ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: DE LA DIGNIDAD A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Jimena Zoila Rodríguez Moscoso

http://doi.org/10.22497/iura/52.5210

ACOSO Y VIOLENCIA CONTRA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: DE LA DIGNIDAD A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Jimena Zoila Rodríguez Moscoso1

"La violencia contra la mujer se trata fundamentalmente de poder. Solo terminará cuando la igualdad de género y el pleno empoderamiento de la mujer sean una realidad" (Antonio Gutiérrez)

RESUMEN

La igualdad de género y el cumplimiento del rol que le compete al Estado en esta tarea es el propósito en que se funda esta propuesta de matriz para la recopilación de políticas públicas para la igualdad de género en todos los ámbitos laborales en los cuales la mujer puede ejercer sus conocimientos profesionales. Esta es una herramienta que permitirá al Estado y a la sociedad civil evaluar y entender el proceso de la política pública, y la forma cómo estas políticas constituyen un aporte en el avance hacia la igualdad de género. Palabras clave: Acoso político; violencia política; participación política; igualdad de género

1 Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y Magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente y Directora del Instituto de Derechos Humanos y Humanitario de la Universidad La Salle. Docente de la Maestría en Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.

ABSTRACT

Gender equality and the fulfillment of the role of the State in this task is the purpose on which the matrix proposal for the compilation of public policies for gender equality in all labor fields in which women can Practice your professional knowledge. Through the main axis the State and civil society a tool that allows to evaluate and understand the public policy process, and the way in which these policies are a contribution in the advance towards gender equality.

INTRODUCCIÓN

La violencia en contra de la mujer se viene dando en los planos familiar, cultura, social, etc., y el ámbito de la participación política no está exento de ello. En este último ámbito se puede manifestar de dos formas: a través del acoso político y de la violencia política, lo que afecta la dignidad de la persona. Por ende, se hace necesario replantar algunas políticas relativas a la materia y enfocarlas desde el ámbito de la educación en derechos humanos con el fin de intentar paliar esta situación. En este artículo revisaremos algunos conceptos básicos, haciendo un paralelo con datos estadísticos, y sugeriremos algunas opciones derivadas de nuestra investigación.

1.El acoso y la violencia políticos

La participación de la mujer en la vida política empieza a darse en el Perú a partir del año 1955 (7 de setiembre para ser más exactos) cuando el presidente de aquel entonces, Manuel A. Odría, promulgó la Ley N° 12391, que les permitía a las mujeres elegir y ser elegidas, con la salvedad de que estas fueran mayores de edad y estuvieran alfabetizadas.

Al reconocerse el derecho a la participación política de las mujeres, estas pudieron presentarse a las elecciones para ocupar cargos públicos como regidoras, concejalas, alcaldesas, presidentas regionales, etcétera. Cabe señalar, sin embargo, que al mismo tiempo que se reconocieron estos derechos empezaron a presentarse problemas para que ellas puedan hacerlos efectivos en la realidad.

Esta vulneración a los derechos a elegir y ser elegida (los que se encuentran contemplados dentro de los llamados derechos de “primera generación”) puede realizarse a través de las figuras del acoso político y de la violencia política, lo que ha generado que organismos internacionales realicen estudios sobre la materia e intenten a través de éstos esbozar ciertas tipificaciones al respecto. Por ejemplo, según un informe emitido por el Observatorio de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el año 2015, el acoso político se puede dar en dos estadios: durante la campaña política o cuando la mujer ya fue elegida.

Si hablamos de campaña política, las acciones que podrían ser consideradas como violencia política serían: a) La asignación de distritos claramente perdedores; b) La ausencia de apoyo material o humano; c) Agresiones o amenazas durante el período de campaña. (CEPAL,2015) Y si la mujer ya ha sido elegida, la violencia política se manifestaría de la siguiente manera: a) La asignación a comisiones o áreas de poca importancia, con bajo o sin presupuesto; b) Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación; c) Mayor exigibilidad de rendición de cuentas; d) Intimidación, amenazas, violencias físicas contra ellas mismas o hacia su familia, incluidas, en situaciones extremas, el asesinato y la violación sexual, entre otros. (CEPAL, 2015) Para Mona Krook (UNAM, 2017) el concepto de violencia política surge en el año 2000 en Bolivia. Vale decir que antes de la dación de la Ley N°243 en el país altiplánico, no existía un antecedente en nuestro continente referido a esta materia. En dicha norma se estipula como violencia política “las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales” que tienen como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de una mujer en una posición política, o inducirla, en contra de su voluntad, a cometer un acto o una omisión, en relación con su mandato político. En otros países de la región como México, Honduras, Costa Rica y Ecuador se han considerado iniciativas de ley para la discusión de este tema dentro de sus parlamentos. En el Perú el 07 de marzo de 2019 se aprobó el proyecto de ley que sanciona acoso político tanto para hombres como para mujeres, siendo en el caso de estas últimas un agravante el hecho de cometer estos actos en contra de ellas. Ahora la pregunta que surge es ¿basta solo con una norma para evitar estas situaciones vulneradoras de la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres? Para entender mejor este punto procederemos a desarrollar lo concerniente a la piedra angular de los derechos humanos.

