hojas políticas 02 Lunes 20 de Junio de 2016 94
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Reacomodo político en ayuntamientos
De las 327 regidurías en disputa durante el pasado proceso electoral, el PRI obtuvo 144 espacios, mientras que el PAN 111, con esas cifras la gobernanza seguirá encabezada por el tricolor pero con alto nivel de competencia con el blanquiazul Págs. 02-03 Por: Redacción HP
Pagan el costo de la corrupción Luego de diversos debates, el poder Legislativo aprobó las 7 leyes que conforman y dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo al final la fuerza del PRI decidió; las declaraciones de los funcionarios no serán públicas y las empresas que reciban recursos públicos deberán presentar también sus declaraciones patrimonial y de intereses, lo que tendrá un costo político Por: GEA y Asociados Págs. 04 y 05
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Gobernanza en los ayuntamientos Redacción HP
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Por primera vez en la historia de Durango, un político sin partido obtuvo una posición como regidor
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l reparto oficial de las 327 regidurías que agrupan los municipios del estado, dejó ver que –tal y como pasa en el Congreso del Estado- habrá dominio priista en la mayoría de los cabildos. Sin embargo también muestra aspectos inéditos, como el hecho que por primera vez en la historia habrá representantes edilicios independientes y que hay algunas demarcaciones en las que ninguno de los partidos que dominaron la elección del 5 de junio tendrán representación. De esta forma, se tendrán los cabildos más plurales de la historia, pues salvo en seis municipios, el resto tendrán, cuando menos, tres partidos con representación en el Ayuntamiento.
Dominio priista El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el organismo que mayor representación edilicia logró, pues los 24 municipios que ganó y los votos obtenidos en el resto, le permitieron hacerse de 144 regidurías, que sumadas a los 48 espacios edilicios que le dan alcaldes y síndicos, se convierten en 192 votos de decisión de Cabildo. Sin embargo no en todos los ayuntamientos ganados tienen garantía de mayoría en las decisiones que deben someterse al criterio de los cuerpos colegiados, pues la representación opositora logró, en ciertos casos, equilibrio pleno. El primer caso es el de Cuencamé, donde los cinco votos de regidores, síndico y alcalde, serían combatidos por los tres
que alcanzó la alianza PAN-PRD, uno del Partido del Trabajo y dos de Morena. Es decir, una votación conjunta de los no priistas, daría al traste con las decisiones oficiales. Lo mismo ocurriría en Nazas, donde el oficialismo tiene cuatro ediles y el resto de los partidos, cinco; esto ocurre, de igual forma, en San Dimas y Vicente Guerrero. Es decir, el PRI gobernará 24 municipios, pero sin aliados, únicamente tendría dominio edilicio en 20 de ellos. Además, hay dos ayuntamientos que se quedarán sin representación priista, pues los votos obtenidos no les alcanzaron para hacerse de regidurías: Coneto de Comonfort y Nuevo Ideal.
