Diversas Pero No Dispersas Nº6

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INTRODUCCIÓN

Esta última entrega del año del Boletín del Equipo de Diversidad Sexual y de Género de AI España está dedicada a un tema crucial para el activismo y, en particular, para la lucha por los derechos de las personas LGTBI: el derecho a la protesta.

El derecho a la protesta, directamente ligado a los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de

reunión y manifestación, ha sido un arma fundamental a lo largo de la historia para conseguir el cambio social por el que todavía seguimos luchando. Por ello, vamos a revisar este derecho y esta herramienta de cambio social desde una óptica LGTBI. Desde el Equipo de Diversidad esperamos que os guste esta edición y que sirva para avivar la llama de vuestras (y nuestras) protestas.

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1. Al pie del cañón desde la universidad

El caso de las protestas LGTBI en la Universidad Técnica de Medio Oriente (Ankara, Turquía) a través de los ojos de uno de sus activistas

Descuelga el teléfono y me contesta con vídeo y audio. Ahí está, Ygit, un chico cisgénero y gay, estudiante del Grado de Historia en la Universidad Técnica de Medio Oriente de Ankara, también conocida como METU (por sus siglas en inglés).

A sus 23 años, con su raya de ojos negra y sus uñas pintadas de negro, nos describe, con mucha entereza, la inseguridad que viven las personas LGTBI y la comu-

nidad queer en Turquía. “Yo vengo de İzmir, una ciudad abierta donde he tenido la suerte de poder vivir libremente mi identidad”, empieza, y nos cuenta que, aunque casi toda su familia sabe que está fuera del armario, no se ha visto con valor suficiente para decirle a su padre que es homosexual.

Señala que la universidad es bastante liberal y progresista, y que ahí se siente cómodo para llevar maquillaje y mostrar

Grupo de estudiantes del campus de la Universidad

Por Saúl Castro, Equipo de Diversidad de AI España.

su expresión de género sin miedo. Éste no es el caso de toda la ciudad de Ankara, donde diferentes grupos ultraconservadores, como señala Ygit, han iniciado una lucha “por la familia” y por los “valores tradicionales” que ha puesto en el punto de mira a la comunidad LGTBI, con la connivencia del Estado y de las autoridades públicas; lo que hace que la ciudad ya no sea segura. “En los bares, muchas veces la policía entra y obliga a identificarse a las personas queer o con una apariencia no heteronormativa”, explica este joven, que reconoce no maquillarse ni vestir como le gustaría según en qué zonas de Ankara se mueva, para evitar ser objeto de violencia y de persecución policial.

Aun así, en METU se ha gestado un ambiente de libertad y relativa seguridad que ha permitido a Ygit, y a otros muchos estudiantes como él, vivir con tranquilidad sin tener que esconderse.

Esta situación se ha conseguido, en enorme medida, gracias a la asociación METU LGBTİQAA+ Solidarity, de la que nuestro interlocutor es parte junto con otra decena de estudiantes.

Esta asociación estudiantil, fundada en 1996 en la Facultad de Arquitectura, promueve la igualdad de género, lucha contra la LGBTIfobia y busca crear un espacio seguro en la universidad para las personas queer. Sorprendentemente, y dados sus casi treinta años de historia, la universidad nunca la ha reconocido como una asociación oficial. “Hemos intentado varias veces obtener reconocimiento oficial, pero o bien la administración nos ha rechazado nuestras solicitudes o, sencillamente, dicen que nunca lo hemos solicitado y que no han recibido ningún documento por nuestra parte”, manifiesta Ygit.

Además de denegarles el reconocimiento oficial (lo que ya lesiona su derecho a la libertad de asociación), las autoridades universitarias intentan boicotear cualquier tipo de actividad que organizan. “Nos desconectan la luz cuando organizamos proyecciones de cine LGTBI, nos encierran en el edificio cuando nos reunimos en aulas de la universidad… Pero nosotros no nos rendimos y nos quedamos haciendo nuestras actividades y conquistando estos espacios”, señala. Su respuesta: aguantar estoicos.

Tal como reconoce, las autoridades universitarias y la seguridad del campus no tienen facultades para detenerlos ni pedirles su tarjeta de identificación, por lo que no pueden identificarles sin su consentimiento, limitándose a apercibirles y hacerles la vida asociativa más difícil. Sin embargo, “las marchas del Orgullo es otro tema distinto”.

