uNa seleccióN de
martes 23 de febrero del 2016
Nº 6951
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eleconomista.mx
SURA, BANAMEX E INVERCAP, LAS MÁS CUMPLIDAS: CoNSAR
Avanzaron en calidad, eficiencia, cobertura, atención y servicios que brindan las administradoras, según el comparativo anual que realiza la comisión En el 2015, de las 11 afores, sura, Banamex, invercap, XXi Banorte y metflife fueron las que cumplieron La Comisión nacional del sistema de manera más satisfactoria con los de ahorro para el Retiro (Consar) dio lineamientos de la Consar al realizar a conocer los resultados de su Com- este ranking, ocupando los primeros parativo anual en servicios (Cas) de cinco lugares. Le siguieron Princilas administradoras de fondos pa- pal, Profuturo GnP, PensionisssTE, ra el retiro (afore), y muestra la cali- Coppel, azteca e inbursa El comparativo que realiza la codad, eficiencia, cobertura, atención misión anualmente se compone de y servicios de las entidades.
Juan Tolentino Morales el economista
$35,421 millones
PERUJO
foto: shutterstock
Afores mejoraron servicios en el 2015
Sura ocupó el primer sitio en promover el ahorro voluntario de los trabajadores.
10 variables agrupadas en cuatro inPromover el ahorro voluntario dicadores globales. —sura, Banamex y Profuturo GnP, las entidades más comprometidasVARIABLES mostró un crecimiento de 33.5% en En calidad operativa, se mide la ra- el monto global, así como en el núpidez y efectividad para realizar los mero de trabajadores que realizaron 15 servicios más relevantes para los dichas aportaciones. Los puntos en los que los ahoahorradores. Destacan metLife, seguida de PensionisssTE y Profutu- rradores pueden realizar aportaciones voluntarias ascendieron a 4,328 ro GnP. En la calidad de atención y ser- en diciembre del 2015; sin contar los vicio sobresalen sura, Principal e 4,600 que se sumaron con las tiendas 7-Eleven, Telecomm, Círculo K invercap. En cobertura se mide la canti- y Extra, al ser la Ciudad de méxico dad y calidad de los canales de aten- la que concentra una mayor cantición que tienen las afores para aten- dad de lugares para realizar aportader al público, al tomar el número ciones, con 20% del total a nivel nade sucursales y el tipo de servicios cional, seguida del Estado de méxico, que se ofrecen en cada sucursal. En con 19%; Veracruz, con 12%; Jaliseste rubro, invercap, inbursa y Ba- co, con 11%, y Guanajuato, con 7 por namex fueron las entidades mejor ciento. posicionadas. juan.tolentino@eleconomista.mx
Banca, con ventaja en entorno volátil: iFF Limitada exposición a deuda emitida por europeos Yolanda Morales el economista
Los BanCos mexicanos tienen una limitada exposición a la deuda emitida por bancos europeos, lo que marca una ventaja en el entorno de volatilidad, advierten analistas del instituto internacional de Finanzas (iiF). Basándose en cifras del Banco de Pagos internacionales (Bis, por su sigla en inglés), evidencian que los títulos emitidos por instituciones financieras de Europa, en poder de bancos de operación doméstica, así como los préstamos de contrapartida, representan apenas 10% de los
que guardan con bancos de Estados Unidos. además, acota aparte el analista de moody’s, David olivares, los bancos mexicanos suelen fondearse en el mercado doméstico, lo que limita también la exposición al deterioro de bancos de aquella región. Los tres bancos europeos de mayor operación en méxico son BBVa, santander y HsBC. según estadísticas consolidadas de la banca, emitidas por el Bis, la exposición financiera de bancos a sus similares de Estados Unidos fue de 4,486 millones de dólares, en el tercer trimestre del año pasado. ymorales@eleconomista.com.mx
una selección de
foto ee: miguel blancarte
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
Apremios del sistema penal
La sentencia favorable abarca la revisión del buzón tributario, detalló la Procuraduría.