PAN, con mayoría en casi todos sus municipios Las 11 alcaldías ganadas en la elección, sumadas a los sufragios del resto de las demarcaciones, le dan a la alianza PAN-PRD un total de 111 regidores. Sumados a los 22 puestos edilicios que de manera natural alcanzan presidentes municipales y síndicos, suman 133 votos en los cabildos. A diferencia del PRI, solo sufrirán una virtual mayoría opositora en una demarcación: Tlahualilo. Y es que los cinco votos que suman sus representantes, los contrarrestan los tres representantes priistas, los dos de Nueva Alianza y el de Morena. En el resto, tienen mayoría relativa, lo que les permitirá una mayor toma de decisiones internas. En su caso, serán cuatro los municipios en los que
El PRI logró 144 regidurías; PAN 111
hojas políticas Municipio PAN-PRD PRI Verde PANAL PT Independientes MORENA PD ES MC Canatlán (PAN) 4 4 1 Canelas (PRI) 3 4 Coneto (PVEM) 4 3 Cuencamé (PRI) 3 3 1 2 Durango (PAN) 9 7 1 Simón Bolívar (PAN) 4 3 Gómez Palacio (PRI) 3 12 GuadalupeVictoria(PAN) 5 3 1 Guanaceví (PRI) 3 4 Hidalgo (PAN) 3 4 Indé (PRI) 3 4 Lerdo (PRI) 4 7 3 1 Mapimí (PRI) 4 4 1 Mezquital (PRI) 1 4 4 Nazas (PRI) 2 2 2 1 Nombre de Dios (PT) 2 2 3 1 1 Nuevo Ideal (PAN) 4 3 2 Ocampo (PRI) 3 3 1 El Oro (PAN) 4 3 Otáez (MC) 3 4 PánucodeCoronado(PAN) 3 3 1 Peñón Blanco (PRI) 3 4 Poanas (PAN) 4 3 1 1 Pueblo Nuevo (PRI) 4 4 1 Rodeo (PRI) 3 3 1 San Bernardo (PRI) 2 4 1 San Dimas (PRI) 3 3 1 2 San Juan de Gpe. (PAN) 3 2 1 1 San Juan del Río (PRI) 2 4 1 SanLuisdelCordero(PRI) 3 4 San Pedro del Gallo (PRI) 2 3 1 1 Santa Clara (PRI) 2 3 1 1 S. Papasquiaro (PRI) 4 5 Súchil (PT) 3 1 3 Tamazula (PRI) 3 6 Tepehuanes (PRI) 4 3 Tlahualilo (PAN) 3 3 2 1 Topia (PRI) 1 4 2 Vicente Guerrero (PRI) 2 3 3 1 Total por partidos 111 144 10 11 19 8 10 1 4 9
no tendrán representación, ante el bajo número de sufragios obtenidos, las demarcaciones donde no habrá representación panista son Coneto de Comonfort, Otáez, Súchil y Tepehuanes.
Los partidos “chicos” Aunque el número de regidores obtenidos por el resto de los partidos es muy pequeño si se le compara con los que lograron las alianzas dominantes (encabezadas por PAN y PRI), deben destacarse ciertos detalles sobre lo alcanzado por los organismos “chicos” en la elección. De entrada, se destaca el hecho de que el Partido del Trabajo, con dos alcaldías ganadas y 19 regidurías, se convierte en la tercera fuerza edilicia del estado. Además, tanto
Nombre de Dios como Súchil (sus presidencias ganadas) tendrán mayoría en el Cabildo, lo que les permitirá un buen margen de decisión sobre las acciones gubernamentales. Luego de ellos está el Partido Nueva Alianza, que si bien no obtuvo alcaldía alguna, la representación proporcional municipal le dio para 11 regidurías. Después están el Partido Verde (ganador de Coneto de Comonfort) y Morena, con 10 regidurías, partido que logró esas posiciones en su primera incursión electoral estatal. Con nueve regidurías aparece Movimiento Ciudadano, que además ganó la presidencia de Otáez. Caso especial es el de los ocho regidores independientes que apoyarán la toma de decisiones municipales, que obtuvieron posiciones en Canatlán (1), Lerdo (3), Nuevo Ideal
Total por municipio 9 7 7 9 17 7 15 9 7 7 7 15 9 9 7 9 9 7 7 7 7 7 9 9 7 7 9 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 7 9 327
(2), Ocampo (1) y Pueblo Nuevo (1), espacios que se les otorgan por primera vez en su historia. Después estuvo Encuentro Social, que obtuvo cuatro regidurías, una en Nombre de Dios y tres en Vicente Guerrero. En tanto que el partido más débil de todos fue el Duranguense, que solo logró una de las 327 regidurías disponibles.
