uNa seleccióN de
martes 4 de octubre del 2016
Nº 7108
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eleconomista.mx
titulares de las finanzas públicas deben rendir cuentas: enrique cárdenas
La Auditoría Superior de la Federación debe utilizar sus nuevas facultades para auditar en tiempo real, investigar desvíos y denunciar anomalías existentes Elizabeth Albarrán el economista
El CEntro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo un llamado para que el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tengan una mayor participación en el seguimiento de los ingresos que se obtengan por el cobro de impuestos; así como una me-
Balígrafo
jor supervisión del gasto público en los dos años que restan de la actual administración. “Al menos para el 2017 y 2018 se debe establecer una marcación personal para vigilar la calidad y el ejercicio del gasto público federal, así como los ingresos a lo largo del año”, expuso Enrique Cárdenas, director general del CEEY en su análisis “reflexiones, antecedentes y factibili-
PERUJO
foto ee: hugo salazar
El CEEY pide vigilar ingresos y gastos
Desde el 2010, las erogaciones del sector público son mayores: cárdenas
dad del Paquete Económico del año próximo”. refiere que desde el 2010, el gasto neto del sector público resulta mayor a lo que se programó en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF). Por ejemplo, en el PEF del 2015 se estimaba que el gasto fuera de 25.7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para el cierre de ese año se elevó hasta 27% del PIB. En 2016 en el proyecto se estima que el gasto representa el 24.2% del PIB, pero lo más probable es que cierre en 27.2%, expone Cárdenas.
recalcó que en los últimos siete años, el gobierno federal ha tenido que endeudarse para pagar esos intereses y amortizaciones al capital de lo que debe. Por ello, enfatizó en que el Congreso de la Unión debe vigilar más la calidad del gasto; mientras que la ASF debe usar las nuevas atribuciones que se le dieron para investigar y denunciar delitos. “Cada bimestre se deberían realizar comparecencias de los subsecretarios de ingresos y egresos ante las comisiones unidas de seguimiento de las finanzas públicas, así como ESTABILIDAD del Auditor Superior que ya tiene Dijo que la persistencia de un déficit la atribución de auditar en tiempo en el que se tenga que pedir presta- real, de investigar desvíos y hacer do para pagar intereses no debe con- las denuncias correspondientes patinuar, porque está en riesgo la esta- ra romper el déficit actual”, advirtió. bilidad macroeconómica. elizabeth.albarran@eleconomista.mx
retraso en devoluciones de IVA se irá acotando El tiempo promedio se redujo de 30 a 24 días : SAT Yael Córdova el economista
loS rEtrASoS para las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se han ido solucionando y el Servicio de Administración tributaria (SAt) asegura que se continuará avanzando para cumplir con los tiempos. los legisladores han externado al jefe del SAt, osvaldo Santín Quiroz, la problemática a la que se enfrentan los contribuyentes para obtener el saldo a favor del IVA que resulta de sus declaraciones, pues el organismo recaudador ha demorado mucho estas devoluciones o bien sólo las ha-
ce parcialmente. Ante esto, Santín Quiroz aseguró que hay avances importantes al respecto y se espera que los resultados sean cada vez mayores. De enero a julio de este año el SAt ha hecho devoluciones de IVA por 184,079.4 millones de pesos, esto es 10,567.7 millones de pesos más que lo que regresó a los contribuyentes en el 2015 por esta carga fiscal. Ello representa un crecimiento en comparación anual de 6 por ciento. El funcionario del SAt recordó que mientras en el 2012 el tiempo promedio para la devolución del IVA era de 30 días, actualmente es de 24 días. claudia.cordoba@eleconomista.mx
una selección de
signos vitales foto: shutterstock
Alberto Aguirre
aam@mexico.com
Más allá de #PanamaPapers
Podrán acceder a la tarjeta con una selfie, que es una de las nuevas tendencias.
