MEMORIA DE IMPACTO 2012
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Aleksei sintió la necesidad de hacer algo por los demás cuando, habiendo sido encarcelado por la comisión de un delito, descubrió que “en las cárceles los reclusos no son considerados humanos, sino más bien animales a los cuales hay que humillar”. Ser testigo de tantos malos tratos y torturas le indignó de tal manera que, al salir de la cárcel, decidió intentar cambiar las cosas para los demás.
También los tribunales finalmente dictaminaron que el gobierno de Nigeria debía exigir responsabilidades a la empresa petrolífera Shell por contaminar el delta del Níger, y un tribunal holandés condenó a la multinacional Trafigura por verter residuos tóxicos en Costa de Marfil. Dos logros que contribuirán a poner contra las cuerdas a las empresas que ponen en peligro a las personas y los lugares donde viven.
Aleksei ha sufrido acoso debido a su trabajo en Base Legal, pero no está dispuesto a que le dobleguen, y sigue denunciando violaciones de derechos humanos en las prisiones. Tras haber sido detenido en 2009, salió de la cárcel y pudo intentar olvidarse de todo, pero decidió marcar la diferencia.
Finalmente, algunos responsables de crímenes atroces contra las personas fueron condenados, como Thomas Lubanga, ex líder de la milicia congoleña, Charles Taylor, expresidente de Liberia, o Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por la apropiación de niños y niñas en Argentina.
En la historia de Aleksei está, en grandes dosis, el sentido de todo lo que hacemos en Amnistía Internacional. No tenemos ninguna duda de que el mundo sería un lugar mejor si nos tomáramos las injusticias como algo personal, y nos uniéramos a los demás para cambiar el mundo.
También 2012 nos deparó alegrías en nuestra campaña por la regulación del mercado internacional de armas en la ONU. Hicimos un último gran esfuerzo de presión durante todo el año, recompensado eso sí, ya que el Tratado sobre el Comercio de Armas fue finalmente adoptado en 2013. Un logro histórico.
En el ámbito internacional, el año 2012 nos ha traído no pocas alegrías, como la adopción en la ONU de su cuarta resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital. La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte sigue más viva que nunca.
En España, nuestra principal preocupación ha sido el impacto en la vida de la gente de algunas medidas tomadas por el Gobierno en el contexto de la crisis económica. Lamentablemente algunas, como las tomadas en el ámbito de la salud o de la vivienda, han sido violaciones de derechos hu-
manos con todas las letras. También hemos documentado que, durante este periodo, las fuerzas de seguridad han hecho en ocasiones un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y que algunas autoridades han estigmatizado a defensores de derechos humanos. Afortunadamente también hubo buenas noticias, como la decisión del Tribunal Constitucional de declarar los matrimonios entre personas del mismo sexo acordes con la Constitución española, o el anuncio del Gobierno de que dejarían de realizarse controles de identidad con sesgo racial y redadas masivas, aunque en este caso todavía hay un trecho entre la teoría y la realidad. Como decía anteriormente, el mundo necesita que nos tomemos la lucha por la justicia y la libertad como algo personal, no como algo ajeno que no nos afecta. Posiblemente, Aleksei Sokolov nunca imaginó que su vida le iba a llevar por esos derroteros, pero cuando se despidió en nuestras oficinas antes de regresar a su país, tuvimos la certeza de que el mundo sería un lugar peor sin él.
Gracias por tu apoyo,
Alfonso López Borgoñoz Presidente de Amnistía Internacional España
© AI — Aleksei Sokolov y activistas de Amnistía Internacional Madrid
LA JUSTICIA COMO ALGO PERSONAL
El pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, invitamos a venir a España a Aleksei Sokolov, defensor de derechos humanos y fundador de Pravovaia Osnova (Base Legal), una pequeña organización que lucha por los derechos de las personas recluidas en cárceles rusas.