El partido que resultó más débil en el proceso electoral fue el Duranguense, pues solo logró 1 de 327 regidurías El mejor análisis de la coyuntura
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Avanzan leyes anticorrupción con elevados costos políticos
GEA y Asociados
Finalmente el Congreso de la Unión aprobó las 7 principales leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción
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sta semana, después de un largo proceso de negociación, ajustes y discusiones públicas, las dos cámaras del Poder Legislativo aprobaron las siete leyes que conforman y dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. El conflicto político se centró en torno a un aspecto de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la “Ley 3 de 3”, entre dos bloques: por un lado, el PAN-PRD que tomaron como suyas varias de las propuestas de la sociedad civil en el tema, y por otro, el PRI-PVEM que trataron de matizar y mitigar los impactos de las reformas a esta ley. En medio del conflicto, una parte del empresariado mexicano, representado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) junto con otras organizaciones de la sociedad civil atizaron el fuego de la discusión a fin de mantener sin cambios la propuesta ciudadana que había recaudado más de 600 mil firmas, y que era la base de la Ley de Responsabilidades. El punto de discordia, que polarizó el debate entre algunos grupos con posiciones maximalistas de ambas partes, era el de la publicitación o no de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial de los servidores públicos. En una votación especial de ese tema, ganó la posición del PRI. Como reacción a la exigencia intransigente de algunos miembros de la sociedad civil y del empresariado, el PRI propuso una reforma de último minuto, que fue aprobada, por medio de la cual todas las personas físicas y morales (es decir, las empresas) que reciban recursos públicos por contratos u obras públicas tendrán que presentar también sus declaraciones patrimonial y de intereses. La negación de la publicidad de las declaraciones, aunado al requerimiento adicional hacia las empresas y personas físicas de presentar dichas declaraciones, desató el más severo conflicto político entre la clase empresarial y el PRI en las últimas décadas. El PRI, a pesar de haber recibido 20 DE JUNIO DE 2016
un duro golpe en las elecciones del pasado 5 de junio motivado en buena medida por el hartazgo ciudadano con la corrupción, pareció no entender el mensaje y asumió todo el costo político de la opacidad en las declaraciones e hizo que el addendum a la ley fuera visto como una vendetta política contra el empresariado. Sin embargo, a pesar de que la atención y el desgaste político ha girado en torno a la publicidad de las declaraciones por parte de los servidores públicos y la “Ley 3 de 3”, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción es un avance de enorme relevancia. El Sistema Nacional Anticorrupción representa un cambio muy importante en la concepción misma del fenómeno de la corrupción. La nueva ley define a la corrupción como resultado de redes entre funcionarios públicos y personas físicas o morales para obtener o brindar beneficios que no les corresponden, no como un fenómeno cultural ni como actos de individuos aislados. En segundo lugar, la ley sienta las bases para la coordinación de todas las autoridades estatales responsables de prevenir, combatir y castigar la corrupción, y por primera vez incluye a representantes de la sociedad civil en ese grupo. El nuevo marco legal dota a las autoridades responsables de la obligación de detectar y corregir los espacios institucionales que propician la corrupción, más allá de únicamente castigar a los responsables. Es una visión integral que permitirá atender de mejor manera el problema. En tercer lugar, se amplían las facultades de fiscalización a los recursos públicos. La deuda de los estados y el gasto público tendrá ahora más vigilancia y las autoridades cuentan con mecanismos para actuar más rápidamente ante posibles desvíos y malos usos de los recursos tanto a nivel feLa “Ley 3 de 3” pasó incompleta y con venganza: los servidores públicos podrán reservar sus declaraciones si así lo desean. En contraste, personas físicas y morales que reciban fondos públicos deberán entregar sus declaraciones
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deral como a nivel local. Además, se fortaleció el aparato jurídico que llevará a cabo las investigaciones y castigos al respecto, con la creación de un tribunal y una fiscalía especializados en el tema. En el índole político, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción tiene un elemento fundamental: la presión social y el reclamo ciudadano contra la corrupción obligó a los partidos políticos y a los representantes populares a actuar al respecto. Aunque como parte del Pacto por México, al comienzo de la administración Peña se había propuesto una Comisión Anticorrupción, no fue sino hasta que la crisis de legitimidad del gobierno estalló con la aparición de la “Casa Blanca” y los escándalos de conflicto de interés que el tema comenzó a discutirse en el Congreso. Quizás lo más relevante en términos de la contribución ciudadana fue el aprovechamiento de la reforma política de 2014 para poder presentar una iniciativa con el respaldo de más de 600 mil firmas. Esta iniciativa fue la base de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se aprobó por el Congreso, con cambios pequeños aunque relevantes que se explicarán más adelante. La sociedad trajo la batuta en este tema, ganó la batalla mediática y con esta contribución también ganó la batalla en términos legales. El Sistema Nacional Anticorrupción requirió de siete leyes, entre reformas y la redacción de una nueva Ley General del Sistema mismo. Uno de los principales avances del Sistema es precisamente la concepción global de la atención al problema de la corrupción. El Sistema agrupa a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), al Consejo de la Judicatura Federal