A pesar de que METU LGBTİQAA+ Solidarity ya llevaba años organizando marchas del Orgullo LGTBI dentro del campus, a partir de 2018 (coincidiendo con el cambio de rector de la universidad), la organización de estas protestas se convirtió en un campo de batalla. A raíz de la orden del gobernador de Ankara dictada el 18 de noviembre de 2017, todos los eventos LGTBI de la ciudad quedaron prohibidos por atentar contra “las sensibilidades sociales”, “la salud y la moralidad públicas” y “la protección de los derechos y libertades de los demás”.

A pesar de que, el 19 de abril de 2019, esta prohibición general fue declarada

contraria a derecho y nula por el Tribunal Administrativo Regional de Ankara, el calvario de los estudiantes de METU no había hecho más que empezar. Para el 10 de mayo de ese mismo año, METU LGBTİQAA+ Solidarity había convocado la 9ª Marcha del Orgullo en la universidad y, sin ninguna justificación, el rector de METU, Mustafa Verşan Kök, anunció su prohibición en un correo electrónico a estudiantes universitarios, profesores y exalumnos.

Pese a dicha prohibición, los estudiantes, organizados por los miembros de METU LGBTİQAA+ Solidarity, se reunieron en el campus en la fecha acordada para ejercer libremente su derecho a la protesta. Sin embargo, el rectorado había solicitado a la policía que interviniera para frenar dicha manifestación, permitiéndoles la entrada en el campus (recinto que está vedado a la entrada policial sin autorización expresa del rector).

El 10 de mayo, la manifestación ni siquiera pudo iniciar el recorrido. Fueron detenidos 21 estudiantes y se incoaron tanto expedientes sancionadores en la universidad como un procedimiento penal por parte de la Fiscalía contra 18 de esos estudiantes y un profesor. Ygit reconoce con alivio que, por suerte, él y otro compañero fueron los únicos miembros de la asociación que no fueron detenidos.

Sus 19 compañeros fueron acusados formalmente de “participar en reuniones o manifestaciones ilegales” y “resistencia” en virtud del artículo 32.1 de la Ley 2911. Hubo seis audiencias públicas, con presencia de observadores interna-

Celebración del Orgullo por parte de estudiantes en el campus de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU), en Ankara, Turquía, mayo de 2018. ©ODTU LGBTI+

cionales y de representantes de terceros estados, entre el 5 de agosto de 2019 y el 16 de julio de 2021, que fue cuando se dio traslado a los estudiantes encausados para preparar su defensa, prevista para el 8 de octubre de 2021. En dicha fecha, el tribunal eventualmente decidió absolver a los acusados.

Este hostigamiento no fue el único, tal como reconoce Ygit: “Los miembros de nuestra asociación fuimos objeto de campañas públicas de difamación, se nos señaló en periódicos afines al gobierno y la universidad retiró becas y préstamos a varios de mis compañeros con la justificación de que habían sido detenidos por participar en una manifestación ilegal”. Y concluye: “Quien hace de METU un lugar inseguro es el rector, que es completamente homófobo y lanzó deliberadamente a la policía contra nosotros”.

Nuestro entrevistado también se queda con lo positivo: “La mayoría de los estudiantes y del profesorado apoyan el trabajo de nuestra organización y han denunciado los abusos que se han venido cometiendo en el Orgullo desde 2019”, e indica que son asociaciones antiderechos de fuera de la universidad así como las autoridades del gobierno las que se oponen y atacan a METU LGBTİQAA+ Solidarity.

Ygit termina esta entrevista reflexionando sobre el significado del derecho a la protesta para él y para sus compañeros: “A pesar de que la situación de las personas LGTBI en Turquía lleva empeorando exponencialmente en los últimos años, manifestarme con mis compañeros me hace sentir que no estoy solo en la lucha por nuestra libertad y nuestras identidades”.

Diecinueve acusados/as que han pasado más de dos años y medio en espera de juicio por organizar el Orgullo en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de Ankara, Turquía, Fueron absueltos por los tribunales en octubre de 2021. ©AI

Una estudiante de METU sostiene una bandera arcoíris durante el Orgullo, en el campus universitario en 2019, Ankara, Turquía. © ODTU LGBTI+

2. “Nos trataron como a criminales”. El derecho a la protesta de las personas LGBTI en Polonia

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Las amenazas al derecho a la protesta de las personas LGBTI están a la orden del día. En el caso de Polonia, Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente las acciones de las autoridades y las fuerzas de seguridad que menoscaban sus derechos, además de reducir poco a poco su participación en los espacios públicos y su visibilidad en la sociedad civil.