ESPAÑA Las crisis económicas no puede convertirse en crisis de derechos humanos, y esto es lo que está pasando en España, ya que algunas medidas tomadas por las autoridades, tanto a nivel estatal como autonómico, constituyen violaciones de los derechos humanos. Por eso redoblamos esfuerzos en 2012 en defensa del derecho a la salud y la vivienda, y contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones pacíficas.
ciudades. Muchas de las investigaciones fueron papel mojado; algunas incluso no prosperaron porque los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme. Amnistía Internacional se dirigió al Secretario de Estado de Seguridad, al Ministerio de Interior y al Consejero de Interior del País Vasco. A este último, para que investigara la muerte de Íñigo Cabacas por el uso de pelotas de goma por parte de la ertzaintza.
Ya en el primer trimestre del año, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, visitó España para reunirse con miembros del gobierno, grupos parlamentarios del Congreso, representantes del poder judicial y de la sociedad civil, y con víctimas. El principal objetivo: presentar una agenda de derechos humanos para el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, en un contexto de crisis económica. El Congreso, por su parte, se comprometió a evaluar el Plan de Derechos Humanos de la anterior legislatura y a adoptar uno nuevo.
En el plano positivo, una de las grandes noticias del año fue la decisión del Tribunal Constitucional de declarar los matrimonios entre personas del mismo sexo acordes con la Constitución española. Mostramos nuestra satisfacción ante la sentencia y recordamos que los Estados no deben discriminar a ninguna persona por su orientación sexual y su identidad de género.
Presentamos un informe sobre España al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas con preocupaciones sobre desalojos forzosos y el impacto en medidas de protección contra la violencia de género y en el derecho a la salud, entre otros. El Comité adoptó una serie de recomendaciones útiles y envió una carta a todos los Estados miembros sobre las obligaciones de derechos humanos en tiempos de crisis. También seguimos muy de cerca los desalojos forzosos en Puerta de Hierro y Cañada Real en Madrid. En el primer caso logramos que la alcaldesa se comprometiera a estudiar un plan de realojo y que el Defensor del Pueblo abriera una investigación de oficio. En el segundo caso, consideramos una victoria que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenara la suspensión del desalojo de una familia hasta que las autoridades no garantizasen un alojamiento alternativo adecuado. Amnistía Internacional facilitó que el Relator Especial de Naciones Unidas responsable de estos asuntos conociera ambos asentamientos. Tras su visita concluyó que la situación era inaceptable y declaró que España debía encontrar una solución integral para estas víctimas.
En relación al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, la organización presentó en Argentina el informe Casos cerrados, heridas abiertas: El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, que tuvo un amplio impacto mediático. Ante la indefensión de las víctimas en nuestro país, la organización pidió a la justicia argentina que continuara con la investigación. Más información en: www.es.amnesty.org/paises/espana
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Otro asunto que centró nuestra atención fueron las denuncias de abusos policiales por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones que se celebraron durante el año en diferentes
Dentro del ámbito de la discriminación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asestó un varapalo judicial al gobierno español por no investigar la discriminación sufrida por Beauty Solomon, mujer nigeriana que, en julio de 2005, fue insultada y agredida por agentes de la Policía Nacional en plena calle. El caso de Beauty había sido denunciado por Amnistía Internacional en sus informes Sal en la Herida y Parad el racismo, no a las personas. El gobierno español -además de indemnizar a Solomon- anunció que no se harían más controles de identidad con sesgo racial y redadas masivas. La Dirección General de la Policía, siguiendo las peticiones de la organización, derogó la circular que permitía el traslado a comisaría de las personas que, habiendo mostrado su identidad, no pudieran demostrar su situación de regularidad en España.
