EL ECONOMISTA - HP 676

uNa seleccióN de

miércoles 23 de marzo del 2016

Nº 6972

$10

eleconomista.mx

“podría tener repercusión en la creación de empleos en méxico”

El salario mínimo en México hace de la pobreza un problema estructural en el país, dijo la secretaria general de la Comisión Económica Yolanda Morales el economista

Al completArse por segundo año consecutivo un ajuste al gasto público, preocupa que esto tenga repercusión en la creación de empleos en méxico, advirtió Alicia Bárcena, secretaria general de la comisión económica para América latina y el caribe (cepal).

Telonero

“el tema del ajuste tendrá más impacto en inversión en infraestructura y en estructura física, lo que también preocupa, porque también reducen empleo”, evidenció. en la presentación del panorama social para América latina 2016, Bárcena dijo que la pobreza en méxico es un problema más estructural que social, donde la situación salarial explica el menor ingreso de las familias.

PERUJO

foto archivo ee

Segundo ajuste al gasto público preocupa: Cepal

Alicia Bárcena presentó el panorama social para américa latina.

enfatizó que uno de los temas a resolver en méxico es el salario mínimo, que debe tener una solución más estructural.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en 73.04 pesos, tras un aumento de 2.94 pesos efectivos al iniciar el año. el propio presidente de la comisión Nacional de los salarios mínimos (conasami), Basilio González Núñez, estimó que el sm en méxico debería superar los 200 pesos.

“llega en un contexto de una enorme caída de los ingresos petroleros por los bajos precios internacionales, la menor producción —del hidrocarburo— y el incremento en los costos de extracción”, consideró.

De ahí la iniciativa de las autoridades mexicanas para armar el presupuesto de este año con una observación “cautelar”, otorgada por el consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo social (coneval), tal como lo explicó en la conferencia la secretaria ejecutiva. el 2016, CON MARGeN MÍNIMO “la participación del coneval en la Al término de la presentación, Hu- preparación del presupuesto (…) ingo Beteta, director de la sede subre- dica que se está tratando de cautelar gional en méxico de la cepal, expu- los programas más importantes paso que el paquete económico 2016 ra combatir la pobreza y tener la mies para las autoridades mexicanas la rada en programas como prospera”, propuesta con el menor margen de comentó la directiva. maniobra en la última década. ymorales@eleconomista.com.mx

Inflación a tasa anual retrocedió a 2.71% En Durango se ubicó en -0.03% la I quincena de marzo Yolanda Morales el economista

eN lA primera quincena de marzo, la inflación anual se ubicó en 2.71%, dato que incorpora una corrección a la baja respecto del registro observado en las dos lecturas más recientes, informó el Instituto Nacional de estadística y Geografía (Inegi). los productos cuyo aumento generaron el mayor impacto en la inflación fueron los servicios turísticos en paquete, el transporte aéreo, el limón, la vivienda propia y los automóviles. precios que por su peso o incidencia en la medición, según la frecuencia de consumo entre los

mexicanos, no generan mayor presión en el indicador general.

De ahí que las alzas en estos precios fueron compensadas con la caída de 1.02% que registraron en la quincena los productos agropecuarios y la bajada de 0.52% observada en los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. en la información del Inegi, evidencian que las localidades del país con variación por arriba de la nacional fueron tepic, Nayarit (0.52%); tepetitlán, Jalisco (0.35%); chihuahua, chihuahua (0.35%); colima, colima (0.30%) y monclova, coahuila (0.29 por ciento). ymorales@eleconomista.com.mx

una selección de

signos vitales Alberto Aguirre

aam@mexico.com

foto archivo ee

Estancias infantiles

Luego de 10 años, un crédito en VSM ya ha transitado por el periodo de mayores intereses.

Avanza la reestructura de créditos VSM El objetivo es cambiarlos a pesos con una tasa más baja Fernando Gutiérrez El EcoNoMistA

LUEgo DE que en el 2015 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) arrancó un programa piloto, el cual tenía la intención de reestructurar 15,000 créditos de veces salarios mínimos (VSM) a pesos, durante este 2016 el organismo tiene el objetivo de reestructurar otros 100,000 financiamientos.

De acuerdo con el plan financiero del Infonavit 2016-2020, el organismo pretende implementar mejoras a este programa con los hallazgos en la implementación del programa piloto y así realizar la toma de decisiones en la parte final del primer trimestre de este año.

Según el plan, en la fase piloto, se ha logrado entender que el gran reto para el programa es lograr contactar a los acreditados seleccionados y obtener de ellos una respuesta ágil y oportuna.

“Durante septiembre y octubre del 2015, se estableció contacto con 12,379 acreditados (…); 75% aceptó la reestructura. Dentro de las lecciones del programa, se encontró que los principales motivos del rechazo de la oferta son la incertidumbre o falta de entendimiento por parte de los acreditados sobre los beneficios del programa”, explica.

Según el Infonavit, con los resultados obtenidos en el programa piloto se evaluará la viabilidad operativa, así como la capacidad y viabilidad financiera del instituto para la implementación de este programa a gran escala.

NO A TODOS CONVIENE

El Infonavit en la actualidad tiene casi de 6 millones de créditos vigentes; sin embargo, esta opción de reestructura no convendría a todos sus acreditados.

