uNa seleccióN de
martes 16 de agosto del 2016
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eleconomista.mx
el financiamiento hacia las entidades cayó 54.5% en el i trimestre
Aseguran que la contracción de financiamiento hacia ellas va en línea con el cierre de cuentas que han sufrido Fernando Gutiérrez el economista
La contracción en el financiamiento que la banca otorgó a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) al cierre del primer trimestre del año va en línea con la aversión que los bancos tienen con estas entidades y ha derivado en otros conflictos como el cierre.
Según la confederación de cooperativas de ahorro y Préstamo de México (concamex), la banca considera como entidades de riesgo a las socaps, por lo que se ha disminuido la interdependencia que tienen estas entidades con los bancos. “De acuerdo con información de la cnBV al cierre de marzo del 2016, los créditos que la banca múltiple y otros organismos otorgaron a las so-
Levantamiento de ingresos
PERUJO
foto ee: gilberto marquina
Socaps denuncian aversión de la banca
El HSBC le cerró la puertas a estas entidades financieras .
caps cerraron en 381 millones de pesos, cuando en el mismo periodo del año pasado se ubicaron en 836 millones de pesos”, detalló la concamex. Esto significa una contracción de 54.5% del financiamiento de los bancos a las cooperativas de ahorro y préstamo en los primeros tres meses del año. En su último boletín informativo, la concamex indicó que la banca, al considerar a las socaps entidades de riesgo, evidencia la poca confianza que tienen los bancos en la supervisión que ejerce la comisión nacional Bancaria y de Valores (cnBV) en las cooperativas.
sión de ésta por mantener cuentas de las socaps, ya que se les considera de alto riesgo”, explicó la confederación. “colateralmente hace evidente la poca confianza de la banca con la autoridad supervisora, ya que las socaps afectadas son instituciones que cuentan con una autorización por parte de la cnBV”, agregó. Pese a este panorama adverso, la concamex reconoció que luego del cierre de cuentas bancarias que las socaps han sufrido, algunas instituciones bancarias, por instrucción de la cnBV y de la comisión nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios FinanciePOCA CONFIANZA ros, determinaron volver a abrir di“Esta disminución en la interdepen- chas cuentas con las instituciones dencia de las socaps con la banca financieras. múltiple se ha derivado de la averfernando.gutierrez@eleconomista.mx
inflación cerrará el año en 3% por gas: Finamex Su estimación fue a la baja desde 3.2 puntos Redacción el economista
La Baja en el precio del gas LP, anunciada la víspera por el gobierno federal, motivó a que Finamex casa de Bolsa modificara a la baja su pronóstico de inflación para todo el 2016, de 3.2 a 3 por ciento. Guillermo aboumrad, director de Estrategias de Mercado, destacó que el ajuste de 10% en el combustible tendrá una incidencia en la inflación, en la segunda quincena de agosto, de -0.2 por ciento. “a partir de este movimiento, modificamos nuestro estimado para la inflación anual a
fin del 2016 a 3%, de un pronóstico anterior de 3.2%”, expuso. Por lo que respecta a la inflación subyacente a fin de año, el pronóstico lo mantuvo sin cambio, en 3.2 por ciento. Finamex destacó que esta medida contribuye a reforzar su expectativa; a pesar de lo cambiante del contexto global, hay suficientes elementos para anticipar que la reserva Federal y el Banco de México mantendrán sus políticas monetarias sin cambio en sus reuniones de septiembre. El jueves pasado el Banxico decidió mantener en 4.25% su tasa de interés de referencia. valores @eleconomista.mx
una selección de
foto ee: hugo salazar
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
¿Magistrados deslustrados?
Lo recaudado por el impuesto se debe destinar a dotar de agua potable a escuelas, dijo Encarnación.