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PENA DE MUERTE Aunque en 2012 se produjeron algunos retrocesos en la lucha contra la pena de muerte, hay señales positivas que indican que la tendencia hacia la abolición de esta práctica cruel se mantiene intacta. Letonia se convirtió en el país número 97 en abolir la pena capital, Singapur mantuvo una moratoria de las ejecuciones, Ghana indicó que establecería la abolición en su nueva Constitución, mientras que Benín y Mongolia ratificaron un tratado internacional por el que se comprometieron a abolir esta pena. Otros países como Bahréin y Vietnam, habituados a aplicar la pena capital, no llevaron a cabo ninguna ejecución en 2012. Los avances también se registraron en el continente americano. Guatemala conmutó 53 condenas de muerte tras revisar la Corte Suprema de Justicia los casos de todos los condenados a la pena capital, mientras que en Estados Unidos solo se realizaron ejecuciones en nueve de sus estados (frente a los 13 de 2011). En abril, Connecticut se convirtió en el estado abolicionista número 17 del país. En agosto, y tras más de 30 años sin recurrir a la pena de muerte, Gambia ejecutó a nueve personas y su presidente anunció que ejecutaría al resto de condenados. Sin embargo, gracias en buena medida a la campaña puesta en marcha por Amnistía Internacional y a la presión ejercida dentro y fuera del país, el presidente de Gambia rectificó y anunció la suspensión de las ejecuciones. Un gran éxito empañado por las ejecuciones previas. Para finalizar el año, la Asamblea General de la ONU adoptó su cuarta resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital, que fue apoyada por 111 países. Más información en: www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte
POBREZA Durante 2012, Amnistía Internacional siguió haciendo campaña y denunció los abusos que dejan en la pobreza a millones de personas en el mundo.
Un tribunal holandés confirmó la condena a la empresa multinacional Trafigura, lo que supuso un importante avance hacia la justicia para las miles de personas afectadas por el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil. En Port Harcourt, Nigeria, el primer ministro ordenó el cese de todos los desalojos tras haber notificado el gobernador del estado de Rivers que iba a derribar las viviendas. Para responder a esta amenaza, enviamos un aviso de alerta a nuestra Red de Respuesta Rápida a los Desalojos Forzosos y una Acción Urgente a las autoridades del lugar. En paralelo, se pidió a los activistas que inundaran de mensajes las páginas de Facebook y Twitter del gobernador. ¡Se publicaron más de 600 mensajes en su muro! Finalmente una delegación de Amnistía Internacional se reunió con el comisario de Urbanismo, quien comunicó que se paralizaría el desalojo temporalmente. ¡Todo un éxito! Por otra parte, algunas comunidades indígenas sufrieron presiones y en ocasiones desalojos forzosos. Amnistía Internacional se congratuló del acuerdo alcanzado entre las autoridades paraguayas y el propietario de unas tierras de la región central del país que permitía la vuelta de los Yakye Axa a sus tierras ancestrales. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso fin a una batalla jurídica emprendida hace diez años por el pueblo indígena Sarayaku, tras dictaminar que el Estado de Ecuador había violado el derecho de la comunidad a ser consultada, así como sus derechos a la propiedad comunal y a su identidad cultural. Amnistía Internacional declaró que la sentencia llegaba en un momento clave para los pueblos indígenas porque en América se les estaba negando su derecho a participar en decisiones que a menudo tienen consecuencias devastadoras para su supervivencia. El pueblo indígena Sarayaku y Amnistía Internacional elaboraron conjuntamente el documental Los descendientes del Jaguar sobre la lucha de la comunidad para defender sus derechos, que obtuvo el Premio al Mejor Documental del Festival de Cine “All Roads” de National Geographic en su edición de 2012.
Más información en: www.es.amnesty.org/exigedignidad
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El tribunal de justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental declaró responsable de los abusos cometidos
por las compañías petroleras al gobierno de Nigeria y dictaminó que debía exigir responsabilidades a dichas empresas, principalmente a Shell.
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Kaing Guek Eav, alias Duch © Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
PRIMAVERA ÁRABE Dos años después de las primeras protestas que se propagaron por el norte de África y Oriente Próximo continuaron la lucha por la libertad y la justicia. Amnistía Internacional dedicó muchos esfuerzos al trabajo por los derechos humanos en la región. Pero en ningún lugar como en Siria ha sido tan alto el coste humano. Desde que comenzó el conflicto han muerto más de 100.000 personas y más de 1.300.000 han huido buscando refugio en las vecinas Jordania, Líbano, Turquía e Irak, y a otros países del norte de África. En el interior de Siria hay al menos dos millones de personas desplazadas.