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hojas políticas (CJF) y a la ciudadanía, representada por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). El Sistema se puede dividir en tres grandes áreas: la coordinación, el área de responsabilidades, y la penalización. En el primer rubro, el elemento central es la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque también entra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF). En el de la definición de áreas de responsabilidad entran la Ley de responsabilidades de los servidores públicos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la APF. En el rubro de la penalización entran tres leyes más: la ley de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal, y la Ley de Tribunal de Justicia Administrativa. A continuación, un breve resumen de lo que incluye cada una de las leyes. El Sistema es el responsable de coordinar a los tres órdenes de gobierno para que las autoridades competentes sean quienes prevengan, investiguen y sancionen posibles faltas administrativas y los hechos de corrupción. Está integrado por tres comités: Comité Coordinador.- Responsable de coordinar a los integrantes de todo el Sistema, diseñar y evaluar políticas públicas para fiscalizar y prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción, y emitir recomendaciones (no vinculantes) a las autoridades para que adopten mecanismos que les permitan prevenir de mejor manera la corrupción y corregir las fallas institucionales que promueven prácticas corruptas. Estará integrado por los titulares de todos los integrantes del Sistema. Su presidente emanará del Consejo de Participación Ciudadana. Comité de Participación Ciudadana.- Estará integrado por cinco ciudadanos de trayectoria reconocida, que no se hayan desempeñado como representante popular o servidor público (altos mandos), que durarán en su encargo cinco años y se rotarán la presidencia del Comité Coordinador. Son los responsables de opinar sobre la política pública en la materia, proponer mejoras en los sistemas e instrumentos de la APF, y proponer mecanismos para la participación ciudadana en la prevención y denuncia de actos de corrupción. Sistema Nacional de Fiscalización.- Integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, responsables de diseñar políticas en la materia, identificar áreas comunes de fiscalización entre ambas autoridades, y la elaboración de un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección, disuasión y aplicación, en su caso, de sanciones que correspondan de actos de corrupción. Habrá sistemas locales anticorrupción responsables de las mismas actividades en las 32 entidades federativas. El Sistema representa varios logros importantes: en primer lugar, la participación ciudadana en un lugar trascendente. En segundo lugar, la obligación de presentar propuestas de modificación de los sistemas que permiten y promueven la existencia de prácticas de corrupción. En tercer lugar, la coordinación, por primera vez, de las autoridades (SFP y AFP) en la lucha contra la corrupción. Tras varios intentos por desaparecerla, la reforma fortalece a la Secretaría de la Función Pública como responsable del control interno en la Administración Pública Federal. Será la SFP la responsable de establecer las bases para la realización de las auditorías, establecer los lineamientos de contratación de personal y el servicio profesional de carrera; designar y remover a los responsables de los órganos internos de control;
Es una victoria para las organizaciones de la sociedad civil que promovieron la adopción de un nuevo enfoque para atender el fenómeno de la corrupción
recibir y verificar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos e informar cotidianamente al Comité coordinador del SNA sobre sus evaluaciones a las dependencias de la APF y de la PGR. Será la SHCP la responsable de emitir las normas en materia de gasto público. Como parte de la reforma constitucional que creó el SNA, se redefinieron y fortalecieron las responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que tenga un papel más relevante en la prevención de la corrupción y faltas administrativas, y en la promoción de responsabilidades penales y administrativas contra los servidores públicos. Será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el responsable de definir dichas penas. La ASF podrá fiscalizar todas las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, así como las garantías sobre todos los créditos que estados y municipios soliciten y den en garantía las participaciones federales. La ASF podrá denunciar ante los órganos internos de control la comisión de faltas administrativas no graves. Así, será responsabilidad de estos llevar a cabo las investigaciones, por lo que la ASF se concentrará en la atención de los delitos graves, eliminando duplicidades. La ASF también tendrá la obligación de presentar a la Cámara de Diputados en el transcurso del año informes individuales, informes especiales, informes semestrales y un informe general de su labor. Como parte de la reforma constitucional en materia anticorrupción, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa dejará de existir para convertirse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal, que será autónomo, será el responsable de dirimir las controversias entre la APF y los servidores públicos que presuntamente hayan incurrido en faltas administrativas o acto de corrupción,
y será el responsable de emitir las sanciones a servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Queda pendiente cómo resolverán el gobierno y los empresarios el conflicto. No obstante que una parte importante de la corrupción de funcionarios públicos se da con la participación y complicidad de empresarios y empresas privadas, la manera de impedir y sancionar a éstos últimos no es por la vía de obligarlos a lo mismo que los servidores públicos. La disposición de que empresas y personas físicas que reciban dinero público entreguen declaraciones patrimoniales y de intereses puede entorpecer de manera descomunal la contratación de obras y servicios y generar innumerables problemas en la operación de servicios públicos básicos, como la salud. El gobierno no promoverá ante el Congreso la eliminación de esa disposición a cambio de nada. Si bien el PRI puede pagar un costo político por ser el partido que se opuso a publicitar las declaraciones de los funcionarios, el sector empresarial también pagará un costo ante el gobierno, debido a la intransigencia de algunos sectores del empresariado, especialmente la Coparmex.