2. De la dignidad humana y su afectación

Cuando hablamos de derechos humanos nos encontramos ante una definición difícil de conceptualizar, debido a la naturaleza misma que presenta la etimología del término. Algunos estudiosos los denominan principios, otros como derechos públicos subjetivos, otros como libertades públicas, otros como deberes morales (Peces Barba, 1999, pp. 44-51).

Respecto a la dignidad, algunos estudiosos la han considerado como intrínseca al ser humano, decantándose por una explicación filosófica y sustentando que la persona, por su simple condición de ser humano, posee dignidad, siendo este un rasgo característico propio de la persona. De acuerdo a Pollman (2008), cuando se habla de dignidad, se habla de una concepción moral, porque deviene de la pretensión básica de que todo hombre se considera miembro de una comunidad donde imperen los derechos humanos ; se habla de una concepción jurídica porque de la condición de ciudadano se derivan los derechos que deben positivarse a través de los derechos fundamentales (Bermúdez-Tapia, 2001); y se habla de una concepción política porque el destinatario de los deberes que se asocian a los derechos ya mencionados son los responsables políticos respectivos (en el caso peruano, el poder ejecutivo o el poder legislativo). En esa misma línea, los derechos humanos se dividen en derechos subjetivos (pretensiones o exigencias individuales) y los derechos fundamentales (derechos básicos). Siguiendo con esta lógica, estos tienen validez universal (ya que alcanzan a todos sin excepción), categórica (van para todos de manera incondicional), igualitaria (se dan para todos en la misma medida), idéntica (tienen el mismo significado para todos) e indivisible (se presentan para todos de forma completa) (Pollman, 2008). De acuerdo a estos elementos, podemos deducir que la eficacia de los derechos humanos sólo podría darse a través de la norma, si consideramos a esta como “una realidad cultural de la vida social” (Peces Barba, 1999, p. 209). Esta (entiéndase la norma) asumiría los valores éticos, luego los políticos, y los convertiría en jurídicos, con el fin de organizar la convivencia social. Para ello sería necesario un proceso de “internalización” de un código regulador de conducta, lo que haría factible el establecimiento de ciertos límites dentro de la convivencia humana. Ahora bien, respecto del concepto de los derechos humanos, Pollman le asigna un papel de “piedra angular normativa sobre la que se fundamentan los derechos humanos universales” (Pollman, 2008, p. 15). Para entender esta noción, consideramos necesario indicar que, a nivel histórico, este papel, ha ido cambiando y evolucionado. Así tenemos que en la antigua Roma se consideraba digna a aquella persona que tenía una posición destacada dentro de la vida pública; en el medioevo esta concepción se extendió a la posición que tenía la persona en el orden establecido por Dios. Luego en la época del Renacimiento y más adelante, en la Ilustración, el calificativo de digno se da al ser humano por su “capacidad de raciocinio y de autodeterminación (Pollman, 2008, p. 24)”. Ya a partir de 1945 podemos esbozar algunas consideraciones, a partir de las cuales la dignidad humana puede considerarse como un bien universal del que participa cualquier individuo por el hecho de ser un ser humano, y que nos es conferido mediante el respeto a los demás, resultando que este sólo se realiza del todo si es que la persona implicada se guía por un sentimiento de auto respeto y, si al hacerlo, halla la manera más adecuada para marchar con “temple” (Pollman, 2008, p. 26).

