uNa seleccióN de
jueves 27 de octubre del 2016
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eleconomista.mx
la impunidad es la regla en el paÍs dijo juan pardinas, director del imco
Si se regresara a la economía una tercera parte del monto que significa la corrupción, el crecimiento nacional pasaría de 2 a 5% anual, destaca Deloitte seguridad, manifestaciones, entre otros), eliminar la corrupción es una solución, una política. “La corrupción es un pilar de la Juan Pardinas, director general del instituto Mexicano para la Com- gobernabilidad del país; la impunipetitividad (imco), indicó que la co- dad es la regla, y el castigo, la exceprrupción que hay en el país es un ción. se debe invertir la fórmula pafactor que ha impedido detonar la ra que la economía avance”, aseguró de acuerdo con cifras de deloitte, competitividad del país. dijo que para el reto de todos los si se regresara a la economía una terproblemas que enfrenta el país (in- cera parte del monto que significa la
Yael Córdova
el economista
Fue sin querer
PERUJO
foto ee: natalia gaia
La corrupción frena la competitividad
El reto de que enfrenta el país es combatir los actos corruptos: pardinas.
corrupción en México, el crecimiento nacional pasaría de 2 a 5% anual. El sistema nacional de Transparencia y el sistema nacional anticorrupción serán dos elementos fundamentales para que en el país se pueda tener un pleno control de cómo se ejerce el poder, lo que sentará bases como nunca en la historia se había dado.
tá en proceso de construcción y consolidación. Celebró que por primera vez se le está dando peso completo a la ciudadanía en el diseño institucional del Estado mexicano, ello al presidir el comité coordinador en el sistema nacional anticorrupción. afirmó que desde la perspectiva del inai se cree que el sector empresarial puede ser un elemento clave para el combate a la corrupción. El COMBATE hecho de que como parte de la gesLo anterior lo afirmó Joel salas suá- tión normal de sus negocios, los emrez, comisionado del instituto na- presarios puedan involucrarse en cional de Transparencia, acceso a la acciones, para conformar una ageninformación y Protección de datos da de prevención de este delito. salas consideró que como diPersonales (inai), quien añadió que “con la implementación de estos dos cho sector conoce mejor que nadie sistemas, el combate a la corrupción las áreas vulnerables de cada institución y pueden señalarlas ante las podrá ser efectivo”. salas suárez dijo que el sistema autoridades. nacional anticorrupción apenas esclaudia.cordova@eleconomista.mx
actividad económica se enfría en agosto IGAE se contrae 0.1%; primera caída en un trimestre Redacción el economista
La aCTividad económica de México se contrajo 0.1% en agosto contra el mes previo, su primer tropiezo en un trimestre, derivado de una menor producción industrial ligada a Estados unidos, mostraron cifras oficiales. al interior del indicador Global de la actividad Económica (iGaE), dos de los tres grupos de actividades que lo conforman presentaron variaciones negativas, según los datos del instituto nacional de Estadística y Geografía. En lo que corresponde a las activi01 DE OCTUBRE DE 2016
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dades secundarias—minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, construcción e industrias manufactureras— experimentaron un retroceso de 0.36% en el octavo mes del año, luego de registrar durante tres meses variaciones al alza. de las actividades terciarias, el comercio fue el de mayor retroceso en agosto, con 1.50% mensual. En contraste, las actividades primarias registraron un repunte de 10.19% mensual en agosto, su mejor resultado desde febrero del 2014, cuando subieron 11.13 por ciento. valores@eleconomista.com.mx
una selección de
foto ee: shutterstock
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
La última procuradora
Estas demandas representaron para cada establecimiento en promedio 23,000 pesos.
Suman 9,405 reclamaciones contra bancos Las quejas se presentaron en el primer semestre: Condusef Fernando Gutiérrez El ECoNoMistA
EN EL primer semestre del año, 6,547 comercios presentaron 9,405 reclamaciones contra bancos debido a cargos no reconocidos y abonos no aplicados, las cuales les fueron desfavorables debido a la política interna de las instituciones financieras, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Al presentar el reporte de Reclamaciones Concluidas por Política Interna correspondiente al primer semestre del año, Mario Di Costanzo, titular de la Condusef, informó que estas reclamaciones desfavorables representaron pérdidas en promedio por 23,000 pesos para cada comercio. Según el informe, en los primeros seis meses de este año, 641,149 reclamaciones fueron resueltas con el argumento de las políticas internas de los bancos, es decir, representó un aumento de 114% respecto al mismo periodo del 2015. De las 641,149 que se resolvieron con este argumento, 12,806 (2%) fueron desfavorables para el usuario, mientras que 628,343 quejas (98%) procedieron a su favor. “Sí nos preocupa y ocupa cuando la reclamación es desfavorable o no procedente por una razón de política interna”, comentó Di Costanzo. DESFAVORABLES
El informe detalla que de las 12,806 reclamaciones desfavorables para el usuario, 9,405 fueron realizadas por comercios, los cuales se quejaron debido a que los bancos no abonaron en el servicio que tienen contratado para operar una Terminal Punto de Venta lo que el establecimiento cobró por un servicio. “Si una persona es dueña de una tienda y le pagaron con tarjeta, esa venta queda abonada en su cuenta; sin embargo, la reclamación que hace es porque dicho monto no se lo abonaron”, ejemplificó Di Costanzo. Reiteró que el monto total reclamado de estas 9,405 quejas, que fueron desfavorables para los comercios, fue de 153 millones 454,145 pesos. fernando.gutierrez@eleconomista.mx