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Gracias al trabajo sin descanso de los activistas de Amnistía Internacional y otras organizaciones, el mundo es un lugar cada vez más pequeño para los autores de crímenes atroces contra la humanidad. Nuestro objetivo es que los gobiernos cooperen con la Corte Penal Internacional y entreguen a las personas sospechosas de haber perpetrado crímenes de derecho internacional. En 2012 celebramos la condena histórica de Thomas Lubanga Dyilo. El ex líder de la milicia congoleña fue condenado a 14 años de prisión por reclutar y usar a niños y niñas menores de 15 años en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC) entre 2002 y 2003. Otra condena histórica fue la del Tribunal Especial para Sierra Leona contra Charles Taylor, a quien declaró culpable de 11 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Amnistía Internacional llevaba investigando los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Sierra Leona desde 1992. En Guatemala, país que ratificó el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional en 2012, se dictaron una serie de sentencias clave como la condena de paramilitares guatemaltecos a penas de casi 8.000 años de prisión por su intervención en la masacre de indígenas en 1982. Pedro García Arredondo, ex jefe del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional, también fue condenado a 70 años de prisión, mientras que el general retirado José Efraín Ríos Montt se enfrentó a un tribunal por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Su condena a 80 años de prisión llegó en 2013, aunque ha sido recurrida y el caso Ríos Montt se encuentra en un limbo legal. Otras importantes sentencias históricas fueron las de los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante el régimen militar argentino (1976-1983), siendo condenados a 50 y 15 años de prisión respectivamente. La sentencia alcanzó a otros siete exmilitares, entre ellos un médico que actuaba en partos clandestinos. En Camboya, la condena definitiva dictada contra Kaing Guek Eav, alias Duch, fue un importante paso hacia la rendición de cuentas. Duch fue hallado responsable de la muerte de al menos 12.272 hombres, mujeres, niños y niñas entre 1975 y 1979, mientras dirigía la “S21”, una cárcel secreta del Jemer Rojo en una antigua escuela de Phnom Penh. Más información en: www.es.amnesty.org/campanas/justicia-internacional 5
Amnistía Internacional envió un equipo de investigación que documentó torturas, represión, homicidios deliberados y otros abusos por parte de las fuerzas armadas sirias, así como de los grupos rebeldes. Recogimos firmas en distintos momentos del año y presionamos a los gobiernos de China y Rusia para que permitieran al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar la imposición de sanciones al gobierno sirio si no dejaba de utilizar armas pesadas ni retiraba las tropas de las ciudades. En Bahréin continuaron las protestas y Amnistía Internacional centró su trabajo en la denuncia de los juicios de decenas de personas ante tribunales militares, como el de varios profesionales de la salud o activistas de la oposición. La organización lanzó el informe Bahréin: Las reformas se archivan, la represión se desata para denunciar la falta de progreso en las reformas prometidas tras el informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI). Esta comisión fue creada por las autoridades del país para investigar los abusos que tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno en 2011. Durante el año 2012 también publicamos importantes informes sobre Libia, incluido el titulado Somos extranjeros, no tenemos ningún derecho, que examina la terrible situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Libia. La organización también publicó un manifiesto con los diez pasos para promover los derechos humanos en el país. En Egipto, coincidiendo con el aniversario de la caída de Mubarak, se repitieron las protestas con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. En junio se informó a la Embajada de Egipto de las preocupaciones de Amnistía Internacional en torno al juicio del expresidente Hosni Mubarak, que fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de manifestantes durante la Revolución del 25 de Enero. En octubre, a los 100 días de su mandato, el presidente Morsi anunció una amnistía para todas las personas detenidas o juzgadas por participar en las protestas desde enero de 2011. Esta era una petición de la organización. En Túnez, un año después de que el expresidente Zin el Abidín ben Alí huyera del país, las autoridades tomaron algunas medidas positivas como firmar importantes tratados de derechos humanos y permitir mayor libertad a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos. En cuanto a Yemen, se le hizo llegar a las autoridades la Agenda del Cambio en Derechos Humanos y un informe que documentaba las violaciones de las leyes de la guerra durante el conflicto armado. Dicho informe presentaba las conclusiones de una delegación de Amnistía Internacional que realizó una visita de investigación a Yemen en junio y julio de 2012. Más información en: www.es.amnesty.org/crisis-norte-africa-oriente-medio