Entonces, y de acuerdo con la tesis de Pollman, la dignidad no es “algo” a lo que se tenga acceso por completo (ya que dependerá de la conducta de la persona traducida a través de sus actos y/u omisiones), pero si todos pueden participar de ella y se tendría por ello el derecho “universal” para su defensa (Pollman, 2008, p. 28). En este punto, y con el ánimo de comprender mejor el ámbito del significado del término dignidad, nos gustaría mencionar los cuatro valores que, orientados a diversas dimensiones y/o a veces mezclados entre ellos, sirven de base para el concepto de dignidad: la libertad (la misma que sirve de cimiento para hacer posible la vida social), la igualdad (que constituiría un medio para llegar a la libertad para todos), la seguridad (la que pretendería crear las condiciones de paz necesarias que la libertad necesita para enraizarse) y la solidaridad (como valor “relacional” de las dimensiones comunitarias del ser humano) (Peces Barba, 1999, pp. 212-214). De acuerdo al profesor Miguel Giusti (2007), los valores como ideales de conducta reconocidos por la comunidad solo cobran sentido en la realidad cuando los remitimos al sistema normativo de la misma (Giusti y Tubino, 2007, p. 29). Tomando en consideración a la dignidad como concepto y conjunto de valores enraizados, se hace evidente que es la viga en la cual se sostienen los derechos humanos, y cuya defensa siempre podrá ser reclamada en cualquier circunstancia y/o situación. Por eso las acciones que devienen en acoso y violencia políticos en contra de la mujer constituirían un atentado en contra de su dignidad, afectando su desarrollo social, familiar y político. Como bien se ha mencionado, al ser la dignidad la piedra fundamental donde se cimentan los derechos, al ser afectada se violarían derechos contemplados (en este caso) dentro de la participación política, tales como el derecho a elegir o ser elegida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, entre otros.

3. De las políticas públicas en Derechos Humanos: un camino factible como alternativa de solución.

¿El acoso y la violencia políticos podrían ser considerados como un problema público? ¿Por qué y cuándo un problema se vuelve público? El problema público no puede ser analizado con el simple uso del sentido común (Caldera, 2005, p. 1). Según lo planteado por este autor, una manera eficiente de identificar y evaluar si hay una situación que amerita actuar es hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema sobre el cual se desea intervenir? Tomando como referencia el problema analizado, podemos afirmar que un problema se vuelve público cuando amerita la intervención del Estado (Alza, 2014, p. 5), debido a ciertas consideraciones tales

como contar con estadísticas que permitan cuantificarlo (según la visión positivista (Alza, 2014, p. 7); la manifestación de una insatisfacción generalizada de la población, la cual afecte la vida social (PUCP, 2013). De acuerdo con Diana Miloslavich (2017) en un informe del 2011/Flora Tristán, Calandria, Diakonía, dio cuenta de que de cada cinco autoridades mujeres elegidas, dos sufrían acoso político. Se sumó la investigación del JNE/Flora Tristán que da cuenta de que en el proceso electoral 2014 de cada 10 candidatas a diferentes cargos, tres experimentaron acoso político. Entonces, podemos indicar que sí existe un problema que podríamos considerar como público porque afecta a la población femenina en relación con el ámbito de la participación política. Por ello se determinó que este era un problema que debía ser considerado como público y que ameritaba la intervención del Estado (Bermúdez-Tapia, 2011). Estamos de acuerdo en que se debería de preferir el enfoque positivista, a través del cual se determina si los hechos que originan el problema pueden ser medidos y tratados de manera científica, a fin de justificar la intervención pública en su solución. En esa línea, Carlos Alza (2014, p. 9) tomando en consideración lo planteado por Subirats (2008, p. 132) señala como elementos constitutivos del problema (y que a la vez pueden ser usados como criterios para determinarlo) los siguientes: a. b. c. d.

La intensidad del problema

El perímetro o audiencia del problema

La novedad del problema

La urgencia del problema Debido a ello, se lograría identificar las causas correctas, las que a su vez permitirán identificar las alternativas de solución más pertinentes para resolver el problema público identificado. A través del Decreto Supremo que aprueba el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” (Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP), el Estado peruano considera el acoso político como “Modalidad de violencia que incluye “cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”

Por ende, podemos observar que el Estado ha tomado acciones concretas en relación con este problema, pero ¿serán suficientes? Si bien es cierto desde el ejecutivo y el legislativo se ha tomado una medida concreta como es la dación de normas, también valdría evaluar el impacto y factibilidad de esta, y, de encontrar que no se cumple en su totalidad con estas premisas se podría replantear esta