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EnREDadas Alza al precio del huevo
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Análisis
Reforma electoral: reducción de gastos y tiempos campaña
De manera total, se reestructurará el IEPC Los tiempos de campaña durante la renovación de los 39 ayuntamientos y el Congreso local en el 2013 habrán de reducirse y, por ende, los topes de gastos económicos también serán menores, según acuerdos preliminares de los partidos políticos y sus respectivos diputados para analizar, discutir y aprobar en su caso, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, reformas a la Ley Electoral antes de que concluya agosto de 2012.
Junta de C oordinación Política, nueva figura
En un gesto de voluntad política y disposición para que se cumpla con los procedimientos legales, el Partido Revolucionario Institucional estuvo de acuerdo en clausurar el primer periodo extraordinario de sesiones y convocar a uno nuevo, en el que se dará e ntrada a los proyectos de i niciativa que de manera extemporánea, y fuera de n ormatividad, habían presentado petistas y panistas, con lo cual se subsanarán omisiones jurídicas que impidieron contemplarlas inicialmente. Inclusive, trascendió que los priistas estarían de acuerdo en la reestructuración total del Instituto E statal E lectoral y de Participación
Ciudadana, que es una de las demandas del PAN. Tan pronto se enteraron los opositores, comenzaron a descalificar la medida y acusaron, aun sin conocer el alcance, que igual sería para beneficio del PRI, como si el objetivo fuera ir por sistema en contra de todo lo propuesto por los del tricolor.
ALGUNAS DE LAS REFORMAS
Reducción de Tiempos de campaña: gobernador, a 45 días; diputados, 30 días; alcaldes, 45 para Durango, Gómez Palacio y Lerdo; el resto, 3 semanas. Desaparece la Gran Comisión; ahora será Junta de Coordinación Política. Compactan gastos económicos de proselitismo. Reestructuración total del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Tanto Gustavo Pedro Cortés, del PT, como Jorge Salum, del PAN, descalificaron la medida al considerar, el primero, que se trataba de “una estrategia priista” para sacar adelante iniciativas que supuestamente le convenían, mientras que el segundo enfocó sus críticas a las modificaciones a la Ley electoral, cuando al principio era lo que exigían.
presidentes municipales de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, y de tres semanas para el resto; diputados de Mayoría Relativa, 30 días. Se c onsidera que al ser más cortos los plazos para realizar proselitismo en busca del voto, los gastos serán menores.
El segundo periodo extraordinario se instaló formalmente y se prevé que, de acuerdo con la agenda que incluye el marco jurídico en relación con el narcomenudeo, dure hasta el último día de agosto. De aprobarse las reformas en materia electoral, según los plazos, tendrían vigencia para el 2013, durante los comicios estatales.
Desaparecer la Gran Comisión, esa figura que ya solamente existe en dos o tres Congresos estatales, para dar paso a la Junta de C oordinación Política, integrada por todas las fracciones, cuya titularidad sería anual con rotación de representantes partidistas, es otro de los cambios que tendría la normatividad.