COMERCIO INTERNACIONAL DE ARMAS 2012 fue un año crucial en la negociación del tratado internacional sobre el comercio de armas, que finalmente se firmó en 2013. Amnistía Internacional se volcó en todo el proceso con un equipo de trabajo coordinado por Brian Wood, una de las personas que identificó hace más de veinte años la necesidad de llegar a regular este mercado en el mundo. La Conferencia de la ONU sobre el Tratado Internacional de Comercio de Armas (TCA) se celebró en el mes de julio con resultados positivos, ya que el borrador del tratado prohibía las transferencias de armas en caso de existir riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos. Lamentablemente, países como China, Rusia y Estados Unidos actuaron para retrasar la firma del tratado y la negociación solo concluyó con una declaración de los más de 90 países en la que reiteraron su compromiso para que el proceso culminara con éxito lo antes posible. Finalmente, tras meses de intenso trabajo y de presión, el 2 de abril de 2013 el Tratado fue adoptado gracias a los votos de 155 países. En el marco de la campaña de exportaciones de armas españolas, Amnistía Internacional presentó junto con Intermon Oxfam, Greenpeace y Fundació per la Pau dos informes con los análisis de las exportaciones efectuadas en el año 2011. Más información en: www.es.amnesty.org/campanas/armas
“En nombre propio, de la Fundación y de mi familia, queremos reconocer y agradecer su solidaridad con nuestro trabajo y con nuestra vida, a través de la campaña sistemática que han mantenido a raíz de las amenazas de muerte de las cuales hemos sido objeto en los últimos años. Agradecemos nuevamente su apoyo y las acciones que han contribuido a salvar nuestras vidas”.
DERECHOS DE LAS MUJERES Uno de los grandes éxitos del año en este ámbito fue la resolución adoptada en noviembre por el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU contra la mutilación genital femenina. La resolución contiene recomendaciones concretas para prevenir esta práctica, para proteger a las niñas en peligro, poner fin a la impunidad y prestar servicios de apoyo a quienes padecen sus secuelas de por vida. Amnistía Internacional consideró la resolución de vital importancia e instó a los gobiernos a poner en práctica estas recomendaciones con carácter urgente. En Filipinas se adoptó una nueva ley que elimina algunas barreras que obstaculizaban el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En Nicaragua se aprobó una Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que daba luz verde a la creación de nuevos juzgados especializados para abordar la violencia de género y tipificaba el feminicidio como un delito. Las organizaciones locales aseguran que supone un importante avance y que la presión de Amnistía Internacional había contribuido a su aprobación. En cuanto a la violencia sexual en República Democrática del Congo, la nueva ministra de justicia de este último país recibió más de 100.000 firmas enviadas por Amnistía Internacional y se comprometió a luchar contra la impunidad. También anunció que publicaría una hoja de ruta con los ejes prioritarios de su gobierno en materia de justicia y derechos humanos, aunque se siguen cometiendo abusos sexuales en este conflicto armado. En España, volvimos a denunciar en noviembre, a través un nuevo informe de investigación que tuvo amplio impacto público, los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres cuando acuden a los juzgados especializados de violencia. Más información en: www.es.amnesty.org/temas/mujeres/violencia-contra-las-mujeres
Norma Cruz, defensora de los derechos humanos guatemalteca.
“Hay momentos en los que te sientes solo. Es más, momentos en que te caes. No hace mucho, yo también caí. Sin conocerme, habéis venido y me habéis levantado”.
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Manolis Kypraios, periodista griego agredido por la policía en una manifestación.