A pesar de la aprobación de las distintas leyes por amplias mayorías, el PRI asumió el costo político de la reserva de las “3 de 3” y del enfrentamiento con el empresariado
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¿Una Constitución sin legitimidad?
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a reforma publicada en el Dia- el PES y Nueva Alianza dos a cada rio Oficial de la Federación el uno, y MC, PVEM y un candidato inpasado 29 de enero, le otorga a dependiente tendrán un lugar. la Ciudad de México autonomía en La Constitución es la ley funtodo lo concerniente a su régimen damental de un Estado, en este interior y a su organización política caso, la Ciudad de México tendrá y administrativa. una ley fundamental en la que se Los aspectos más importantes establezcan derechos y libertades, de dicha reforma ya se han men- delimitando poderes e instituciocionado, pero destaco el relativo a nes de su organización política, que la Ciudad de México tendrá su así como mecanismos de participropia Constitución Política y para pación y representación. ello se conformaLa Ciudad de rá una Asamblea México tendrá la La elección de la Constituyente oportunidad de Asamblea Constituyente normar relaciones compuesta por costó más de 90 100 Diputados (sin sociales entre sus millones de pesos remuneración alindividuos, y nuesguna), 60 de ellos tros representanelegidos según el tes llevan el 60 por ciento de ellos principio de votación mismos que ya la legitimidad de tan solo el 28 por fueron elegidos, y los 40 restantes ciento de los capitalinos y el resto elegidos de la siguiente manera: 14 de representantes fue definido por senadores y 14 diputados designa- poderes ya constituidos, pero el dos por el voto de las dos terceras problema, es que esos poderes no partes de los miembros presentes de tienen la confianza ciudadana y su su Cámara respectiva, a propuesta legitimidad y aprobación no es mude su Junta de Coordinación Política cho mayor que el 28 por ciento en (seguirán ejerciendo su cargo), seis promedio. designados por el Presidente de la Si bien en el Derecho constituRepública y seis designados por el cional, las constituciones pueden jefe de Gobierno del Distrito Federal. diferenciarse de acuerdo a su origen El 60 por ciento de la Asamblea político, es decir pueden ser otorya fue elegido el pasado 5 de junio gadas, impuestas, pactadas o apropor tan solo el 28.5 por ciento de la badas por voluntad de la soberanía lista nominal y el resultado según el popular, en México se votó por una cómputo distrital quedó como sigue: Asamblea Constituyente la cual ba22 lugares en la Constituyente serán sada en nuestra democracia reprepara Morena, 19 para el PRD, siete sentativa y previa iniciativa del jefe para el PAN, cinco para el PRI, para de Gobierno (quien a su vez nombró
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OPINIÓN Samuel Aguilar
@SamuelAguilarS
a un grupo de “notables” quienes se están encargando del proyecto), habría de otorgarle legitimidad. La preocupación por la legitimidad y la fragmentación de la Constituyente son aspectos que merman el nacimiento de la Ciudad de México, preocupan en un país (sin que sea un problema exclusivo) donde la crisis de representación amenaza a nuestra propia democracia. La participación ciudadana a través de la opinión pública, y a través del voto muestra por decirlo así, poco interés en la Constitución Política, a pesar del costo de la elección para la Asamblea Constituyente fue según cifras del INE, la cantidad exacta de 90 millones 865 mil 429.92 pesos en prerrogativas para las campañas de los partidos políticos y los candidatos independientes y poco más de 400 mil impactos publicitarios para las intercampañas y campañas de nueve organizaciones partidistas y los aspirantes independientes, ¿Qué fue lo que falló entonces? Cada partido político recibió, también de acuerdo a datos proporcionados por el INE: 10 millones 149 mil 877.14 pesos, y cada uno de los 11 candidatos independientes 14 millones 983 mil 15.14 pesos, solo para campañas, omito otras prerrogativas y gastos de intercampaña. ¿Recordamos alguna? Seguimos, un total de 300 mil 960 anuncios para los nueve partidos y los 21 candidatos independientes y 51 mil 390 para las autoridades electorales, ¿y solo tres de cada 10 capitalinos inscritos en la lista nominal decidió votar, es decir cerca de dos millones de alrededor de 7.5 millones? Se instalaron 12 mil 789 casillas, se capacitó a 89 mil 486 funcionarios de casillas, se acreditaron 257 observadores electorales y a 237 agrupaciones de observación electoral: los partidos acreditaron a 84 mil 481 representantes antes las mesas directivas de casilla, ¿para qué? Pues para esperar que los electos para la Asamblea Constituyente lleguen a acuerdos y consensos después de una discusión abierta y responsable, para que así los ciudadanos de la Ciudad de México tengan por fin una Constitución, pero ¿qué tan legítima?