SHCP debe aclarar destino del IEPS El 10% se ha enfocado a combatir la obesidad: ContraPESO Yael Córdova El ECoNoMiStA
SE CONTINúA a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emita el informe sobre en qué se gastaron los recursos recaudados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Se estima que sólo 10% de lo reunido por éste se ha destinado a programas para la prevención de la obesidad, informó Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO. Añadió que la propuesta al Congreso no sólo promueve el aumento del IEPS, también se busca que los recursos recaudados efectivamente se destinen a programas de la prevención de la obesidad y especialmente para brindar agua potable en escuelas, zonas rurales y espacios públicos. “Seguimos al pendiente de la respuesta de la Secretaría de Hacienda, donde informe cómo se han utilizado los ingresos por el IEPS en el combate a la obesidad. El Senado exhortó a la secretaría para que envíe un informe de cómo se han utilizado estos recursos. Nosotros hemos evaluado que aproximadamente 10% de lo recaudado por este impuesto se ha destinado para programas de prevención de la obesidad”, explicó. Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, coincidió en que los resultados sobre la implementación de los recursos erogados por el IEPS no han sido los esperados, y que no se están canalizando a la prevención y lucha contra la obesidad de manera contundente en beneficio de la población. TRATAMIENTOS
“Un claro ejemplo es la falta de recursos del Seguro Popular para atender tratamientos de personas afectadas por enfermedades derivadas del sobrepeso”, dijo Calvillo. En la presentación del documental El sabor del cambio, se destacó la importancia del impuesto a las bebidas azucaradas en México, y que se debe fortalecer las políticas de prevención que están funcionando. Argumentó que continúa la necesidad de aumentar a 2 pesos por litro (20%) este gravamen. claudia.cordova@eleconomista.mx
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paco, sin una metodología formalizada y bajo la amenaza de la politización, la designación de los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amenaza con erigirse en el nuevo foco de cuestionamiento para las instituciones estatales. El proceso de selección de los magistrados que habrán de calificar los comicios presidenciales del 2018 entrará en su fase decisiva. Hace un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el registro de inscripciones. Y el 5 de agosto apareció en el Diario Oficial de la Federación la lista de 126 aspirantes -20 mujeres, entre ellos- que acreditaron los requisitos. De éstos, el pleno de ministros seleccionará 42 candidatos, que serán llamados a entrevista. Al final del proceso, la SCJN habrá seleccionado a 21 candidatos para elaborar siete ternas que serán enviadas al Senado de la República. La selección de los 42 candidatos “adolece de suficiente transparencia y publicidad, carece de una apertura sustantiva hacia la sociedad civil y tiene amplios márgenes de discrecionalidad, lo que compromete la legitimidad del proceso y también de sus resultados”, determinó un colectivo de académicos y representantes de ONG especializadas en trasparencia y rendición de cuentas, entre quienes se cuentan Miguel Sarre, Sergio Aguayo, la WOLA y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A su juicio, el proceso adolece de suficiente transparencia y publicidad de la información relacionada con los antecedentes de los candidatos; no existen criterios objetivos ni transparentes para que los ministros de la SCJN evalúen cada uno de los rasgos del perfil de los futuros magistrados, y la participación de la sociedad civil durante el proceso está condicionada a un breve momento y se le excluye de la parte sustantiva del proceso: las comparecencias públicas. El acuerdo 06/2016 del pleno de ministros, critican, establece que una vez que se aprueba la lista final de 21 perfiles candidatos, en la siguiente votación el pleno debe votar las ternas que propondrá a la Cámara de Senadores, sin explicar bajo qué criterios serán conformadas. “La conformación discrecional de las ternas puede potencialmente perjudicar a los candidatos más calificados, si por ejemplo se les ubica en una misma terna, otorgando una mayor probabilidad de ser elegidos a quienes no tienen los mismos méritos ni capacidades suficientes para el cargo”. El pasado sábado 13, otro colectivo de ONG y líderes sociales difundió una carta abierta, dirigida a los ministros de la SCJN, para exigirles garantías sobre la integridad del proceso de selección de los nuevos magistrados y advertir sobre los riesgos de una politización del
Tribunal Electoral. “No queremos magistrados corruptos ni parciales”, manifiesta el comunicado signado por una treintena de organismos -entre los que están Incide Social, Cauce Ciudadano y Cencos- y personalidades como Alberto Aziz, Clara Jusidman, Elio Villaseñor, Jorge Eduardo Navarrete, Miguel Bazdresch y Miguel Concha. En las ternas, destacaron, deben descartarse a las personas que no se hayan conducido con honestidad y probidad en encargos anteriores y en quienes hayan recaído acusaciones de abuso de poder. “Todos los aspirantes ostentan o han ostentado cargos públicos, por lo que demandamos se revise la publicidad de sus declaraciones patrimoniales y esto se incorpore como un criterio de selección por parte de la SCJN. Asimismo, exigimos a quienes aspiran a este cargo den muestra de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, presentando su declaración Tres de Tres”. Y en el caso de actuales funcionarios judiciales, magistrados de salas regionales y consejeros electorales, demandaron una minuciosa revisión de sus resoluciones “para evitar la perpetuación en cargos públicos de funcionarios que han mostrado una conducta reiterada de favoritismo hacia grupos de poder mediático o hacia actores y corrientes políticas y partidistas”. A menos de tres meses de que expire su mandato, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral deberán desahogar un cúmulo de expedientes tramitados por los contendientes en los procesos electorales celebrados en 14 entidades federativas, el pasado 5 de junio. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos han interpuesto 123 recursos de apelación contra diversas resoluciones emitidas por el INE, relacionadas con irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos. El sábado 23 de julio llegó a la Oficialía de partes del TEPJF la primera de las impugnaciones a los informes de fiscalización del INE, tramitado por el PVEM y relacionado con la elección en Hidalgo; el último fue recibido el miércoles 10 de agosto pasado, presentado por el Partido Socialista y relacionado con la elección en Tlaxcala. Recientemente, el INE dio a conocer el informe titulado “Fiscalización 2016”, en el cual revela que los partidos políticos nacionales y locales, así como los candidatos independientes gastaron en total 1,512 millones 385,147 pesos, mientras que las sanciones aplicadas alcanzaron 418 millones 710,098 pesos. El PRD es el que presentó el mayor número de recursos con 17 apelaciones, seguido por el PRI y Morena, con 15 cada uno y el PAN, con cuatro.