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PERSONAS EN RIESGO Un año más, nuestros activistas han dado lo mejor de sí para defender a personas con nombre y apellido en situaciones de riesgo. Como Halil Savda. Un tribunal de Turquía absolvió a este objetor al servicio militar y a otros tres hombres del cargo de “distanciar a la opinión pública del servicio militar”, que es delito según el Código Penal de Turquía. Para Amnistía Internacional supuso un triunfo de la libertad de expresión. En Myanmar, en virtud de la amnistía concedida por el presidente, casi 300 presos y presas políticos fueron puestos en libertad. Entre ellos, disidentes muy reconocidos y personas por las cuales Amnistía Internacional llevaba mucho tiempo trabajando.
© AI Ricardo Ramirez Arriola
En México, y tras casi tres años de encarcelamiento injusto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso en libertad a los presos de conciencia José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz. Ambos líderes indígenas nahuas habían trabajado durante años para asegurar el acceso al agua de su comunidad. Trabajamos intensamente, entregando 30.000 firmas en su apoyo a las autoridades, y asistiendo a numerosas reuniones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
En 2008, el ejército de Colombia ejecutó extrajudicialmente a 17 jóvenes de Soacha y mintió cuando los presentó como guerrilleros muertos en combate. Desde entonces, sus madres han trabajado incansablemente para conseguir justicia, y Amnistía Internacional les ha acompañado en esta lucha. Una buena noticia llegó en abril de 2012, cuando un tribunal de Bogotá condenó a seis militares por el asesinato de Fair Leonardo Porras Bernal, el hijo de una de las madres de Soacha. Luz Marina declaró: “De algo estamos todos y todas seguras y es de que esto se ha logrado gracias al apoyo de Amnistía Internacional. Aquí no nos cansamos de repetirlo y de darles las gracias”. También en Colombia fue condenado el subteniente Raúl Muñoz Linares por el asesinato y la violación de Jenni Torres, de 14 años, así como por el asesinato de los hermanos de esta y la violación de otra niña. Nuestros activistas de la Red de Acciones Urgentes trabajaron en este caso. El bloguero Maikel Nabil Sanad, condenado a tres años de cárcel por criticar el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército egipcio contra manifestantes y por objetar al servicio militar, fue indultado junto con otros 2.000 presos tras pasar 10 meses en prisión. “Le estoy muy agradecido por todos los esfuerzos que ha realizado la organización para conseguir mi liberación y quiero que sepan que recibí cientos de cartas de miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo y que estas cartas me ayudaron a seguir luchando y a mantener mi esfuerzo contra el Consejo Militar en Egipto. Mi mensaje para ustedes es: ‘me habéis ayudado a llegar a este día, me habéis ayudado a ser mejor. Muchas gracias’”. 7
“Hoy siento una profunda gratitud por estar vivo y ser un hombre libre. Aunque mi excarcelación es provisional, temo que, sin el apoyo de Amnistía Internacional, aún seguiría encerrado. Alzo mi voz por Amnistía porque alzó su voz por mí. Por favor, únanse a mí para defender los derechos humanos con Amnistía Internacional”. Jean-Claude Roger Mbede, estudiante camerunés condenado por ser homosexual.
El director de la organización palestina de derechos humanos Al Haq, Shawan Jabarin, recibió permiso para asistir a una reunión de las Naciones Unidas en Ginebra, a pesar de la prohibición de viajar impuesta por el ejército israelí cuya anulación habíamos solicitado en varias ocasiones. Ronak Safazadeh, miembro de dos ONG que promueven los derechos de las mujeres en Irán, fue puesta en libertad tras casi cinco años en prisión. La organización la consideraba presa de conciencia por haber sido recluida por su trabajo pacífico por los derechos de las mujeres y por los derechos de la minoría kurda en Irán. La madre de Ronak agradeció varias veces a Amnistía Internacional todo el apoyo dado a su hija. Tras meses haciendo campaña por Layla Ibrahim Issa Jumul e Intisar Sharif Abdallah, las dos mujeres sudanesas condenadas a lapidación por adulterio, Amnistia Internacional pudo celebrar la puesta en libertad de la primera el día en que la organización hacía entrega de 120.000 firmas contra las lapidaciones en Sudán y mantenía una reunión en la embajada de ese país en Madrid. Intisar Sharif Abdallah, había sido liberada previamente. La organización agradeció el apoyo de las 120.000 personas que respaldaron esta acción con su firma.