Se contempla analizar, primero en comisiones y luego en el pleno, iniciativas coincidentes de todas las fracciones que concurren al Congreso local, como es la reducción de los tiempos de campaña. En el caso de gobernador se propone queden con 60 días, 45 días para elegir
A campañas más cortas, gastos menores
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Municipales
Exalcaldes en la cuerda floja Por desvío de recursos públicos durante ejercicio fiscal de 2008 La Entidad de Auditoría Superior del Estado presentó formal denuncia penal en contra de cuatro exalcaldes, como presuntos responsables del desvío de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2008, con lo cual suman cinco las querellas que se siguen a servidores públicos municipales para que respondan ante instancias judiciales por posibles irregularidades financieras. En Guadalupe Victoria se trata del ex presidente municipal panista, Martín Mario Alberto Ramírez Corral, a quien la justicia federal le acaba de negar el amparo que solicitó contra los actos reclamados por la Entidad de Auditoría. Ruperto Triana Martínez, juez primero de Distrito, firmó la negativa de amparo por lo que la instancia de procuración de justicia, en este caso la Fiscalía, podrá requerir a Ramírez Corral a fin de que responda por el desvío de recursos públicos, pues se presume que trató de solventar el faltante con documentos falsificados. Los otros cuatro funcionarios denunciados penalmente son: Guadalupe Soria Jáquez, de Tlahualilo; Cecilio Rodríguez Rodríguez, San Dimas; Rocío Sotelo Ochoa, C uencamé, y E. Francisco González Hernández, extesorero de Ocampo. El quebranto al erario municipal en Tlahualilo es de cinco millones 147 mil 870 pesos, desglosados de la siguiente manera: tres millones 462 mil 70 pesos no han sido solventados por falta de documentación comprobatoria; erogaciones de nómina sin firma de recibido, gastos sin control interno
en obras de balastreo, cuyos cheques fueron cobrados por un tercero y el efectivo entregado al presidente municipal. Además, ingresos no registrados ni depositados en las cuentas reportadas. Un millón 685 mil 800 pesos por conceptos pagados y no ejecutados, documentación comprobatoria improcedente, como nóminas con salarios excesivos y la falta de documentos probatorios. Lo último correspondiente a la partida de obra pública. Cecilio Rodríguez Rodríguez, de San Dimas, es requerido penalmente como supuesto responsable por el desvío de nueve millones 170 mil 876 pesos, de los cuales siete millones 489 mil 649 no se han solventado por diversas causas: incumplimiento en la Ley de Ingresos del Municipio en materia de descuentos; falta de documentación comprobatoria, erogaciones por préstamos entre fondos; gastos que no corresponden al Municipio, como la compra de vehículos a nombre del alcalde; conceptos pagados en forma duplicada, falta de análisis de saldos deudores a favor del erario, nómina sin firma de recibido, egresos sin comprobante fiscal y comprobadas con documentos expedidos por persona diferente al beneficiario del cheque.
Falsificación de documentos, habitual
Un millón 681 mil 227 pesos en el rubro de obra pública, por falta de documentos comprobatorios y/o improcedentes, al no corresponder las fechas de las pólizas con las facturas y los registros contables. A Rocío Sotelo Ochoa, exalcaldesa de Cuencamé, se le denunció por supuesto desvío de tres millones 331 mil 6 pesos. De los cuales, dos millones 486 mil 197 pesos corresponden a la partida de obra pública, al aportar documentación comprobatoria improcedente, con nóminas falsificadas. Mientras que 844 mil 809 pesos son por erogaciones de nómina sin justificación, personas que no trabajaron para el Municipio, según arrojó la auditoría de campo; egresos sin control interno, gastos que no corresponden al FAISM y falta de documentación comprobatoria. En Ocampo, por el fallecimiento del exalcalde, la denuncia penal va contra el extesorero, E. Francisco González Hernández por el supuesto desvío de un millón 792 mil 891 pesos, de los cuales, por concepto de obra pública, son 205 mil 316 pesos, al faltar documentos comprobatorios, habiendo otros mal elaborados y otros inconsistentes. En el rubro de financieras, también está la carencia de documentos probatorios, erogaciones de nómina sin firma, pagos duplicados, egresos que no corresponden al Municipio, incumplimiento en Ley de Ingresos y derogaciones que no presentan solicitudes de apoyo y acuerdo de Cabildo.
MONTO DE LOS DESVÍOS TLAHUALILO
$5’147,870.87 SAN DIMAS
$9’170,876.45 OCAMPO
$1’792,891.54 CUENCAMÉ
$3’331,066.70 GUADALUPE VICTORIA
$330,000.00
Justicia “Todo lo que nos propusimos lo hicimos”, Rojas Favela 6
Agradece el apoyo del Gobernador y del Presidente del Tribunal de Justicia
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“Difícil luchar c ontra institución política”, Gerardo Parra “Gremio no es una sociedad de alumnos ni es un partido político”
Dilhery Enríquez
Dilhery Enríquez
Luego del ciclo 2010-2012, en el que Gerardo Rojas Favela se desempeñó como presidente del Colegio de Abogados de Durango, AC, quienes le critican afirman que hay compromisos que quedaron p endientes; dicen también que apoya a José Montaño, uno de los cinco candidatos a sucederle.