Banorte elimina su Cuenta Suma
Se sustituirá por la Cuenta Enlace Personal: Manuel Romo Edgar Juárez el ecoNoMistA
DESDE HACE algunos días, Banorte empezó a avisar a sus clientes que su producto cuenta Suma desaparecerá a partir del próximo 12 de octubre y se transformará, de forma automática, en Cuenta Enlace Personal. El banco detalla que con este nuevo producto —que conservará el mismo número de cuenta y la misma tarjeta— los usuarios podrán disfrutar de diversos y nuevos beneficios entre los que se incluyen el ingreso a Banorte móvil a través de una selfie. Sin embargo, también precisa que para tener dicha cuenta, se deberá pagar una membresía mensual de 55 pesos, es decir, 660 pesos al año. No obstante, esta membresía mensual podrá exentarse si se cumplen ciertos requisitos como: tener al menos 3,000 pesos en la cuenta, y realizar seis compras —sin monto mínimo— en comercios con la tarjeta de débito en el periodo. Manuel Romo, director general de medios de pago, afirmó que este cambio responde al proceso de transformación del banco en el que los clientes están optando más por operaciones digitales, que por acudir a las sucursales. FUNCIONALIDAD
“Vimos las funcionalidades que un cliente podía realizar en una sucursal y logramos tenerlas ya en el móvil, aparte de la banca por Internet. Se nos ocurrió de hacerles llegar a estos clientes, sin costo, este beneficio, fue lanzar un producto nuevo y migrar —sus cuentas— y decirles que a partir de ahora, con su mismo plástico y su misma chequera, su mismo dispositivo, tienen ahora estos beneficios adicionales”, refirió. Entre los beneficios de la nueva Cuenta Enlace Personal destacan: chequera opcional con tres cheques gratis al mes; pago de intereses mediante inversión vista; banco en línea y móvil sin costo; y nuevas funcionalidades de banca digital -ingreso por medio de reconocimiento facial; depósitos de cheques sin ir a la sucursal; geolocalización de sucursales, cajeros o corresponsales y token celular, entre otros servicios . eduardo.juarez@eleconomista.mx
U
n semestre ha transcurrido desde los Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación liberó la base de datos que contenía los archivos de los clientes del despacho Mossack Fonseca y el escándalo en ciernes obligó a los representantes de las oficinas recaudadoras de impuestos de 24 países a sostener una reunión urgente, en la sede de la OCDE, en París. Formalmente, en la agenda estaban las deliberaciones sobre la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal —que entrará en vigor en noviembre próximo y tendrá efectos a partir del 2017— pero esa reunión —celebrada el pasado 13 de abril— inevitablemente estuvo dominada por la filtración. Cada transacción se extiende a través de una serie de diferentes jurisdicciones y puede implicar múltiples entidades e individuos. La colaboración entre las administraciones tributarias sería la única alternativa para cazar a los evasores y afrontar conjuntamente las consecuencias de la filtración. Justo ese día, en la Ciudad de México, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, formalizaba —por escrito— una solicitud de información al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Alberto Bazbaz. La colaboración entre las áreas de los dos funcionarios mexiquenses sería expedita, pero —ahora se sabe— esos reportes no pueden ser utilizados para cazar a los evasores fiscales. En París, los enviados del SAT recibieron la invitación del Grupo Internacional de Trabajo Conjunto sobre Inteligencia Compartida y Colaboración (JITSIC, por su sigla) para regresar en tres meses a la capital gala, para participar en un workshop. Y es que los Panama Papers apenas habían comenzado. De acuerdo con Marina Walker, vicepresidenta del ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), los 2.6 terabytes de datos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung incluían 11.5 millones de archivos sobre más de 210,000 empresas. En este lapso, una treintena de países ha iniciado investigaciones, ya sean civiles o criminales, contra funcionarios públicos —el primer ministro de Islandia tuvo que renunciar al cargo—, líderes partidistas, federativos, deportistas y otros protagonistas del mundo del espectáculo que presuntamente habrían ocultado su riqueza en el sistema financiero offshore. Hay 55,000 millones de dólares en los paraísos fiscales o en países con bajas regulaciones fiscales. Y a partir de los Panama Papers, los administradores tributarios fueron a la caza de los evasores exhibidos. En México, esta deficiencia recaudatoria equivale a 3.1% del Producto Interno Bruto y sobre las 40 personas físicas enlistadas, el SAT hizo una revisión ex-
haustiva (aunque de sobre 14, ya había iniciado una auditoría por hechos diferentes que llamaron su atención). Funcionarios tributarios de 13 administraciones del JITSIC tomaron la decisión de trabajar juntos en un proyecto que implica una estructura que facilite la evasión de impuestos. Después de una serie de conferencias telefónicas durante la cual los miembros del proyecto discutieron preocupaciones, expectativas y objetivos, se organizó un taller. La compulsa o la solicitud de información a través de los acuerdos amplios de información con otros países firmantes del Acuerdo de Autoridad Competente podría demorar hasta dos años. De acuerdo con Marina Walker, la mitad de los archivos filtrados aún está pendiente de publicar o por estudiar, no obstante que más de medio millar de periodistas han colaborado con ICIJ en la interpretación de las bases de datos y se han formulado dos grandes revelaciones: los Panama Papers y los Bahamas Leaks. “Todavía tenemos historias por descubrir… Tenemos nueva data. Estamos muy entusiasmados”, resumió la vicepresidenta del ICIJ a los editores de la página digital Kienyké, de Bogotá, donde el pasado fin de semana impartió un taller sobre periodismo colaborativo a 60 reporteros —entre ellos cinco de México— que acudieron al festival anual de la Fundación Nuevo Periodismo de Investigación. Antes de la primera publicación, sostuvo Walker, su principal preocupación era mantener en secreto la información. Ahora, son las consecuencias jurídicas que podrían afrontar los reporteros que han divulgado las historias. “Hay gente con mucho dinero, afectada por estas investigaciones, para las que iniciar un juicio podría ser casi como un divertimento, aunque sepan que van a perder, (pues) tienen el dinero para iniciar un juicio y eso puede ser una gran distracción o incluso destruirnos”, advirtió. En México, el ICIJ incorporó al semanario Proceso, al portal digital Aristegui Noticias y al observatorio ciudadano México Unido contra la Corrupción y la Impunidad entre sus asociados. Y después de la divulgación de los Bahama Leaks, estarían en el supuesto anteriormente enunciado. El escenario de reclamaciones por indemnizaciones, ante demandas por difamación y daño moral podrían complicar aun más el trabajo para estas ONG dedicadas a la transparencia, cuya sobrevivencia depende 100% de los donativos. “Luchamos por cada peso y cada céntimo que tenemos porque no es fácil reunir dinero para el periodismo de investigación, que es caro por definición. Cómo se va a financiar y cómo se va a sostener el periodismo de investigación en el corto y mediano plazo es una pregunta que tenemos que resolver”, sentenció Walker.