Juez otorgó 27 amparos contra e-contabilidad Durango ha interpuesto 10 demandas, detalla la Prodecon Paulina Gómez Robles eL eCOnOMistA
EL SEGUNDO Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, otorgó amparos a 27 contribuyentes contra el envío de la contabilidad electrónica. La Prodecon explicó que con la sentencia, el juez segundo declaró inconstitucional el artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federación (CFF), que abarca el envío de la e-contabilidad y la revisión electrónica del buzón tributario. Como defensor del derecho de los contribuyentes en el país, la procuraduría presentó 1,017 amparos a nivel nacional en contra de la contabilidad electrónica, obligatoria a partir de este año para toda la base de contribuyentes. Los estados con mayor número de demandas son: Baja California (80), Baja California Sur (73); Hidalgo (196), Nayarit (175), y Tabasco, con 76 amparos y Durango con (10). Del universo de amparos promovidos por la Prodecon, 470 estuvieron a cargo del segundo juez de Distrito, del que ya se hizo referencia, y al 17 de febrero se han ganado 27, y se espera que los restantes vayan en la misma línea. ARGUMENTOS
La sentencia expone que el sistema de registro contable establecido por el SAT es innecesario, complejo, sofisticado y aleja de los fines propuestos por el Ejecutivo Federal. Aunado a que los requisitos que prevé para la elaboración y presentación de la contabilidad, no son de fácil comprensión e interpretación para todas las personas, en clara contravención de los diversos postulados básicos de la contabilidad. Prodecon confió en que los cientos de amparos que promovió ante el juez obtengan una sentencia favorable y la decisión final la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La SCJN podría crear una comisión de secretarios que estudie los temas propuestos en las sentencias. A nivel nacional, se tienen entre 38,000 amparos contra la contabilidad electrónica. karla.gomez@eleconomista.mx
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a insuficiente armonización legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituían los principales obstáculos para la implementación del Sistema de Justicia Penal, al arranque del sexenio. Ahora, a punto de que expire el plazo otorgado en la reforma constitucional para concluir ese proceso, existe el riesgo de que el sistema entre en operación a nivel estatal sin que se encuentre consolidado. La advertencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que auditó los programas de la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura Federal, es tajante: aunque el sistema entre en operación en las entidades federativas en junio próximo, mientras no se encuentre consolidado, podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente a nivel estatal. A cuatro meses de que expire el plazo de ocho años impuesto por el poder legislativo para la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio. El periodo transitorio era necesario para dotar de la infraestructura y la capacitación necesarias a los servidores públicos del nuevo modelo penal. Un esfuerzo transversal que —visto en retrospectiva— avanzó con velocidades distintas a lo largo del aparato judicial. La implementación del nuevo sistema se ralentizó por la politización de la reforma de justicia penal. La asignación de recursos se subordinó a otros objetivos públicos. Y lo que era peor: las entidades federativas carecían de la base técnica legislativa para la implementación y operación del sistema, de una metodología para el desarrollo de la infraestructura, y además resentían la ausencia de un modelo de gestión. El Presupuesto de Egresos para el 2014 destinó 117.8 millones de pesos para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. Ese año, la secretaría técnica otorgó 73 asesorías a 23 gobiernos estatales que requirieron apoyo normativo y otras 22 asesorías para proyectos de infraestructura, de las cuales 20 fueron para Durango. La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) también ofreció 750 cursos a las entidades federativas y al cierre del 2014 había instruido a 31,732 servidores públicos, apenas 10% de los 292,279 por capacitar. Ese año, la Secretaría de Gobernación destinó 1,000 millones de pesos para sufragar 1,088 proyectos autorizados; de éstos, casi 75% tuvo el propósito de capacitar personal en las 32 entidades. Pero ese programa presupuestal “presentó un inadecuado diseño y deficiente construcción de indicadores”, así como de mecanismos de supervisión y seguimiento, lo que impidió a la Auditoría Superior de la Federación determinar si efectivamente aceleraron la implementación del Sistema de Justicia Penal. La ASF observó que 33.2% de los 987 proyectos re-
portados como concluidos en el 2014 podría no haber cumplido con los objetivos establecidos en los anexos técnicos. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trazó un plan maestro -el mayor del 2013— para capacitar a 5,180 servidores públicos, de los cuales 611 son servidores públicos quienes operarán los nuevos centros de Justicia Penal Federal y los 4,569 restantes son personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, cuya capacitación se consideró completarse para cuando entrara en operación el nuevo sistema. Al cierre del 2014, solo 40 funcionarios de los centros de Justicia Penal habían sido capacitados, 103 menos a los contemplados en las metas anuales. En contraste, el CJF capacitó 6,876 servidores públicos de apoyo jurisdiccional y administrativo en el bienio 2013-2014, 50% más que lo proyectado. Para el 2015, el plan maestro redujo su meta de capacitación a 1,694 servidores públicos, tanto operadores del nuevo sistema, como de apoyo jurisdiccional y administrativo. En la edificación de los 24 centros de Justicia Penal Federal y su equipamiento, tuvo que actuarse con celeridad. En el 2014, sólo había reportes de cinco totalmente construidos y cinco más en obras. Para el siguiente año, el CJF solicitó al Congreso de la Unión la reprogramación de la infraestructura física, lo que derivó en la programación de una cuarta etapa, que comenzaría el 30 de noviembre del 2015, y que incluye siete estados y una quinta que iniciará el próximo 29, para completar las nueve entidades federativas restantes. La construcción de esas instalaciones fue encargada a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de una transferencia de 1,987 millones de pesos del CJF que sirvieron para edificar dos edificios en el Distrito Federal y uno Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, respectivamente.
E F E C T O S S E C U N DA R I O S DISPUTAS. David Penchyna Grub se queda en la Cámara Alta. Su frustrado arribo al Infonavit está directamente vinculado al empoderamiento de Carlos Aceves del Olmo dentro de la CTM y el movimiento obrero organizado. Este atisbo de la fractura entre la cúpula peñista y la dirigencia sindical tendrá capítulos más violentos en las definiciones que vienen para afrontar los pasivos laborales en CFE y Petróleos Mexicanos, pero ésa es otra historia. Para el instituto promotor de la vivienda, en segunda instancia, Los Pinos perfilaría al diputado federal Alfredo Del Mazo Maza, en una primera jugada ligada a la sucesión en el Estado de México, aunque recientes ataques periodísticos evidencian que un sector priista interpreta este movimiento como un ascenso del cachorro del Grupo Atlacomulco. ¿Será? Y siguen las vacantes en Profeco y Cofepris, a la que aspiran Manuel Almazán y el mexiquense Rodrigo Reina Liceaga.