A menos de una semana de que se realice la elección del nuevo presidente del Colegio de Abogados de Durango, AC, Gerardo Parra Carrola muestra gran preocupación por informes no oficiales en los que el PRI tiene, supuestamente, injerencia con uno de los candidatos.
“Eso es lo que ellos manejan; yo respeto sus posiciones. El licenciado Montaño está haciendo su campaña”, comentó Rojas Favela y agrega que de su comité “todos los candidatos tienen gente”. Sobre el rumor de su cercanía con Montaño, no lo confirma, pero tampoco lo niega.
Trabajo realizado “Todo lo que nos propusimos lo hicimos con base en el apoyo que hubo del gobernador Jorge Herrera Caldera y del magistrado Apolonio Betancourt”, dijo el todavía Presidente de la Barra. “Todas las negociaciones que hubo fueron en función a un acercamiento, en un 90 por ciento, que hubo con los Poderes Ejecutivo y Judicial. La gestión que realicé, y que sigo realizando, la historia la juzgará”, enfatizó.
Transparencia en inscripciones En torno a la inscripción de los candidatos, proceso en el cual tres de los cinco afirman que José Montaño y Alfonso González no pagaron, Rojas Favela afirma: “el corte fue parejo. La cuota de recuperación que se pidió son pagos que estaban pendientes de realizar en el propio Colegio, en donde se estuvo pagando a acreedores pendientes”, declaró. Filiberto Ávila y Víctor Gallegos cuestionan el fin que pueda tener el monto de la inscripción, mientras que Gerardo Parra afirma que nadie pagó la misma cantidad. Por
Gerardo Rojas Favela
su parte, Rojas Favela añade: “había pendientes en el mismo Colegio, hicimos unas cuantas remodelaciones y es dinero que se comprueba en qué se invirtió”.
Decesos en el gremio “Cuando entré llevábamos las cifras avanzadas”, explicó en relación con los compañeros ultimados durante su presidencia, aludiendo a una cifra total de 50 abogados en los últimos cuatro años; de ellos, 12 del 2010 al presente año.
Listas las elecciones Con un padrón integrado por cuatro mil 350 abogados, Rojas Favela augura “una gran participación” en las elecciones del próximo 30 de agosto, las cuales se llevarán conforme al padrón, pero a los abogados que acudan a votar con cédula profesional se les permitirá sufragar, finalizó Gerardo extendiendo la invitación al gremio a ejercer su voto por cualquiera de los cinco aspirantes.
Negociaciones, acercamiento con Poderes Ejecutivo y Judicial
El postulante comenta que el gremio no es “una sociedad de alumnos ni es un partido político, es una representación profesional”, por lo que confía en la capacidad de raciocinio de sus compañeros, aun cuando sean reales los rumores o la cercanía de Gerardo Rojas Favela en favor de uno de los aspirantes. “Si son reales estos rumores, sí me preocupo mucho porque va a ser muy difícil que nuestro equipo pueda luchar contra una institución política, cualquiera que sea, PRI o PAN; ellos tienen estructuras muy bien establecidas en procedimientos electorales”, declaró Parra Carrola.
Si acaso con Fili… Sobre una posible fusión de candidatos, Gerardo declara que no se uniría, “si a caso con Fili, si se hubieran dado las c ondiciones”, con quien tuvo dos a cercamientos, pero no se concluyó en nada.
Gerardo Parra
A pesar de los anterior, el aspirante habla de una alianza posible: “no lo doy en una total negativa; aquí el problema sería quién coordinaría el proyecto”, ya que un grupo importante de amigos de Filiberto Ávila son amigos de él; “si no encabezo, yo no accedería”.