“Después de los 10 años de antigüedad, un crédito (en VSM) con buen historial de pago ya ha transitado por el periodo de mayores intereses y comenzará a amortizarse de manera acelerada.

Por lo tanto, ofrecer una reestructura después de este periodo no resultaría conveniente, pues podría resultar más caro que mantenerse en VSM”, explica el Infonavit, que es dirigido por David Penchyna. fernando.gutierrez@eleconomista.mx

P

ara bien o para mal, el punto de inflexión para las casi 10,000 estancias infantiles del país fue lo acontecido en la guardería ABC de Hermosillo. Las reglas de operación, desde entonces, se endurecieron particularmente en lo concerniente a las disposiciones de seguridad.

Las autoridades municipales también han sufrido desde entonces, pues en primera instancia son competentes para validar los programas internos de protección civil. Aunque la mitad de los gobiernos estatales han habilitado la figura del “tercer acreditado”, quienes además son los únicos autorizados para elaborar y presentar dichos programas. El gobierno federal, a través de la Sedesol, no ha accedido a otorgar un subsidio para que los operadores puedan amortiguar los gastos de elaboración y validación.

Desde entonces, los emprendedores que decidieron mantenerse en la prestación de ese servicio se quejan de hostigamiento y persecución, de lo que responsabilizan a las autoridades federales y que ha tenido una perniciosa consecuencia: el cierre de decenas de estancias, por irregularidades que van desde no tener un registro con los números telefónicos de los padres… en comunidades donde la cobertura de Telmex es mínima, porque los responsables no fueron localizados, pues se trasladaron a realizar trámites en la delegación estatal de la Sedesol.

Los operadores de las estancias, desde una perspectiva hacendaria, son guarderías del sector privado. En el catálogo de empresas del SAT no existe, como tal, la denominación de estancias infantiles. Esta figura existe desde el 2007 -dos años antes de la tragedia en la ABC-, antes se les indicó que se registraran como talleres familiares… pero esa figura tampoco existe en la normatividad vigente. Hasta hace dos años, tributaban dentro del Régimen de Pequeños Contribuyentes, y actualmente están bajo el Régimen de Incorporación Fiscal.

Pero las condiciones de trabajo se asemejan más a una relación profesional subordinada, donde ellos fijan obligaciones (50) y derechos (cinco). Los responsables de la operación de las estancias infantiles llevan los tres años del sexenio peñista en gestiones para modificarlas.

Hasta ahora, únicamente han conseguido aumentar a 40 días los permisos de ausencias, en casos de enfermedades crónico degenerativas y embarazo…, en cualquier otro esquema, una afiliada al sistema se seguridad social goza de 84 días de incapacidad por maternidad.

“Si queremos vacaciones, podemos cerrar por un tiempo prudente que no afecte la contabilidad de días trabajados (15) mínimos para recibir el subsidio de los padres completo, como ellos dicen; podemos definir los periodos que trabajaremos, pero planeando no vernos afectados por las inasistencias”, refiere uno de los afectados.

No obstante, los operadores de estos espacios han requerido a las autoridades federales una reforma de las reglas de operación, que permitiría brindar el servicio a los infantes durante las vacaciones y/o en ciclo escolar no vigente.

Los hijos de los operadores se quejan de que no pueden acceder a las estancias infantiles. Un absurdo, si se considera que 98% de las responsables son mujeres y más de la mitad de ellas tienen niños en edad escolar.

Los responsables deben estar presentes en la estancia infantil todo el tiempo que ésta opere. Y no pueden delegar su responsabilidad en un director. Y en caso de fallecimiento, sus herederos no pueden asumir el cumplimiento del “convenio de concertación” que ampara sus operaciones.

Salvo en el ISSSTE —cuyas 34 subdelegaciones están a cargo de los espacios físicos donde cuidan y alimentan a los infantes de los burócratas—, las estancias están subrogadas a particulares, quienes para abrir deben garantizar que ofrecerán servicios al menos para 10 menores.

El programa de estancias infantiles está focalizado a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos bajo su cuidado, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios.

En las reglas de operación, han referido, deben especificarse los tiempos para realizar ampliaciones, cambios de domicilio y cambios de responsable, ya que actualmente están a criterio y tiempos de los empleados de las delegaciones. De conformidad con las reglas de operación vigentes, la Sedesol cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil. Por cada infante (entre uno y tres años 11 meses de edad) inscrito en alguna estancia autorizada, pagará hasta 900 pesos mensuales, y hasta 1,800 pesos mensuales por cada niño de entre uno y cinco años 11 meses de edad con alguna discapacidad.

En octubre del 2015, los representantes de las más de 9,500 estancias infantiles fueron convocados por la directora general de Políticas Sociales, Flora Martha Angón, a pactar mejoras al convenio de colaboración y, sobre todo, un incremento al pago que reciben como contraprestación por su servicio. Esa reunión de trabajo produjo muchos reclamos y pocos resultados, recuerdan participantes. Las autoridades modificaron las reglas de operación sólo en el capitulado correspondiente a los requisitos de elegibilidad aplicables a padres solos y madres trabajadoras.

A principios de este año, operadores en nueve estados remitieron un oficio en el que exponían sus demandas al secretario José Antonio Meade, con sendas copias para Flora Martha Angón y el entonces subsecretario Ernesto Nemer Álvarez. Nunca recibieron respuesta.