Con el cambio de gobierno en 2015, el ambiente de hostilidad ha empeorado. Tras una investigación llevada a cabo entre octubre de 2021 y mayo de 2022, Amnistía Internacional ha publicado el informe They treated us like criminals. From shrinking space to harassment of LGBTI activists, que revela un escenario de violencia y discriminación sistémicas contra el colectivo LGBTI y quienes defienden sus derechos. Representantes del gobierno y figuras influyentes han presen-

tado al colectivo LGBTI como una amenaza para “los valores de la familia”, “la fe católica” o “el orden público”; y varias marchas del Orgullo han sido prohibidas arbitrariamente o se han reportado ataques a manifestantes.

Los procedimientos para organizar protestas LGBTI se han endurecido los últimos años. La Ley de Asamblea exige notificar al ayuntamiento entre 6 y 30 días antes la fecha prevista, pero para las marchas LGBTI se imponen obstáculos desproporcionados y “prohibiciones preventivas”. Alegan hacerlo para evitar una reacción hostil, cuando, paradójicamente, la protección policial suele ser inadecuada, en especial cuando hay contramanifestaciones violentas. La legislación internacional sobre derechos humanos recoge que las leyes nacionales pueden requerir notificación previa con el fin de movilizar

Por María Herreros, Equipo de Diversidad de AI España.

Activistas de derechos humanos crean una zona de bienvenida LGBTI con un gran arco iris hinchable frente a la embajada de Polonia el 4 de noviembre de 2021 en La Haya, Países Bajos. © Pierre Crom/ Getty Images

recursos para que la protesta transcurra con fluidez y seguridad. Sin embargo, la ausencia de notificación o un error administrativo no hace la protesta ilegal ni que se pueda dispersar o arrestar a manifestantes.

MARCHA DEL 20 DE JULIO

DE 2019 Ante la falta de protección policial, unas mil personas en Byałistok recibieron golpes con botellas, adoquines y petardos mientras eran insultadas por aproximadamente cuatro mil contramanifestantes (incluidos grupos de ultraderecha e hinchas deportivos).

Hasta 11 organizaciones denunciaron problemas con el proceso de notificación de las marchas en Sanok, Kalisz, Nowy Sącz y Rzeszów. Y entre 2018 y 2019, Amnistía Internacional documentó al menos ocho prohibiciones preventivas, contra las que se han pronunciado el defensor del pueblo polaco y el comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo.

Activistas de derechos humanos crean una zona de bienvenida LGBTI con un gran arco iris hinchable frente a la embajada de Polonia el 4 de noviembre de 2021 en La Haya, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images

Además de las barreras administrativas, la violencia contra las personas LGBTI también ha aumentado, en especial en el seno de la campaña de odio contra el colectivo iniciada por el gobierno en el periodo electoral en 2019. La ausencia de legislación específica sobre crímenes de odio y los obstáculos de las autoridades impiden que los ataques puedan denunciarse adecuadamente y sin miedo a represalias.

EN OCTUBRE DE 2020, Marta fue detenida por escribir en la fachada del Ministerio de Educación nombres de jóvenes LGBTI que se habían suicidado por homofobia. La policía registró su casa, recopiló sus huellas y ADN y la detuvo durante 48 horas.

El Ministerio de Educación declaró este acto “bárbaro”, fue acusada de quebrantar la Ley de Protección de Monumentos y se le impuso vigilancia policial.

En la “Noche Arcoíris” (7 de agosto de 2020), hubo protestas contra el arresto de la activista LGBTI Margot. La fuerza policial fue excesiva e innecesaria y se produjo un gran número de detenciones arbitrarias. La misma noche, otras 48 personas fueron arrestadas y acusadas en otras protestas, incluyendo transeúntes. Durante el arresto se les negó el contacto con familiares y representantes legales, y se hicieron inspecciones domiciliarias sin orden judicial. En 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra 41 personas por falta de pruebas.

No sólo las protestas suponen un riesgo, algo tan simple como mostrar una bandera arcoíris o escribir mensajes en la acera puede despertar una dura respuesta bajo distintas acusaciones: insulto público a un signo o símbolo del Estado, al sentimiento religioso o a un monumento.