“Al inicio de este proyecto, de manera muy personal, le pregunté al licenciado Filiberto y él dijo que no tenía interés en participar, mostró interés en fecha muy posterior y eso causó cuatrapearnos con nuestros amigos; hubiéramos hecho un solo equipo”, enfatizó el candidato.
Parra trata el tema de una decisión cómoda que ha tomado Ávila, ya que es de su conocimiento que “ya se abrieron” y están revisando dependencias para que pasen listas de abogados.
Alianza, “si no encabezo, yo no accedería”
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Entrevista
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Anรกlisis
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Reportaje
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Política
Encuesta
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Violencia, ¿el precio a pagar? Ciudadanos aprueban operativos y acciones contra delincuencia organizada Juan L. Simental Una de las grandes críticas a la gestión presidencial de Felipe Calderón son los resultados de la estrategia que declaró en diciembre de 2006: la guerra frontal en contra del crimen organizado. Hoy, a más de 60 mil o 70 mil víctimas mortales, aunque no se tiene un registro oficial, el reproche al Presidente se ha recrudecido. Sin embargo, se tiene que decir que la m ayoría de las opiniones negativas vienen de los contrarios al mandatario, de la clase p olítica opositora y de un sector de analistas que deploran una estrategia que ha producido más efectos negativos que positivos. ¿Y qué es lo que dice el ciudadano? De a cuerdo con el estudio más reciente de U lises Beltrán, la mayoría prefiere que continúe la lucha, aunque un efecto resultante sea la v iolencia. La tendencia decrece, pero hoy el 68 por ciento de los consultados afirma que “a pesar de la violencia, es preferible continuar porque poco a poco se está debilitando a los narcotraficantes”; por el contrario, y con un índice al alza, el 22 prefiere “que el Gobierno dé marcha atrás con los operativos y las acciones, para evitar una respuesta violenta”. Los puntos de vista ciudadanos son ambiguos. Aunque se recomienda continuar con la lucha, 66 de cada cien opinan que
los gobiernos federal y estatales han tenido p ocos resultados contra el crimen organizado; solo 32 hablan de logros.
Pensando en la estrategia para el combate al crimen organizado del gobierno federal y la ola de violencia que se vive en el país, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa...?
En torno a las responsabilidades, los ciudadanos afirman que los asesinatos y la violencia tienen más que ver con “la complicidad de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado”, d icen 71 de cada cien; para el 10 por ciento, lo anterior es efecto de la debilidad de esos niveles de autoridad; 11 de cada cien señalan ambos factores. Entonces, ¿qué nivel de autoridad está combatiendo de manera más efectiva a la delincuencia organizada? El 59 por ciento afirma que la Federación; para el 48, el Gobierno de su estado; el 42 dice que su Gobierno municipal. Luego la contradicción: los actos de violencia se han recrudecido especialmente en algunas entidades, ¿de quién es la responsabilidad? Para el 32 por ciento, del Gobierno federal; el 15 culpa a los gobiernos estatales y el 8 a los municipales; 31 de cada cien opinan que “la responsabilidad es de todos”. Así, aunque se dice que no hay logros, aunque el escepticismo domina, el ciudadano afirma que no hay más que seguir hacia adelante, como si “el menor de los males”, la v iolencia –¿lo es?-, fuera la única opción.
¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: estos asesinatos y actos de violenciaa ocurren por...?
Ambos
11%
10% La debilidad de las a utoridades m unicipales y estatales en las l ocalidades pequeñas
La complicidad de las autoridades m unicipales y estatales con el crimen o rganizado
71%
79
75 68
14
15
17
22 Sumando “Ns/Nc” = 100%
31/08/10
15/07/11
A pesar de la violencia, es p referible continuar la e strategia porque poco a poco se está debilitando a los n arcotraficantes.