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Derrotados electorales… Miguel Ángel Vichique
Los derrotados de la elección son el Presidente, varios candidatos y el mismo PRI
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ún con temas por resolver en cuanto a la fase postelectoral, pero con constancias de mayoría entregadas –al menos para las gubernaturas disputadas-, se impone una reflexión respecto a quienes aparecen como perdedores. En términos generales, los derrotados de la reciente elección son el Presidente de la República –en su condición de primer priista, en las buenas y en las malas-, así como varios candidatos y el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de varias autoridades evaluadas. Por supuesto que no todos perdieron, además, resulta indiscutible la presencia y fuerza priista en los centros de decisión, y en buena parte del territorio nacional. Es verdad que la política nacional se entrelaza con la local o estatal, en estos casos, y que ambas se influyen al punto de estar presente en la decisión del voto sin poder separarlas del todo. Peña Nieto recibió un revés de consideración y a ello obedeció su declaración durante la reunión del Consejo Mexicano de Negocios en cuanto a que “al Gobierno de la República, a su Presidente, no escapa, ni es omiso ni es insensible ante lo que está en la demanda de la sociedad mexicana”, particularmente en lo relativo a corrupción y seguridad. Aunque, a decir verdad, ello merece un examen aparte. Ahora bien, el editorial del influyente semanario británico “The Economist”, sostuvo que los electores dieron “una buena patada” al PRI de Peña Nieto y agregó: “así es como la democracia, se supone, debe funcionar: electores enojados echan a los ineptos”. Pero los resultados también se debieron a resoluciones partidistas y a la apreciación de gobiernos aun en curso. Los institutos políticos que compitieron llevaron candidato(a), “marca” y oferta –con distinto peso específico en cada entidad-, y sus determinaciones incluyeron alianzas o no, elección o designación
de uno en vez de otro (o de acuerdo a cierto perfil), estrategias, maniobras, pactos, negociaciones, etcétera. En cualquier caso, no se deben dejar de lado los aciertos, aunque por el momento no se reconozcan insuficiencias, omisiones o torpezas. Y aunque es muy difícil afirmar con seriedad cuál fue el factor decisivo en cada situación –el descenlace suele ser multicausal-, hay coincidencias significativas respecto al rechazo a la corrupción y a la queja por la inseguridad. Realmente, no fueron los únicos motores de cambio, pero sí de los más relevantes. Así tenemos el llamado voto de castigo en Veracruz (Javier Duarte), Quintana Roo (Roberto Borge), Chihuahua (César Duarte), y Tamaulipas (Egidio Torre Cantú). Habrá que considerar, además, fricciones al interior, mismas que obedecen al declive electoral. Tenemos desde el ex candidato presidencial priista Francisco Labastida quien aseguró que la iniciativa sobre matrimonios homosexuales del Presidente fue la causa del descalabro tricolor, hasta César Augusto Santiago, ex subsecretario de Gober-
nación, quien puntualizó que la derrota es una lección para “gobernadores corruptos, cúpulas ineficientes y comunicadores sucios y charlatanes” y no un castigo para todo el PRI, como manifestó Manlio Fabio. Otro vapuleado, evidentemente, es el dirigente del Revolucionario Institucional a quien se le atribuía una superioridad –por experienciasobre los otros dos dirigentes (de PAN y PRD). Entre sus errores públicos destacaron no corregir prácticas censurables e incluso escadalosas de ciertos gobernadores, así como llegar a defender asuntos por demás indefendibles. Ahora se habla de futuro incierto –si continúa o deja la dirigencia priista-, con disminución de posibilidades presidenciales. “Esto no debe significar una derrota política”, dijo, pero sí es una derrota política e histórica, aunque no necesariamente definitiva, pues la política es dinámica. “Escuchamos claro y fuerte el mensaje en las urnas –asegura Manlio en spot- y actuaremos en consecuencia”, pero los debates sobre el sistema anticorrupción parecen indicar lo contrario. Otra vez. El mejor análisis de la coyuntura
