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viernes 17 de junio del 2016
nº 7032
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eleconomista.mx
IntermedIarIos podrán partIcIpar con apoyos de la banca de fomento
La banca de desarrollo evalúa las necesidades de financiamiento que requerirán la Zonas Económicas Especiales y delimita las áreas de trabajo la Secretaría de Hacienda y crédito público (SHcp). Expresó que la banca de desarroLa promuLgación de la ley de llo hace una evaluación de las neceZonas Económicas Especiales (ZEE) sidades de financiamiento que reabre una ventana de oportunidades querirán las ZEE para delimitar las para que más intermediarios finan- líneas de trabajo y que, posiblemencieros en méxico sean sujetos de cré- te, contemplen la participación de dito de los bancos de fomento, indi- más intermediarios financieros. “Los bancos de desarrollo están có Bernardo gonzález rosas, jefe de la unidad de Banca de Desarrollo de trabajando en identificar las necesiFernando Gutiérrez
el economista
Microchatarrización
PERUJO
foto ee: natalia gaia
ZEE abre oportunidad de financiamiento
Se elabora un programa para detonar estos esquemas: bernardo González.
dades de financiamiento que habrá en las Zonas Económicas Especiales; estaríamos diseñando programas específicos para atender las necesidades que surjan ahí, ya sea de infraestructura, establecimiento de empresas, líneas de factoraje, vivienda, etc.”, comentó .
esas necesidades y la elaboración de un programa”, acotó el funcionario. De acuerdo con el gobierno federal, las Zonas Económicas Especiales son áreas delimitadas geográficamente en donde se establecen condiciones preferenciales, estímulos y facilidades para consolidar un entorno favorable para la inversión. IDENTIFICAR NECESIDADES Según la expectativa del gobierreconoció que por el momento no no federal, como un etapa inicial, se se tiene algo definido, ni de la can- contempla crear las primeras ZEE tidad que se podría desembolsar ni en chiapas, guerrero, michoacán, de programas ya planeados, pero es oaxaca y Veracruz. posteriormente, una realidad que la banca de desa- estos esquemas se detonarán en Tarrollo, en alianza con los interme- basco y campeche. Se estima que existen más de diarios financieros del país, tiene un área de oportunidad en las regiones 4,000 Zonas Económicas Especiales que se determine que sean Zonas en el mundo, lo que hace que tengan presencia en tres de cada cuaEconómicas Especiales. “La banca de desarrollo ya está tro países. trabajando en la identificación de fernando.gutierrez@eleconomista.mx
presentarán política de inclusión financiera Fue aprobada por la SHCP, el Banxico y el CNIF Redacción el economista
EL conSEjo nacional de inclusión Financiera (cniF), integrado por autoridades de la Secretaría de Hacienda y del Banco de méxico, aprobó, por primera vez, una política nacional de inclusión financiera que será presentada de manera oficial el próximo 21 de junio por el presidente de la república. a esta medida le dieron luz verde en su sesión del pasado 15 de junio, presidida por el secretario de Hacienda y crédito público, Luis Videgaray caso, que además contó con la presencia del subgobernador del
Banco de méxico, manuel Sánchez gonzález, y miembros del cniF. La visión de la política es lograr que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad. La política nacional de inclusión financiera se dará a conocer en el marco del Segundo Foro internacional de inclusión Financiera por el presidente Enrique peña nieto. valores@eleconomista.com.mx
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foto ee: hugo salazar
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
El castigo a los moches
El Banco Inmobiliario Mexicano será el primero en entrar al esquema propuesto, expresó Cano Vélez.