14/10/11
16/08/12
Es preferible que el gobierno dé marcha atrás a los operativos y las acciones contra el crimen organizado para evitar la respuesta violenta del narcotráfico.
Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanto éxito cree que están teniendo el gobierno federal y los estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crime organizado: mucho, bastante, poco o nada?
69
Ns/NC
8%
81
25 31/08/10
60
68
36
15/07/11
Sumando “Ns/Nc” = 100%
30 14/10/11
59
67
37
16/08/12
66
30 14/10/11
Mucho/ Bastante
32
16/08/12 Poco/ nada
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Reportaje
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Educación a distancia, firme ante la inseguridad Telesecundarias dará cobertura a 20 mil alumnos del ciclo 2012-2013 La inseguridad es un factor que se ha hecho presente en todos los ámbitos y el sector educativo no es ajeno a esta realidad. Hoy, la educación a distancia es parte de los encabezados periodísticos, por ejemplo, en el estado de Guerrero, el 19 septiembre de 2011 un grupo armado asesinó a tres instructores del Consejo Nacional de Fomento Educativo cuando se trasladaban por un camino de terracería de El Naranjito, municipio de Heliodoro Castillo. Otro caso fue el que se registró en el municipio de Tamazula, Durango, donde la comunidad era rehén de grupos de la delincuencia organizada, lo que provocó que se tuviera que adelantar el ciclo escolar hasta que la situación se normalizara. Las constantes confrontaciones entre los grupos armados fueron la causa de que se haya tenido que regresar a los maestros, según detalló el maestro Andrés Ceniceros Nájera, director general del Sistema Estatal de Telesecundarias.
Solo el 10% en deserción Pese a estos casos, tanto el Conafe Durango como el Sistema Estatal de Telesecundarias se han mantenido. Isaac Becerra, delegado del Conafe, asegura que la inseguridad no ha obstaculizado el trabajo de los instructores comunitarios y afirma que solo el 10 por ciento de los capacitadores deserta a mitad de año. “Realmente la inseguridad no nos afecta.Yo quiero decir que en la zona Sierra esta institución es muy querida por todo mundo, podrá haber que algún papá tenga un poco de recelo porque su hijo se va a la zona de Las Quebradas, pero nada más”, explicó. Descartó que la institución sufra por la inseguridad: “no hay asaltos”, dijo, y aseguró que el Conafe es muy reconocido en la
Cristal Benavente zona Sierra, “los habitantes están ansiosos de que se les ayude”. Respecto a las deserciones, dijo que estas se presentan los primeros seis meses del año y en la mayoría de los casos es que los instructores no lograron adaptarse a la familia con la que les tocó vivir. Telesecundarias, por su parte, se prepara para darles cobertura a los 20 mil alumnos del ciclo escolar 2012-2013. Se enviaron mil 600 maestros a servicio a todos los municipios, incluso a Tamazula, pese al incidente registrado meses atrás. “Hay tres maestros y no hay ningún reporte en el sentido negativo. Apenas es el tercer día de clases y si hay incidentes lo sabremos en los próximos días, lo único que se ha reportado hasta ahora fue el caso de los alumnos de la J. Guadalupe Aguilera, que se llevaron algunos de los útiles escolares que iban destinados a las comunidades”, dijo Ceniceros Nájera.
Educación a distancia aumenta estándares de calidad Cabe señalar que estos dos subsistemas de educación se han superado y han mejorado los estándares de calidad de sus alumnos y docentes, por lo que se han colocado entre los diez primeros lugares del país. Telesecundarias se preocupa por disminuir el número de reprobados y ha sido evaluado con la prueba Enlace, que tiene cuatro parámetros: insuficiente, elemental, bueno y excelente. “La parte más complicada la tenemos en la región indígena, y en los resultados del año pasado subimos y estuvimos dentro de los diez mejores del país. Ahora el reto es sostener el porcentaje y, si podemos, elevarlo es mejor”. Esa es la meta.
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