Manlio Beltrones asegura en un spot que escucharon claro el mensaje, pero los debates anticorrupción indican lo contrario
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Proteccionismo vs integración económica
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ambores de guerra suenan den- el tipo de cambio. tro y fuera de las fronteras en El Banco de México subirá tasas y varios de los países más desarro- la Comisión de Cambios intervendrá llados del mundo. Esto no es una bue- para frenar la depreciación del peso, na señal para la convivencia, ni para la sin embargo, esto es temporal y lo economía y el comercio internacional. más grave de una enfermedad no Dentro de la intolerancia racial, son los síntomas. religiosa o étnica que se ha visto en El problema global que se avelos últimos meses, en diversas latitu- cina es que el “ultranacionalismo des, se han arraigado discursos que económico” está de regreso y podría radicalizan podañar nuestra resiciones y reflecon EUA, La salida de Gran Bretaña lación jan el malestar principalmente. de la zona euro sería el social y econóEl Brexit es la mico de cien- principio del fin de la Unión m a n i f e s t a c i ó n tos de personas de un fenómeno Europea que son parte que trasciende de enormes voGran Bretaña. lúmenes de población que ha visto Los partidarios de la salida de mermado su ingreso y su calidad de Gran Bretaña de la zona europea vida. Los nacionalismos brotan. argumentan posiciones muy pareciEl ejemplo más claro y concreto dos a los juicios de Donald Trump en que tenemos en estos momentos es EUA y Marine Le Pen en Francia. la Gran Bretaña y su potencial salida Por citar solo dos ejemplos, estade la Zona Euro. ríamos mejor solos, dicen: la integraSi bien aún no se ha dado la sa- ción económica y el libre comercio lida de Gran Bretaña de la Eurozo- ha destruido empleos y ha golpeado na, el nerviosismo y tensión de los a regiones enteras. mercados y el consecuente impacto En este contexto, un triunfo del en el tipo de cambio no es el único Brexit daría fuerza a los adversarios efecto negativo a mediano y largo del libre comercio en un momento plazo para México, lo más grave político muy delicado. No es solo para nuestro país sería el impulso Trump, también Hillary Clinton, la que dará Estados Unidos (EU) al candidata demócrata, ha hecho seproteccionismo. rias declaraciones contra el comerEn un entorno de volatilidad cio internacional y el libre flujo de cambiaria (en corto plazo), es cla- personas y mercancías. ro que los inversionistas globales Ambos aspirantes al gobierno buscarán refugio y especularán con de EU plantean revisar los acuernuestra moneda: venderán pesos dos comerciales. para comprar dólares y presionarán No solo es el acuerdo Transpací-
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OPINIÓN Leonardo Álvarez
@leon_alvarez
fico, sino también el TLCAN. El triunfo del Brexit sería el principio del fin de la Unión Europea como la conocemos, pues provocaría una renegociación especial con Gran Bretaña, que podría durar hasta dos años. Adicionalmente, pondrá presión en los 27 países que se quedan ¿quién sería el siguiente? La opinión pública europea vive en incertidumbre, escepticismo y miedo crecientes. Los ojos están puestos en países ricos como Holanda, Alemania, Francia o Inglaterra donde la población resiente la transferencia de recursos para el rescate de países como Grecia y, al mismo tiempo, el embate de atentados terroristas. El Brexit es muy peligroso para México porque significa turbulencias cambiarias de corto plazo y riesgos en el mediano y largo plazo para nuestro proyecto de vinculación económica con Estados Unidos. El problema es que nuestro mercado interno está por los suelos ante una eventual coyuntura proteccionista. No debemos desdeñar la retórica de las campañas políticas de Clinton y Trump, tambores de guerra suenan contra el comercio y la integración económica internacional.
El Brexit es muy peligroso para México porque significa turbulencias cambiarias de corto plazo y riesgos en el mediano y largo plazo