OTROS En México, a pesar de que el 2012 fue un año terrible para los derechos humanos, la Cámara de Diputados aprobó dos leyes: la Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Ley General de Víctimas. Aquí queremos destacar los esfuerzos de ONG de derechos humanos y de los senadores que impulsaron estas leyes como un buen ejemplo de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió sobre la necesidad de que se refuercen las capacidades de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) al objeto de proteger mejor a los civiles de la amenaza de los grupos armados. También en este país se impusieron sanciones a cinco oficiales del M23, que incluyeron la congelación de bienes y la prohibición de viajar al extranjero.
Nuestra Red de Acciones Urgentes, que se activa cuando tenemos noticia de que alguien en el mundo se encuentra en situación de riesgo extremo, contaba el 31 de diciembre de 2012 con 92.416 activistas. Nuestro Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos acogió en 2012 a cuatro familias amenazadas en su país. Más información en: www.es.amnesty.org/rau
LA INDEPENDENCIA ES NUESTRA FUERZA NUESTRAS CUENTAS En 2012, nuestros ingresos rebasaron los 7,6 millones de euros, que fueron destinados a apoyar nuestro trabajo por los derechos humanos en todo el mundo.
90,7%
Ingresos de cuotas de socios/as
Donaciones, herencias y legados
7,3% 2%
58%
Derechos humanos y movilización
Ventas y otros
INGRESOS
GASTOS
16%
Apoyo organizativo
26%
“Amnistía Internacional [...] nos ha ayudado a mantener viva una pequeña llama de autorrespeto, nos habéis ayudado a conservar la luz y esperamos que estéis con nosotros en los próximos años, que podáis sumaros a nuestros sueños y que [...] nos ayudéis a ser un país donde se fundan la esperanza y la historia”. Declaraciones de Aung San Suu Kyi en Oslo (Noruega) tras recibir el premio Nobel de la Paz que le fue concedido en 1991, y que entonces no pudo recoger por estar bajo arresto domiciliario.
SOMOS ACTIVISTAS El mundo necesita gente dispuesta a tomarse las injusticias como algo personal, así como el compromiso de los miles de activistas que apoyan y trabajan codo con codo en nuestra organización para hacer de este mundo un lugar más justo y libre. Queremos ser cada día más, y ofrecemos a todas las personas diferentes oportunidades de colaboración, a la medida de cada cual. El número de activistas, organizados en 111 grupos locales o autonómicos en toda España, siguió creciendo en 2012 hasta rebasar los 2.400. También crecimos en las principales redes sociales de Internet, donde nuestra comunidad de seguidores alcanzaba a final de 2012 las 173.000 personas. Desarrollamos nuestro trabajo con total independencia económica y política. Somos una organización que no admite subvenciones de Gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos para el trabajo de investigación y campañas. Así preservamos nuestra imparcialidad y libertad de acción. Somos una asociación declarada de utilidad pública. ATD Auditores Sector Público realiza la auditoría externa de cuentas. Más información en: www.es.amnesty.org/quienes-somos 8
Aportación internacional al trabajo de investigación y campañas de Amnistía Internacional en todo el mundo.
NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS A pesar del difícil momento que vive España, Amnistía Internacional terminó el año creciendo hasta los 66.977 miembros (36.360 socias y 30.617 socios). El crecimiento neto fue del 3,44%. Socias Socios Total (% crecimiento) 2012 36.360 30.617 66.977 (3,44 %) Año
2011 34.997 29.759 64.726 (3,81 %) 2010 33.461 28.928 62.389 (7,85 %) 2009 30.484 27.325 57.809 (9,93 %) 2008 27.460 25.212 52.672 (10,17 %) 2007 24.497 23.055 47.552 (10,17 %)
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