Habrá crédito para pymes de vivienda: SHF Lanzó un programa para que la banca nacional otorgue créditos Fernando Gutiérrez el economista
LA SOCIEDAD Hipotecaria Federal (SHF) busca que los pequeños y medianos constructores tengan mayor participación en el desarrollo de la vivienda del país, por lo que comenzó un programa para que los bancos se atrevan a financiar a este tipo de empresas. Jesús Alberto Cano Vélez, director general de la SHF, indicó que recientemente el Comité de Crédito del organismo aprobó un esquema donde se les ofrecerá a los bancos garantías y financiamiento con la intención de que apuesten por los desarrolladores pymes. “El Comité de Crédito del organismo aprobó que Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) será el primero en entrar en este programa de crédito pyme”, explicó. “Los bancos que se apeguen a este esquema podrán recibir hasta 30 millones de pesos de financiamiento y se les garantizará hasta 50% de lo que otorgan a los desarrolladores”, agregó. Cano Vélez indicó que se busca que los bancos pequeños y medianos sean los que se apeguen a este esquema; sin embargo, también estará abierto para bancos grandes, si es que es de su interés. “Obviamente, los grandes bancos tienen un portafolio determinado (que hace que no financien a pymes), pero queremos inducirlos con esta garantía a que entren con los pequeños y medianos desarrolladores”, expuso. DESARROLLADORES
De acuerdo con el organismo, entre 70 y 80% de los desarrolladores del país es pyme y desarrolla aproximadamente 30% de la vivienda en México. “Ya hay algunos desarrolladores de vivienda que se han acercado para preguntar por este esquema”, dijo. El funcionario informó que para esta primera etapa se tienen disponibles cerca de 800 millones de pesos; no obstante, se busca que existan más recursos tanto de parte del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. fernando.gutierrez@eleconomista.mx
a
demás de la Ley 3de3, el nuevo marco anticorrupción incluye cambios al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la PGR. En el Código Penal Federal quedarán incluidos los delitos por hechos de corrupción y la posibilidad de que los servidores públicos enfrenten el proceso en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza u otro beneficio. A los responsables de corrupción se les impondrá la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, así como para participar en adquisiciones, servicios u obras públicas, concesiones y aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, por un plazo de uno a 20 años. El fuero constitucional no protegerá a gobernadores, legisladores y/o magistrados, quienes serán susceptibles de la aplicación de este nuevo tipo penal. Cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos electos o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. Cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad. En caso de que el responsable sea particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público; así como para participar en adquisiciones de obras públicas. En la reforma al Código Penal quedará definido el delito de abuso de autoridad, en el que podrán incurrir aquellos servidores públicos que obtengan para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Abuso de autoridad también será punible a los servidores públicos que autoricen o contraten a quien se encuentre inhabilitado. Y también podrá imputarse a los servidores públicos que obliguen a un inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación y la tortura. En el caso del personal adscrito a cárceles o centros de arraigo, podrá imputarse a quienes mantengan privada de su libertad a una persona sin cumplir los requisitos legales o dar parte del hecho a la autoridad competente. El delito de coalición de servidores públicos será imputable a aquellos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Aquel legislador federal que, en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de
Egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas personas físicas o morales, será responsable de cohecho. Para efectos del enriquecimiento ilícito, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. El uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público será imputado a un servidor público cuando otorgue ilícitamente permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones; contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos. Se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario; titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero. La aprobación del paquete legislativo que normará al nuevo sistema anticorrupción coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal. Ambos temas podrían correr la misma suerte, si son asumidos como metas cumplidas y son desplazados entre las prioridades de la agenda pública. En 72 horas, el nuevo sistema penal deberá quedar activado en todo el territorio del país y para todos los delitos, tras ocho años de implementación. En esta etapa, fueron realizados enormes esfuerzos, reconoció el think tank CIDAC, “pero también existieron ausencias y fallas que continuarán presentes después del 18 de junio”. Para los expertos, el principal reto que afrontan las autoridades federales y estatales radica en evitar que se perpetúen las deficiencias del sistema anterior, lo que lesionaría de manera irreversible la legitimidad del sistema acusatorio y comprometería su consolidación, en el mediano y largo plazos. “De no continuar con un proceso de seguimiento y evaluación, y de continuar arrastrando las deficiencias existentes, corremos el riesgo de que hayamos cambiado para que todo siga igual. No podemos permitir mantenernos en el statu quo, necesitamos un cambio de fondo que erradique los vicios que aún se conservan del sistema anterior para lograr la exigencia de la sociedad, de tener una auténtica reforma penal que garantice una justicia de calidad”, advirtieron.