de la avenida María Moliner. No entienden “que el Ayuntamiento admita la solicitud de Axion Infraestructuras de Telecomunicaciones S. A., cuando han hecho llegar al Consistorio su malestar y preocupación ante las ya existentes, pidiendo moratoria al 5G y reubicación de antenas”.
La Plataforma denuncia que el Ayuntamiento de Leganés “desoye las recomendaciones del Defensor del Pueblo que, al no existir Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud insta a todos los organismos a seguir las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Europa, sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”.
En este sentido, reclaman que “en el estudio de impacto ambiental no se omitan variables relevantes para poder llevarlo a cabo y se señalen los posibles efectos de las instalaciones proyectadas sobre la salud de las personas”. Unas alegaciones que completan solicitando “que se considere la posibilidad de catalogar esta actividad como nociva o peligrosa por el Consistorio”.
los populaRes ya llevaRon al pleno municipal leganense unA prOpuEstA pArA rEchAzArlOs, peRo al final no logRó saliR adelante Ir de Leganés a Madrid podría costar 720 euros al año por los peajes, según denuncia el PP
■R. R.
El PP de Leganés ha estimado en 720 euros anuales el hipotético gasto para ir de la ciudad a Madrid si se implanta el sistema de peajes que tiene contemplado el Gobierno de España y que ya ha enviado a la Comisión Europea, como contraprestación a las ayudas comunitarias.
“El Gobierno del PSOE y de Podemos estudia aplicar una tarifa que oscila entre los tres y los cinco céntimos por kilómetro recorrido en las carreteras estatales, lo que viene a ser un abuso infame y dañino para la clase trabajadora, sobre cuyos hombros siempre recaen las subidas de impuestos de Sánchez”, denuncian los populares de Leganés.
El PP pone como ejemplo que “el automovilista que de lunes a viernes se desplace desde el centro de Leganés hasta el parque empresarial de Las Tablas, área situada en el norte de la capital y que alberga numerosas oficinas, pagará tres euros al día por ida y vuelta, los 60 kilómetros que separan ambos lugares, siempre que la tasa del peaje se fije finalmente en su precio máximo”.
Y con estos cálculos el resultado será de 15 euros semanales, se irá a los 60 euros mensuales y a los 720 euros al año. “Una cifra disparatada que se incrementará de forma significativa en caso de que la distancia sea aún mayor”, señala el PP, que ya llevó a Pleno la propuesta de rechazar estos peajes, pero que no salió adelante.
MultAs DEsDE 500 EurOs en funCión de la edad
El botellón está prohibido en la Comunidad de Madrid desde el año 2002 Policía y Guardia Civil desalojan un botellón en La Atalaya donde participaban 100 personas
■Roberto Resino
Agentes de la Policía Local de Pinto y de la Guardia Civil desalojaron en la madrugada del sábado al domingo, 23 de mayo, un macrobotellón en el polígono industrial La Atalaya, donde estaban participando alrededor de cien personas.
En una operación conjunta de vigilancia entre ambos Cuerpos, con motivo del decaimiento de las restricciones por el estado de alarma, los agentes consiguieron echar del polígono al centenar de jóvenes que estaba realizando el botellón, prohibido en la Comunidad de Madrid desde el año 2002.
Es más, el pasado 7 de mayo, el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, anunció que el Gobierno regional, dentro del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM), incrementaría la vigilancia contra esta actividad ilícita, castigada con hasta 500 euros para menores de 18 años, y desde 600 euros en adultos.
También este fin de semana, la Policía Local de Pinto ha interpuesto hasta seis denuncias a establecimientos hosteleros, por incumplir el horario de cierre establecido.
TRas la AnulAción DEl ExpEDiEntE abieRTo al CooRdinadoR-Jefe Ciudadanos insta al Gobierno local a que termine con la “persecución” que sufre PIMER-Protección Civil
■R. Resino
La portavoz de Ciudadanos, Nadia Belaradj, ha manifestado su apoyo al coordinador-jefe de división de PIMERProtección Civil tras la anulación del expediente disciplinario y de las sanciones presentadas por parte del Ayuntamiento de Pinto.
“La juez deja claro que las pruebas documentales y testificales aportadas por el Ayuntamiento de Pinto no acreditan la realidad de los hechos y entran en contradicciones”, expresa Belaradjm que confiesa estar “cansada de la persecución que está sufriendo este servicio casi desde el inicio del mandato”.
A su juicio, “el PSOE tiene que dejar atrás la confrontación con empleados municipales, valorar el trabajo de todos los empleados públicos reconociendo su servicio al ciudadano y centrarse en la gestión del municipio”.
Por último y tras agradecer la labor del Cuerpo, la portavoz naranja señala que “desde Ciudadanos seguiremos apoyando un servicio fundamental que funciona correctamente y que está valorado positivamente por los pinteños”.
Ciudadanos Pinto muestra su apoyo al Cuerpo de PIMER
DEstinADO A fAMiliAs cuiDADOrAs de dependienTes o Con diveRsidad funCional El Ayuntamiento vuelve a sacar a concurso el programa de respiro familiar por 133.000 euros
■R. Resino
El Ayuntamiento de Pinto ha vuelto a sacar a concurso el programa de respiro familiar, destinado a apoyar a las familias cuidadoras de personas con diversidad funcional o dependientes. Y lo hace con un valor estimado del contrato de 133.767,63 euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar ofertas expira el 31 de mayo.
El pasado 15 de febrero finalizó el último convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Pinto y la Asociación de Personas con Discapacidad de Pinto (AMP), que prestaba este servicio. Y aunque se licitó, en abril quedó desierto, después de que ninguna empresa presentara oferta. Algo que se espera no suceda en esta ocasión y se adjudique el servicio para su ejecución, al menos, un año.