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l regreso del PRI a Los Pinos implicó el fin de la alternancia. Y también, un nuevo acuerdo entre las fuerzas políticas y económicas para darle viabilidad —más que legitimidad— a las reformas promovidas por Enrique Peña Nieto. Las prioridades, al inicio del sexenio, eran prístinas: telecomunicaciones, energía y sistema financiero. En la mesa del Pacto por México, los representantes del PAN y del PRD hicieron causa común para forzar una reforma educativa que desactivara al SNTE y a la maestra Elba Esther Gordillo. Y con la mira puesta en el 2018, empujaron un paquete de modificaciones legales para establecer nuevas reglas, tanto para el acceso al poder como para el ejercicio de las funciones ejecutivas. La rendición de cuentas, en resumen. Algunas propuestas, como la iniciativa razonada y la vinculación presupuestaria al Plan Nacional de Desarrollo, quedaron en el tintero. El gobierno y su partido pugnaron inicialmente por la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, para sustituir a la Secretaría de la Función Pública, que junto con la Secretaría de Turismo había sido condenada a la extinción en la última etapa del calderonismo. La oposición accedió a ese cambio, pero planteó dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República. Al final, ambas partes concedieron la creación de la Fiscalía General de la República, además de fiscalías autónomas en los 31 estados de la Federación y el Distrito Federal. Mientras que en el Legislativo desahogaban las reformas estructurales, explotaron los casos de alto impacto (la cancelación de los megaproyectos, la Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán…) y, por ende, cambiaron las prioridades. La presión de la sociedad civil obligó al gobierno peñista a instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en el camino surgió la propuesta de instaurar una fiscalía especial para castigar los casos emblemáticos. En vísperas del ejercicio de la acción penal contra los exgobernadores indiciados, y con los equilibrios parlamentarios necesarios, el Ejecutivo federal ha decidido activar el mecanismo que permitirá activar los dos pilares de ese sistema. A la Función Pública —vacante durante tres meses— irá Arely Gómez González, quien será la última procuradora. En su lugar, el Ejecutivo federal propuso al senador Raúl Cervantes, expresidente de la Cámara Alta y quien se separó un año de su cargo para buscar —sin éxito— un asiento en la SCJN. La designación de los ministros, el año pasado, y de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral obligó a Los Pinos a hacer concesiones que incluso bordean la inconstitucionalidad. Y allí está, como ejemplo contundente, el silente cambio
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en el periodo para el que fueron designados los nuevos juzgadores: dos vieron ampliado su mandato, de tres a seis años, y tres más, de seis a ocho años. Las elecciones del 2018, las del 2021 y hasta del 2024 fueron convenientemente blindadas por el PRI, el PAN y el PRD. ¿“Paquete de impunidad” para el fin del sexenio? Las piezas del Sistema Anticorrupción, por el contrario, no son susceptibles de coerciones o interrogantes. En el camino queda Javier Vargas Zempoaltecatl, quien quedó como encargado del despacho de la SFP tras de la renuncia de Virgilio Andrade. La maestra Gómez González, al igual que Raúl Cervantes, comenzaron el sexenio en el Senado y tendrán los votos suficientes para asumir sus nuevos encargos. Cervantes quedará como subprocurador jurídico y de derechos humanos en espera de la ratificación del pleno del Senado de la República. Y de conformidad con los transitorios de la reforma constitucional, se convertirá en el primer fiscal general de la nación y permanecería en ese cargo hasta el 2025. El diseño institucional otorgará plena autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fepade, aunque ambas quedan subordinadas a la oficina del nuevo fiscal. La Fiscalía anticorrupción vendrá, dentro de tres meses. Y la actual presidenta del INAI, Ximena Puente, se perfila para ocupar esa posición, que también busca María de los Ángeles Fromow. Mientras, también en el Senado, deberá definirse la integración del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA; ambas instancias, de carácter eminentemente ciudadana, marcarán las pautas. ¿Y los cambios en la Sener y la SCT? Nada en estas áreas… por ahora. ¿Y las más de 20 vacantes en mandos superiores y organismos descentralizados? Antes de que acabe el 2016. En la perspectiva de resolver los dilemas del 2018, el PRI ha dado un paso al frente con su propuesta de reforma constitucional para establecer el gobierno de coalición en la Carta Magna. Una vez que del proceso electoral ha surgido un presidente electo, si no ha obtenido 50% +1 de los votos, entonces debe necesariamente proceder a formar un gobierno de coalición que abarque a los partidos políticos que participaron en la elección presidencial y obtuvieron el umbral mínimo de votación. Los priistas rechazan la segunda vuelta, propuesta por el PAN y el PRD. En su iniciativa de ley, proponen que el gobierno de coalición quede plasmado en un convenio y en un programa, susceptibles de ser aprobados por el Congreso de la Unión, mediante “un procedimiento que promueva el entendimiento y la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo”. ¡Órale!
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