EN SEPTIEMBRE 2020, Bart Staszewski colocó carteles “LGBT Free Zone” en las señales de tráfico de ciudades que así se habían declarado. Fue víctima de una campaña de desprestigio y de denuncias de distintas entidades.

“Lo que hice fue una instalación artística… Sólo expuse lo que las autoridades ya habían decidido.

Le puse cara”

Activistas de derechos humanos crean una zona de bienvenida LGBTI con un gran arco iris hinchable frente a la embajada de Polonia el 4 de noviembre de 2021 en La Haya, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images

Con este caldo de cultivo, en agosto de 2021 se presentó en el Sejm (Parlamento) un proyecto de ley conocido como “Stop LGBT”, que supondría la prohibición total de la “promoción de la ideología LGBTI” en espacios públicos y amenazaría el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Mientras que la propuesta sobre uniones civiles se rechazó tres veces, la propuesta “Stop LGBT” no fue rechazada, sino que pasó a un comité para su revisión.

Las personas que luchan contra la injusticia y la discriminación del colectivo LGBTI no deberían ser castigadas por su activismo pacífico, sino protegidas y apoyadas por el Estado. La intimidación y el acoso son una muestra más de la violencia y la discriminación sistemáticas y deliberadas en Polonia. Las personas LGBTI tienen derecho a vivir sin violencia, a la libertad de expresión y de reunión y a la no discriminación.

Las autoridades polacas tienen la obligación de respetar, proteger y asegurar los derechos de las personas LGBTI. Y deben hacerlo urgentemente.

Puedes consultar el informe completo y las demandas que Amnistía Internacional hace a las autoridades en este enlace:

3. La protesta LGTBI en el cine: Desde Stonewall hasta Chechenia.

Por Marcos Carrasco, autor del blog de cine @los10escalones.

El aura de Stonewall como el mito que encendió la llama se hace eco en un grupo de jóvenes reaccionarios que van madurando paralelamente a los episodios que conforman la historia LGTBI en Estados Unidos. Una llama encendida en 1969 y que hoy sigue provocando incendios. When We Rise, como testamento histórico y social, es un paseo de la mano de Clive, Roma y Ken y del resto de personas queer que dieron forma a una lucha durante décadas contra la discriminación y que, ya alejados de las calles, han pasado el testigo. La miniserie del guionista Dustin Lance Black, quien ya se acercó a estos temas exitosamente con el biopic del político Harvey Milk (Mi nombre es Harvey Milk), también de la mano de Gus Van Sant, uno de los pioneros de la sensibilidad queer en los noventa, cultiva al espectador como una página de Wikipedia desde un trono de privilegio y narcisismo. Eso sí, hablando con la importancia que toda historia de este calibre merece que sea contada y reconocida.

Estados Unidos, a pesar de su corta historia, acude recurrentemente a ella para dar lecciones más propias de instituto que de otra posición de madurez; sin ser capaces, fuera del cine indie, de llegar a su población si no es a través de biopics

y ensalzamientos patrios. En el resto del mundo no se hace con tanta frecuencia este activismo de enciclopedia, se busca más la subversión a través del arte, nos gusta menos hablar de nuestros logros y preferimos llamar la atención a través de creaciones que conformen un patrimonio al que podamos acudir cuando hablemos de nuestro progreso.

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En 1961, Víctima de Basil Dearden incomodaba a una Inglaterra en la que la homosexualidad era aún penada con prisión. En ella, el maravilloso Dirk Bogarde, un actor homosexual que con esta película rompía con su imagen de galán heterosexual incorrupto, daba vida a un abogado casado, obligado a llevar una doble vida por ser gay, que comienza a investigar la muerte de hombres homosexuales que estaban siendo chantajeados a causa de su orientación sexual. Esta película, que fue carne de censura, sirvió para abrir el camino al cambio legislativo que comenzaría a cerrar puertas a la discriminación en un país que era abanderado del viraje a la modernidad que se vivía en aquella década.

Del mismo año que Víctima (1961) es Diferente de Luis María Delgado, el primer exponente del cine queer español en plena dictadura fascista, un hacha de guerra disfrazado de musical flamenco que serviría de inspiración para la movilización cultural que tuvo lugar en España en décadas posteriores con Eloy de la Iglesia y Pedro Almodóvar como dos de los más claros referentes.

Es una obviedad decir que el trabajo y la figura de Pedro Almodóvar son parte insustituible del patrimonio cinematográfico que contribuye a nuestra evolución social, más allá de su valor cultural. Y fue el mismo Almodóvar quien, en 2017, quiso haber premiado con la Palma de Oro en Cannes,

como presidente del jurado de aquella edición, a la que es la obra magna sobre activismo LGTBI del cine moderno: 120 pulsaciones por minuto.

Esta película de Robin Campillo, que a su vez es lo más parecido que se ha hecho en Europa a un retrato histórico sobre la acción sociopolítica LGTBI, es un incendiario retrato del grupo Act Up en el París de principios de los noventa y una inmersión en el corazón de la lucha social. Aprovecha a un extraordinario Nahuel Pérez Biscayart para guiarnos desde lo emocional por la tragedia del VIH. Una crónica de una incansable batalla dispuesta a cambiar el mundo, una

fiesta en la que celebrar la vida y una manifestación en la que denunciar la muerte con el puño en alto.

Hemos hablado sólo de ficción cuando el documental es el principal arma audiovisual capaz de refrescarnos la memoria o de hablarnos de episodios de la historia que no hemos vivido y que conviene que vivamos a través de otros ojos para entender nuestro legado. También es el género que mejor refleja las realidades presentes, para empujarnos a librar las batallas con las que buscar justicia y seguir nutriendo el legado antes mencionado.

En 2020 nacieron dos obras con desgraciada urgencia en la actualidad. En Bienvenidos a Chechenia, el espíritu combativo del cineasta y periodista de investigación David France se adentra en las estrategias de un colectivo de activistas rusos para ayudar a escapar a ciudadanos chechenos de la purga que su gobierno lleva a cabo desde 2017 con el objetivo de “limpiar la sangre de su pueblo” y con el beneplácito del Kremlin. En el documental de France, abrimos los ojos hacia la pesadilla de Maxime Lapunov y a su supervivencia, la cual, junto a su arriesgada valentía, ha permitido poner cara y voz a una tragedia invisibilizada.

Por otro lado, en Una niña Sébastien Lifshitz pone el foco en la intimidad de Sasha para entender, sin teoría ni debates, con una mirada pulcra e inocente, pero con gran resonancia, las injustas dificultades de la realidad trans desde la infancia, y esto, ahora en España, nos atañe en exceso.

Como me digo en demasiadas ocasiones: “Falta mucho para que esta historia tenga un final adecuado, pero seguiremos intentándolo”. Quizás, a través del cine y la producción cultural, podamos intentarlo cada vez mejor.

4.

¿Qué está pasando en otros países?

Por el Equipo de Diversidad de AI España

En RUSIA, el pasado 25 de octubre,  el Quinto Tribunal de Casación de Piatigorsk confirmó la sentencia dictada en febrero de 2022, en la que se condenaba a Salekh Magamadov a ocho años de prisión y a Ismail Isaev a seis años tras declararlos culpables de los cargos falsos de “prestar ayuda a grupos armados ilegales”. Esta condena es absolutamente fabricada y responde a que Ismail Isaev (un hombre gay) y Salekh Magamadov (una persona no conforme con el género) eran moderadores de Osal Nakh 95, un canal de Telegram dirigido por jóvenes que, según informes, criticaba a las autoridades chechenas por su persecución a las personas LGTBI.

En ESLOVAQUIA, dos jóvenes LGTBI fueron asesinados a disparos en la entrada de un conocido bar LGTBI de Bratislava, durante la noche del 12 de octubre. El autor, que posteriormente fue encontrado muerto, había publicado antes del ataque un manifiesto con lenguaje violento y discriminatorio contra la comunidad LGBTI y el pueblo judío..

El 1 de septiembre, el Tribunal Revolucionario de Urmía (IRÁN) condenó a dos defensoras de derechos LGTBI (Zahra Sedighi-Hamadani, de 31 años; y Elham Choubdar, de 24 años) a pena de muerte por haber cometido el delito de “corrupción en la tierra”. Ambas han sido enjuiciadas como “delincuentes” por publicar contenido en internet que “fomentaba la homosexualidad” y que “desafiaba el estigma que rodea a las relaciones sexuales prohibidas por la religión”, según indicó la Guardia Revolucionaria en julio.

Activistas en la Plaza del Mercado de Rzeszow durante una manifestación de solidaridad con una activista LGBTI detenida en agosto de 2020. © Artur Widak/NurPhoto

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